Mayo 30, 2007
Proceso 1243

Tres años de gobierno de Saca

    Este primero de junio se cumplen tres años de gobierno de Elías Antonio Saca. No sólo ha cumplido un poco más de la mitad de su mandato al frente del Ejecutivo salvadoreño, sino que los dos años que le restan son prácticamente de cierre de ese mandato. En este sentido, el tiempo de las promesas ya pasó, al igual que ya pasó el tiempo de esperar algo diametralmente distinto a lo realizado hasta ahora. A estas alturas, lo que se impone es la evaluación serena de lo hecho en los distintos planos en los cuales Saca, una vez electo presidente de la República, tenía obligaciones que cumplir.
    Un conjunto de obligaciones del presidente Saca tienen que ver con la situación de pobreza de amplios sectores de la sociedad. En su discurso de toma de posesión no dudó en afirmar que lo suyo sería el combate de la pobreza y la primacía de lo social por sobre lo económico. En un país tan desmemoriado como El Salvador, fácilmente se olvidan los compromisos de los presidentes. Por eso, es oportuno recordar lo que dijo Saca acerca de la pobreza, cuando asumió la presidencia de la República, el 1 de junio de 2004. “La pobreza —sostuvo— es una condición a la que ningún salvadoreño debe resignarse. Los que hemos recibido el encargo de conducir los destinos del país debemos combatirla de manera frontal. En tal sentido, nuestro gobierno iniciará de inmediato la consolidación de una red de bienestar social, que tendrá por objetivo ofrecer los estímulos necesarios a todos aquellos compatriotas que se encuentren en desventaja económica y marginación social, para incorporarlos a la vida productiva”.
    A tres años de su gestión, ese compromiso –un compromiso sustantivo de su gobierno— ni siquiera ha sido cumplido a medias. Esa red de bienestar social —la Red solidaria— no sólo se comenzó a ejecutar tardíamente y con fines claramente político-electorales, sino que fue montada sobre una base financiera débil e insuficiente para atender eficazmente a “todos aquellos compatriotas que se encuentren en desventaja económica y marginación social”. Y es que la principal debilidad del gobierno de Saca ha sido la escasez de recursos para atender no sólo el desafío de la pobreza, sino otros desafíos relacionados con el bienestar y la seguridad sociales. No se sabe cómo en los dos años que le restan de mandato pueda superar los problemas fiscales del gobierno, sobre todo si sigue insistiendo en apostarle al endeudamiento externo, en lugar de avanzar hacia una reforma tributaria que, internamente, pueda hacer sostenibles las responsabilidades sociales del Estado.   
    Otro conjunto de responsabilidades son de naturaleza política. Aquí también es aleccionador recordar los compromisos asumidos por Saca en su discurso de toma de posesión. Fueron tres sus compromisos puntuales: garantizar la seguridad ciudadana, trabajar por la concertación socio-política, y defender la legalidad y la democracia.
    Al evaluar el papel del presidente de la República en cada uno de esos rubros,  hay más sombras que luces. Así, la seguridad ciudadana está en una situación de crisis y deterioro extremos, y si bien no toda la responsabilidad debe recaer en Saca, sí debe serlo una parte importante de la misma. Porque, después de todo, la política de seguridad pública —su diseño y ejecución— es responsabilidad del Ejecutivo. Tantas son las fallas respecto a esta que incluso hay quienes dudan de que siquiera exista una política de seguridad pública. Las debilidades de esta política —asumiendo que la misma existe— tienen que ver con el pésimo equipo de colaboradores de los que se ha rodeado el presidente en el Ministerio de Seguridad y Justicia. El fanatismo y la incompetencia se han dado la mano en esta institución —como antes sucedió en el Ministerio de Gobernación—, en detrimento del realismo y la eficacia.   
    En la concertación socio-política no le ha ido mejor al presidente Saca en estos tres años y no es presumible que eso sea distinto en los años que le quedan de gobierno.  Ni ha sido capaz de conducir pactos políticos importantes con la oposición ni ha sido capaz de promover consensos sociales amplios en torno a los graves problemas del país. En la sociedad, sus interlocutores han sido los grandes empresarios; en el ámbito político, ARENA y, derivadamente, el PCN y el PDC.  Tan prioritaria es su vinculación con ARENA que, a lo largo de estos tres años, ha intercalado y mezclado sus funciones como presidente de la República con las que le corresponden como presidente del COENA. Esto se ha traducido no sólo en fricciones permanentes con la oposición, sino en violaciones permanentes de la legalidad fundamental del país. En esta materia, quizás Saca es, de todos los presidentes surgidos de ARENA, el que más ha confundido ambos roles, no por descuido, sino por estrategia política: ha usado la presidencia de la República para promover a su partido.
    La legalidad del país, por tanto, ha sido debilitada por quien tiene la obligación —primero que nadie— de  defenderla. También ha sido debilitada aun más la incipiente democracia salvadoreña. No puede ser de otro modo, cuando un presidente se burla de la Constitución y de las leyes; cuando su interés exclusivo es potenciar a su partido; o cuando sus interlocutores exclusivos son los ricos más ricos de El Salvador.
    A la luz de los intereses sociales más esenciales, el saldo de Saca en estos tres años es negativo.  Ha sido, en conjunto, un mal gobierno, responsable de haber llevado al país al borde de una crisis social sin precedentes en la postguerra. Los publicistas y plumíferos del gobierno podrán decir lo que quieran —usar la presencia de la KGB en los años ochenta o el cierre de Radio Caracas Televisión en Venezuela—, pero en estos momentos la sociedad salvadoreña está atrapada en un grave deterioro social y económico del cual es en buena parte responsable el gobierno de Elías Antonio Saca. En este sentido, el gobierno debería enfocar mayores recursos y esfuerzos para resolver los problemas del país, antes de preocuparse por las dificultades que tienen los empresarios de los medios de comunicación foráneos.

A tres años de la gestión de Saca:
desaciertos y deudas

    Impunidad en el sistema judicial, irrespeto a los derechos humanos, medidas económicas cada vez más alejadas del bien común, inoperante sistema de seguridad ciudadana, corrupción en la administración pública, manipulación ideológica de proyectos gubernamentales, ilegalidad e incumplimiento de sus funciones como mandatario… Estos son algunos de los legados que deja Elías Antonio Saca, cuya gestión presidencial llega a su tercer año este 1 de junio.
    Si bien algunos de estos problemas no son de su exclusiva responsabilidad y otros se explican a partir de causas más profundas, el presidente y su partido tienen la mayor cuota de responsabilidad por los graves problemas sociales, económicos y políticos, tras casi veinte años en el poder. Por tanto, frente a los problemas vigentes, se esperaría, al menos, que Saca y su gabinete sean capaces de dar cuenta de sus yerros, de manera honesta, ante la población para la cual deben trabajar.
    En este sentido, la trayectoria de la actual gestión, y la historia de ARENA como gobierno, muestran que, al momento de efectuar un balance, los saldos negativos superan en mucho los pocos aspectos positivos alcanzados por el gobierno. Las deudas, sobre todo, están relacionadas con dos áreas consideradas críticas para los salvadoreños y salvadoreñas: la situación económica y la inseguridad generalizada en todas las esferas de la vida social.
    Además de este diagnóstico, al cual no es ajena la mayoría de la población, en estos tres años el mandatario y su gabinete han profundizado aun más las brechas sociales y las fisuras presentes en la sociedad salvadoreña. Hoy en día es inocultable el deterioro social, político, económico y cultural en el país. Las principales víctimas de tal deterioro siguen siendo las mayorías rodeadas de precarias condiciones de vida, así como aquellos sectores minoritarios ignorados por las autoridades gubernamentales.
    Más allá de retomar el discurso oficial, para evaluar el tercer año de Saca al frente del Ejecutivo, conviene contrastar las promesas de su campaña electoral con las acciones concretas desarrolladas hasta el momento. De igual forma, es necesario evaluar las políticas públicas diseñadas y sus resultados, no mediante los indicadores gubernamentales —la mayoría de veces insuficientes y sujetos a manipulación— sino mediante la pregunta acerca de si tales resultados han cumplido con las expectativas y han resuelto las necesidades de la población.

¿Está cambiando El Salvador?
    Mediante la publicidad, los salvadoreños y salvadoreñas se han enterado de los presuntos logros del gobierno, luego de tres años de gestión. Así, según la campaña diseñada por sus publicistas, el periodo de Saca se ha caracterizado por un “histórico combate” a la pobreza extrema a través de Red Solidaria. Sin embargo, esta es una apreciación errónea, pues ni este programa es histórico ni su alcance ha sido el indicado y suficiente para, al menos, disminuir la pobreza. En ese sentido, Red Solidaria no es más que una medida paliativa para algunos sectores empobrecidos, lo cual no resuelve ni la situación inmediata de estas familias ni elimina las profundas desigualdades sociales generadoras de la pobreza extrema. Por tanto, pese al énfasis en las políticas sociales, en comparación con las gestiones presidenciales anteriores, el enfoque de tales políticas es más que insuficiente y no pasará a la historia como la medida que sacó al país de la pobreza.
    Entre otros resultados, el gobierno también asegura que el turismo ha tenido un “despegue definitivo”; sin embargo, el ligero crecimiento en ese rubro no puede considerarse un impulso suficiente para mejorar la economía salvadoreña. En primer lugar, porque los beneficiados con este auge son los empresarios ligados al mismo y no la población en general. En segundo término, como resultado de una gestión gubernamental exitosa se espera el desarrollo no de uno sino de todos los sectores claves, lo cual no ha sucedido. Finalmente, el país cuenta con una tasa elevada de desempleo, pese al discurso oficial, y la concentración de ingresos en pocas manos sigue siendo la regla de oro de la economía nacional. 
    Así las cosas, ciertamente El Salvador ha experimentado cambios, pero no en una vía positiva, pues cada día la pobreza aumenta y son escasas las alternativas de desarrollo para la población. En esa lógica, se puede afirmar que sí existen cambios atribuibles a la gestión de Saca: la falta de concertación política, el permanente estado de inseguridad actual y la alta tasa de violencia, por mencionar algunos.

Sin concertación ni diálogo
    Al cierre de la gestión de Francisco Flores, la economía salvadoreña ya estaba dolarizada, el país continuaba siendo fiel servidor de los intereses estadounidenses, el gobierno apoyaba la invasión a Irak, y ya El Salvador despuntaba entre los países con mayor índice de violencia en América Latina. La llegada de Saca a la presidencia en 2004 no trajo cambio positivo sustancial alguno. Si bien el mandatario mostraba en sus inicios un estilo de liderazgo, en apariencia, abierto al diálogo, y un perfil más cercano al salvadoreño promedio —con sonrisa incluida— con el paso del tiempo, Saca ha dejado fuera esa imagen mediática. Así, pese a los esfuerzos publicitarios, el presidente ha demostrado no sólo su intolerancia política, sino además su renuencia a la concertación con los diversos sectores de la sociedad.
    En sus discursos, el presidente Saca ha anunciado una y otra vez su intención por instaurar vías de diálogo, tanto con los partidos políticos como con la población en general. No obstante, sus interlocutores privilegiados han sido los  empresarios y los miembros de su partido. Poco a poco, las nombradas mesas de concertación sólo fueron una medida superficial, en las cuales no hubo negociación entre partidos, ni discusión de los principales problemas del país y las alternativas de solución.
    Por otro lado, la campaña de Saca se caracterizó por apelar, de manera emotiva, a sectores sociales identificados como vulnerables: las mujeres y los pobres. No obstante, su gestión, luego de tres años, no se ha traducido en políticas públicas efectivas para erradicar los problemas más sentidos de la población en general y, mucho menos, de esos sectores específicos.
    Tal como lo refleja la evaluación al tercer año de la gestión de Saca, elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), el actual mandatario ha obtenido su nota más baja hasta el momento (5.71) en comparación con la nota inicial de 7.27. Lo cual indica que la población no ha percibido mejoras. Así, entre otros resultados, el 47.1 de la población encuestada señala cambios negativos en el país desde que la gestión de Saca inició en 2005. En concreto, la población percibe dos grandes saldos del actual gobierno: el combate a la criminalidad y delincuencia en general, así como la falta de mejora en la economía.

Seguridad y combate a la violencia
    Hasta el momento, el gabinete de Saca ha centrado su atención en el tema de la seguridad y en el tema del “desarrollo” de los municipios más pobres del país, pero sin la contundencia y eficacia esperadas. En otras palabras, ambos temas han sido sólo motivo de propaganda. En el caso de la colaboración a los sectores más pobres, las políticas sociales han sido diseñadas no para promover el desarrollo humano digno, sino para minimizar —y de paso obtener réditos electorales— los efectos de la desigualdad creciente en el país. De ahí que esta política esté focalizada en aquellos sectores con las condiciones de vida más desfavorables. Pese a ello, este incentivo para la mejora de la calidad de vida de la población no ataca el problema de raíz, pues mientras el Estado carezca de la capacidad financiera para impulsar medidas sociales integrales, la desigualdad continuará. De hecho, la vía de solución debe ser el impulso de reformas fiscales que permitan obtener mayores ingresos y no encauzar pocos recursos a una política social insuficiente, bajo la excusa de combatir la pobreza.
    Por otro lado, en el tema de seguridad, el promedio de homicidios diario es el indicador más adecuado para evaluar los resultados del gabinete. En pocas palabras, todo el aparato gubernamental encargado de la seguridad ciudadana adolece de muchas fallas: incompetencia de los dirigentes, escasos recursos económicos, falta de coordinación y trabajo conjunto, utilización de un enfoque represivo; en definitiva, falta de una estrategia de seguridad ciudadana.
    Aunque los funcionarios de gobierno nieguen esta situación o traten de minimizar las críticas a su gestión, el hecho de que Saca lance, con motivo del tercer año de su gestión, lo que ha dado en llamar un Plan integral de prevención de la delincuencia es un signo inequívoco de las carencias actuales. A todas luces, con este anuncio, de nuevo, hay un interés político de por medio, pues con ese plan busca demostrar una pretendida eficiencia, con miras a las elecciones de 2009. 

Panorama futuro
    Al revisar la actuación del gobierno durante estos tres años, no es difícil imaginar cuál será su desempeño durante el tiempo restante. En pocas palabras, ARENA, a cargo del Ejecutivo, dará continuidad a las medidas neoliberales impulsadas desde su llegada a la presidencia.
    En materia de seguridad, no debe esperarse cambios pues, aunque anuncie nuevas medidas, el problema de violencia y criminalidad se resuelve con una propuesta integral, efectiva, eficiente, con recursos suficientes y bien utilizados, y no con planes aislados, descoordinados e inadecuados.
    Concertación, por otro lado, parece solo existir en los discursos presidenciales, pues tanto en el tema de los préstamos como en el manejo de algunos ministerios, Saca no ha dado muestras de concertar con la oposición. Para el mandatario, concertar y negociar significa que el otro acepte las medidas que se proponen, se le informe sobre las decisiones ya tomadas, o se le consulte para efectuar cambios superficiales a las políticas y propuestas.
    Esta tendencia no cambiará en los siguientes dos años. Eso es así, sobre todo, porque el periodo de gobierno restante estará marcado por la campaña electoral —ya iniciada por los partidos políticos— por lo cual el gabinete de Saca tratará por todos los medios posibles de aparecer ante la opinión pública como un gabinete eficiente y preocupado por la población. De nuevo, la imagen mediática tendrá más peso que el trabajo efectivo y real.
    Finalmente, la gestión económica del gobierno seguirá beneficiando a los grandes empresarios transnacionalizados y no a la mayoría de la población. Por tanto, la gestión de Saca durante este tercer año debe ser evaluada de manera negativa. Y es que sólo la falta de sentido común puede considerar como logros la resistencia a negociar y la escasa efectividad en la gestión de gobierno.

Evaluación del tercer año de gestión
económica del gobierno de Elías Antonio Saca

    Este primero de junio, Elías Antonio Saca cumplió su tercer año de gestión al frente del Órgano Ejecutivo. Durante su gestión han sucedido cambios en la política económica y social, no obstante, los resultados están muy por debajo de las expectativas de la población. La ejecución e impulso a las medidas económicas y sociales más importantes —CAFTA, Red Solidaria, FOSALUD, Política Industrial, Defensoría del Consumidor y Superintendencia de Competencia— no han sido suficientes para mitigar el malestar que percibe la mayoría de familias salvadoreñas. En este sentido, el gobierno aún tiene el reto de convencer a la población de que tales medidas son las adecuadas para dinamizar la actividad económica y beneficiar la economía familiar.
    En primer lugar, hay que decir que el gabinete económico está satisfecho por el dinamismo que se registró al cierre del año pasado y que todavía se mantiene. Según su perspectiva, ello sería una muestra de que las políticas gubernamentales están dando buenos resultados. Sin embargo, parece ser que los cambios obedecen en mayor medida a mejoras en el entorno económico mundial antes que a las políticas gubernamentales. En segundo lugar, la mayor parte de la población aún no percibe los beneficios de ciertas mejoras en los indicadores macroeconómicos. Parece que existe un divorcio entre el dinamismo económico registrado en los últimos meses y el bienestar de los salvadoreños y salvadoreñas. Es probable que la falta de beneficios para la población obedezca a la concentración del ingreso.
    De confirmarse lo anterior, el gobierno debe reconocer que el crecimiento económico se traducirá en bienestar para las familias en la medida que se ataque en forma sistemática la tendencia hacia la concentración del ingreso. Una política económica en esa dirección va más allá de los tradicionales planes de atención a la pobreza. Para ello es menester diseñar una nueva estrategia de crecimiento.

Los resultados del CAFTA y la Política Industrial
    En materia de comercio exterior, el principal logro que promociona el gobierno es el aumento de las exportaciones de bienes no tradicionales. La menor dependencia de la exportación de productos primarios y maquila muestra una incipiente diversificación en el aparato productivo. Sin embargo, el mayor valor de las exportaciones no tradicionales no está asociado a una reactivación de la industria, aún cuando gran parte de este tipo de exportaciones corresponden a dicho sector. De acuerdo a la variación anual del índice de volumen de actividad económica (IVAE) correspondiente a febrero, el sector industrial atraviesa un estancamiento levemente superior al del año pasado. Hay que recordar que a pesar de que el gobierno aseguró que la economía creció 4.2% el año pasado, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) se mostró escéptica a dicho resultado.
    Lo que sucede es que hay subsectores al interior de la industria que han aumentado sus ventas hacia el extranjero, pero dicho dinamismo no ha sido suficiente para generar una mayor actividad en todo el sector. Desde una perspectiva más amplia, el repunte de las exportaciones no tradicionales resulta insuficiente cuando se observa el saldo de la balanza comercial: las ventas al extranjero son mucho menores que las compras al mes de abril ($1,381 millones). Si esta tendencia se mantiene, el déficit de este año superará considerablemente al del año pasado ($4,114 millones).
    Es probable que el aumento de las exportaciones no tradicionales sea fruto de la Política Industrial; pero aunque fuera así, dicha política no ha sido capaz de reactivar el sector. Es más, a las debilidades ya conocidas de la industria —bajo nivel de productividad y de organización industrial, falta de cadenas de valor, entre otros— hay que añadir el contrabando y los altos precios en los servicios que son insumos en el proceso de producción —agua, luz, red telefónica y combustible—. El alza de los costos se traduce en un aumento de precios que resta competitividad a los bienes manufacturados.
    Si el gobierno y el sector industrial desean mejores resultados, deben mejorar la productividad y organizar a las empresas del sector de tal forma que se conforme una o varias cadenas de valor. No es nada nuevo que los países que han tenido éxito en ello lo han hecho mediante la planeación indicativa y no sólo en respuesta a las señales del mercado, aun cuando estas son importantes en la planificación de la estrategia de crecimiento. La diferencia estriba en que en el modelo de mercado las señales son interpretadas “descoordinadamente” por entes atomizados que buscan en forma particular satisfacer la demanda; mientras que bajo el esquema de planeación indicativa los empresarios y el gobierno “ordenan” la economía para enfrentar de la forma más adecuada los cambios en la demanda. Este modelo combina el rol del Estado y el mercado hasta un punto que debe ser determinado políticamente por la sociedad. Por esa razón, el éxito económico está ligado al consenso que se establece entre funcionarios públicos, empresarios y el resto de la sociedad civil.

Las instituciones reguladoras del mercado
    Durante la gestión de Elías Antonio Saca se han creado dos instituciones encargadas de vigilar el funcionamiento de los mercados. En términos generales la ciudadanía considera que la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia no han cumplido a cabalidad el rol designado por el Estado. Una de las razones puede obedecer a que ambas entidades no han avanzado ni se han fortalecido al mismo paso. En algunos casos, la Defensoría del Consumidor ha tomado una postura agresiva ante el abuso de los empresarios sobre los consumidores, actitud que ha generado malestar en las gremiales empresariales. Por su parte, la Superintendencia de Competencia ha sido lenta en reaccionar frente a los abusos que suceden entre empresarios.
    La forma de trabajo de ambas entidades dan razón a los resultados: mientras que la Defensoría monitorea con cierta frecuencia la calidad y los precios de los bienes y servicios del mercado, la Superintendencia tarda meses en dictaminar si una empresa está abusando de su posición de dominio en el mercado. Es obvio que son tareas distintas; pero la Superintendencia debería agilizar sus procesos para acompañar a la Defensoría en su trabajo. Ambas entidades deben trabajar por el acervo de información que facilite la vigilancia de los diferentes mercados. En este sentido, las instituciones reguladoras del mercado tienen un rol complementario.
    Los resultados más recientes destacan las penalizaciones de la Defensoría del Consumidor sobre los empresarios que ofertaron productos vencidos durante la época de Semana Santa. Previo a la actividad de vacaciones, la entidad denunció en diciembre a cuatro bancos por aplicar recargos por la inmovilidad de cuentas bancarias. Por su parte, la Superintendencia de Competencia, después de haber efectuado los estudios que comprobaron la zonificación de precios por parte de las empresas petroleras, ha decidido dar un año prórroga para realizar más investigaciones. Mientras esto sucede, los consumidores y los distribuidores de combustibles —gasolineras— continúan afectados por el lento traslado de las bajas de los precios internacionales del crudo al mercado local.

Red Solidaria y las finanzas públicas
    El tercer año de gestión presidencial de Elías Antonio Saca fue un periodo de estancamiento en la política social. Red Solidaria y Caminos Rurales Sostenibles se detuvieron de manera parcial por la falta de recursos estatales. Según el gobierno, los programas serían atendidos con recursos provenientes del endeudamiento público con el extranjero. No obstante, debido a la falta de votos por parte del FMLN en la Asamblea Legislativa y, especialmente, al alto nivel de endeudamiento público, los empréstitos no fueron aprobados.
    Como se ha señalado otras veces, el éxito del plan social del gobierno depende del cumplimiento de las metas programadas y de la eficacia en la utilización de los recursos. En este sentido, establecer una política social que carece de recursos suficientes y que depende, en última instancia, de la coyuntura política, afecta de antemano la eficacia del plan, ya que los resultados puede que se cumplan o no en base a lo programado. Por esa razón, varios especialistas recomendaron la importancia de aumentar la recaudación tributaria para enfrentar con recursos propios la política social, antes que elevar el nivel de endeudamiento externo.
    A pesar del éxito en el aumento de la recaudación de impuestos gracias a la reforma tributaria impulsada por el gobierno hace dos años, el presupuesto actual presenta, en términos relativos, recortes importantes en el área social. El análisis macroeconómico del presupuesto presentado por FUSADES el año pasado muestra que las prioridades de inversión social en las áreas de educación, salud y desarrollo local se mantienen. Sin embargo, los montos asignados a cada uno de los rubros son insuficientes para cumplir con los requerimientos financieros del Plan 2021 y Red Solidaria.
    En la actualidad, a ocho meses de aprobado el nuevo sistema de financiamiento de pensiones, los recursos continúan siendo escasos y el gobierno trabaja en nuevas medidas que financien la política social y de seguridad pública. Es evidente que el gobierno de Saca ha realizado una serie de cambios —reforma tributaria y reforma de pensiones— que, en términos prácticos, han sido insuficientes para cumplir las metas establecidas por la política social.

El mal estado de la economía familiar
    Ni el aumento en el comercio exterior, ni la política social han sido capaces de traducirse en un bienestar de las familias salvadoreñas. Como se dijo anteriormente, algunos logros en materia macroeconómica —mayor crecimiento del PIB, aumento de las exportaciones, disminución del desempleo en el sector formal y leve disminución en la deuda externa— son insuficientes para atender las necesidades concretas de los salvadoreños y salvadoreñas —alta tasa de desempleo abierto, mayor costo de la canasta básica y reducción de los salarios reales—.
    Tal parece que los avances de los últimos meses son insuficientes para hacer frente a las necesidades que se generaron en diez años de estancamiento económico. En este sentido, y en base a una perspectiva más amplia, el gobierno es irresponsable en promocionar cambios económicos importantes cuando tan sólo se tiene un poco más de seis trimestres con mayor nivel de actividades económica. Sin duda, este es un logro importante, pero también insuficiente para solventar las necesidades materiales acumuladas desde el segundo quinquenio de la década pasada.
    Para hacer frente a las necesidades no basta el crecimiento económico, también es necesaria una política social fuerte que acompañe dicho crecimiento con la redistribución del ingreso nacional. En otras palabras, el desarrollo del país depende en gran medida de que el gobierno ataque sistemáticamente la concentración del ingreso. El cambio a una política fiscal progresiva puede ser el primer paso para iniciar la transformación que la nación necesita.

La deteriorada gestión social

    Hace un año, el presidente de la Republica, Elías Antonio Saca,  y su equipo asumieron con plena conciencia y responsabilidad el compromiso de enfrentar importantes desafíos en el área social. Ahora bien, el deterioro social que hoy en día se vive reafirma que las promesas de Saca han sido insuficientes para atender las necesidades de la mayor parte de la población. Las áreas con mayor debilidad son seguridad pública, salud y educación.
    En este sentido, El Salvador de hoy es un país con menos esperanza y con menos posibilidades de desarrollo para las mayorías. Para muestra, un ejemplo: hoy en día, El Salvador sobresale en América Latina por ser uno de los países más violentos de la región; en el país se visualiza  poca estabilidad democrática, con una economía popular en crisis —incrementos en la canasta alimentaría y en los servicios básicos—. Con estos indicadores se puede decir que  los tres años de gestión de Saca han dejado un saldo negativo para la población.
    Es por esto necesario recordar las palabras del mandatario en su segundo año de gestión como presidente de la República, el 1 de junio de 2006. “La apuesta —afirmó— a cambiarles la vida a las personas más pobres y desprotegidas va avanzando. Hemos beneficiado a los municipios más pobres del país con la entrega de bonos de salud y educación”. Se refería a la ejecución del programa Red solidaria y FOSALUD.
    Una y otra vez, el presidente Saca hace alarde de haber mejorado la calidad de vida de los habitantes de 15 de los municipios más pobres del país, en los cuales 33 unidades han sido dotadas de equipo en el marco del FOSALUD. Sin embargo, lo que no se dice es que estas unidades no cuentan con medicamentos para atender a la población; tampoco se dice que no son cercanas a los caseríos y cantones de estos municipios y menos se menciona que estas unidades no poseen el equipo básico para atender emergencias.
    El gobierno de Saca también ha dado publicidad a la ampliación de servicios del Instituto Salvadoreño Seguro Social (ISSS), pero ha obviado que tanto esta institución como la red nacional hospitalaria mantienen una crítica escasez de medicamento y que  la unidad de especialidades no cuenta con el equipo tecnológico necesario para atender todas las emergencias de los cotizantes.
    En el plano educativo, los medios de comunicación informan que el gobierno de Saca está realizando la inversión más grande de los últimos 25 años; sin embargo los hechos siguen demostrando lo contrario. Por ejemplo, el ambicioso Plan de Educación 2021, que comprende los programas Comprendo, Conéctate, Poder, Edúcame, Megatec y Juega leyendo, no han dado los resultados esperados en estos tres años de gestión. En otras palabras, estos programas no han tenido la cobertura esperada en los municipios más pobres del país.

Inversión social 2005-2007

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda

    La tabla anterior muestra cómo los montos en inversión social han venido aumentando año con año. Por ejemplo, en el área de  educación el presupuesto se ha incrementado, pasando de $483.4, en 2005,  a $526.7 millones, en 2007; es decir, $43.3 millones más. En el área de salud pública, el presupuesto asignado para esta cartera, en 2005, fue de $275.5, mientras que en 2007 es de $324.0 millones, lo que significa un aumento de $48.5 millones. Con todo, esta área sigue siendo una de las más deficitarias. Primero, por la atención médica; segundo, por la escasez de medicamento; y, por último, por la falta de equipo.
    Con respecto, al área de Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana, en 2005 se asignaron $383.2 millones, en tanto que en 2007 el monto es de $439.3 millones, lo que equivale a  $56,1 millones más. Empero, los resultados obtenidos en materia de seguridad no han sido los esperados por la ciudadanía, ya que el país mantiene tasas de homicidios arriba de 10 personas por día, extorsiones por doquier y desapariciones misteriosas.
    En definitiva, lo anterior podría verse  como un asunto no de recursos, sino de ausencia de un proyecto de nación, que incluya diagnósticos y propuestas de solución a los problemas relacionados con el deterioro social, inseguridad ciudadana, violencia y delincuencia. Es decir, no se trata de hacer publicidad al nuevo Ministerio de Seguridad y Justicia, sino de ofrecer respuestas concretas a la población; tampoco de buscar culpables en la izquierda, sino de exigir responsabilidades a la actual gestión gubernamental. 

Tres promesas sociales pendientes
    a) Reducir el analfabetismo. En septiembre del año pasado fue inaugurado el proyecto “Trienio de la Alfabetización”, el cual se incorporó al Plan 2021. Con este proyecto Saca se comprometió a reducir la tasa de analfabetismo en el país. El proyecto está diseñado para alfabetizar a 246 mil personas antes de que finalice su gestión, en junio de 2009. Habrá que esperar el cumplimiento de este compromiso.
    b) Mejorar el sistema integral de salud. El presidente se comprometió ante el pueblo salvadoreño a remitir la iniciativa de ley para el Sistema Nacional de Salud, a la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa forma parte de la Política Nacional de Salud, la cual se espera sea implementada en lo que resta de su gestión.
    c) Cobertura total de las clínicas FOSALUD y la mejora de la red hospitalaria pública. Esta iniciativa ha sido una de las grandes promesas de Saca, pero el mismo ha venido caminando lento y deficiente. No obstante, habrá que esperar el aumento de la cobertura en el ámbito nacional. El programa contempla el servicio las 24 horas del día, los 365 días del año con extensión de servicios médicos y mejora en el otorgamiento de insumos y medicamentos. Mientras que sobre la ampliación de la red hospitalaria Saca también ha publicitado el inicio de la reconstrucción de los hospitales de Santa Tecla, San Miguel, Zacatecoluca, San Vicente, Cojutepeque y Usulután. Además, ha anunciado la reconstrucción de la sala de consulta externa y la construcción de una nueva sala de emergencias en el Hospital Nacional Rosales.
    En fin, muchas promesas pendientes de ser cumplidas. Habrá que esperar su ejecución en los dos años que le restan de su gestión.

Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan el tercer año de gobierno de Antonio Saca

    Las y los salvadoreños calificaron con una nota promedio de 5.71, sobre una escala de 0 a 10, el desempeño del gobierno de Antonio Saca, durante su tercer año de gestión, según revela la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de El Salvador. El sondeo, realizado con el propósito de conocer lo que piensan las y los salvadoreños sobre el trabajo realizado por la administración Saca luego de su tercer año de gobierno, se llevó a cabo entre el 29 de abril y el 8 de mayo del año en curso, con una muestra nacional de 1,235 personas adultas, y con un error muestral de más o menos 2.8 por ciento.
    Una comparación con los sondeos de evaluación de gobierno realizados en años anteriores, revela que esta es la nota más baja que ha recibido el presidente Saca. En el 2005, Saca fue evaluado con un promedio de 6.56, mientras que en el 2006 obtuvo una nota promedio de 6.23, lo que refleja un claro descenso en los niveles de aprobación de la gestión gubernamental, que ha experimentado una importante erosión respecto al primer año de gobierno. Sin embargo, al ser consultados sobre la gestión presidencial, más de la mitad de salvadoreños y salvadoreñas (52.2 por ciento) la valoran favorablemente; aunque puestos en perspectiva, éstos datos evidencian una reducción de opiniones favorables, respecto a las obtenidas a inicios de su gobierno.

Los cambios positivos y los logros
    Consultados sobre los cambios que han visto en el país desde que asumió el poder Antonio Saca, la mitad de las y los salvadoreños (49.2 por ciento) admite haber notado cambios positivos, frente a la otra mitad (50.8 por ciento) que no ha visto cambios favorables en el país con el actual gobierno de ARENA.
Estas opiniones no parecen variar con respecto a la evaluación de hace un año, cuando cumplió su segundo año de gobierno. En relación a los principales logros o aspectos positivos de la gestión de Saca, 4 de cada 10 salvadoreños no perciben ningún logro durante su tercer año de gestión. Por otro lado, el aspecto que aparece mayormente destacado es el referido al mejoramiento de infraestructura vial, el cual reúne el 15.7 por ciento de las respuestas. Más allá de éste aspecto, el resto de logros (FOSALUD, ayuda al pueblo, etc.) obtienen pequeños porcentajes. Al comparar estos resultados con los del primer año de gestión, los datos revelan que ha habido cambios importantes en la opinión de los salvadoreños sobre los principales logros, los cuales se concentraban principalmente en el combate a la delincuencia y en el mejoramiento de la red vial. En la actualidad, solo prevalece el tema de la infraestructura vial, aunque en menor porcentaje. El combate a la criminalidad, no solo es señalado marginalmente como logro, sino que ha pasado a convertirse en uno de los principales fracasos.

Los cambios negativos y los fracasos
    En el otro extremo, el 47.1 por ciento de las y los salvadoreños señalaron cambios negativos ocurridos en el país desde que Antonio Saca asumió la presidencia, mientras que el restante 52.9 por ciento no advierte cambios negativos. Al consultar sobre los principales fracasos de la gestión gubernamental, el 27.5 no identificó ninguno. Sin embargo, el 16.9 por ciento señaló el combate a la criminalidad, seguido del 7.3 por ciento que identificó la situación económica. Otros fracasos señalados fueron el desempleo, la dolarización y la pobreza, entre otros.
    Un análisis detallado sobre los principales fracasos, permite advertir que la delincuencia y la economía constituyen las áreas donde la administración de Saca obtiene las valoraciones más críticas. Y aunque el fracaso en el combate a la delincuencia sigue siendo mencionado por un porcentaje mayoritario de la gente, los temas relativos a la situación económica, el desempleo y la dolarización, son valorados desfavorablemente por cerca de la cuarta parte de la población.

La delincuencia y la economía
    El combate a la criminalidad y la economía son las áreas en las cuales Antonio Saca obtiene las valoraciones más desfavorables. En el caso de la criminalidad, además de ser mencionada como uno de los principales fracasos de la actual gestión, un 50 por ciento de las y los salvadoreños opinan que la delincuencia ha aumentado con el actual gobierno, mientras que el 29.4 por ciento piensa que ha disminuido y el 20.3 por ciento que sigue igual. En la evaluación del primer año de gobierno, solo el 34.8 por ciento consideró que la delincuencia había aumentado. Este agravamiento de la situación delincuencial se refleja en el aumento del porcentaje de victimización que alcanza a mediados del 2007, el 19.4 por ciento, lo que revela que la quinta parte de la población ha sido víctima directa de algún delito, en contraste con las tendencias a la baja en los niveles de victimización experimentadas antes del Plan Mano Dura.
    En consonancia con estas opiniones, al consultar a la gente sobre cuál es la principal tarea que deberá enfrentar el gobierno en este próximo año de gestión, el 30.1 por ciento opina que es el combate a la delincuencia. Se mencionan además la creación de fuentes de empleo (22.8 por ciento) y la lucha contra la pobreza (14.5 por ciento).
    En perspectiva comparativa, es interesante destacar que el tema de la delincuencia ha pasado de ser el principal logro durante el primer año de gestión, a convertirse dos años más tarde en uno de los aspectos más negativos de la gestión gubernamental. Y es que al consultar a la gente si el presidente está cumpliendo su promesa de hacer de El Salvador un país seguro, solo el 26.0 por ciento de la gente responde afirmativamente, frente a un 55.7 por ciento que asegura que no está cumpliendo esta promesa y un 18.3 por ciento opina que la ha cumplido en parte.
    En el tema de la economía, se encontraron resultados similares. Más del 60 por ciento de la ciudadanía opina que la situación económica del país ha empeorado con el gobierno de Antonio Saca, a diferencia del 17.3 por ciento que cree que mejoró. Un 19.2 por ciento considera que la economía no ha cambiado con el actual gobierno. En perspectiva, estos datos revelan que se han incrementado las opiniones desfavorables en este tema con respecto a las evaluaciones previas. Y es que efectivamente, al ser consultados sobre la política económica del actual gobierno, 7 de cada diez salvadoreños y salvadoreñas expresan su desacuerdo, frente al 27.6 que se muestran a favor.
    Preguntados sobre cambios en la situación del país respecto a la que se tenía cuando el presidente Saca tomó posesión, el 40.4 por ciento opina que el país está igual, el 30.8 por ciento piensa que esta peor y el 28.8 por ciento considera que el país está mejor que cuando entró el actual gobierno. Los datos anteriores muestran que se mantiene el pesimismo expresado por la gente respecto a la situación del país, aún y cuando desde la perspectiva gubernamental el país va por buen camino.

La imagen del presidente
    La encuesta de la UCA exploró entre la ciudadanía sus opiniones sobre la forma en que el presidente está gobernando al país. Al respecto, las posiciones se muestran divididas. Un 38.0 por ciento opinó que lo está gobernando bien, frente a un 31.0 por ciento que dijo que lo está gobernando mal y el otro 31.0 por ciento señaló que no lo hace ni bien ni mal. En perspectiva, se destaca un aumento de las opiniones desfavorables respecto a la forma en que el presidente está gobernando el país, respecto al inicio de su gestión. Sin embargo, esta valoración desventajosa de algunos sectores sobre el trabajo del presidente no se refleja claramente en un empeoramiento de la imagen presidencial. Para el 51.2 por ciento de la gente, la imagen del presidente se ha mantenido igual, el 27. 5 por ciento opina que ha mejorado y un 21.3 por ciento que ha empeorado en el último año.
    Consultados las y los salvadoreños sobre quiénes tienen el control de las decisiones dentro del gobierno, el 60 por ciento de la gente piensa que el presidente es manipulado, frente a un 36.0 por ciento que opina que el mandatario tiene el control de las decisiones. Al preguntarles a los primeros quiénes manipulan al presidente, las respuestas más comunes fueron ARENA (24.0 por ciento), el gobierno de los Estados Unidos (19.3 por ciento) y los ricos y poderosos del país (18.5 por ciento). Otros porcentajes menores señalaron la Asamblea Legislativa, el gabinete y la empresa privada.

La evaluación de los ministerios
    El sondeo pidió a los ciudadanos que evaluaran la gestión de los distintos ministerios, entre los que se incluyó a la Secretaría de la Juventud, utilizando una escala de 0 a 10. Los resultados muestran que las tres carteras mejor evaluadas resultaron ser el Ministerio de Educación con una nota de 7.26, Turismo con una calificación de 6.72 y la Secretaría de la Juventud que obtuvo 6.48. Los ministerios peor evaluados por la población son Economía (5.06), Trabajo (5.31), Medio Ambiente (5.51) y Seguridad y Justicia (5.57). La mitad de los ministerios evaluados obtuvieron notas por debajo de 6, mientras que el Ministerio de Educación se ubicó por encima del 7.

Preferencias electorales
    La encuesta de la UCA sondeó entre las y los ciudadanos en torno a sus preferencias políticas e intenciones de voto si las elecciones fueran el próximo domingo. En el caso de la intención de voto para alcaldes, ARENA obtiene el 29.4 por ciento a nivel nacional y el FMLN el 23.5 por ciento. El PCN obtuvo el 6.7 por ciento y el resto de partidos obtuvieron cerca del 6 por ciento todos juntos.
    Respecto a intención de voto para diputados, el sondeo muestra que los dos partidos mayoritarios tienden a acortar distancias, de tal forma que prácticamente ARENA y el FMLN están equiparados. No obstante, en el caso del voto para presidente, ARENA obtuvo el 33.6 por ciento de intención de voto a nivel nacional y el FMLN el 26.8 por ciento. Es importante destacar que cerca de la tercera parte de la población (28.3 por ciento) no expresó intención de voto ni para presidente como tampoco para alcalde o diputado.
    La encuesta de evaluación del tercer año de la gestión de Antonio Saca muestra un claro descenso en los niveles de aprobación de la gestión gubernamental, que se ha acentuado al finalizar su tercer año de gobierno. Un evidente reflejo de esta erosión es la tendencia a la baja experimentada en la nota asignada por la población al desempeño del presidente, la cual constituye la segunda más desfavorable de todo su mandato. El combate a la criminalidad y la situación económica figuran como los principales fracasos de la gestión, temas que a su vez, representan en opinión de la gente las principales tareas que debería asumir el gobierno durante su próximo año de gobierno.
Lo anterior se expresa en un aumento de las opiniones desfavorables sobre la delincuencia y la situación económica, respecto a evaluaciones anteriores. Aunque estos temas no son retos nuevos planteados al gobierno, se detectó durante el tercer año de gestión una mayor insistencia de los ciudadanos en que el actual gobierno asuma su responsabilidad en solucionar los grandes problemas del país, los cuales lejos de resolverse se han agudizado en los últimos años.

San Salvador, 24 de mayo de 2007.

Cuidado con ese militar que lleva dentro (II)

    El militarismo, dice Norberto Bobbio, es “un vasto conjunto de costumbres, intereses, acciones y pensamientos asociados con la utilización de las armas y con la guerra y que, sin embargo, trasciende los objetivos puramente militares”. Quienes lo asumen, intentan expandirlo a todos los ámbitos de la vida nacional para que sus valores y antivalores sean asumidos como la forma natural de proceder. En El Salvador –mediante una continua sucesión de golpes de Estado, amenazas de revueltas, comicios amañados y burdos fraudes electolares– la conducción de la administración pública fue ocupada durante más de cincuenta y siete años por altos oficiales y civiles del agrado de la institución armada. Unos y otros se dedicaron a cuidar los intereses del poder político y económico, como los guardianes de las grandes mansiones.
    Antes del conflicto, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) fue el último trampolín institucional utilizado por los militares para colocar en la Presidencia de la República al coronel Julio Adalberto Rivera en 1962 y mantenerla hasta que cayó derrocado el general Carlos Humberto Romero en 1979. Pero el estamento castrense controlaba el país desde diciembre de 1931, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez depuso al gobierno constitucionalmente constituido.
    Esa situación fue alentada por la Casa Blanca. Además, en tierras estadounidenses, el ejército salvadoreño fue entrenado para eliminar cualquier asomo de oposición política; lo anterior y otros factores económicos, políticos y sociales hicieron que estallara el pasado conflicto armado. Ya en guerra, con juntas de gobierno “cívico-militares” y gobiernos de fachada, el predominio militar se acentuó. Eso, sobre la base de la profundización de la intervención de los Estados Unidos de América que equipó una y otra vez a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), convirtiéndola en una herramienta más dentro de su lucha contra el “comunismo internacional”.
    En ese más de medio siglo no era extraño ver al presidente de la República portar simultáneamente el uniforme castrense y la banda presidencial; se trataba de gobernantes que carecían de la legitimidad que otorga el voto popular, pero que gozaban las mieles del poder simplemente por formar parte del estamento militar. Sin embargo, era curioso que la mayoría de presidentes “pecenistas” se quitaban el uniforme durante el “período de campaña” para parecer un civil en busca de votos.
    Actualmente ha ocurrido un proceso inverso: el pasado miércoles 23 de mayo, Antonio Saca visitó las tropas salvadoreñas en Irak. Llegó en un avión militar estadounidense, vistiendo uniforme de combate. Para quienes sufrieron alguna parte de la dictadura de Martínez o los “tiempos de conciliación”, al ver esa imagen deben haber reeditado nefastos recuerdos. La de Saca es una acción sin precedentes en la historia de los gobernantes civiles del país.
    Se necesita conocer esos antecedentes para entender la difícil relación histórica entre civiles y militares en el país. Por esa situación, en el Acuerdo de Chapultepec se dedicó el primer capítulo a desarrollar un nuevo marco doctrinario, educativo e institucional para la FAES dentro del cual se establece como una institución instrumental, apolítica y sometida a los órganos fundamentales de gobierno. En cuanto a su sistema educativo, se apostó por una formación profesional con énfasis en la supremacía de la dignidad humana, los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos y la subordinación al poder civil. Eso se logró con el sacrificio de todas las víctimas del conflicto y tras largas jornadas de negociación.
    Pese a lo anterior, ya empezaron a aparecer diversas expresiones del militarismo que se creía sepultado. Según el politólogo estadounidense Samuel Huntington, existen causas externas a la institución castrense que originan su intervención en la política. En períodos de anarquía social, por ejemplo, se presenta como la única capaz de salvar de la democracia; en medio de un conflicto entre dos grupos antagónicos, uno de éstos  –el que detenta el poder real– la visualiza como opción para defender el orden vigente ante quienes intentan subvertirlo
    En cuanto al primer escenario, los militares desde hace rato son protagonistas. La creciente influencia del Ministerio de la Defensa Nacional en el “combate a la delincuencia”, es una señal. Ante la sensación de caos, se ha recurrido a la FAES para “poner orden”. Eso y su intervención en Irak, han urgido la exigencia de mayor presupuesto para aquélla y la convicción –entre algunos sectores civiles– de que es imprescindible su participación en tales tareas, pese a que constitucionalmente se le excluyó de la primera en 1992. El segundo de los supuestos mencionado por Huntington, ha sido invocado en el discurso del Presidente Saca durante la celebración del día del soldado, cuando llamó a la tropa a enfrentar “los problemas y desafíos que surgen de las nuevas olas populistas”.
    Hay otros asuntos que cuestionan el compromiso de la FAES con el proceso de paz y la aceptación de la doctrina institucional vigente, al menos en teoría. Así, son evidentes su nula voluntad para colaborar en el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos y el permanente culto al interior de la misma hacia las unidades élites desmanteladas tras el conflicto armado. Ha sido, pues, el mayor obstáculo para alcanzar uno de los componentes del proceso de paz planteado en el Acuerdo de Ginebra: reunificar la sociedad.
    Sobre lo primero, esta institución ha tolerado y protegido a los oficiales responsables de crímenes contra la humanidad como tortura, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y otros. Ejemplos sobran y están documentados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró con pruebas –por ejemplo– la masacre del Cantón Las Hojas, Sonsonate, en su Informe N° 26/92; en este caso, soldados y oficiales asesinaron a setenta y cuatro personas el 22 de febrero de 1983. Todos los hechos similares a éste, permanecen en la impunidad.
Hay que ver cómo “justifica” eso el actual Ministro de la Defensa Nacional. Tras ser abordado por un periodista que investigaba el asesinato de Monseñor Romero, quien le planteó la posibilidad de conocer los archivos de los antiguos cuerpos de seguridad, el general Otto Romero expresó que su reserva permite “tener estabilidad social”; además, agregó que “las técnicas que ocupó la Comisión de la Verdad se apoyaron más en rumores que en datos científicos. El ochenta y cinco por ciento del informe es puro rumor”. Sin embargo, los testimonios en contrario abundan y desmienten la posición oficial.
    En cuanto a los desaparecidos batallones de reacción inmediata, el Centro de Comunicaciones y Protocolo de la FAES incluye en su sitio web imágenes de éstos; se presume, además, del cumplimiento exitoso de su misión “en la campaña militar desarrollada contra la agresión del comunismo”. También se pueden ver videos de sus operaciones y al coronel Domingo Monterrosa arengando a la tropa del Batallón Atlacatl o a la población civil.
    Mantener la simbología violenta que caracterizó a la Fuerza Armada, con imágenes de los antiguos uniformes e insignias de los cuerpos de seguridad y los batallones Atonal, Atlacatl, Arce y Bracamonte en un sitio virtual costeado con los impuestos de la sociedad, constituye otra burla para las víctimas. En una entrevista después de un año de la masacre en la UCA (ECA 505-506, noviembre-diciembre 1990), el ahora Rector de ésta se refirió a la iconografía que se muestra en ese espacio. El jesuita José María Tojeira citó a un militar, quien al preguntarle por los distintivos del Batallón Atlacatl respondió así: “La calavera porque nosotros somos los que más matamos y el rayo porque matamos muy aprisa”. ¿Tan orgullosa está la institución armada de esas imágenes, hasta el punto de presentarlas al mundo entero por dicho medio? Ese es un peligroso mensaje para las nuevas generaciones de oficiales, que encuentran en dicha simbología el eco de un pasado “glorioso” inventado por los actuales mandos militares, actores directos en la guerra que continúan negando la responsabilidad institucional denunciada dentro y fuera del país por organizaciones de derechos humanos.
    La sociedad entera debe tomar conciencia de la tendencia oficial a incrementar el protagonismo de la FAES, ensalzando un ayer por el cual –al igual que en otros países de la región– tarde o temprano rendirá cuentas. Debe, además, reclamar por su uso indebido para fines partidistas electorales. Más que apologías a genocidas, mensajes anclados en el pasado y visitas a Irak de funcionarios civiles disfrazados de militares, la mayoría de la población salvadoreña espera que la administración Saca trabaje de forma responsable en función de superar la realidad de violencia, inseguridad y falta de oportunidades para su pleno desarrollo humano. Lo anterior se logrará cuando tenga ante sí un poder ciudadano fuerte, que lo haga cambiar el rumbo para dirigir el país hacia “la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común”, como manda el primer artículo de la Constitución. Esa es la gran deuda pendiente con las víctimas ignoradas en los discursos oficiales; con las víctimas de todo tipo de atropellos en el pasado y el presente, así como las que seguirán surgiendo de continuar vigente el actual estado de cosas fundado en la exclusión, la iniquidad y la impunidad.