Proceso 1251
Julio 25, 2007

La Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República:
dos instituciones precarias

   
    En días recientes salieron a la luz pública los reproches mutuos que se hicieron los titulares de la Corte de Cuentas y de la Fiscalía General de la República, Hernán Contreras y Félix Garrid Safie, respectivamente. Al calor de la discusión, cada cual lanzó sus dardos en contra de la institución ajena, obviando los males de la propia. Sin embargo, la cosa no pasó de ahí. No hubo ni debate serio entre los jerarcas de ambas instancias ni mucho menos interés en profundizar en el análisis de las fallas que se señalaron en una y otra institución. Es como si, de pronto, los dos funcionarios involucrados en la polémica —Safie y Contreras— se hubieran dado cuenta de que, de continuar por donde iban, ambos saldrían mal parados. Así que mejor decidieron  bajar el tono y olvidarse del tema.
    Claro está, los asuntos relacionados con la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República no son de poca monta y, en consecuencia, no deben ser escamoteados del debate público. La primera de ambas instituciones tiene como tarea primordial la de fiscalizar el manejo de los recursos públicos, lo cual quiere decir que debe vigilar cómo se usan esos recursos, asegurarse de que se usen como es debido, detectar a tiempo posibles abusos en su manejo y determinar responsabilidades en caso de que esto último suceda. En resumen, la Corte de Cuentas es la instancia que debe velar porque la corrupción sea contenida por todos los medios posibles, pues esta es su obligación constitucional. Una obligación que, por cierto, está lejos de cumplir a cabalidad.
    Las razones para que ello sea así son muchas, pero las principales son de tipo político. Se ha insistido en la falta de recursos financieros, tecnológicos, operativos y de personal, pero son los amarres políticos a los que está sujeta la presidencia de la Corte de Cuentas los que le impiden emplearse a fondo en lo que le corresponde hacer respecto a la fiscalización en el uso y manejo de los recursos públicos.  Que el PCN haya convertido a esta institución en un  feudo —en virtud de su alianza con ARENA— es algo que la ha debilitado en grado extremo, impidiéndole convertirse en el organismo contralor que la sociedad salvadoreña necesita con urgencia.
    Hay quienes insisten en lo perentorio que es una reingeniería institucional en la Corte de Cuentas. Otros insisten en que hay que auditarla internamente, para asegurarse de que los recursos que se le asignan sean usados —ahí también— con transparencia. Quizás tengan razón los que así opinan. Pero esas medidas no son suficientes, pues no llegan al meollo del asunto. La Corte de Cuentas debe dejar de ser una cuota más en el reparto de poder entre los partidos políticos que hasta ahora han decidido que así sea. Mientras esto no cambie, por muy tecnificada que esté y por mucho que mejoren sus procesos internos, la Corte de Cuentas seguirá ocultando (y usando) información sobre el manejo de los recursos públicos según los vaivenes del PCN y según los favores que se deban pagar a sus aliados políticos.    
    Con la Fiscalía General de la República las cosas no suceden de modo distinto. También está sujeta a amarres políticos, concretamente con ARENA. Que hay debilidades técnicas, operativas y de personal, nadie lo pone en duda. Que se cometen infinidad de errores por falta de pericia investigativa, también es cierto. Pero esas fallas no son el problema mayor de la Fiscalía General de la República; su problema mayor es su falta de independencia, su incapacidad para liberarse de los controles que ejercen sobre ella quienes concentran cuotas inmensas de poder económico y político.
   No se trata de una pobre víctima de las presiones del poder. Y ello porque positivamente sus titulares tienen la predisposición a ser complacientes con los poderosos. No se atreven a ordenar investigaciones de delitos graves —del pasado y del presente— en los que están involucradas personalidades de la derecha empresarial y política no sólo porque hay presiones para que no lo hagan, sino porque no tienen ningún interés en hacerlo. El actual fiscal general, al igual que su antecesor, en lo absoluto, ha puesto a la Fiscalía General de la República en el camino de investigar graves crímenes que constituyen una ofensa contra la moral pública —como es el caso del asesinato de los esposos Manzanares, padres de “Mariposa”—. Al contrario, se ha plegado a la cacería de “terroristas” diseñada por las mentes más perniciosas del gobierno del presidente Antonio Saca.    
    Cada cual por su lado, tanto la Corte de Cuentas como la Fiscalía General de la República son instituciones precarias. La raíz de su precariedad  no es técnica ni financiera, sino política. Ambas están amarradas al poder de la derecha, la primera a través del PCN y la segunda a través de ARENA. Ambas están lejos de servir de soporte a la cada vez más débil democracia salvadoreña. Más aún, su precario funcionamiento socava lo poco que queda del sueño democrático con que el país inició su camino en la década de los años noventa.
   Si a la precariedad de estas dos instituciones se añade la de otras —como por ejemplo los partidos políticos, la PNC y el TSE—, se cae en la cuenta de lo mal que está el país y de lo sombrío de su futuro. Sin instituciones sólidas no hay democracia, aunque esta no se agota en ellas. Desde este punto de vista, la andadura democrática de El Salvador carece de sostenes institucionales firmes. Esta es otra forma de explicar no sólo la proliferación de la corrupción y la impunidad, sino la propensión a responder de forma autoritaria ante demandas sociales que, al no encontrar cauce institucional para expresarse, se desbordan en protestas y violencia de calle.

A la espera de una política
integral de seguridad
   En El Salvador, la seguridad pública se ha convertido no sólo en una de las mayores preocupaciones de la población sino, además, en objeto de medidas gubernamentales. Sin embargo, en el país se carece de una política integral que resuelva la inseguridad y combata la criminalidad existente. De igual forma, se adolece de una débil institucionalidad, una deficiencia organizativa en las entidades vinculadas al tema,  así como la escasa efectividad operativa de estas, y un crecimiento de la criminalidad y el crimen organizado. En ese sentido, el gobierno ha llevado a cabo hasta el momento solo esfuerzos aislados, que no han tenido impacto positivo alguno; al contrario, con tales medidas solo ha obtenido una sobre exposición mediática, el colapso del sistema penitenciario, y la impunidad en el sistema de justicia, entre otros desaciertos. Estos intentos por resolver la criminalidad y mejorar la seguridad de la población, además, se han caracterizado por partir de un enfoque represivo, en el cual la prevención de la violencia y la rehabilitación no han tenido cabida como elementos fundamentales de las políticas diseñadas.
    El problema de la inseguridad ha rebasado la capacidad instalada del Estado para hacerle frente. Los efectos de este fenómeno son padecidos por todos los estratos sociales, incluso, por los sectores productivos, que han visto amenazadas sus inversiones, lo cual ha funcionado como un factor de presión para que el gobierno actúe al respecto.
    Así, ante el llamado de atención de la sociedad civil, organismos internacionales, empresarios y representantes diplomáticos de países como Estados Unidos, el gobierno de Antonio Saca ha reaccionado por medio de varios frentes.
    En primer lugar, desde 2006 ha habido impulsos a reformas penales, a fin de aumentar las penas y cambiar ciertos procesos judiciales, con lo cual se busca “combatir” de mejor manera la criminalidad. Sin embargo, endurecer las leyes y normativas no ha granjeado ningún éxito en el referido combate, ni ha contribuido a mejorar la seguridad de la población.
    En segundo término, el presidente Saca ha efectuado numerosos cambios en el gabinete de seguridad: sustitución de funcionarios, creación de nuevas instituciones, reasignación presupuestaria en algunos casos. No obstante, estos cambios indican en buena medida la falta de un enfoque integral, pues el gobierno ha incurrido en la duplicidad de esfuerzos, no ha habido mejorías sustanciales en el combate de la criminalidad por parte de los cuerpos policiales, ni cambios en la investigación del delito.
    Como tercer frente, el presidente Saca anunció a finales de 2006 la creación de una Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, conformada por representantes de sectores productivos, políticos y educativos. La tarea de esta comisión sería diseñar recomendaciones en torno al tema. 
    De todas las medidas impulsadas por Saca antes reseñadas, la última parece ser la más sensata y eficaz, pues tras un proceso de análisis, esta comisión ha presentado un documento con al menos 75 recomendaciones pertinentes.

Las propuestas de la comisión
    Después de meses de trabajo, la comisión emitió un informe con recomendaciones no vinculantes, mismas que quedan a discreción del gobierno, para que este las retome y convierta en políticas públicas. El resultado de la comisión es en sí mismo ya un aporte en tanto presenta de manera sistematizada algunas medidas.
    En ese sentido, el informe elabora 7 grandes líneas estratégicas. Con ellas se busca cubrir áreas importantes como la prevención, atención y control de la violencia. A grandes rasgos, la propuesta de la comisión se focaliza en las siguientes líneas estratégicas: la prevención de la violencia, el mejoramiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad, la necesidad de información, transparencia y rendición de cuentas, el mejoramiento de los recursos humanos, la coordinación intra e interinstitucional, el diseño de normativa penal y procesal coherentes, así como una aplicación efectiva de las mismas; y, finalmente, mayor disposición de recursos financieros para las instituciones de la rama.
    Entre los grandes aciertos de la comisión deben destacarse tres en particular. Primero, la visión estratégica y amplia sobre el tema, pues el documento formula una visión de país a futuro, así como un diagnóstico certero sobre la realidad e la violencia y criminalidad en el país. 
    Segundo, el esfuerzo por proponer medidas como la creación de un sistema de información uniforme sobre la criminalidad, así como indicadores precisos para medir, entre otras variables, el posible impacto que las recomendaciones alcanzarían una vez convertidas en acciones gubernamentales.
    Finalmente, el énfasis marcado en la prevención de la violencia y el trabajo aún pendiente con la juventud en torno al tema. Resulta fundamental que los jóvenes sean tomados en cuenta dentro de esta formulación. De hecho, una de las principales recomendaciones de la comisión es aquella referida a la participación ciudadana. Si bien el documento señala la necesidad de crear capital social en el país, la población aún no tiene del todo un papel protagónico en el diseño de estas medidas.
    De la misma forma, deberá incluirse el trabajo y experiencia de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la temática. Este esfuerzo se quedaría corto, asimismo, tal como el informe señala, si no pasa por todos los niveles de gobierno del país. Así, la participación local se hace urgente en el combate a la violencia y criminalidad. El informe, de hecho, menciona el necesario papel de las municipalidades, sin embargo, estas deben tener mayor participación en el diseño e implementación de la política integral, que se esperaría como resultado de este informe.
    Si bien el trabajo de la comisión debe considerarse un aporte valioso, vale recordar que las recomendaciones emitidas no son vinculantes, por lo cual, habrá que esperar cómo el gobierno retoma los planteamientos y los traduce de manera directa en política pública. Para que ello ocurra, se requiere no sólo voluntad política y capacidad financiera, sino una visión estratégica y a largo plazo, que permita ejecutar una política integral en esta materia, misma que no debe responder a los intereses partidistas en juego.
    Con temas delicados como la seguridad de la población, los institutos políticos tratan de jugar sus cartas a favor. Por lo cual, no debe extrañar que en la agenda gubernamental, el tema de la seguridad ciudadana haya cobrado tal relevancia no sólo por la gravedad de la situación actual, sino por la ganancia política que le brindaría al gobierno.
    Al mostrarse preocupado por resolver los problemas de inseguridad de la población, ARENA obtendría una imagen favorable entre la población, fácilmente conmutable en apoyos electorales en 2009. De confirmarse lo antes expuesto, se cumpliría la sentencia que dicta que los partidos políticos no gobiernan para legislar, sino legislan para gobernar.
    Así las cosas, los funcionarios del actual gobierno saben que la seguridad pública es un tema redituable. Por ello, y de cara a 2009, las entidades gubernamentales se han mostrado interesadas, en los últimos meses, por tratar de resolver el clima de violencia e inseguridad imperantes en el país. Incluso, no será de extrañar en el futuro próximo que la seguridad tenga un peso importante en las campañas electorales, en las propuestas programáticas y promesas de los partidos en contienda.
    Por hoy, el gobierno posee un instrumento útil y necesario que le permitirá diseñar una política sensata, creativa, integral y efectiva para contrarestar la violencia y la criminalidad. La herramienta está, pues, ya al alcance, solo resta esperar la voluntad necesaria para implementar los cambios planteados.

Red Solidaria: un paliativo a los estragos de la política económica

    La semana pasada, la Secretaría Técnica de la Presidencia y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local presentaron un documento que contiene los avances del programa gubernamental Red Solidaria. En el mismo se destacan la evolución de algunos indicadores sociales en las zonas rurales en los años 2005 y 2006, al tiempo que se plantean nuevos retos para mejorar las condiciones —infraestructura, vivienda, agua, electricidad, educación— de las zonas más pobres del país.
    Según lo expresado por Cecilia Gallardo, coordinadora del área social de la Presidencia, Red Solidaria ha beneficiado mediante bonos de educación y salud a 24 mil familias. Cifra que, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2005, representa sólo el 1.44% del total de familias salvadoreñas. También la funcionaria dijo que 170 mil habitantes se beneficiaron gracias a la inversión en infraestructura, educación y  salud. En estas dos últimas áreas, se incrementó la tasa de matricula en parvularia y también los controles infantiles en la red de salud pública.

La “filosofía” de Red Solidaria
    Desde la perspectiva gubernamental, desde 1992 ha sucedido una reducción en los niveles de pobreza extrema y relativa. Los avances más fuertes acaecieron durante los años noventa, cuando en el periodo 1992-1995 se registraron las mayores tasas de crecimiento económico de la postguerra. No obstante, después de 1999, las bajas tasas de crecimiento fueron insuficientes para avanzar rápidamente en la lucha contra la pobreza. Es más, en 2004, alguno estudios oficiales y el mismo programa presidencial del otrora candidato Elías Antonio Saca hacían alusión a la existencia en el país de “focos duros de pobreza”. Con ese término se identificaba al grupo de familias que no habían sido beneficiadas por el crecimiento económico de años anteriores y que, con dificultad, podían mejorar sus condiciones de vida debido a su bajo nivel educativo y la carencia de servicios básicos en sus comunidades.
    El plan de Red Solidaria  consiste en ejecutar una ayuda focalizada que integre las inversiones públicas de educación, salud e infraestructura para sacar de la miseria a las familias que conforman los “focos duros de pobreza”. El plan tiene de trasfondo la aceptación tácita de que la política económica y la política social de los últimos gobiernos de ARENA ha sido incapaz de mejorar las condiciones de vida de las familias más pobres —especialmente la de las zonas rurales—.
    La finalidad de Red Solidaria —desde la perspectiva técnica— es que en el mediano y largo plazo las familias beneficiadas amplíen sus oportunidades de desarrollo con miembros con mayor nivel educativo —por ende, con una mayor productividad laboral— y mejores condiciones de vida —carreteras, proyectos de introducción de agua potable y de salud pública—. Desde una perspectiva más amplia, se trata de preparar y capacitar la mano de obra del campo para actividades económicas diferentes a las que ha realizado tradicionalmente. Esto no es malo, no obstante, es interesante notar que hay un esfuerzo por acercar la mano de obra a los mercados más desarrollados, aún cuando en ellos haya una gran cantidad de abusos contra los trabajadores —paga de bajos salarios, la falta de servicios de previsión social, entre otros—. En el peor de los casos, a mercados que tienen empresas poco dinámicas y que, por lo tanto, no demandan necesariamente mayor cantidad de mano de obra o que, para ser competitivas, recurren a la paga bajos salarios.
La incongruencia entre la política económica y la política social

    La política económica de ARENA se ha centrado en la apertura comercial, el comercio exterior y las privatizaciones, y ha olvidado la planificación de la política educativa y de fomento industrial para que son el soporte de una visión integral de desarrollo. Al contrario, primero se desmantelo la protección arancelaria del aparato productivo sin que éste se encontrara apto para competir en el campo internacional por su poca tecnificación, bajo nivel de productividad laboral y, especialmente, por una tasa de retorno de capital elevada que dependía fundamentalmente de las inversiones de corto plazo y no de inversiones en actividades productivas de largo plazo. Esto explica, en cierta forma, el auge económico en un periodo de los años noventa y la rápida desaceleración en que sucumbió la economía posteriormente.
    Mientras esto sucedía, aumentó la carestía de la vida y el nivel de desempleo, al tiempo que los sectores agrícola e industrial atravesaron un fuerte estancamiento. En este panorama, la política social tuvo un rol que consistió en mitigar —y no solucionar— las duras condiciones de vida de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. En esta línea se enmarca Red Solidaria, un programa de ayuda social que enfrenta los efectos perversos de la política económica.
    El desarrollo del país depende de la coherencia entre la política económica y la social. No obstante, el gobierno aún no ha comprendido que la cada vez mayor erogación de recursos en la política social depende de los resultados perversos de la política económica. Para enfrentar adecuadamente el problema se debe articular en forma adecuada la política económica y la política social; que gracias la primera haya acceso a más y mejores fuentes de empleo al tiempo que se obtengan los recursos necesarios para realizar fuertes inversiones sociales.
En el país el modelo económico está agotado porque no genera más y mejores fuentes de empleo que estén acorde al crecimiento de la oferta laboral. Tampoco se obtiene a través de la política fiscal los ingresos suficientes para realizar las inversiones sociales que requiere urgentemente el país. La solución ante tales problemas son la migración, el empleo informal y el endeudamiento público para “sacar a flote” la política social.

El éxito de Red Solidaria
    Mientras la política económica no se articule adecuadamente con la política social, esta última solamente dará paliativos a los problemas que genera la primera. De hecho, Red Solidaria es una reacción a los desequilibrios sociales generados por un modelo de crecimiento que beneficia tan sólo a una minoría de la población. Visto desde esta perspectiva, resulta evidente que haya amplios sectores de la población con un bajo nivel de ingresos y condiciones de vida austeras, pues más del 50% del ingreso nacional beneficia a sólo el 20% de la población. Resolver este problema con una política de “ayudas” que no está acompañada por medidas económicas de reasignación de ingresos —acceso a empleo para la población más pobre, mejores salarios, prestaciones sociales y una política fiscal menos regresiva— es algo ilusorio.
    Además, el éxito de Red Solidaria depende en gran medida del nivel de absorción de mano de obra por las empresas. Hay que recordar que la medida está preparando a niños y jóvenes que tarde o temprano tendrán que insertarse en el mercado laboral. Sí los niveles de inversión son bajos, la economía no crece y los mercados son poco dinámicos, difícilmente la nueva fuerza de trabajo podrá insertarse exitosamente en el mercado. Y es que hay que entender que la política gubernamental sólo opera en el campo de la oferta, pues la mayor cantidad de demanda de trabajo depende del sector privado. Así, no bastan los tratados de libre comercio y las políticas de promoción de inversiones si estás no se ven acompañadas por un compromiso del sector privado por ofrecer mejores salarios y las prestaciones sociales adecuadas.

Hablar de terrorismo en El Salvador
    Desde Julio de 2006 hasta la fecha, diferentes actores políticos como el ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, y el presidente de la República, Elías Antonio Saca; gremiales como la Asociación de la Empresa Privada (ANEP);  y grandes medios de comunicación se han encargado de difundir el término terrorismo a diestra y siniestra sin medir las consecuencias que esto puede acarrear a la sociedad salvadoreña.
    Hablar de terrorismo es sumamente difícil, confuso y delicado debido a la amplitud y subjetividad del término. Un estudio realizado por el ejército estadounidense en 2003 afirma que existen más de 100 definiciones de terrorismo. En este sentido, categorizar o tipificar determinados actos como “terroristas” requiere tener claro cuándo, cómo y por qué se le debe llamar terrorismo. En esta misma línea, el Relator Especial de la ONU para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales contra el Terrorismo, Martin Scheinin, afirma que no existe un acuerdo sobre una definición integral y universal de terrorismo.
    Según él relator esto acarrea problemas en muchísimos países —como sucede en El Salvador—, que utilizan el concepto de terrorismo para respaldar intereses políticos mediante la estigmatización de sus opositores, lo cual toma muchas formas –entre las cuales se incluyen actos vandálicos aislados e individuales— que el gobierno utiliza para marcar a grupos, organizaciones, movimientos políticos y sociales como terroristas sin base alguna. Esa es una forma, y otra es aquella en que un gobierno simplemente trata de neutralizar a sus opositores al llamarlos terroristas, aunque jamás hayan llevado a cabo un acto de terrorismo. Esos dos casos se refieren al abuso generalizado del concepto de terrorismo.
    Por otro lado, especialistas en derechos humanos, como Mario Morales, y líderes religiosos, como Monseñor Gregorio Rosa Chávez, han considerado que la palabra “terrorismo” es un término que en su uso ha devenido en un concepto meramente propagandístico para descalificar a un rival político (el FMLN) más que definir una situación de forma objetiva.
    Sin claridad internacional y nacional sobre el término terrorismo en septiembre de 2006, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley antiterrorista. Esta ley supone medidas más drásticas y represivas que las ya establecidas en los códigos penal y procesal penal. Hay muchos que piensan que la Ley antiterrorista será un fracaso al igual que los planes “Mano dura” y “Súper mano dura”, que lo único que reflejan son abusos constitucionales y afanes represivos de todo tipo.
    Por ejemplo, Oscar Humberto Luna, a escasos 10 días de haber sido juramentado Procurador de los Derechos Humanos, se pronunció porque la Asamblea Legislativa revise la Ley antiterrorista, debido a que considera la normativa inaplicable en casos como el suscitado en Suchitoto. Luna considera que un acto de terrorismo involucra otros elementos más allá de una simple manifestación. También el  Procurador General de la República (PGR), Gregorio Sánchez Trejo, argumentó que el objetivo de esta ley es reprimir conductas que atentan contra la seguridad; sin embargo, consideró que las penas son demasiado severas respecto de las actuaciones perseguidas. Por su lado, el Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, se limitó a decir que las manifestaciones públicas que incluyen vandalismo difieren mucho de la expresión popular genuina, pero reconoció que la Ley antiterrorista es “un poquito exagerada a una connotación químicamente pura a nivel del terrorismo nacional o internacional”.

Terrorismo
    Para efectos de comprensión, en este caso, se definirá el término terrorismo desde cuatro áreas distintas: jurídico, político, militar y de Estado, para validar su inaplicabilidad en el país. Desde la primera –de tipo jurídico—, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Osorio, dice que el terrorismo se asocia con actos de violencia en contra de la persona, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, los poderes públicos y el orden constitucional. En otras palabras, Osorio considera como actos de terrorismo aquellos mediante los cuales infrinjan los derechos y garantías de seguridad de los ciudadanos y de propiedad, sea está, pública o privada.
    Desde la política, no existe una definición concreta sobre el terrorismo; sin embargo, en el país es utilizado el término para referirse a prácticas violentas en contra de personas indefensas. Esta acepción se acerca a la de tipo militar: hablar del término militarmente implica tomar en consideración una serie de actos de violencia destinados a infundir terror por medio de la eliminación de personas. El terrorismo logra su finalidad a través de la aplicación de una metodología activa y esencialmente violenta.
    Por último, al terrorismo de Estado se le entenderá como el uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de amenazas y represalias, con el fin de imponer obediencia en la población. Las formas más desarrolladas de terrorismo de Estado, para las que el término fue inventado, han sido la práctica de terror desde el poder bajo regímenes militares o militarizados, incluso aunque se cobijen bajo el manto de una democracia formal. Estos regímenes se caracterizan por una clara manipulación mediática, la imposición ideológica partidaria y la exigencia de obediencia  a las medidas de fuerza impulsadas por el Estado.
    Al leer los conceptos anteriores se puede observar un elemento en común, que no es otra cosa que la aplicación de la fuerza por parte de quienes tienen el poder para hacerlo. No obstante, estos conceptos se caracterizan por ser generales y por adjudicar calificativos peyorativos a delitos hasta cierto punto comunes —manifestaciones, protestas, cierres de calles— en los distintos países del mundo. En otras palabras, no se puede llamar terrorista a un ciudadano que le exige al Estado gobernar en función del bien común, aún y cuando esa exigencia supusiera el cierre de una calle o una avenida; en todo caso, estaría infringiendo el paso vehicular y peatonal, pero no está atemorizando a la sociedad en su conjunto ni lo pretende.
    Además, la experiencia muestra que en El Salvador,  para ser escuchado, se necesita hacer ruido, es decir,  interrumpir las actividades cotidianas. El ruido es una  característica prevaleciente en cualquier protesta en el ámbito nacional o internacional. Por ejemplo, los paros parciales que han realizado diferentes rutas del transporte colectivo en el transcurso del año son formas de hacer ruido. Es ruido lo que hacen los opositores a la globalización en los foros económicos mundiales
    En síntesis, el terrorismo del que habla la extrema derecha y que ha sido secundado por la prensa escrita —con expresiones como “terrorismo urbano” o “ataque al estilo de los comandos”— es una creación suya. En este sentido, habría que hacer una seria reflexión sobre el terrorismo si en verdad el objetivo del Estado salvadoreño y de los medios de comunicación no es atemorizar a la población, sino garantizar la estabilidad de la sociedad.

Democracia para quién

    La derecha en este país; es decir, ARENA, los grandes empresarios y la mayoría de medios de comunicación (escritos, radiales y televisivos) parece estar sumamente preocupada por las próximas elecciones de 2009. Por ello, cualquier acción por deslegitimar el actuar de las organizaciones sociales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o del mismo Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) se ha vuelto una estrategia a seguir.  Esto ha quedado demostrado a raíz de las capturas arbitrarias y con exceso de fuerza policíaca el pasado 2 de julio en el municipio de Suchitoto.
    Sin embargo, el Ejecutivo se ha visto en serios aprietos para lidiar con esa estrategia de la derecha y el respeto por los derechos humanos y con el discurso de construir una sociedad en democracia. Ahora, está claro que el procedimiento de captura y enjuiciamiento de las personas capturadas carecen de fundamento legal. En ese sentido, los tribunales especiales creados para combatir el crimen organizado y delitos graves han sido utilizados para jugar a la estrategia de la derecha contra el movimiento social.
    Por otro lado, la factura que dicha estrategia puede cobrarle a ARENA es grande. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la publicidad, que ha mantenido en altos niveles de popularidad al presidente de la República, Antonio Saca, se ha visto en peligro por la presión de diferentes organizaciones, embajadas e instancias del mismo Estado como la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La respuesta a esta situación por parte de los encargados de la Seguridad Pública en el país ha sido ridícula e irracional.

¿Disentir con el gobierno es igual a ser terrorista?
    La respuesta a la pregunta planteada obviamente es no. Según los informes de Tutela Legal del Arzobispado y de la PDDH, lo que sucedió en Suchitoto fue una legítima y constitucional manifestación en contra de una política gubernamental. La brutalidad fue puesta por la policía al reprimir a las personas manifestantes. Además, el uso de la Fuerza Armada constituyó una grave violación a los Acuerdos de Paz, en donde se estableció que las fuerzas militares no tienen que intervenir en acciones internas de seguridad pública, mucho menos, para reprimir manifestaciones, tal como lo hicieron en años anteriores y en la guerra civil de los años ochenta.
    Estas violaciones de parte del Estado no fueron tomadas en cuenta por la Jueza Especial contra el Crimen Organizado, Ana Lucila Fuentes de Paz, para quien las personas capturadas cometieron actos de terrorismo. Las pruebas para cada una de ellas son las siguientes:

Lista de personas detenidas acusadas de terrorismo.

Fuente: La Prensa Gráfica 19.07.07

    Lo más grave de las acusaciones no solamente es el ridículo en el que caen las autoridades con identificar como acto de terrorismo el hecho de lanzar una piedra contra un agente de la Policía o cerrar una calle, sino la arbitrariedad estatal. Por ejemplo, los mismos agentes de la Policía Nacional Civil se han convertido en testigos de los hechos en el proceso. En el caso de Martha Lorena Araujo Jiménez, presidenta de la  Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), a quien se le acusa de colocar piedras y palos sobre la calle, fue capturada por la Policía mientras se conducía en un vehículo junto a otras tres personas hacia Suchitoto. Incluso el Canal 2 de la Telecorporación Salvadoreña (TCS) transmitió la captura arbitraria. Pero para Lucila Fuentes de Paz, tuvo más credibilidad la palabra del agente Jiménez que el mismo video. 
    El día 19 de julio, La Cámara Especializada de lo Penal decretó libertad condicionada a cuatro de las 13 personas detenidas: José Ever Fuentes, Sandra Isabel Guatemala y Beatriz Eugenia Nuila González y a la periodista institucional, María Haydée Chicas, encargada de comunicaciones de CRIPDES. Juan Carlos García, abogado defensor, aseguró que estas personas seguirán en el proceso y se tendrán que presentar cada 15 días a los juzgados y no salir fuera del país como medidas sustitutivas a la detención. Sin embargo, esta resolución no fue totalmente aceptada por el grupo de defensores. Al respecto, Karla Albanés, también defensora, dijo que no entendían el fallo porque resulta contradictorio, ya que todos los procesados están bajo los mismos cargos de actos de terrorismo. “Vamos a conseguir tarde o temprano la libertad de nuestros clientes, de esas presas y presos políticos. Vamos a pedir a la ONU que ellos se pronuncien, esperamos que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se pronuncie por el habeas corpus que presentamos días anteriores”, aseveró Albanés. Por su parte, Haidée Chicas expresó su preocupación por el mensaje que este tipo de hechos transmiten: “Para mi que es una represión, independientemente de lo que seas, están saliendo a las calles a reprimir y ahora ya la están tomando en contra de los periodistas también. Ahora fui yo, mañana no sabemos quién puede ser, porque todos estamos expuestos”.

¿Y la democracia?
    El actuar del Ejecutivo en este caso ha significado un retroceso en la construcción de la democracia. Así lo señalan incluso ONG’s internacionales cooperantes de El Salvador en una carta enviada a diferentes embajadas alrededor del mundo: “Estamos preocupados por que estos hechos, que distan mucho del espíritu y de la letra consignados en los Acuerdos de Paz, contribuyen al aumento de la polarización social, y por el retroceso que representan frente al proceso de democratización del país, en especial la aplicación de leyes y tribunales especiales que debilitan gravemente las garantías jurídicas de la ciudadanía”. Pese a este tipo de llamados, el presidente Saca, ante la presión por haber juzgado de “terroristas” a los manifestantes, informó que sus Ministros encargados de la Seguridad Pública, presentarán reformas al Código Penal en lo concerniente a desórdenes públicos y a obstruir el libre tránsito, a fin de aplicar condenas más severas que las actualmente estipuladas. “No estamos hablando de poner sanciones que tengan que ver o equipararse a la Ley Antiterrorista. Estamos hablando de que ese delito no sea excarcelable. Eso significa que la gente esté clara, que si comete un desorden público, que si daña la propiedad privada, que si daña el sagrado derecho a la libre circulación de las personas, tiene que pagar por ese delito.”, dijo Saca. Esto se da en el contexto de la discusión por cambiar de actos de terrorismo a desórdenes públicos la acusación contra las personas capturadas en Suchitoto,
    Si hay un discurso que a lo largo de estos últimos años se ha escuchado en boca de la mayoría de políticos es que el país debe evitar cualquier tipo de dictadura y, por tanto, el desafío es construir un Estado democrático. Sin embargo, con hechos como el caso de Suchitoto, queda en evidencia que lo más importante para la derecha no es la democracia, sino mantenerse en el poder a como dé lugar. Si eso implica violar la Constitución, los Acuerdos de Paz, tratados internacionales sobre derechos humanos, y traicionar el discurso de la democracia, no les importa.
   
El Salvador:
Manifestantes víctimas de legislación antiterrorista

    Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación ante el uso de legislación antiterrorista en contra de trece manifestantes y dirigentes de organizaciones sociales. La reacción de las autoridades parece reflejar un uso indebido y desproporcionado de la Ley Especial contra Actos de  Terrorismo, aprobada en septiembre de 2006 por la Asamblea Legislativa.  En este contexto, la organización teme que las detenciones hayan sido impuestas para sancionar a las personas por haber participado en actos de protesta legítimos y para inhibir futuros actos similares.
    El 2 de julio de 2007, durante protestas en Suchitoto ante el inminente anuncio por parte del Presidente Elías Antonio Saca de una política nacional de descentralización, incluyendo los servicios de agua y otros, los manifestantes fueron reprimidos por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos. Según informes, alrededor de 30 manifestantes fueron detenidos, incluyendo cuatro miembros de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) mientras se dirigían hacia el lugar de la manifestación. Posteriormente, varios de los detenidos informaron haber sido objeto de malos tratos físicos y sicológicos durante la detención y traslado a cuarteles policiales.
    Según las normas internacionales de derechos humanos, ésta era una manifestación legítima. Es por esto que preocupa a Amnistía Internacional la aplicación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo a los acusados. También existe preocupación por la situación actual de los trece detenidos ya que estarían recluidos junto a presos ya condenados - muchos de ellos por crímenes violentos.
    Amnistía Internacional reconoce el derecho y la responsabilidad de las autoridades de tomar las medidas necesarias para mantener el orden público, pero siempre que ejerzan sus funciones sin contravenir las normas internacionales de derechos humanos que el Estado salvadoreño tiene el deber de respetar. Amnistía Internacional hace notar que frente a situaciones en que se invoca la lucha contra el terrorismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos regionales e internacionales, ha instado a los Estados miembros a “tener en cuenta los compromisos pertinentes en virtud de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que están obligados”. 1
    El dictado y aplicación de disposiciones como la Ley Especial contra actos de Terrorismo, en la medida en que contravienen preceptos sobre derechos fundamentales, constituirían una suerte de abuso normativo al destinarse a criminalizar hechos y personas de modo injustificado.
Amnistía Internacional hace un llamado urgente a las autoridades para que actúen ateniéndose a las normas internacionales de derechos humanos - cuya aplicación prevalece según el artículo 144 de la Constitución salvadoreña - y emprendan investigaciones prontas, imparciales, objetivas e integrales. En atención a todo ello Amnistía Internacional considera que corresponde dejar sin efecto todos los cargos que impliquen menoscabo al ejercicio legítimo de derechos fundamentales y disponer la libertad de los imputados con dichos cargos.
13 de julio de 2007

1 Primera recomendación del documento de la Comisión Interamericana titulado “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos” (OEA/Ser.L/V/II 116, Doc. 5 rev. 1 corr. Octubre de 2002)

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
“Por el pleno respeto a los derechos y garantías fundamentales de todas y todos los salvadoreños”

1. CASO SUCHITOTO

    Ante los incidentes ocurridos en el municipio de Suchitoto, el día 2 de julio de 2007, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Oscar Humberto Luna, de conformidad con las atribuciones conferidas en su mandato constitucional, declara:

A.            AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA:
    Que las actuaciones de los miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) Y del Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) que participaron en la disolución de las protestas en el mencionado municipio fueron ilegítimas, ya que los agentes inobservaron los principios que rigen el uso de la fuerza, los cuales están señalados, tanto en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, en los Principios Básicos sobre el Empleo de la fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios de Hacer Cumplir la Ley, ambos de las Naciones Unidas, la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil y el Código Procesal Penal. Esta actuación de la PNC constituye una violación al derechos a la integridad personal de los manifestantes y de quienes habitan o se encontraban en los alrededores de los lugares afectados.
    Que los vejámenes que sufrieron las personas detenidas al momento de ser capturadas, cuando fueron trasladadas a las sedes policiales donde se les resguardo inicialmente y cuando estuvieron bajo custodia de la PNC, constituyen tratos inhumanos prohibidos por el Derechos Internacional de los Derechos Humanos, del cual El Salvador es Parte.
Que la presencia de efectivos de la Fuerza Armada en el lugar de los incidentes narrados en el Informe, es una grave señal de que la misma podría estar siendo utilizadas para fines diferentes a los señalados en la Constitución de la República.
    Que la aplicación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo al caso descrito en este Informe, constituye violación al debido proceso, específicamente al Principio de Legalidad y una violación a las libertades públicas de expresión, asociación y manifestación.
    En base a su mandato constitucional, el señor Procurador emitió recomendaciones a las instancias estatales pertinentes, a efecto de restituir los derechos violados y evitar que sucesos como éste vuelvan a suceder.
    Esta Procuraduría no puede ignorar que la respuesta de algunos manifestantes a la acción de la Policía también fue inapropiada, ya que no es aceptable que los ciudadanos ataquen con piedras y otros objetos contundentes a la PNC, por muy arbitraria que su actuación les parezca.

B.            A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL PAÍS:
    El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos hace un llamado a los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, principalmente a las organizaciones sociales de todo El Salvador, a que hagan un responsable ejercicio de las libertades de asociación y manifestación y procuren, en lo posible, evitar responder con violencia ante cualquier actuación de las autoridades que consideren injusta o arbitraria. Asimismo, exhorta a todos los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador a que, cualquiera que sea nuestro rol o actividad dentro de la sociedad, antepongamos la tolerancia y busquemos los medios legalmente permitidos para exigir el respeto de nuestros derechos y libertades.

2. “CASO CÁRCEL DE MUJERES”
    El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos emitió sus consideraciones sobre los hechos sucedidos el 6 de junio de 2007 en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, conocido como “Cárcel de Mujeres”
    El Titular de la PDDH lamentó los hechos sucedidos en este centro de Readaptación y expresó su profunda preocupación porque los registros indecorosos y violatorios a la dignidad humana han ocurrido y continúan sucediendo en las prisiones del país, en perjuicio no sólo de las personas privadas de libertad, sino de sus familiares, sin distinción de edad; por tanto hace un llamado a las autoridades encargadas de dirigir el Sistema Penitenciario, para que cumplan la Ley Penitenciaria, respeten los derechos de los y las internas y de quienes los visitan y realicen las acciones que están a su alcance para hacer de este Sistema la verdadera herramienta de readaptación de quienes han infringido la Ley Penal, que exigen nuestra Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.