Proceso 1249

Preocupante escenario nacional
 
    En la actual coyuntura que vive el país —abierta prácticamente con los sucesos del 5 de julio de 2006— distintos ejes de conflicto, ya insinuados con anterioridad, se están manifestando con particular fuerza, dando pie a un clima de graves tensiones socio-políticas que podrían ser el preámbulo de un espiral de violencia de trágicas consecuencias para la sociedad salvadoreña. La exacerbación de los ánimos, la intransigencia, el fanatismo y la manipulación no contribuyen en nada al enfriamiento de las tensiones; al contrario, las calientan y sobredimensionan, impidiendo que las necesarias dosis de prudencia y  moderación se abran paso y marquen las pautas del debate público. Ahora mismo, ese debate casi se ha hecho imposible, porque lo que predomina son los discursos excluyentes y maniqueístas, según los cuales la realidad social se divide en buenos y malos, amigos y enemigos, demócratas y comunistas, terroristas y no terroristas.
    En estos momentos, quienes están imponiendo su voz son los que han hecho una apuesta por la polarización socio-política, de la cual esperan obtener beneficios particulares, sin importar los costos que ello pueda tener para la convivencia social entre salvadoreños y salvadoreñas. En la misma medida, se echan de menos la prudencia y la moderación, sin las cuales no sólo es imposible desactivar el tenso escenario socio-político, sino que —más allá de eso—, es inviable cualquier proyecto de nación mínimamente democrático. 
Ahora bien, la moderación y la prudencia no deben ser vistas como un mecanismo de evasión o como la búsqueda de una pretendida neutralidad valorativa. Y es que es demasiado grave la situación de El Salvador como para andar con evasiones o asepsias academicistas. Ser moderados y prudentes no quiere decir no asumir una postura crítica ante los problemas del país y ante los actores involucrados en la tensa coyuntura actual, así como de búsqueda de las mejores soluciones para la sociedad salvadoreña en su conjunto. En otras palabras, la moderación y la prudencia no excluyen la “toma de partido”, pero no por un sector político determinado, sino por la mayor parte de la sociedad, desde la cual —desde lo que más le conviene a ella— se deben juzgar —entre otros dinamismos— el ejercicio político-partidario, la gestión gubernamental, el desempeño institucional y el rol de los medios de comunicación.     
    En este sentido, la actual coyuntura nacional exige una lectura crítica de los principales elementos que llevaron a su configuración. Y esto supone asumir, como punto de partida, que en la misma confluyen varios dinamismos que se fueron perfilando a lo largo de la postguerra, se hicieron evidentes en el último periodo de Francisco Flores y han marcado con particular fuerza la vida nacional desde la llegada al Ejecutivo, en 2004, del presidente Elías Antonio Saca. Esos dinamismos  son los que han hecho eclosión en el momento actual, saliendo a relucir sus aristas más perniciosas e incontrolables.  
    En efecto, en el último periodo de Francisco Flores —prácticamente durante los dos últimos anos de su gestión presidencial—, el ejercicio autoritario del poder estatal se hizo sentir de manera abierta en la vida nacional, concretamente en el ámbito de la seguridad pública. El plan “Mano dura” puso de manifiesto el encarrilamiento del Estado en la lógica de la coerción y del uso de la fuerza, que inicialmente tenía como uno de sus objetivos el combate de las pandillas, pero cuyos propósitos se enmarcaban en una visión más amplia de la “seguridad nacional”, al estilo de los regímenes autoritarios que asolaron a América Latina en las décadas de los anos sesenta y setenta. Este esquema de seguridad pública de corte autoritario fue heredado por el gobierno de Flores al gobierno de Elías Antonio Saca. Pero Saca no sólo recibió eso de su predecesor: también recibió de Flores y su equipo una visión de la oposición política de izquierda como un obstáculo a ser eliminado o, cuando menos, sorteado por los medios que fueran necesarios; del movimiento social como algo no sólo ilegítimo, sino que no debía ser tolerado bajo ninguna circunstancia; y del propio mandato presidencial como algo que estaba por encima de las leyes de la República, la responsabilidad pública y la ética cívica.         
    El “caso Belloso” se ha convertido en la mejor oportunidad para medir la eficacia de los mecanismos autoritarios más sucios forjados previamente y no utilizados en todo su alcance hasta entonces. La captura de Belloso ha servido para muchas cosas. Primero, para alimentar el discurso antiterrorista del gobierno, lo cual ha supuesto convertir a Belloso en el terrorista por excelencia. Segundo, para articular las actividades que se le atribuyen —tener y portar armas de fuego, participar en protestas públicas, conspirar contra el gobierno, manipular e indoctrinar ideológicamente a grupos de jóvenes— en una estrategia más global de desestabilización del país, de la cual serían parte integrante tanto el movimiento social como el FMLN, este último principal responsable de la mencionada estrategia desestabilizadora. Y, tercero, crear un ambiente de legitimidad para las medidas de fuerza que irremediablemente se van a ejercer en contra del movimiento social, etiquetado como terrorista y desestabilizador.      
    En un escenario como este, la apuesta por la democracia se convierte en un imperativo no sólo político, sino ético. Y esa apuesta obliga a un compromiso, primero, con la desactivación de las actuales tensiones socio-políticas —las cuales no sólo son alimentadas por el gobierno y las grandes corporaciones mediáticas, sino también por el FMLN—, y, segundo,  con la desarticulación del andamiaje autoritario que la derecha y ARENA han diseñado y que, en estos momentos, el gobierno de Saca ha puesto a funcionar de forma abierta. 

La protesta social según ARENA
   
    Hace un año, una protesta de estudiantes en los alrededores de la Universidad de El Salvador terminó en un enfrentamiento entre miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y algunos supuestos estudiantes. A un año del suceso, Mario Belloso, acusado de asesinar a dos policías durante los disturbios, ha sido capturado, lo cual ha sido aprovechado por el gobierno para emprender una campaña mediática en contra del FMLN y  exaltar la imagen de la corporación policial.
    Hace un año, también, dos conocidos militantes del FMLN fueron asesinados en Suchitoto, sin que las autoridades respectivas iniciaran el debido proceso de investigación, pese a las posibles connotaciones políticas del homicidio. Justo en este municipio, el presidente Saca anunció, el 2 de julio de 2007, su propuesta de descentralización del servicio de agua. Este acto bien puede entenderse como una provocación de parte del gobierno, a fin de restarle importancia al referido homicidio, tal como ocurre cuando ARENA inicia sus campañas electorales en Izalco, donde ocurrió una de las peores masacres de la historia salvadoreña.
    El acto presidencial, en Suchitoto, trascendió debido a la represión que diversos manifestantes, que expresaban su desacuerdo con el acto oficial y las medidas anunciadas, padecieron de parte de cuerpos policiales.
    A simple vista, entre ambos casos no hay algún factor común. Sin embargo, la captura mediática de Mario Belloso y la arbitraria y violenta intervención de la UMO en Suchitoto cristalizan, en buena medida, el proceder de las entidades gubernamentales cuando se trata de lidiar con la protesta social y, además, de sacar ventajas políticas de tales hechos. Con estas acciones, el gobierno logra generar un clima favorable para obtener réditos electorales y desprestigiar a la oposición política.

El símbolo mediático
    En el caso de Belloso, las entidades gubernamentales se han encargado de tomar el suceso como experiencia ejemplarizante para el país, al punto de pecar de alarmistas al insinuar el daño que estas acciones le generan a la democracia y a la convivencia social. Si bien es cierto que la violencia debe quedar al margen de la política, sobre todo a partir del cese a la guerra en 1992, un acto de violencia aislado no puede considerarse como signo inequívoco de un retroceso o, peor aún, de un ataque a la democracia.
    En primer lugar, porque en nuestro país la democracia, pese a discursos grandilocuentes, aún es una aspiración; en su lugar, existen mecanismos procedimentales de elección de los gobernantes —nuevas reglas del juego— y una institucionalidad frágil, ambos aspectos insuficientes para nombrar democrático a un sistema político como el nuestro.
    En segundo término, la convivencia social no solo se ataca mediante el uso de la violencia, pues el tejido social salvadoreño es víctima de la ineficacia e ineficiencia gubernamentales, la corrupción, la escasa tolerancia, la negativa al diálogo y otras prácticas frecuentes entre los políticos nacionales, sin importar su signo ideológico.
    Así, pues, rasgarse las vestiduras por un acto aislado y presentarlo ante la opinión pública como una muestra de las acciones de la oposición política no es más que una campaña sucia. A ello se suma el manejo sesgado de la captura de Belloso, utilizada por las autoridades policiales para hacer parecer que cumplen su trabajo a con eficacia. Sin embargo, los efectos de estas estrategias se ven minados por el clima de inseguridad generalizado y la tasa diaria de homicidios, una realidad inocultable.
    De la relación de Belloso con el FMLN en el pasado no se deduce, automáticamente, que el partido de izquierda haya estado involucrado en los sucesos del 5 de julio. Para ello, es necesario que se lleven a cabo las investigaciones y el debido proceso de juzgamiento, tareas que deberán quedar fuera de cualquier manipulación partidista.

Autoritarismo y represión 
    La represión a los manifestantes de Suchitoto, por su lado, deja en claro más errores gubernamentales que aciertos. El acto de descontento se desarrollaba de manera pacífica, hasta que los cuerpos policiales iniciaron la represión, bajo la excusa de que los manifestantes entorpecían el acto oficial del gobierno.
    En ese sentido, vale recordarles al mandatario y a los funcionarios que el ciudadano tiene el derecho legítimo a manifestar su opinión con respecto a la gestión gubernamental. En otras palabras, bajo el esquema ideológico de la derecha, el ciudadano tiene la libertad para expresar su desacuerdo, siempre y cuando este lo haga de manera pacífica. ¿O es que acaso el gobierno no se jacta de defender el sistema de libertades del individuo? ¿Acaso la derecha no reaccionó ante el cierre de RCTV en Venezuela, al considerarlo un acto contrario a la libertad de expresión, una reacción a todas luces discutible? ¿Acaso reprimir una manifestación pública no atenta contra la libertad y, sobre todo, dignidad de las personas involucradas?
    Segundo, la captura de al menos 13 dirigentes sociales no ha sido respaldada con suficientes pruebas; es decir, su detención se desarrolló de manera arbitraria, tal y como algunas filmaciones de medios de comunicación revelan al momento de efectuarse las capturas.
    En tercer lugar, el manejo mediático del suceso ha sido perjudicial, en tanto se ha presentado la protesta como una práctica en sí misma violenta y, además, desestabilizadora. Por tanto, al efectuar esta operación, aquellos que expresan su descontento bien pueden ser llamados —y sobre todo juzgados— como terroristas, según la lógica oficial.
    A todas luces, la intención del gobierno es deslegitimar la protesta social como derecho de la ciudadanía. El mensaje de Saca y su partido parece ser claro: el descontento no está permitido, pues de manifestarlo, la represión será la respuesta. Aún más, todo aquel que participa de una protesta pública y organizada atenta de manera automática contra la estabilidad del país y genera, por extensión, un clima de inseguridad y peligro inminentes.  Esta lectura de la realidad es peligrosa, pues trae como consecuencia la estigmatización a toda crítica o desacuerdo, mismo que es indispensable para el avance de la democracia en cualquier sociedad.
   
El necesario disenso
    Así las cosas, al reprimir este tipo de actos, el gobierno de Saca ha mostrado su faceta más autoritaria durante su gestión. Los funcionarios gubernamentales no resisten una crítica a su desempeño, y si este viene acompañado por una movilización adquiere rápido un carácter subversivo, desde su punto de vista.
    Sin embargo, este razonamiento es errado. En primer lugar, porque desacredita a priori cualquier manifestación de disenso, lo cual tiene serias implicaciones para el arribo y desarrollo de la democracia en el país. En segundo lugar, la lógica del partido oficial y de la derecha deja sin efecto el recurso legítimo a la movilización social de la ciudadanía.
    En un sistema político pluralista, liberal y con pretensiones democráticas, tal como se define el Estado salvadoreño y su actual régimen de gobierno, la idea del consenso mínimo suele ser regla general asumida por los diversos actores. No obstante, como lo señala el filósofo Alberto Buela esta idea de consenso disfraza las necesarias diferencias que debe haber no solo en los puntos de vista de los individuos, sino en los diferentes sentidos desde los cuales se percibe la realidad. En ese caso, más que un consenso retórico, es necesaria una disrupción o ruptura con lo común, establecido o compartido por la mayoría. Es necesario un sentido distinto sobre las cosas y las acciones; es decir, el disenso.
    De continuar esta tendencia del gobierno de reprimir, condenar y satanizar la protesta, el país no podrá iniciar la instauración de valores democráticos como la tolerancia y el respeto dentro de la convivencia social, ni mucho menos las condiciones favorables para la práctica política pluralista. Para ello, en principio, se requiere de una cultura política abierta al disenso, al diálogo y a la aceptación del otro, así como un ambiente de confianza interpersonal. Del mismo modo, requiere que las elites gobernantes se comprometan a mejorar su interacción cotidiana, a moderar sus discursos y ejercer su práctica política con ética. Solo así, en El Salvador podrán surgir nuevas ideas así como su progresiva incorporación al sistema de organización social.
El PIB per cápita a la luz de los más
recientes informes del PNUD y FUNDE

    Los resultados preliminares del último censo de población y vivienda han dejado contentos a los funcionarios gubernamentales y a los economistas afines al partido oficial. La razón se debe a la disminución del número de habitantes del país. Según las proyecciones del censo de 1992, en 2007, la población salvadoreña alcanzaría los 7.1 millones de habitantes, sin embargo, el último censo muestra que sólo son 5.8 millones. A partir de este nuevo resultado se deduce que ha habido un aumento en el PIB per cápita y en los índices de productividad, pues con menos personas el país produce más.
    Lo anterior se utiliza en exceso para hacer ver a la población salvadoreña que el país marcha en el rumbo correcto hacia el desarrollo, que se está gobernando adecuadamente y que no es necesario hacer cambios fundamentales al modelo económico. Aquellos que piensan diferente son catalogados como “profetas del pesimismo y negativismo”, pero lo cierto es que gran parte de los funcionarios gubernamentales y economistas afines parecen ser “oráculos del optimismo” —por no decir “oráculos del Capital”—.
    Pensar que el país marcha en buen camino en base a una simple relación numérica obviando información importante sobre la situación social del país es un error frecuente de algunos economistas. En este sentido, un buen ejercicio mental puede ser encontrar las relaciones que hay entre el nuevo PIB per cápita y los índices de productividad con el aumento en el costo de la vida y la falta de servicios sociales básicos en los hogares.
    Y es que los resultados del último censo de población y vivienda —comentados en diversos matutinos por Claudio de Rosa y Manuel Hinds—, el informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio por parte del PNUD y el más reciente estudio de FUNDE acerca del empleo y pobreza parecieran mostrar países diferentes. Mientras que Hinds y de Rosa, en base a datos del censo, tratan de demostrar un mejor país donde el nivel de renta ha aumentado, el PNUD y FUNDE reconocen algunos avances pero también hacen constatar que hace falta mucho camino por recorrer. Es más, en algunas consideraciones tienden a ser pesimistas sino se abordan medidas económicas urgentes y adecuadas para enfrentar los problemas sociales del país.
    Mientras que los primeros se regodean por los resultados que sirven de base para el cálculo del PIB per cápita y el indicador de productividad, el PNUD destaca, en su forma rigurosa de medir la pobreza, una fuerte alza en el costo de la vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Cuando los primeros dicen que el ingreso por habitante ha aumentado, el PNUD menciona que el alza en el costo de la vida eleva los niveles de pobreza total y pobreza extrema. Así, de qué sirve que aumente el ingreso si el costo de los bienes y servicios es más alto. Peor aún, pudo haber aumentado el PIB per cápita, pero la renta de los salvadoreños no ha alcanzado ese nivel debido a la alta concentración del ingreso que caracteriza el país.
    Según el PNUD, las estimaciones oficiales muestran una reducción en la pobreza total y pobreza extrema. Los datos que maneja el gobierno presentan una reducción de la extrema pobreza del 15.9% en el periodo 1991-2005. No obstante, el PNUD considera que la reducción sería diferente si se incluye en el cálculo de la pobreza el alza del costo de la vida. Desde este criterio de medición, la pobreza extrema sólo se redujo cerca del 7%. Los datos de la pobreza total —incluyendo en el análisis el costo de la vida— muestran que de 1999 a 2005 esta habría aumentado debido a un mayor costo de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada.

Necesidades básicas insatisfechas
    Recientemente FUNDE presentó la investigación Empleo y Pobreza: Estado de los Indicadores. En él se detallan la falta de acceso a servicios públicos que tienen los hogares salvadoreños como también el comportamiento del mercado laboral en el nuevo siglo. También, se presentan los niveles de pobreza extrema y la forma en que está distribuido el ingreso nacional.
    Según el estudio, la tasa de desempleo en el periodo 2000-2005 oscila en torno al 7%, con el detalle de que en este último año, debido al estancamiento de la economía, dicha tasa alcanzó el 7.2%. Como punto interesante, la investigación señala que de los desempleados, “los jóvenes constituyen el estrato de población con mayor índice de desocupación”. También se menciona que un poco menos de un tercio de la fuerza laboral de la zona urbana son subempleados y que la mayoría comprende mujeres dedicadas a actividades informales.
    De 2000 a 2005 aumentó a más del 50% la población urbana que labora en actividades informales. Para 2005, el 55.5% de los ocupados en la zona urbana no tuvo acceso a las prestaciones correspondientes a la seguridad social. A nivel nacional, el salario mínimo se ubicó para el mismo periodo entre $81.6 y $174.3, y el salario promedio mensual en 2005 fue de $246.66.
    En cuanto a las necesidades básicas, los habitantes de gran número de hogares padecen la falta de seguro médico, agua potable y saneamiento. Así, el 62.8% de los hogares no tienen seguro médico. Un 37% no cuenta con un tratamiento adecuado de la excreta y 37.5 no tiene acceso a agua potable mediante cañería dentro o fuera de la propiedad o vivienda. En la situación de la distribución del ingreso, el 20% más pobre percibió el 3.8%, mientras que el 20 más rico adquiere el 54% de la renta nacional.
    Sin duda, los estudios del PNUD y FUNDE muestran un país muy diferente al que el gobierno y algunos economistas presentan a la ciudadanía. La medición de la pobreza acorde al incremento del costo de la vida y el análisis de la situación de los hogares en base a las satisfacción de las necesidades básicas muestra realidades muy distintas de las que se pueden extraer de la lectura del PIB per cápita y los supuestos aumentos en la productividad. Si bien ha habido leves aumentos del producto total en los últimos años, estos han sido insuficientes para atender las necesidades de las mayorías. Además, el PIB puede crecer a tasas muy altas y el PIB per cápita puede aumentar considerablemente, pero la concentración del ingreso impide avances sustanciales en la lucha contra la erradicación de la pobreza.
    En este sentido, hay que recordar que para alcanzar y agilizar el proceso de desarrollo no sólo es necesario que el país reporte altas tasas de crecimiento, sino que dicho crecimiento vaya acompañado por políticas públicas que ataquen sistemáticamente la concentración del ingreso. El crecimiento económico sostenido y la mejor distribución del ingreso son la clave para el desarrollo económico y social del país.

Los medios, la publicidad y la
responsabilidad ética

    Tal y como se comentó la semana pasada en este semanario, las ediciones de los matutinos El Diario de Hoy (EDH)  y La Prensa Gráfica(LPG) usualmente promedian las 130 páginas, pero pueden sobrepasar las 150 en algunas ocasiones. Sin embargo, esto no significa que haya en ellos más información y notas; por el contrario, el mayor número de páginas equivale a menos información cualificada disponible para los lectores y lectoras. Y ello porque la mayor parte de sus espacios está siendo utilizado para publicidad y temas considerados Light por la superficialidad de su naturaleza.
    Por ejemplo, las ediciones más amplias de los dos rotativos suelen ser las de los días lunes. El Diario de Hoy suele presentar alrededor de 36 páginas dedicadas al deporte, 52 páginas completas a la publicidad, otras 55 a clasificados y guías de empleo; 47 páginas a sociedad, estilos de vida, ricos y famosos, y entretenimiento; mientras que las páginas dedicadas a las noticias nacionales suman 14, las internacionales 6 y las locales, ubicadas en la sección “Metro”, varían entre 2 ó 3, al igual que sucede con el espacio de opinión.
    Este panorama no cambia en lo fundamental para las ediciones regulares que van de martes a domingo (que suelen tener entre 140 y 160 páginas por ejemplar).  La única variante es la cantidad de páginas. Así, pues, en todas su ediciones, la estructura interna de este medio se decanta, en primer lugar, a favor de la publicidad; en segundo término, a los clasificados; en tercer lugar, a las temáticas light;  y, por último, a las noticias informativas y la opinión. 

Fuente: elaboración propia
   
    Por su parte, los días lunes, La Prensa Gráfica dedica 26 páginas completas a la sección deportiva, 42 a la publicidad, otras 43 a clasificados y guías de empleo; 16 a sociedad, estilos de vida, fama y entretenimiento; mientras que las páginas dedicadas a las noticias nacionales suman 16, las internacionales 4 (“Mundo” y “Departamento 15”) y las locales, ubicadas en las secciones  “Departamentos” y “Suceso”, entre 6 y 7; por último, el espacio de opinión cuenta con 3 páginas. Este orden se mantiene el resto de la semana, a excepción de los miércoles, día en el cual este periódico sobrepasa las 250 páginas. Por lo general, en los demás días de la semana sus ediciones rondan las 150 páginas por ejemplar.      

Fuente: elaboración propia

    Las tablas anteriores ponen de manifiesto cómo ambos periódicos utilizan un espacio mínimo para brindar a los lectores algún tipo de información, ya sea nacional, regional, internacional, económica o espacios de opinión. Así, El Diario de Hoy utilizó, de un total de 240 páginas, apenas 37 páginas para informar; mientras que La Prensa Gráfica, de un total de 168 páginas, sólo utilizó 39. No se entiende cómo puedan seguirse llamando a sí mismos medios de comunicación, cuando en realidad son medios de propaganda comercial. En ese sentido, la principal función que se le atribuye a la prensa escrita —informar— se ejerce hoy en día junto a fines comerciales exacerbados. Si bien la publicidad es, hasta cierto punto, necesaria para un medio de comunicación, esta nunca debe ocupar la centralidad en el mismo, tal como sucede en el país. Así, pues, lejos están los periódicos nacionales de los ideales y principios bajo los cuales surgió el periodismo impreso.
    Por otro lado, los medios de comunicación son, quizás por antonomasia, los espacios privilegiados para generar opinión pública. Si bien el nivel de debate y análisis de la realidad en El Salvador son tareas aún incipientes, y la cantidad de espacios no equivale a calidad, cuando la publicidad y contenidos superficiales saturan las páginas de un periódico queda muy poco espacio para la reflexión y el debate.
    Si hay algo que enfatizar es que la prensa escrita, y los medios de comunicación en general, siguen siendo un pilar fundamental en los países democráticos, ya que a través de ellos se estructura la opinión publica. Estas estructuras alimentan con información al público receptor; he ahí el problema de que la prensa escrita y medios en general actúen como empresas mercantiles, cuya finalidad es únicamente el lucro.
    En definitiva, en su mayoría, los medios de comunicación nacionales pertenecen a corporaciones empresariales, con cifras de facturación gigantescas, vínculos estrechos con la derecha, así como con grupos financieros afines al sistema actual de gobierno. Como resultado de relaciones y dependencias se tiene rotativos plagados de mucha publicidad y poca información.  

¿Qué necesita un proceso electoral para que sea confiable?

    Considerando que estamos a menos de seis meses de entrar en un año preelectoral y, sin embargo, hay una opinión generalizada entre varios sectores sociales del país que confirman el inicio informal de la campaña política para las elecciones del 2009, es fundamental hacer un análisis de qué necesitarían los procesos electorales para que sean confiables. Para este comentario los procesos electorales serán entendidos como una contienda donde los partidos políticos llevan un objetivo común: ganar votos. Entendido esto, es importante cuestionarnos qué se necesita para que esta contienda sea confiable.
    En primer lugar, es necesario que estos procesos sean legítimos, es decir que estén inmersos en el marco de la legalidad. Sobre esto la Constitución de la República en el Art. 81 manda,  “la propaganda electoral sólo se permitirá, aun sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República; dos meses antes, cuando se trate de Diputados, y un mes antes en el caso de los Concejos Municipales”. En este sentido, cuando ya se habla de campaña electoral -a más de un año de las elecciones- se esta violentado completamente las normas constitucionales donde titulares como estos: “ARENA prepara soldados para los comicios de 2009” (El Diario de Hoy – 6 de mayo, 2007) son muy frecuente en los medios. Por tanto, estos procesos son ilegales. Esto se puede ver, si analizamos brevemente los medios de comunicación. En los últimos meses una serie de medios han estado bombardeando la opinión pública de forma descarada, con temas relacionados con el inicio de la campaña electoral, uno de ellos es el discurso del tercer año de gobierno del presidente, donde se dibuja un país de oportunidades que son invisibles para buena parte de la población. Otro ejemplo que tiene un evidentemente tinte electoral es el manejo mediático del caso Belloso donde el partido de gobierno se ha tomando la tarea de desprestigiar a su principal contendiente político, el FMLN. Con respecto a esto, los partidos políticos tiene la obligación no sólo de cumplir con las normas y leyes establecidas, sino el deber de reconocerse como actores claves para garantizar y promover la democracia, algo que lamentablemente no están logrando.
    En segundo lugar, se necesita una institución reguladora, independiente, que garantice la confiabilidad en los procesos electorales. En este sentido, la máxima autoridad en materia electoral es el Tribuna Supremo Electoral (TSE) —Art. 55 del Código Electoral—. Por tanto, la confianza que la ciudadanía tenga sobre esta institución se vuelve de vital importancia para garantizar, ante la opinión pública, procesos electorales justos, limpios y apegados a las leyes establecidas. En este sentido las encuestas de opinión pública que realiza el IUDOP brindan información sobre la percepción en la confianza de la ciudadanía sobre el TSE. Para el 2003 el 19.9 por ciento de los encuestados respondió tener ninguna confianza en esta institución, este porcentaje se vio incrementado en el año 2006 donde 31.4 por ciento de la población encuestada respondió que tenía ninguna confianza. Este dato muestra la gravedad de la situación en materia electoral, ya que, si el TSE es la máxima autoridad rectora en el tema y no goce de la confianza de la población refleja el grave deterioro de esta institución no solo en la confianza, sino que en su imagen y en sus capacidades. No es un tema nuevo que el TSE ha recibido duras críticas por no responder a los fines para los cuales ha sido creado, es este sentido no ha sido capaz de ejercer su función de institución sancionadora y contralora en temas como: campañas electorales adelantadas, violencia partidaria, campañas con fuerte contenido de desprestigio, etc. Este panorama tan oscuro es preocupante, en el sentido que se acercan las elecciones del 2009 las cuales tiene un doble grado de complejidad y desde ya se ve, que la situación no va ser diferente a las anteriores contiendas políticas. 
    En tercer lugar,  no se puede dejar de lado el tema ético con respecto a los partidos políticos. Este punto juega gran importancia en las contiendas políticas y se vuelve un pilar fundamental para garantizar procesos electorales confiables. Un ejemplo de lo anterior es la utilización de cualquier artimaña con tal de lograr votos. Con respecto al tema de los partidos políticos es necesario conocer qué ha pasado con la confianza de la población hacia ellos, ya que, son uno de los principales protagonistas de los procesos electorales. No hay que olvidar que la estabilidad y el funcionamiento de los partidos políticos tendrían que contribuir en gran medida a la democratización del país. Sin embargo, a pesar de considerarse parte imprescindible en una democracia son una de las instituciones que cuenta con los más bajo niveles de confianza en comparación con otras instituciones públicas. Con respecto a la confianza en los  partidos políticos en el 2003 el 8.3 por ciento de la población respondió tener mucha confianza en los partidos, para el 2006 este porcentaje paso a 10.8 por ciento. Las estadísticas muestras que los niveles de confianza en los partidos son bajísimos. Una de las causas que puede explicar esto es la mala reputación que gozan los políticos en particular. Por ejemplo, en cuanto a la actitud de la población sobre el respaldo político, encontramos que a la afirmación “las acciones de los partidos políticos benefician a personas como usted” en el 2003 el 44.4 por ciento de los encuestados manifestaron estar muy en desacuerdo con esta afirmación y en el 2006 el 43.7 por ciento respondió estar muy en desacuerdo. En este sentido, se puede observar que el porcentaje de desaprobación a esta afirmación es muy alto, es decir que aproximadamente un cincuenta por ciento de la población no considera que los partidos políticos los beneficien. Esto es muy peligroso ya que parte fundamental del régimen democrático son los partidos políticos y que estos no respondan a los intereses de la ciudadanía a la que representa pone en evidencia el fuerte problemas de legitimidad del sistema político. 
    A modo de conclusión, estamos ante un proceso de campaña electoral adelantada e “ilegal”, donde hay un claro atropello a las leyes. Así mismo, contamos con una institución electoral débil en todo el sentido de la palabra y con partidos políticos poco o nada éticos, enmarcados en un fuerte contexto de polarización izquierda-derecha. Entonces, si para las elecciones del 2009 esperamos contar con un proceso electoral confiable es necesario trabajar sobre estos tres puntos mencionados anteriormente. De lo contrario, seguiremos con los mismos procesos electorales caracterizados por un fuerte componente de violencia electoral, antagonismo político, desgaste institucional y democrático. Por tanto, ningún triunfo electoral que se base en estas medidas puede verse como una victoria legítima. En este sentido, si no se exige que se tomen medidas concretas, al final no nos va quedar más que decir que lo que mal inicia mal termina y repetir la historia de otras elecciones.

¿Brilla ya la justicia en El Salvador?
 
    “Yo me siento satisfecho porque como gobierno debemos propiciar el combate a la impunidad y eso se ha logrado hoy con la captura de Belloso”; estas fueron palabras del presidente Antonio Saca, publicadas por La Prensa Gráfica el pasado martes 3 de julio. Ese día, el Diario Colatino publicó otra declaración de Saca: “Yo creo realmente que (...) hemos derrotado la impunidad, al capturarlo, presentarlo a la prensa y que vaya a los tribunales especiales para ser juzgado por estos delitos”, dijo. Su ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, se lució con la siguiente frase: “El mensaje es que en El Salvador no hay impunidad”, sentenció agrandado en conferencia de prensa tras la captura de Mario Belloso; refiriéndose a los delincuentes en general, agregó que “aunque pase un tiempo hay un brazo largo de la ley que los va a capturar y llevar a la justicia”. Bien dicen que hablar no cuesta nada, sobre todo a este gobierno que lleva sobre sí la pesada carga de sus culpas y las de otros en esta materia. Más allá del tan comentado informe al respecto, encomendado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del cual nunca se desvinculó este organismo según comunicado oficial y público, para desmentir semejante alarde oficial hay innumerables casos concretos que el IDHUCA conoce de forma directa –por acompañar a las víctimas– e indirecta.
    Está, por ejemplo, el de Francisco Manzanares y su esposa Juana; el domingo 2 de julio del 2006 –casi diez años después de la muerte violenta de su hijo conocido como “Paco Cutumay”– fueron ejecutados en su casa de habitación, en la ciudad de Suchitoto, con armas punzantes y cortantes tras haber sido torturados. Al principio, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) sostuvieron que el móvil era el robo; no obstante, la simple interpretación de la evidencia ponía en tela de juicio esa tesis. Familiares de las víctimas, en cambio, denunciaron de inmediato que el móvil era político; que estas personas de avanzada edad habían sido asesinadas por su pertenencia e identificación partidaria con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Cualquiera de esas dos líneas de investigación u otras, si hubieran, ya deberían haber sido confirmadas o descartadas mediante un trabajo eficiente y transparente de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la corporación policial. Pero no. Se cumplió el año de tan brutal suceso y nada.
    Hay otros dos casos, harto conocidos por la gente que lee este espacio, de una vigencia importante pero que también permanecen en la impunidad: el de la violación y el asesinato de la niña Katya Miranda, así como el de la ejecución de Ramón Mauricio García Prieto. Con relación al primero, hace unas semanas se entregó al Fiscal General de la República –Félix Garrid Safie– otra carta de la madre con el apoyo de miles de firmas solidarias, en términos similares a la que recibió su antecesor Belisario Artiga Artiga: que se inicien de nuevo las investigaciones y se haga justicia. La respuesta del funcionario, al menos oficialmente: ninguna. Y eso que ya pasaron más de ocho años desde el domingo 4 de abril de 1999, día en el que ocurrieron los hechos. Faltan menos de veintiún meses para que termine por ley la persecución penal de sus responsables y todo indica que no quieren hacer nada. ¿Será que están dejando pasar el tiempo para “tapar” a algún influyente personaje? ¿Qué dirá de esto el sub comisionado Godofredo Miranda, colocado curiosamente desde hace años en la jefatura de la División Antinarcóticos de la PNC?
    En el caso del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto, ocurrido el viernes 10 de junio de 1994, resulta evidente la deliberada estrategia de dejar pasar los diez años para que prescribiera la mentada persecución penal y así proteger a quien los padres de la víctima han señalado ante las instituciones estatales y los medios como sospechoso de ser el principal autor intelectual de esa muerte: el general Mauricio Ernesto Vargas. Qué mejor para éste que la Fiscalía hubiera investigado bien, con la objetividad y limpieza debidas; así, nadie sospecharía de él si los resultados de las pesquisas hubiesen demostrado que no tenía participación en el crimen. Pero no se hizo nada y por eso, el pasado martes 10 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia tras diez años de lucha que las víctimas –Gloria y Mauricio García Prieto– desplegaron con valentía admirable; sentencia que, esperamos, sea condenatoria para el Estado salvadoreño por violaciones a diversos derechos. 
    Y está también el de los hermanos Carías. El martes 14 de noviembre del 2000, Guillermo Rodríguez Carías de veintinueve años de edad y su hermano Federico Calderón Carías de doce, estaban desayunando en un negocio de comida popular. De pronto, aparecieron cuatro individuos caminando. Guillermo, estaba de espaldas a esa dirección y no los vio; tres de los sujetos rodearon a las víctimas y el cuarto le inmovilizó el brazo a Guillermo con una mano y con la otra lo acribilló. Tal vez Federico reconoció algún integrante del grupo criminal y, al intentar escapar, le dispararon por la espalda una sola vez; herido de muerte, entró al negocio suplicando ayuda y logró refugiarse en su interior donde –tras estar llamando a su madre– falleció. De ese fatídico día a la fecha, pasaron más de seis años y medio, sin que las mencionadas instituciones estatales hayan capturado y procesado a todos los autores materiales e intelectuales de estas muertes; sólo uno de los primeros está en la cárcel purgando una condena y el resto permanece en la impunidad.
    Estos crímenes serían dos más entre tantos si no fuera porque las víctimas eran un niño de apenas doce años y su hermano mayor era, además de investigador privado, Jefe de Comunicaciones y Transporte del Sector Juventud de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en el occidente del país; Guillermo falleció perteneciendo, pues, al partido político del poder real salvadoreño –el económico– pero no tenía un “apellido” que empujara el funcionamiento de la FGR y la PNC. O, quizá, el que ordenó su muerte es un personaje importante al que hay que proteger. El caso es que era compañero de generación de Eduardo D’Abuisson –diputado del Parlamento Centroamericano atrozmente asesinado en Guatemala el lunes 19 de febrero del año en curso– y un buen amigo de su hermano Roberto, quien dijo que no debían quedar impunes ni el asesinato de Eduardo ni las de los hermanos Carías. La del primero, puede ser que no quede en tal estado; pero la madre de Guillermo y Federico sigue hasta ahora, sin obtener resultados, exigiendo conocer la verdad de los hechos y que se castigue a sus responsables.
¿Qué pasó, además, con la muerte violenta del sindicalista salvadoreño y estadounidense José Gilberto Soto? ¿Qué con la de la periodista Lorena Saravia? ¿Se averiguó algo sobre el asesinato de Siegfried Guth Zapata, sobrino de quien fue alto dirigente de ARENA y ahora es un gran “ausente” de la palestra pública, Juan José Domenech? Y de la ejecución de monseñor Joaquín Ramos, ¿alguien sabe algo? Esas son muertes de una posguerra que inauguró el primer presidente de la República proveniente de ARENA, Alfredo Cristiani, exigiendo ¿“borrón y cuenta nueva”? Y sí que es alto el balance de estos cruentos y dolorosos quince años. Al llegar a su “fiesta roja”, por la sangre derramada durante el período, El Salvador “en paz” tuvo que “celebrar” más de sesenta mil muertes; eso representa  decir, alrededor del ochenta por ciento de las que produjo el conflicto político y bélico interno del siglo pasado. De las pérdidas humanas de 1992 en adelante, más de diez mil han ocurrido durante la administración Saca.
    ¿Y monseñor Romero? ¿Y las masacres de El Sumpul, El Mozote, La Quesera y tantas más? ¿Y la muerte de Celina y Elba Ramos, junto a los jesuitas? ¿Y los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario? ¿Y todas las ejecuciones de civiles no combatientes de uno y otro bando? ¿Por qué entonces se llenan la boca hoy diciendo que con la captura de Belloso se está combatiendo o ya se derrotó la impunidad? ¿Por qué hasta dicen que ya no hay impunidad? No señores; en El Salvador, la justicia nunca ha brillado. Digan lo que digan, este país es el paraíso de los delincuentes impunes y por eso –lastimosamente– cada vez más se aleja de aquél con el cual se soñó tras el fin de la guerra y se acerca a la pesadilla que se creyó superada.

Denunciamos ante el pueblo salvadoreño y ante la comunidad internacional la grave situación de las presas políticas en El Salvador.

    El día 2 de julio fueron capturadas por la Policía Nacional Civil con lujo de violencia y barbarie las compañeras Sandra Isabel Guatemala, Marta Lorena Araujo Martínez, Rosa María Centeno Valle, Maria Haydee Chicas, Marta Yanira Méndez, Beatriz Eugenia Nuíla González durante una protesta pacífica en contra de la privatización del agua que se realizaba en el Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán. Siete compañeros también fueron detenidos y enviados al Centro Penal la Esperanza .
    Las compañeras, quienes son destacadas dirigentes sociales, funcionarias municipales y estudiantes universitarias,  han sido arbitrariamente acusadas de terrorismo y recluidas en la Cárcel de Mujeres de Ilopango para instruirles causa judicial por el delito de terrorismo.
    Una delegación de diputadas del FMLN visitamos el martes 1º de julio a las compañeras en el penal de mujeres y hemos comprobado con horror los vejámenes y humillaciones a que está sometida la población reclusa y en particular las presas políticas.
    Desde que llegaron al penal, han sido hostigadas por los custodios, se negaron a quitarles las esposas para que almorzaran; por el contrario las sometieron a presión psicológica por su participación en las protestas y amenazaron a Lorena Araujo con llevarla al calabozo de castigo.

Condiciones en las celdas donde permanecen:
    Las compañeras están ubicadas en celdas, las cuales cuentan con un promedio entre 80 y 90 internas. Duermen en el suelo, no tienen colchonetas ni camas,  ni sabanas para dormir.

Equipo de Higiene:
    En el penal no permiten llevarles artículos como la pasta dental, el cepillo dental, jabón, shampoo y otros. Sólo pueden comprarlos en la tienda del penal que es propiedad de centros penales. El agua para bañarse , para beber y para lavar deben comprarla, solamente es una botella o garrafa pequeña que deben comprarla y vale entre $0.10 y $0.20 cada una.

Situación de salud:
    El lunes 10, fueron examinadas por una pediatra, que les hizo una revisión general sin atender a los casos de salud que cada compañera planteo.
    En el caso de Yanira: ella padece de estreñimiento y además es tratada por una displacia y necesita medicina.
Rosa Valle fue operada del útero, tiene sinusitis crónica e infección en las vías urinarias y estaba con medicamento.
Beatriz tiene rinitis alérgica.
A ninguna les han proporcionado sus medicamentos.

Alimentación:
    Les dan en todo tiempo el mismo plato: frijoles enlatados en mal estado, dos tortillas de harina amarilla, tamal miniatura, huevo en polvo y café  yodado.
    No les dan agua de tomar, ni para bañarse. Sin embargo, hay una tienda donde al tener dinero les venden comida, lo que sugiere un negocio a partir de la violación de los derechos de las reclusas.

    Los baños no funcionan por que no cae agua, los servicios invadidos de suciedad y desechos.  No hay conexión de agua en todo el área donde están las 700 reclusas, por lo que la insalubridad es muy peligrosa.

    Hay plaga de pulgas, piojos y garrapatas en el penal, por lo que todas las reclusas están infectadas de alguno o todos estos animales.

    Las condiciones alimenticias, de alojamiento e higiénicas son deplorables, (el propósito es que las internas consuman sus productos de la tienda del penal).

La visita:
    Es una vez a la semana de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
    La visita está reducida a un máximo de 10 familiares que sean Esposo, hijos, madres padres, ningún amigo u otro familiar. La dirección de centros penales no permite visitas de amistades, el propósito es el máximo aislamiento.
    En el caso de ser acompañados, les exigen un proceso para comprobar unión no matrimonial y tener una autorización de la PGR para poder entrar al penal.
    La Dirección del Penal no autoriza pasar ningún tipo de alimentos, ni medicinas, ni prendas de vestir a las detenidas. Curiosamente deben solicitar por escrito permiso hasta para tener ropa interior y normal.
    A los visitantes se les niega entrada si visten ropa negra, o zapatos de tacón,  y a los hombres les exigen calzar chanclas o sandalias para entrar de visita e ir debidamente identificados.

Seguridad de las compañeras:
    Las compañeras presas políticas sienten preocupación debido a las amenazas veladas que algunos custodios les han hecho, y porque se les quiere tratar como delincuentes comunes y no como presas políticas, por lo que están compartiendo celda con personas vinculadas a asesinatos, drogas y otros delitos
    Hasta el momento la Dirección de Centros Penales no les ha asignado un espacio que corresponda a su calidad de presas políticas, argumentando la Directora que el lineamiento de centros penales es darle el mismo tratamiento que las presas comunes.

FRENTE A ESTA INJUSTA E INHUMANA CONDICIÓN A QUE ESTÁN SOMETIDAS NUESTRAS COMPAÑERAS MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:

    1. EXIGIMOS AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELÍAS SACA QUE SE LES RECONOZCA SU CONDICIÓN DE PRESAS POLÍTICAS Y SE LES RESPETEN SUS DERECHOS HUMANOS Y SE GARANTICE SU SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL.
    2. DENUNCIAMOS LA DEPLORABLE SITUACIÓN A QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS 700 RECLUSAS DE CARCEL DE MUJERES.
    3. EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERTAD DE LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS.
    4. LLAMAMOS A  LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y A TODO EL PUEBLO A DEMANDAR LA LIBERTAD DE LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS.
    5. SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL QUE DENUNCIE ESTA SITUACIÓN Y EXIJA AL GOBIERNO DE EL SALVADOR LA LIBERACIÓN DE LAS DETENIDAS Y EL CESE DE LA REPRESIÓN EN CONTRA DEL PUEBLO.

    DIPUTADAS DEL FMLN ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
 Y ANTE EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO.

                San Salvador, 11 de julio de 2007.