Julio 13, 2007
Proceso 1245

La realidad es terca

    En la posguerra, uno de los principales objetivos de los distintos gobiernos de ARENA ha sido el de edificar un país de fantasía; es decir, absolutamente ajeno a la realidad de la gran mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Construir ese país ha supuesto negar el país real, con sus graves problemas económicos, sociales, culturales y medioambientales. Tantos han sido los esfuerzos y recursos invertidos en este empeño por ARENA (y sus aliados de las grandes empresas mediáticas) que sus principales dirigentes se han convertido no sólo en especialistas en maquillar la realidad, sino en maquillarse a sí mismos en grado sumo, siendo capaces de venderse como algo que en verdad no son. 
     Así, en este juego de imágenes y manipulación, el ex mayor Roberto d’Aubuisson —responsable de múltiples crímenes, incluido el asesinato de Monseñor Romero— es presentado como un héroe nacional, en cuya memoria habría que rendir los mejores homenajes. Alfredo Cristiani —sobre cuya responsabilidad recae el encumbramiento económico de las familias que han expoliado al país en las últimas dos décadas— es aclamado como el “presidente de la paz”. A Francisco Flores —quien, además de incompetente, fue corrupto— se le promocionó como mandatario de altura, al grado de pretender convertirlo en Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y a la lista se pueden añadir más figuras de ARENA, la derecha empresarial y la Fuerza Armada a quienes se ha pretendido (y se pretende) convertir en líderes y héroes nacionales, cuando en realidad han sido (y son) criminales, ladrones o cómplices de asesinatos, fraudes, sobornos y/o abusos de poder de distinto tipo.
    Tanto es el interés de ARENA —y en general de toda la derecha— en crear un país de fantasía que había que culminar todos los esfuerzos previos en un presidente de la República especialista en imágenes, cámaras y publicidad. Nadie mejor que el presidente Antonio Saca para finiquitar la obra tantas veces ensayada, pero no finalizada, de construir ese país de fantasía soñado, en el cual la realidad esté totalmente ausente. Este ha sido el principal cometido de Saca desde que tomó las riendas del Ejecutivo. Sus intervenciones televisivas, sus apariciones públicas, sus viajes… Todo su quehacer presidencial está animado por el afán de convencer a todos y todas de que El Salvador es un país unido y que, por tanto, tiene sentido.
    Se ha tomado tan en serio su papel de publicista que ha decidido crear la marca “País impresionante”, misma que se ha vuelto —según sostuvo en su discurso de tercer año de gobierno— “nuestro grito de batalla para promover a El Salvador en ferias especializadas, en medios de comunicación internacionales, y entre los operadores de turismo del mundo”. El país es, pues, una viñeta —una marca—, de la que se espera, si es buena, que sea atractiva para los potenciales consumidores de ella. Una marca se traicionaría a sí misma si hiciera alusión a los defectos del producto al que acompaña. Antes bien, de lo que se trata es de acomodar tal producto a las exigencias de la marca. En el caso de El Salvador, de lo que se trata es de acomodarlo a la viñeta “País impresionante”, que es justamente lo que hace Saca en su discurso de tercer año. Se fija en todo aquello que pueda impresionar a los potenciales compradores de la marca que él está promocionando: salvadoreños que trabajan arduamente y cuyas condiciones de vida siguen mejorando; una pobreza que se está superando;  exportaciones que crecen; empresas extranjeras que generan empleos por miles; un agro que se reactiva; un comercio internacional que tiene nuevas oportunidades; un turismo que le cambia la vida a la gente; la mejor red vial; una férrea protección a los derechos del consumidor; un eficaz combate del crimen organizado y la delincuencia común; un gobierno que cumple sus promesas; y la gente, además de valiente, luchadora y trabajadora, es cálida y alegre. Es decir, un país de fantasía, a tono con la marca que el presidente-publicista ha creado para venderlo. Todas las piezas en su lugar, salvo una, que es la más importante: la realidad.
    Pero la realidad es terca. Siempre irrumpe, las más de las veces abruptamente, en el mundo de fantasía creado por el gobierno. Y, obviamente, eso no les cae en gracia a quienes han hecho de su defensa una forma de vida. La realidad clama por sus fueros de distintas maneras y esos clamores suelen agarrar en traspié a los prohombres de ARENA. En este contexto, hay una dimensión de la realidad que se ha negado a ser domeñada por las estrategias de mercadeo de ARENA: la violencia y sus secuelas de inseguridad, impunidad y miedo colectivo.
    En la posguerra, los niveles de violencia no han cesado de crecer. Y la misma no sólo expresa un exacerbado deterioro de la convivencia social —en cuya raíz se encuentran exclusiones socio-económicas de distinto signo, marginación cultural, déficit en los mecanismos de bienestar, etc.— sino el fracaso del proyecto de Estado impulsado por las distintas administraciones de ARENA. El Estado “capturado” por las élites financieras y comerciales —por estar a su servicio exclusivo— ha sido incapaz de garantizar seguridad y bienestar al conjunto de la sociedad salvadoreña.
    La sola posibilidad de que lo anterior se haga público —tanto en espacios nacionales como internacionales— enerva a los capos de ARENA. Y, cuando esa posibilidad se hace realidad, las reacciones furiosas y viscerales no se hacen esperar. Eso fue lo que sucedió en 1997, cuando la UCA hizo públicos los resultados de una investigación —auspiciada por el BID— sobre la magnitud y los costos de la violencia en El Salvador. Lo mismo sucede, ahora, con el informe sobre “Deficiencias policiales, fiscales o judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”, elaborado por Francisco Díaz y Sidney Blanco, para el PNUD.
    El informe preparado por los dos juristas pone en evidencia una fisura sustancial en el país de fantasía que desde ARENA se quiere construir y vender. De ahí la histeria ideológica del ministro de Seguridad y Justicia, René Figueoa, a cuyo característico fanatismo, se suma una malacrianza impropia de un funcionario público de su estatus. 

Seguridad ciudadana:
respuestas ideologizadas ante preguntas acertadas

    Una vez firmada la paz, la violencia adquirió otras dimensiones en el país, o en todo caso algunas manifestaciones de ésta obtuvieron mayor notoriedad. Ya no se trata de abierto conflicto armado entre dos bandos, sino del surgimiento acelerado de otros mecanismos y prácticas criminales cada vez mejor organizadas, con mayor alcance y más poder, pero con igual o mayor impacto en la seguridad de la población.
    En materia de seguridad ciudadana, El Salvador no es precisamente un ejemplo en América Latina, ni mucho menos lo es para el mundo, al menos no en un sentido positivo. La seguridad en todas sus dimensiones ya no es un patrimonio resguardado y garantizado por el Estado, como debería ser. Hoy es más frecuente, en el mejor de los casos, el uso de protección privada por parte de la población como mecanismo de bienestar. A pesar de ello, la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, incluso aquellos con capacidad de seguridad privada, vive en un estado permanente de incertidumbre e intranquilidad.
    Ante tal despunte de violencia, se espera que el Estado responda mediante políticas, planes y proyectos orientados a su reducción. No obstante, en el caso salvadoreño, los sucesivos gobiernos de ARENA han fallado en el diseño de una estrategia adecuada del combate a la criminalidad.
    Al examinar las acciones y decisiones que, traducidas a política pública, el Estado ha diseñado para combatir la delincuencia, el crimen organizado y la inseguridad, entre otros, la primera constatación es que no parece existir una estrategia clara y definida.
    En ese sentido, hasta el momento sólo ha habido medidas aisladas y deficientes. Según parece, el intento de estrategia gubernamental se basa en saturar los centros penitenciarios, reformar las leyes procesales y penales, hacer más engorrosos los procesos judiciales, descargar la responsabilidad en los jueces, efectuar operativos mediáticos, desarrollar un trabajo descoordinado entre las instancias gubernamentales encargadas de tales tareas, contar con un escaso presupuesto para la investigación de los delitos o inadecuada asignación de recursos, entre otros aspectos. Todo ello ha contribuido a que la impunidad se vuelva ley y la violencia una constante; con lo cual se evidencia la debilidad estructural de estas instituciones y la inoperancia gubernamental al respecto.
    Si bien de momento, el gobierno ha organizado una comisión intersectorial dedicada a examinar la seguridad ciudadana y paz social, este intento resulta ineficaz. En primer lugar, porque el trabajo de aquella, si bien valioso, se reduce a proponer recomendaciones no vinculantes. En segundo lugar, de manera simultánea, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y Justicia también estaría elaborando recomendaciones en esa dirección. Con este doble esfuerzo, de nuevo es evidente la falta de claridad y de voluntad de las autoridades gubernamentales, para enfrentar el problema de la criminalidad e inseguridad en el país.
    Por tanto, ante tal estado de cosas, las críticas hacia la gestión gubernamental en torno a la seguridad ciudadana y combate a la criminalidad deben ser aceptadas por parte de los responsables directos de su diseño e implementación. Con lo cual también se espera un compromiso para encontrar las respuestas inmediatas y adecuadas y contrarrestar tal ambiente de inseguridad generalizado en el país.
    Sin embargo, los funcionarios públicos ponen en evidencia que, en materia de seguridad, las respuestas dependen más de los intereses políticos partidistas que de la aceptación de responsabilidades ante las deficiencias más obvias.

El  informe del PNUD
    La semana pasada, la presentación pública del informe Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad, elaborado por los juristas Sidney Blanco y Francisco Díaz para el PNUD,  desató polémica entre los funcionarios del gabinete de seguridad. Para estos, los resultados de la investigación padecen de un fuerte sesgo ideológico. No obstante, al revisar el documento, en el mismo se expresa de manera clara la metodología diseñada así como los criterios empleados para la selección de la muestra de casos —procesos y expedientes— estudiados por los encargados del informe.
    En vista del rigor metodológico seguido por los investigadores, el gobierno debería preocuparse por estudiar los resultados de la investigación —y comprenderlos a profundidad— más que lanzar críticas que adolecen del mismo mal del que acusan, sin justificación, al equipo encargado del documento.
    Al leer los resultados del informe, es clara la ausencia de eficacia y efectividad en la mayoría de procesos judiciales iniciados en casos de homicidios sucedidos en 2005. Al respecto, el informe señala lo siguiente: “El escenario en materia de seguridad pública en El Salvador es dramático: intrascendentes sistemas de prevención del delito, deficientes investigaciones por parte de la policía y la fiscalía, desinterés de las autoridades para potenciar y modernizar las técnicas de investigación, ruta equivocada en el camino hacia el combate de la delincuencia (incremento de penas, creación de nuevos tipos penales, negación de beneficios penitenciarios, aplicación excesiva de la detención provisional, disminución de atribuciones a los jueces y crítica hostil contra el sistema de justicia, etc. ) y reiteradas confrontaciones entre las instituciones encargadas de perseguir el delito y las de juzgar al delincuente”.
    El informe, pues, señala las principales razones por las cuales existe impunidad en el sistema de justicia actual. Así, encuentra las deficiencias que poseen tanto la Policía Nacional Civil como la Fiscalía General de la República en materia de investigación y el papel del poder judicial en la resolución de los casos.
    Por otro lado, el informe presenta un aporte valioso al evidenciar las discrepancias en el manejo de datos estadísticos relativos a los homicidios, efectuado por las instituciones gubernamentales. Al respecto, la primera crítica es la falta de consistencia y certeza en el manejo de las cifras, debido a la inesistencia de un ente encargado de obtener y procesar los datos de manera uniforme o, también a la falta de uniformidad en el registro y manejo de los datos de parte de las tres instituciones encargadas.
    El sistema judicial, por su parte, adolece de falta de uniformidad en el registro de los expedientes y en su seguimiento durante el proceso, lo cual dificulta la sistematización de información certera. En otras palabras, el sistema de justicia y el gabinete de seguridad carecen, hasta la fecha, de un sistema de información confiable y uniforme, que brinde confianza y rigor en el manejo de las cifras. En este sentido, el diseño de indicadores resulta indispensable para poder examinar con mayor detenimiento las acciones emprendidas por el aparato estatal relativas al manejo de la información y del proceso de investigación de los homicidios.
    El informe, además, señala deficiencias de carácter procedimental en la Fiscalía General de la República, pues un buen porcentaje de homicidios reportados, durante el periodo en estudio, no fueron llevados a tribunales. Es decir, existe una alta tasa de impunidad en ese sentido. De igual modo, en algunos procesos no se han practicado las diligencias necesarias, ya sea por omisión o por incumplimiento de las órdenes de la Fiscalía, lo cual deja sin elementos al proceso y retrasa la obtención de justicia para las víctimas.
    Con todos estos elementos, es claro que las autoridades gubernamentales han querido hacer un uso político del informe. Sin embargo, las conclusiones del mismo son contundentes, al demostrar con base en datos sistematizados y un recorte temporal válido, que el sistema de justicia en el país adolece de graves deficiencias, sobre todo de orden procedimental, como resultado de la incompetencia de aquellos encargados de velar por el esclarecimiento de los delitos y la impartición de justicia en el país.

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en El Salvador

    La semana pasada, el Programa de las Naciones Unidas en El Salvador presentó su sexto Cuaderno de Desarrollo Humano bajo el título Trayectorias hacia el cumplimiento de los ODM en El Salvador. El documento es un esfuerzo de actualización de indicadores económicos y sociales que son indispensables en la evaluación del país de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El estudio también contiene un análisis del desempeño de la economía desde inicios de los noventa, y una serie de recomendaciones en materia de política social con el fin de hacer asequibles los ODM.

La situación económica de El Salvador
    En la Cumbre del Milenio celebrada en 2000, los Estados miembros de la ONU estuvieron de acuerdo en adoptar una serie de estrategias a nivel nacional para alcanzar objetivos y metas de desarrollo internacional, incluidos los ODM. En este sentido, “los ODM son metas de alcance mundial, cuantificables y con un plazo establecido, para luchar contra la pobreza extrema en sus numerosas dimensiones, al mismo tiempo que promueven la igualdad de los géneros, la educación y la sostenibilidad ambiental”.
    Para el logro de estas metas, es menester el buen desempeño de la economía para mejorar la calidad de vida de toda la población. Según el documento del PNUD, el crecimiento económico registrado en el primer quinquenio de la década de los noventa fue tan robusto como para generar una reducción en los niveles de pobreza total y de extrema pobreza. No obstante, después de este período, la economía entró en una fase de ralentización que impidió mayores avances en la lucha contra la pobreza. El estancamiento más fuerte se registró en el periodo 2000-2005, cuando la economía creció a una tasa promedio de 2%. Por esa razón, en esta fase hubo pocos logros en mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños y salvadoreñas.
    Para enfrentar el problema del lento crecimiento de la economía, el gobierno llevó a cabo varias políticas, en las que se destacan la dolarización y los tratados de libre comercio. Según la investigación del PNUD, se sobredimensionaron los efectos y los resultados de la dolarización para el crecimiento económico, las exportaciones, la atracción de inversión extranjera directa y la generación del empleo. Si bien la medida permitió, en un primer momento, una reducción en las tasas de interés; en la actualidad, las tasas de interés internacionales han ido en aumento y la tasa de interés local se ha ido ajustando hacia el alza.
    Además, los tratados de libre comercio con México, Chile, Panamá, República Dominicana y, más recientemente, los Estados Unidos abren las posibilidades de desarrollo de algunos sectores económicos, “pero también podría previsiblemente afectar a otros”. En este sentido, el documento sostiene que “todavía es prematuro evaluar en qué medida el comercio exterior de El Salvador puede verse dinamizado por la entrada en vigencia del CAFTA. Pero resulta claro que el rol de las políticas públicas de apoyo a los productores nacionales será decisivo para determinar hasta qué punto pueden cumplirse las expectativas que ha despertado el CAFTA”.
    Para el PNUD, uno de los aspectos más llamativos es la débil capacidad de generación de empleo e ingresos de la economía salvadoreña. Esto permite que haya una gran cantidad de personas jóvenes con dificultades para insertase en el mercado de trabajo. La evolución del empleo muestra que en los últimos años la participación global —la relación entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar— ha alcanzado el 52.2%, la cual se puede dividir en la participación global urbana —de 54.3%— y la participación global rural —del 49.3%—.
    El estudio también sostiene que si bien, en la actualidad, la tasa de desempleo abierto ha disminuido con respecto a los años noventa, la tasa promedio de subempleo urbano se ha mantenido por encima del 31%. En otras palabras, en el nuevo siglo, las personas que quedaron desempleadas después de ser empleados formales y los jóvenes con serias dificultades de acceder a un empleo formal han encontrado una fuente de ingresos en actividades del sector informal. En base a lo anterior, y teniendo presente que el subempleo rural tiende a ser mayor, el estudio enfatiza que cuatro de cada diez personas económicamente activas están desempleadas o subempleadas en el país.
    Así, el lento desempeño de la economía, la poca capacidad de generación de empleo del sistema productivo y el bajo nivel de ingresos, debido al estancamiento de los salarios nominales y la inflación, son serios obstáculos para mejorar las condiciones sociales del país. En este sentido, el estudio sostiene que el creciente flujo de migrantes —principalmente hacia los EEUU— y la cada vez mayor entrada de remesas tienen un papel esencial en un modelo económico caracterizado por el desempleo y los bajos ingresos. Tales problemas se han visto atenuados a nivel interno con el crecimiento del subempleo asociado a actividades económicas del sector informal.

Erradicar la pobreza extrema
    La primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la reducción de la pobreza extrema —reducir el indicador a más de la mitad de su valor correspondiente a 1992— y atacar sistemáticamente la desnutrición. Según la investigación del PNUD, “la meta de reducción de la extrema pobreza (ODM1) utilizando indicadores nacionales ha sido ya alcanzada”, ya que en el periodo 1992-2005, los hogares en situación de extrema pobreza se redujeron de 27.7% a 12.3%. No obstante, el estudio aclara que al medir la pobreza con los estándares oficiales, es probable que se subestime el porcentaje de personas en pobreza extrema que realmente hay en el país, pues los estándares internacionales de medición acostumbran calcular la pobreza como proporción de la población y no como el porcentaje de hogares.
    Si se estima la pobreza en base al criterio internacional, en 2005, el porcentaje de personas —no los hogares— en extrema pobreza sería del 15.9%, cifra superior al 12.3% —por hogares— que maneja en sus informes el gobierno salvadoreño. Lo mismo sucedería con la pobreza total, pues, para el mismo año, el número de pobres subiría de 35.2% —por hogares— a 42.1%, cálculo por el número de personas.
    Utilizando el cálculo de la pobreza por el número de personas, el PNUD también aplicó el criterio de menos de un dólar al día —para las personas en extrema pobreza— y de menos de dos dólares diarios para los pobres. Según este método —generalizado por los ODM a nivel mundial—, la pobreza extrema y total son del 18.6% y 44.6%, respectivamente. Como se puede ver, la pobreza extrema aumenta 2.7% y la total en 2.5%.
    Finalmente, el estudio muestra el cálculo de la pobreza tomando en cuenta el aumento de la canasta básica alimentaria —debido a la inflación en los alimentos— y el alza en el costo de la canasta ampliada —por la inflación general—. El resultado de utilizar esta metodología no debería pasar desapercibido porque es una de las formas que incluye el alza en el costo de la vida. Además, en términos generales, dichos resultados parecen ser más consistentes con la realidad que los métodos anteriores.
    Según la metodología del PNUD de El Salvador, la pobreza extrema y la pobreza total es de 27.7% y 58.4%, respectivamente. Sin duda, estas cifras reflejan una situación muy diferente a las anteriores al demostrar que un poco menos de un tercio de la población del país está en situación de extrema pobreza. En la misma dirección, los datos muestran que casi el 60% de los salvadoreños y salvadoreñas viven con ingresos familiares mensuales por debajo de los $400.

Las encuestas de opinión: ¿oráculos, bocinas o claves para enterarse de la ciudadanía?

    Hace algunas semanas, y a propósito de la presentación de los resultados de las dos primeras encuestas de evaluación del tercer año de gestión gubernamental que salieron a la luz pública –entre las cuales se encontraba el ya tradicional sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA—, se pudo notar la visceralidad e inseguridad con que muchos actores reaccionaron ante resultados no favorables a sus expectativas electoreras o sus afiliaciones político partidarias. Entre todas las reacciones, llamó la atención la ofuscada interpretación del diputado Gallegos de ARENA, quien acusó al CIOPS de la UTEC de retomar resultados que favorecen al principal partido de izquierda, y al IUDOP de la UCA de reflejar en sus resultados la visión y “línea de pensamiento” del rector de la institución.
    Al margen de considerar que muchas de estas reacciones no están siquiera a la altura de las explicaciones técnicas que se les pudiera brindar en relación con la rigurosidad y cientificidad con las que el IUDOP se ha caracterizado por ejecutar sus encuestas por más de 20 años; y al margen de estar conscientes de las razones a la base de esos exabruptos de ignorancia o abierta mala intención de estos representantes de partidos políticos, se han querido retomar algunas reflexiones planteadas hace casi 15 años por un experto de larga trayectoria, José Miguel Cruz, en materia de opinión pública respecto a la importancia de las encuestas en el contexto salvadoreño. Estas reflexiones plantean con claridad no solo la trascendencia de la adecuada utilización de estas herramientas en el contexto del país, sino también la filosofía a la cual el IUDOP ha unido su experiencia y vocación científica, para diseñar, implementar y analizar sus encuestas. En espera que estas reflexiones sean lo suficientemente claras para los cortos alcances interpretativos de algunos políticos, y lo suficientemente sucintas para el espacio que se concede, se exponen a continuación cuatro ideas en relación con la relevancia de las encuestas como herramientas o insumos para la toma de decisiones.
    En primer lugar, este autor plantea que una encuesta –por muy tautológico que pudiera antojarse— debe tener la capacidad técnica de recoger la opinión ciudadana. Y esto no es cualquier cosa. Esto significa que su valor provendrá de la rigurosidad científica con que se hayan seguido los diversos pasos para su implementación, desde el diseño de su cuestionario, el cuido en la redacción de sus preguntas, pasando por el crítico paso de la afijación muestral y las implicaciones severas que esto tiene para lograr la tan deseada pero poco entendida noción de representatividad poblacional, el proceso de recolección y cuido de la calidad de la información recolectada durante la fase de trabajo de campo, la minuciosidad del procesamiento de los datos y la agudeza y fundamento teórico y estadístico de sus aseveraciones como producto del análisis de la información. En una palabra, implica el no poco serio trabajo de lograr capturar en una muestra toda la diversidad, complejidad y heterogeneidad de la población de la que ésta se desprende. Y en esto es fundamental entender que la opinión pública no se reduce a simples recuentos de frecuencias, o a las preguntas dirigidas a conocer una intención de voto, como muchas veces se entiende una encuesta.
    En la medida que un análisis concienzudo de la información provista por la ciudadanía logre reflejar precisamente esa complejidad y diversidad al seno de una sociedad, precisamente ahí se encuentran oportunidades y claves invaluables para entender en buena medida las razones a la base de muchos procesos sociales e incluso políticos de la ciudadanía, desde su cultura política hasta aspectos más concretos como sus intenciones de voto. Lo que sucede es que si no se entiende —o se tergiversa— el correcto uso de una herramienta de información, lo más probable es que no se le pueda utilizar, ni siquiera para los fines político-electorales que muchos representantes de partidos políticos quisieran obtener.
    En segundo lugar, Cruz plantea que la importancia de las encuestas de opinión correctamente implementadas y analizadas, radica en que se constituyen en canales de expresión ciudadana, al permitir a cualquier ciudadano (y de ahí la importancia de la muestra) independientemente de su lugar de vivienda, de su género, de su afiliación política, de sus ingresos o de su ocupación, el poder expresar lo que piensa, cómo le afecta y valora la situación del país y la suya en particular. Y esto es fundamental en un país en donde la clase política dirigente es un sector sordo y miope ante las necesidades de sus gobernados/as, sobre todo posterior a los eventos electorales. En este sentido, y a pesar que en la actualidad se cuentan con una mayor gama de espacios de expresión ciudadana en comparación con el momento en que se funda el IUDOP a mediados de la guerra civil, las encuestas siguen siendo un camino legítimo –y muchas veces esperado por la ciudadanía— para que ésta pueda pronunciarse sobre problemáticas que le afectan y que no parecen hacer mella en una clase política distante y apática.
    El tercer elemento planteado por Cruz acerca de la importancia de las encuestas es la posibilidad que éstas proveen de promover el debate social. Esto se vincula estrechamente con lo anterior, ya que la oportunidad de canalizar la expresión ciudadana sienta una base para los necesarios debates acerca de las problemáticas sociales del país. Como ya se ha podido establecer, muchos de los problemas sobre los cuales la ciudadanía demanda respuestas prontas y eficaces no son nuevos. De hecho, la violencia y la economía son dificultades que afectan directamente la supervivencia de las personas, y que han sido señaladas —en mayor o menor medida en función de las diversas coyunturas históricas— incluso desde antes de finalizado el conflicto armado. Y aunque son situaciones que se viven como parte de la cotidianeidad salvadoreña –y que precisamente por ello corren el riesgo de trivializarse por ser parte de una “normal anormalidad” asumida como tal por el ciudadano promedio—, señalarlas una y otra vez en las encuestas como los principales problemas, o los principales fracasos, o los principales retos, o los principales obstáculos para el desarrollo social, económico y humano del país sirve precisamente para que se vuelvan objeto de debate público y resalten todo lo que aún falta por hacer. En consecuencia, esto facilita –u orilla— a los políticos a discutir y volver los ojos al menos temporalmente a los problemas ciudadanos, auque sea para que aquéllos tengan que hacer malabares argumentativos para explicar cuentas que no les salen o resultados que no les favorecen.
    Finalmente, Cruz plantea como elemento fundamental, que la importancia de las encuestas de opinión pública en países como el nuestro radica en la posibilidad que brindan de comprender el propio contexto psicosocial. Y este ha sido, desde hace más de 20 años, un pilar fundamental del trabajo, de la visión y misión del IUDOP. Hacerla de agorero tratando de adivinar quién ganará las elecciones no es difícil –aunque posteriormente no se acierte—, o pretender hacerla de perito al pronosticar “empate técnico” entre dos partidos cuando no hay grandes diferencias numéricas en las intenciones de voto (a muchos meses de las elecciones) no requiere de dotes de clarividencia. Pero para ser capaces de ofrecer un reflejo de la sociedad –aunque sea dentro de un contexto histórico particular— y con ello brindar claves para la comprensión y explicación del contexto y el comportamiento político y social de la ciudadanía, para eso, se requiere más que un puñado de cuestionarios llenos, se requiere más que tener tecnología de punta, se requiere más que saber sacar promedios y porcentajes. Este autor, retomando la Teoría del espejo acuñada por el padre Ignacio Martín-Baró –fundador y primer director del IUDOP—, señala que las encuestas sirven para que la población tenga la posibilidad de verse a sí misma, en sus propios términos. Al igual que cuando una persona al verse al espejo cobra noción de sí a partir de un normal proceso de concientización, un colectivo ciudadano podrá verse reflejado –en mayor o menor dimensión— en la medida que pueda ver expresadas sus propias circunstancias de vida en los resultados de una encuesta. En este sentido, y si posterior a un sondeo los resultados son devueltos con transparencia, objetividad y pertinencia a la población, se podrán convertir no solo en fuente alternativa de información, sino también en vehículos para promover actitudes más críticas y menos ideologizadas entre la ciudadanía. Y el proceso desideologizador se da en la medida que, a través del espacio de la encuesta al menos, nadie habla por “el pueblo”, sino que es la ciudadanía la que se expresa a través de un grupo que le es representativo.
    Se espera que el desentierro de estas ideas de otro, pero pertinentes para este momento, permitan entrever a los padres de la patria que han despotricado contra las encuestas –tal vez por ignorancia, tal vez por malicia, tal vez por recelo—, el por qué un sondeo de opinión técnicamente fundamentado no es –y no debería ser nunca— ni un oráculo, ni una bocina institucional. Y con un poco de suerte, tal vez les permita llegar a comprender cómo estos instrumentos les pueden incluso auxiliar para volver los ojos a la ciudadanía que representan y a los problemas que a ésta le asfixia, a fin que los resultados de las encuestas puedan convertirse en insumos para la toma de decisiones y para la acción eficaz.

Acá no hay castigo

    En el discurso del tercer aniversario de su gobierno, Antonio Saca lo ignoró; pero la población lo ubicó como su mayor preocupación. La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) reveló que la gente percibe el combate a la delincuencia como el principal fracaso del presidente y su desafío más importante en lo que le queda de mandato. Quizá por eso, el primero de junio no quiso echar más leña al fuego y evitó citar cifras al respecto. Aunque esa omisión no pasó desapercibida para quienes comentaron el trienio transcurrido, lo que realmente ha logrado poner el tema en la agenda pública es el estudio denominado “Eficacia del sistema de justicia en el tratamiento de casos de homicidio”, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ese documento hizo que hablaran los responsables oficiales de la seguridad en el país.
    Los datos que arroja son alarmantes. De los expedientes de homicidios ocurridos en el 2005 en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, se desprende que sólo el 14.2% de éstos llega a los tribunales y únicamente en el 3.8% se condena a los responsables. En otras palabras, en noventa y seis de cada cien casos los criminales quedan libres. Aunque desde este espacio ya se había advertido que la impunidad era el principal asunto a encarar para un eficaz combate de la violencia, lo valioso del mencionado estudio es que le pone cifras a esa afirmación del IDHUCA y muestra las verdaderas dimensiones del fenómeno. Además, confirma algo que también se ha alegado antes: que las autoridades manipulan, mienten o no se aseguran de la veracidad de los datos que proporcionan a la población.
    Contrario a lo que el PNUD registró, un matutino afirmó que Rodrigo Ávila   –director de la Policía Nacional Civil (PNC)– aseguró en mayo del año pasado que el nivel de condena de delincuentes estaba entre el dieciocho y veinte por ciento. René Figueroa, Ministro de Seguridad y Justicia, también se disparó asegurando que el noventa y dos por ciento de los casos llegaba a los juzgados de instrucción. Ahora que el organismo de las Naciones Unidas contradice sus “cifras” y los pone en entredicho, han intentado deslegitimar el estudio diciendo que se basa en datos desfasados y que está cargada del sesgo ideológico de sus autores.
    Semejante “defensa” se cae sola. Como se pretendía explorar el avance de los casos en los tribunales y la efectividad de las instituciones encargadas de impartir justicia, lo más lógico era buscar expedientes que ya habían concluido; como el sistema de justicia nacional es lento, es probable que los casos más “actuales” aún no hayan sido resueltos. En cuanto a la opción ideológica, si este fuera un criterio valido para determinar la credibilidad de una investigación –tal como lo señaló el sensato y brillante político, Héctor Dada– ni Figueroa ni el propio presidente de la República serían fuentes confiables de información dado que son vicepresidente de ideología y presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), respectivamente. “Pensando” así, cualquiera podría creer que ocultan lo que no le convenga a ARENA o que magnifican lo que les beneficia. O, como dicen, “el león juzga por su condición”.
    No obstante, la población sí tiene razones para dudar de las cifras oficiales pues tanto el Instituto de Medicina Legal, como la PNC y la Fiscalía General de la República difieren en sus cálculos de muertes violentas al final del año ¿A quién creerle? ¿Por qué hasta hoy no han podido ponerse de acuerdo? Quién sabe, lo cierto es que la demanda de unificar criterios e información ha sido reiterada y repetida no sólo por las organizaciones sociales sino por las mismas asociaciones empresariales, la embajada estadounidense y la iglesia Católica, entre otras. Eso permitiría tener clara la parte cuantitativa del flagelo y decidir con tino, con calidad, la forma de combatirlo.
    El otro argumento que bota las palabras de Figueroa, lo dio Francisco Bertrand Galindo; el también miembro de ARENA y del gabinete de gobierno de Francisco Flores, lo ilustró diciendo que “si un estudio se hace por la vía científica, no se cae en el sesgo ideológico”. Bertrand Galindo, que participó como comentarista en la presentación del informe, también criticó la falta de unidad informativa gubernamental. “Si las cifras no cuadran, es como si en un banco faltara o sobrara un centavo. Quiero decir que falló un sistema que no puede fallar” agregó. A estos reparos, Figueroa no puede descalificarlos por ideologías; ¿o sí?
    Entre las deficiencias señaladas –que han puesto huraño a Figueroa– están la falta de exámenes serológicos en escenas del crimen, carencia de análisis balísticos y de constancia de las autopsias en los expedientes. Asimismo, han sido incapaces de buscar, identificar, localizar y entrevistar testigos. Nada de esto es algo que no se haya dicho antes, pero el estudio muestra su dimensión: el noventa y siete por ciento de los casos analizados presentaron deficiencias administrativas. Eso lo ha denunciado el IDHUCA desde el acompañamiento de víctimas como los padres de Ramón Mauricio García Prieto, las madres de Katya Miranda y los  hermanos Carías, la familia del niño Maycol Ticas y muchos más.
    De todo, lo más grave es la necia manía de pretender ocultar una realidad que hace mucho sobrepasó la capacidad de las autoridades. No ser humildes para aceptar las criticas y tomar medidas que de verdad reviertan la situación de impunidad, es lo que agrava el fenómeno. Porque ya no se trata sólo de la gran cantidad de muertes diarias, que es grave, sino también de mayores niveles de salvajismo y brutalidad. Ahora es común toparse con cuerpos desmembrados, amarrados de pies y manos, torturados, acribillados o violados. Basta desplegar un poco la memoria para recordar la masacre del Plan de la Laguna, los seis jóvenes encontrados en un pozo violados y lapidados, el joven asesinado con veintidós impactos de bala, la niña decapitada encontrada en Los Chorros y los pocos restos encontrados del cadáver de Carolina Canizáles, compañera de trabajo en la UCA.
    Por eso, es incomprensible e inaceptable que –en lugar de cerrar filas para enfrentar tal situación– algunos personeros oficiales prefieran atacar a quienes les ayudan a determinar la magnitud del fenómeno. Y es que hoy en día, el principal obstáculo para encontrar soluciones es la polarización partidista que se irá profundizando cada vez más por la cercanía de las elecciones del 2009. La campaña comenzó ya y por eso, como tan bien dice la gente, “quien las hace se las imagina”.
    Ahí está, por ejemplo, el Fideicomiso de Financiamiento para la Educación, Paz Social y Seguridad Ciudadana. Con él se está intentando evadir la necesidad de crear consensos alrededor de este tema sensible para todos y todas; además, se está queriendo imponer una visión sin importar que ese afán se lleve de encuentro, otra vez, a la legalidad y el Estado de Derecho. Esa es la mejor muestra de una confrontación irresponsable y de un inicio adelantado de la campaña presidencial, municipal y legislativa. Porque la seguridad ciudadana siempre ha sido vista por ARENA como una forma de ganar votos –basta con recordar el anuncio del plan “mano dura” y su uso electorero en el 2004– y por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como un argumento fuerte para restárselos.
    Mientras todo eso sucede y cada partido político toma posición en ese combate que ya comenzó y que durará –¡ojalá!– hasta los comicios del 2009, hay una población en medio del fuego cruzado sufriendo la muerte diaria de al menos diez personas y siendo víctima de la criminalidad que se pasea a sus anchas por todo el territorio. Qué más hace falta para que exista un compromiso oficial verdadero con la verdad, la justicia y la paz. ¿Cuántos salvadoreños tendrán que morir para que el Ministro de Seguridad y Justicia, el director de la PNC y el Fiscal General de la República tomen en serio las investigaciones e impulsen planes basados en éstas? ¿Hasta cuándo la gente mirará indignada lo que sucede, sin hacer nada? Ojalá que no pase más tiempo para que la gente, precisamente, conmine a las autoridades encargadas de impartir justicia y las haga superar ineficiencias, reacciones de prima dona y discursos falaces. El daño es demasiado y los riesgos para el futuro son enormes.

Discurso del Presidente de la República, Elías Antonio Saca, a propósito de los tres años de su gestión (II)

    Entre el 2005 y el 2007 se han quintuplicado los casos atendidos por la defensoría del consumidor. Solo en el último año hemos atendido a más de 60 mil personas. Estos números reflejan la confianza que están depositando los salvadoreños en una institución que tiene apenas dos años, pero que ya está logrando ganarse el respeto y credibilidad de los salvadoreños.
    A tres años de haber asumido la gestión del Órgano Ejecutivo, nos complace anunciar que finalmente hemos actualizado la base estadística del país, una tarea que había quedado pendiente desde 1992. Para contar con cifras exactas y una base para diseñar las políticas públicas y priorizar las necesidades, ejecutamos cinco ambiciosos proyectos: la actualización y digitalización de la cartografía de vivienda, la actualización del índice de precios al consumidor, los censos económicos, el primer censo de población y vivienda en 15 años, y el censo agropecuario. Este último no se hacía desde 1971, y hoy día ya está listo para ejecutarse en las próximas semanas.
    Hemos invertido $ 22 millones de dólares en estos grandes proyectos. Hace unos días finalizamos el más grande de todos, el censo de población y vivienda, que necesitó el esfuerzo humano de cerca de 20 mil personas. Quiero decirles que el censo de población y vivienda fue un éxito porque se volvió un proyecto de nación que contó con el apoyo de todos los partidos políticos y todos los sectores de la vida nacional, y debería ser un ejemplo de cómo se pueden hacer los grandes proyectos de país en consenso. En unas semanas vamos a conocer cuántos salvadoreños somos. Agradecemos al fondo de población de las naciones unidas por su apoyo a este proyecto estratégico.
En la parte de infraestructura, somos hoy por hoy el país con la mejor red vial de la región centroamericana. Las carreteras en buen estado son útiles para la agricultura, para el turismo, para la inversión y nos traen a todos desarrollo y oportunidades. Nuestra red vial nos hace más productivos y le da al país un mayor atractivo internacional.
    Por eso estamos invirtiendo $ 47 millones de dólares en el nuevo Bulevar Diego de Holguín, una moderna súper carretera de 9.9 kilómetros de longitud que se convertirá en la solución vial para el gran San Salvador y Santa Tecla. Por esta vía estarán circulando diariamente mas de 50 mil vehículos, descongestionando parte de la capital y Santa Tecla, logrando que todos aprovechemos más el tiempo.
    Este gobierno ha realizado las obras de mitigación de riesgos en zonas urbanas más grandes de los últimos 30 años, con énfasis en zonas vulnerables de la capital. Estamos invirtiendo $ 18 millones de dólares solo en obras de mitigación en la cordillera del bálsamo, dando una solución integral a varias colonias de Santa Tecla y de la zona sur de San Salvador.
    También estamos invirtiendo en cambiar el obsoleto sistema de drenajes secundarios de San Salvador. A pesar de la discusión de a quien le compete, al gobierno o a las municipalidades, tomamos la decisión de reemplazar cerca de 10 mil metros lineales de tuberías que tenían mas de 50 años de uso. Las inundaciones del invierno que ya comenzamos a ver no tienen color político y causan estragos a las familias en zonas vulnerables. Este es un caso en que actuamos por encima de las ideologías, nos salimos de la discusión y estamos resolviendo el problema.
    Los trabajos de desagüe que hemos realizado en el lago de Ilopango son considerados como obras hidráulica y de geotecnia de gran magnitud. Invertimos $ 14.1 millones de dólares y llevamos tranquilidad a más de 1.2 millones de habitantes de 13 municipios.
Y en este tema de infraestructura, deseo hacer un anuncio. Vamos a iniciar en las próximas semanas los estudios y trabajos para convertir la calle al puerto de La Libertad en una carretera de cuatro carriles, para colocarla a la altura de las condiciones que demanda el despegue turístico y el desarrollo económico y habitacional de la zona del puerto de La Libertad.
    En el tema de seguridad, al que le dedicamos mucho esfuerzo, quiero decir que estamos combatiendo con todas nuestras energías al crimen organizado y la delincuencia común. Para solventar las carencias jurídicas, hemos tenido que reestructurar y ordenar el marco jurídico que dejaba vacíos en el combate de la criminalidad. En los últimos meses hemos impulsado ese necesario nuevo orden con el decidido apoyo de este pleno legislativo.
    Hoy día ya contamos con la nueva Ley contra el Crimen Organizado, la nueva Ley especial contra Actos de Terrorismo y la Ley de Protección a Víctimas y Testigos. Estas nuevas leyes le están dando a la Policía y a la Fiscalía nuevas herramientas, las cuales hemos desarrollado en un marco de coordinación interinstitucional.
    Una promesa cumplida en el área de seguridad es la Policía Rural, que dos años y medio después de iniciada, ya cuenta con más de mil efectivos y más de 200 patrullas móviles. Hemos llevado más seguridad a las zonas rurales. También creamos la División de Investigación de Homicidios, el Grupo de Operaciones Especiales, e instalamos el sistema de seguridad INTERPOL de forma permanente, todas herramientas que nos dan más soporte para que la Policía haga mejor su trabajo y los delincuentes se queden en la cárcel.
    El combate al crimen ha sido difícil y lo seguimos reforzando sin descanso. Reconozco y valoro los esfuerzos de nuestras fuerzas de seguridad pública, que arriesgan su vida a diario para llevarnos tranquilidad.
Hemos invertido en patrullas, en mejorar los salarios de los policías, en inteligencia, en equipamiento, pero seguimos cortos en recursos. Desde finales del año pasado, venimos trabajando con la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social y sus aportes están enriqueciendo todo el trabajo que estamos haciendo contra el crimen en todas sus manifestaciones.
    Otra forma de abordar el tema de la seguridad ciudadana es desde la prevención. Por eso este día quiero anunciar la formación del instituto de recreación familiar, un programa presidencial que abrirá espacios de esparcimiento para la familia. Este instituto reunirá y coordinará toda la infraestructura y áreas con vocación recreativa que hoy en día están dispersas en distintas instituciones gubernamentales, con el objetivo de contribuir a la sana diversión y distracción de los salvadoreños. Necesitamos este tipo de espacios para darle a la niñez y juventud alternativas para el mejor uso de su tiempo en familia.
    Otra área de promesas cumplidas es la salud. Hemos hecho una inversión histórica en remodelación y ampliación de varios hospitales de la red pública. Se ha iniciado la construcción y reconstrucción de los hospitales de Cojutepeque, San Rafael en Santa Tecla y Santa Gertrudis en San Vicente. En estos hospitales estamos invirtiendo $ 41 millones de dólares y se beneficiará a miles de habitantes de varios departamentos.
    Quiero anunciar que este mes vamos a colocar la primera piedra para la reconstrucción los hospitales de Santa Teresa en Zacatecoluca, y San Pedro en Usulután. Luego vamos a seguir con la ampliación del Hospital San Juan de Dios, de San Miguel. En estos proyectos vamos a invertir $ 43 millones de dólares.
    Además, quiero dejar sentado nuestro compromiso de trabajar para lograr que a corto plazo las mujeres salvadoreñas puedan hacer uso de un moderno Hospital de Maternidad.
    También hicimos una inversión histórica en el Hospital Rosales, que hoy cuenta con una moderna unidad de emergencias, construida y dotada con equipo de rayos x, con tomógrafo, ultrasonografía y todo lo necesario para atender emergencias.
    También, gracias a las buenas relaciones que mantiene el gobierno salvadoreño con el gobierno de Japón, se logró la construcción y equipamiento de un moderno centro quirúrgico y unidad de cuidados intensivos en el Hospital Rosales. Esta inversión asciende a $10 millones de dólares y beneficia a más de 360 mil usuarios por año. Esta es la inversión más grande de los últimos años en el principal centro de atención médica del país.
    En la red de atención médica del seguro social hemos invertido $ 70 millones de dólares. Entre este año y el próximo, vamos a estar inaugurando obras de reconstrucción y ampliación en hospitales y unidades en san salvador, Zacamil, Quezaltepeque, Sonsonate, Ilopango, Chalchuapa y Soyapango.
    A quienes nos acusaron de querer privatizar la salud, hoy tengo la solvencia moral de decirles dos cosas: uno, la salud sigue siendo un patrimonio público. Dos, hemos hecho la más grande inversión pública en el sector salud de las últimas décadas, para hacerla más efectiva y más accesible. Entre la red de salud pública y el seguro social, hemos invertido más de 200 millones de dólares.
    Para abrirnos a nuevas oportunidades al comercio internacional, estamos erigiendo el nuevo puerto la unión, que recibirá barcos de gran calado y nos convertirá en un corredor logístico comercial entre los océanos atlántico y pacífico.
Con la construcción del puerto estamos inyectando desarrollo a la zona oriental del país, generando alrededor de 400 empleos directos durante la fase de construcción. Luego vendrán más empleos directos cuando la terminal marítima inicie operaciones. Se crearán alrededor de 2,500 empleos en actividades relacionadas con el puerto y con el desarrollo de la zona.
    El puerto La Unión será uno de los grandes legados históricos de nuestro gobierno, porque nos coloca en una dimensión más competitiva y nos proyecta a nivel internacional con dignidad y modernidad. El puerto lleva más de la mitad de avances y a la fecha hemos invertido $ 69 millones de dólares.
    Otra fuerte inversión ha sido la ampliación de nuestra capacidad de generación de energía eléctrica. La demanda está creciendo más rápido que nuestra capacidad instalada, en parte gracias a que más salvadoreños tienen hoy acceso a los servicios básicos. Estamos repotenciando las centrales hidroeléctricas para aumentar su capacidad instalada en un 21%. Este año inauguramos la central eléctrica de Talnique, que reforzará con 50 megawats la generación de energía. También se ha realizado una fuerte inversión para ampliar la oferta de energía geotérmica.
    Con el reciente lanzamiento de la política energética, estamos incentivando el desarrollo de los biocombustibles como el etanol y el biodiesel, y además estamos buscando aumentar la oferta energética a través de proyectos de generación de energía a base de fuente renovables, tales como la geotérmica, hidroeléctrica, y a base de viento y luz solar.
    Ya hemos iniciado el proceso de construcción de dos nuevas presas hidroeléctricas, luego de más de treinta años de ausencia de inversión en este tipo de infraestructura. Me refiero a la presa El Chaparral, en San Miguel, que costará alrededor de $ 140 millones de dólares; y el cimarrón, ubicado entre Chalatenango y Santa Ana, cuya inversión inicial será de mas de 600 millones. Cuando se terminen, estas infraestructuras generarán energía para todo El Salvador.
    En el tema energético, también quiero hacer dos anuncios. El primero es que no habrá incremento en las tarifas de energía eléctrica durante el segundo semestre del 2007, a pesar de los altos precios del petróleo, cumpliendo con mi compromiso adquirido hace un año. Esta es una buena noticia para nuestra economía familiar.
    El segundo anuncio es que este día estamos presentando una iniciativa de ley que promoverá incentivos fiscales para la inversión en proyectos de generación de energía eléctrica a base de fuentes renovables, como agua, calor del subsuelo, viento, biomasa, energía solar y otros. Con ello esperamos en el mediano y largo plazo reducir nuestra dependencia del petróleo, mejorar las tarifas, y cuidar el medio ambiente.
    A propósito del medio ambiente, quiero informar que estamos muy avanzados en nuestros esfuerzos para cerrar en el mediano plazo botaderos de cielo abierto y encontrar junto al sector privado soluciones menos contaminantes, como rellenos sanitarios con tecnología de punta o mecanismos más avanzados como el co-procesamiento de desechos y el reciclaje.
    Estamos desplegando unidades de inspectoría ambiental en todo el país, y trabajando con las municipalidades en la creación de unidades ambientales. Estamos invirtiendo en grandes proyectos como la conservación de dos grandes áreas naturales protegidas y un programa de manejo de cuencas hidrográficas con el cual vamos a proteger los mantos acuíferos de 43 áreas naturales en el occidente del país.
    Otro de los más grandes legados de esta administración será la carretera longitudinal del norte, un proyecto que estuvo en planos alrededor de 40 años. En septiembre se recibirá el primer desembolso de los $ 461 millones que aprobó para El Salvador la corporación de la cuenta del milenio. Este es el más grande proyecto de desarrollo de la franja norte en la historia de el salvador.
    Con la nueva carretera vamos a cambiarle el rostro al norte del país, mejorando la calidad de vida y el bienestar de 850 mil personas, que por años se han visto aislados del desarrollo nacional. Más de 90 municipios serán beneficiados desde el momento en que inicien las obras de construcción. FOMILENIO lleva ya varios meses haciendo estudios de impacto ambiental y estudios técnicos antes de iniciar los trabajos de apertura de la carretera y otros proyectos de desarrollo.

Principales orientaciones sobre los cambios en la estructura tributaria de los países (II)

    La composición de las estructuras tributarias en la región también muestra variaciones significativas a lo largo del período 1990-2003. Sin embargo, y adelantándose a los análisis siguientes, puede señalarse una serie de hechos estilizados en cuanto a los cambios en las estructuras tributarias de los países.
    En primer lugar, en el total de los ingresos tributarios se observa una menor participación de los generados por el comercio exterior, hecho que responde en cierta medida a la desaparición de los impuestos aplicados a las exportaciones en toda la región (el caso reciente de las retenciones sobre las ventas externas en Argentina constituye una excepción a la regla general), pero más especialmente a un significativo abatimiento de los aranceles nominales correspondientes a las importaciones. Para el conjunto de los países, la participación de estos gravámenes disminuyó de un 18% en el año 1990 a cerca de un 11% en 2003, tendencia que ya se manifestaba en la década de 1980.
    En segundo lugar, y de manera correlativa con lo antes indicado, surge un proceso de generalización y fortalecimiento del IVA en toda la región, pues este tributo, que si bien era ya de antigua data en algunos países (Brasil lo adoptó en 1967 a nivel de los estados, Ecuador en 1970 y Argentina en 1975), se expandió a toda la región —el último país en adoptarlo fue República Bolivariana de Venezuela en 1993— y su participación en el total de los recursos tributarios aumentó de un 21% a cerca de un 33%.
    En tercer lugar, los impuestos a la renta no han experimentado cambios de importancia en ese período, sino que han permanecido más bien estacionarios en torno al 25% del total, aunque esta afirmación debiera ser relativizada si se considera que, durante algunos años, los impuestos societarios parecieran tener un mayor peso, en parte como resultado del proceso de privatización de empresas públicas.
    Asimismo, y como un hecho conocido —si bien basado en información insuficiente—, se observa que el grueso de la imposición a la renta ha provenido mayoritariamente de la participación de las sociedades (entre el 60% y el 70%) y, en menor medida, de los ingresos aportados por las personas naturales o físicas, lo cual constituye una característica que se repite independientemente del nivel de presión tributaria de los países. No obstante, se insiste en la necesidad de mejorar la información sobre esta materia, ya que muchas veces la disponible resulta insuficiente para llegar a una apreciación detallada.
    Por último, hay dos hechos adicionales que interesa destacar. Por una parte, se ha realizado una significativa depuración o reducción del número de impuestos aplicados, especialmente en materia de imposición selectiva, la que actualmente se limita a gravar los bienes y servicios que podrían denominarse inelásticos, como tabacos, bebidas alcohólicas y gasificadas, combustibles y telecomunicaciones, perdiendo participación en el total de los ingresos impositivos, lo que responde a las políticas de simplificación de las estructuras tributarias. Por otra parte, se observa el surgimiento de impuestos aplicados sobre bases extraordinarias o espurias, como débitos y créditos bancarios, impuestos a las operaciones financieras y otros gravámenes “heterodoxos” destinados a reducir a un mínimo la participación de la imposición directa.
    Por último, el creciente grado de informalidad de los mercados, sobre todo en los campos laboral y de microemprendimientos (vendedores ambulantes), fenómeno presente en la mayoría de los países de la región, no puede dejar de señalarse con preocupación. Este estado de cosas plantea enormes problemas aún no resueltos, tanto para el diseño de las normas como para la administración del sistema tributario. En algunos países, como Brasil y Argentina, entre otros, se ha implementado sistemas sustitutivos de tratamiento integral dirigidos a esos grupos de contribuyentes. En otros, se ha buscado excluir del ámbito impositivo a aquellos considerados como contribuyentes poco rentables para la administración tributaria, vía la incorporación de montos mínimos de ventas o de ingresos no alcanzados. En otros casos, si bien no se han adoptado normas de tratamiento especiales para este segmento de contribuyentes, es posible observar un alto grado de incumplimiento de las normas, es decir, se ha optado por convivir con el problema.
    La tendencia a reducir los impuestos aplicados al comercio exterior viene manifestándose desde décadas pasadas, pero no parece haber firma de tratados multilaterales de comercio y por el fortalecimiento de las distintas áreas de integración regional tendrán necesariamente repercusiones en estos gravámenes.
    Tal situación pone de relieve la necesidad de analizar las probables vías para recuperar los recursos que se perderán, a fin de evitar, por una parte, que el proceso de apertura se vea obstaculizado por ello y, por la otra, que los países sufran pérdidas fiscales que puedan afectar tanto a su sostenibilidad como a su estructura productiva y a la equidad del sistema.
    No obstante lo antes afirmado, la evolución de las estructuras tributarias en América Latina indica que estas no parecen haber avanzado en esa dirección, sino que han tendido más bien a concentrarse solo en el incremento de los impuestos al consumo, y cuando esto mostró ser insuficiente se apeló a recursos heterodoxos o distorsionantes para fortalecer la recaudación, lo cual plantea la necesidad de analizar el tema del futuro de la imposición a la renta.
    En síntesis, cabe preguntarse cuáles pueden ser las fuentes alternativas de recursos que viabilicen tanto el proceso de apertura económica como la satisfacción de las mayores demandas en materia de gasto público, sin por ello poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.