El pasado 24 de marzo se conmemoró el XXVII Aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En distintas parroquias del interior del país, salvadoreños y salvadoreñas se reunieron para honrar la memoria del pastor asesinado en 1980. Las actividades de más realce público se realizaron en San Salvador,  en donde, desde la mañana del 24, distintos sectores de la sociedad se integraron a ellas, especialmente a la vigilia que tuvo lugar en las afueras de la Catedral Metropolitana de San Salvador. Un año más, pues, el recuerdo de Monseñor Romero convocó a grupos significativos de la sociedad salvadoreña —significativos no sólo por su número, sino por su calidad humana— que se sienten identificados con el legado de su fe, sus preocupaciones pastorales y su compromiso con las víctimas.
     Para nada causa extrañeza la capacidad de convocatoria de Monseñor Romero. Convocó cuando estaba vivo y no ha dejado de convocar desde su asesinato, hace 27 años. Ello es extraño porque Monseñor Romero es, sin lugar a dudas, el salvadoreño más universal. Su universalidad tiene tres dimensiones esenciales: la primera tiene que ver con los valores cristianos que sostuvieron su labor pastoral; la segunda, con los males estructurales que denunció y por cuya superación trabajó incansablemente; y la tercera, con el reconocimiento mundial que obtuvo mientras ejerció su ministerio y que se extendió con su muerte martirial.
      Amplios grupos sociales no sólo reconocen la universalidad de Monseñor Romero, sino que se sienten orgullosos de ella. Sin embargo, esa universalidad es algo que algunos sectores del país no quieren reconocer y, peor aún, se esfuerzan por convertirla en algo inexistente o, en el mejor de los casos, en algo de importancia menor. Es una obviedad decirlo, pero en primera instancia están los ricos más ricos de El Salvador, para los cuales —con sobrada razón— Monseñor Romero sigue siendo algo molesto. Muchos de los abusos cometidos por los poderosos de aquellos años continúan siendo cometidos por los poderosos de ahora. Para la actual oligarquía financiera, al igual que para sus predecesores terratenientes, la obtención de riqueza a cualquier precio sigue siendo la regla de oro. Es decir, su único dios es la riqueza —tal como fue para sus padres y abuelos—, ante cuyo altar están dispuestos a sacrificar la dignidad y el bienestar de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Lo que dijo Monseñor Romero a sus padres y abuelos –o a quienes, aunque no fueran sus parientes, gozaron de riquezas mal habidas en el pasado— se aplica a ellos. Lo saben y por eso hacen del Arzobispo asesinado y su recuerdo algo inexistente.
    Para ello, cuentan con dos aliados imprescindibles: el partido ARENA y los grandes medios de comunicación. Desde ARENA se ha hecho todo lo posible por restar importancia a Monseñor Romero; esto se ha buscado mediante la promoción del artífice de su asesinato, el ex mayor Roberto D’Aubuisson. ARENA no ha cesado en sus afanes de convertir al ex mayor en un héroe nacional, enalteciendo los valores profesados por él, haciéndolos pasar como valores que expresan al conjunto de la sociedad, cuando en realidad lo único que expresan (al igual que lo hicieron en el pasado) es el interés de un grupo particular por conservar, a toda costa, privilegios contrarios al bien común. Afirmar a D’Aubuisson ha supuesto negar a Monseñor Romero, lo cual se entiende en un partido que no está ni comprometido con la democracia ni interesado en la justicia y la equidad sociales.           
    En esta exaltación de D’Aubuisson —correlativa a la negación del legado de Monseñor Romero— ARENA ha contado con el apoyo de las grandes empresas mediáticas. Estas han respaldado a ARENA de varias maneras. Una, enalteciendo directamente y por iniciativa propia al ex mayor, lo cual ha supuesto ocultar (o no dar cuenta informativamente) de aspectos de su vida que claramente lo convierten en sospechoso de crímenes de lesa humanidad. Otra, dando poca o nula importancia a la figura y obra de Monseñor Romero. Una tercera, prestando poca atención a lo que se relaciona con el asesinato del Arzobispo. En este punto, no se puede dejar de mencionar la bajeza mostrada por las grandes empresas mediáticas ante la presencia y declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, Robert White. Pese a tratarse de una personalidad de primera importancia y de que sus revelaciones son claves para entender una de las épocas más dramáticas de la historia salvadoreña reciente —así como al papel jugado en ella por D’Aubuisson—, no hubo seguimiento a sus actividades ni tampoco se dio una cobertura exhaustiva de sus declaraciones. Lo dicho por White acerca de la implicación directa de D’Aubuisson en el asesinato de Monseñor Romero debió haber sido noticia de primera plana en los dos matutinos nacionales, así como punto central en las agendas informativas de los canales de la Telecorporación Salvadoreña. Debió ser así, ciertamente, si se tratara de medios realmente éticos y profesionales, lo cual no es el caso en El Salvador.   
    Lo anterior lleva a un último asunto: la cobertura mediática del XXVII Aniversario del asesinato de Monseñor Romero. Aquí también las grandes empresas mediáticas le siguieron el juego a ARENA y a los grupos de poder económico: por ejemplo, los dos matutinos —ellos mismos grandes empresas económicas— apenas dedicaron, el 25 de marzo, una breve nota interior a la celebración del mencionado aniversario. Lo que debió ser noticia de primera plana —por la universalidad del salvadoreño cuya muerte se conmemoraba, por decencia periodística, por profesionalismo— fue tratado como un acontecimiento irrelevante, secundario, menos digno de atención que un concierto en la zona de los centros comerciales, los pormenores de la captura de una mujer cuyo esposo está acusado de corrupción, los avatares del fútbol nacional o los amores y desamores de las estrellas de Hollywood.   
    ARENA y los poderosos de El Salvador creen que si algo no tiene presencia en los grandes medios no existe o, lo que es equivalente, que una realidad puede ser convertida en inexistente si esos grandes medios no le dan cabida en su universo. Eso es lo que han intentado hacer una y otra vez con Monseñor Romero. Una y otra vez han fracasado, porque el legado del Arzobispo mártir tiene un espacio en otro universo: el formado por las tradiciones de lucha y esperanza de quienes —hombres y mujeres— se niegan a aceptar una realidad donde no hay ni solidaridad ni justicia ni fraternidad. 

    Sin el afán de ser pesimistas, durante el primer trimestre de este año, el ambiente político salvadoreño refleja, a modo de síntesis, algunos de los males sociales arraigados entre la llamada “clase política” local: falta de voluntad; escasa capacidad de negociación de los partidos políticos; renuencia gubernamental ante la rendición de cuentas; uso electoral de las problemáticas sociales, corrupción en el manejo de los fondos públicos y; finalmente, violencia exacerbada vinculada al crimen organizado.
    Entre los aspectos positivos, se destaca la participación de la sociedad civil en la esfera pública, ya sea mediante formas institucionalizadas —presentación de anteproyectos— o mediante la protesta popular, y otras formas no convencionales, como instrumento de presión ante las autoridades gubernamentales.

A 15 años de la paz
    Un primer hito de 2007 fue la conmemoración de los Acuerdos de Paz a 15 años de su firma. Sin desmerecer el peso histórico de la fecha, este suceso debió ser el punto de partida para una reflexión —y no para una celebración superficial— más amplia sobre los avances, estancamientos y retrocesos experimentados en el país, una vez finalizado el conflicto armado.
    No obstante, lejos de propiciar un clima reflexivo a profundidad entre las esferas gubernamentales, la conmemoración fue utilizada por ARENA para difundir su “aporte” a la instauración de la paz en el país y ensalzar la figura de Alfredo Cristiani y otros representantes de la derecha, partícipes de las negociaciones en su momento. Por su lado, el FMLN recalcó, sin mayor éxito, grandes temas aún pendientes de respuesta: la necesidad de reformar al sistema electoral vigente y formular políticas que retomen los aspectos socioeconómicos planteados en los Acuerdos, entre otros.
    A propósito del decimoquinto aniversario de la paz, los partidos políticos elaboraron una serie de compromisos tendientes a mejorar el actual sistema político. Pese al impulso de la iniciativa, esta fracasó, pues la derecha se negó a comprometerse de manera pública con el cumplimiento de algunos puntos considerados desfavorables para los sectores empresariales y corporativos salvadoreños. En concreto, ARENA discrepó del resto de partidos sobre la inclusión, entre los compromisos a firmar, de una reforma fiscal profunda. De igual modo, el partido oficial pretendía que el documento señalara de manera expresa que los acuerdos están ya finiquitados; por lo tanto, sería innecesario discutir sobre su cabal cumplimiento.
    Así, lo que al inicio del año parecía ser el primer logro producto de un repentino consenso entre los institutos políticos, acabó siendo una muestra más de la falta de voluntad del partido oficial por construir una visión conjunta del país. El aborto de esta carta-compromiso, por otro lado, también dejó en evidencia el escaso poder de negociación y de maniobra del resto de partidos políticos, incapaces de generar presión en el partido gobernante.

Tensiones entre Ejecutivo y Legislativo
    El cuarto gobierno consecutivo de ARENA ha demostrado su tendencia a plantear medidas sociales paliativas, que deben ser entendidas como su reconocimiento implícito al fracaso de las reformas económicas implementadas, desde finales de los años 80, y los resultados negativos derivados de tales medidas.
    El gobierno de Antonio Saca ha dedicado su gestión a lanzar programas sociales, como es el caso de Red solidaria y Caminos rurales. En ese sentido, durante el primer trimestre de 2007, ha centrado gran parte de sus fuerzas a difundir la necesidad de estos programas de ayuda, por lo cual la aprobación de empréstitos por parte de la Asamblea Legislativa se hace necesaria. Para ello ARENA, ha utilizado sus recursos mediáticos a fin de presentar, ante la opinión pública, los beneficios que estas medidas traerían a la población y criticar la negativa del FMLN a apoyar con sus votos la aprobación de los montos solicitados.
    Más allá del manejo mediático de estos programas, el Ejecutivo ha buscado generar presión en el FMLN —y en la sociedad— para lograr darle continuidad a tales políticas. Sin embargo, la razón de fondo para presionar no es el interés general de los beneficiarios directos, ni mucho menos el de las mayorías, sino que ARENA obtenga el apoyo a su gestión y asegurarse con ello las voluntades del electorado en 2009.
    Al respecto, el partido de oposición ha mostrado una postura firme para impedir tal aprobación, ya que considera el endeudamiento público como una vía errónea para financiar los programas gubernamentales. En contraposición a la postura oficial, los dirigentes del FMLN han planteado la necesidad de revisar el actual sistema de recolección fiscal.
    Para el partido de izquierda, de hacerse efectiva una reforma profunda, el país contaría con los recursos suficientes para financiar sus programas. Ello, como ventaja en términos financieros, deja sin efecto la adquisición de compromisos con el Banco Mundial y otras entidades internacionales.
    El debate sobre los préstamos no se reduce a la conveniencia o no de contraerlos. El problema de fondo es que el modelo de gestión impulsado por ARENA se basa en la puesta en marcha de políticas públicas gubernamentales y no estatales.
    En otras palabras, desde su llegada al poder en 1989, el partido oficial ha lanzado programas y medidas con fines electorales como objetivo central. Ello ha dado lugar, en primera instancia, a la ausencia de políticas integrales que resuelvan las desigualdades de fondo en la sociedad; en segundo término, la falta de continuidad en la aplicación de las políticas propuestas; y, finalmente, la excesiva dependencia del país de las entidades financieras y sus políticas.
    En esa línea, El Salvador está ante una preocupante situación política debido a las tensiones provocadas no entre los partidos políticos, sino entre los órganos del Estado. Por un lado, se encuentra un Ejecutivo excluyente a toda propuesta ajena a los intereses empresariales, incapaz de formular políticas orientadas a solucionar los problemas sociales, irresponsable en el manejo de las finanzas públicas, al comprometer al país con fuertes endeudamientos a largo plazo e intolerante a la rendición de cuentas como parte de las prácticas de gobierno. Por el otro, una Asamblea Legislativa incapaz de cumplir su papel como contrapeso político del Ejecutivo, así como de cumplir su misión de legislar a favor de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Un órgano Legislativo, pues, que responde a las dinámicas partidistas y en el que el consenso no existe, salvo algunos pactos y acuerdos coyunturales convenientes a todos los partidos políticos.
    Por tanto, el debate legislativo que ha acaparado la atención durante el primer trimestre del año no encuentra su razón de ser en la conveniencia o no de la adquisición de los préstamos, sino en la continuidad del proyecto político de ARENA contra la posibilidad de generar cambios al interior de la gestión de los recursos estatales. Si bien la alternativa del FMLN merece ser analizada en términos de viabilidad y capacidad real, también es necesario que el actual entrampamiento legislativo encuentre una salida. Para ello, la adquisición de compromisos de parte de estos dos partidos es indispensable. Pero lo es aún más la participación de la sociedad en la toma de decisiones.
    Por otro lado, en la Asamblea Legislativa también se han suscitado controversias, pues a inicios de marzo, el partido oficial y el PDC presentaron una pieza de correspondencia cuyo objetivo era nombrar como hijos meritísimos de El Salvador a dos personajes polémicos y reconocidos en la historia salvadoreña no precisamente por sus contribuciones a la democracia.  Así, ARENA pretendía brindar ese alto honor al ex mayor Roberto D´aubuisson, el principal ideólogo de ARENA y responsable de formar los llamados “escuadrones de la muerte” durante el conflicto armado, y a Napoleón Duarte, el ex presidente por el PDC, recordado por su manejo arbitrario del poder y su alianza con Estados Unidos para eliminar a la oposición durante la época de la guerra.
    Ante la iniciativa, diversos sectores sociales se pronunciaron en contra y se generó incluso algún grado de movilización, para evitar que tal propuesta fuera aprobada por el Órgano Legislativo. La medida al final logró ser rechazada, lo cual debe considerarse un logro de la sociedad ante la insensatez del partido oficial.

Corrupción y violencia
    Desde octubre de 2006, se ventiló uno de los casos de corrupción más sonados en el país. Se trata del diputado suplente del PCN Roberto Silva, acusado de enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico. Pese al curso de la investigación, lo cierto es que a la fecha el imputado se encuentra prófugo de la justicia, lo cual ha demostrado, de nueva cuenta, la fragilidad del sistema de justicia salvadoreño.
    También en lo que va del año, han aparecido nuevos indicios relativos a Carlos Perla, ex gerente de ANDA, y al proceso de investigación en su contra sobre actos de corrupción al interior de esa empresa pública durante la gestión presidencial de Francisco Flores. Incluso, se menciona la participación del ex presidente Flores y el diputado Norman Quijano en los delitos por los cuales se acusa a Perla y a otros miembros de la referida entidad estatal.
    Ambos casos podrían develar a futuro las redes de corrupción instaladas en el sistema político salvadoreño, un mal que también padecen otros países de la región. Al respecto, este trimestre también ha estado marcado por el asesinato de tres diputados salvadoreños del PARLACEN, miembros de ARENA, y su motorista, perpetrado en Guatemala. El crimen ha visibilizado algunas de las redes de corrupción presentes en el entramado institucional del vecino país.

La sociedad civil
    En términos de participación de la sociedad civil en la vida pública, durante los primeros tres meses del año ha habido algunos despuntes y manifestaciones de descontento social, relacionados con coyunturas específicas y demandas muy puntuales.
    Uno de los primeros casos, ya referido al inicio de este artículo, fue el del pronunciamiento de la sociedad en torno al cumplimiento de los Acuerdos de Paz y su cuestionamiento a la conmemoración y al carácter finiquitado de estos que la derecha pretende sostener. A propósito de esta celebración, diversas organizaciones civiles llevaron a cabo actos paralelos a la celebración oficial, a fin de señalar los saldos pendientes en materia social y económica. Un segundo momento de participación fue el rechazo manifestado al CAFTA, a propósito del primer año de vigencia del mismo en el país.
    Otras coyunturas que facilitaron la expresión de la sociedad civil fueron la celebración del Día internacional de la mujer, el 8 de marzo, y las protestas del sector estudiantil relativas a los cambios en los procesos de admisión de la Universidad de El Salvador.
    Finalmente, uno de los temas más sensibles durante el primer trimestre del año ha sido el del acceso de grandes sectores de la población a servicios básicos como el agua. A fin de exigir el abastecimiento del servicio, de enero a marzo hubo protestas sociales que terminaron, en la mayoría de los casos, siendo reprimidas por unidades policiales, sin razón alguna y como signo del autoritarismo imperante aún en la clase dirigente. Por otro lado, algunas organizaciones sociales lograron introducir un anteproyecto de política de agua a la Asamblea Legislativa. Estas muestras de la organización de los ciudadanos son un buen signo, pues dan la pauta para esperar una participación más activa de los salvadoreños y salvadoreñas en la política.

    En las últimas semanas, varias instituciones del Estado han tomado diversas acciones para regular y sancionar ciertas prácticas en el mercado. La Superintendencia de Competencia, después de una serie de investigaciones, descubrió que las petroleras Esso, Shell y Texaco incurren en la zonificación de precios, debido al poder de dominio que mantienen en el mercado de los combustibles. De igual forma, la Defensoría del Consumidor trabaja en una posible demanda contra Tropigas por la venta de cilindros con peso inexacto. Y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) está en busca de un nuevo modelo para la determinación de los precios de la energía, porque el esquema actual permite que la energía se venda a un precio muy superior al costo de generación.
    Las acciones que emprenden estas instituciones están siendo percibidas de forma distinta por los sectores de la sociedad. Para la mayoría de empresarios —y sus allegados—, estas medidas entorpecen el quehacer empresarial que, al fin de cuentas, están en función del beneficio de la sociedad. Otros piensan que el gobierno, después de muchos años, ha reconocido la necesidad de que haya instituciones vigilantes del funcionamiento de los mercados con el fin de mejorar la eficiencia de los mismos. Finalmente, están los que consideran que el trabajo de esas instituciones es el de paliar los males estructurales del modelo económico vigente y, por ello, restan meritos a las acciones impulsadas desde el gobierno con el fin de fomentar la competencia y proteger los derechos de los consumidores.

Mercado y Estado
    Todas estas opiniones se encuentran influenciadas por diversos enfoques y, especialmente, por una concepción particular sobre el rol del mercado y del Estado en la organización económica y social. Para un sector, el Estado no se debe entrometer en la economía y debe permitir que el mercado asigne los recursos. Ellos piensan que la intromisión del Estado provoca una distorsión en los precios y, por tanto, un daño al funcionamiento de los mercados. Por eso, la mejor forma de organización económica es el modelo de mercado, donde el Estado tiene un papel subsidiario. Es decir, donde el Estado sólo provee algunos servicios básicos como la seguridad y la justicia, mediante la policía y los juzgados, respectivamente.
    Los que mantienen esta postura se incomodan por la política social y las leyes que velan por el bienestar de los trabajadores, consumidores y pequeños productores. Según ellos, los programas de ayuda a los pobres, los subsidios al consumo y la producción, junto a la salud y educación gratuitas generan graves distorsiones en el funcionamiento de la economía, al tiempo que premian a los más ineficientes. Por eso, lo más conveniente es eliminar los subsidios y privatizar los servicios sociales para que los agentes privados puedan administrarlos en forma eficiente. Consideran que en el sistema de mercado todos los consumidores —pobres o ricos— deben satisfacer sus necesidades en base a su trabajo o actividad empresarial, sin ningún tipo de ayuda gubernamental. En materia legal, los grandes empresarios —y sus allegados— piensan que la ley del salario mínimo y prestaciones sociales, junto a las leyes de protección al consumidor y las de supervisión de la competencia, afectan a la actividad empresarial que, por definición, no debe ser interferida por nada ni nadie.
    Estas medidas y regulaciones no son aceptadas por las elites empresariales por cuatro razones básicas: en primer lugar, los programas de ayuda a los pobres, subsidios y provisión de salud y educación se financian con los impuestos que recauda el Estado. Esto afecta directamente a las elites empresariales, porque el mayor gasto social  en favor de la población está asociado a un mayor pago de impuestos. En segundo lugar, la provisión de servicios básicos por parte del Estado reduce los espacios para la obtención de utilidades, pues si la educación, la salud y el agua estuvieran en manos privadas, los grandes empresarios podrían obtener mayores ganancias. En tercera instancia, la presencia de mínimos salariales y de servicios de previsión social impide la reducción de los costos de producción y funcionamiento de las empresas. Finalmente, las leyes en defensa del consumidor y la competencia sancionan a los empresarios que proveen bienes y servicios de mala calidad y a un precio inadecuado, como también a aquellos que abusan de su posición dominante en el mercado. Estas medidas reducen las oportunidades de abuso de los grandes empresarios.
    Por otro lado, y como se dijo con anterioridad, hay un grupo que considera que el Estado debe intervenir en la economía sólo cuando el funcionamiento del mercado genera un problema de asignación de recursos y soluciones ineficientes. La intervención estatal se realiza con leyes y normas que protegen a los consumidores y a los empresarios. Este punto de vista, a diferencia del anterior, tolera las regulaciones estatales y presupone que el mercado, por su naturaleza, tiende a la concentración de recursos y margina de la compra de bienes y servicios a los sectores  de bajos ingresos.
    A diferencia de la elite empresarial, mejor posicionada, este grupo comprende a cabalidad que los grandes empresarios usan con frecuencia su posición dominante en el mercado para abusar sobre los consumidores y sobre los pequeños productores. Por ellos, se muestran de acuerdo con las medidas regulatorias del mercado. No obstante, esta postura reduce todos los problemas sociales a la mayor o menor eficiencia del mercado, obviando que el funcionamiento de la sociedad también depende de las decisiones políticas, jurídicas y culturales. Ellos piensan que solucionando los problemas de mercado también se solucionarán los demás problemas sociales.
    Este grupo no cree en las reformas estructurales del modelo económico y considera innecesario la búsqueda de consensos con el fin de fortalecer la democracia. En su análisis, ve a los individuos como consumidores y empresarios que participan en los procesos de mercado, pero no los considera como ciudadanos sujetos de derechos. Por esa razón, sólo se interesa en los problemas económicos, en desmedro de los problemas socio-políticos. La meta, para ellos, es construir una sociedad con el mínimo de requisitos democráticos —elecciones y libertad de expresión pero sin auténtica participación  social— junto a mercados relativamente eficientes. No importa, si para alcanzar dicha eficiencia haya que sancionar, de vez en cuando, a un gran empresario. En esta sociedad caracterizada por una leve presencia de democracia y un mayor desarrollo de los mercados, los individuos cuentan en tanto son productores y consumidores, y no como seres humanos sujetos de derechos y obligaciones.
    Finalmente, están los que se oponen a la administración de recursos vía mercado. Para ellos, el mercado –el “corazón del sistema capitalista”– debe ser reducido o, en el mejor de los casos, abolido para dar paso a un sistema de administración centralizada, donde el Estado tome todas las decisiones económicas. Los que piensan de esa forma ven de menos las políticas impulsadas por el gobierno para vigilar y regular el mercado. Para ellos, el problema no es la falta de leyes a favor de los agentes económicos sino la presencia del mercado en la organización social.
    Si bien no se equivocan al reconocer que las políticas de regulación de mercados no son suficientes para resolver los problemas estructurales de la economía —pobreza, desempleo y deterioro ambiental—, no ayuda mucho sólo insistir en la necesidad de cambios estructurales en la economía. El celo y el ferviente deseo por reformas profundas los hace despreciar las medidas que, a la postre, son en beneficio para la población. Según ellos, las instituciones reguladoras del mercado son “parches” que dan un “nuevo respiro” al modelo económico en crisis.

Extremismo inútil
    Las posturas extremas sobre el papel de las instituciones reguladoras del mercado ayuda en poco a la solución de los problemas concretos e inmediatos de la población. Por un lado, los grandes empresarios no quieren la intervención del Estado en la economía, pues no es de su agrado que haya instituciones que vigilen y sancionen los abusos de sus grandes empresas sobre los consumidores o pequeños empresarios. Por otro, aquellos que se oponen radicalmente a la gestión económica actual ven con desden la creación y el desarrollo de estas instituciones, pues consideran que las mismas son sólo “parches” a la crisis generada por el modelo económico.
    Así, ambas posturas obvian que las entidades reguladoras son fruto –aunque muy tarde– del cumplimiento de los Acuerdos de Paz: el inciso sexto del capítulo quinto de estos documentos contiene, en líneas generales, una gama de medidas económicas con el fin de defender los derechos de los consumidores y evitar las prácticas monopólicas. Esto no significa que estos puntos de la sección económica de los Acuerdos de Paz se hayan cumplido a cabalidad y de manera satisfactoria. Al contrario, las leyes que dan vida a estas instituciones tienen deficiencias y el funcionamiento de tales entidades puede mejorar. En otras palabras, las instituciones reguladoras del mercado –las cinco superintendencias y la Defensoría del Consumidor— pueden ser fortalecidas mediante la introducción de reformas en sus leyes y cambios en la administración. No obstante, no hay que olvidar que dichos cambios sólo pueden ventilarse en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo.
    Los opositores radicales al modelo económico olvidan las graves dificultades que se enfrentaron en el proceso de creación de las leyes de protección al consumidor y de libre competencia. En aquel momento, el partido oficial, con el apoyo de los grandes empresarios, trató de introducir cambios en ambas normativas. Pero debido a la vigilancia de varias organizaciones sociales y algunos partidos políticos, tales cambios no se hicieron realidad.
    Por otro lado, no sólo se deben destacar los fallos de las posturas extremas en torno al rol de las instituciones reguladoras del mercado, sino también la que sostiene que la creación y el desempeño de tales instituciones son suficientes para alcanzar el bienestar social. Los que mantienen esta postura ven con escepticismo las reformas políticas y piensan, en forma ingenua, que basta con desarrollar mercados eficientes para mejorar la calidad de vida de la población.
    Esta visión que favorece el papel de las entidades reguladoras es peligrosa porque cree que el ordenamiento social depende, en última instancia, de la interacción de los derechos de propiedad de los agentes económicos en el mercado y no de los acuerdos políticos alcanzados en forma democrática. Es una concepción que sostiene que, para el buen desempeño de la sociedad, bastan con ciertos formalismos democráticos y el desarrollo de mercados altamente eficientes donde el Estado interviene hasta un máximo establecido.
    Esta última visión es peligrosa, aunque a primera vista, resulta atractiva. El desarrollo de mercados eficientes mediante la intervención del Estado se ve como el “equilibrio perfecto” en la dicotomía Estado-mercado. No obstante, la mayor participación del Estado no es resultado de los acuerdos entre los diferentes actores políticos y sociales, sino fruto exclusivo de propuestas técnicas para solucionar los problemas que genera el mercado en la asignación de los recursos.

    Trazar una visión global del aporte y proyección de la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero supone varios criterios, entre ellos, echar un vistazo a la historia nacional, lo cual pasa por recuperar la memoria histórica. Esto implica hacer una valoración de la situación social que atravesaba el país en esos años y el aporte que los medios de difusión hicieron en ese período tan crítico para la nación. Desde las valoraciones críticas de Monseñor Romero sobre los medios de difusión, es necesario hacer una evaluación del rol que éstos han jugado 27 años después de su muerte. 
    Hay que decir, para comenzar, que Romero desarrolló más intensamente su actividad religiosa y de apoyo por los más desprotegidos —víctimas de abusos de todo tipo, sectores obreros y campesinos explotados— desde la segunda mitad de los setenta hasta su asesinato, el 24 de marzo de 1980. Su pensamiento y su compromiso social chocaron con el modelo económico social impulsado por los gobiernos de la época —caracterizados por la opresión y por la dependencia hacia los Estados Unidos—, cuyos intereses estaban más vinculados a los grupos de poder económico que al bienestar de las mayorías. El Salvador era por entonces un país de relativa prosperidad económica (gracias al cultivo y exportación de café, algodón y caña de azúcar), pero dominado por el poder oligárquico que mantenía oprimida y al borde de la miseria a la población campesina.
    A mediados de los años setenta, Monseñor Romero comienza una actividad pública sumamente intensa que viene a coincidir con un periodo de amplio desarrollo de los movimientos populares que irrumpen con demandas tanto de tipo económico como político. El hecho de que Romero denunciara con vehemencia los abusos e injusticias que se hacían sentir sobre los sectores populares organizados lo convirtieron en el máximo defensor de los derechos humanos de la época. Eso, a su vez, le granjeó enemigos en los distintos ámbitos de poder. Algunos de ellos pertenecían a los medios de comunicación de ese entonces, que se sintieron interpelados cuando Monseñor Romero les exigió respeto, objetividad, responsabilidad y, sobre todo, imparcialidad en su labor.             Cuando Monseñor Romero fue nombrado Arzobispo de San Salvador, el 23 de febrero de 1977, los sectores poderosos del país se alegraron, pues lo consideraban una persona piadosa y dócil. Pronto se darían cuenta de cuán equivocados estaban. Y es que después del asesinato del P. Rutilio Grande, el 12 de marzo de 1977, la voz de Monseñor Romero comenzó a incomodar a quienes creían que él iba a ser sordo a los abusos que cotidianamente se cometían contra quienes, dentro y fuera de la iglesia, clamaban por una sociedad distinta, más justa y solidaria. Lo consideraron una amenaza pública por su poder de convocatoria; que fue creciendo día a día y que se hacía palpable en sus homilías dominicales en la Catedral Metropolitana de San Salvador. El púlpito fue el lugar privilegiado por Monseñor Romero para ejercer su labor de comunicador. Pero no le fue ajena la palabra escrita, tal como lo revelan sus colaboraciones en el semanario Orientación y, más amplia y densamente, sus Cartas pastorales.  

La realidad que Romero vislumbró en los medios
    Monseñor Romero tuvo muchas virtudes. Una de ellas fue que le gustaba llamar a las cosas por su nombre. En el caso de los medios de comunicación, siempre puntualizó que los mismos debían estar al servicio del pueblo y no de sectores minoritarios de la sociedad. “Sobran quienes tienen su pluma pagada y su palabra vendida”, dijo con severidad en alguna oportunidad. Era conciente de que los medios de entonces se prestaban –por estar vendidos al poder— a manipular la información y a ocultar las barbaries que se cometían en el país. Hoy en día, el panorama no pinta diferente para las grandes empresas mediáticas, pues no es inusual en ellas –en sus equipos periodísticos—  la manipulación y tergiversación de los hechos.
    En buena medida, la vocación manipuladora de los grandes medios se explica porque están movidos por un afán de rentabilidad, lo cual los lleva a obviar las funciones esenciales del periodismo —investigar, informar y educar—, mismas que deben ir acompañada de imparcialidad, objetividad, claridad y sencillez. Abundan los ejemplos de cómo los grandes medios traicionan el ejercicio periodístico, sobre todo cuando a los intereses mercantiles se añaden las fobias políticas. En esta línea, es moneda de uso corriente en los medios de derecha asumir como propias las campañas impulsadas por ARENA en contra del FMLN.  Se trae a colación esta práctica porque los medios no deberían prestarse para desprestigiar a la oposición, sino más bien debieran publicar investigaciones que le permitan al público tomar conciencia del rumbo que lleva el país, de sus problemas y necesidades.
    Se torna necesario volver a los años ochenta, pues en ellos El Salvador se vio inmerso en una creciente crisis socio-política. Hay una lección de esa época que no se debe olvidar: las injusticias generan violencia. Y la violencia perjudica siempre a los más débiles. Hay otra lección: la realidad no puede ni debe ser manipulada. En aquella época Romero dijo: “no se crean todo lo que leen en la prensa o se vea en la televisión o se oiga por la radio”. Sus reservas ante los medios obedecían a los compromisos de estos con la clase pudiente. Hoy en día, Monseñor Romero seguiría con las mismas reservas ante las empresas mediáticas, cuyos privilegios nacen de su alianza con ARENA –que gasta sumas millonarias en publicidad y propaganda— y con la oligarquía financiera transnacionalizada–que usa a los grandes medios para promover un consumismo desenfrenado—.  En ese sentido, casi nada ha cambiado en el país desde la muerte del Arzobispo Romero: los intereses económicos siguen prevaleciendo ante la verdad y la justicia.

Es necesario valorar y sacar algunas conclusiones
    Las posturas críticas de Monseñor Romero hacia los medios de comunicación continúan vigentes. Sus consideraciones y denuncias hacia los medios se pueden resumir en, al menos, cinco aspectos: en primer lugar, los medios deben ser capaces de reconocer sus errores y, además de solventarlos, deben trabajar cada día más por su credibilidad; en segundo lugar, es urgente que no presten a manipulaciones y politiquería, lo cual implica informar con objetividad, independientemente del poder o influencias de las personas involucradas; en tercer lugar, que se ejerza la verdadera libertad de prensa, es decir, llamar a las cosas por su nombre, sin ocultar o guardarse datos importantes para comprender un fenómeno social; en cuarto lugar, dejar de ejercer un periodismo superficial que reproduce acríticamente los discursos, posturas y opiniones oficiales; y, en último lugar, fomentar en las y los salvadoreños un espíritu reflexivo que permita a la ciudadanía buscar las raíces de los males y realizar sin miedo los cambios que necesita la sociedad salvadoreña.

    El tema de la transparencia en las instituciones públicas ha tomado actualmente relevancia en la agenda de muchos países de la región. Sin embargo, la  corrupción sigue siendo un problema que afecta  el desarrollo social, económico y político del país y se constituye en uno de los principales obstáculos para el manejo eficiente de los recursos públicos. Si bien, el concepto de corrupción no solo aplica para las instituciones públicas, sino que también es un problema ético inmerso en la esfera privada, para fines de este comentario se considerará a la corrupción como aquel acto en el cual el servidor público hace uso de los recursos del Estado para beneficio personal o de terceros.
    Aunque los efectos negativos de este tipo de prácticas son diversos, uno de los más adversos está relacionado con la erosión de la confianza en las instituciones y sus funcionarios. Sobre esto, en el estudio “Cultura política de la democracia en El Salvador” (Cruz y Córdova, 2004), los autores  relacionaron la variable “confianza en las instituciones” con el hecho de haber sido víctima de corrupción, el resultado fue que la victimización por corrupción no sólo afectó la credibilidad que tienen los ciudadanos sobre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, sino que también afectó la credibilidad de todas las instituciones del Estado, en otras palabras, el impacto de la corrupción en la confianza de la población es muy amplio.
    A pesar de que en El Salvador existen instituciones y leyes que fomentan el combate a la corrupción1, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, para el año 2006, ubicó a El Salvador con un puntaje de 4.0 de una escala de 0 a 10, donde 10 representa la percepción sobre el mayor nivel de transparencia y el 0 el mayor nivel de corrupción. Este desventajoso puntaje en el ranking internacional se corresponde con la profundización de las prácticas corruptas  de algunos funcionarios gubernamentales, algunos de cuyos casos han transcendido a la opinión pública tales como el caso Perla, Osorto, Silva, Gutiérrez y últimamente el relacionado con el Ministerio de Salud Pública.
    Un caso recientemente documentado en un artículo de La Prensa Gráfica, del día domingo 4 de marzo de 2007, titulado “Una carencia conveniente”, muestra que de los 30 establecimientos que integran la red de salud, sólo el Hospital Benjamín Bloom cuenta con el equipo necesario para realizar tomografía axial computarizada (TAC). De acuerdo a esta fuente periodística, en los casos donde los usuarios no pueden recibir este servicio,  son enviados a las clínicas propiedad del actual Ministro de Salud y de su familia. En estas clínicas privadas, el examen tiene un costo de $75 a $86 dólares. Para un trabajador con el sueldo mínimo, esa cantidad representa el 55% de su salario mensual, considerando que muchos de los usuarios de estos servicios son personas de escasos recursos económicos. En este contexto, no sólo se les está negando a los salvadoreños el acceso a un servicio público que por derecho les corresponde, sino que se da una descarada utilización  del puesto como funcionario público, para beneficio personal y familiar.
    Los señalamientos hacia funcionarios del sector público en general y del sistema de salud en particular no son nuevos; en este sentido, la Ley de Ética Gubernamental establece que todo servidor público debe: abstenerse de participar en la toma de decisiones en donde exista conflictos de interés para él o para su familia hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad (Art. 5). Por este caso, el Ministro de Salud, Guillermo Maza, fue demandado ante el Tribunal de Ética Gubernamental, lo que representa un reto para la institución recién creada. Para la pronta resolución del caso, todo dependerá en gran medida de establecer los criterios necesarios para determinar que efectivamente se ha dado la violación del Art. 5 de la mencionada ley.
    El buen manejo de los recursos y la transparencia con que estos son administrados también es un tema del cual hay mucha tela que cortar. Según el informe de la Corte de Cuentas, de mayo de 2006, el Banco Internacional para la Reconstrucción y fomento (BIRF) autorizó en 2003 un préstamo al Gobierno de El Salvador, por el monto de $142.6 millones, administrado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). El proyecto “Reconstrucción de Hospitales por Emergencia de los Terremotos y Extensión de los servicios de Salud (RHESSA)” estaba destinado a la reconstrucción de emergencia de 7 hospitales de la red pública en áreas afectadas por los terremotos del 2001. En el informe de la Corte de Cuentas, relativo  al análisis de la ejecución del gasto del mencionado proyecto, se reporta un escaso nivel de ejecución del 11.1% del monto total; y un inadecuado uso del gasto realizado durante el tiempo que duró la auditoría.
    Con respecto al inadecuado uso del gasto, el informe citado cuestiona la compra de dos vehículos de lujo, para cuya adquisición no se tomaron en cuenta los criterios de economía y necesidad que se establecen en el Art. 5 de la Política de Ahorro del Sector Público: “las instituciones que ejecutan proyectos financiados con fondos externos y/o del fondo general deberán de aplicar medidas de austeridad del gasto, cumpliendo especialmente los siguientes aspectos: debe racionalizarse la adquisición de vehículos nuevos, y en caso de ser necesario, debe evaluarse la cantidad y el costo del mismo”. Por si esto fuera poco, parte de los fondos  fueron utilizados para reconstrucción de un inmueble que no es propiedad del Estado, por un valor de $10,906.00, el cual es arrendado desde junio de 2005 por un valor de $8,000 mensuales.
    Del mismo modo, algunos de estos recursos fueron utilizados para la compra de mobiliario para el nuevo despacho del Ministro de Salud; cuyo monto asciende a $31,000. Aun cuando se establece que para la adquisición de bienes y servicios: “se debe de evitar el arrendamiento de bienes inmuebles, debiendo buscar apoyo institucional para suplir necesidades indispensables; en caso de no ser posible, se debe seleccionar inmuebles en zonas de baja renta y que requieren de menor inversión posible para la instalación de las respectivas oficinas” (Art. 4, Política de Ahorro de Sector Público). En relación a la calidad del gasto ejecutado hay muchas observaciones emitidas, entre ellas, la falta de correspondencia del uso de algunas partidas con el propósito para el cual fueron presupuestadas. Un dato importante nos muestra que en 2004, del monto total ejecutado, un 67% correspondía a pago de honorarios de personal administrativo del proyecto RHESSA ($695,517), quedando sólo el 33% para gastos de inversión, lo que indica que los servicios para los cuales fueron contratados estos consultores no se han visto reflejados en la eficiente ejecución del proyecto.
    Esto nos lleva a cuestionarnos sobre las prioridades de muchos tomadores de decisión; en este caso, pareciera que la instalación de nuevas oficinas para el Ministro y Viceministro de Salud Pública tuvo prioridad sobre la reconstrucción, sustitución, y equipamiento de los hospitales de la red pública. Si los préstamos fueron aprobados es porque se justificó la urgente reconstrucción de tales hospitales, pero si en lugar de utilizar los recursos para el beneficio de la población a la cual estaban destinados, se han utilizado para otros fines, es importante entonces cuestionar seriamente a las autoridades de salud sobre el manejo de los fondos públicos. Este caso ejemplifica la poca transparencia en la gestión de los recursos públicos y la importancia de contar con mecanismos que fiscalicen la ejecución de estos.
    En el Estado se cuenta con instituciones que se encargan de fiscalizar, controlar y exigir la transparencia en las instituciones públicas, pero es poca la incidencia real de estas tienen sobre el adecuado manejo de los recursos. En este contexto, estos y otros casos nos muestran cómo la falta de transparencia impide el desarrollo social, económico y político. Además, refleja con elocuencia el impacto perverso que genera la corrupción en el manejo de los fondos públicos, en el deterioro de vida de la población y en la violación de un derecho básico, como es el acceso a la salud. Entonces, esto plantea un reto  para  que la sociedad civil tome conciencia sobre la importancia que ejerce la rendición de cuentas y el buen manejo de los recursos en las administraciones públicas, así como también, el papel de garantizar el derecho que tenemos los ciudadanos a observar, vigilar y evaluar las decisiones y conductas de los funcionarios, como condición para el desarrollo de una sociedad democrática y participativa.

    La memoria de las víctimas sigue acumulando años y con el paso del tiempo se renueva en éstas la esperanza de vencer la impunidad. Esa sensación de ver cada vez más cerca el horizonte de verdad y justicia, las alienta a continuar obteniendo triunfos en esa lucha que en otros países latinoamericanos se encuentra mucho más avanzada. A cada victimario, poco a poco, le está llegando la hora de rendir cuentas y de colocarse frente al espejo social para descubrir su rostro de asesino. Eso ya le pasó, en Chile, al dictador Augusto Pinochet y a su “caravana de la muerte”; en Argentina, a Jorge Rafael Videla y al resto de su jauría; en Perú a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, por citar algunos entre tantos corruptos y violadores de derechos humanos en la región. Parafraseando a Roque Dalton, se acerca el turno del ofendido.
    En Centroamérica, también ha comenzado a caerse el muro de la impunidad que hasta ahora había protegido a los criminales. El Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, procesará al general Efraín Ríos Montt por haber masacrado a casi cuarenta personas en la embajada española el 31 de enero de 1980, cuando era presidente de facto. En el período que Ríos Montt gobernó la nación chapina, se cometieron varias matanzas y se consolidaron los “escuadrones de la muerte.”
    Pero, con todo y los recientes cuestionamientos que desde acá se han hecho al país vecino, sus instituciones han comenzado a hurgar su pasado para reconstruirlo. Mientras allá se enjuicia a uno de los que posibilitaron la existencia de esos grupos armados criminales, acá quien los fundó casi termina en el altar de la Patria tras un primer intento fallido de nombrarlo su “hijo meritísimo”. También allá el Estado admitió su culpa por el asesinato de Mirna Mack, pidiendo perdón a sus seres queridos y a la sociedad en un acto público. En cambio acá, las autoridades se hincharon de orgullo y no fueron capaces de reconocer la culpa oficial por la desaparición de las hermanas Serrano Cruz; además, haciendo gala de “viveza”, con una jugada sucia trataron de cerrar el caso García Prieto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin que se les condenara, pero no lo consiguieron. Entonces, ¿con qué solvencia moral critican el funcionamiento de la institucionalidad guatemalteca? ¿No será mejor analizar cómo funciona la propia?
    A quince años de firmados los acuerdos que pusieron fin al enfrentamiento armado, hubo celebraciones oficiales en las que se pretendió –de nuevo– presentar al país como un “modelo”. Modelo, ¿de qué? Por eso, siendo marzo un mes significativo para los derechos humanos en El Salvador, el IDHUCA promovió un análisis de los llamados “acuerdos de paz”. Un grupo de personalidades nacionales e internacionales se juntó durante dos días en el II Foro de San Salvador –como parte de la décima edición del Festival VERDAD– para hacer otra lectura de estos tres lustros transcurridos desde el evento en Chapultepec. Desarrollo económico, democratización, seguridad ciudadana y derechos humanos fueron los temas a discutir.
    Sobre la primera materia analizada, se advirtió que no hay señales positivas ni propuestas que apunten hacia éstas. El país tiene un motor económico desgastado que ya no da para más y el “modelo” impuesto no ha sido capaz de mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres. Además, algunos actores sociales que podrían impulsar cambios como los sindicatos –en la práctica– han desaparecido del escenario y eso deja al sector obrero en una casi absoluta indefensión ante las medidas que buscan exprimirlo: imposición de largas jornadas de trabajo sin pago de horas extras, reformas al sistema previsional que ha desmejorado su seguridad social, bajos salarios e inestabilidad laboral, entre otras.
    Si la miseria no ha logrado adueñarse de las mayorías es por la existencia de las remesas familiares. Es la gente salvadoreña que ha emprendido el viaje hacia territorio estadounidense, sobre todo, la que ha evitado el colapso. Gracias a ésta, sus familiares comen, estudian, tienen techo y –quizás– pasan consulta médica; gracias a ésta, algo se mueve la economía nacional. Mientras tanto hay sectores que siguen acumulando capital, como lo hacían antes del conflicto, a costa de ese sacrificio humano. Si antes fue la tierra el espacio privilegiado utilizado por los grupos económicos poderosos para la explotación, ahora lo es la migración.
    En lo que respecta a la democratización, la existencia de elecciones y de dos partidos políticos que expresan diferentes tendencias ideológicas así como una relativa libertad de expresión, no suponen necesariamente una democracia profunda y consolidada. El Salvador tiene deudas claras en lo que respecta a gobernabilidad, cultura democrática, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y funcionamiento aceptable de las instituciones. En palabras de uno de los participantes, “no se puede reforzar la democracia con una Corte Suprema de Justicia que no reparte justicia, cuando hay un Tribunal Supremo que no es supremo y una Corte de Cuentas que no pide cuentas”.
    También en el tema de seguridad se plantearon más aspectos negativos que logros. De hecho, la realidad cotidiana confirma que se ha consolidado una visión represiva que reina sobre la prevención y la rehabilitación. Además, los planes “mano dura” y “súper mano dura” –con minúscula, por estar diseñados con fines electoreros– han agravado la situación y tienen al país en niveles de violencia similares a los vividos antes y durante la guerra; las más entre diez y quince muertes diarias lo confirman. 
    Por lo desesperante que se está volviendo la situación para amplios sectores de la población y por el impacto que esta tiene para el desarrollo económico y social, se planteó en el II Foro de San Salvador que se mejore –con urgencia– la investigación de los delitos, la persecución de los delincuentes y que se haga algo en materia de prevención. Para eso, se debe contar con información estadística confiable que permita tomar decisiones trascendentales y orientar de mejor forma los recursos, pero también que se dé un giro a las políticas públicas para impulsar medidas como el desarme sin importar los intereses particulares en juego.
    Todo lo planteado en estos ámbitos tiene una influencia directa en la vigencia de los derechos humanos. Durante quince años se ha consolidado un Estado al cual no le importan las víctimas, que protege a ciertos victimarios y no se compromete seriamente a perseguir a los otros, que viola derechos laborales y que permite a las empresas hacer lo mismo sin castigo, y que no le interesa promover los cambios necesarios para avanzar en democracia.
    La iniciativa de reconocer a Roberto D’Abuisson como “hijo meritísimo” de la Patria es una clara muestra del nivel de desprecio hacia los derechos humanos de las víctimas. Semejante acción provocó el pronunciamiento de Robert White, ex embajador estadounidense en El Salvador de 1980 a 1981 y asistente al II Foro de San Salvador. En sus palabras “la razón por la cual los líderes del partido ARENA decidieron (...) reavivar el recuerdo de estos crímenes patrocinados por oficiales, desafía tanto la imaginación como el sentido común (...) Los archivos de la embajada de los Estados Unidos de este período, contienen muchos informes atendibles y verídicos sobre los ‘escuadrones de la muerte’ fundados y coordinados por D’Abuisson”.

    El asesinato en Guatemala de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su agente de seguridad personal, y la posterior eliminación, al interior de una cárcel de máxima seguridad, de varios policías implicados en el crimen; hechos agravados por el involucramiento de funcionarios de alto nivel en el gobierno, han puesto en la picota la integridad y funcionamiento de un tipo de Estado y un modelo de seguridad pública ligados a intereses criminales, que literalmente dominan la esfera del poder tradicional.
    Los problemas de seguridad pública y violencia marcan las agendas políticas en América Latina. En la región centroamericana, hemos sido afectados directamente por los altos índices de violencia, crimen organizado y corrupción. En países como Guatemala y El Salvador, dónde la desigualdad social es particularmente acentuada,  existen –en distintos niveles- crisis de gobierno y de Estado, que se evidencian sobretodo, en la ingobernable situación del delito en general y especialmente del crimen organizado, que ha penetrado en las esferas más altas de decisión política, mientras la justicia es sometida frecuentemente a intereses oscuros, muy alejados de los intereses ciudadanos. En el caso de El Salvador son muchos los casos de corrupción en que se ven involucrados altos funcionarios.
    Las  dictaduras militares establecieron un modelo anti-democrático de seguridad pública, el cual institucionalizó la violencia del Estado, generando espacios para acciones ilegales, como la tortura, las desapariciones forzadas y el accionar de escuadrones de exterminio. Los procesos de paz en ambas naciones apuntaron a establecer un nuevo modelo de seguridad pública, basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos, la naturaleza civil de la función de seguridad y en la actuación de los cuerpos policiales  en el exclusivo marco de la Ley.
    Apenas han transcurrido unos años cuando ya es  posible constatar que ese modelo de seguridad, que empezó siendo desnaturalizado, se acerca peligrosamente, cada vez más, a los esquemas imperantes en el pasado autoritario. La penetración de grupos criminales en los niveles  de mando y unidades operativas es inocultable. Las prácticas represivas hacia la protesta social se han multiplicado. El funcionamiento de grupos de exterminio al interior de las instituciones está documentado. La participación de antiguos oficiales militares en la dirección de las tareas de seguridad es inobjetable.
    Los escandalosos sucesos ocurridos en Guatemala son el resultado de un proceso de deterioro institucional que en su momento las máximas autoridades de ese país no pudieron o no quisieron enfrentar. El fenómeno de descomposición se ve hoy agravado por la penetración de redes transnacionales de crimen organizado en altas esferas de mando del ente policial.
    Resulta sumamente preocupante que ante la crisis institucional que vive Guatemala, las autoridades salvadoreñas insistan en que la situación en El Salvador no puede compararse con la guatemalteca, negándose a reconocer y a enfrentar una realidad que crecientes sectores nacionales señalan con insistencia. El modelo de seguridad salvadoreño es hermano gemelo del guatemalteco. Padece de las mismas lacras y está sometido a los mismos factores de descomposición, corrupción y actuación al margen de la legalidad.
    Las actitudes evasivas asumidas por los funcionarios salvadoreños no ayudan a superar la crisis de credibilidad en que ha caído el sistema de seguridad ciudadana. Esta crisis sólo puede ser superada por políticas  que inicien una rectificación a fondo de los vicios y desviaciones incurridas en relación a la doctrina de seguridad ciudadana establecida en los Acuerdos de Paz.
    El FMLN exige al Gobierno un replanteamiento integral de la política de seguridad ciudadana, que haga énfasis en la superación de la corrupción y la impunidad, la depuración policial, la absoluta legalidad en las prácticas policiales y fiscales y la profesionalización y dignificación de la carrera policial. 
    Saquemos las lecciones de la experiencia guatemalteca. ¡Hay que hacerlo AHORA, antes que sea demasiado tarde!
    Comisión Política.
   
El Salvador, Marzo de 2007