Proceso 1241
Mayo 18, 2007

El Salvador, un país saqueado

    La lógica del saqueo es, sin duda alguna, una lógica perversa. Desde hace un tiempo para acá, las élites económicas salvadoreñas (y, detrás de ellos, emulándolas, miembros de la clase política) se propusieron aprovecharse de cualquier oportunidad que se les ofreciera para enriquecerse a manos llenas. No se trataba (ni se trata) de trabajar o ahorrar más o de realizar inversiones productivas, sino de valerse del amparo del Estado —un Estado “capturado” desde 1989 por la derecha representada por ARENA— para obtener dinero de dónde fuera y cómo fuera. Legalidad, instituciones, medioambiente, seguridad, bienestar ciudadano… Todo fue puesto en función de unos afanes, verdaderamente demenciales, por acumular riqueza que caracterizan a ese segmento del sector empresarial que terminó por convertirse en el gran ganador en la postguerra: el segmento de los banqueros y financistas.
    Su juego comenzó con la fuga de capitales al  cierre de los años setenta. En aquella época, una severa crisis socio-política sacudía al país y las posibilidades de cambio drástico en los ámbitos económico y político eran elevadas. La propiedad privada —convertida en sacrosanta desde finales del siglo XIX por la oligarquía— estaba siendo puesta en cuestión tanto por un ascendente movimiento social como por una cada vez más activa y eficaz guerrilla urbana.
    El gobierno del general Humberto Romero, pese a sus embestidas represivas, era incapaz de contener al movimiento popular organizado. En los círculos empresariales más poderosos, como siempre, lo primero era lo primero. Por tanto, había que ver cómo se ponían las propias riquezas a salvo, no fuera a suceder en El Salvador lo que había sucedido en Nicaragua, con el triunfo de los sandinistas en julio de 1979. En esos momentos los banqueros comenzaron a dar muestras de su habilidad. Decidieron llevarse su dinero fuera del país, para lo cual tuvieron que cambiar sus colones por dólares (cabe recordar que en esos momentos la economía salvadoreña no estaba dolarizada) a una tasa de cambio de 2.50 colones por un dólar.    
    En octubre de 1979, los temores de lo banqueros se ven confirmados —aunque en muchos de ellos haya entonces una sensación de alivio— cuando una Junta Revolucionaria de Gobierno desplaza del poder al general Romero y establece, en su Proclama del 15 de octubre, la nacionalización de la banca y del comercio exterior (a la par de la realización de una reforma agraria). Es decir, el sistema bancario se nacionaliza, justo cuando comenzaba a convertirse en uno de los sectores que iba a facilitar la reconversión económica de la oligarquía agroexportadora.
    Ahora bien, la banca nacionalizada era una banca quebrada, simplemente porque era una banca descapitalizada. El discurso ideológico de la derecha ha insistido tanto en responsabilizar de la debilidad del sistema financiero nacionalizado a su administración estatal, lo cual ha hecho que se olvide la descapitalización inicial con la que arranca la banca nacionalizada, una descapitalización con la que habrán de lidiar, sin poder resolverla nunca, las sucesivas juntas, el gobierno provisional de Álvaro Magaña y el gobierno constitucional de Napoleón Duarte.
    Diez años después, con el triunfo electoral de Alfredo Cristiani, en 1989, una gran oportunidad se comienza a dibujar en el horizonte para los banqueros que sacaron su dinero del país en la década anterior. Cristiani da inicio a un proceso de reprivatización de la banca, lo cual quiere decir que los bancos nacionalizados van a ser devueltos —previas medidas de saneamiento y de asunción de sus deudas por el Estado— a sus antiguos dueños o a cualquiera que tenga el capital suficiente para hacerse de una porción del pastel que recién se empieza a repartir.
    Quienes tienen sus capitales en el extranjero comienzan a trasladarlos al país. No es una mala decisión, pues la tasa de cambio a esas alturas —cierre de los años ochenta y principios de los años noventa— oscila entre 7.50 y 8.00 colones por un dólar. En términos prácticos, eso significaba obtener en colones tres veces lo que se había pagado por los dólares comprados diez años antes. Aquí está precisamente una de las claves de la expansión del sistema financiero salvadoreño en la postguerra. Una buena parte de esa masa de dinero fue puesta a circular vía tarjetas de crédito, inversiones en centros comerciales, construcción, aseguradoras y turismo, primero en El Salvador y luego en Centroamérica. Las ganancias se multiplicaron y el sector creció no sólo por su capacidad para fagocitar a los otros sectores de la economía, sino para abrir sus redes a dineros legales e ilegales provenientes del exterior.
    Como si no fuera suficiente, una nueva oportunidad surgió ante su mirada atenta, esta vez con el abundante flujo de remesas en dólares que comenzó a alimentar la economía de la postguerra, pero cuyas señales ya se anunciaban desde el cierre de los años ochenta. Los dólares no cesaban de llegar —no cesan de llegar—  y los banqueros tenían en su poder, como fortuna acumulada, bastantes colones de los cuales era bueno pensar en deshacerse, cambiándolos por una moneda fuerte, es decir, por dólares. No hay que ser muy sutil para darse cuenta de que esa es una de las explicaciones de la dolarización planeada, diez años después de la llegada de Cristiani al poder, por el presidente saliente Armando Calderón Sol (1994-1999) y su flamante equipo de asesores económicos —a cuya cabeza estaba Manuel Enrique Hinds— y ejecutada por su sucesor Francisco Flores (1999-2004) en 2001. 
    Dolarizar la economía salvadoreña significó muchas cosas y hay distintas explicaciones para ella. Pero algo que no puede ni debe obviarse es que los capitales acumulados en colones en el sistema financiero a lo largo de los años noventa  fueron convertidos a dólares. Y aunque no se sabe con exactitud cuánto pagaron esta vez los jerarcas del sistema financiero por los dólares que estaban adquiriendo, es imposible pensar que estuvieran dispuestos a dar ocho o nueve colones por un dólar como cuando hicieron la operación inversa, doce años antes. Buscaron cambiar sus colones por dólares a una tasa de cambio menor para sacar la mayor ganancia posible. Y el gobierno de Flores los ayudó para salirse con la suya. Es decir, de nuevo saquearon al país. Pero, no conformes con eso, han encontrado otra forma de seguirlo saqueando: esta vez mediante la venta de los bancos, por cuya propiedad tanto clamaron y se rasgaron sus vestiduras nacionalistas y patrioteras a lo largo de los años en los que se libraba la guerra civil.

El señor presidente desconoce los límites

    Con su afán de protagonismo, una vez más el presidente Antonio Saca ha demostrado su irrespeto al pueblo salvadoreño, a la Constitución de la República, y a las funciones que debe cumplir en su calidad de gobernante. A poco menos de tres semanas de cumplir su tercer año de gobierno en la presidencia, Saca ha socavado de nuevo la frágil institucionalidad democrática instaurada en el país luego de firmados los Acuerdos de paz.
    Tal como el periódico electrónico El Faro informa, en el acto conmemorativo al día del soldado salvadoreño, el 7 de mayo, Saca utilizó su participación como plataforma electoral. En el evento, se dedicó no sólo a ensalzar el papel de las Fuerzas Armadas durante el conflicto bélico, sino a criticar al FMLN y señalar los inconvenientes que, según el mandatario, la llegada al poder de este partido de izquierda traería a la sociedad salvadoreña.
    De nuevo, al presidente se le olvidó, a su conveniencia, que su cargo público le exige abstenerse de hacer proselitismo político a favor de su partido. Al mandatario también parece olvidársele que desde 1992, el ejército está destinado a servir a los intereses nacionales, no de sectores específicos, ni mucho menos de partido político alguno. Este leve detalle no es insignificante, pues se hizo realidad tras reformar al cuerpo castrense y redefinirse algunas de sus funciones en la vida nacional.
    En ese sentido, Saca parece desconocer los límites entre lo permitido y lo no permitido, o más bien se le hace difícil distinguir entre su papel como mandatario —y sus obligaciones, desde luego— y su afiliación partidista. Diversas voces críticas han insistido en señalar las violaciones cometidas por Saca cada vez que abusa de su cargo al frente del país para promocionar a su partido, mejorar la imagen de sus figuras menos insignes, y despotricar contra la oposición política, desde una posición visceral y poco racional, o al menos no ajustada a los patrones racionales del sentido común.
    Pese a los señalamientos de otros partidos políticos y de juristas expertos en materia constitucional, Saca continúa haciendo de la presidencia de la república una institución al servicio de ARENA. Para la derecha, la línea divisoria entre el partido y el Estado parece no existir, pues desde el pasado ha demostrado gobernar con un estilo basado en el aprovechamiento de los recursos estatales para el beneficio partidista y en utilizar los cargos públicos como instrumentos de propaganda y crítica política.
    Ya es hora de que los salvadoreños y salvadoreñas hagan valer su voz y le exijan a los funcionarios públicos un fiel cumplimiento a sus atribuciones y competencias, apegadas al Estado de Derecho. Es inaceptable que el presidente se dedique a transgredir las leyes y normativas vigentes, abuse de su posición para hacer proselitismo y, además, salga impune de estos señalamientos.

Soberbia actitud
    Por si fuera poco, el presidente no sólo viola la normativa vigente en el país, sino además demuestra su soberbia al hacer oídos sordos a las críticas. En ese sentido, la actitud del mandatario contradice en mucho su espiritu de concertación —tan utilizado como discurso en sus propuestas de campaña y, ahora, en sus programas de gobierno—, pues hace caso omiso a las críticas y se mantiene, además, seguro de que no viola ninguna ley.
    Pareciera que Saca está muy confiado en que, a pesar de su pésimo desempeño en la presidencia de la República, su partido influirá en las decisiones de los votantes. Si bien ARENA cuenta con apoyos territoriales considerables, y sus campañas masivas son una de las razones fuertes y explicativas de sus victorias, los abusos de poder cometidos por la administración de Saca son cuestionables a todas luces, y deberían convertirse, luego, en un parámetro de los votantes para orientar su decisión hacia las propuestas de los partidos en contienda.
    Por otro lado, el presidente ha dejado de lado la prudencia en sus juicios de valor y ha utilizado su arraigo ideológico recalcitrante para desprestigiar a la oposición política a como dé lugar. En este caso, el mandatario debe recordar que gobierna para todos los ciudadanos, sin importar afiliación partidista, por lo tanto, sus comentarios ideologizados sobran. Del mismo modo, Saca con sus declaraciones ya está haciendo campaña por su partido político, lo cual contraviene el mandato constitucional de sus funciones. El presidente debe dedicarse al diseño y ejecución de políticas públicas y no a publicitar a su partido político, ni a solicitarle a la población orientar su voto, ni mucho menos recomendarle a otros institutos políticos y a los ciudadanos qué hacer.
    Asimismo, Saca se ha dedicado a recomendar a posibles candidatos presidenciales qué hacer o no con sus vidas y respectivas carreras. En concreto, el presidente se ha tomado la molestia de pedir claridad al FMLN y al periodista Mauricio Funes sobre su posible candidatura presidencial. Si bien el presidente, en tanto ciudadano, está en todo su derecho de expresar de manera libre su opinión, este no puede inmiscuirse, dado el peso de su cargo público, en la vida de los partidos políticos.
    En lugar de conservar esta actitud, hasta cierto punto confrontativa contra la oposición, debiera preocuparse por gobernar el país con verdaderas medidas efectivas y justas para la sociedad salvadoreña. Sin embargo, en lo que va de su mandato, el presidente ha demostrado más sus dotes de comunicador que su capacidad para regir el presente y futuro del país; su intolerancia política, más que una verdadera disposición al diálogo entre iguales; su autoritarismo primitivo, y no una vocación democrática; más su servilismo fiel a sectores poderosos, que un espiritu de servicio en función del bien común; en definitiva, ha sido más un instrumento de intereses particulares, que un mediador entre el Estado y la sociedad.

El lenguaje del presidente
    A Saca la palabra se le antoja como un recurso de poder —y vaya que lo es— al servicio de intereses determinados y con fines poco instructivos. Sin embargo, este tipo de palabras ya no es necesario en el país. Desde la transición a la naciente y dolorosa democracia a la cual aún no hemos arribado, otro debe ser el lenguaje a utilizar y otras las palabras a ocupar en la interacción cotidiana ente los ciudadanos. Sobre todo, entre aquellos dedicados a la política.
    Si no, en vano se insiste en las campañas lanzadas por las empresas mediáticas por construir un nuevo El Salvador, en el que la paz sea no solo aspiración sino una realidad. De nada sirve —y es reflejo de la doble moral de los políticos nacionales— un discurso elocuente y mediatizado que pregone la necesidad de un cambio de actitud en la población, si los dirigentes se muestran no sólo renuentes a críticas y a cambios, sino además hacen uso de la palabrería autoritaria y una pobre argumentación como recursos de poder frente al otro.
    En este sentido, es inútil, dañino y risible la aparente iniciativa de construir una sociedad pacífica, si su máximo dirigente —el presidente de la República— se dedica a fomentar, desde su afiliación partidista, miedos infundados, irrespeto hacia la pluralidad política y resistencia a cualquier señalamiento válido a su desempeño.
    Por todo ello, es mejor que el presidente se abstenga de aparecer en público para emitir opiniones apasionadas con tinte electoral, y juicios de valor desaforados sin argumento preciso. En este caso, pues, por más uso de la palabra que haga Saca, jamás podrá tener el don de verdad, claridad y efectividad que en el pasado demostraron líderes como Monseñor Romero y tantas otras voces alzadas en nombre de la justicia, la verdad y la dignidad humana.

Crecimiento económico estéril

    La semana pasada, el gabinete económico presentó los resultados del primer trimestre del año. Según el secretario técnico de la presidencia, Eduardo Zablah-Touché, la economía mostró un crecimiento en todos los sectores, aunque matizó que hubo un leve descenso con respecto a los últimos meses del año pasado. En este sentido, Luz María de Portillo —presidenta del Banco Central de Reserva (BCR)— dijo que para el primer trimestre el crecimiento registrado fue de 3.9%, cifra basada en los indicadores de coyuntura de la entidad y no en la medición del PIB trimestral. En el evento también estuvieron presentes Yolanda de Gavidia —ministra de Economía— y Rubén Rochi —ministro de Turismo— quienes se mostraron muy satisfechos por la evolución del turismo. Según ambos funcionarios, el sector turístico mostró mayor dinamismo que el resto, lo que indica que la estrategia de atracción de turistas e inversión extranjera directa está funcionando.

Los resultados en cifras
    La satisfacción de los funcionarios descansa en los resultados de dos indicadores fundamentales. El comportamiento del índice de volumen de actividad económica (IVAE) en los primeros tres meses del año muestra un crecimiento del 3.9%. En base a los indicadores de precios, el gabinete también dijo que la inflación fue de 4.4%, siendo una de las más bajas en Centroamérica. Crecimiento moderado y baja inflación parecen ser razón suficiente para que el gobierno celebre los resultados económicos de inicios de 2007.
    Según el gabinete, en materia laboral se registró un aumento de empleos en el sector formal, que permitió una reducción del 6.6% en la tasa de desempleo. Los funcionarios fueron optimistas y aseguraron que la tendencia se mantendrá durante el año. En el área fiscal se registró un alza en la recaudación de impuestos (8.4%) que elevó la carga fiscal al 14.2% del PIB.
    En el sector externo, a diferencia de los demás sectores, las cifras no son tan alentadoras: las exportaciones aumentaron un 12% ($963 millones) contra un alza del 15% en las importaciones ($2,002 millones). La exportación de bienes no tradicionales continúa siendo la más dinámica, mientras que en el rubro de las importaciones sucedió un aumento en la compra de bienes de capital. En el área de las transferencias externas netas (remesas) hubo una entrada de $819 millones. Así, el alza en la entrada de remesas fue de 7.9% con respecto al mismo periodo del año pasado.
    En suma, la presentación de los resultados económicos por parte del gabinete gubernamental fue bastante optimista. Los funcionarios mantienen las expectativas de crecimiento de la economía entre un 4.5% y 5.5%. También, cifran sus esperanzas en la entrada de inversión extranjera directa debido a la compra de los bancos con las carteras más grandes del país por parte de consorcios financieros internacionales.

Las expectativas de FUSADES
    Un día después de la presentación de los resultados económicos por parte del gabinete gubernamental, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) hizo público su Informe de Coyuntura Económica correspondiente al primer trimestre del año. A diferencia del gabinete económico, los economistas de FUSADES enfatizaron las amenazas al crecimiento de la economía: altos precios de los combustibles, delincuencia y los cambios en el entorno económico mundial.
    Según FUSADES, la economía podría crecer entre un 4% y 5% en 2007. Este crecimiento estaría sustentado en un mejor desenvolvimiento de los sectores agrícola y turismo, como  también en el aumento gradual de las exportaciones no tradicionales. También esperan que el crecimiento se vea favorecido con una mayor entrada de inversión extranjera directa debido al CAFTA y la compra de los bancos del país.
    A pesar de cierto optimismo, la entidad también señaló que si bien no existe una tendencia clara a decrecer, varios factores podrían afectar las expectativas de crecimiento. En concreto, FUSADES considera que los altos precios del crudo y la situación de violencia son una amenaza latente. Álvaro Trigueros, gerente de la sección de macroeconomía de la entidad, sostuvo —con base a estudios— que el alza en los precios del petróleo ha restado un punto al crecimiento del país. En otras palabras, si los precios de los combustibles no se hubieran disparado el año pasado, la economía hubiera crecido a una tasa superior del 5%. De igual forma que los altos precios afectan el comportamiento global de la economía —macroeconomía—, éstos también dañan el quehacer de las familias y de las empresas —microeconomía—. En este sentido, FUSADES señala el alto costo del crudo como el factor que evita que la población sienta un mejor desenvolvimiento de la economía.
    En materia empresarial, y sobre la base de la Encuesta Dinámica Empresarial, FUSADES también afirmó que un poco menos de un tercio de los empresarios considera que la delincuencia es un factor negativo que incide en sus ventas. Del total de encuestados, hay un 26% que dice haber sido afectado por la delincuencia en el país.
    Finalmente, FUSADES sostuvo que no será extraño que aumente el flujo de remesas al país, a pesar de la ralentización de la actividad económica en los Estados Unidos. Según los especialistas, salvo que acontezca un hecho muy relevante en el mercado mundial, la tendencia a la baja de la economía estadounidense no afectará directamente al país.

El análisis del PNUD
    A diferencia del gobierno y de FUSADES, Carlos Acevedo —Coordinador Adjunto del Informe de Desarrollo Humano del PNUD— dijo que, salvo suceda algo muy relevante, la economía no crecerá más allá del 5%. Según el especialista, para que suceda un crecimiento superior a dicha tasa es necesaria una mayor inversión en capital humano, aspecto que se ve afectado por el presupuesto forzosamente equilibrado del gobierno y la pérdida de varios préstamos en la Asamblea Legislativa.
    Por otro lado, el economista también señaló que la violencia, la delincuencia y el deterioro de la institucionalidad no ayudan a mejorar sustancialmente el clima de inversión. A este aspecto se añade una cierta incertidumbre en los salvadoreños radicados en Estados Unidos. De acuerdo a los indicadores de la economía mundial, la nación norteamericana se está acomodando a la baja debido a la reducción en el crecimiento del mercado inmobiliario. Este factor, a la postre, podría afectar un poco el flujo de remesas que entra al país.
    Desde una perspectiva más amplia, Acevedo sostuvo que a pesar del crecimiento de la economía salvadoreña, El Salvador es uno de los países con menor despunte en la región centroamericana.

Los grandes ganadores
    Desde el año pasado, el gobierno se muestra muy optimista sobre el crecimiento económico para el presente año. En 2007, las expectativas se centran principalmente en la entrada de inversión extranjera directa gracias a la venta de las acciones bancarias a nuevos propietarios foráneos. El gobierno espera que los expropietarios por la venta de los bancos destinen sus recursos a nuevas inversiones que dinamicen la economía nacional.
    Según declaraciones del secretario técnico de la presidencia, el gobierno espera mayor inversión en el turismo, en el mercado de valores, en restaurantes y bienes raíces, sectores que generan menor valor agregado que la agricultura y la industria. Ahora bien, dada la situación de violencia que atraviesa el país, no sería raro que los empresarios salvadoreños trasladen parte de su capital a inversiones en otros países. En el mejor de los casos habría que esperar que dichos recursos no salgan del país y se destinen a actividades productivas de alto valor agregado.
    Cuando el gobierno sostiene que existen altas expectativas de crecimiento lo hace basándose en los beneficios percibidos por los expropietarios de los bancos al vender sus acciones mediante la Bolsa de Valores de El Salvador. En este sentido, pensar que el país está en franca expansión sólo porque les va “de maravilla” a las personas más cercanas al gobierno es una forma equivocada de evaluar la economía.
    Una tarea muy interesante sería contrastar la situación en que se encuentran los miembros de la junta directiva de los bancos —que acaban de vender sus acciones a altos precios— y la situación del ciudadano común cuyos ingresos no son suficientes para enfrentar los gastos más importantes del hogar. Mientras los viejos —vendedores— y nuevos propietarios —compradores— del Banco Cuscatlán y Banco Agrícola festejan junto a la Bolsa de Valores por haber hecho una transacción de miles de millones de dólares, la mayoría de la población vive en situación de pobreza extrema, aspecto ignorado por el gobierno al momento de evaluar la situación del país.
    Con esto no se está en contra del desarrollo de un sistema financiero competitivo, al contrario, habría que esperar que con la entrada de tres gigantes financieros —HSBC, Citigroup y Bancolombia— baje la tasa activa de interés fruto de una mayor competencia, al tiempo que se paguen mejores dividendos por los ahorros en dichos bancos. De lo que sí se está en contra es que las proyecciones económicas del gobierno pongan énfasis en la buena situación que atraviesa el sector financiero, cuando los demás sectores no han crecido los suficiente para aumentar el bienestar de la población.
    En el futuro, los análisis que realiza el gabinete económico deben considerar la situación precaria de las familias de escasos recursos. Más que alegrarse con una tasa de crecimiento moderada y una inflación controlada, se debe analizar la relación entre salarios reales, el costo de la canasta básica y la canasta ampliada. No es suficiente que los indicadores macroeconómicos muestren una leve mejoría, también es menester preocuparse porque la estabilidad macroeconómica no sea frágil y la misma se traduzca en mejores condiciones de vida para los salvadoreños y salvadoreñas.
    Por otro lado, en el plano institucional se espera que la entrada de nuevos bancos esté acompañada por el fortalecimiento de la Superintendencia del Sistema Financiero. En una situación de abuso por parte de los bancos, y después de una investigación adecuada, la entidad estatal debe ser capaz de resolver en beneficio de los prestatarios y ahorrantes, aunque los nuevos dueños bancarios presionen a favor de sus intereses. Es decir, que no haya contemplaciones como las que tiene en la actualidad la Superintendencia de Competencia con las petroleras.

Gestión y evaluación de las alcaldías

    El 1 de mayo se cumplió el primer año de gobierno de las alcaldías municipales en El Salvador.  Este primer período ha representado para algunas municipalidades mayores retos que para otras. Por ejemplo, la alcaldía de San Salvador enfrenta la problemática de los desechos sólidos y los vendedores del “Centro Histórico”, mientras que la alcaldía de Antiguo Cuscatlán no presenta tan severas dificultades, por mencionar un caso.
    En este sentido, evaluar a las 262 municipalidades de la misma manera es un error, porque todas y cada una de ellas presentan dificultades propias de las comunidades en las que se encuentran insertas. No obstante, hay que mencionar que todas las municipalidades intentan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, obviamente, unas más que otras. En general, todas las administraciones han intentado desarrollar un estilo de gobierno participativo, abierto al diálogo y concertador, que coloquen a la población de cada  ciudad como principal actor para el cambio y desarrollo.
 
Cómo se debieran evaluar las alcaldías
    El programa de transparencia y gobernabilidad (TAG, por sus siglas en inglés), en su publicación “Construyendo Transparencia en los Municipios”, destaca al menos cuatro áreas de contraloría municipal: cultura de ética, transparencia y rendición de cuentas; reglas y procedimientos claros y efectivos; acceso a la información y rendición de cuentas; y, por último, participación ciudadana y auditoría social. Sin embargo, para hacer un balance a grandes rasgos se consideran sólo dos de las áreas antes mencionadas. La primera, relacionada con la atención que las municipalidades dan a sus públicos, apunta a la separación entre las esferas político-partidarias y el manejo de los asuntos municipales; y, la cuarta, se relaciona más con la colaboración de la ciudadanía en la gestión del gobierno municipal, así como con la transparencia y la rendición de cuentas de los alcaldes y alcaldesas. Tomando como referencia lo anterior, se puede decir que la existencia de las administraciones se justifica cuando los usuarios perciben que la calidad de los servicios prestados se ajusta a sus expectativas y necesidades.

Las evaluaciones mediáticas
    Con lo mencionado líneas atrás, no se intenta desvirtuar las encuestas realizadas por los medios de comunicación; por el contrario, se pretende dar más insumos o elementos claves —que no deben faltar a la hora de elaborar los instrumentos con los que se recopila información sobre los municipios— para hacer válidos sus resultados. Por ejemplo, La Prensa Gráfica, en las ediciones del 30 de abril al 3 de mayo, hizo públicas sus calificaciones para los alcaldes y alcaldesas de las distintas alcaldías. Así, “La alcaldesa de San Salvador cierra su primer año de gobierno con un bajo nivel de aprobación y un creciente número de detractores”, dice una de sus notas. En otra, se señala: “Orlando Mena Aprobado”. De esto es, justamente, de lo que se hablaba antes: no se puede evaluar superficialmente a dos alcaldías con problemáticas y poblaciones diferentes. En este sentido, no es fructífero hacer las mismas preguntas a los ciudadanos de Santa Ana, que a los de los otros 13 departamentos, para evaluar los gobiernos municipales, aún y cuando haya problemas comunes. No hay que olvidar, asimismo, que una nueva gestión municipal está condicionada por las herramientas y recursos —además de los problemas— heredados de la anterior administración.  
    Por mencionar algunas de las diferencias, en la alcaldía de San Salvador, Violeta Menjívar recibió la comuna capitalina con una seria crisis en la recolección de desechos sólidos y con un caos en el comercio informal capitalino. Sin embargo, en los doce meses que han pasado desde su toma de posesión, ha mejorado los sistemas de recolección de los desechos sólidos, ha hecho posible la recolección de más de 200 mil toneladas de desechos; ha eliminado 25 botaderos ilegales de basura; y ha realizado campañas educativas y charlas sobre el manejo integral de los desechos sólidos en 33,812 viviendas del municipio.
    Tomando de referencia lo anterior, se puede decir que las dos áreas del TAG, al ser aplicadas a la alcaldía de San Salvador, arrojan resultados positivos sobre su primer año de gestión, aunque se debe mejorar en muchos aspectos. Sin embargo, a grandes rasgos la comuna capitalina se ha esforzado por satisfacer las necesidades de los ciudadanos del gran San Salvador. Habría que ver en qué sentido las restantes administraciones municipales del país han abordado sus problemas particulares.

Las temáticas evaluadas
    Distintos medios de comunicación han retomado las principales preocupaciones de la población con el objeto de evaluar las gestiones de las actuales comunas. Entre esas preocupaciones destacan la delincuencia, las dificultades económicas y la situación de vías públicas. La mayoría de alcaldes y alcaldesas del país han entendido las demandas de los ciudadanos e intentado dar soluciones inmediatas a las  problemáticas mencionadas. Por ejemplo, en San Martín, uno de los municipios con mayor índice de homicidios, se ha ejecutado un plan de desarme, el cual ya ha dado resultados positivos. Este es sólo un indicador de que algunas administraciones municipales van alcanzando las metas que se han propuesto. No obstante, dar respuestas inmediatas a los problemas de inseguridad ciudadana y pobreza no es responsabilidad directa de las alcaldías, sino de todo el aparato del Estado y del gobierno nacional que lo administra. Este último, además, debe elaborar estrategias de nación que faciliten el trabajo conjunto con las municipalidades, independientemente de las afiliaciones políticas.

Elecciones 2009: en la línea de salida

    En los últimos días se ha desatado cierta efervescencia política, más propia de los meses previos a las elecciones y no de los dos años anteriores a las mismas. Las acciones proselitistas de los partidos mayoritarios, nos sitúan en lo que algunos llaman “precampaña”, sin embargo en términos prácticos es una campaña per se. Este activismo hace parecer que estos partidos están un tanto ansiosos frente a los comicios de 2009 y ciertamente razones hay para estarlo. Primero, el solo hecho de tener elecciones de diputados, alcaldes y presidente en el mismo año vuelven a estas votaciones trascendentales ya que la cuota de poder en juego es grande; y segundo, el desgaste que ha tenido el partido de gobierno y su inoperancia para solucionar problemas importantes de la población, como el de la delincuencia, hacen que su imagen se haya debilitado y que sus flaquezas sean explotadas por la oposición. Lo anterior hace que los partidos piensen cada una de sus acciones, tanto con sus bases como en el campo de la política, teniendo como único horizonte el conseguir votos y considerando poco las necesidades de país.
    A partir de este contexto y para comprender mejor las estrategias de campaña de los partidos mayoritarios, entiéndase ARENA y FMLN, es importante conocer quién es el objeto poblacional que tienen en la mira estos partidos y analizar cuál es la receptividad que tiene la población hacia estos partidos. Con este propósito y a partir de la revisión de la última encuesta hecha por el IUDOP a finales de 2006, es posible encontrar algunas características de los simpatizantes de los partidos mayoritarios, es decir aquellas personas cuyo partido de preferencia es ARENA o el FMLN. Es importante aclarar que no se pretende hacer una predicción o un pronóstico sobre qué partido se perfila como posible ganador para las futuras elecciones, ya que es muy prematuro para hacer ese juicio, debido a que la definición de los resultados electorales está muy influenciado por elementos coyunturales.
    Una de las características del electorado a la cual se quiere hacer referencia en primer lugar es al sexo de los encuestados, ya que aquí aparece una de las primeras diferencias importantes. Una de cada cuatro (24.2%) mujeres encuestadas dice que su partido de preferencia es ARENA, mientras que solo una de cada seis (14.3%) señala al FMLN como su partido favorito. De forma complementaria, poco menos de la tercera parte  (28.6%) de los hombres encuestados dijo que su partido de preferencia era el FMLN y, en el caso de ARENA, el 23.6% de ellos escogió este partido como el de preferencia.
    En este sentido, se puede observar cómo ARENA tiene mayor receptividad entre las mujeres que el FMLN, mientras por el lado de los hombres el Frente es más aceptado que su contrincante, aunque la diferencia es menor. La explicación de esta diferencia es compleja y se relaciona más con que las mujeres tienden a asumir una postura ideológica más conservadora producto de su misma situación de exclusión social. Esta división de las preferencias electorales según el sexo fue explotada por Antonio Saca en su anterior campaña donde parte de sus promesas se dirigieron al segmento femenino del electorado, ofreciendo ayuda a aquellas mujeres solas, aunque en la práctica esto no haya sido así.
    Por otra parte, una segunda característica del electorado que marca importantes diferencias es el nivel educativo. En este caso, se encuentra que uno de cada tres (28.7%) encuestados del nivel educativo más bajo dice que su partido de preferencia es ARENA, mientras que solo uno de cada diez (9.5%) de este grupo dijo que su partido preferido era el FMLN. En el caso contrario, uno de cada tres (29.9%) de los encuestados con mayor nivel educativo manifiesta que su partido de preferencia es el FMLN mientras que solo uno de cada seis (17.5%) de este mismo grupo se inclina por ARENA. De esta forma se puede apreciar claramente cómo el FMLN es el partido que acapara mayor simpatía entre la población con mayor educación, mientras que ARENA lo hace con aquellos cuyos niveles de escolaridad son más bajos.
    Esta diferencia resulta fundamental al momento de diseñar la campaña, ya que define el tipo de argumentos que se usen para convencer al electorado. Así cuando se quiere convencer a personas con poca escolaridad resultan mucho más eficaces los mensajes más de tipo emotivo que racional; es decir, contenidos que busquen despertar emociones en la audiencia y no tanto el pensamiento crítico. Un ejemplo de esto lo encontramos en las últimas apariciones proselitistas del presidente de ARENA y del país, donde una de sus frases predilectas ha sido llamar a formar un “Ejercito nacionalista contra la amenaza populista”. Este tipo de frases no buscan más que generar reacciones emocionales en la audiencia, pero en su contenido está ausente cualquier tipo de propuesta o solución para los problemas de nuestro país. Ahora bien, tampoco se pretende decir con esto que el discurso del FMLN se caracteriza por tener una estructura más racional, pero sus electores, al tener un nivel más alto de escolaridad, son más críticos del proselitismo que hacen los partidos.
    Además de conocer cuáles son algunas características demográficas de los simpatizantes de los partidos mayoritarios, resulta interesante revisar cuáles son sus opiniones sobre dos problemas que más preocupan a los salvadoreños según esta misma encuesta: el problema de la economía y el de la delincuencia. En el caso de lo económico, uno de cada tres (38.5%) encuestados que votaría por ARENA manifiesta que la economía empeoró; sin embargo esta proporción se duplica en el caso de los que votarían por el Frente, ya que dos de cada tres (63.2%) expresan que la economía ha empeorado. Con respecto a los que tienen una visión más optimista sobre la economía, que son muy pocos, sólo uno de cada seis de ARENA (14.3%) y uno de cada cien del Frente (1.7%) opinan que la economía mejoró en el último año. Esto nos muestra que si bien los simpatizantes del partido de derecha son menos exigentes en su evaluación de la economía, la gran mayoría de encuestados, al margen del partido político, coincide en que la economía no ha mejorado, pese a que el gobierno manifieste lo contrario.
    Algo similar se encuentra en la opinión que se tiene sobre el problema de la delincuencia. Ocho de cada diez (84.9%) encuestados simpatizantes con el Frente y siete de cada diez simpatizantes con ARENA (69.3%) opinan que la delincuencia aumentó en el último año y son muy pocos (13.0% y 3.1%; ARENA y FMLN, respectivamente) quienes opinan que esta disminuyó. Si bien los porcentajes no son iguales entre los simpatizantes de ambos partidos, es posible apreciar que sí existe un buen porcentaje que coincide en su opinión sobre este problema.
    Teniendo en cuenta lo anterior, y al momento de hacer una evaluación sobre el rumbo que lleva el país, los encuestados, o al menos buena parte de ellos, coincide en que el país necesita un cambio en los próximos años. Así lo expresaron tres de cada cuatro (73.8%) encuestados cuya intención de voto es para ARENA, mientras que casi la totalidad de los encuestados cuya intención de voto es para el FMLN afirma que el país necesita un cambio. Es decir que hay un acuerdo bastante grande en que las cosas no se están haciendo bien en el país y que el cambio es necesario. Sin embargo, comprender por qué la mayoría de la población, a pesar de reconocer que sus condiciones de vida no mejoran, se resiste a la alternancia en el gobierno demanda un mayor análisis y guarda estrecha relación con una fuerte tendencia hacia el autoritarismo mostrada por los salvadoreños en otros estudios.
    Esta revisión de las opiniones de los ciudadanos recogidas en la encuesta de evaluación de año del IUDOP evidencian que los partidos deberán integrar la seguridad ciudadana y la mejora en la economía como ejes centrales de sus propuestas; ya que son dos puntos de coincidencia de la gran mayoría de electores. Interesante será observar cómo los partidos hagan sus propuestas, ya que la población está interesada en un cambio. En este sentido, el partido de gobierno tendrá que ser muy creativo para hacer pensar que tienen nuevas formas de gobernar y la oposición tendrá que hacer una propuesta de un cambio que convenza a sectores menos afines. Los institutos políticos se han puesto en la línea de arranque y esta competencia recién ha iniciado; por tanto, el análisis continuo de la opinión pública será clave para observar cómo se irá configurando el mapa político en las próximas elecciones.

Los “hacelotodo”, los “vendelotodo”, los...

    Adam Smith, el economista más citado por los políticos de derecha, planteó que “las riquezas excedentes de las metrópolis rebosarían y se derramarían sobre las colonias”. Así surgió la “teoría del rebalse” que ha sido la base del régimen económico impuesto en muchos países. También en El Salvador donde, hasta la fecha, la bonanza no se ha volcado sobre los sectores más desprotegidos como prometió aquél; al contrario, lo que se ha desbordado han sido las y los pobres que viajan a otras tierras buscando oportunidades que acá no encuentran para subsistir o de aquellas personas que inundan las calles de las ciudades en el país con ventas de lo que sea para poder “ganarse la vida”. Este último es el llamado “sector informal” y se erige como otra muestra más del fracaso del “ajuste estructural” recetado por los organismos financieros internacionales y aplicado al pie de la letra por los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). ¿Ha habido beneficios? Sí y grandes, pero sólo para un reducido grupo cercano a ese  partido de derecha.
    Durante dieciocho años la cantidad de personas que utilizan plásticos, canastas, carretillas y hasta sus propios cuerpos para ofrecer infinidad de productos a la gente que circula por las calles, ha crecido sin control y sin orden. Hasta el 2004, la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) había contabilizado 772,407 vendedores y vendedores de frutas, ropa, relojes, juguetes, maletines, zapatos, teléfonos móviles, discos compactos –de música y vídeo– y otros productos. Esa masa humana representaba entonces el 49.8% de la población ocupada a escala nacional y el número seguía en aumento. En las veinticinco manzanas del centro histórico de San Salvador, la alcaldía identificó a no menos de veintisiete mil comerciantes informales. Y –como siempre sucede– “en río revuelto, ganancia de pescadores”. En medio de la lucha por la supervivencia, también hay quienes se han lucrado vendiendo espacios en las aceras y cobrando “impuestos” para permitirle a esta gente poner su negocio; o, según la municipalidad, utilizando ese “mercado al aire libre” para actividades delictivas como el tráfico de drogas, la compra y venta de artículos robados, y el contrabando. Todo eso, sin que las autoridades hayan podido intervenir con eficacia para regularlo; por eso han ido perdiendo, poco a poco, el dominio de la zona hasta llegar a la situación actual.
    Ciertamente, quienes a diario soportan el sol y el ruido, el humo de los buses, las lluvias y el peligro de ser atropellados en cualquier momento, tienen necesidades básicas que no pueden solventar de otra forma. Si a esa gente se le saca de las calles, sus opciones se reducen a emigrar o delinquir. Pero también es cierto que debe ordenarse la ciudad para evitar el caos; también para fomentar el comercio formal, generar empleos y prevenir la criminalidad. Encima, el problema se ha hecho más complejo por los compromisos para enfrentar la “piratería” que el gobierno salvadoreño adquirió en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América; no cumplir podría llevar al país a enfrentar fuertes sanciones económicas. Ese es el dilema al que se han enfrentado varios alcaldes y la actual alcaldesa, Violeta Menjívar. A sus antecesores y a ella les ha estallado el problema en las manos, sin que a la fecha se haya solucionado un conflicto tan complejo generado por factores que están fuera de su ámbito de trabajo y que deberían ser resueltos con la participación de todo el Estado.
    El Viceministerio de Transporte y los ministerios de Seguridad y Justicia, Economía, Hacienda y hasta el de Salud tienen que ver con esta situación y deberían colaborar en la búsqueda de alternativas para quienes trabajan en las calles. ¿Qué deben hacer? Pues aún no está claro; no obstante, resulta obvio que el desalojo de los vendedores y las vendedoras o el decomiso de su mercadería es la peor forma de recuperar la autoridad perdida. Eso ha provocado serios problemas cada vez que se ha intentado.
    Para recordar algunos sucesos recientes, el 10 de febrero de este año fue atacado con piedras el edificio de la Alcaldía Municipal de Apopa; un vehículo de la comuna fue quemado y destruido el de un concejal por un grupo de supuestos vendedores. Según los agresores, los disturbios iniciaron tras un decomiso de mercancía. Como resultado de esta protesta, Vicente Ramírez –presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores y Pequeños Comerciantes Salvadoreños (ANTRAVEPECOS)– fue detenido y acusado de actos de terrorismo.
    Con este antecedente, era de esperarse una reacción similar el sábado 12 de mayo cuando –igual que en Apopa– la Policía Nacional Civil (PNC) confiscó discos compactos “piratas” y zapatos a los comerciantes de la zona del parque Hula Hula, en San Salvador. Las escenas se repitieron; se desataron las  pasiones y vinieron las quemas de llantas, las piedras al aire, los gases lacrimógenos y pimienta, las balas de goma y... El recuento final de los daños dejó un inventario de tres comercios saqueados, varias estructuras públicas y privadas –como semáforos y ventanales de edificios– destruidas, un vehículo policial y otro de una empresa televisiva quemados, varias personas intoxicadas por los gases lanzados y diecinueve capturas.
    Pero, además, los incidentes dejaron ver con claridad algo que también era previsible: la carrera electoral para el 2009, que ya había comenzado desde antes, está  agarrando cada vez más fuerza. Lo peor de todo es que la encabeza el Ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, quien utilizó los hechos para sacar raja para los intereses de su grupo y no para bien del país. Figueroa, también vicepresidente de ideología de ARENA, no dudó en acusar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de participar en los desordenes; igual comportamiento tuvo cuando ocurrieron los lamentables hechos del 5 de julio del 2006. “Le pedimos al FMLN –vociferó el funcionario gubernamental y del partido, igual que su jefe Antonio Saca– que se abstenga de mediar por delincuentes. Con la intervención del ala radical del FMLN, esto trascendió a la esfera política”.
    Saca, por su parte, también metió su cuchara insinuando tal vinculación. “Yo lo advertí durante la semana. Vamos a tener acciones de grupos radicales disfrazados de vendedores que lo que (sic) andan buscando es un muerto”, sentenció. Sí, el mandatario lo advirtió, pero ¿por qué no hizo algo para evitar que la situación se desbordara? ¿Acaso no debía colaborar a mantener la “paz social”?
    Por si fuera poco, los vendedores y las vendedoras afirman que los hechos vandálicos los realizaron personas infiltradas por el gobierno con la misión de desprestigiar su lucha ante la población. Cierto o no, lo sucedido hace pensar que en el acostumbrado fuego cruzado entre los extremos de la polaridad política vernácula, otra vez la población ha comenzado a sufrir las consecuencias y deberá pagar una factura muy alta.
    Mientras el carrusel de acusaciones entre los partidos sigue girando y los medios de difusión masiva le dan cobertura a sus dimes y diretes, hay una realidad de fondo que no ha querido ser enfrentada: el comercio informal es un fenómeno complejo, con raíces económicas y sociales profundas que requiere soluciones de ese tipo que vayan más allá de lo hecho hasta ahora.
    Con el decomiso de mercancías y la reubicación de los vendedores y las vendedoras, lo único que se logra es darle largas al problema y agravarlo aún más. No se ha hecho lo necesario para evitar que otros y otras tomen pedazos de plástico, canastos, carretillas y sus propios cuerpos para vender en las calles y ganarse –más o menos– el pan diario. Es necesario generar más fuentes de empleo, atreverse a cuestionar y modificar el régimen económico, promover otras medidas que ayude a romper el círculo vicioso de la pobreza y –sobre todo– fomentar la participación organizada, inteligente, novedosa y creativa de la sociedad en función de que esas acciones sean realmente efectivas. Mientras eso no sucede, los lugares que ahora están siendo “liberados” seguramente serán ocupados por otras personas a las que Roque Dalton llamaba “los ‘hacelotodo’, los ‘vendelotodo’, los ‘comelotodo’. Los tristes más tristes del mundo; mis compatriotas, mis hermanos”.

Un poco más sobre la injusticia

    Hay gente que asegura que no hay injusticias estructurales. Y mucho peor, las palabras injusticia social le producen alergia. Es cuestión de gustos, pero ciertamente hay injusticias que claman al cielo. Y queremos reseñar una. Demasiado grande y demasiado callada en nuestro medio.
    Recientemente se vendieron una serie de bancos: Comercio, Cuscatlán, Salvadoreño, Agrícola. Por vender sus acciones algunos salvadoreños recibieron más de 50 millones de dólares. Algunas familias más de cien e incluso doscientos millones. La suma total varios miles de millones. Pero no vamos a hablar de lo que gastaron en comprar las acciones cuando Cristiani privatizó el sistema bancario. Porque ese es otro tema, no sólo de injusticia sino de estafa. Compradas baratas hoy se ha multiplicado el valor de las acciones por aproximadamente 20. Y los mismos que privatizaban y compraban antaño, mejoraban hoy enormemente su capital. Pero eso queda para otro día. El tema es el de la venta de las acciones.
    Si un farmacéutico le vende medicinas a una persona pobre o de clase media baja, le cobra IVA. Si alguien compra algo en un supermercado, le cobran IVA. Lo mismo un mueble, una computadora, etc. Sin embargo, quienes vendieron sus acciones no le cobraron IVA a quienes se las compraron. Si se hubiera cobrado IVA por la venta de las acciones, el Estado hubiera ingresado cerca de 400 millones de dólares, calculando a la baja. Pero no pasó. ¿Es justo esto? ¿Es decente que a los pobres se le cobre IVA y a los millonarios en algunas de sus operaciones de venta se les deje ir sin IVA?
    Hay personas que dicen que cuando uno habla así de los millonarios anima la lucha de clases. Que no se puede echar a la gente contra los ricos. Que ya volvemos a los setentas. Vaya estupidez. Resulta que quien tiene más puede acaparar dinero vendiendo sin IVA y quien tiene menos tiene que pagar impuestos por sus compras o encarecer sus productos cobrando IVA. Y al que tiene más, aún encima, no se le puede criticar. No nos engañemos. Criticar esta situación no es volver a los setentas, es querer llegar a la verdadera democracia.
    El gobierno ha estado insistiendo en que quiere ampliar la base tributaria, porque hay comerciantes informales que venden sin IVA. Pero a estos millonarios no informales, sino insensibles e irresponsables ante los problemas sociales, cómo que no hay que cobrarles nada. Después negarán que el gobierno de ARENA sea el gobierno de los ricos. Un buen chiste que ya nadie con más de quinto grado se lo cree en el país.
    Ciertamente así no se construye nación, patria, ni mucho menos sociedad solidaria. El tema no es si esas ventas fueron legales o no. El tema es si ante ese tipo de ventas, desnacionalizadoras de nuestro propio capital, no hay que tener leyes que garanticen que pasarán a las arcas del Estado al menos unos impuestos semejantes a los que pagan los pobres. Y que no se nos diga que todo el mundo va a declarar los millones recibidos como renta del año y que les van a cobrar el 25% de impuesto como ameritaría. Ciertamente si quien recibió 80, 50 ó 20 millones pagara este año el 25% de lo recibido, habría que añadirle su estatua a la lista de gorditos que tiene el boulevard de los próceres.
    Así no se construye país. No podemos hacer un El Salvador de todos, digno, decente, si este tipo de abusos no tiene corrección. Y nadie parece decir nada al respecto. Como si esta danza de millones en El Salvador fuera algo ordinario y de inmediata repercusión en el bienestar de la nación. El FMLN callado. Ojalá tome nota y en vez de preocuparse tanto del nuevo candidato se preocupe sobre todo de sentar parámetros claros y sensatos de justicia social. El Gobierno con sentido humano, al revés del FMLN, no se queda callado. Normal porque la charlatanería les va. Es parte de su éxito. Pero se dedica a hablar de cuestiones irrelevantes o simplemente a seguir gastando dinero en propaganda. Otras instituciones que quieren ganar liderazgo y proponerse como autoridades serias en el campo económico y social también se quedan calladas. Fusades, si se descuida, hasta le rinde un homenaje a estos millonarios insensibles que ni pagan por sus ventas de acciones, ni declaran las exorbitantes ganancias obtenidas por esta operación de compra y venta de acciones. Ciertamente homenajeó al papá de la movida.
    A veces da la impresión que vivimos en un circo. Viendo, comentando, discutiendo los problemas que provienen de la injusticia social, y olvidando las principales injusticias de El Salvador. Detrás de toda injusticia grave hay nombres y apellidos, tal como lo decía el Papa Juan Pablo II. Detrás de las injusticias en El Salvador también hay nombres y apellidos que ni se mencionan, o no se mencionan bien, simplemente por temor. Ojalá nuestra débil democracia sea al fin un día simplemente democracia. Ahora no lo es. Aunque las embajadas y los embajadores, siempre muy respetables y compuestos, ensalcen los logros nacionales. Logros que a veces simplemente se concretan, al final, en decir que ahora ya no te matan por decir lo que se dice en este editorial. Si eso es diplomacia, creo que sobran diplomáticos. Mejor harían los países amigos en dar los sueldos de tanto diplomático a algunas ONG´s de las que trabajan más directamente con los pobres en la defensa de sus derechos.