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Impostergable debate sobre la
institucionalidad
Ha transcurrido casi un mes desde que fueron asesinados, en Guatemala, tres diputados salvadoreños y su motorista, así como cuatro policías sospechosos del múltiple crimen. A estas alturas, no se cuenta con resultados firmes en la investigación de esas muertes, pero las secuelas de las mismas se están haciendo sentir con fuerza en las principales instituciones guatemaltecas, inmersas en estos momentos en una fuerte crisis de legitimidad. Si esta crisis de legitimidad da pie a un debate serio y honesto sobre la institucionalidad en Guatemala, que se traduzca en una reestructuración institucional en sintonía con las exigencias de un Estado democrático de derecho, la sociedad de ese país será la gran ganadora.
Pero ese desafío no es sólo de Guatemala, sino también de El Salvador. Porque no deben perderse de vista, por centrar excesivamente la atención en lo que sucede en aquel país, los graves problemas que tiene el nuestro en materia de institucionalidad. Son esos problemas los que en estos momentos —tomando en cuenta precisamente lo que sucede en Guatemala— deben ser debatidos con la mayor urgencia.
Un primer foco de debate debe ser la institucionalidad vinculada a la seguridad pública y la justicia. Las funciones, estructura y filosofía de instancias como el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil deben ser examinadas públicamente por los principales actores socio-políticos, en orden a identificar y superar sus debilidades más profundas. No sólo deben ser revisados sus marcos normativos, sino también las formas de seleccionar a sus mandos medios y superiores.
Los primeros están demasiado contaminados de autoritarismo como para ser un soporte de un ordenamiento democrático; las segundas, de arbitrariedad, compadrazgos y retribución de favores como para garantizar que las personas más idóneas ocupen los puestos donde se toman las decisiones de mayor trascendencia nacional. Las consecuencias de ambas dinámicas han sido y son desastrosas para el conjunto de la sociedad: una estrategia de seguridad pública de carácter represivo que no le atina al problema de la violencia; funcionarios incompetentes que transitan de una oficina pública a otra; y tranquilidad en las altas esferas criminales, sabedoras de que la justicia ni siquiera las rozará.
En el actual gobierno se ha convertido en una norma la rotación de funcionarios —cuyo desempeño en determinado cargo ha sido cuando menos dudoso—, de un lugar a otro en el ámbito del Estado, pero también desde el ámbito estatal hacia ARENA y viceversa. Es decir, muchos de los que han fallado en sus funciones han sido ubicados por decisión presidencial en otros puestos del Estado o del partido, traicionando la lógica más simple que llevaría a su despido irrevocable. La traducción práctica de esto es que el aparato estatal no puede sanearse de funcionarios incompetentes, con el agravante de ser, por lo general, abanderados de tradiciones autoritarias sumamente dañinas para una convivencia social civilizada.
Con su autoritarismo e incompetencia a cuestas, los funcionarios “premiados” van de un cargo público a otro, dejando su huella nefasta en el aparato del Estado. Definitivamente, se debe poner un alto a eso. El presidente Antonio Saca no debe seguir premiando la incompetencia y el autoritarismo: no debe porque eso va en contra del mandato constitucional que lo obliga a garantizar el bien común en El Salvador.
Un segundo foco de debate debe apuntar a la institucionalidad relacionada con la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos. En este punto, hay que poner a la Corte de Cuentas de la República en el centro de la discusión. Así como la impunidad, el crimen y la arbitrariedad han proliferado al calor de una débil institucionalidad relacionada con la seguridad pública y la justicia, así también ha proliferado la corrupción pública-privada al calor de una débil institucionalidad fiscalizadora y garante de la transparencia en el manejo de los recursos estatales. Es demasiado el dinero público que está yendo a parar a manos privadas y son demasiados los gastos oscuros en publicidad y propaganda gubernamentales como para no tomarse en serio el papel de la Corte de Cuentas en esas irregularidades. Se trate de complicidad o no, el caso es que esa institución no pide cuentas a quienes debe pedírselas; es por ello que la corrupción ha alcanzado niveles extremos, mismos que no se ve cuándo puedan ser controlados.
En este sentido, la rendición de cuentas sigue siendo un tema tabú en las esferas públicas salvadoreñas. Ni se rinde cuentas por un mal desempeño político ni tampoco por un mal manejo de recursos estatales. Funcionarios de alto rango van y vienen, son reciclados de un puesto a otro, o de pronto (aunque excepcionalmente) se retiran de la vida pública (algunos para reaparecer después, frescos y lozanos), sin que la sociedad se entere de lo que hicieron y dejaron de hacer; de sus aciertos y errores; del estado de sus finanzas familiares y negocios personales.
Esa ha sido la forma tradicional de hacer las cosas en la esfera pública. Sus consecuencias para la sociedad en su conjunto han sido y son nefastas: abusos, prepotencia, corrupción, incompetencia e inseguridad generalizada. El único modo de encarar ese hacer tradicional pasa por el fortalecimiento institucional, pero éste sólo puede cobrar vida a partir de la redefinición del andamiaje institucional existente. El debate democrático debe ser la piedra de toque de esa redefinición. Este es uno de los grandes desafíos de El Salvador —y de las sociedades centroamericanas, con excepción de Costa Rica— en la actualidad.
Posponer ese debate y continuar haciendo las cosas de la manera tradicional no significa más que una agudización de los problemas que en estos momentos afectan a la sociedad salvadoreña. Empresarios, clase política y sociedad civil organizada deben involucrarse, por tanto, en el impostergable debate sobre la institucionalidad existente, sobre sus debilidades y sobre las reestructuraciones institucionales necesarias.
Bush de gira por América Latina
Los intereses económicos de Estados Unidos, considerada la nación más poderosa en el mundo, prevalecen siempre y a toda costa, aún por encima de intereses políticos o, cuando menos, representan el mismo grado de prioridad para sus gobernantes. La toma de decisiones y, por ende, el diseño de sus políticas de cara al resto de países carece de cualquier criterio ético. Se fundamentan, pues, en un análisis de costos-beneficios económicos.
Por ello, no debe extrañar que tras la invasión estadounidense a Iraq y Afganistán, se encuentre no el interés discursivo por llevar la democracia a esos países, sino el más llano interés comercial por obtener y administrar los recursos petroleros de aquella región.
En su relación con América Latina, no obstante, los intereses políticos han prevalecido en gran medida, pues ha sido su zona de mayor influencia desde la época de la llamada Guerra Fría. Aparejado a esta injerencia política, también ha habido un interés por establecer vínculos comerciales, para incrementar su presencia y poder en la zona.
Así, en los últimos años, algunos países de América Latina se han convertido en aliados estratégicos de la administración estadounidense. Con ello, de manera gradual, y en concordancia con los gobiernos latinoamericanos de corte neoliberal, en la región se ha impuesto el libre comercio, mediante acuerdos bilaterales que, como era de esperarse, han traído mayores beneficios a la nación norteamericana que a las economías domésticas de los países firmantes.
Prioridades de la administración Bush
A partir del 11 de septiembre de 2001, la administración de George W. Bush, actual presidente de Estados Unidos y representante de la derecha política y empresarial más conservadora, centró su política exterior en torno a la seguridad nacional. Especial énfasis dentro de esta política ha tenido la lucha contra el terrorismo, aún y con la vaguedad con la que el término es utilizado muchas veces. Este giro en el manejo de las relaciones internacionales llevó el foco de atención a los países del Medio Oriente, pues es considerada como la principal región a “salvar” del autoritarismo y fundamentalismo religioso.
En ese sentido, a partir de aquella fecha, América Latina quedó al margen de cualquier “esfuerzo de cooperación” de parte de la tierra del tío Sam, salvo el impulso de acuerdos comerciales en la región y la suma de algunos países a su lógica de lucha frontal contra el terrorismo.
De hecho, la región sirvió de aliada para justificar la lucha contra el terrorismo a cómo diera lugar, al punto de lograr que Colombia y El Salvador, cuyos presidentes son dos de los más serviciales a los intereses de la Casa Blanca, incluyeran el tema en sus respectivas agendas políticas.
De más está recordar que junto a esta lucha contra el terrorismo, El Salvador ha mostrado su total apoyo a Estados Unidos mediante el envío y mantenimiento de sus tropas militares a Iraq, pese al descontento social generado.
Otro tema sensible en la relación entre Estados Unidos y América Latina ha sido la migración, el cual ha sido abordado de manera superficial. El tibio manejo de este tema ha contribuido, en parte, al desgaste de la actual administración de Bush entre los sectores hispanos residentes en Estados Unidos. Sin olvidar, por supuesto, que el débil tratamiento de la migración ha sido no sólo aceptado, sino avalado por los gobiernos latinoamericanos más afines a los intereses estadounidenses.
Por ejemplo, los mandatarios de México y Centroamérica no han mostrado un interés real en presionar por políticas migratorias más adecuadas y mayores beneficios para la comunidad de migrantes ilegales residentes en EE.UU. Pero de parte de estos gobiernos sólo ha habido un apoyo incondicional a las medidas en torno al tema impulsadas hasta el momento.
En ese sentido, la agenda estadounidense siempre acaba por imponerse en las relaciones entre aquel país y América Latina. Basta con revisar la anterior gira realizada por Bush en la región. En 2002, Perú, México y El Salvador fueron los países seleccionados para que el presidente estadounidense apareciera ante la prensa como un mandatario preocupado por los problemas de la zona.
La migración y la lucha contra el narcotráfico se convirtieron en aquel año en la consigna de la visita del presidente estadounidense. A pesar de la propaganda —y las expectativas generadas entre algunos sectores— estos temas no fueron abordados con la seriedad y profundidad esperadas. Al contrario, al menos en el caso salvadoreño, la visita sirvió en principio para mostrar el supuesto —y vergonzoso— apoyo de Bush al entonces presidente Francisco Flores, en reconocimiento a su gestión gubernamental.
Del mismo modo, la visita preparó el clima para iniciar las pláticas en torno a la firma de un acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos, publicitado como el instrumento idóneo de política económica para mejorar las condiciones sociales de la población; lo cual, a todas luces, no ha sucedido a un año de vigencia del tratado, ni sucederá en el futuro.
Así las cosas, es evidente que los intereses estadounidenses siempre han sido resguardados en su relación asimétrica con América Latina. De hecho, es en vista de esos intereses y la posible amenaza a su proyecto político y económico, entre otras causas, que la administración Bush reacciona con medidas paliativas como el renovado interés que, casi al final de su periodo, el gobierno estadounidense muestra en la región.
Si a ello se suman factores internos como la mayor presencia y control de los demócratas en el Senado y en el Congreso, y la caída del apoyo latino a su gestión, tras la implantación de medidas migratorias impopulares, se entiende a cabalidad por qué los estrategas de Bush lanzaron una nueva mirada a lo que ellos consideran su patio trasero: América Latina.
Los significados de la gira
Después de un largo periodo sin “estrechar” las relaciones con la región, a inicios de marzo Bush emprendió una gira por Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México.
Con esta visita, buscaba hacer explícita su intención de colaborar más de cerca con estos países. Según el mandatario, pretendía enviar un mensaje a toda América Latina: Estados Unidos desea colaborar con la región en la búsqueda y obtención de un mejor desarrollo social.
Nada más ingenuo que considerar que esta visita obedece a un interés real por contribuir al mejor estado de los países de habla hispana. Más allá de un bien elaborado trabajo de mercadeo político, estas acciones han demostrado ser sólo una estrategia, que pretende ganar apoyo entre los latinos, aún cuando buena parte de la situación actual de la región se deba a la implementación de medidas recomendadas por Estados Unidos y su injerencia en la zona.
Discursos aparte, pues, de nuevo la estrategia del gobierno de Bush presenta un interés primario enfocado en los beneficios comerciales. A su vez, la ruta emprendida por el presidente estadounidense y su agenda también forman parte de un “renovado” interés político de parte de esa nación hacia Latinoamérica.
El primer interés se evidencia en la búsqueda de acuerdos comerciales con Brasil —y el aprovechamiento de la producción de etanol como fuente de energía alternativa al petróleo— y la posibilidad de iniciar un acuerdo de libre comercio con Uruguay. Ambas medidas buscan incrementar el desempeño de la economía estadounidense y beneficiar al capital empresarial de ese país.
En segundo término, con esta gira, Estados Unidos esperaría contrarrestar las intenciones del mandatario venezolano, Hugo Chávez, por implementar relaciones multilaterales con los países de la zona andina y Brasil, que representen una alternativa a las propuestas estadounidenses. En ese sentido, el proyecto económico estadounidense saldría afectado, en alguna medida, de concretarse las alianzas entre Venezuela y el resto de países del cono sur.
En sintonía con este miedo, el interés político de Estados Unidos en la región ha resurgido a partir del arribo de la izquierda en muchos países de la zona, tras las jornadas electorales de 2006, y la consolidación de otros gobiernos de izquierda en Sudamérica.
Pareciera que Bush, tras los desatinos de sus políticas dirigidas a América Latina y el apoyo creciente de la izquierda en la región, acepta que la hegemonía política en su zona de comodidad corre peligro. Lo cual también equivaldría a que los intereses económicos de los empresarios estadounidenses podrían verse afectados en demasía, debido a las decisiones y medidas adoptadas por algunos gobiernos latinoamericanos, que son contrarias a la lógica neoliberal impulsada desde la Casa Blanca.
Por lo tanto, la estrategia esta vez consiste en afianzar pactos comerciales con países no tan allegados a la administración Bush, como sería el caso de Brasil y Uruguay.
Con países como Colombia y Guatemala, el mandatario busca reafirmar el servilismo que estos gobiernos han mostrado hacia su gestión, a través de los años, y discutir temas de interés exclusivamente estadounidense, como la lucha contra el narcotráfico.
En el caso de la visita a México, vale señalar que el tema más sensible con ese país es el de la migración, mismo que no fue abordado a cabalidad en la agenda de los mandatarios. En ese sentido, la presencia del presidente del país más influyente en el mundo sirvió para legitimar al nuevo gobierno de México, presidido por Felipe Calderón, tras un proceso electoral enrarecido y confuso.
Ahora bien, si la idea de la gira era acercarse a los países que tradicionalmente han mostrado un apoyo incondicional a las decisiones y políticas estadounidenses, cabe preguntarse por qué El Salvador quedó esta vez fuera del recorrido oficial, si en 2002 fue el único país centroamericano incluido en su visita.
La respuesta podría estar en que la visita habría estado muy cerca del primer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio firmado entre El Salvador y Estados Unidos. Además, tampoco se debe olvidar que nuestro país sigue siendo el único que mantiene tropas en Iraq como parte de los favores políticos que los gobernantes le brindan a la administración Bush. Visto así se podría entender que la visita de este mandatario habría generado un clima de protestas, similar al que se dio en todos y cada uno de los países visitados durante su más reciente gira.
De hecho, entre las respuestas generadas en torno al viaje oficial, destaca la emprendida por Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Para contrarrestar a Bush, organizó su propia gira por América Latina al visitar Argentina, Bolivia, Nicaragua, Jamaica y Haití. En cada país, el mandatario venezolano criticó la gestión estadounidense y su tendencia a interferir en la política interna de la región. A este clima de crítica, también contribuyeron las diversas protestas organizadas por representantes de sindicatos y de la sociedad civil.
Contrario a lo que el editorialista de un matutino salvadoreño considera, estas protestas populares en contra de la gira de George W. Bush son legítimas, pues expresan el descontento de las mayorías con las políticas implementadas por los gobiernos nacionales, que en gran medida han sido sugeridas, avaladas y apoyadas por Estados Unidos.
Para finalizar, es pertinente agregar que con gira o sin ella, lo cierto es que el gobierno norteamericano continuará promoviendo los intereses estadounidenses en América Latina, sin considerar en serio los problemas de la región.
Una visión amplia del problema de los préstamos
El debate sobre la aprobación de los préstamos en la Asamblea Legislativa está en un punto álgido: el Ejecutivo y la fracción legislativa de ARENA luchan por los créditos destinados al financiamiento de Red Solidaria mientras que el FMLN niega sus votos por el mal uso de recursos provenientes de empréstitos anteriores. Esta vez ARENA, está dispuesta a que las instancias estatales correspondientes ejerzan la contraloría social, siempre y cuando se aprueben los préstamos, pero el principal partido de oposición también mantiene la importancia de financiar el gasto social a través de recursos propios para no recurrir al endeudamiento público. Así, ambos partidos se han enfrascado en una discusión que tiene embotados los sentidos de la población salvadoreña, pues desde las calles –mediante la visita casa por casa–, las plazas, la radio, la televisión y los periódicos se difunden las opiniones encontradas de los partidos mayoritarios. No es raro, entonces, encontrar personas desconcertadas que no comprenden a cabalidad el problema.
¿Por qué ha sido tan difícil la aprobación de los préstamos? Para dar respuesta a esta interrogante es necesario referirse a factores estructurales y coyunturales: las cuestiones estructurales se refieren al alto nivel de pobreza y endeudamiento externo que desde décadas atrás han caracterizado al país; y los elementos coyunturales aluden de manera directa al programa Red Solidaria y a la estrategia política de los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa.
Desde la fundación de la República, la pobreza ha sido una constante de la historia del país. Contrario a lo que piensan muchas personas, la pobreza no se originó por la reforma agraria, por la nacionalización de la banca o por los sabotajes a la infraestructura pública por parte de la guerrilla durante los años ochenta. Las políticas económicas de esa época fueron ejecutadas con el fin de enfrentar un problema que era el trasfondo del conflicto político y social: la agudización de la pobreza. A fuerza de ser sinceros, no se puede negar que dichas políticas, en vez de solucionar el citado problema, sólo perpetuaron y, en el mejor de los casos, mitigaron la situación de precariedad de la mayor parte de salvadoreños y salvadoreñas.
Al cierre de los ochenta, ARENA alcanza por primera vez el poder Ejecutivo y tiene por finalidad restablecer el crecimiento de la economía en base a una nueva forma de gestión económica: el modelo de libre mercado basado en la iniciativa empresarial y, parcialmente, en el papel subsidiario del Estado. El gobierno impulsó una serie de reformas económicas con la esperanza de que se generaría un crecimiento que, más tarde o más temprano, estaría acompañado de un mayor bienestar social. No obstante, a mediados de los noventa la tasa de crecimiento de la economía disminuyó y dicha tendencia se profundizó en los primeros años del nuevo siglo. Por ello, durante esa época, varios especialistas comenzaron a hablar acerca del “crecimiento estéril” sin desarrollo.
En los años ochenta, el Estado salvadoreño recibió recursos internacionales para enfrentar los embates del conflicto armado. En los noventa, los créditos y donaciones aumentaron para impulsar las reformas estructurales y mejorar la infraestructura pública deteriorada por la guerra. Las entidades financieras que proporcionaron los recursos condicionaron los créditos a cambio de la implementación del proceso de apertura comercial y la privatización de las empresas del Estado. Al mismo tiempo, también recomendaron mayor disciplina fiscal para hacer frente a los compromisos internacionales. Por ello, y en vista de ahorrar recursos, el Estado redujo considerablemente la seguridad social que vino a empeorar la calidad de vida la población salvadoreña.
Hasta finales de los noventa, el Estado mantuvo cierto grado de disciplina fiscal, pero durante la gestión de Francisco Flores el nivel de endeudamiento externo aumentó a raíz de los terremotos de 2001, la pérdida de recursos debido a la corrupción estatal y, especialmente, el aumento del gasto público financiado con préstamos internacionales. Este último aspecto es muy importante porque debido a que la tasa de crecimiento económico fue demasiado baja, el fisco no logró recaudar los ingresos suficientes para enfrentar los gastos corrientes del Estado. Dicho de otra manera, la falta de recursos asociada a la baja actividad económica presionó al endeudamiento público. Así, el origen del problema se encontró en la incapacidad del modelo para generar un crecimiento capaz de proporcionar recursos suficientes al Estado.
Como se puede ver, la pobreza y el endeudamiento público son problemas que siempre ha enfrentado el país, pero que en los últimos años han tomado mayor fuerza por la coyuntura política y económica. La situación política se caracteriza por un alto nivel de polarización donde los partidos mayoritarios –ARENA y FMLN– luchan arduamente por el control del poder ejecutivo y legislativo. Por su parte, la coyuntura económica se destaca por el aumento del malestar social debido a la incapacidad del modelo para generar mayor crecimiento económico.
Así, en materia económica, el nuevo gobierno de Elías Antonio Saca tuvo el reto de enfrentar dos cosas: la crisis del modelo económico, que se expresa en el deterioro de las condiciones de vida de la población salvadoreña, y el mayor endeudamiento público debido al permanente déficit fiscal. En el campo político, sin duda, la tarea es mantener a ARENA en el Ejecutivo y alcanzar la mayoría en el pleno legislativo. Hay que destacar que para alcanzar los objetivos políticos el Ejecutivo impulsó medidas que, en cierta manera, significaron leves cambios al modelo económico. El fin era “suavizar” y mitigar los magros resultados del mismo.
El objetivo de ARENA es claro: mantener o, en el mejor de los casos, aumentar su control del Estado pero sin introducir reformas fundamentales al modelo económico. Por reformas fundamentales se entiende aquellas medidas que alteran el funcionamiento de la economía: reforma fiscal progresiva, privilegiar el aumento de la demanda interna en vez de la externa –como se hace mediante los tratados de libre comercio–, políticas de desarrollo basadas en actividades agrícolas e industriales y una política social integral.
Para enfrentar la pobreza, el gabinete económico diseñó Red Solidaria que, como dice el gobierno, es un “programa de atención a la pobreza”. La implementación de Red Solidaria es el reconocimiento tácito de la ineficacia del modelo económico para aumentar el nivel de vida de los más pobres del país. En este sentido, el proyecto gubernamental es un paliativo ante la falta de oportunidades de empleo. Pero si el Estado padece año tras año de déficit fiscal, la única manera de financiar un programa de esta naturaleza es mediante préstamos externos. Es decir, aumentar la deuda pública externa que se heredó del gobierno de Francisco Flores.
Ahora bien, el modelo económico no sólo ha sido incapaz de generar la inversión y el empleo suficiente para reducir la pobreza, sino que también se ha hecho acompañar de un problema fiscal que hunde sus raíces en el lento crecimiento de la economía y en la privatización de las pensiones. En este sentido, la política económica de ARENA adolece paradójicamente de uno los males que caracteriza a los “gobiernos populistas”: las necesidades sociales fruto de la mala gestión económica no pueden atenderse con los pocos recursos del Estado. Mientras los populistas solucionan el problema aumentando la emisión de moneda nacional, el gobierno salvadoreño –debido a que ya no circula moneda nacional– recurre, a pesar del elevado endeudamiento público, a los préstamos. Así, mientras los gobiernos populistas viven en el presente la crisis de la espiral inflacionaria, el gobierno de ARENA pospone la crisis financiera a futuro. O sea que la gestión actual se caracteriza por un populismo sui géneris.
En la actualidad, el problema fiscal se mantiene aunque se hayan realizado la reforma fiscal y la del sistema de pensiones. Es cierto que gracias a ellas se tiene mayores ingresos y un mejor flujo de caja, pero ambas medidas no generan los recursos suficientes para atender las demandas sociales de la población. Bajo esta perspectiva, la solución al problema fiscal pasa por el aumento de los ingresos estatales mediante una reforma tributaria que obtenga la mayor parte de recursos de las empresas que obtienen mayores utilidades. ¿Por qué? Debido a que éstas han sido las más beneficiadas por la política económica gubernamental son las empresas que, a pesar de la crisis económica, reportan un alto nivel de utilidades.
Como se puede ver, el debate en torno a los préstamos es sólo un atisbo de un problema más grande: la crisis de un modelo económico que no genera empleos y los recursos suficientes para enfrentar las necesidades sociales de la población en extrema pobreza. Pero hay que tener presente que el debate no sólo involucra consideraciones económicas sino también políticas, pues Red Solidaria es conceptuada de forma diferente por ambos partidos. Para ARENA, el programa de atención a la pobreza es el instrumento que viene a sacar a flote al modelo económico, que mitiga la crisis que el mismo esquema de crecimiento y desarrollo ha generado desde la década de los noventa. El verdadero objetivo de Red Solidaria no es solucionar el problema de la pobreza extrema en el país sino permitir que ARENA permanezca en el poder.
Partiendo de lo anterior, es más fácil comprender porque el FMLN se opone al financiamiento de Red Solidaria por más excusas que dé acerca de la falta de claridad en el uso de los empréstitos. Desde una perspectiva política, hay que comprender que para el FMLN no tiene mucho sentido financiar la política social del gobierno, pues votar a favor de los préstamos sería ir en contra de sus convicciones –el modelo económico está en crisis–, pues con ese financiamiento se continuaría solucionando mediante “parches” la crisis y, al mismo tiempo, se estarían posponiendo los cambios estructurales que necesita el modelo económico.
El problema de los préstamos está ligado fuertemente con la escasez de recursos estatales y la crisis económica. Pero para enfrentar ambos problemas es menester impulsar una reforma fiscal profunda y cambios sustanciales al modelo económico. Estas medidas difícilmente se llevarán a cabo mientras el partido que controla el Ejecutivo sea el mismo que tiene en sus filas a los grandes empresarios del país. En ARENA la obsesión por mantener el poder político y el modelo económico se amalgaman para enfrentar toda medida que afecte a la elite del partido.
Finalmente, hay que reflexionar sobre la efectividad de la política social en medio de la crisis del modelo económico. Tal como lo sostiene la especialista en política social Juliana Martínez Franzoni, mientras el esquema de crecimiento sea incapaz de generar empleos suficientes, la política social será insuficiente para levantar los “cadáveres” que va dejando la política económica. Es decir que sí la economía continúa creciendo lentamente y aún se mantiene el alto nivel de desempleo, la política social no podrá atender a todos los pobres debido a la falta de recursos estatales. La solución es introducir cambios fundamentales al modelo económico y aumentar los ingresos del Estado.
Una de las mayores problemáticas que enfrentan en la actualidad algunas alcaldías capitalinas es la relacionada con el sector de vendedores informales. La comuna de San Salvador impulsó en los años noventa un ordenamiento que, o no tuvo continuidad, o no fue elaborado de tal manera que su continuidad tuviera la misma efectividad que en su momento pretendió tener.
En el análisis de los medios de comunicación no se recalca la responsabilidad del gobierno central en la solución a la problemática de las ventas informales. Y es que no se puede negar la complejidad que ha tomado este problema. No es extraño, por tanto, que existan intereses partidistas, o juegos políticos sucios en medio de esa problemática, como el que a continuación se señala con respecto a la Ley antiterrorista, aplicada a vendedores informales capturados en un hecho aún confuso, acaecido en Apopa, el mes anterior.
Una protesta oscura
El día 10 de febrero, entre 50 y 100 vendedores del mercado de Apopa atacaron el local de la alcaldía, motivados, de acuerdo con su versión, por un decomiso no autorizado de mercadería de parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). Entre los daños materiales figuraron un camión de la alcaldía incendiado, la ruptura de ventanas del edificio de la comuna y varias lámparas del parque. Además, el auto particular del concejal Antonio Menéndez también fue blanco de las piedras lanzadas. A ello se le sumó diez empleados municipales heridos, daños en los archivos del registro familiar y otros departamentos, así como en lámparas del alumbrado público. En conjunto, según lo señalaron las autoridades municipales, los daños ascienden a un aproximado de 30 mil dólares.
El director de la Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores y Pequeños Comerciantes Salvadoreños (ANTRAVEPECOS), Vicente Ramírez, lideraba la acción y pedía junto con otros comerciantes la devolución de la mercancía. “En Apopa tenemos alrededor de mil afiliados y muchos de ellos fueron desalojados violentamente por la alcaldía. Eso generó los desórdenes. Cuando yo llegué ya estaba toda esa anarquía. Yo no fui el que la provoqué, sino la alcaldía”, concluyó el dirigente.
Sin embargo, el concejal Menéndez negó que existiera algún tipo de decomiso. Y es que las versiones de ambos bandos se contrastan, ya que los miembros de ANTRAVEPECOS comentaron que existió violencia durante el supuesto decomiso “y hasta balazos”, mientras que el concejal aseguró que los balazos fueron lanzados por vendedores.
El día 16 de febrero, autoridades policiales capturaron a Vicente Ramírez, acusado de ser uno de los responsables de dirigir aquella protesta de vendedores informales que causó desórdenes y daños a la propiedad pública y privada en Apopa. Según la Fiscalía General de la República (FRG) será procesado bajo la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. Con la detención de Ramírez suman tres los acusados con la nueva normativa aprobada el 21 de septiembre de 2006.
Ante esta situación, el dirigente vendedor aseguró que durante la detención se encontraba de visita en la casa de unos amigos y no se ocultaba como sostienen las autoridades policiales. Según Ramírez, el día de los desórdenes en Apopa, en efecto, se encontraba en el municipio, pero insistió en que no se presentó en el momento preciso de los desórdenes. “Estaba en una asamblea en Agepym, llegué cuando la protesta estaba terminando y llegué porque intentamos hablar con la alcaldesa y cuando ella no quiso nos retiramos. No pude haber participado en los hechos de los que me acusan”, advirtió. Sin embargo, las autoridades aseguran contar con fotografías que ubican a Ramírez en el momento de los desórdenes, además de testimonios que involucran al representante de los vendedores.
La comuna también denunció que fue ese mismo día en que recurrieron a poner la denuncia a la Policía Nacional Civil (PNC), pero ésta no les atendió de manera expedita. En esta misma línea, el 14 de febrero, el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) exhortó a “las autoridades que brindan seguridad pública (PNC, Ministerio de Gobernación y Ministerio de Seguridad Pública) a ser ágiles y oportunos en su intervención para evitar estos hechos violentos que se vuelven simples actos delincuenciales”.
La trampa de la ley antiterrorista
El día 21 de febrero, la Juventud Guevarista de la llamada Tendencia Revolucionaria (fundada por ex miembros del FMLN) expresó a través de un comunicado : “vemos con suma preocupación la invocación de la recién aprobada ‘Ley Antiterrorista’ por parte de las autoridades municipales de la alcaldía de Apopa como cuerpo legal a aplicar contra tres miembros del sector informal de vendedores”. Por lo que condenaron, tanto a la alcaldía del mencionado municipio como al gobierno central. Luego, dieron el paso de llamar la atención a su ex partido político, el FMLN –en cuyas manos está la dirigencia de la mayoría de alcaldías de San Salvador-- a fin de ser “consecuente con los principios revolucionarios que históricamente le dieron vida, para que sus autoridades edilicias se abstengan de continuar el hostigamiento en contra de las (os) vendedoras (es) informales, por el solo hecho de realizar su actividad comercial en la calle… Creemos que esta situación constituye una persecución de una clase socialmente excluida y marginada, con lo que el FMLN ha perdido el sentido de clase de la dialéctica marxista”, asevera el comunicado.
En contraste con esta postura, días antes de este pronunciamiento contra la comuna de Apopa, la alcaldía de San Salvador manifestó el 13 de febrero que el llamado es para los y las comerciantes de la vía pública para que actúen de manera responsable y eviten acciones que en nada abonan a la construcción de entendimientos y soluciones. Por ello, exigió a la Fiscalía y a la PNC “una pronta y exhaustiva investigación de los hechos ocurridos para deducir responsabilidades”.
Y es que, tal como lo señalan las últimas líneas, la actitud de las alcaldías lideradas por el FMLN, en específico la alcaldía de Apopa, nunca fue la de acusar de “terroristas” a quienes les han causado daños. De eso se han encargado algunos medios de comunicación y la Fiscalía misma. Más bien, la comuna de Apopa se desmarcó de la acusación de actos de terrorismo contra Ramírez. “Nosotros no demandamos por actos de terrorismo, lo hicimos por desórdenes y daños a la propiedad privada. Nos desligamos de esa acusación que la Fiscalía hizo por su cuenta”, destacó Renzo Castillo, alcalde interino de Apopa. En apoyo a esta postura, Jorge Meléndez, alcalde interino de San Salvador, declaró que su municipalidad estaba en contra de la aplicación de esta ley, la que encontró oposición en el partido de izquierda antes de que fuera aprobada en el congreso en 2006: “La aplicación o tipificación de acciones terroristas [en este caso de los vendedores] me parecen fuera de lugar”, aseveró.
Pero ¿qué está detrás de todo este tipo de desórdenes? Sin duda, la hipótesis planteada por el alcalde interino de Apopa en aquel momento ayuda a clarificar los hechos: “Quieren que los vendedores y la alcaldía choquen al estar poniendo en práctica esa ley”. Es decir, el Ejecutivo, desde mediados del año pasado, presionó a la Asamblea Legislativa para que aprobaran la Ley Antiterrorista. El FMLN se opuso a ello y varias organizaciones de derechos humanos han catalogado a la normativa de inconstitucional. Una vez aprobada dicha ley, el Ejecutivo, a través de la Fiscalía, pretende hacer ver que aquella es útil a las alcaldías del partido que tanto se opuso para su aprobación. En ese juego han caído, incluso, organizaciones como la ya antes señalada Tendencia Revolucionaria —con incidencia en algunos sectores de vendedores—.
Con todo, parece que en este caso específico, la comuna de Apopa ha sido víctima de un ataque cuyas causas deben ser investigadas a fondo. No sería extraño que detrás de este tipo de hechos esté todo un plan con fines electorales de derecha. Sin embargo, las diferentes alcaldías que enfrentan la problemática de las ventas del sector informal no deben descuidar que ésta no puede reducirse a un asunto estético, pues resolverla implica considerar los factores económicos, políticos y sociales presentes.
Los conflictos del ISSS aún siguen latentes
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha sido muchas veces escenario de conflictos internos y externos a la institución. Los principales problemas del ISSS han sido, generalmente, los relacionados con las demandas salariales, escasez de medicamento, la falta de equipo médico y la privatización de la institución. Cabe mencionar que estos problemas datan de los años 80, tal como lo señalara un editorial de este semanario, publicado en noviembre de 1999 (“Los problemas en el ISSS”, Proceso No. 880). En esos momentos, la institución atravesaba una crisis suscitada por demandas de incrementos salariales, tal como sucedió a finales de 2006 y principios de 2007. Además de los problemas antes señalados, otro foco de tensión ha surgido en la actualidad, motivado por luchas de poder a nivel sindical.
Esta institución de la salud es de suma importancia para miles de salvadoreños y salvadoreñas. Su privatización perjudicaría directamente a quienes hacen uso de sus servicios. Si se desnacionaliza o no el ISSS es algo que está en el ambiente desde los años 80, pero que ha cobrado fuerza con el Tratado de Libre Comercio (TLC) —que recientemente ha cumplido un año de vigencia—. Para Ricardo Monge, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), “no se pude descartar que el ISSS es una institución que como tal, está amenazada por el modelo neoliberalista de los gobiernos de ARENA”.
Además —continúa Monge— “sabemos que hay interés de privatizar la salud y más con el inminente TLC y las transnacionales que quisieran lucrarse con la salud del pueblo. Y por si fuera poco, todavía hay bastantes vacíos en el sistema de salud, el ISSS, falta de servicios médicos, de medicamentos y de personal especializado”. Estas y otras razones son las que, en opinión de Monge, llevan al STISSS a luchar para que la población obtenga los servicios de salud que el Estado salvadoreño está obligado a prestar a través de esta institución médica.
En este sentido, es obvia la responsabilidad del gobierno en garantizar la cobertura de salud para los salvadoreños y salvadoreñas. Asegurar este derecho básico a la población evitaría posibles conflictos entre las autoridades gubernamentales y el STISSS. En este punto, el asunto central apunta a la prioridad de las autoridades: la población salvadoreña que hace uso de los servicios del ISSS o los empresarios que se beneficiarían con las concesiones o con la privatización de la salud. Ante este planteamiento vale la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿Es el “sentido humano” el que imperará en este conflicto de intereses? o ¿Son los intereses económicos de un grupo privilegiado los que se impondrán sobre el bien común? El gobierno de Antonio Saca debería tener claro que su prioridad es el bien común; lamentablemente, no parece ser este el caso.
En esa línea, el presidente Saca ha contribuido a agravar la crisis de esta institución de varias maneras. En primer lugar, al entender el protagonismo sindical desde el más arcaico pensamiento ideológico de la derecha. “Las huelgas y manifestaciones sólo obedecen a un plan de desestabilización tras el cual se oculta la izquierda”, aseguró Saca. En segundo lugar, y en concordancia con lo anterior, calificar a los sindicalistas de agitadores, transgresores y terroristas es una irresponsabilidad que atenta con la libertad de expresión a la cual tanto invita el mandatario.
La codiciada secretaría del STISSS
Luchar porque los pacientes reciban medicamentos de calidad, porque los servicios de salud no se privaticen y trabajar por la estabilidad laboral de los empleados del ISSS son tres de los pilares fundamentales sobre los que descansa el STISSS, desde su creación a mediados de los años 60. Estos objetivos se han mantenido con el correr del tiempo y han llevado a este sindicato a tomar medidas de presión en distintas ocasiones para lograr, en primer lugar, la atención del gobierno; en segundo lugar, para obtener cobertura mediática y así dar a conocer los problemas internos de la institución; y en último lugar, para informar a la población sobre las intenciones de privatizar la institución.
El protagonismo que posee este sindicato es inocultable para la población beneficiaria de este servicio, ya que tiene la tarea de contener decisiones gubernamentales que muchas veces son contrarias a los intereses ciudadanos en materia de salud. Es aquí donde radica la importancia de tener una junta directiva que sea fiel a los principios antes mencionados. Para la conformación de la junta se realizan elecciones internas anuales, las cuales —como en cualesquiera otros comicios— deben gozar de transparencia y legitimidad. No obstante, este no fue el caso de las elecciones realizadas para el periodo 2006-2007. Por el contrario, en la trayectoria del sindicato las realizadas en el período antes mencionado han sido las más polémicas de toda su historia. Como resultado de las anomalías, el STISSS estuvo conformado por dos juntas directivas, —entre julio de 2006 y enero de 2007— una encabezada por Jaime Ávalos y la otra por Ricardo Monge.
Las versiones de las juntas
Por un lado, Ávalos aseguró que en la sesión ordinaria del sábado 24 de junio de 2006 se pidió la destitución de la junta directiva precedida por Monge, así como su expulsión de la organización por “actos arbitrarios en contra de los trabajadores y por no asumir el papel encomendado por la Asamblea General que los había electo”. Además, acusó a Monge de boicotear el proceso de elección de la nueva junta directiva. “[Monge] apareció acompañado como por unos veinte miembros de la Mara 18”, sostuvo Ávalos, en una acción calificada por él como un “ataque terrorista”.
Por su lado, Monge refutó las versiones de Ávalos, al tiempo que negó que se hubiera elegido otra junta directiva. “Las personas vinieron con desorden —sostuvo Monge—, nosotros reanudamos nuestra asamblea y allá afuera del local del STISSS, dijeron que se auto proclamaban nuevos miembros de la junta directiva, es una aberración, aquí no se ha elegido en ningún momento”. Según Monge, “este conflicto hace pensar que en el STISSS hay grupos de intereses que buscan poder a costa de la colectividad del sindicato, es gente que ha tenido o tiene motivaciones ideológicas muy cercanas a la derecha”.
Para resolver la disputa sindical, tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo (MINTRAB). De forma salomónica, el MINTRAB dictaminó realizar una nueva votación a inicios de enero de 2007, debido a las “irregularidades” detectadas por las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha no hay un secretario general avalado por la institución.
A esta incertidumbre se suman asuntos pendientes por dilucidar en este conflicto por el control del sindicato. Por ejemplo, las sospechas de que la dirección del sindicato trae beneficios económicos para sus líderes. En otras palabras, también aquí se hace necesaria la rendición de cuentas. Y la nueva junta directiva deberá hacer todo lo que esté a su alcance para disipar las dudas que sobre la integridad de Monge salieron a relucir en los momentos más álgidos del conflicto.
La ILEA en El Salvador (I)
Desde 2005 se escuchan y leen en foros, espacios de opinión pública y electrónicos, diversas críticas contra el IDHUCA por capacitar en derechos humanos a policías, jueces y fiscales latinoamericanos en la Academia Internacional para el Fortalecimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés). Tanta murmuración aflora desde la incapacidad para distinguir entre esa Academia y la nefasta Escuela de las Américas. Además, evidencia una escasa visión estratégica en la lucha contra la impunidad que, para el IDHUCA, debe darse mediante el acompañamiento de las víctimas a fin de castigar a los criminales y –parafraseando a Ellacuría– revertir la historia desde éstas.
El IDHUCA ha comprobado en su práctica de casi veintidós años que en el país no se investigan los delitos ni castiga a sus responsables, por tres carencias: falta de capacidad, falta de recursos y falta de voluntad para impartir justicia. En la medida que se desarrollen las facultades técnicas de los funcionarios del sector y cuenten éstos con los medios adecuados, muchas víctimas verán resueltos sus casos y se podrá denunciar –con mayor objetividad y claridad– cuando por la calidad de la víctima o del victimario no se esclarezcan los hechos o se proteja adrede a los delincuentes.
En ese marco, cabe preguntarse qué es la ILEA, por qué se instaló en El Salvador y qué hace acá, cuál es la relación del IDHUCA con ésta y el por qué de dicha relación. Hasta la fecha, el Instituto había evitado abordar estos asuntos pues su compromiso es con las víctimas, a quienes se debe y quienes –en todo caso– merecen explicaciones de sus actos; no obstante, la desinformación al respecto y las falsas acusaciones contra un esfuerzo institucional, universitario y serio, obligan a dar respuesta a esas interrogantes.
La ILEA fue creada en 1994, durante la administración del presidente William J. Clinton. Inicialmente fue concebida como un centro de instrucción policial de alto nivel, para enfrentar nuevas mafias cuyo accionar e impacto traspasaban las fronteras de algunos países europeos. Se trata del llamado “crimen transnacional” y tiene que ver con narcotráfico, fraude financiero, crimen organizado, terrorismo y turismo sexual así como trata de mujeres, niños y niñas, entre otros. Aunque la iniciativa es estadounidense, este fenómeno es mundial y, por tanto, afecta a El Salvador y a toda Centroamérica; su combate, por tanto, exige la cooperación regional para realizar investigaciones adecuadas y establecer las necesarias coordinaciones de las distintas corporaciones policiales.
La primera ILEA se instaló en Budapest, Hungría, en 1995; ahí se han entrenado, a la fecha, más de nueve mil policías provenientes del centro y el sur de Europa, incluyendo rusos. También existen otras sucursales en Tailandia, Botswana y Estados Unidos de América (EUA). En el caso de América Latina se intentó instalarla hace cuatro años en San José, Costa Rica, donde el convenio de cooperación entre ambos países no fue ratificado por el Congreso costarricense; éste se negó a autorizar exenciones tributarias y privilegios diplomáticos para su personal. Además, el movimiento social tico –real y activo– rechazó que se estableciera en su suelo. No obstante, dicho Estado apoyó su instalación en otro país del área ante la necesidad de contar con un cuerpo de investigadores capaz, profesional y de naturaleza civil.
La Casa Blanca, entonces, dirigió su mirada a El Salvador. Y en el país pudo fijar la sede de la Academia en cuestión por tres razones: la entrega total del gobierno a las determinaciones de la administración Bush, la falta de una oposición parlamentaria capaz de revertir esa situación y la inexistencia de un movimiento social con la fuerza suficiente para impedir que se adopten medidas como éstas. En Costa Rica el escenario es diferente y por eso –además de haber impedido la instalación de la ILEA en su país– los partidos políticos opositores en el Congreso y las organizaciones populares en las calles tienen en jaque a Óscar Arias en lo que toca al tratado de libre comercio con EUA.
¿Qué hacer ante esa situación? ¿Llorar sobre la leche derramada –como dice el refrán– o pensar desde la realidad de las víctimas para actuar en consonancia con sus necesidades y demandar con éstas soluciones a sus problemas? ¿Dedicarse a “denunciar” que la ILEA es la “nueva Escuela de las Américas”, la reedición de la “escuela de asesinos”, o investigar cuál es su propuesta y si en algo puede contribuir a combatir la impunidad?
Hay quienes sostienen que la ILEA y la Escuela de las Américas son lo mismo. Esa confusión evidente entre sectores de oposición y organizaciones sociales se debe, en parte, a la falta de acuciosidad en la búsqueda de información sobre el tema y a la secretividad o la poca transparencia con la que los órganos Ejecutivo y Legislativo en El Salvador han manejado su instalación. Ambas situaciones han propiciado campañas contra ésta y el IDHUCA, dentro y fuera del país; algunas con afirmaciones del todo falsas, temerarias y altamente peligrosas, como acusar con nombre y apellido al director del Instituto de estar en la “planilla” de la ILEA.
Más que reaccionar ante las calumnias, hoy se impone informar –a partir de la experiencia práctica– que dentro de las instalaciones en el país de esa Academia se han capacitado oficiales de Policía provenientes de Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador y Costa Rica. Los policías ticos, precisamente, han sido de los alumnos más destacados en los cursos. Resulta entonces que las fuerzas políticas y sociales en aquel país se opusieron y evitaron la instalación de la ILEA en su territorio, pero no a que sus funcionarios se preparen mejor para realizar bien su labor.
Los cursos de especialización responden tanto a las necesidades que dieron origen a la ILEA –combatir el “crimen transnacional”– como a las urgencias propias de la región latinoamericana en otras áreas esenciales como manejo de la escena del delito, inteligencia policial, protección de víctimas y testigos, violencia intra familiar y derechos humanos, entre otros. En el caso de las policías centroamericanas se ha priorizado la capacitación en los dos últimos ámbitos mencionados, así como en la investigación del turismo sexual y el combate a las pandillas. Tanto los contenidos curriculares de los cursos como la metodología utilizada, se monitorean antes por el IDHUCA.
A la ILEA ingresan, además, jueces y fiscales latinoamericanos que –al igual que los policías– acreditan un desempeño profesional impecable, poseen cualidades de liderazgo, no tienen antecedentes penales y se comprometen a trabajar con sus instituciones durante los tres años posteriores a su graduación. La jornada diaria de estudio consiste en clases expositivas y ejercicios prácticos dirigidos por especialistas civiles con experiencia en diversas agencias policiales estadounidenses. El curso básico que se imparte dura seis semanas; los primeros dos días están reservados para el estudio de los derechos humanos en el ámbito teórico y práctico, con especial énfasis en la dignidad humana y las garantías procesales.
La Escuela de las Américas –que según la Sección 911 de la Ley de Defensa Nacional de los Estados Unidos de América del 2001 ahora se llama Instituto para la Cooperación y Seguridad Hemisférica Occidental, también conocido como WHISC o WHINSEC por sus siglas en inglés– es otra cosa del todo distinta. Funciona únicamente en su sede original –Fort Benning– ubicada en Columbus, Georgia; ahí se entrena a personal militar latinoamericano en idioma español.
El IDHUCA ha sido crítico de la participación de militares de EUA en la formulación de las políticas y en el entrenamiento de los ejércitos del área durante los años de la llamada “guerra fría”. La Escuela de las Américas fue responsable de adiestrar, entre 1946 y el 2001, a por lo menos 60,000 militares de la región; entre ellos, numerosos salvadoreños responsables de torturas, desapariciones forzadas, masacres y golpes de Estado. En lugar de juzgar y procesar a esos criminales de guerra y violadores de derechos humanos, la Fuerza Armada de El Salvador continúa enviando a egresados de la Escuela Militar y oficiales graduados a los diferentes cursos que el WHISC ofrece. En el 2001 asistieron once salvadoreños, cuarenta y ocho en el 2002, sesenta y seis en el 2003, catorce en el 2004, setenta y tres en el 2005 y veintiocho en el 2006. Si se observa, hay una tendencia al incremento sin que exista una clara y fuerte oposición dentro del país a esa situación. PRONUNCIAMIENTO DE LA PROCURADORA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DRA. BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO, ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LOS PRÉSTAMOS
Ante la aparentemente insanable divergencia entre el gobierno y la oposición sobre el delicado tema de los préstamos,
EXPRESO mi preocupación por el sesgo estratégico que las dos principales fuerzas políticas del País hacen en cuanto a la viabilidad de los mismos.
CONSIDERO, por un lado, que es inadecuado hacer depender, en forma propagandística, de la aprobación de los préstamos, el buen gobierno para con la ciudadanía, tal como lo proclama con senda publicidad el partido oficial.
Con préstamos o sin préstamos, se debe otorgara la sociedad civil educación, seguridad ciudadana y cumplimiento de la Ley Penitenciaria, tal como lo ordena la Constitución. La conducción de la cosa pública le corresponde a quienes ganaron las elecciones y a ellos el pueblo se los exige y demanda.
Si de falta de medios económicos se tratara, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la más pobre, discriminada y olvidada institución pública, debería renunciar a realizar su trabajo. Sin embargo, la Procuraduría cumple con su papel y está viva y en excelente salud, por tanto, es necesario que las demás oficinas públicas atiendan, sin excusas, sus obligaciones.
CONSIDERO, por otro lado, absolutamente inviable un rechazo total y definitivo a todo tipo de endeudamiento público, alegando un sistema impositivo demasiado injusto y antidemocrático, tal como lo maneja la oposición. Este discurso radical no es atinado ni sostenible.
Si bien es cierto que los impuestos en nuestro País no gozan de equidad ni de cobertura adecuada, el tema, como tal, es demasiado grave, de fondo y estructural, para ser invocado como supuesto negativo en relación a la aprobación o no de los préstamos que, es ahora el tema que ocupa a la nación y que constituye un asunto de carácter contingente.
POR TANTO,
HAGO UN FERVIENTE LLAMAMIENTO al señor Presidente de la República para que, en nombre de su mandato constitucional y con absoluta ecuanimidad y apertura, contribuya a la paz social y al entendimiento entre fuerzas políticas para el bien del País, conduciendo una negociación franca, provechosa y concreta con la oposición con el fin de resolver esta problemática.
EXHORTO a la oposición a considerar como prioritario el buen gobierno, la tolerancia y la apertura al diálogo y a la negociación como método de labor parlamentaria.
EXHORTO a las dos principales fuerzas políticas del País a ceder en parte, cada una, avanzando en el difícil, pero no imposible, esfuerzo de lograr un verdadero entendimiento que, no sólo resuelva el actual impase, sino, más bien, abra espacios a mejoras concretas en las relaciones entre fuerzas partidarias, que adolecen, en este momento, de una nefasta, estéril y necia polarización, que en nada abona al desarrollo nacional ni a la paz social.
INVITO a todos los partidos políticos en general, a no actuar sólo en función de una prematura propaganda electoral, sino más bien a trabajar por el cumplimiento pleno de la Constitución y de la solución de los problemas del pueblo salvadoreño.
Que así sea.
Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos
San Salvador, 07 de marzo de 2007 |
