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Julio 4, 2007
Proceso 1248
Éxito policial ficticio
Tal parece que, desde el 5 de julio del año pasado, todo el aparato policial de El Salvador se dedicó a la persecución de Mario Belloso, acusado de la muerte de dos policías, en el contexto de una manifestación que, en esos momentos, se realizaba en los alrededores de la Universidad de El Salvador. Casi un año después, la Policía Nacional Civil logró capturar a Belloso y, desde el día de su arresto —el pasado dos de julio— funcionarios de gobierno y medios de comunicación no han dejado de referirse al asunto como si se tratara de algo de la mayor trascendencia. Es como si el conjunto de la vida nacional hubiera dependido de la captura de Mario Belloso y, ahora que ya fue atrapado, la sociedad pudiera respirar con alivio, al irse enterando no sólo de sus astutos movimientos para evadir a la justicia desde el 5 de julio de 2006, sino de sus habilidades militares, su “egocentrismo” revolucionario, su incidencia ideológica (doctrinaria) en diferentes instituciones educativas, sus habilidades para dirigir, a través de Internet, a sus subalternos de la “Brigada Limón”, sus conexiones internacionales, su estrategia para desarrollar una peligrosa (¿y poderosa?) guerrilla urbana… Es decir, la sociedad salvadoreña estaba dando cobijo a (y, a su vez, siendo amenazada por) una especie de mezcla entre Osama Bin Laden y Ernesto “Che” Guevara.
De tal suerte que no se estaba tras un sospechoso de asesinato común y corriente, sino contra un verdadero monstruo. O un “engendro”—tal como lo califica un comentario de El Diario de Hoy—, “de aquellos que llevan décadas promoviendo el resentimiento y sembrando el odio desde diferentes estrados: plazas públicas, cátedras de universidad, artículos y editoriales de radios alternativas y hasta sermones desde donde se manipula el Evangelio de Jesús”. Por eso, en primer lugar, su captura debe ser celebrada y proclamada a los cuatro vientos. Pero también, en segundo lugar, porque “la captura del asesino es un éxito operativo de un escenario estratégico negativo”. Aunque confusas, estas ideas de Joaquín Villalobos apuntan no sólo a lo exitoso de la investigación policial, que llevó a la captura de Belloso, sino a lo importante que es comenzar a desactivar una “guerrilla urbana…peligrosa, aunque sea políticamente marginal”.
En otras palabras, a la Policía Nacional Civil no se le puede pedir más en lo que se refiere a la investigación del delito, tal como lo pone de manifiesto su éxito en la persecución y captura de Belloso. Y si eso ya de por sí es motivo de satisfacción, con mayor razón lo es haber dado un “golpe a la incipiente guerrilla”, que “estaba lista para atacar”, al igual que en 1972, “cuando un comando de la incipiente guerrilla mató a dos agentes de la Guardia Nacional, en las cercanías del antiguo Hospital Bloom”.
En este ambiente de autocomplacencia gubernamental, algunos funcionarios, cuyo desempeño ha sido de lo más mediocre, han aprovechado para lucirse, ocupando espacios inmerecidos en los medios de comunicación, desde los cuales han querido limpiar su imagen, al tiempo que han lanzado cualquier tipo de veneno ideológico contra la oposición social y política. Rodrigo Ávila y Astor Escalante han dicho cualquier tontería acerca del significado de la persecución y captura de Belloso. Para el primero, es como si la PNC fuera la mejor policía del mundo y él, su cerebro y principal estratega; el segundo, en sintonía con el presidente Antonio Saca y otros miembros de ARENA, ha insistido en conectar a Belloso con el FMLN, leyendo sus actividades como parte de una estrategia del partido de izquierda por imponer el comunismo en El Salvador.
Y es por aquí que hay que entender la amplia atención mediática que está recibiendo el “caso Belloso”. Por una parte, se tiene en el país un aparato policial absolutamente cuestionado, por su incompetencia, falta de profesionalismo y vínculos con el mundo del crimen organizado. Magnificar la importancia de Belloso supone magnificar el trabajo policial que llevó a su captura. Y es que si se le trata como lo que realmente es —un criminal como cualquiera de los muchos que hay en el país—, entonces todo el tiempo y recursos dedicados a su persecución y captura se revelan como una muestra de la incompetencia de la policía. Si tanto esfuerzo les ha costado llevar ante la justicia a un individuo, ¿cuánto no les costará desarticular las redes de crimen organizado que operan en El Salvador?
Habrá quienes estimen que esto es pedir demasiado. De acuerdo. Pero, ¿qué decir de la investigación del resto de eventos que rodearon la muerte de los dos agentes de la UMO por la que se acusa a Belloso? ¿Se ha investigado de dónde provinieron los disparos sobre el campus de la Universidad de El Salvador? ¿Se ha dado con la identidad del responsable de haber herido de bala a Gerberth Salvador Rivas, jefe de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente? Sobre estos temas, mucho más simples que capturar a Belloso, no hay resultado policial (ni fiscal) alguno, pese a que no habría que salir de la estructura de la PNC para aclararlos. Y lo mismo puede decirse de los delitos (extorsiones, tráfico de drogas, contrabando de vehículos) en los que se hayan involucrados miembros de la corporación policial. Aquí no hay tales de éxito alguno, al igual que no lo hay en la investigación de los homicidios, secuestros y desapariciones que diariamente suceden en el país.
Por otra parte, se está haciendo un peligroso uso político del trabajo policial. Pocos casos como este pueden ser tan potables políticamente por ARENA y la derecha, en vistas a la campaña electoral de 2009. A Belloso se le magnifica como criminal, pero también como una amenaza nacional o, más en concreto, como una amenaza a la nación que ARENA y la derecha han edificado a su conveniencia. Esta intencionalidad política —así como la pretensión de limpiar la deteriorada imagen de la PNC— han convertido a Belloso en algo que no es. Claro está, el objetivo no es destruirlo a él —no se requiere mucho análisis para darse cuenta de que está destruido desde que se le ocurrió disparar ese M-16 contra los policías—, y ni siquiera destruir políticamente al FMLN (oposición conveniente al fin y al cabo), sino deslegitimar y desarticular cualquier resistencia social organizada al poder autoritario que ARENA y la derecha ejercen sobre el país.
Los cálculos de los partidos políticos
En tiempos preelectorales, la dinámica entre los partidos políticos suele ser, aunque con algunos matices más de forma que de contenido, ya un lugar común: propaganda anticipada, campañas sucias, innumerables promesas, acusaciones y argumentos falaces, poca seriedad, escaso debate, carencia de propuestas viables, entre otras características.
A pesar de la relativa distancia de los comicios (2009), un ambiente similar se está viviendo en el país actualmente. Si bien esta vez no se trata de una precampaña —en el sentido estricto del término—, sí se trata de una tensa interacción entre los institutos políticos.
Por un lado, la fricción entre ARENA y el FMLN ha estado presente, sobre todo, entre sus respectivas fracciones legislativas en torno a temas como la adquisición de deuda pública. Por el otro, los llamados partidos menores —PDC y PCN— también han causado polémica, al anunciar cambios y mantener tensiones en sus estructuras internas. Ambos sucesos provocan no sólo un mayor desgaste de los partidos políticos ante la población, sino la erosión de cualquier posibilidad de diálogo y entendimiento entre las fuerzas políticas.
A este clima también se suma un Ejecutivo incapaz de resolver, mediante sus políticas públicas, problemas graves como la delincuencia y la inseguridad, lo cual debilita la ya cuestionada imagen del partido oficial.
En este contexto, la separación de las elecciones generales —distribuidas en dos momentos: primero, para elegir gobiernos municipales y diputados del órgano Legislativo, y, tiempo después, el Ejecutivo— y la supuesta inviabilidad del voto residencial, tal como el Tribunal Supremo Electoral anunció, han clarificado el camino para los partidos políticos, que ya han iniciado sus cálculos.
Las ganancias
ARENA ha sido el primer partido en trazar su estrategia, incluso antes de las últimas decisiones oficiales en materia electoral. Pese a no manifestar, de manera expresa al menos, un interés por la separación de las elecciones, ARENA al final obtuvo algunos beneficios de tal medida. Así, en alianza con los partidos minoritarios, PDC y PCN, la referida separación de los comicios deja abierta la posibilidad de un franco encuentro entre el partido de derecha y el FMLN.
Por si fuera poco, esta separación les proporcionará mayor tiempo para mantener sus campañas electorales, ventaja que será aprovechada en mayor medida por ARENA, pues es el instituto político con más recursos para tales fines.
Con este cambio, además, los partidos pequeños han logrado salirse con la suya una vez más. Mediante la nueva distribución de los comicios, aquellos podrán obtener diputados y gobiernos municipales sin que el peso de los partidos mayoritarios se imponga entre el electorado, como en un principio argumentaban algunos dirigentes pedecistas y pecenistas.
De realizarse elecciones generales, según la lógica de estos partidos, habría sido muy probable que los votantes no distribuyeran su voto entre las fuerzas políticas de manera diferenciada para los distintos niveles de gobierno en juego. Eso, si bien no convenía a los partidos minoritarios, le brinda a ARENA la posibilidad de contar con el apoyo y los votos del PCN y PDC en el seno de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, no ha sido más que un recurso para salvaguardar los intereses particulares de los partidos menores y, sobre todo, para que la derecha se asegure una cuota de representación legislativa.
Dentro de estos cálculos, no obstante, las decisiones tomadas por el PCN resultan especialmente llamativas. En un principio, el actual alcalde de San Miguel, Will Salgado, había anunciado, quizás demasiado temprano, sus intenciones de competir por la presidencia de la República. Sin embargo, sus ansias han sido neutralizadas por el partido que le sirvió de vehículo para llegar al poder municipal. En este caso, Salgado, al parecer, se salió de los lineamientos del partido, mismo que mantiene una alta cohesión interna, debido en parte a su institucionalización y, sobre todo, al poder de algunos de sus dirigentes.
Tras esta decisión, que incluso implicó la expulsión de Salgado de la estructura partidista, se esconde el interés de ARENA por mantener su hegemonía en el poder. En ese sentido, todo parece indicar que Ciro Cruz Zepeda, actual secretario del PCN, llegó a un acuerdo con el partido oficial para lograr una pretendida unión del bloque de la derecha, con lo cual esperan neutralizar al FMLN. Así, Zepeda ha dejado claro que las intenciones del PCN nunca han sido retornar al poder ejecutivo que alguna vez ostentaron.
A lo largo de su trayectoria, este partido ha afianzado su permanencia en órganos e instituciones del Estado, desde las cuales obtiene poder y logra mantenerse en el ruedo político. El interés del PCN —y su historia— se explica y comprende a partir de esta relación, gracias a la cual ha obtenido la administración de instituciones claves como la Corte de Cuentas de la República.
Para fortuna del PCN, este se ha convertido en el tercer partido con mayor respaldo electoral, aunque ello no siempre signifique un logro en sí mismo, pues ya en las elecciones presidenciales de 2004 este no alcanzó el umbral mínimo de votos, por lo cual debía desparecer. Sin embargo, la capacidad de presión y poder del PCN posibilitó un fallo favorable de parte de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual el partido continua con vida.
Por otro lado, un rasgo fundamental de este instituto político ha sido su estrecha relación con el partido ARENA, maridaje que se explica no sólo por las afinidades ideológicas entre sus miembros, sino por los apoyos mutuos en función del mantenimiento de sus respectivas cuotas de poder.
El llamado de Saca
En días recientes, el presidente de la República, Antonio Saca, irrespetó una vez más su función como mandatario, al declarar ante la prensa su solicitud por una derecha unida, para combatir al FMLN en 2009. Así, ha asegurado que, en aras a la gobernabilidad del país, lo más conveniente es conformar un bloque de derecha capaz de neutralizar a la oposición de izquierda en su búsqueda por la presidencia.
El anuncio no extraña, pues el objetivo de ARENA es claro: tratar de conservar, a como dé lugar, su poder en el ejecutivo. Para ello, como estrategia mediática, el presidente ha disfrazado el miedo de su partido a una derrota electoral; en su lugar, ha justificado el llamado a la unión de la derecha con una causa mayor: la gobernabilidad del país. En ese sentido, pareciera haber una “necesidad urgente” de evitar el arribo de la izquierda en el país. Así, se ha atrevido a pedirle a los demás partidos de derecha su apoyo, lo cual no le compete a Saca, dada la naturaleza de su cargo.
Sin embargo, la razón —la supuesta gobernabilidad— atribuida por Saca para tal unión es falsa. Según el presidente, la gobernabilidad del país estaría en juego en el próximo evento electoral. No obstante, en las elecciones de 2009 está de juego, en el fondo, la continuidad de la derecha en el poder o la ruptura de un proyecto de izquierda, lo cual atemoriza a los sectores más conservadores y a las elites económicas del país representadas por ARENA.
Más allá de los miedos partidistas, es necesario aclarar que la gobernabilidad depende no de un partido político específico, sino de la capacidad de los gobernantes para resolver los problemas de la población y, a su vez, la aceptación de la ciudadanía de las reglas del juego y de las medidas gubernamentales. En ese sentido, al revisar la historia reciente destaca que ni el ejecutivo, ni el resto de instituciones han resuelto las necesidades de la población, ni esta se ha visto conforme con las medidas impulsadas.
Por otro lado, la gobernabilidad en un sistema político pluralista se alcanza mediante acuerdos marcos entre las fuerzas políticas y la sociedad civil, mediante el diálogo y el disenso, y no mediante campañas mediáticas para desacreditar al oponente.
Así las cosas, la conformación de un bloque de derecha —adopte la forma que adopte— en las elecciones de 2009 sólo será un signo más del desgaste de ARENA, situación que debe ser aprovechada para lanzar una alternativa de izquierda viable, creativa y democrática, lo cual parece poco probable.
Rayando el cinismo
Hace pocos días, La Prensa Gráfica publicó dos comentarios que tratan sobre la situación económica del país: “Ingreso por habitante y el error en la población” —de Manuel Hinds— y “Las remesas reducen la pobreza” —de Claudio de Rosa—. Ambos comentarios tratan de demostrar que El Salvador avanza “viento en popa” hacia el desarrollo. El primero sostiene que el ingreso por habitante aumentó constantemente en el periodo 1992-2005 y, por esa razón, la población tiene mejores condiciones de vida. El segundo menciona que la entrada de remesas son recursos externos que permiten ganar tiempo mientras la base exportable se diversifica y aumentan las exportaciones. Ambos comentarios sintetizan, en buena forma, la visión excesivamente optimista que el partido oficial tiene del país.
La pobreza: más que un problema metodológico
Según Manuel Hinds, en la última década hubo un mayor crecimiento económico que el registrado por los datos oficiales, porque la medición del PIB en años anteriores no tomó en cuenta el cambio en los patrones de consumo. Ahora, a partir de la actualización de los componentes del índice de precios al consumidor (IPC), se puede ver que gran parte de los ingresos de la población se gastan en nuevas actividades asociadas al comercio y los servicios; por esa razón, la contabilidad nacional debe dar mayor ponderación a este sector en la conformación del PIB.
Para Hinds, “el ingreso del país estaba siendo subestimado en las cuentas nacionales, tanto en su magnitud presente como en la tasa de crecimiento en la última década”. En otras palabras, las bajas tasas de crecimiento que los datos gubernamentales mostraron en el periodo 1995-2005 nunca fueron reales, tan sólo fueron fruto del viejo método de medición del PIB que utilizó el Banco Central de Reserva. La corrección de los datos efectuada por el especialista muestra que “el PIB era por lo menos un 20% más alto que lo estimado oficialmente”. Esto resta importancia a la tesis de varios economistas sobre la desaceleración de la economía y el malestar de la población.
Junto a la subestimación del PIB, Hinds añade a su comentario los resultados preliminares del censo de vivienda que muestran que en El Salvador la población ronda entre los 5.8 y 6.1 millones de habitantes —un millón de habitante menos que los proyectados a partir del censo de 1992—. Así, ambos aspectos —una mayor tasa de crecimiento del PIB y menor número de habitantes— explican, según Hinds, el aumento del ingreso “a $6,116 por habitante” y, en consecuencia, las mejoras en la calidad de vida de la población salvadoreña en los últimos años. Además, “el resultado es que el ingreso por habitante, que se pensaba que había crecido sólo al promedio de Latinoamérica, ha crecido 16 por ciento más que dicho promedio desde 1992”.
El análisis económico no sólo se nutre de datos y del análisis tendecial a partir de ellos, sino también de la correlación entre la realidad económica, política y social del país. Reducir la investigación a la mera recolección de datos y la explicación de tendencias, obviando la comprensión de los fenómenos sociales —por ejemplo, las migraciones, la “terciarización” de la economía, el aumento en el costo de la vida, entre otros— relacionados puede llevar a los economistas ha conclusiones equivocadas.
Independientemente que el PIB haya sido subestimado o no por las mediciones oficiales, la realidad es que desde la década de los noventa el país asiste a una terciarización de la economía fruto del mayor énfasis en las actividades de comercio y los servicios. En este sentido, “el descubrimiento” realizado por Hinds sólo viene a demostrar una vez más que dicha tesis es cierta. Sin embargo, se debe introducir un matiz cuando dice: “encontré que la subestimación sería más grande en los servicios”. Es decir, el crecimiento de dicho sector es mucho mayor del que el método tradicional de medición del PIB muestra. Esto da pie para pensar que la inequidad en el crecimiento de los tres sectores básicos de la economía —agrícultura, industria manufacturera, comercio y servicios— es superior a los resultados que las investigaciones tradicionales arrojaron. Es más, la mayor ponderación de los servicios en la conformación del producto total refuerza la tesis de que este sector ha sido el gran ganador porque tiene su eje de acumulación en las actividades bancarias y financieras —bolsa de valores y pensiones—.
De igual forma, el mayor crecimiento del comercio y los servicios puede deberse no sólo al crecimiento de los bancos, sino también al aumento del comercio informal que es “refugio” de aquellas personas que no encuentran empleo en el sector formal —despedidos, discapacitados o jóvenes que no pueden insertarse en el mercado de trabajo formal—.
En la misma dirección, la actualización del IPC —que muestra un mayor gasto de la población en servicios— seguramente muestra una fuerte tendencia al alza porque, según el Informe de Desarrollo Humano. El Salvador 2005, el alza en el precio de los servicios privatizados es uno de los aspectos que más afecta la calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Dicho de otra forma, el mayor énfasis del IPC en los gastos en servicios debe traducirse en un mayor costo de la vida.
Hinds también sostiene que el ingreso por habitante aumentó entre un 16 y 20 por ciento más que lo estimado por los datos oficiales, a tal punto de alcanzar los $6,116. En base a lo anterior, el ingreso por habitante mensual sería cercano a los $510 y el diario a los $16 por habitante. Sin duda, esto es risible, pues, como es sabido, hay zonas del país clasificadas en extrema pobreza. Lugares donde las personas tienen un ingreso menor a un dólar diario.
Se puede argüir que el ingreso per cápita no tiene porque ser igual, pues es tan sólo un indicador general del desarrollo económico. No obstante, y desde la perspectiva de la economía estructuralista, el ingreso per cápita también ayuda identificar uno de los problemas más grandes de los países en vías de desarrollo: la concentración del ingreso. En este sentido, importa poco si los comentarios de Hinds son ciertos —el PIB es de mayor magnitud, su tasa de crecimiento es alta, el ingreso per cápita supera al de los datos oficiales—; lo que interesa en última instancia es que el ingreso que perciben las personas por su trabajo u otras actividades tienda a ser igual al PIB per cápita menos el pago correspondiente a los impuestos. Sin duda, esto no sucede en el país.
Por otro lado, es gracioso notar que los comentarios de Hinds pretenden alcanzar validez en base a su experiencia en la identificación de los síntomas de las economía estancadas. Dicha experiencia le llevó a constatar que tales síntomas no se presentaban en El Salvador. No hay duda de que los reconocidos expertos internacionales Felipe Larraín y Sebastián Edwards no pensaban lo mismo cuando presentaron los estudios El Salvador: ¿Cómo volver a crecer? y Desaceleración del crecimiento económico en El Salvador: un análisis exploratorio, respectivamente.
¡Las remesas son un recurso estratégico!
Para Claudio de Rosa, gracias a las migraciones el país cuenta con recursos externos que juegan un papel estratégico mientras se transforma la base exportable y aumentan las exportaciones. El economista piensa que las migraciones son un fenómeno social que siempre ha estado presente en la historia del país. A manera de ejemplo, cita el “Poema de Amor” de Roque Dalton, donde el poeta describe la situación de los salvadoreños que dejaron su país y trabajaron en otras naciones. Por esa razón, sostiene, no tiene mayor sentido la opinión generalizada de que la migración ha aumentado debido al modelo neoliberal.
En vez de ver lo negativo, de Rosa invita con su comentario a reflexionar y elogiar el esfuerzo que los salvadoreños y salvadoreñas en otros países realizan por enviar recursos al país. Dichos recursos son importantes porque generan —después de cinco vueltas— un efecto multiplicador que genera mayor valor agregado, posibilitando, de esta manera, los avances en la erradicación de la pobreza.
Por otro lado, también sostiene que “30% de los graduados universitarios salvadoreños se van del país, pero se ignora que una gran parte de ellos estudiaron gracias al sacrificio de sus padres inmigrantes, muchos de ellos con escasos estudios. Esos jóvenes ahora tienen mejores posibilidades de progreso y continúan enviando dinero a sus familias”. O sea que, en términos de costo y beneficio, la partida de estos jóvenes recién graduados se traduce en un mayor bienestar para la economía salvadoreña. Este punto de vista no aparece adecuado, no es positivo que jóvenes preparados salgan del país tan sólo porque ellos generarán los recursos externos que la economía necesitará en el futuro.
Lo anterior muestra una ignorancia acerca de la historia del país y, especialmente, de los factores más importantes que han impulsado la migración de millones de salvadoreños y salvadoreñas. Después la expropiación de las tierras comunales a finales del siglo XIX, la mayor parte de la población se vio expuesta a los abusos de la élite exportadora. El mal trato de los obreros en las haciendas y fincas cafetaleras, el pago de un bajo jornal, la falta de una red de servicios sociales proporcionados por el Estado fue la constante de los primeros años del siglo XX.
Pasados los años cincuenta, y con un modelo basado en la industrialización por sustitución de importaciones, se desarrolla una clase empresarial industrial que paga bajos salarios. Esto es gracias a una política social estatal que permite que los salarios se mantenga por debajo del costo real de la fuerza de trabajo, para ayudar a dichos empresarios en el proceso de acumulación de capital industrial. A pesar del apoyo estatal, los empresarios industriales, acostumbrados a las ayudas del Estado, no alcanzaron a desarrollar una industria lo suficientemente fuerte para incursionar más allá del mercado Centroamericano.
En el segundo quinquenio de los noventa, la privatización de los activos del Estado, el lento dinamismo en los sectores agrícola e industrial y la reducción de los salarios reales agudizó la situación socioeconómica del país. Por esta razón, aumento considerablemente la migración de salvadoreños y salvadoreñas a otras tierras. Decir que la migración se debe a “el espíritu inmigrante [que] siempre ha estado presente entre los salvadoreños y ahora constituye un patrón cultural, que tiene una gran diversidad de motivos” es encubrir la pobreza y la exclusión social que ha impulsado a muchos a vivir en otras tierras en busca de un futuro mejor.
También es inconveniente valorarlos sólo en base a los recursos externos que proporcionan a la economía local. Un análisis más amplio deja ver que la partida de estas personas tiene a su base la falta de empleos, salarios dignos y condiciones sociales adecuadas para el desarrollo de ellos y sus familias y no ese “espíritu inmigrante” al que el economista —ex asesor de la Asociación Bancaria Salvadoreña— se refiere.
No se puede dejar de elogiar el esfuerzo que hacen muchos salvadoreños que migran en busca del beneficio para sus familias, pero tampoco debe obviarse en el análisis los aspectos económicos que impulsan a las personas a migrar. Lo ideal es que todos y todas puedan acceder a un nivel de vida digno sin necesidad de migrar a otras tierras.
Dos periódicos al servicio de las marcas globalizadas
Los principales matutinos nacionales —La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy— recogen en sus páginas buena parte del paisaje de las marcas y símbolos de la cultura globalizada actuantes en El Salvador. Tradicionalmente, se asumió que lo más importante de los periódicos iba de izquierda a derecha, es decir, las noticias e informaciones con las que se iniciaba la portada, avanzando hacia la parte final del periódico, donde se acababa leyendo las carteleras de cine. En una época no tan lejana como la de principios de los años ochenta, La Prensa Gráfica estaba atravesada por noticias e información de principio al fin. Y, de hecho, forzosamente había que leer de izquierda a derecha, porque las noticias e informaciones se cortaban al inicio, para ser continuadas en páginas posteriores.
La publicidad era básicamente local —Adoc, Banco Salvadoreño, Banco de Crédito Popular, Gigante Europa, Almacenes Simán, Kismet, Didea, Sabater—, aunque se presentaban unas pocas marcas internacionales en boga: KLM, Levi’s, Kodak, Firestone. Las carteleras de cine ocupaban la parte final del periódico y las caricaturas dos páginas casi al medio. Los deportes tenían cobertura únicamente los días lunes y con apenas un par de páginas. El Diario de Hoy iba en la misma dirección: noticias e informaciones a lo largo de todo el periódico, publicidad local, una escasa publicidad de marcas internacionales, caricaturas a la mitad, cine al final y suplemento deportivo los días lunes, dedicado a cubrir el fútbol, béisbol o basketball nacionales. Asimismo, ambos periódicos están dominados casi en su totalidad por el blanco y el negro. (Casi en su totalidad, porque los dos periódicos usan colores más naturales para, por ejemplo, las páginas de deportes).
Así eran las cosas en 1980, como se puede constatar fácilmente al examinar ediciones de ambos matutinos de ese año. Veintisiete años después, la situación ha cambiado drásticamente, tanto que en la actualidad hay que ver —más que leer— esos periódicos de de derecha a izquierda. Antes de hablar de su estructura, hay que señalar el aumento de sus páginas: cualquier edición de El Diario de Hoy de 1980 ronda las 40, mientras que una de La Prensa Gráfica ronda las 50 páginas. En la actualidad, una edición de este último periódico puede llegar a las 111 páginas, mientras que una del primero puede llegar a las 151. Con el aumento del número de páginas, ha venido el uso regular de colores en todos los tonos y matices. Asimismo, su estructura hace de su lectura algo secundario, porque ya no están diseñados para transmitir noticias e información —no viene al caso cuán ideológicas o distorsionadas fueran esas noticias e informaciones hace dos décadas—, sino publicidad, con todo lo que esta involucra de marcas, modas, deportes, arte de masas o glamour.
Lo más esencial de las noticias e informaciones se concentra en las primeras 30 páginas. Pero se trata de un espacio compartido con las marcas —Claro, Turbonet, Kia, Grupo Roble, Taca, Epson, Samsung, LG, Movistar, Tigo, Digicel, Motorota, Toyota— que ocupan el lado opuesto de la página (usualmente el lado derecho) en la que informa de asuntos de interés público. Ya desde esos espacios de noticias e informaciones la publicidad de marcas ejerce su dominio sobre la totalidad de ambos periódicos. Ese dominio es creciente a medida que la vista se mueve hacia las secciones que, en la práctica, se han convertido en las más importantes: los deportes y el espectáculo. Las secciones deportivas se han vuelto algo permanente, prestándose atención —sin dejar de lado el deporte nacional, principalmente el fútbol— al deporte mundial y sus estrellas.
Automovilismo, tenis, golf, basketball de la NBA, fútbol de las ligas europeas, béisbol de las grandes ligas, torneos internacionales… Todo esto recibe una atención permanente. Y así, quienes consumen esos periódicos, se enteran de los triunfos, fracasos, contratos y ganancias de las estrellas y clubes deportivos de más prestigio a nivel mundial, muchos de ellos sostenidos por marcas famosas —Nike, Puma, Adidas, Reebok, Ferrari— y convertidos también en marcas: Serena Williams, Robinho, Robert Rubika, Roger Federer, Rafael Nadal, Real Madrid, Barcelona… Y, en lo que se refiere al espectáculo, las estrellas del momento del cine y la música, su estilo de vida, sus altibajos sentimentales o de salud (por drogas, enfermedad o vejez) son objeto de un seguimiento digno de mejores causas.
De esta forma, en la sección “Ricos & famosos”, de El Diario de Hoy, es fácil enterarse (y ver) que “Antonio Banderas es severo con sus hijos”; que la hija de Ozzi Osbourne, Kelly, “ha aumentado unas libritas”; que Maddona fue de compras por Nueva York (El Diario de Hoy, Jueves 28 de junio de 2007, pp. 130-131); que Britney Spears no quiere cantar en vivo; y que París Hilton disfruta de su libertad condicional con una de sus amigas (El Diario de Hoy, Viernes 29 de junio de 2007, pp. 150-151). La Prensa Gráfica no se queda atrás y en su sección “Fama” vuelve sobre los mismos tópicos: “Shakira y De la Rúa firmaron capitulaciones”; “Madonna planea lanzar otro nuevo disco”, “[Barbra] Streisand cancela concierto en Estocolmo” (La Prensa Gráfica, Martes 3 de junio de 2007, pp. 83-85); y también que Streisand había sido condecorada; que a Marilyn Manson le fue prohibido entrar a la Catedral de Colonia; y que Paris Hilton se había encontrado en la cárcel consigo misma y con Dios (La Prensa Gráfica, Viernes 29 de junio de 2007, pp.102-109).
En fin, los dos matutinos nacionales se han convertido en plataformas publicitarias, renunciando a ser focos de noticias e información. Son, prácticamente, empresas de publicidad comercial. Eso sí, en las escasas secciones de noticias e información siguen siendo tan ideologizados como antaño. Por otra parte, si se hace una breve reflexión a cerca de la enorme cantidad de gente que a diario ve las vallas y rótulos de las calles del país, la publicidad de marcas en los centros comerciales, y las marcas y estilos de vida que se promueven en revistas y periódicos —a todo lo cual se suma el impacto de la televisión—, es indiscutible la fuerte influencia de la cultura globalizada en la sociedad salvadoreña. Pero esas influencias no se imponen sobre una tábula rasa, sino sobre un acervo fraguado previamente, con el cual entra en un complejo proceso de hibridación cultural, a partir del cual se está forjando la identidad cultural de los salvadoreños y salvadoreñas en la actualidad.
5 de julio: ¿Qué espera la opinión pública?
Este 5 de julio se cumplió un año de uno de los eventos violentos que ha generado mayor revuelo político desde el fin del conflicto armado. Esa mañana de julio de 2006, un grupo de manifestantes que supuestamente protestaba por el alza en el pasaje al transporte público se enfrentó con la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la policía, el saldo final del enfrentamiento: dos policías muertos y un trabajador de la Universidad Nacional herido de bala. Aquel incidente daba pie a pensar que una espiral de violencia se desataría, poniendo en riesgo la estabilidad social y política en el país. El hecho generó una avalancha de acusaciones y recriminaciones entre los principales dirigentes políticos de los partidos mayoritarios, quienes se adelantaron a señalar responsables, sin conocer los resultados preliminares de la investigación. El mismo Presidente Saca se adelantó a atribuir la responsabilidad de los disturbios al FMLN, con el único propósito de sacar ventaja política, pero sin considerar lo peligroso que podía resultar para la institucionalidad del país, una declaración de ese tipo. Por su parte el FMLN se pronunció posteriormente en contra de los hechos de violencia y se solidarizó con los familiares de los policías, pero sin dejar de mencionar que posiblemente había sido un complot montado por la policía misma.
Ahora que se cumple el primer aniversario de este suceso, se quiere hacer una reflexión en torno al manejo que se ha hecho de los últimos acontecimientos relacionados con este episodio de violencia y el impacto que se busca generar en la opinión pública. Como primer punto es importante conocer cuál fue la reacción de la población frente a los hechos ocurridos en 2006, en este sentido en la encuesta de evaluación de año del 2006 realizada por el IUDOP, se encontró que al preguntar a las personas si consideraba que los hechos violentos acontecidos frente a la Universidad Nacional el 5 de Julio fueron responsabilidad de los manifestantes o de la forma en que la policía enfrentó la manifestación, el 47.3% respondió que fueron responsabilidad de los manifestantes mientras que el 44.4% atribuyó la responsabilidad a la manera en que la policía enfrentó la manifestación; de esta forma se puede apreciar que frente al hecho la opinión pública se mostró divida.
Al momento de analizar a qué obedece esta división, se encuentra que una de las variables que adquiere mayor fuerza en una u otra respuesta son las preferencias partidarias. Así tres de cada cuatro encuestados (75.4%) que dijeron que votaría por el FMLN en las próximas elecciones manifestaron que los hechos de violencia fueron responsabilidad de la forma en que la policía había actuado; mientras que solo uno de cada cuatro (22.6%) de los que votarían por ARENA brindó esta misma respuesta.
En esta misma línea se preguntó en la encuesta si el incidente del 5 de Julio era un hecho aislado o si refleja la crisis social que vive el país. Para tres de cada cuatro encuestados (76.3%), los hechos son un reflejo de la crisis social del país. Al analizar esta respuesta teniendo en cuenta la intención de voto, se encuentra que dos de cada tres (60.7%), que votarían por ARENA concuerdan con esta respuesta, mientras que casi la totalidad (90.9%) de los que votarían por el FMLN expresaron lo mismo.
Estas respuestas nos permiten observar cómo la ciudadanía dividió su opinión en función de sus simpatías partidarias, denotando que los hechos fueron interpretados más como eventos políticos-partidarios, y no como un acontecimiento que exigía además de una investigación seria y objetiva, una profunda reflexión sobre el rumbo que está llevando el país durante la etapa del post-conflicto. El que los hechos se interpretarán de esta manera no fue arbitrario, sino que respondió a la forma en que las autoridades manejaron las primeras informaciones -acusaciones hacia el FMLN- y la falta de un acuerdo mínimo de los partidos políticos al momento de repudiar la violencia como forma de expresión política.
Ahora, un año más tarde, las cosas no han cambiado demasiado y la opinión pública sigue siendo bombardeada de panfletos políticos. Una muestra clara de ello ha sido la manera en que se ha hecho pública la captura de José Mario Belloso, la cual ha estado rodeada de serias dudas e irregularidades. Sin negar lo importante que puede ser la detención del principal sospechoso del asesinato de los policías de la UMO para la investigación del caso, vale la pena analizar todo la campaña mediática generada alrededor de la captura y hacer evidentes cuáles son los objetivos reales de dicha campaña. En primer lugar, la aprehensión de este individuo implicó el despliegue de múltiples agentes de la policía y sus unidades de élite, el ejército y un helicóptero. Realmente se trata de un despliegue policial más mediático que efectivo ya que fue una patrulla del 911, y en particular un agente novato, quien finalmente lo detuvo, pese a todo el aparato policial desplegado un día antes en la supuesta persecución. Sin duda que la policía necesitaba dejar patente toda su destreza para buscar y capturar a un sospechoso, ya que su efectividad en el combate a la delincuencia y la reducción de la impunidad ha sido puesto en entredicho en reiteradas ocasionas -una muestra de ello ha sido el informe presentado por el PNUD que cuestiona seriamente la eficacia de las autoridades de justicia para resolver los asesinatos ocurridos en las tres ciudades más importantes del país-. En este sentido la forma en que fue planificado el operativo, toda la cobertura de los medios y los hechos que le siguieron a la captura buscan reivindicar la imagen de la policía con un caso emblemático, que ha sido fuertemente politizado.
A la vez, esta misma campaña tiene un propósito político partidario, en el que ARENA no desaprovecha ningún espacio para vincular en todo momento al FMLN con Belloso y crear en la opinión pública la sensación de que el partido de izquierda es su cómplice. Además, se insiste que este partido continúa dirigiendo grupos armados, lo cual resulta un tema bastante delicado para la institucionalidad del país. No es lo mismo que una persona que haya sido o que fuere parte de un partido político, a título personal o como parte de un grupo con una ideología específica, realice acciones violentas o de choque con la policía, a que un partido político organice a sus militantes, destine recursos y sea parte de acciones sistemáticas dirigidas a atentar contra la vida de servidores públicos. Por todos los elementos que se han mostrado hasta ahora, solo hay cabida para la primera de las posibilidades y no para la segunda, a pesar de todo el discurso que han mostrado varios dirigentes de ARENA.
Por otra parte y pese a la captura de Belloso, el caso no ha terminado y las investigaciones deberán seguir. Se inicia el juicio y con ello el órgano judicial tendrá una oportunidad para mostrar lo independiente que puede ser para realizar su labor pese a las presiones políticas que se ejercerán. A su vez, los jueces que asuman el caso, deben tener el valor para denunciar las posibles irregularidades y manipulaciones que desde el Ejecutivo y la policía se estén fomentando. Por ejemplo, hasta ahora se desconoce la razón de porqué el detenido no fue de inmediato a la orden del tribunal, ni de por qué fue la jueza, quien un día después ha acudido a la sede de la DAN, quién dio a conocer el caso. Se sabe además que se está violando el derecho legítimo a la defensa; sin embargo, el detenido sí ha podido hablar con altos funcionarios del ramo de seguridad.
En todo caso, la naturaleza del hecho y la forma en que se manejado políticamente, exige que la investigación se lleva a cabo con la mayor transparencia posible y apegada al debido proceso. En este contexto, se pondrá nuevamente a prueba el profesionalismo del órgano judicial y los entes auxiliares de investigación. La Fiscalía por su parte, deberá evidenciar su pericia para comprobar con algo más que fotografías y videos, que el imputado fue el autor del asesinato de los policías y para ello tendrá que echar mano sin duda de pruebas científicas, lo cual no han sido precisamente la fortaleza de su trabajo.
Cerca de cumplir el año de los lamentables sucesos del 5 de julio del año anterior, la opinión pública ha podido ver cómo la policía consigue atrapar a un sospechoso con un gran despliegue de recursos; ojala persiguiese con el mismo ahínco no sólo a integrantes de supuestos grupos de choque, sino también a tantos grupos e individuos que diariamente comenten asesinatos en nuestro país. Ojala también trabajasen con la misma eficacia en los más tres mil asesinatos que acontecieron el año anterior y de los cuales un mínimo porcentaje consiguen condena. Nuevamente la institucionalidad se ve duramente cuestionada, al estar frente a un caso que muestra cómo las autoridades de seguridad y justicia están nuevamente siendo instrumentalizadas al servicio de intereses partidarios y electorales.
La oportunidad aún no está perdida
Parecía que estaban filmando la versión nacional de “Rambo” o “El fugitivo”. Un helicóptero policial merodeaba los alrededores de San Ramón; la lluvia mojaba a miembros del Grupo de Reacción Policial, y a integrantes del Comando de Fuerzas Especiales y de la Unidad Élite de la Fuerza Armada de El Salvador. En los hogares salvadoreños se interrumpía la programación regular de la televisión para informar que uno de “los más buscados” por la Policía Nacional Civil (PNC), Mario Belloso, había sido localizado y –mediante ese operativo– estaba a punto de detenerlo. A los que participaban directamente en la acción y los medios de difusión, se sumó la cúpula policial; su director, Rodrigo Ávila, y Douglas Omar García Funes, subdirector de Áreas Especializadas, supervisaban la maniobra.
Todo esto sucedía a escasos cuatro días del primer aniversario del asesinato de dos policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), presuntamente a manos del prófugo cercado. ¡Tremenda coincidencia! Pero Belloso no fue capturado entonces, sino al día siguiente; de chiripa, dicen, por miembros del 911. A los agentes especializados “se les fue de las manos”; les ganaron los “de a pie” el domingo y tuvieron que resignarse con detener a la madre, la hermana y la compañera de vida de aquél.
Acabada la primera función, hay que hacer algunas valoraciones para que el espectáculo montado quede atrás y se haga un esfuerzo serio, responsable y trascendente tendiente a fortalecer una institucionalidad maltrecha y avanzar hacia la tan ansiada democratización. Y hay que hacerlo ya, porque aún no está del todo perdida la posibilidad de salvar al país.
Hace un año, cuando fueron ejecutados los dos agentes de la UMO, en este espacio el IDHUCA formuló una pregunta que sigue siendo válida: ¿Hacia dónde va El Salvador? Y la respuesta continúa siendo incierta, por más que el presidente Antonio Saca insista en hacerle creer a la población –a punta de lemas propagandísticos– que va “por buen camino”.
Pese a los lamentables sucesos del 5 de julio de 2006, a la cadena de condenas de los mismos y a la sarta de compromisos con la “paz social”, hoy la polarización es más profunda y la confrontación está a la orden del día; como van las cosas, en el horizonte se observa una arriesgada agudización de la violencia política que, a medida se acerca el 2009, está invadiendo importantes espacios de la vida nacional. Eso se refleja en el manejo de la información y las primeras declaraciones de los funcionarios tras la captura de Belloso.
El 19 de enero de este año, quince empresas autodenominadas “Medios unidos por la paz” (MEUNO), reaccionaron ante la situación de violencia e inseguridad crecientes con una campaña y doce postulados que –según afirmaron– regirían su comportamiento profesional. Uno decía lo siguiente: “La cobertura periodística (...) evitará el morbo, el sensacionalismo y la espectacularización del accionar policial”. Sin embargo, eso no pasó con el evento en mención; por el contrario, las páginas de los periódicos y las pantallas de televisión se inundaron de información amarillista y frases como la de una “fuerte cacería humana”, para referirse a la persecución. Así, seguro atrajeron audiencia pero incumplieron su palabra. Quizá entonces no les importó obviar y devaluar su “pacto de caballeros” o consideraron que no había tal. Lo cierto es que resulta difícil creer en la veracidad de sus afirmaciones y su compromiso ético.
Tampoco estuvo a la altura, como siempre, el “liderazgo” político nacional. Como hace un año, éste ha intentado aprovecharse de la situación para su lucha partidista o se ha pronunciado con mucha ligereza y más torpeza. Guillermo Gallegos, jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), aseguró que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaba detrás de Belloso. El propio presidente de la República y también de ARENA aseguró que el detenido pertenece al FMLN. Hoy es cada vez más difícil saber si Saca habla como jefe de Estado o como “mandamás” de su partido. En todo caso, intenta que la población tome postura contra su opositor a partir de un hecho en el que lo único claro es la contaminación irresponsable de la prueba, al filtrar fotos y otros documentos a ciertos medios. Todo eso es peligroso y Saca debería saberlo.
Otro muy propenso a “irse de boca” es el ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa. El también jefe de ideología de ARENA afirmó que “debiese ser la Ley Antiterrorista una de las legislaciones que debe ser aplicada a este individuo y, obviamente, llevado a uno de los tribunales especializados”. ¿No sabe que la mencionada normativa fue aprobada después del 5 de julio del 2006 y que, por tanto, no se aplica en este caso? Claro, él no es jurista para entenderlo; no obstante, por su cargo, debería tener asesores que se lo indiquen o que le sugieran callarse cuando ignora algo.
Las declaraciones de Saca, quien incurrió en el mismo error de su subordinado, no han sido sólo para señalar a otros y ganar votos para ARENA; también ha intentado atribuirle al hecho alcances que no tiene. “Yo creo realmente que (...) hemos derrotado la impunidad, al capturarlo, presentarlo a la prensa y que vaya a los tribunales especiales para ser juzgado por estos delitos”. ¡No es cierto, por favor! Este caso puede ser un paso importante, si se resuelve respetando la legalidad y si tal comportamiento institucional –de darse– se aplica al resto de casos y para todos los delincuentes sin importar su posición social, política o económica. Así, funcionarios de la actual administración del Ejecutivo y de las pasadas se verían en problemas, pero la gente podría empezar a creer.
La impunidad no se derrota con retórica o con la solución, por conveniencia política, de un caso aislado. Para ganarle la partida se debe, por ejemplo, pedir perdón a las víctimas –de hoy y de ayer– por las omisiones estatales en la investigación; además, se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, las de los comités especializados de derechos humanos de Naciones Unidas y considerar las propuestas razonables provenientes de la sociedad.
También hace mal Saca, al ligar al detenido con organizaciones sociales y con las protestas que se generan por su incapacidad para resolver los conflictos y aliviar las necesidades de la gente. De forma mecánica, dijo: “Esos son grupos organizados del FMLN. He venido a Suchitoto enfrentando el cierre de calles... y hemos ido abriendo las calles”; aseguró, además, haber “encontrado planes desestabilizadores entre los cuales estaba el plan de Suchitoto; esto ya estaba considerado precisamente en los planes que tenía el señor Belloso”. Es insensato que relacione, así por así, lo ocurrido en Suchitoto con los supuestos planes de Belloso. Lejos de llenarse la boca con esas acusaciones, debería hacer uso de su experiencia de comunicador para escuchar las demandas de la población y dialogar con ésta en la búsqueda de soluciones.
Saca y sus subalternos deben dejar que los hechos se investiguen sin presiones. Eso demanda su silencio para no forzarlas en determinada dirección y que se amarren las manos para evitar meterlas donde no les corresponde. Pese a las tomas mediáticas, la indignación social y las declaraciones adelantadas de José Mario Belloso, debe asegurarse un debido proceso; en ese marco y no en la prensa, se le debe oír y vencer en juicio. En tal sentido, los medios de difusión también deberían revisar el pacto que firmaron en enero de este año, hacer un mea culpa por haberlo roto y establecer un mecanismo para que eso no vuelva a suceder, sobre todo si consideran que sigue siendo válido.
En lugar de tratar de sacarle provecho particular a este tipo de sucesos lamentables y condenables, el país entero –autoridades oficiales y políticas, población organizada o no, periodistas y dueños de empresas mediáticas, iglesias universidades y más– debería verlos como una alerta ya no tan temprana; como una oportunidad para recordar y recrear la ruta: la de los grandes componentes del proceso de pacificación no logrados que son la democratización del país, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad.
Hoy como hace un año, El Salvador está a la deriva; sin rumbo ni capitanes que lo puedan dirigir. Por eso, de nuevo, hay que apostarle a la participación inteligente de su tripulación. Hay que construir una ciudadanía creativa, con agenda propia, respetuosa de la vida y divorciada del radicalismo enfermizo de cualquier extrema. Este barco se acerca a una gran tormenta, de la cual podrá salir fortalecido si se es capaz de hacer lo anterior inspirado por el ejemplo de Romero, Ellacuría y tantos más. Hay que abogar, como ellos, por una solución pacífica de los conflictos y la construcción de una paz con justicia.
Las organizaciones abajo firmantes, a la comunidad nacional e internacional, con mucha preocupación e indignación denunciamos:
El día lunes 2 de julio, el Presidente de la República tenía programado el lanzamiento de la Política Nacional de Descentralización y la inauguración de un proyecto de agua, con presencia de las y los Alcaldes, Gobernadores y Cuerpo Diplomático, en el centro recreativo San Juan, en Suchitoto; ocasión en la que diversas organizaciones sociales y comunitarias, programaron realizar una jornada de protesta pacífica motivada por dos razones fundamentales:
a) Ese día precisamente, se cumplía el primer aniversario del brutal asesinato político de los señores Juanita Monjarás de Manzanares y Francisco Manzanares, ocurrida en Suchitoto el 2 de julio del 2006; hecho que se encuentra en total impunidad, y ante el cual el pueblo de esta localidad y diversas organizaciones habían conmemorado el sábado 30 de junio en un acto de desagravio y un festival público.
b) El enfoque de descentralización que se iba a inaugurar, es sin duda alguna, la puerta de entrada a la privatización del agua a nivel nacional. Ya en ocasiones anteriores los proyectos privatizadores se han venido disfrazando en otras figuras jurídicas, razón por la cual el pueblo ha perdido la confianza en las propuestas gubernamentales.
Ese 2 de julio, había un numeroso grupo de personas en la plaza central de Suchitoto y había otros grupos sobre la carretera; a la altura del desvío a la Ciudadela Guillermo Ungo, sobre la carretera que conduce a Suchitoto, la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC lanzó gases lacrimógenos y balas de goma a un grupo de personas, quienes tuvieron que salir huyendo por el monte en diversos grupos. Sin bastar esto, la UMO más el GRP, los asedió y persiguió por tierra y por aire, durante más de 4 horas. Todo el operativo, estuvo acompañado de un fuerte contingente militar el que hizo uso de tanquetas.
Las familias que habitan las comunidades de la zona se vieron afectadas por los gases y se tuvo que desalojar a las y los niños de las escuelas por la misma razón. Esto solo nos hace revivir los peores momentos de las “guindas” durante el conflicto armado, con la única diferencia que hoy, los represores son agentes de la PNC, institución nacida de los Acuerdos de Paz y no la temible FA de los años 80. Al mismo tiempo, un carro patrulla de la PNC se atravesó frente a un vehículo de CRIPDES, en la entrada a la ciudad, capturando a por lo menos cuatro personas quienes no se habían bajado del vehículo, nada más por el hecho de dirigirse hacia la concentración.
Al tener conocimiento de estas capturas, el grupo de personas que estaba en la plaza fue a la entrada del Barrio de La Cruz a pedir por la libertad de las y los detenidos, interviniendo también, a solicitud de la población, el Párroco de la localidad; la PNC dijo que iba a negociar y que levantaría un acta para liberar a las personas detenidas, pero sin aviso entraron miembros de la UMO, haciendo uso de violencia y maltrato, agrediendo incluso al auxiliar del Párroco, e impidiendo la resolución pacífica del incidente. Entre tanto, el Presidente de la República, llegó al centro recreativo San Juan, y aunque no desarrolló el programa previsto, si hizo acto de presencia en el lugar, pues salvo la protesta pacífica que desde una isla de enfrente y desde unas lanchas, hacían las organizaciones de mujeres, la actividad oficial no se vio afectada, pues los acontecimientos violentos se dieron a por lo menos 2 kms. arriba, por la indiscutible provocación de la PNC; la UMO entró a atacar a las y los participantes en una protesta pacifica, se usó fuerza desproporcionada, sin permitir el diálogo ni la mediación. Al final el resultado ha sido más de 25 personas heridas con balas de goma, 18 con afectación grave por gas pimienta; 14 personas detenidas y acusadas de desordenes públicos y asociaciones ilícitas. Las personas detenidas son: Marta Lorena Araujo Martínez, Facundo Dolores García, Manuel Antonio Rodríguez Escalante, Rosa María Centeno Valle, Héctor Antonio Ventura Vásquez, María Aydee Chicas Sorto, Sandra Isabel Guatemala, José Ever Fuentes, Patricio Valladares Aquino, Clemente Guevara Batres, Santos Noel Mancía Ramírez, Marta Yanira Méndez, Beatriz Eugenia Nuila y Vicente Vásque
A las personas detenidas se les trasladó en helicóptero para Cojutepeque, en el trayecto, fueron objeto de tortura sicológica al amenazarlos con que serían lanzados desde las alturas. Las y los detenidos fueron consignados a la orden del juez de Cojutepeque, recluidos originalmente en Santa Cruz Analquito, ambos en el departamento de Cuscatlán; actualmente están detenidos en Cojutepeque, hasta por un plazo máximo de 72 horas, que manda la ley. El jueves se celebrará la audiencia, para determinar si se les pone en libertad o se les envía a juicio. Las condiciones en las que se encuentran detenidas las personas son infrahumanas: hay hacinamiento, falta de higiene, sin privacidad alguna, ni para hacer sus necesidades fisiológicas; además, los hombres están revueltos con reos comunes; a hombres y mujeres, nada más se les permite ir al baño dos veces al día, a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. Uno de los detenidos se encuentra muy mal de salud, ya fue trasladado al hospital, pues está vomitando sangre a consecuencia de los golpes que recibió al ser detenido; otra persona está quemada con el gas y otra, con serios problemas emocionales. Se les puede visitar, a discreción de la PNC, una hora al día. Otra vez, como hace un año, el pueblo se encuentra de luto e indignado por la falta de justicia en nuestro país; se reprime una protesta pacífica; se reprime a un grupo de personas que en ejercicio legítimo de las libertades constitucionales, hacen saber su descontento por las políticas que se implementan, pero también por la falta de justicia, por el desinterés de los funcionarios públicos de buscar la verdad en casos tan graves como el de la familia Manzanares. y por su insistencia en seguir contribuyendo a la polarización del país.
Reiteramos nuestra convicción que tanto la Ley Antiterrorista como la Ley del Crimen organizado, son inconstitucionales.
Por lo anterior EXIGIMOS:
1. La inmediata libertad de las y los detenidos; el respeto a su integridad física y moral, pero además, la garantía del debido proceso constitucional.
2. El respeto a la Constitución y por ende, a las libertades ciudadanas en ella consagradas; la expresión, la reunión, el tránsito y la asociación, son derechos inalienables de la persona humana y las expresiones sociales que se estaban dando en Suchitoto, no eran más que el ejercicio legítimo de libertades constitucionales.
3. Que se dé muestras concretas de respeto a la Constitución y de la vigencia del Estado de Derecho, permitiendo sin interferencias, el funcionamiento de la institucionalidad del Estado. La FGR, la PNC y el Órgano Judicial deben someterse exclusivamente a los mandatos de la Constitución y a leyes constitucionales.
4. Respeto a la independencia judicial, la cual es una garantía para el acceso a la justicia de la población y una responsabilidad para quienes deben impartir justicia. En tal sentido demandamos de la Corte Suprema de Justicia un actuar consecuente con el respeto al Órgano Judicial y exigencia a la Separación de Poderes.
5. La responsabilidad de los medios de comunicación social de informar con profesionalismo y ética; es su deber ciudadano comunicar la verdad de los hechos, sin manipulación intencionada.
Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a las distintas expresiones públicas y privadas de la sociedad salvadoreña y al pueblo en general a exigir y pronunciarse por:
1. La inmediata libertad de las y los compañeros detenidos.
2. El cese de la campaña mediática y policial de intimidación a que se tiene sometida a la población, al criminalizar la demanda ciudadana.
3. A las Naciones Unidas y al Grupo de Países Amigos para los Acuerdos de Paz, a verificar el estado actual del cumplimiento de los Acuerdos; la responsabilidad asumida por dichos entes en todo el proceso vivido por nuestro pueblo, durante y post conflicto, les demanda la inexcusable responsabilidad de dar un seguimiento severo a los logros obtenidos en 1992.
4. A las Naciones Unidas, a que interponga sus buenos oficios para establecer una investigación independiente e imparcial sobre los hechos que están ocurriendo en El Salvador; específicamente aquellos que están poniendo en riesgo la estabilidad política y la construcción de democracia. Es muy grave para la estabilidad del país, que se esté vinculando las expresiones de descontento social, legítimas y legales, con actos delictivos, con claros intereses electorales.
Las organizaciones firmantes reivindicamos el derecho de la población a manifestarse públicamente en uso legítimo de las libertades constitucionales. Cualquier restricción al libre ejercicio de estos derechos, debe interpretarse como una grave violación a Derechos Humanos fundamentales y un retroceso en el proceso de democratización que se gestó con la firma de los Acuerdos de Paz.
FESPAD, LAS DIGNAS, REDES, PRO-VIDA, FUMA, CEMUJER, MPGR, IBE, FUNDEMUSA, CONAMUS, CEIPES, CODES, CFPA, CODECO, CODESAL, FDC, FSS, FESS, CCCC, CORDECOM, FEASIES, OTS, Sínodo Luterano y otras organizaciones sociales.
San Salvador, 4 de julio de 2007 |
