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Julio 18, 2007
Proceso 1250
Cuentas pendientes con la justicia
En ciertos sectores de la sociedad salvadoreña se ha tomado el año de 1992 como un parteaguas en lo que se refiere a la rendición de cuentas por crímenes de naturaleza política. Para esos sectores, los únicos delitos políticos que habría que perseguir, juzgar y castigar sin ningún tipo de contemplación son los cometidos después de ese año —cuando se inicia la transición de postguerra—, mientras que los cometidos antes deberían obtener el beneficio del perdón y el olvido. Sin duda, la defensa de esta tesis no es desinteresada: muchos de los que la abanderan cargan sobre sus espaldas con crímenes de distinto signo, algunos de ellos ciertamente brutales y despiadados. Es decir, lo que más les conviene es no volver sobre el pasado, para lo cual se valen no sólo de la trillada frase que dice que no es bueno abrir las heridas del pasado, sino de la desmemoria de una sociedad que vive atrapada en los afanes del presente.
Hay demasiadas trampas en la tesis que dice que, en materia de delitos políticos, sólo cuenta lo sucedido después de 1992, como para aceptarla sin ningún tipo de reparos. En primer lugar, está la parcialidad con la que se valoran los delitos políticos cometidos en la postguerra, en el sentido de que la atención se suele centrar en el FMLN —desde los secuestros atribuidos al Partido Comunista hasta las actividades de Mario Belloso—, dejando de lado crímenes en los cuales existen sospechas fundadas de complicidad estatal e incluso paramilitar —desde el asesinato de Francisco Velis hasta la muerte de Francisco Antonio Manzanares y Juana Mojarás de Manzanares, padres de Marina Manzanares,“Mariposa”—. Ningún crimen como los apuntados —o de carácter semejante— debería ser tolerado, justificado o, peor aún, obviado como algo inexistente. Y, si quienes insisten en atender sólo a lo sucedido después de 1992 tuvieran esa mirada amplia sobre distintos crímenes cometidos en la postguerra se podría creer que obran de buena fe. Pero sus sesgos hacia un tipo de delitos impiden tomarlos en serio, al tiempo que llevan a cuestionar las razones de su proceder.
En segundo lugar, con la tesis anterior se quiere pasar de largo sobre una realidad inobjetable: los crímenes políticos más atroces en cantidad y calidad se cometieron en El Salvador antes de 1992 y no después. Esto no quiere decir que los crímenes políticos de la postguerra son más tolerables. Nada de eso. Son igualmente condenables. Pero los criminales más perversos conocidos en la historia reciente del país hicieron de las suyas en los años setenta y ochenta del siglo XX; asesinaron, torturaron, persiguieron, aterrorizaron y amasaron fortunas a la vista de todo el mundo. La mayor parte de crímenes cometidos por ellos son de lesa humanidad, ante lo cual de nada sirve el argumento de que sucedieron antes de 1992.
Ya se sabe: estas prácticas terroristas fueron realizadas en gran parte por agentes estatales (miembros de los ex cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada) y paraestatales (integrantes de escuadrones de la muerte), aunque los grupos armados de izquierda no fueron ajenos al terrorismo y las prácticas criminales. Unos y otros tienen cuentas pendientes con la justicia. Y tienen el deber moral de reconocer sus crímenes y de pedir perdón a las víctimas sobrevivientes o las familias de quienes no sobrevivieron.
En tercer lugar, lo que se pretende —al sostener la mencionada tesis— es garantizar la impunidad de quienes cometieron crímenes imperdonables en las dos décadas previas al fin del conflicto armado. Si sólo cuentan los crímenes políticos cometidos después de 1992 —y especialmente los que se pueden atribuir al FMLN—, a los cometidos previamente, hay que aplicarles el perdón y el olvido. Lo cual quiere decir que sus responsables pueden dormir con su conciencia tranquila, esperando que el tiempo pase y que quienes aún los recuerdan como criminales se olviden de sus nombres y rostros.
No es casual que, entre quienes propugnan juzgar con severidad al FMLN en la postguerra, haya quienes fueron partícipes de hechos de violencia política por los cuales nunca fueron juzgados y por los cuales, en consecuencia, tienen cuentas que saldar con la justicia. No es casual que muchos de estos criminales se hayan erigido en abanderados del perdón y del olvido. En el fondo lo que buscan es que sus delitos sean perdonados y olvidados, sin ningún tipo de castigo para ellos y de reparación alguna ni siquiera en lo que concierne a la memoria de las víctimas. Lo peor de todo es que algunos de ellos se han convertido en jueces morales (y políticos) de lo que se puede o no se puede tolerar al FMLN en materia de actividad política disruptiva.
Tal es el caso de Joaquín Villalobos, quien —sin ninguna solvencia moral— ha sacado a relucir en días recientes las prácticas de secuestro que, a inicios de la postguerra, se atribuyeron a las estructuras del Partido Comunista, las cuales han sido puestas en conexión, por el mismo Villalobos, con las actividades de Mario Belloso. Unas y otras prácticas merecen la más fuerte de las condenas. En esto no hay nada que discutir. Lo que sí merece reparos es que alguien como el ex comandante “Atilio” (Villalobos) insinúe que son tan graves los delitos del FMLN que el gobierno “podría demandar [su] ilegalización… por ser un partido armado, tal como lo ha hecho España con los grupos afines a ETA” (J. Villalobos “Belloso, un héroe de ARENA”. El Diario de Hoy, 11-7-07, p. 22). Merece reparos en dos sentidos: primero, por lo que dice: sostener que el FMLN es un partido armado no sólo pone en riesgo la vida e integridad de sus simpatizantes y militantes, sino que contribuye a reforzar los mecanismos autoritarios del Estado en contra de la oposición-socio-política.
En segundo lugar, por quién lo dice: Villalobos tiene cuentas pendientes con la justicia por muchos motivos. Su papel en el asesinato de Roque Dalton; su responsabilidad, como máximo dirigente del desaparecido Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el secuestro y muerte de Roberto Poma, así como en el asesinato de los guardias nacionales que cuidaban el Hospital Bloom cuando el ERP hizo pública su actividad guerrillera; el secuestro de alcaldes durante la guerra… Cuando Villalobos asuma su responsabilidad por crímenes de los que fue ejecutor o cómplice, entonces tendrá alguna solvencia moral para juzgar los delitos de sus ex camaradas.
Elecciones y abstencionismo en América Latina
Desde hace algunos años, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) —con sede en Costa Rica— desarrolla una línea de trabajo e investigación en materia política y electoral enfocado en América Latina. En días recientes, presentó el informe “Elecciones, democracia y derechos humanos”, en el cual señala la situación de las democracias electorales en la región, así como el estado de algunos derechos políticos de los ciudadanos.
De nueva cuenta, el estudio coloca en el debate el tema de la distancia, cada vez mayor, entre los partidos políticos y la población. En ese sentido, todo indica que en América Latina estas instancias de representación en lugar de tender puentes a la población y representar sus intereses han socavado, a través de los años, tal vínculo por medio de sus prácticas internas, así como por medio de su interacción.
En general, el estudio hace referencia a una creciente tendencia al abstencionismo de la población en los eventos electorales. Al respecto, el IIDH señala que en América Latina, por ejemplo, al comparar la participación electoral en la década de los 80 con los últimos años se registra un aumento de este abstencionismo. Así, de 1981 a 1991 hubo un abstencionismo del 25.03%, mientras que en el periodo 1992-1996 fue de 29% y en el caso particular de 2006 la ausencia de la población en las urnas registró un ascenso a 40.74%.
Si se toma en cuenta que sólo en 2006 hubo 40 eventos electorales, el dato sobre el abstencionismo resulta alarmante, pues tal parece que aún un buen porcentaje de la población en América Latina no ejerce su derecho a la elección de los gobernantes de sus respectivos países. De hecho, El Salvador registra uno de los niveles más bajos de participación electoral con respecto a la región, “mérito” que comparte con Guatemala y Colombia.
El informe sugiere como una posible causa de este aumento la deficiente actuación de los partidos políticos, lo cual estaría produciendo de manera gradual y preocupante un divorcio entre la política y la sociedad. Esta erosión es preocupante en tanto los partidos cada vez responden menos a los intereses generales de la población y más a intereses personales o estrictamente partidistas.
En ese sentido, al ser los únicos mecanismo legítimos de representación deben cumplir sus funciones al interior de la sociedad; es decir, agregar los intereses de la población y resolver, mediante el ejercicio del poder, los problemas que esta enfrenta.
Por otro lado, el informe y los funcionarios a cargo de la presentación del mismo ante la prensa llamaron la atención sobre la baja participación de la juventud en los comicios, un fenómeno que parece replicarse en la mayoría de países de la región. Esta desidia juvenil se refleja no sólo en los bajos índices de participación electoral, sino en una apatía generalizada hacia la política.
Democracia procedimental
La llamada democracia procedimental adolece de serias debilidades en El Salvador. En primer lugar, las fallas del sistema electoral vigente, entre ellas la sub o sobre representación que se da en algunas circunscripciones para la elección de los diputados del órgano legislativo, lo cual evidencia el tema de la escasa representación política de la población en este órgano estatal.
En segundo término, la ausencia de reformas necesarias que posibiliten una mejor realización de los comicios, sobre todo en términos de transparencia. El país necesita cambios urgentes como la regulación de los partidos políticos, un verdadero control sobre las campañas de estos y un mayor seguimiento al papel de los medios de comunicación en las coyunturas electorales, entre otros.
Tercero, es necesario mejorar el mecanismo mismo de las elecciones. Por un lado, mediante el voto residencial, lo cual acercaría las urnas a la población. Con la implementación de esta medida, se podría contrarrestar el abstencionismo de los ciudadanos, así como asegurar una verdadera transparencia, pues este cambio dejaría sin efecto algunas prácticas ejercidas por los partidos políticos como la migración de votantes para aumentar sus caudales en ciertas regiones del país.
Por el otro, mediante la implementación de reformas institucionales en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), principal autoridad en esta materia. En ese sentido, una de las primeras medidas debe ser la desvinculación de los partidos políticos de sus órganos de dirección. Ya eventos electorales pasados han dejado en entredicho no sólo la capacidad logística y organizativa del TSE, sino, y sobre todo, su credibilidad. Este órgano debe hacer valer la normativa vigente y hacer que los partidos políticos la cumplan a cabalidad. Tareas que no serán posibles mientras sean los partidos políticos quienes no solo compitan en las elecciones, sino además controlen la organización de estas.
Finalmente, es una tarea pendiente la revisión exhaustiva de las entidades encargadas de actividades delicadas como el registro electoral y la administración de esta información. Sobre todo, es necesaria el saneamiento o creación de entidades independientes de los intereses partidistas, para protegerlas de cualquier manipulación en ese sentido.
Partidos políticos
A partir del estudio del IIDH, se hace también necesario reflexionar sobre las dinámicas de los partidos políticos en el país. Usualmente, se le suele atribuir a la población su apatía a tomar parte de la política. Sin embargo, es necesario retomar el análisis de fenómenos como el abstencionismo desde el punto de vista de la actuación de los institutos políticos.
Cada vez más, los partidos se alejan de los intereses generales, velan por beneficios particulares y, además, son incapaces de construir una visión de país que permita el trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas.
Visto así, son los partidos políticos los principales culpables de la poca credibilidad entre la población. Además, estos, mediante sus propuestas, no han logrado resolver los problemas y necesidades de la mayoría.
En ese sentido, la apatía juvenil señalada por el informe del IIDH bien pudiera explicarse a la falta de ofertas de parte de los partidos políticos hacia este sector de la población. Para tal tarea, es necesario revisar la oferta de los institutos políticos hacia la juventud, pues en estos estudios usualmente se destaca la no participación de este sector poblacional, sin evaluar las propuestas de los partidos dirigidas a la juventud.
En el caso particular de nuestro país, al menos los dos partidos mayoritarios —ARENA y el FMLN— incluyen escasas referencias, y por extensión, escasas ofertas dirigidas a la juventud, en sus programas de gobierno difundidos durante las campañas presidenciales de 1994, 1999 y 2004.
Al revisar las medidas planteadas por los partidos en sus plataformas de gobierno, en general, se percibe que la juventud usualmente es asociada a ámbitos como los deportes y la recreación; en otras palabras, existe una percepción de la juventud como un actor pasivo y reducido a intereses lúdicos. Si bien tanto el deporte como la recreación son necesarios, la juventud salvadoreña necesita respuestas a todas sus necesidades —sociales, económicas, políticas y culturales— y no sólo a ámbitos como los planteados por los institutos políticos.
Por otro lado, el tema de la educación aparece en las propuestas; sin embargo, esta área se reduce al acceso de becas de estudio, sin tomar en cuenta las necesidades de formación, ni plantear una revisión a los modelos educativos y al tipo de formación que se desea impartir.
Este enfoque tradicional de las políticas o medidas diseñadas para la juventud dejan poco espacio de maniobra para la participación de este sector en algo más que no sea el deporte. Ante esta realidad, vale preguntarse qué están dispuestos a hacer los partidos políticos para eliminar ese desencanto no sólo entre la juventud, sino entre la población en general. Tal parece que la respuesta a esta pregunta es nada, con lo cual el divorcio entre ambos se prolongará, a menos que se implementen algunos de los urgentes cambios que necesita el país.
Aún no hay respuestas frente al problema de los combustibles
En esta semana coinciden tres sucesos importantes: una nueva alza en los precios de los combustibles, el anuncio por varias gremiales de transporte público sobre una posible alza en el precio del pasaje y la fecha en que expira la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el problema de los altos precios de los hidrocarburos. No hay duda de que estos sucesos se encuentran relacionados, pero se debe destacar que los problemas del alza en el precio de la gasolina y el posible aumento del pasaje se deben a la falta de una postura clara del Ejecutivo y el Legislativo en torno al tema de los combustibles. Ambos órganos del Estado —el Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y la Asamblea a través de reformas a la Ley de Hidrocarburos— han titubeado una y otra vez para hacer frente a un aspecto que está afectando seriamente el bolsillo de los salvadoreños y salvadoreñas.
Por segundo año consecutivo, varias gremiales del transporte público persiguen una nueva alza en el precio del pasaje. Según Rodrigo Contreras Teos, vocero de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT), en un primer momento las gremiales están dispuestas a hablar con el Ejecutivo sobre medidas que reduzcan el alto precio del diésel, no obstante, de impedirse o fracasar el acercamiento, no descartan un alza del pasaje debido al aumento en los costos de operación de los buses. Para varios transportistas, el alza sería del 20% sobre la tarifa actual, es decir, 5 centavos de dólar adicionales a los 25 centavos que se pagan en el transporte de la zona urbana.
En 2004, el gobierno y los empresarios de buses fijaron una nueva tarifa de transporte que ascendió a los 20 centavos de dólar. En esa oportunidad, el alza del pasaje fue de 17% sobre los 17 centavos de dólar que se pagaban. El cambio en el precio del pasaje representó un incremento importante en los gastos de muchas familias. Por ejemplo, en aquella oportunidad, el gasto mínimo en transporte público de una persona con salario promedio representó cerca del 7% de su salario. Con el alza, las personas que perciben un salario mínimo tuvieron destinar el 12% de dichos ingresos para transportarse. En 2006, de nuevo por el alza en el precio del diésel, las gremiales y el gobierno acordaron un incremento de 5 centavos de dólar al pasaje. Con la nueva tarifa de 25 centavos, un trabajador con salario mínimo gastó cerca del 16% en transporte público.
A diferencia de años anteriores, en la nueva alza que se propone en esta oportunidad subyace otro elemento importante: el mayor costo de operación de los buses y microbuses debido a las extorsiones que sufren los transportistas. Si en 2004 y 2006 el alza se debió fundamentalmente a los altos precios de los combustibles, para este año el incremento anunciado puede verse impulsado, además, por las extorsiones. En este sentido, está claro que el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad en ambos problemas: en primer lugar, el gobierno ha sido incapaz de diseñar e implementar una política adecuada para hacer frente al problema de los hidrocarburos.
No hay que olvidar que las declaraciones del presidente, Elías Antonio Saca, y la Ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, son frases trilladas desde inicios de 2004 cuando comenzó el problema. Ambos han dicho cientos de veces que los altos precios de la gasolina y diesel se deben a los altos precios del petróleo en el mercado internacional y, por lo tanto, tan sólo se puede hacer un uso eficiente y ahorrativo de los combustibles.
Contraria a esta visión, en 2004, el FMI y BM acordaron que los países debían establecer políticas públicas especiales para enfrentar el alza de precios, pues, aunque dichas políticas afectaran el funcionamiento de los mercados, era necesario proteger los estratos sociales de bajos ingresos y los sectores productivos clave de la economía. El gobierno no atendió el llamado de ambas entidades internacionales que dejaron de darle un papel central al mercado en el funcionamiento del sector energético.
En segundo lugar, y relacionado con el problema de la seguridad pública, el gobierno también ha sido incapaz de detener la ola de delincuencia, homicidios y extorsiones a la que se ha visto expuesta la sociedad. En 2005, el sector privado declaró ser víctima de las extorsiones, algo que no tuvo la importancia debida para el gobierno sino hasta finales de 2006, cuando el ex embajador de los EEUU, Douglas Barclay, dijo que el país tenía graves problema de inseguridad.
La lenta respuesta de la Asamblea Legislativa
En enero, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, mostró cierto descontento por los altos precios de la gasolina y el diésel en el mercado local. En esa oportunidad el mandatario giró instrucciones al Ministerio de Economía para que investigara el comportamiento en los precios de los hidrocarburos. Un poco después se creó una comisión especial en la Asamblea Legislativa para analizar el mercado de los productos derivados del petróleo, especialmente el comportamiento de los mercados de los combustibles.
En un inicio, se estipuló que la comisión debía presentar soluciones al problema en un plazo no mayor a los noventa días, no obstante, a la fecha, y después de la dilación de su existencia —hasta el 17 de julio—, no hay propuestas concretas para hacer frente al problema. Es más, Roberto d’Aubuisson, diputado miembro de la comisión especial, ve necesario un plazo más amplio para que dicha comisión proponga medidas alternativas para enfrentar la crisis de los combustibles. Mientras esto sucede, los buseros especulan sobre un aumento del pasaje y, en menor medida, los representantes de las empresas de energía eléctrica hablan de un alza en los costos de generación de electricidad mediante motores que utilizan como insumo productos derivados del petróleo.
Durante los primeros meses del año, la comisión se dio a la tarea de investigar el funcionamiento del mercado y para ello contrató un especialista, entrevisto a funcionarios públicos en puesto clave relacionados con el problema y llamó a la Asamblea a los empresarios de las petroleras y gasolineras. Todo ello, en cierta forma, rindió frutos, pues se comprobó que debido a los altos índices de concentración —según el especialistas Robert Meyering— el mercado tiene una estructura oligopólica que dificulta la baja de los precios acorde a las variaciones internacionales. Al mismo tiempo que la comisión investigaba el mercado de los combustibles, la Superintendencia de Competencia comprobó el abuso de las petroleras mediante la zonificación de precios, pero, finalmente, se les concedió un año para de probar lo contrario.
Después del 1 de junio, la comisión especial ha contemplado la posibilidad de reformar varias leyes para enfrentar el problema de los combustibles. A la fecha, los cambios propuesto por el presidente a la Ley de Hidrocarburos —para hacer transparente el funcionamiento del mercado de los combustibles— y la Ley de Competencia —para sancionar con mayor fuerza los abusos en los precios— están siendo analizados en la comisión de Economía.
Así las cosas, parece ser que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa han sido incapaces de enfrentar el problema de los altos precios de los combustibles. Lo irónico es que ambos se muestran muy interesados en el tema, y, además, ambos Órganos del Estado conocen en detalle el fondo del problema, ya que las investigaciones de los consultores independientes junto a las de la Superintendencia de Competencia y los monitoreos de precios de la Defensoría del Consumidor apuntar con claridad a los abusos de las empresas petroleras. A pesar de lo anterior, en este punto aún no hay resultados concretos.
En última instancia, el gobierno debe tomar las medidas necesarias para solucionar en el plazo más breve este problema. La reforma de la Ley de Hidrocarburos y el establecimiento de precios de referencia pueden contribuir a la solución del problema. Si los empresarios abusan bajo un esquema de mercado libre, se deben establecer las regulaciones adecuadas para evitar perjudicar a los consumidores.
¿Actos de terrorismo en El Salvador?
El día 2 de julio el Presidente República Antonio Saca tenía programado lanzar un plan sobre “Política Nacional de Descentralización”, en el municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán. Por esta razón, diferentes organizaciones comunitarias de la zona junto a otras organizaciones sociales del país realizaron una concentración y acciones públicas de protesta, como el cierre de calles, por considerar que la política gubernamental que sería divulgada ese día representa una amenaza de privatización del acceso al agua. Así pues, las integrantes de la Concertación de Mujeres de Suchitoto intentaron acercarse en catorce lanchas al Centro Turístico Puerto San Juan, lugar donde estaba programado el lanzamiento del plan de descentralización, para entregar una carta al presidente Saca. Una lancha militar con ametralladora las recibió sin poder cumplir su fin. Al mismo tiempo, la Coordinadora Unificada de Comunidades de Cuscatlán (CUC), los comités de agua y otras organizaciones sociales se concentraban en la plaza de Suchitoto, para realizar un foro en el que discutirían su preocupación sobre la Política de Descentralización. Desde tempranas horas del día, se encontraba en la entrada al municipio un contingente antimotines de la PNC, pertenecientes a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y unidades elites de asalto policial pertenecientes al Grupo de Reacción Policial (GRP) y al Grupo Operativo Policial Especial (GOPES).
Según el Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), con testimonios de pobladores de la zona se supo que, cuando Saca recibió la noticia de que el cuerpo diplomático y sus ministros que participarían del acto público, no podían llegar debido a las protestas ciudadanas en la única calle de acceso, “en un arranque de cólera” ordenó las capturas especialmente de los dirigentes de las protestas. Luego, se subió a su helicóptero y abandonó el balneario recreativo en las orillas del lago Suchitlán. En otro comunicado, firmado por varias organizaciones sociales, hecho público el 4 de julio, se describió que quienes iniciaron los incidentes fueron los agentes de la UMO y el GRP al lanzar gases lacrimógenos y balas de goma a un grupo de personas, quienes huyeron. Luego, la Policía “los asedió y persiguió por tierra y por aire, durante más de 4 horas. Todo el operativo estuvo acompañado de un fuerte contingente militar el que hizo uso de tanquetas”, describió el comunicado. En ese período de persecución por los poblados de la zona, varias viviendas fueron cateadas. Mientras todo eso ocurría, un carro patrulla de la PNC, acompañado de otro vehículo de la Telecorporación Salvadoreña (TCS) que filmó la escena, se interpuso a un vehículo de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES). Luego, bajaron por la fuerza a las cuatro personas que viajaban en él y fueron capturadas por el hecho de dirigirse a las actividades de protesta.
Al final de todo, el resultado —según las organizaciones sociales— fue alrededor de 25 personas heridas con balas de goma, 18 con afectación grave por gas pimienta y 14 personas detenidas y acusadas de actos de terrorismo: Marta Lorena Araujo Martínez (presidenta de CRIPDES), Rosa María Centeno Valle (Vicepresidenta de CRIPDES), María Haydee Chicas Sorto (encargada de comunicaciones de CRIPDES), Manuel Antonio Rodríguez Escalante (motorista de CRIPDES), Héctor Antonio Ventura, Sandra Isabel Guatemala, José Ever Fuentes, Patricio Valladares, Clemente Guevara Batres, Santos Noel Mancía, Marta Yanira Mendéz, Beatriz Eugenia Nuila, Vicente Vázquez y Facundo Dolores García. A estas personas detenidas “se les trasladó en helicóptero para Cojutepeque, en el trayecto, fueron objeto de tortura sicológica al amenazarlos con que serían lanzados desde las alturas”, detalló finalmente el comunicado de las organizaciones sociales.
Extrañas coincidencias
Todas esas acciones dejan dudas acerca de lo que ocurrió en realidad, pues en la versión de la Policía fueron los manifestantes quienes les agredieron primero y los manifestantes afirman lo contrario. Como sea, lo que sí está claro es que hubo abuso de poder de parte de las autoridades por la forma de reprimir. Además, hay una serie de coincidencias que no dejan de inquietar si se analizan detenidamente. Aquí se mencionan dos.
El 2 de julio de 2006 fueron brutalmente asesinados Francisco Manzanares, de 77 años, y Juana Monjarás, de 75 años, en Suchitoto, sin que las autoridades hayan dado con los culpables ni con el móvil del mismo. Por las características del crimen parece que fue perpetrado por alguna especie de “Escuadrón de la muerte” con móviles políticos, pues la hija de los asesinados, “Mariposa”, es una histórica locutora de la extinta Radio Venceremos que funcionó como medio de comunicación del FMLN durante el conflicto armado. Exactamente un año después, en el mismo lugar del crimen, el presidente Saca anunciaría su Política de Descentralización. Las organizaciones sociales señalaron que esta no es mera coincidencia, sino que hay una señal clara de “provocación” por parte del Ejecutivo y del partido ARENA contra quienes les muestran oposición.
La otra coincidencia está relacionada con los hechos del 5 de Julio de 2006 frente a la Universidad de El Salvador (UES), donde Mario Belloso, un ex miembro del FMLN, disparó un fusil en medio de una protesta estudiantil, y parece ser el responsable de la muerte de dos policías de la UMO que en ese momento dispersaban la manifestación. A partir de este hecho se aprobó la Ley Antiterrorista en Septiembre de 2006. En su momento, diferentes organizaciones sociales denunciaron que dicha ley en realidad se utilizaría para reprimir manifestaciones legítimas y la tacharon de “Ley terrorista de Estado”. Pues bien, el mismo 2 de julio, la Policía capturó a Belloso y con ayuda de la mayoría de medios de comunicación del país hicieron todo un espectáculo. Incluso La Prensa Gráfica (03.07.07) aseguró que el capturado les dijo a los policías: “Los felicito; soy Mario Belloso”.
La vinculación con las manifestaciones en Suchitoto no se hizo esperar y fue el mismo Presidente Saca quien afirmó sin prueba alguna que había vinculación directa entre Belloso y las protestas. Todo ello con claro objetivo: Vincular cualquier acción —no solo la toma o cierre de calles— del movimiento social con actos de terrorismo. De hecho, el 7 de julio, la Jueza Especial contra el Crimen Organizado, Ana Lucila Fuentes de Paz, dictó tres meses de prisión preventiva a 13 de las 14 personas capturadas, quienes quedaron a la espera de ser juzgadas con la Ley Antiterrorista. Una de las personas capturadas, Facundo García, fue declarada en libertad. Las demás fueron conducidas al Penal de Mariona y a la Cárcel de Mujeres, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). De ser declaradas culpables podrían recibir condenas de 40 a 60 años de cárcel, según lo estipula la Ley Antiterrorista.
El argumento de la Jueza fue que existen indicios suficientes para confirmar la detención provisional de los imputados mientras se depura el expediente construido por la sede regional de la FGR en Cojutepeque. Además, aseguró que los detenidos pusieron en grave riesgo la vida o integridad física de funcionarios de gobierno, violando el principio constitucional que garantiza la libre expresión del pensamiento siempre y cuando no altere o subvierta el orden público. Sin embargo, al momento de individualizar los delitos para cada uno de ellos, Fuentes de Paz señaló que la mayoría de ellos agredió con palos y piedras a los agentes de la UMO sin establecer la relación que existe entre este tipo de agresión y los supuestos actos de terrorismo que les imputa.
Por su parte, la defensa consideró que esa decisión no tiene sustento legal al haber desestimado el contexto de los hechos y las solicitudes hechas a la Fiscalía para que investigue las lesiones provocadas por la Policía a pobladores de Suchitoto. Y es que, tal como lo señala Mauricio Funes en el editorial Sin Censura: “por donde quiera que se vea, este caso no tiene nada que ver con el terrorismo, salvo que se investigue el uso de la fuerza por parte de los agentes de la UMO, quiénes no agotaron las medidas disuasivas a que obliga el protocolo de actuación que rige las intervenciones policiales en casos de protestas públicas”.
Presos políticos
Por definición un preso político o prisionero político es cualquier persona capturada por disentir con las ideas o con la práctica de un sistema político establecido y no por haber cometido un delito por el cual debiera ser juzgada con las leyes constitucionales de un país. En este sentido, a juzgar por cómo se hicieron las capturas y por la forma en cómo el Ejecutivo busca condenar a las trece personas detenidas, todo parece indicar que estas personas son inocentes de los delitos que presentó la Fiscalía. Más bien, se trata de una estrategia gubernamental por sentar precedente y cohibir futuras acciones de protesta de sectores sociales. Así lo han expresado organizaciones como el Movimiento de Mujeres “Mélida Anaya Montes” (Las Mélidas) que, el día 9 de julio, condenó las capturas y la “manipulación de la información sobre los sucesos de Suchitoto, por parte del Presidente de la República, el Ministro de Gobernación y el Director de la Policía Nacional Civil, relacionando la captura de Mario Belloso (presunto responsable del asesinato de dos policías y de herir a otros más) con las protestas ciudadanas en contra de la descentralización de los servicios básicos”. También el recién Procurador de Derecho Humanos, Humberto Luna, expresó su desacuerdo con la aplicación de la Ley contra actos de terrorismo a las personas capturadas en Suchitoto. A estas voces en contra del Ejecutivo se sumaron las del diputado del FMLN Walter Durán, quien advirtió de una “dictadura” en el país: “Esta gente sólo exigía al gobierno que no privatizarán el agua, como es que hoy Antonio Saca, con aquellos jueces que ha impuesto en los tribunales especializados quiere utilizar la Ley para reprimir este pueblo. Saca está mandando un mal mensaje a todo el país, a la comunidad internacional de que aquí el partido ARENA puede apelar a los mismos métodos que hizo la dictadura militar”.
Por ello, los llamados para que se ponga en libertad a las personas capturadas comenzaron el mismo día de los hechos. Posteriormente, el día 12 de julio, Tutela Legal del Arzobispado concluyó, tras hacer una investigación inicial, que la UMO utilizó la fuerza de forma ilegal y desproporcionada contra los manifestantes, “quienes no oponían resistencia e invitaban a la PNC a mediar para facilitar las condiciones de la protesta social pacífica. Los manifestantes no realizaban actos violentos e, incluso, levantaban sus manos como gesto para evitar una confrontación”. A partir de este hecho, Tutela Legal afirmó que “el objeto de la acción policial no fue únicamente dispersar a los manifestantes por la supuesta obstrucción de la carretera, sino castigar, aterrorizar y realizar detenciones arbitrarias, pues luego de la dispersión persiguieron incluso por los montes y en la Comunidad Guillermo Ungo a supuestos manifestantes, afectando generalizadamente a la población civil, especialmente a decenas de niños y niñas, por el uso indiscriminado de gases”.
Por último, el día 13 de julio, Amnistía Internacional hizo un “llamado urgente” a las autoridades gubernamentales para hacer una investigación seria de los hechos y “dejar sin efecto todos los cargos que impliquen menoscabo al ejercicio legítimo de derechos fundamentales y disponer la libertad de los imputados con dichos cargos.” Y es que en este país, se ha caído en el ridículo de comparar hechos como los del 11 de septiembre en Estados Unidos con lanzar piedras a la policía. Aunque esa analogía no es inocente, pues manifiesta la intención de la derecha de catalogar de terrorista a cualquier persona que se oponga a una medida injusta del gobierno, o que quiera realizar acciones por construir una mejor sociedad. Y de esta manera tener una excusa para eliminarla a como dé lugar antes de poner en peligro su poder.
¡Salvar a El Salvador!
Mientras las y los manifestantes portaban piedras y palos, los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) avanzaban equipados con cascos, chalecos antibalas, protectores de brazos y piernas, máscaras antigases, balas de goma, gas pimienta, macanas, pistolas y escudos de plexiglás, material sumamente resistente a golpes, piedras y otros objetos contundentes o de acero blindado. En esas condiciones se enfrentaron ambas partes en la carretera hacia Suchitoto. Aunque hay varias versiones sobre quién agredió a quién y los medios de difusión también presentan diferentes imágenes al respecto, según sus intereses, lo que sí queda claro es quién estaba en desventaja.
En El Salvador que se pensó hace quince años, debía funcionar una policía respetuosa de los derechos humanos, capaz de responder de forma proporcional a situaciones de este tipo. Sin embargo ese proyecto no se concretó y las muestras de eso no sólo están en los hechos más recientes. Hay que recordar, por ejemplo, que hace doce años un ex patrullero fue asesinado por un antimotín al dispararle a quemarropa en el pecho con un arma “no letal”. Otro hecho lamentable en el historial de la UMO fue el procedimiento realizado al capturar al diputado Orlando Arévalo, cuando pasaron por encima de la institucionalidad invadiendo los recintos de la Asamblea Legislativa y llevándose por la fuerza al legislador.
En estos y otros hechos, así como en el operativo en mención, el cuerpo policial violó el cuarto de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobados por la ONU en septiembre de 1990. Según éste, “en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”; éstos recursos sólo podrán emplearse “cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.
En medio de ese escenario cada vez más represivo, preocupa en grado sumo que se le esté otorgando un peligroso protagonismo a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Además de meterla en la invasión a Irak en contra del sentir mayoritario del pueblo salvadoreño, se ha violado la Constitución al utilizar su Unidad Élite y el Comando de Fuerzas Especiales en la captura de José Mario Belloso el domingo 2 de julio y en los violentos sucesos ocurridos, un día después, en Suchitoto. De continuar así, le abrirán la puerta a una nueva intromisión castrense en la política nacional cuyas nefastas consecuencias son de sobra conocidas.
La violencia desmedida contra quienes hacen uso de su derecho a expresarse no sólo se materializa en estas acciones, sino también en las medidas legales adoptadas para restringirlo. Destaca por su uso discrecional la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, que ha servido para procesar a las trece personas detenidas en Suchitoto y antes a vendedores informales. Ninguno de estos hechos deben calificarse como tales ni sus protagonistas pueden ser tachados de terroristas, porque no lo son. La verdadera amenaza del terrorismo se cierne sobre el país en la medida que –además de seguir enviando tropas a Irak– se incrementa la exclusión, la marginación, la intolerancia y la confrontación en lo social, lo económico y lo político. Lo anterior configura un terreno fértil para la radicalización extremista. Por eso Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirma que “asegurar los derechos humanos es un elemento inherente y esencial de cualquier estrategia de lucha contra el terrorismo”.
Pese a todo esto, el presidente Antonio Saca y sus subalternos siguen empeñados en atacar al incipiente movimiento social. En lugar de tender puentes, escuchar y dialogar, mantienen su recalcitrante postura de darles palos y cárcel. Así, pretenden labrarse un camino libre de grandes movilizaciones como las marchas blancas del 2003, para que éstas no les resten votos. No obstante, en ese camino se han topado con el rechazo de la comunidad internacional y los pronunciamientos de varias expresiones organizadas de la sociedad. Por eso, Saca ha cambiado su estrategia. Se le ha ocurrido incrementar la pena para el delito de desórdenes públicos, en su intento por superar todos los obstáculos que le impidan presentar como criminal a cualquiera que ose protestar contra sus medidas.
Este cambio, sin embargo, revela sus propias contradicciones ya que tras calificado inicialmente los hechos en Suchitoto como terrorismo hoy afirma que se debe “separar el tema del terrorismo con el tema de actos delincuenciales; actos vandálicos es lo que tuvimos en Suchitoto”. Además, con tales palabras deja mal parado al Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, y a la titular del Juzgado Especializado de Instrucción, Lucila Fuentes de Paz. Al primero por acusar, sin fundamento, a las trece personas detenidas; Safie no estableció el delito de actos terroristas en su requerimiento del jueves 5 de julio y mucho menos individualizó responsabilidades, ofreciendo como único elemento de prueba las actas de las capturas y declaraciones de policías así como entrevistas que, en todo caso, se refieren a delitos comunes como daños a la propiedad pública y privada. En ese marco, lo dicho por Saca confirma lo que cualquiera ve en el mejor de los casos como un error, menos el Fiscal.
Mientras tanto, la jueza queda muy mal por no declararse incompetente para conocer hechos que no constituyen “delitos de realización compleja” y acerca de los cuales jamás se demostró que fueran resultado de una estructura de “crimen organizado”, como exige la ley que creó el tribunal a su cargo. ¿Entiende la ley esta juzgadora? Si tiene claros sus límites, ¿por qué no se hizo a un lado ante esa irregularidad? Cualquiera podría imaginar que fue presionada o “convencida” para darle su visto bueno a una evidente ilegalidad.
Todos estos sucesos son muestra de una marcada y peligrosa tendencia al autoritarismo en medio de un anticipado, tensionado e ilegal proselitismo electoral. En tal sentido, es sumamente dañino que Saca y su ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, se empeñen en acusar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de todos los males del país. Eso, y el llamado de la derecha a cerrar filas contra este partido, aumentan la polarización y puede provocar a grupos extremistas –de cualquier signo– para que crean justificado apelar a cualquier medio violento contra su opositor.
Tras el asesinato de dos jóvenes policías el 5 de julio de 2006, se planteó la necesidad de unir fuerzas contra la violencia y acordar una agenda de país; de concertar y construir puentes. Hoy parece que, más bien, están dinamitando las pocas y frágiles “pasarelas” que se habían logrado construir para embarcarse con fanatismo en una nueva aventura electoral. Lo que alarma es que se genere tanta tensión política cuando faltan dieciocho meses para que la población acuda a las urnas. Si la tendencia es seguir polarizando a medida que se acerque esa fecha, el riesgo de país es demasiado alto.
Por eso más que urgente es de vida o muerte retomar el camino hacia la paz que se delineó hace poco más de dieciocho años atrás en Ginebra: el de la democratización, el respeto a los derechos humanos y la conciliación, fundada en la verdad y la justicia. En la hora actual, El Salvador se encuentra más lejos de ese sueño y más cerca de la pesadilla que se creyó superada tras la firma del Acuerdo de Chapultepec. En el sano esfuerzo por evitar que se conduzca al país por la vía de la violencia y el caos, es indispensable que la sociedad en general participe de forma activa, decidida, valiente y creativa en el surgimiento de un movimiento ciudadano capaz de frenar los atropellos de los malos gobiernos y los desatinos de la “clase política”.
En ese marco, el primer gran desafío es impedir que el Ejecutivo siga manipulando la institucionalidad y desmoronando sus bases. Hay que defenderla en el presente, por el pasado y por el futuro. Por ese pasado que exigió tanto sacrificio y tanta sangre injustamente derramada; por el futuro, porque si sigue así jugando con fuego terminará incendiando el país. El deber de toda la población respetuosa del ayer y comprometida con el mañana es, entonces, salvar a El Salvador.
Resultados de las investigaciones
iniciales de Tutela Legal
Las investigaciones iniciales de Tutela Legal del Arzobispado han permitido establecer los siguientes resultados:
1. La Unidad de Mantenimiento del Orden, el día 2 de julio de 2007, utilizó fuerza generalizada no letal en formal ilegal y desproporcionada contra un grupo de manifestantes pacíficos concentrados en el kilómetro 36 de la carretera a Suchitoto, quienes no oponían resistencia e invitaban a la PNC a mediar para facilitar las condiciones de la protesta social pacífica. Los manifestantes no realizaban actos violentos e, incluso, levantaban sus manos como gesto para evitar una confrontación.
El objeto de la acción policial no fue únicamente dispersar a los manifestantes por la supuesta obstrucción de la carretera, sino castigar, aterrorizar y realizar detenciones arbitrarias, pues luego de la dispersión persiguieron incluso por los montes y en la Comunidad Guillermo Ungo a supuestos manifestantes, afectando generalizadamente a la población civil, especialmente a decenas de niños y niñas, por el uso indiscriminado de gases.
Durante la persecución en los montes y la Ciudadela se utilizó un helicóptero policial que lanzó también gases en forma indiscriminada contra la comunidad.
Tras los sucesos descritos, según han difundido diversos medios de comunicación social, se produjeron cierres de otros puntos en la carretera, lo que generó enfrentamientos entre la PNC y grupos de manifestantes que fueron dispersados con facilidad por los primeros, aunque los manifestantes llegaron a lanzar piedras durante los enfrentamientos. También resultó dañado un vehículo propiedad del estatal Fondo de Inversión Social (FISDL).
La emisora radial “Radio Mi Gente”, denunció públicamente que un fotoperiodista, el señor Luis Galdámez, fue agredido arbitrariamente por miembros de la PNC mientras daba cobertura a los sucesos.
2. Tutela Legal del Arzobispado constató que la población de Suchitoto fue militarizada injustificada y desproporcionadamente, constatando que la ciudad era sobrevolada por un helicóptero militar de la Fuerza Armada. Asimismo, constató Tutela Legal la presencia de 6 vehículos militares tipo jeep con ametralladores de grueso calibre incorporadas y numerosos efectivos militares debidamente uniformados.
3. Los 14 detenidos y las detenidas fueron sometidos a golpes injustificados, así como a tratos crueles inhumanos y degradantes, aún cuando ya se encontraban sometidos y sometidas y a pesar que no ofrecieron resistencia física ni actos de agresión contra los agentes durante las capturas.
Algunas personas detenidas fueron lanzadas en las camas de pick up policiales, donde se les pisoteaba, amenazaba e insultaba; además, el pick up deliberadamente se corrió a velocidad considerable en carreteras de tierra o empedradas, lo que ocasionaba que las personas tendidas y esposadas se golpearan.
4. Algunas personas detenidas fueron sometidas a tortura. Ésta se produjo en forma de golpes mientras se interrogaba a las víctimas, una vez fueron aisladas en zonas boscosas o de cultivo; también mientras eran conducidas en el helicóptero de la PNC, circunstancia en la cual fueron amenazadas con lanzarlas al vacío y caer al lago Suchitlán, mientras el helicóptero maniobraba de tal forma que las personas esposadas y tendidas en el piso del aparato tenían la sensación de deslizarse y caer.
Tutela Legal del Arzobispado ha recibido una denuncia en el sentido que al bajar del helicóptero algunos detenidos fueron formados en fila y se les amenazó con fusilarles.
5. Uno de los detenidos, el señor Patricio Valladares, de 55 años, resultó con lesiones de consideración al grado de requerir hospitalización, pero la Fiscalía General de la República se negó a promover el respectivo reconocimiento médico legal, pese a múltiples peticiones de la defensa, con el objeto de encubrir a los autores de las torturas.
6. Una representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) interpuso poco tiempo después de las aprehensiones, un recurso de exhibición personal a favor de los y las detenidas, sin que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se haya pronunciado hasta el momento.
Por otra parte, familiares de las personas detenidas interpusieron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el pasado 9 de julio de 2007, denuncias por los hechos aquí descritos, a causa de ser constitutivos de detenciones arbitrarias, torturas y otras graves afectaciones a los derechos humanos de sus seres queridos.
Tampoco existe un pronunciamiento oficial de dicha Procuraduría sobre los incidentes, aunque personal de tal institución ha verificado los sucesos desde su irrupción, incluidas las diligencias judiciales.
7. El operativo policial estuvo directamente a cargo del Comisionado Omar García Funes, Subdirector de Áreas Especializadas de la PNC.
Tanto el uso de unidades elites de la PNC, como diversas declaraciones públicas difundidas por los medios de comunicación social, permiten establecer fuera de toda duda que las operaciones policiales y militares se produjeron por órdenes y con anuencia del Presidente de la República, Señor Elías Antonio Saca, del Ministro de Seguridad Pública, Licenciado René Figueroa, del Viceministro de Seguridad Pública, Licenciado Astor Escalante y del Director de la Policía Nacional Civil, Ingeniero Rodrigo Ávila.
8. Algunas de los y las detenidas fueron llevadas a la Delegación de la PNC de Suchitoto, en donde posteriormente se concentraron decenas de personas para conocer de su situación, así como para abogar por su libertad.
La gestión humanitaria a favor de las personas detenidas contó con la participación del sacerdote Mario Ernesto Romero, de la parroquia de Suchitoto, a quien el responsable policial de la Delegación de Sichitoto le pidió esperar en el lugar para considerar las peticiones de libertad. Sin embargo, transcurrido dicho tiempo, se presentaron frente a la Delegación de la PNC efectivos de la UMO, los cuales agredieron arbitrariamente al padre Romero y a decenas de personas que se encontraban en el lugar, utilizando violencia indiscriminada, especialmente gases.
9. Dirigentes y empleados de la organización CRIPDES, entre ellos su Presidenta, Marta Lorena Araujo, su Vicepresidenta, Rosa María Centeno, una comunicadora social, Haydee Chicas y otro empleado (en total 4 personas) fueron interceptadas por patrullas policiales cuando se conducían en su vehículo en la carretera hacia Suchitoto, procediendo los agentes a sacar dichas personas del vehículo y a esposarlas con uso de prepotencia y malos tratos, tras lo cual las privaron de libertad y las procesaron por Actos de Terrorismo, como se ha descrito.
Estas detenciones ocurrieron a eso de las 08:45 horas, después que habían tenido lugar los hechos de uso de violencia contra manifestantes en el kilómetro 36 de la carretera a Suchitoto.
Diversos videos transmitidos por medios de comunicación, han dejado en evidencia que estas personas ni siquiera participaban de las concentraciones de protesta y simplemente se conducían por la mencionada carretera al momento de sus capturas.
10. El requerimiento fiscal, presentado por la Licenciada Mirna Elizabeth Molina Cisneros, por delegación del Señor Fiscal General de la República, Licenciado Félix Garrid Safie, fue presentado ante la Jueza del Tribunal Especializado de Instrucción de San Salvador, Licenciada Lucila Fuentes de Paz.
La fiscal solicitó una instrucción penal de seis meses de detención provisional para los 14 detenidos y detenidas, por los delitos de Actos de Terrorismo (art. 5 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo); Daños Agravados (arts. 221 y 221 Código Penal) y Lesiones en perjuicio de un agente policial (art. 142 Código Penal).
La fiscal Molina Cisneros no presentó ningún fundamento legal que justificara la competencia de la Jueza en el presente caso, ya que la jurisdicción de ésta emana de la “Ley Especial Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja (LCODRC), la cual no prevé el conocimiento de presuntos delitos de Actos de Terrorismo, pues el juzgamiento de este delito es objeto de una Ley Especial que es aplicada regularmente por jueces de la jurisdicción común.
La fiscal Molina Cisneros no presentó en su petición una relación fáctica que permitiera individualizar suficientemente a los y las procesadas en los delitos que les atribuye y basa su aseveración en la declaración extrajudicial de los agentes captores, quienes privaron de libertad a las mencionadas personas a través de los procedimientos ilícitos que aquí han sido descritos.
La fiscal Molina Cisneros omitió referirse a los presuntos delitos que fueron cometidos por los efectivos policiales, siguiendo órdenes superiores y que han sido aludidos supra.
Sobre el delito que se atribuye a las personas procesadas, Tutela Legal del Arzobispado destaca que durante su verificación inicial de las diligencias fiscales, autoridades de esa entidad expresaron que habían calificado las imputaciones como delito de “Desórdenes Públicos” (artículo 348 del Código Penal) y que remitirían el caso a un Juzgado de Paz; por ello resulta llamativo que posteriormente, la Fiscalía cambiase la tipificación a la de Actos de Terrorismo y presentara el caso ante un Juzgado Especial de Instrucción.
11. La audiencia judicial fue realizada con fecha 7 de julio de 2007 y en ella la Jueza Ana Lucila Fuentes de Paz permitió el desfile probatorio de la acusación y la defensa.
Como resultado, la Jueza Ana Lucila Fuentes de Paz desestimó las peticiones de incompetencia presentadas por la defensa, pues considero que los y las procesadas podían haberse organizado para planificar la perpetración de delitos y que tal conducta era constitutiva de “crimen organizado”.
La Jueza sobreseyó por los delitos de daños y lesiones, por no haber individualizado la Fiscalía las conductas de los y las procesados en tales delitos.
La Jueza sobreseyó al procesado Facundo Dolores García, por considerar que la conducta atribuida a éste no era constitutiva de delito (abogar a favor de los detenidos), pero pese a la atipicidad que ella misma declara, no lo sobreseyó definitivamente sino en carácter provisional.
La Jueza Lucila Fuentes de Paz decretó detención provisional por tres meses (prorrogables según la ley) contra los restantes trece procesados y procesadas, por el delito de Actos de Terrorismo, pues a su juicio, colocar piedras en la carretera y lanzar piedras o palos a unidades antimotines son Actos de Terrorismo, los cuales se caracterizan por ser “actos de extrema violencia o grave intimidación y con un fin subversivo”, los cuales tratan de “destruir el sistema político (democrático)” del país.
La Jueza llega al extremo de considerar en una de las imputaciones, que ocurrió un grave atentado a los bienes del Presidente de la República u otros altos dignatarios (art. 5, inc. 2 Ley Especial), en razón de los daños que sufrió el equipo de protección (casco) de un agente antimotín por el lanzamiento de una piedra, lo que fundamenta su criterio que se trata de Actos de Terrorismo.
La Jueza dio pleno valor a las declaraciones de los agentes captores y no tomó en cuenta las pruebas presentadas por la defensa; tampoco hizo prevalecer el principio de presunción de inocencia ni la excepcionalidad de la detención provisional, a pesar del arraigo familiar y laboral de los y las procesadas, pues consideró extremadamente graves las conductas que presuntamente les atribuye.
La anulación en la práctica de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia, es un acto arbitrario de la Jueza Lucila Fuentes de Paz, basado en la discrecionalidad que le permite la Ley Especial contra el Crimen Organizado antes citada, la cual prevé una audiencia especial cuyo fin no es la garantía del debido proceso y el juzgamiento imparcial del procesado, sino únicamente la deliberación sobre la imposición de medidas cautelares (detención u otras).
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