Abril 18, 2997
Proceso 1237

El necesario replanteamiento de la Universidad de El Salvador

    No es fácil opinar sobre la situación actual de la Universidad de El Salvador. Y ello por varias razones, entre las que destacan: los distintos intereses en juego en su interior, las relaciones de poder —gremiales, estudiantiles, sindicales e institucionales— en que se articulan esos intereses, las pasiones involucradas y la propensión de algunos sectores universitarios a convertirlo todo en pugna ideológica. No faltará quien diga que nadie, desde fuera, tiene derecho a involucrarse o a comentar sobre asuntos que son competencia de la comunidad universitaria, sobre todo si no se tiene la información suficiente. O también que, al hacer énfasis en tal o cual aspecto de su problemática, lo que se hace es prestarse al juego de uno de sus sectores, en detrimento de los demás.
    No hay que tomarse a la ligera ambas objeciones, porque algo hay de cierto en ellas. Hablar desde fuera y sin la información suficiente acerca de lo que sucede en la universidad nacional puede llevar a imprudencias que, lejos de contribuir a resolver sus problemas, los compliquen aun más. Asimismo, hablar sin conocer bien los asuntos que se debaten internamente —que no necesariamente son sólo de tipo económico— puede llevar aemitir juicios que favorezcan no las posturas más razonables, sino las que menos apoyo merecen. Porque la cuestión no estriba en respaldar o no a uno de los sectores involucrados en la problemática interna de la universidad, sino en si ese respaldo es merecido. Y merecido no por simpatías ideológicas, sino porque está más en sintonía con el bienestar de conjunto de la comunidad universitaria y con el desarrollo y fortalecimiento institucional de la universidad.
    No obstante las objeciones anteriores, no está fuera de lugar reflexionar sobre la situación de la Universidad de El Salvador, cuyos problemas —en cuanto máxima institución nacional de estudios superiores— son competencia del conjunto de salvadoreños y salvadoreñas y no sólo (ni exclusivamente) de quienes se desenvuelven, como administrativos, docentes, investigadores y estudiantes, en su interior.
    Este último punto merece ser destacado con fuerza. Porque pareciera ser que en la universidad nacional se ha incubado un pernicioso “patrimonialismo”, en virtud del cual algunos de sus sectores se creen dueños de los destinos de la institución. Movidos por esa autopercepción, se toman atribuciones como las de paralizar las actividades universitarias cada vez que lo consideran oportuno. Y el conjunto de la universidad debe someterse a sus disposiciones.
    No se está hablando aquí de lo justo o injusto de las razones (o demandas) que puedan tener esos sectores para alterar el ritmo del quehacer universitario, sino de su decisión de hacer esto último sin mayor problema.  Prácticamente, la institución como un todo es manejada a discreción suya, subordinada a sus demandas que, aun con todo y lo justas que pudieran ser, son las de un sector particular de la universidad.
    Así, el todo universitario termina por someterse a los designios de una parte, que por lo general se aliena de ese todo —del resto mayoritario de la comunidad universitaria— que, con indiferencia y pasividad, acata los cierres forzados de la institución. Hacia fuera, la sociedad ya se acostumbró a que grupos determinados de la universidad —estudiantes organizados, sindicalistas o administrativos— decidan, de un día para otro, paralizar las actividades como forma de presión para que sus demandas sean satisfechas.
    Salvo las autoridades universitarias —que tienen el mando institucional formal en sus manos—, los distintos grupos de presión al interior de la universidad han hecho suya la potestad de paralizarla cuantas veces se les antoje. Tal potestad no sólo revela la enorme debilidad institucional en el máximo centro de estudios —porque la discrecionalidad individual y grupal es síntoma de debilidad institucional—, sino la ausencia de un compromiso de fondo con su desarrollo y fortalecimiento institucional como un todo.
    Es decir, quienes detienen abruptamente las actividades universitarias debilitan a la institución más de lo que cualquiera se pueda imaginar. Convierten el paro de actividades en la forma privilegiada de presión a ser seguido por los distintos sectores, sin importar el carácter de sus demandas; ponen intereses particulares por encima de los intereses más generales de la comunidad universitaria y de la sociedad; rompen la continuidad del trabajo universitario, docente y de investigación, con lo cual el conocimiento se ve interrumpido por circunstancias ajenas al mismo; restan credibilidad y seriedad a la universidad, en el sentido que, desde la sociedad, se percibe en su interior caos y anarquía. 
    En fin, no se está diciendo que en la universidad nacional no deben existir inconformidades o reclamos hacia las autoridades. Lo que aquí se apunta es que esas inconformidades o reclamos deben procesarse sin poner en juego su desarrollo y fortalecimiento institucional. Urge, en este sentido, una reforma universitaria que erradique o por lo menos controle al máximo la posibilidad de que desacuerdos puntuales entre los sectores que conforman la comunidad universitaria se traduzcan en una desestabilización institucional tal como sucede en la actualidad.
    Se impone, por tanto, hacer un replanteamiento de la Universidad de El Salvador. Hay inercias del pasado —organizativas, ideológicas, reivindicativas— que deben ser superadas. En la necesaria redefinición de la universidad nacional debería quedar erradicada la posibilidad de que sectores suyos utilicen el cierre del campus, con la subsiguiente suspensión de actividades, como medida de presión ante las autoridades universitarias. Esto supone superar la concepción de que para asegurar la satisfacción de una determinada demanda se debe ejercer la medida de presión más extrema que pueda haber, sin considerar los daños que ello pueda acarrear o asumiendo que esos daños serán responsabilidad de quienes no cedan a las exigencias planteadas.
    En otras palabras, una redefinición de la Universidad de El Salvador debe terminar con el patrimonialismo vigente en su seno. El fortalecimiento institucional es el mejor camino para ello.

Elecciones 2009:
personalismo político y ausencia programática

    Los ritmos institucionales, en El Salvador, no coinciden con los tiempos políticos ni con las dinámicas partidistas. Cuando aún faltan dos años para las elecciones presidenciales, los partidos políticos ya han comenzado a montar sus estrategias electorales. De manera habitual, parte de las tácticas empleadas por estos institutos ha consistido en anunciar posibles nombres de candidatos oficiales. En esa línea, ya miembros y dirigentes de ARENA, PCN y FMLN han difundido —o al menos han lanzado conjeturas al respecto—, algunos nombres con posibilidad de convertirse en “los elegidos”.
    Debido a este despunte de figuras —la mayoría reconocidos líderes municipales, políticos, empresarios y hasta un periodista—  es necesario evaluar la situación de manera detenida. En primera instancia, es preciso analizar el peso del evento electoral de 2009. En segundo término, cuál debe ser el factor clave a considerar: si la postulación de los candidatos o, más bien, los diagnósticos sobre el país, planteados por los partidos políticos en sus propuestas concretas.

El significado de 2009
    Si bien todo evento electoral crea expectativas en los actores políticos y en la sociedad, los comicios de 2009 adquieren una especial relevancia. El carácter extraordinario es claro al recordar que aquellos serán generales –es decir, se decidirán todos los puestos públicos de los distintos niveles de gobierno— tal como sucedió en 1994,  cuando se realizaron las llamadas “elecciones del siglo”. A su vez, representa una oportunidad más para que por fin se produzca la alternancia en el poder. En ese sentido, ARENA buscará afianzar sus posibilidades de hacerse con un quinto periodo en la presidencia del país y consolidar, con ello, su proyecto neoliberal impulsado desde el inicio de su asenso al Ejecutivo. Un proyecto que no ha producido el anunciado desarrollo social producto de la mano invisible, sino el aumento de las desigualdades sociales.
    Por su parte, para el FMLN representa una oportunidad para demostrar sus capacidades y su experiencia acumulada. Sin embargo, más allá de este logro partidista, la llegada de un proyecto de izquierda a la presidencia pudiera representar la oportunidad para impulsar un proyecto político alternativo, que busque el desarrollo equitativo de la sociedad. Así las cosas, la contienda electoral es un juego de suma cero para los partidos políticos en competencia; sin embargo, esta perspectiva cambia al incluir en el análisis a la población. Con un quinto gobierno de ARENA, ganan las elites empresariales y financieras, pues tendrían la libertad para continuar con el modelo de libre mercado; reducir aún más el tamaño del Estado, en términos de sus funciones y competencias; mantener la impunidad e inoperancia en el sistema de justicia; y debilitar, en definitiva, la institucionalidad democrática obtenida desde los Acuerdos de Paz.
    Por tanto, no será de extrañar que el partido oficial utilice su demagogia, sus campañas de desinformación y miedo, así como el impulso de medidas sociales –insuficientes en términos de alcance y efectividad— para obtener el respaldo de los votantes y garantizar su continuidad en el gobierno. Al examinar quién sería el perdedor en este caso, este salta a la vista de inmediato: la población en general, aquellos sectores mayoritarios ajenos a los círculos de influencia y esferas económicas, vería su futuro aún más incierto al aumentar las desigualdades sociales mediante las políticas del partido de derecha.
    Por otro lado, si en 2009 el FMLN obtiene la presidencia, así como un mayor protagonismo en la arena legislativa y en el ámbito municipal, lograría una victoria histórica en el país. Se convertiría en  la primera fuerza de izquierda en el poder. Este eventual gane traería, al menos como aspiración para muchos sectores, algunos beneficios a las mayorías afectadas por la brecha social y económica y a la espera de un verdadero desarrollo nacional. No obstante, para lograr esa victoria y demostrar su compromiso con las mayorías, el FMLN no sólo debe presentar una formula presidencial acertada, aunque este sea un factor decisivo en términos de obtención de votos y simpatías. Sobre todo, el FMLN deberá diseñar un programa de gobierno claro, oportuno, viable y acorde a la situación del país.
    Las buenas intenciones y los discursos son insuficientes para gobernar; en cambio, las políticas públicas precisas y el diálogo como instrumento deben prevalecer en el ejercicio del poder. Esos son algunos retos que los partidos políticos en contienda deberán superar, a fin de gobernar el país de manera efectiva. En perspectiva, pues, las elecciones de 2009 darán paso bien a una ruptura, bien a una continuidad. Ruptura, en el sentido de eliminar lo establecido hasta ahora. Para ello, es necesaria la construcción de un proyecto ético-político inclusivo y democrático, con una visión de país que parta desde la población. Continuidad, entendida como la vigencia del proyecto económico impulsado por la derecha en El Salvador y sus implicaciones para el conjunto de la sociedad.

Posibles candidatos
    Las reglas del juego democrático en 1994 le brindaron al FMLN su primera oportunidad de competir por la presidencia del país. En 2009, se cerraría un primer ciclo de estas nuevas reglas y con ello se abre, de nuevo, la posibilidad de la alternancia en el poder. Por ello, el partido de izquierda ha dedicado parte de su tiempo a construir un clima de opinión pública, que le permita obtener la atención de la ciudadanía. Así, ha difundido al menos seis nombres de posibles candidatos a la presidencia en 2009, aun cuando la dirigencia del partido sostiene que los procesos internos –establecidos en los estatutos—  deberán ser el filtro para determinar al candidato oficial.
    De momento, en la lista de potenciales candidatos se incluye a miembros de la dirigencia como Sigfrido Reyes, vocero del partido; Salvador Sánchez Cerén, jefe de la fracción legislativa; actuales jefes municipales, como Violeta Menjívar, alcaldesa de San Salvador; Carlos Ruiz, alcalde de Soyapango; y Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla; y al periodista Mauricio Funes. Por su lado, en ARENA se han mencionado como posibles candidatos a César Funes, actual director de ANDA, así como figuras empresariales. Finalmente, el PCN, al parecer, impulsaría la candidatura de Will Salgado, actual alcalde de San Miguel, sin importar su peculiar estilo de gobierno, ni sus escándalos e irreverencia.
    En la actual coyuntura, el anuncio del FMLN ha suscitado diversas reacciones, sobre todo, ante la posibilidad de que Mauricio Funes sea elegido como candidato. Por su parte, ya algunos miembros de ARENA, y los medios de comunicación afines, se han dedicado a restar méritos a la candidatura del comunicador. Sin embargo, este último no ha ventilado públicamente su postura y se ha limitado a comentar que esas decisiones deben ser tomadas por el FMLN y sus bases. De este debate ya iniciado sobre la idoneidad de los candidatos, se desprenden algunas conclusiones importantes.
    En los sistemas políticos presidencialistas de América Latina, es común el predominio de figuras políticas determinadas y el énfasis de los partidos políticos en presentar al candidato con la mejor sonrisa y mayor disposición a abrazar a sus posibles votantes. Esta tendencia, considerada una de las debilidades de esta forma de gobierno por sus efectos en términos de división de poderes y gobernabilidad, ha demostrado favorecer en gran medida a los partidos políticos, pues el candidato presidencial suele ser el centro de atención de los procesos electorales.
    Sin embargo, este personalismo político muchas veces impide caer en la cuenta de que si bien las figuras mediáticas son fuentes de votos, el insumo relevante para evaluar alternativas debe ser la propuesta programática de los institutos en contienda. Dicho en otras palabras, el énfasis en los candidatos resulta inoportuno e insuficiente si no se acompaña y apoya con una propuesta de gobierno. En ese sentido, de nada contribuye centrar el debate en torno a los personajes o figuras consideradas por los políticos como principal atractivo para el electorado. Para determinar la opción política favorable, es necesario detenerse en las propuestas. Este es un aspecto en el cual los partidos salvadoreños siempre han adolecido de deficiencias, al no partir de un diagnóstico acertado sobre la realidad, ni diseñar verdaderas soluciones. Si bien el salvadoreño promedio, debido a su cultura política, no suele elaborar un análisis de tales propuestas para orientar su voto, es indispensable que los partidos tomen conciencia de que las formulas electorales no lo son todo.

Economía y política social en América Latina

    La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó el documento Perspectivas económicas: Las Américas en el que detalla el desempeño económico de Latinoamérica en el periodo que va de 2004 a 2006, al tiempo que proyecta el quehacer de la región hasta 2008. En términos generales, el documento sostiene que en los últimos años se ha registrado un mayor crecimiento como resultado de políticas económicas más sólidas y un entorno externo favorable. No obstante, también señala que las mejoras en la reducción de la pobreza y el desempleo no pueden mantenerse sin un crecimiento sostenido y una mejor distribución de ingresos.

Los indicadores económicos
    Según el FMI, el 2006 fue un año de buenos resultados para América Latina y el Caribe. Los datos muestran que el producto de la región creció a una tasa promedio de 5.5% —un punto porcentual arriba que la tasa promedio registrada en 2005—, tasa levemente superior a la del crecimiento mundial. En base a las cifras, la entidad piensa que en los últimos dos años se registró un crecimiento económico sin precedentes, ya que un poco menos de un tercio de países de la región crecieron a tasas del 7%. Debido a este crecimiento, los niveles de pobreza y desempleo tuvieron una reducción, al tiempo que disminuyó la desigualdad de ingresos. Este aspecto es muy importante, pues constituye una caída de la desigualdad tras varias décadas caracterizadas por la concentración del ingreso.
    Según el documento del FMI, los indicadores macroeconómicos tuvieron una evolución favorable. La tasa de inflación promedio cayó al 5%, aunque se mantienen fuertes diferencias con el indicador en varios países. Como dato interesante, los saldos fiscales y las cuentas corrientes registraron niveles máximos que alcanzaron el 2.8% y el 1.7% del PIB, respectivamente. Las tasas de deuda pública como proporción del PIB también bajaron un poco, al tiempo que se dio una mejor estructuración del endeudamiento público.
    Para 2007 y 2008, el FMI prevé que la tasa de crecimiento promedio disminuirá al 5% y 4.25%, respectivamente. Esto sería a raíz del menor ritmo de expansión en algunos países y a una situación externa menos favorable. En la misma dirección, la inflación podría subir en los países con alta utilización de su capacidad instalada, pero no lo suficiente como para afectar la inflación promedio de la región. También se prevé un aumento en la demanda interna debido al aumento del gasto público. Dicho aumento podría reducir los superávits externos y fiscales. Debido a estas proyecciones, el FMI resalta la necesidad de poner freno al incremento de las erogaciones públicas, especialmente a aquellas relacionadas con el gasto corriente.
    En el documento también se examina la sensibilidad del crecimiento de la región al entorno externo. A pesar de los avances en materia económica, los países deben trabajar para reducir el impacto de los shocks externos en sus economías. Para ello, se requieren progresos en la reducción de los niveles de deuda pública, mejor elaboración de los presupuestos y la búsqueda de tipos de cambio más flexibles. En el sector externo, se debe trabajar en la diversificación de la estructura de las exportaciones. A mediano plazo, se requieren fuertes alzas en la inversión y la productividad para elevar sustancialmente el ingreso per cápita en América Latina.

Los resultados sociales
    En esta semana, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) presentará en España su informe sobre la situación social de la región: Panorama social de América Latina 2006. Según el documento, el periodo 2003-2006 puede calificarse como el de mejor desempeño económico y social en los últimos 25 años. En sintonía con el FMI, la CEPAL sostiene que en los últimos cuatro años se ha reducido el desempleo y mejorado la distribución del ingreso gracias a la expansión económica de Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de los avances en la lucha contra la pobreza, se deben tomar en cuenta en el análisis la baja calidad de los nuevos empleos generados y la inestabilidad económica de la región.
    En el Panorama Social de América Latina 2006 se presentan las más recientes estimaciones sobre la magnitud de la pobreza realizadas por la CEPAL. El informe menciona que, en 2005, el 39.8% de la población vivía en condiciones de pobreza —209 millones de personas— y un 15.4% —81 millones de personas— en situación de pobreza extrema o indigencia. En base a proyecciones, en 2006, el número de pobres cayó a 205 millones y la cifra de personas en extrema pobreza al de 79 millones.
    El informe también destaca que en la mayoría de países no ha cambiado la calidad del empleo asalariado a pesar de los avances mostrados por los indicadores de pobreza. En la investigación, la calidad del empleo asalariado fue analizada mediante la observación de los salarios reales, los diversos tipos contrato de trabajo y la prestación de servicios de seguridad social a los trabajadores. En este sentido, el informe señala que los actuales niveles de cobertura de seguridad social impiden avanzar a un sistema de pensiones que otorgue seguridad en el largo plazo.
    Otro de los aspectos que destaca el informe de CEPAL es la distribución de los ingresos en la región. Según las diversas encuestas de los países latinoamericanos, el estrato social conformado por el 40% de los hogares con menor capacidad adquisitiva capta, en promedio, un 14% del ingreso total. Por otro lado, el 50% de los hogares que se ubican en la zona media y media alta de la estructura de la distribución del ingreso —estrato social con un nivel de ingreso por encima del estrato anterior— capta alrededor del 50% del total de ingresos generados en el país. El 10% de hogares restantes —el estrato social más rico— obtiene un 36% del ingreso total.

Un aspecto que incide directamente en la distribución de los ingresos es la desigualdad salarial. Según la CEPAL, entre los factores que determinan el nivel de los salarios, la educación continúa siendo el más importante. Por esa razón, la mayor parte de la concentración de los ingresos salariales proviene de las diferencias educativas de la población expresadas en la disparidad en los años de escolaridad y en el rendimiento económico de cada año adicional de estudios. Este último aspecto es de suma importancia para los sectores medios, pues impulsa a los estudiantes a mayores grados de especialización y tecnificación en sus respectivos estudios.
    En base a lo anterior, los gobiernos de la región se han dado cuenta de que una de las formas para enfrentar la inequidad es la promoción de la educación en todos los estratos sociales, especialmente en los más pobres. No obstante, esto permite enfrentarse a otro problema: la calidad de la educación. La masificación de la educación no siempre está acompañada de mejoras sustanciales en la calidad. En este sentido, la masificación de los estudios sin aumentos en la calidad impide que los estudiantes aumenten sustancialmente el nivel de productividad en base a mayores niveles de estudios. Cuando la educación es de baja calidad, la variación de la productividad entre dos o tres años de diferencia en el nivel educativo es muy pequeña. Esto impide, en cierta manera, la especialización académica de los estudiantes.

Consideraciones para El Salvador
    La situación económica de El Salvador es diferente a la de otros países de la región. Mientras en los últimos años la tasa de crecimiento promedio en Latinoamérica fue de 5.5%, el incremento promedio del PIB en el país se acercó al 2.2%. Esto muestra que el dinamismo de la economía local estuvo por debajo del ritmo de expansión que tuvo América Latina. Debido a una tasa de crecimiento baja, los avances en materia social experimentados en otros países no han sido notorios en el país.
    Ahora bien, hay que destacar que la economía del país no sólo atravesó una fase de menor dinamismo que el resto de economías de la región, sino que también vio el deterioro de algunos indicadores macroeconómicos. Mientras que el informe del FMI califica como positivo la reducción de la deuda externa, el déficit fiscal y déficit de cuenta corriente en la región, El Salvador incrementó su nivel de deuda en relación al PIB y vio deteriorado el nivel de su déficit fiscal y de cuenta corriente. El lento crecimiento de la economía también se manifiesta al comparar a El Salvador con los países centroamericanos: la tasa de crecimiento del Istmo (4.0%) también supera la tasa de crecimiento promedio del PIB nacional.
    Según la CEPAL, todos los países muestran avances en su política social gracias al mayor dinamismo de sus economías. Esta mejoría también incluye a El Salvador, no obstante, los avances obedecen a otra dinámica en el funcionamiento de la economía. La ampliación de la política social en el país fue a costa del deterioro de los indicadores macroeconómicos, pues el crecimiento del gasto público tuvo como contrapartida el aumento del déficit fiscal y la deuda externa. Debido a que la economía fue incapaz de generar recursos propios para atender las necesidades de los grupos más vulnerables, el gobierno tuvo que financiar el gasto mediante el déficit y el endeudamiento. Mientras en otros países el crecimiento fue suficiente para aumentar el gasto social y reducir el nivel de endeudamiento, en El Salvador sucedió lo contrario: el lento crecimiento llevó al gobierno a financiar sus actividades mediante el endeudamiento público.

La problemática de la UES

    La Asamblea Legislativa aprobó en diciembre de 2005 el Decreto 934 para aumentar el salario a empleados públicos sin escalafón. La institución universitaria no aplicaba al decreto, pero logró del gobierno un aumento a su presupuesto por $10 millones. Autoridades y consejos de la Universidad de El Salvador (UES) definieron que $1.9 millones fueran distribuidos a los empleados, según la regla del escalafón —31% del salario devengado—. El gobierno otorgó el primero de dos desembolsos en junio de 2006. No obstante, en esa coyuntura algunos sectores de empleados protestaron y solicitaron una distribución equitativa de los bonos y no por regla escalafonada.
    Las protestas realizadas por los empleados del sindicato se mantienen desde el año pasado. Sin embargo, se hicieron más intensas a partir  del día 10 de abril. En esta ocasión el paro de labores y cierre indefinido de las instalaciones de la UES se han llevado a cabo por algunos miembros del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad de El Salvador (SETUES), quienes demandan se les dé un bono de $300. El conflicto se originó por la forma en cómo serán distribuidos el millón 959 mil 454 dólares que entregó el Ministerio de Hacienda a la UES.
    Las amenazas de paralizar labores y toma de las instalaciones iniciaron desde antes de las vacaciones de Semana Santa. El paro ha  generado crítica y rechazo en la comunidad universitaria —de sus más de 40 mil estudiantes y de la mayoría de sus docentes—. Según las autoridades universitarias, las demandas y justificaciones del SETUES no tienen ninguna validez, ya que el Consejo Superior Universitario (CSU) había dado la aprobación del bono para los trabajadores. Sin embargo, la demanda sindical apunta a la distribución equitativa para los empleados de la institución de los 300 dólares ya mencionados.  Por su parte, el CSU aprobó asignar el bono de un modo que fuera acorde al salario de las y los trabajadores. Esta medida generó descontento en algunos agremiados del SETUES lo que los llevó a iniciar la actual huelga.
    El 10 de abril, las autoridades de la UES se pronunciaron oficialmente acerca de la decisión del SETUES. Las declaraciones brindadas a la prensa nacional reflejan su descontento ante dicha situación. En un primer momento se apeló al cumplimiento del Reglamento Disciplinario y la Ley Orgánica de la institución. “Aplicaremos medidas disciplinarias a estas personas”, afirmó la rectora María Isabel Rodríguez, quien aclaró a los medios de comunicación que este proceso no se detendrá aunque se negocie con el sindicato. “En el capítulo dos del Reglamento Disciplinario de la Universidad, el artículo 11 dice que son infracciones graves las siguientes: disponer del patrimonio de la universidad contraviniendo sus fines y objetivos”, agregó la rectora.
    En esta misma línea, Rodríguez detalló que la Asamblea General Universitaria (AGU) acordó interponer una denuncia ante el Juzgado Primero de lo Laboral con el objetivo de dar fin al conflicto, además, de aplicar la normativa de la institución. La medida fue tomada debido a dos factores: el primero, los miembros del SETUES habían acordado no afectar al alumnado, y, segundo, ya se les había solicitado en reiteradas ocasiones  devolver las instalaciones y actuar con cordura.
    El sindicato, por su parte, se mantiene en su postura, pese a que sus dirigentes conocen las consecuencias del incumplimiento al Reglamento Disciplinario y a la Ley Orgánica. Flor de Hidalgo, del SETUES, expresó que pese a que les han abierto expedientes disciplinarios y han sido demandados ante los tribunales, no abrirán la UES, aunque sí quieren negociar con las autoridades. “No estamos de acuerdo con la decisión de que cada empleado reciba un 31 por ciento en base a su salario, ya que esa medida beneficiaría más a los docentes que a los demás empleados”, sostuvo Hidalgo en una entrevista ofrecida a un matutino. Por su lado, Alfredo Martínez, Secretario General del sindicato, sostuvo que las medidas de presión tomadas serán indefinidas hasta que el CSU apruebe el monto que ellos piden para el bono.

Los desacuerdos ante la problemática
    Para unos, la paralización de las actividades universitarias por el SETUES es inaceptable. Por ejemplo, el Movimiento de Profesionales de la Universidad de El Salvador (M-PROUES) ha manifestado su desacuerdo con el cierre del recinto universitario. “El sindicato se había comprometido, al menos verbalmente, en permitir la entrada de estudiantes, esto para que la reivindicación salarial no afectara a la comunidad universitaria”, indicó René Martínez, Coordinador General de M-PROUES. Este movimiento, además, condenó este tipo de acciones, debido a que atentan contra el derecho del estudiantado. “Estas son labores (cierre de la universidad) bastante oscuras, porque se atenta contra la educación de casi 50 mil estudiantes”, agregó el coordinador de M-PROMUES.
    Los estudiantes de la UES, también, han expresado su descontento con las medidas tomadas por parte del sindicato y le han exigido la reapertura de la institución. El Movimiento de Docentes por la Dignificación y Desarrollo de la UES (MDUES) ha apoyado a los estudiantes en su petición, apelando a la normativa de la institución, la cual advierte que, al permanecer en inactividad académica y administrativa, se de por clausurado el ciclo vigente. En este sentido, es necesario que los miembros del SETUES valoren los derechos de la comunidad universitaria. Hay que tomar en consideración, asimismo, que existen carreras como Agronomía, Medicina e Ingeniería que requieren prácticas de campo y que difícilmente podrán ponerse al día con sus programas académicos.

Huelga ilegal
    El pasado 17, el Juzgado Primero de lo Laboral de San Salvador declaró ilegal la huelga que mantienen los miembros del SETUES. La resolución emitida por el juzgado otorga un plazo de 48 horas para que los huelguistas terminen con su protesta, que incluye suspensión de labores y cierre total de la UES. Ante este dictamen se esperaba que esta gremial suspendiera sus actividades; sin embargo, hasta el momento de cierre de esta edición de Proceso, la  huelga continúa. Ante la negativa, la rectora, María Isabel Rodríguez, aseguró que tomará las medidas necesarias en contra de aquellos empleados que llevaron a cabo el cierre de las instalaciones, debido a que esto ha generado costos económicos para la universidad y pérdida de clases para los estudiantes.
    En síntesis, el sindicato SETUES tiene todo el derecho de no estar de acuerdo en la forma en cómo se repartirían los bonos; empero, ello no justifica sus acciones y menos cuando estas atentan contra el buen funcionamiento de la principal universidad del país y cuando se afecta a más de 40 mil estudiantes. La inconformidad de un sector universitario no puede convertirse en un factor de desestabilización institucional. Los miembros del SETUES están obligados no sólo a respetar el derecho de estudiantes y docentes a no ser entorpecidos en el desempeño de sus obligaciones, sino a respetar las leyes de la República. Y esto no vale sólo para el SETUES, sino para cualquier sector universitario que crea que para ver satisfechas sus demandas el cierre de la universidad es la mejor medida de presión.

CAFTA-DR  versus proceso de integración centroamericano

    El proceso de integración de América Central data desde 1951 con la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y desde 1960 con el Mercado Común Centroamericano (MCCA). En esa época, se pretendía una política de integración plasmada e impulsada por instrumentos jurídicos formales, cuyo objetivo era alcanzar la unificación, económica, social y política, bajo procesos democráticos a favor del desarrollo de los países centroamericanos. Las razones por las que el proyecto de integración regional ha sido lento son muchas; las explicaciones, variadas, y no es el objetivo aquí dar una respuesta a tan complejo problema.
    Empero, si es relevante traer a cuenta que la región ha experimentado avances y retrocesos en su proceso de integración. Durante los años ochenta, hubo un estancamiento debido a los conflictos armados ocurridos en algunos países del área (Nicaragua, El Salvador, Guatemala) los cuales se agudizaron y obligaron a los gobiernos de turno a focalizar esfuerzos y recursos en proyectos político-militares de contra-insurgencia. Luego, en los años noventa, superados los conflictos armados, el área buscó avanzar y profundizar en los proyectos regionales de integración con el objetivo de lograr una inserción más efectiva en el comercio internacional.
    El reinicio de las gestiones del proceso incluye la suscripción de varios acuerdos importantes: El Protocolo de Tegucigalpa, que define las áreas de acción y el marco institucional del Sistema de Integración Centroamericano; el Protocolo de Guatemala, en el marco de la integración económica; y el Tratado Marco de Seguridad Democrática, enfocado a enfrentar los retos de la seguridad y el fortalecimiento de los regímenes democráticos.
    Ahora bien, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR (por sus siglas en inglés) ha generado cuestionamientos acerca de la conveniencia de la integración centroamericana. Las respuestas a esa inquietud, sin duda, pueden darse desde las distintas áreas académicas: jurídica, económica y política, entre otras. Sin embargo, ahora conviene enfocarse en la primera.
    En primer lugar, hay que decir que con la vigencia del CAFTA se presenta una coexistencia de regímenes jurídicos entre los países centroamericanos por la normativa regional vigente. Esa coexistencia está referida a la concurrencia de la normativa del CAFTA y MCCA y la forma en que dichos marcos jurídicos se aplicarán en una misma área, en materias comunes.
    La concurrencia de normas entre el CAFTA-DR y MCCA sucede en aspectos como la regulación de las reglas de origen, medidas sanitarias, obstáculos al comercio, salvaguardias, derechos antidumping y solución de controversias. Lo anterior plantea la posibilidad de que una misma materia sea regulada por distintos instrumentos jurídicos y que,  por tanto, sea necesario elegir cuál de ellos regirá finalmente la misma. No obstante, hay que tener presente que el CAFTA-DR no fue negociado ni ratificado como bloque regional frente a EEUU y, en ese sentido, la aplicación del mismo no es de carácter multilateral, es decir, de aplicación entre todos los países miembros, sino de manera bilateral –entre cualquier Estado de Centroamérica con Estados Unidos y viceversa—. Ello, lógicamente, genera un conflicto a la hora de elegir qué normativa ha de aplicarse en el caso de una materia regulada por ambos acuerdos.
    Este conflicto salta más a la vista al observar el artículo 1.3, párrafo 2, del CAFTA: “nada en este Tratado impedirá a las Partes Centroamericanas mantener sus instrumentos jurídicos existentes de la integración centroamericana, adoptar nuevos instrumentos jurídicos de integración, o adoptar medidas para fortalecer y profundizar esos instrumentos, siempre y cuando esos instrumentos y medidas no sean inconsistentes con este tratado”.
    La disposición anterior da lugar a variadas interpretaciones. Por ejemplo,  algunos sectores afirman que el CAFTA dará un impulso importante a la integración pues “no sustituye los instrumentos jurídicos de la integración centroamericana, sino, más bien, que coexistirá con éstos convirtiéndose en el piso de las disciplinas que los países se comprometen a respetar en su comercio reciproco”. Por otro lado, se afirma que el convenio condiciona el proceso de integración centroamericano ya que, según la cláusula citada, no se toman en cuenta las circunstancias económicas y políticas del área sino las condiciones que impone el CAFTA.
    En este debate, lo que resulta claro de la disposición anterior es que en caso de existir cualquier norma de la integración contraria al CAFTA- DR, prevalecerá el Tratado de Libre Comercio. Ello, sin lugar a dudas, propone que las normas que regirán el proceso estarán subordinadas al acuerdo comercial, sin que éste sea un tratado marco. Y, por si fuera poco, una subordinación de los instrumentos regionales frente a un tratado comercial con un país que no forma parte de la integración centroamericana.
    En este sentido, surgen las siguientes interrogantes: En el nuevo contexto, ¿es posible el avance en la integración que se ha anhelado desde hace largo tiempo en América Central? Y si lo fuera, ¿qué modelo de integración se pretende instaurar?
    Como sabemos, Centroamérica no escapa de los procesos de globalización que trae consigo, entre otros aspectos, una creciente proliferación de acuerdos comerciales. Para enfrentarse a este fenómeno, la región necesita de un equilibrado proceso de integración democrático que ayude, entre otras cosas, a combatir la pobreza y las desigualdades económicas y sociales.
    La integración no significa exclusivamente la regulación del flujo comercial y las inversiones; también debe contener una buena dosis de solidaridad y democracia. Por tanto, a través de los tratados de la integración, se debe buscar el beneficio de todos: personas, empresas y Estados. En ese sentido, los Estados Centroamericanos deben buscar la unificación económica, política y social.
    No obstante, el reinicio del proceso que data desde 1990 no ha sido impulsado con los mismos objetivos de las décadas previas. Parece ser que las instituciones de la integración carecen de la suficiente capacidad ni el suficiente carácter vinculatorio para crear la plataforma jurídico-institucional que formalice las relaciones económicas y sociales entre los países del istmo. Dicho en otras palabras, el proceso se hace fuera del marco de los tratados e instituciones de la integración.
    La primacía del CAFTA es un ejemplo claro de obviar la existencia de las instituciones y normativas de la integración, con el fin de permitir la internacionalización de los capitales privados, lo cual deja de lado las políticas a favor de antiguos y profundos problemas del área: la pobreza y la brecha de desigualdad entre ricos y pobres.
    El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y su régimen sobre la integración de América Central, tiene consecuencias importantes —más negativas que positivas— en el proceso de integración regional. En el nuevo escenario, se debe evaluar si la integración definida previa al CAFTA continúa siendo viable o si, más bien, es necesario redefinirla a raíz de las nuevas consideraciones que el acuerdo comercial introduce en la aplicación de la normativa regional vigente.

Extorsiones, ¿bajan o no?

    Según los registros estadísticos de la PNC, las extorsiones han tenido en los últimos años un incremento inusual en relación a otros delitos. Según sus propias estadísticas, en los años 2003, 2004 y 2005 las cifras denunciadas de extorsiones en el país fueron de 289, 314 y 493 casos respectivamente. Sin embargo, para el año 2006, el total de denuncias ascendió a 2,145 casos, representando un aumento del 435 por ciento en relación al año anterior.
    A partir de las demandas prevenientes de diferentes sectores de la sociedad en torno a esta grave situación, el Ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa y el Director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, han expresado en diversos espacios de comunicación el enorme esfuerzo que están haciendo para combatir este delito. Así, como una muestra de ese esfuerzo, en una conferencia ofrecida el 2 de abril a los medios de comunicación, informaron a la población que las extorsiones en el país se habían reducido. Según el informe que presentaron, entre julio y septiembre de 2006 se registraron 1,009 casos de extorsión, y entre octubre y diciembre del  mismo año 794, lo que contrasta con las cifras reportadas en los primeros tres meses de 2007 en donde se consignan 614 casos. Aparentemente, las cifras presentadas suponen una reducción del 39.1 y del 21.5 por ciento en relación con los últimos dos trimestres del 2006, respectivamente.
    Sin embargo, estas cifras han causado mucha polémica en diversos sectores sociales del país, particularmente entre el sector del transporte público, cuyos voceros aseguran que diariamente siguen pagando renta a los extorsionistas. Otro aspecto del informe policial que generó rechazo entre ciertos pobladores fue el señalamiento de municipios en donde no existen casos de extorsiones. Específicamente, el informe menciona los municipios de Intipucá y Chirilagua, que son ejemplos de territorios libres de extorsiones. Sin embargo, según lugareños de esos mismos municipios, los delitos de extorsión siguen ocurriendo en esas zonas y de ninguna manera se han erradicado.
    En el caso de estos delitos, nos encontramos nuevamente con un “viejo vicio” que lejos de ayudar a clarificar la dimensión del delito ocurrido en El Salvador, lo oscurece. Nos encontramos con el problema de los indicadores estadísticos que miden el delito. El principal problema de los informes de la policía, particularmente el informe de los casos de extorsiones, es que toman como indicador la denuncia del delito, lo cual, como puede suponerse, no es un indicador del todo fidedigno para conocer de forma certera el aumento o reducción de ciertos delitos, ya que presupone que todos los que han sido victimizados denunciaron el hecho ante una autoridad.
    En ese sentido, la encuesta de evaluación del año 2006 del IUDOP es muy reveladora cuando al preguntar si aquellos ciudadanos que habían sido víctimas de algún delito habían denunciado el hecho ante alguna autoridad. El resultado fue que sólo el 36.1 por ciento de las personas victimizadas en 2006 contestó de forma afirmativa a la pregunta. Al retomar estas cifras, podríamos inferir que hay un sub-registro del 60 por ciento de todos los delitos que ocurren en el país, incluyendo entre ellos  las extorsiones.
    El problema del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil es que, aunque conocen la diferencia entre “delito cometido” y “cifra denunciada”, no son cautelosos al presentar estos datos. Lejos del triunfalismo con el que presentan esta información, estas instituciones de seguridad deberían presentar con absoluto cuidado estos indicadores ya que éstos podrían ser utilizados en su contra. En primer lugar, aunque se aceptara, tal y como afirma la policía, que se dieron sólo 614 extorsiones en los primeros tres meses del año 2007, esta cifra es todavía más alta que los 493 casos que se registraron en los doce meses del año 2005, por lo que todavía no se puede considerar un triunfo en lucha contra las extorsiones. En segundo lugar, no hay que desestimar la probabilidad que en el primer trimestre de 2007 se hayan reducido a 614 los casos de extorsión porque la población ha decidido no denunciar el delito a las autoridades ya que, desde la perspectiva de muchos ciudadanos, esto no resuelve sus problemas. La misma policía menciona que de los 614 casos de extorsión que informó la PNC para el primer trimestre del 2007, la Fuerza de Tarea Antiextorsiones (FTA) ha iniciado la investigación de sólo 51, es decir, el 8 por ciento del total reportado. De los 51, sólo 23 han sido casos resueltos, lo que representa el 3.7 por ciento de los 614.
    También sobre este punto, las encuestas de evaluación del año del IUDOP puedan ayudar a visualizar el desgaste que la Policía ha tenido en la confianza de la  población. Así, según la encuesta de evaluación del 2004, el 57.1 por ciento de salvadoreños afirmó  tener mucho o algo de confianza en la policía; sin embargo, para el 2006 solamente el 38.4 por ciento confirmó tener ese nivel de confianza. En cuestión de dos años, la policía ha experimentado un descenso considerable de la confianza que la población tiene sobre ella.
    Las instituciones públicas en general deben aceptar que no es posible presentar a la opinión pública un informe de manera simplista. Y más aún cuando los salvadoreños son concientes de las serias limitaciones que tiene la policía para combatir el delito. Una muestra de ello son las respuestas que la población dio cuando en la encuesta de evaluación del año 2006 se preguntó por la causa principal por la que la PNC no ha logrado acabar con la delincuencia. Entre las respuestas más destacadas están: la insuficiente cantidad de policías, que los policías no están preparados, que han intereses políticos en la policía, que no cuentan con recursos ni apoyo, y que hay corrupción.
    Los datos anteriores están en consonancia con las recurrentes declaraciones de la ciudadanía al señalar con claridad que muchos de estos casos no se denuncian debido a la falta de confianza en el sistema de justicia. Ellos mismos testifican que en muchas ocasiones, los policías forman parte de las redes delincuenciales que cometen extorsiones y  ayudan a filtrar la información de la persona que hace la denuncia, lo que cierra toda posibilidad de que los ciudadanos puedan creer en este mecanismo. Así, la denuncia se percibe como un factor de riesgo adicional, que se suma a los  complejos y arriesgados factores que giran en torno a las extorsiones.
    Es por eso que la población salvadoreña, principal afectada por la violencia en El Salvador y principal víctima de la ineficiencia del sistema de justicia en el país, necesita que se le informe de una manera más profesional sobre la situación del delito. Posiciones triunfalistas sin un sustento sólido sólo pueden despertar una mayor desconfianza, de tal manera que se pueda pensar que existe una deliberada intención de manipular la información a conveniencia del ejecutivo, generando la sensación de engaño y encubrimiento, tal como ocurrió durante la implementación de los planes Mano Dura y Superdura.
    Ciertamente, las extorsiones se han vuelto un serio problema en El Salvador. La última encuesta del IUDOP reportó que el 10.4 por ciento de todos los hogares en el país conocía de algún familiar o persona que vivía en el hogar que había sido víctima de extorsión en ese año. La efectividad en la lucha contra este delito exige mejores diagnósticos sobre quiénes son los victimarios, el fortalecimiento de la capacidad investigativa de los casos, y el desarrollo de una estrategia policial efectiva para la aprehensión del delincuente. De lograrse esos elementos, y con ello la mejora en la efectividad de la policía, entonces sí se podría discutir con más seguridad si las extorsiones han bajado o no.

Siguen las víctimas de la emigración

    Desde décadas irrumpió para quedarse por largo tiempo en la agenda nacional e internacional así como en la vida de millones de familias alrededor del mundo, el tema migratorio. Desde entonces, ha sido preocupación oficial la llamada “ingobernabilidad” de las migraciones: sin leyes, procedimientos y estadísticas confiables; sin instituciones preparadas para enfrentar y administrar desplazamientos humanos con características nunca vistas;  sin capacidad de asumir y reaccionar ante las consecuencias y efectos que el fenómeno, de forma acelerada e imperceptible en el corto plazo, ha generando con múltiples dimensiones. Y aunque se afirme en espacios académicos que la emigración es tan antigua como la historia de la humanidad, no es posible sustraerse de los sentimientos de vergüenza e indignación que provoca el conocimiento de tantas historias de hombres, mujeres, niños y niñas sin documentos –compatriotas o no– que en ese escenario sufren violaciones a su integridad física y moral, a su derecho a la información, a su derecho a la reunificación familiar, a la defensa técnica, al desarrollo humano. 
    Y es que a pesar de los más de cinco recorridos por la “ruta del migrante” emprendidos por los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y funcionarios de otras instituciones nacionales en los últimos años, continúa el sufrimiento de innumerables compatriotas que traspasan fronteras en busca de oportunidades que no encuentran acá. Ellos y ellas siguen padeciendo hambre, sed, condiciones climáticas extremas, abusos de autoridad en Guatemala y México, además de enfrentar el riesgo de quedar mutilados por el tren, sufrir asaltos y otras vejaciones, o morir por la deshidratación en el desierto. Estas visitas –realizadas en cómodos vehículos con aire acondicionado, provistos de alimentación y bebida abundante– han sido, sobre todo, inocuas acciones político propagandísticas aunque las quieran presentar como importantes actividades indagatorias o de sensibilización.
    Es necesario, pues, darle a la dinámica migratoria indocumentada su justa magnitud. Las personas que emigran son víctimas involuntarias, pero reincidentes. En este país, el suyo, sufren por la violencia cada vez más insoportable o el régimen económico impuesto que las estrangula cada vez más. El Estado se desentiende de sus derechos económicos, sociales y culturales; léase: salud, educación, vivienda y trabajo. Por eso, la única opción que les queda es desintegrar su familia y buscar otros horizontes para ayudar a los suyos, aunque con la esperanza de un futuro reencuentro.
    Eso sucedió con Luis Fernando Ramírez, un joven del cantón Mizata en Teotepeque, departamento de La Libertad. A sus veinte años, decidió marcharse sin decirle a nadie. No contrató ningún coyote, porque no tenía recursos para hacerlo; igual su familia que sobrevive de la venta de ostras en las temporadas de vacaciones, lavando ropa ajena y recogiendo leña para vender. Para ayudarles se lanzó a tan peligrosa “aventura”.
    En cualquier país normal, la aplicación y calidad académica de Luis Fernando junto al liderazgo que demostró en su grupo juvenil parroquial, hubieran sido suficientes para triunfar. Pero no acá. Luis Fernado se fue sin avisar, pero mantuvo el contacto con sus parientes durante la travesía haciéndoles creer –para no afligirlos– que estaba trabajando en San Salvador. Lo cierto es que iba rumbo al norte del continente. En su trayecto pasó por la Casa del Migrante de Tecún Umán, en Guatemala; ahí le dieron un carné de identificación, que no soltó hasta que un agente policial estadounidense encontró su cadáver en Nuevo Laredo, Texas. ¿Qué beneficio le brindaron los nuevos consulados salvadoreños en el camino? ¿Cuál fue el beneficio de los recorridos oficiales por “la ruta del migrante”? A Luis Fernando no le sirvieron de nada.
    Como él hubo, hay y seguirán habiendo víctimas del tren, el desierto o los vigilantes fronterizos civiles, voluntarios y armados, conocidos como los “minuteman”. Sobran las historias de mutilaciones, muertes por deshidratación o  baleados por individuos salvajes que se creen dueños de tierras y hasta vidas. Ahora resulta que hasta el Ku Klux Klan, los granjeros analfabetas que perseguían y aterrorizaban a los afroamericanos y judíos en los estados sureños, se han unido a los “grupos antiinmigrates” y han anunciado marchas para exigir una reforma legal para expulsarlos del territorio estadounidense.
    Encima, al lograr su meta –¡penetrar a los Estados Unidos de América (EUA)!– también son víctimas en los peores trabajos, con las peores condiciones y los peores salarios. Son el eslabón laboral más bajo en esa Nación, pese a pagar impuestos y aportar a la buena salud de su economía. La mayoría vive absteniéndose permanentemente de muchas cosas, para poder mandar la remesa que sostiene a su familia y a las finanzas salvadoreñas. Así, la vida en EUA se convierte para estas personas en una prolongación –quizás un poco menos limitada en lo económico– de su pobreza en El Salvador.
    Por si eso no fuera suficiente, ahora desde el Senado y la Casa Blanca se está impulsando una reforma migratoria que hará casi imposible obtener los documentos necesarios para mejorar su situación. Más control en las fronteras para asegurar el “negocio” y un paquete de “multas” a cambio de permisos temporales de trabajo, forman parte del plan. En el peor de los casos, cada persona indocumentada significará alrededor de cinco mil dólares para EUA. La cifra se vuelve más impactante, si se toma en cuenta que los cálculos más humildes hablan de doce millones de indocumentados; es decir, cincuenta y nueve mil millones de dólares según el proyecto presentado por el demócrata Luis Gutiérrez y el republicano Jeff Flake, al Comité Judicial de la Cámara de Representates. La propuesta de George W. Bush, el “amiguito” del presidente salvadoreño, es todavía más cara y dura.
    No obstante la situación, el gobierno de Antonio Saca no ha estado a la altura de su discurso en los medios de comunicación. Cuando era candidato se presentó como una persona sensible al dolor de la población emigrante, según él porque tenía hermanos “mojados” antes y ahora residentes en el país del norte. Pero en la coyuntura actual –cuando peligran el sustento de cientos de miles de familias salvadoreñas, el trabajo de otro tanto en EUA y el significativo envío dólares que le da estabilidad a las finanzas públicas– su silencio y la indiferencia de su gabinete son insultantes.
    Lo que ahora sucede en aquel país es otro anuncio de algo que parece ser inevitable, sino se cambia el rumbo de este país. En algún momento habrá que enfrentar acá la posibilidad de que se reduzcan las remesas recibidas y se cierre esa “válvula  de escape” de esta “olla de presión” llamada El Salvador. Por eso, si se quiere escurrir un bulto de grandes proporciones –un nuevo estallido social– se debe trabajar en la mejora sustancial de la situación económica y social de las mayorías. Hay que fomentar la participación responsable, organizada y creativa de todos los sectores nacionales para buscar las soluciones que el país necesita. Los gobernantes, por su parte, deben aceptar y comprometerse con diseño y la concreción de una agenda de país concensuada e incluyente, para alcanzar un mejor nivel de vida; eso entraña, por lógica, acabar con privilegios a particulares y con la impunidad en todas sus manifestaciones y en todos los ámbitos.
    Si eso se sigue postergando, seguirán abandonando el país personas muy valiosas, la gente –allá y acá– seguirá temblando cada vez que se hable en EUA de reformas migratorias y habrá más compatriotas que –como Luis Fernando Ramírez– seguirán muriendo en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias. Por la memoria de Luis Fernando y todas las personas que no pudieron reencontrarse con sus parientes, se debe seguir insistiendo en que hay  que hacer algo y hacerlo pronto.