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Mayo 2, 2007
Proceso 1239
Los desafíos de Aparecida
Este mes de mayo, los obispos latinoamericanos y caribeños se reunirán en Aparecida, Brasil, para celebrar la Quinta Conferencia del Episcopado de América Latina y El Caribe. Este encuentro ha generado y genera expectativas diversas, tanto en sectores directamente vinculados a la Iglesia como en sectores que, aunque fuera de ella, saben de su enorme influencia social, cultural y política. Obviamente, se puede ser pesimista acerca de los resultados de esta Quinta Conferencia de obispos y esperar un reforzamiento del giro eclesial expresado en la conferencia de obispos de Santo Domingo (República Dominicana), en 1992. Sin embargo, se puede ser moderadamente optimista acerca del encuentro de Aparecida. Y ello porque no hay ninguna ley natural que obligue a los obispos a situarse en continuidad con Santo Domingo, más que en la línea de Medellín y Puebla.
Ahora bien, para que los obispos en Aparecida estén a la altura de lo que se espera de la Iglesia, en estos tiempos tan complejos en América Latina y El Caribe, deben hacerse cargo de varios desafíos. Aquí se señalan algunos de ellos.
En primer lugar, el desafío que representa Jesús de Nazaret. Nadie que se adscriba al cristianismo debería olvidar que en la raíz del mismo está no sólo lo que predicó e hizo Jesús de Nazaret, sino su sufrimiento en la cruz —inseparable de lo que dijo e hizo— y su resurrección. El seguimiento de Jesús nunca ha sido fácil. Supone renuncias importantes: al poder, a la gloria, a la comodidad, al bienestar, a las riquezas. Supone también opciones ineludibles: por quienes sufren, por quienes son oprimidos, por quienes padecen injusticias. Supone compromisos irrenuciables: principalmente con quienes trabajan por ordenamientos sociales más justos, solidarios e inclusivos.
El seguimiento de Jesús, pues, está marcado por renuncias, opciones y compromisos concretos. Lo opuesto a ese seguimiento es la evasión, sin duda más fácil, pero absolutamente ajena a las exigencias de una fe que tiene sus fundamentos en lo que él enseñó, denunció y anunció. En este sentido, volver a Jesús de Nazaret es el primero y principal desafío de los obispos que se reúnan en Aparecida.
El segundo desafío es asumir y actualizar el pensamiento social de la Iglesia. En la milenaria historia de la Iglesia hay cosas buenas que han fermentado lo mejor del humanismo moderno. Mucho de lo bueno de la Iglesia se expresa en lo que se conoce como doctrina social de la iglesia, aunque de manera más amplia se trate de un pensamiento social. Prácticamente, desde los primeros tiempos de la Iglesia sus miembros más lúcidos quisieron y supieron iluminar con una fe inspirada en Jesús de Nazaret las realidades que les tocaba vivir. A estas alturas, aquel primer impulso —continuado por hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia de la Iglesia— se ha convertido un enorme acervo de enseñanzas acerca de los compromisos de los cristianos y cristianas frente a los distintos problemas que plantea la realidad histórica.
Los obispos reunidos en Aparecida tienen el desafío de poner a producir esa herencia de compromiso social de la Iglesia universal. Poner a producir quiere decir, en un primer momento, darle continuidad; y, en segundo término, actualizarla y enriquecerla. Esto no podrá hacerse sin poner la mirada en la realidad histórica latinoamericana, lo cual lleva a los dos siguientes desafíos.
El tercer desafío es recuperar y dar continuidad a Medellín y Puebla. Para los obispos en Aparecida poner la mirada en América Latina debería suponer ponerla, ante todo, en la tradición de compromiso social de la iglesia latinoamericana, especialmente en el modo cómo ese compromiso se expresó en las conferencias de obispos de Medellín (1968) y Puebla (1979). Los obispos en Aparecida deberían estar empapados de los documentos de estos dos encuentros; de la fe que los inspiró; de los diagnósticos de la realidad que en ellos se hicieron; de las líneas de acción pastoral que desde ahí se impulsaron. También deberían actualizar —supuesta una misma fe— los diagnósticos y las líneas de acción pastoral, de forma que la opción liberadora de Medellín y Puebla siga inspirando a quienes —dentro y fuera de la Iglesia— están comprometidos en la erradicación de las nuevas formas de opresión que han surgido en los últimas tres décadas.
Dicho brevemente, el desafío de los obispos en Aparecida es volver a Medellín y Puebla. Es decir, recuperar y actualizar el legado de fe, de honestidad con la realidad y de compromiso pastoral de ambas conferencias del episcopado latinoamericano.
El cuarto y último desafío es hacerse cargo de los graves problemas de la realidad latinoamericana y caribeña. La realidad histórica latinoamericana y caribeña se caracteriza, en la primera década del segundo milenio, por graves y complejos problemas: exclusiones socio-económicas, migraciones, violencia, crimen organizado, corrupción, abusos de poder, brotes autoritarios, deterioro ecológico… La lista puede extenderse más, pero lo que está de fondo es la existencia de mecanismos estructurales que generan, ahora al igual que antes, injusticia y desigualdad.
Sin los diagnósticos adecuados —en los que la economía se articule debidamente con la política, la cultura y la historia— difícilmente los obispos van a poder decir, desde la fe, una palabra eficaz sobre esos problemas. Tampoco van a poder incidir pastoralmente en las transformaciones requeridas por las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Es decir, los obispos reunidos en Aparecida tienen el desafío de conocer la realidad del subcontinente. Y no conocerla superficialmente, sino en sus dinamismos más importantes.
En suma, si los obispos reunidos en Aparecida van a Jesús de Nazaret, se hacen cargo del pensamiento social de la Iglesia, recuperan Medelllín y Puebla, y ponen la mirada en la realidad histórica latinoamericana y caribeña, los resultados de la Quinta Conferencia de obispos estará a la altura de los clamores de justicia de nuestro tiempo.
Crecimiento, TLC y canasta básica en El Salvador
En diciembre del año pasado, el gobierno se mostró optimista por la nueva tendencia en el comportamiento de la economía. Según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva (BCR), la tasa de crecimiento del PIB fue de 4.2%, cifra muy superior a la tasa de crecimiento promedio de los últimos años (2.2%). En base a esa cifra, el gobierno declaró que la economía salvadoreña había entrado en un nuevo ritmo de expansión y se había dejado atrás el ciclo de bajo crecimiento que duró cerca de diez años. Ese optimismo también llevó al gabinete económico a augurar un crecimiento de 4.5% para 2007.
Ahora, finalizado el primer trimestre del año, es menester analizar la evolución de algunos indicadores económicos con el fin de evaluar el cumplimento del pronóstico del gobierno. Sin duda, hay que reconocer que un trimestre es un periodo de referencia muy corto como para servir de base en la predicción del comportamiento anual de la economía. No obstante, una evaluación de los primeros meses del año puede dar una luz sobre el rumbo de la economía y el cumplimiento de las expectativas del gobierno.
Crecimiento
Según el BCR, a enero del año en curso, el índice de volumen de actividad económica (IVAE) creció en 3.9% con respecto al registrado en enero del año pasado. Esta alza se encuentra 1% por debajo de la variación que sucedió entre los meses de enero de 2005 y 2006. En otras palabras, el año pasado inició con mayor dinamismo que el año en curso. La descomposición del indicador muestra que el sector de la industria manufacturera continúa en fase de estancamiento. Para enero de 2006, el IVAE de dicho sector reportó una variación negativa anual de 1.2%. Ahora, en enero de 2007, el indicador reportó un decremento superior a 1.8%. Esto muestra que la estrategia de desarrollo basada en la inversión de maquila textil está en franco deterioro por la entrada de China en la dinámica de la competencia mundial.
El IVAE de enero también muestra que varios sectores están creciendo a un ritmo más lento que en 2006: electricidad, gas, agua, construcción, comercio, bancos, seguros, restaurante y hoteles. Mientras que la agricultura, explotación de minas y canteras, transporte, bodegas, comunicaciones y los servicios gubernamentales crecen más rápidamente que el año pasado.
En este sentido, las expectativas de crecimiento del gobierno parecen no tener una base sólida, al menos, para el primer mes del año. No obstante, hay que comprender que casi todos los sectores están creciendo –a excepción del de la industria manufacturera–, sólo que la mayoría lo hacen a un ritmo más lento que en 2006. El mayor o menor crecimiento para el primer mes del año es importante pero no determina, en última instancia, el comportamiento anual de la economía. Hay que recordar que, según el gobierno, los grandes avances registrados el año pasado sucedieron en los últimos meses del año –aunque eso continúa siendo objeto de discusión entre los miembros del gabinete económico y los economistas independientes–.
A diferencia del IVAE, el índice de volumen de producción industrial (IVOPI) analiza la producción de las diferentes ramas industriales que operan en la economía. Según el BCR, para los meses de enero y febrero del año en curso, este presenta una leve recuperación menor al 1%. Durante 2006, sólo hubo un par de meses donde el indicador registró una variación positiva. Para comprender las cifras se debe tener presente los efectos negativos de la terciarización de la economía en el aparato industrial, pero también los más recientes impulsos del gobierno mediante la Política Industrial promovida desde finales de 2005.
Comercio internacional
Una de las estrategias de desarrollo del gobierno salvadoreño es la firma de tratados de libre comercio con otras regiones o países. Con los convenios comerciales, el gobierno persigue el acceso a otros mercados para generar mayor crecimiento a través del aumento de la oferta en función de la mayor demanda internacional. Desde la perspectiva gubernamental, el problema del bajo crecimiento obedece a una saturación de los mercados locales que impide una mayor oferta de las empresas. La estrechez de los mercados locales es tal, que es necesario recurrir a una ampliación de los canales comerciales a nivel internacional para generar mayores niveles de inversión, producción y empleo.
Esta perspectiva es errónea, pues supone que la saturación de los mercados locales obedece a la mayor satisfacción de las necesidades de la población salvadoreña, por lo que es necesario incursionar en el mercado internacional para satisfacer las necesidades de los consumidores foráneos. En el análisis se olvida que la estrechez de los mercados obedece a la baja capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población salvadoreña, razón por la cual la búsqueda de otros mercados es indispensable para ofrecer bienes y servicios a compradores que tengan un nivel de ingresos más alto. En este sentido, es de esperar que los sectores exportadores sean los más beneficiados del proceso de apertura comercial.
Por otro lado, el mayor valor de las importaciones sobre las exportaciones tiene como contrapartida la entrada de remesas. Estos recursos no son fruto de la actividad económica local sino que obedecen al quehacer de los salvadoreños y salvadoreñas en otros países. El aumento de la demanda en los sectores receptores de remesas no debe interpretarse como un factor que genera una saturación en los mercados locales. Al contrario, dichos recursos sirven para enfrentar las necesidades básicas de los grupos pobres antes que el consumo suntuario. Con ello, no se descarta que una porción de las remesas se destine al gasto en objetos de lujo, pero es de esperar que la mayor parte de las remesas se utilice para acceder a bienes y servicios de primera necesidad.
Según el BCR, el total de exportaciones al mes de febrero fue de $622 millones, contra un $1,272 millones de importaciones. Esto arroja un déficit comercial de $651 millones. En esta dinámica, la mayor parte de exportaciones son de productos no tradicionales, seguidas en importancia por las ventas de maquila y de productos tradicionales. Si la tendencia no varía, es probable que para el cierre del año se consoliden las exportaciones de bienes no tradicionales. Esto promueve la diversificación productiva y hace al país menos dependiente de las variaciones de los precios en bienes de exportación tradicional. No obstante, las exportaciones de maquila continúan siendo un componente importante en la estructura de las ventas al mercado internacional, pues las exportaciones no tradicionales superaron en apenas $27 millones a las ventas de maquila.
En concreto, al mes de febrero, las importaciones presentaron la estructura siguiente: $387 millones proviene de la compra de bienes de consumo, $485 millones de bienes intermedios, $201 millones de bienes de capital y $199 millones de maquila. Como se puede ver, las importaciones por bienes de consumo han pasado a un segundo plano por la mayor compra de insumos para la producción. Esto, según el gobierno, es muestra de que se están dando los pasos adecuados en el fortalecimiento de la producción local. No obstante, no hay que olvidar que el incremento en el valor de las importaciones de bienes intermedios también obedece al aumento en el precio del petróleo y no precisamente a la compra de mayores cantidades de materias primas.
Precios y canasta básica
Después de observar el comportamiento de la producción local y la dinámica de las compras y ventas con otros países, conviene analizar la evolución de los precios y el valor de la canasta básica en los primeros meses del año.
Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC) muestra una inflación anual –entre febrero de 2006 y febrero de 2007– de 4.79% y una inflación acumulada –entre enero y febrero de 2007– de 0.94%. A partir de estos datos, y a la espera de que no haya fuertes cambios en las variables monetarias, se puede decir que la tasa de inflación mantiene la tendencia de los últimos años (5%). En este sentido, la variación anual y acumulada del IPC muestra que la situación no será muy diferente a la de años anteriores.
En líneas generales, los resultados del IPC reportan alzas en los precios de seis de las divisiones que lo integran y disminuciones en cinco de ellas. Pero la mayor ponderación en la estructura del IPC (33.5%) es la que corresponde a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Ésta división disminuyó en febrero 0.5%, con una incidencia en el IPC mensual de apenas 0.2%. De igual forma, la división de transporte tuvo una caída de 0.5%, que con ponderación de 10.35%, incidió en apenas 0.04%.
Para el mes de febrero del año en curso, el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) en la zona urbana disminuyó en 1.9%. Mientras que en enero la CBA alcanzó los $147.5, para febrero se redujo a $144.7; la reducción obedece, como se dijo líneas atrás, a que el principal componente del IPC –la división de alimentos– tuvo una ligera reducción. En el campo la situación es similar: el costo de la CBA de la zona rural disminuyó, para el mismo período, alrededor de 0.6%. A diferencia de la CBA urbana, compuesta por 11 artículos, la CBA rural contiene sólo 9 artículos que agregados alcanzan un costo promedio de $100 dólares.
Para entender de una forma más amplia el nivel de vida de los salvadoreños y salvadoreñas es menester observar el comportamiento de la canasta de mercado (CM). A diferencia de la CBA, la CM se encuentra compuesta por 241 artículos y su acceso supone un mayor nivel de ingresos y mejor calidad de vida. Para febrero, la CM alcanzó $694.4, cifra inferior al costo reportado en enero. En el análisis se debe tener presente que en el primer mes del año existe una presión a la alza de precios por la matrícula de estudiantes en diferentes centros educativos y la compra-venta de artículos escolares.
En términos generales, en base al comportamiento del IVAE, el comercio internacional y el costo de la vida, se puede decir que la dinámica de la economía es la misma: persiste el crecimiento acompañado de desempleo y la paga de salarios bajos. Como dato interesante, los indicadores del sector externo apuntan a una incipiente diversificación productiva, pero resulta insuficiente para hacer frente a la avalancha de importaciones financiadas por las remesas.
Es claro que el IVAE muestra un dinamismo ligeramente inferior al registrado el año pasado, no obstante, resta observar el comportamiento hasta mediados del año en curso para pronosticar con mayor nivel de certeza el crecimiento anual de la economía. Aún con crecimiento, persiste el bajo nivel de actividad económica en la industria. Si bien, parece que la Política Industrial impulsada por el gobierno ha sido acertada en algunos puntos, ésta no ha sido capaz de reactivar todas las ramas industriales. En este sentido, la política gubernamental debe enfocarse con mayor énfasis en aquellos sectores que parecen haber encontrado una fuerte demanda internacional, sin dejar de lado el apoyo a otras empresas que abastecen el mercado interno.
Lo privado y lo público:
un vistazo a la “opinión pública” de las salvadoreñas
Muchas veces se concibe la opinión pública como una especie de noción o concepto homogéneo sobre la realidad; otras visiones la entienden como la suma de posiciones individuales sobre un tema. Otras miradas —aún más superficiales— la restringen a cifras provenientes de una encuesta, o a predicciones sobre la victoria de algún candidato. Si bien el concepto de opinión pública trasciende la mera discusión acerca de su medición o su abordaje empírico, es preciso rescatar la dimensión de la opinión pública como reflejo de la histórica condición psicosocial de las personas, en eterna vigilancia y comunicación con su entorno. Es decir, entender la opinión pública como expresión de la tensión permanente entre el individuo y su contexto histórico: entre el nivel micro (convicciones, creencias, valoraciones individuales) y el macro (normas, reglas y posicionamientos generales como parte de consensos sociales más amplios y a los cuales las personas se encuentran más o menos sujetas).
Una discusión más profunda sobre los modos de analizar la opinión pública trasciende los propósitos de este escrito. Lo que se quiere relevar es la forma en que la expresión de una opinión, de una percepción o una valoración se encuentra en íntima imbricación con las características y la extracción social e histórica de quien la construye y la declara en una encuesta.
En este sentido, cuando se habla de las opiniones de las mujeres, se tiene que tener en cuenta tanto la heterogeneidad de este sector, como la dialéctica entre éstas y su entorno, históricamente desfavorable, injusto y desigual respecto a otros grupos ciudadanos. La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2005 señala que más de la mitad de la población salvadoreña (52.7%) está constituida por mujeres. Esta ventaja numérica no se traduce en oportunidades y ventajas sociales o económicas: por ejemplo, la tasa de analfabetismo femenina general asciende al 17.5% a nivel nacional, desciende entre las mujeres urbanas al 12.4%, y se dispara entre las rurales al 25.9%; todas ellas proporciones más elevadas en comparación con las tasas masculinas de analfabetismo (11.8% a nivel nacional, 6.4% a nivel de los hombres urbanos y del 20% entre los rurales).
Por otra parte, de todos los hogares contabilizados en la EHPM para el 2005, la tercera parte corresponde a hogares liderados por una mujer, y de éstos, cerca del 31% tiene como jefa a una mujer sin escolaridad. Estas desventajas en su educación formal no la eximen de tener que trabajar y por tanto, asumir una doble jornada al convertirse en el sostén económico de la familia, al tiempo que cargan con las tradicionales responsabilidades domésticas y del cuido de hijos/as. Encima, perciben un salario más bajo que los hombres (cuando perciben algún ingreso), y tienen una mayor participación en el sector informal de la economía o en áreas productivas que ofrecen empleos de menor calidad, sin beneficios ni seguridad social.
En cuanto a la violencia, éstas tampoco quedan eximidas, ya que si bien cuantitativamente la violencia criminal en los espacios públicos afecta en mayor número a los hombres jóvenes, son las mujeres las víctimas más frecuentes de la violencia en el espacio privado, una violencia menos denunciada y, por tanto, menos visible, pero con consecuencias no menos trágicas. Por ejemplo, el informe del Instituto de Medicina Legal señala que 390 mujeres fueron asesinadas en circunstancias diversas durante 2005, lo cual implicaría un promedio de 32.5 mujeres asesinadas al mes, o lo que sería igual, una diaria. De hecho, hay indicios que apuntan a un incremento en las tasas de homicidios femeninos en los últimos años.
Este rápido vistazo al contexto en que muchas mujeres se encuentran insertas podría ayudar a entender la forma en que se construye la “opinión pública” de este sector de población. Por ejemplo, su percepción general acerca de la situación del país suele ser menos optimista que la de los ciudadanos: consultadas por el IUDOP a final del año recién pasado acerca de cómo percibían la pobreza en el país, al menos 3 de cada 5 mujeres salvadoreñas (62%) considera que la pobreza en el país aumentó durante 2006, en contraste con el 57.1% de hombres que opinó lo mismo. Sus valoraciones acerca de la situación económica del país tampoco son muy optimistas, pues de las más de 600 mujeres consultadas en la encuesta de finales de año, un 56.4% de ellas consideró que la situación económica del país había empeorado, frente al 49.1% de hombres que tenían la misma opinión.
La tendencia en el caso de los hombres es a considerar que la situación económica del país se había mantenido, e incluso —para el 8.7% de ellos— había mejorado durante el año pasado. Estas discrepancias en las opiniones entre hombres y mujeres se reducen al valorar ya no la situación de la economía nacional, sino la propia situación económica familiar, en donde las opiniones de poco más de la mitad de la ciudadanía —hombres y mujeres— considera que ésta se había mantenido igual. Sin embargo, para más de la tercera parte de mujeres (34.9%) la situación económica de su familia empeoró durante el año recién pasado, lo cual suele ser reiterado con mayor frecuencia entre aquellas mujeres con niveles educativos e ingresos familiares más bajos. De hecho, la mayoría consideró que el costo de la vida en el país aumentó mucho durante el año recién pasado.
Frente a estas visiones que reflejan en buena medida la precariedad y dificultades en que sobreviven muchas de las mujeres y sus familias en el país, los resultados del sondeo reflejan también que, paradójicamente, muchas valoran en forma más positiva que los hombres el desempeño gubernamental. Por ejemplo, para el 28.9% de ellas, el gobierno está cumpliendo con su promesa de mejorar la situación social del país, frente a un 20% de hombres que opinan lo mismo. En esa misma línea, las mujeres (como grupo) otorgan una valoración al desempeño gubernamental más elevada (5.96) que la otorgada por los hombres (5.4), a la vez que tienden a opinar más favorablemente acerca del impacto que en materia de salud y pobreza pueden tener programas como FOSALUD y RED SOLIDARIA, entre otros aspectos.
¿Cómo podrían explicarse estas aparentes contradicciones? Precisamente, a partir de esa dimensión dialéctica entre la persona —en este caso, las mujeres— y su entorno, en la construcción de sus opiniones y posiciones acerca de su realidad. Y una de las claves para hacerlo viene dada por la educación. Ésta no solo se constituye en una expresión de la condición de marginación y exclusión social de un sector (cuando se carece de ella), sino que también se convierte en ese filtro imprescindible para la interpretación informada del entorno.
Como ya se mencionaba anteriormente, en términos generales, las mujeres salvadoreñas han permanecido tradicionalmente en una situación de marginación, desventaja y exclusión respecto a los hombres; y dentro de ellas, hay algunas en situación más precaria que otras. Esto se evidencia no solo en las cifras oficiales y en las estadísticas nacionales, sino cada vez más en la cantidad de mujeres —jóvenes, adultas y de la tercera edad— que sufren la sistemática discriminación social, económica, política y educativa, expresada en ausencia de políticas estatales claras y acciones gubernamentales eficaces encaminadas a transformar su situación.
La valoración negativa de muchas mujeres acerca de su situación económica es consistente con los desafíos que tienen que enfrentar para asegurar la propia supervivencia y la familiar. Pero por otro lado, la desinformación y los bajos niveles educativos también pasan su factura, a la hora de valorar las acciones que deberían ir encaminadas a asegurar las condiciones básicas para que ellas puedan ejercer su ciudadanía social, en el pleno goce de derechos básicos como acceso a salud, a educación, a empleos dignos. En este sentido, y si bien una exploración más detenida de los datos ameritaría un análisis más extenso, los mismos datos de la encuesta que arrojan una valoración más indulgente hacia las políticas y el desempeño gubernamental de las mujeres, en contraste con la que hacen los hombres, también expresan diferencias en el seno del grupo de mujeres. Y estas diferencias vienen dadas, en muchas ocasiones y con gran impacto, a partir del nivel educativo del que gozan o carecen. Por mencionar un par de ejemplos: el 40.7% de aquellas sin ninguna educación considera que Saca está gobernando bien el país, una proporción que desciende al 22.5% entre aquellas con educación superior. Siguiendo la misma tendencia, quienes cuentan con niveles educativos superiores suelen ser más escépticas en relación con el desempeño gubernamental en materia de mejoras sociales para el país, en el desempeño de sus funcionarios, así como también en relación con algunos de sus programas más insignes de combate a la pobreza y fomento de la salud.
Ciertamente, la educación no es la única variable que puede estar mediando en la forma en que las mujeres valoran su contexto. Sin embargo, es una variable que decisivamente contribuye a la construcción de la propia subjetividad, a la visión del mundo y la interpretación del mismo, a esa dimensión “privada” de la opinión pública. En una palabra, es en muchos casos el elemento desideologizador, que marca las diferencias entre simplemente dar una respuesta o realmente asumir informadamente una posición. Diferencias que no solo se expresarían en una mejor preparación y mayor acceso a oportunidades de desarrollo, sino también en una más informada y crítica manera de entender la realidad. La educación se constituye entonces en un importante elemento configurador de esa subjetividad, así como también en el filtro para entender e integrar, en forma más congruente, esa dimensión social de la misma. Lo que en consecuencia permitiría a muchas mujeres —sobre todo a aquellas en situación de mayor desventaja— entender el rol privilegiado que la clase política del país ha jugado históricamente en la construcción y perpetuación del contexto marginador, injusto y excluyente en que viven.
Injusticia sádica
Además de lo relativo a la perversión sexual, la Real Academia Española describe el sadismo como la “crueldad refinada, con placer de quien la ejecuta”. A partir de esto último, cualquiera podría afirmar que el Órgano Judicial salvadoreño es sádico con las víctimas. Esa es la única forma de entender su actuación en determinados casos, cuando las persona agredidas no tienen poder ni influencia. Sus métodos son variados pero efectivos y van desde la tardanza para resolver las demandas que se les presentan hasta la llamada “revictimización”. Entre esos extremos, hay otras formas de tormento que terminan produciendo uno de los resultados más peligrosos para la “buena salud” del país: la frustración de la gente y su lógico desinterés por utilizar los mecanismos institucionales para buscar y obtener justicia, dejando todo “en las manos de Dios” o –peor aún– buscando obtenerla por “mano propia”. De todas formas, se dice, si denuncian se exponen más que si no lo hacen. En definitiva, el daño queda tanto en lo individual –entre quienes sufren directamente por la criminalidad– como en lo colectivo al vivir en una sociedad martirizada por la exclusión, la violencia y la impunidad.
Para ilustrar esa crudeza institucional basta con citar algunos casos recientes. El mes pasado, por ejemplo, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador fue duramente criticado por ordenar que una niña se careara con sus secuestradores. La pequeña fue raptada en mayo del año pasado cuando salía de un centro de estudios en la ciudad capital. Si para un adulto es difícil superar el trauma que le produce ser víctima de un hecho criminal de esa envergadura, para una menor de edad el sufrimiento es superior al sentirse indefensa y no entender lo sucedido; pero eso no lo vieron ni los jueces del tribunal ni el fiscal del caso. La madre sí lo tenía claro y por eso les “suplico” que colocaran al menos un biombo para proteger a su hija; sin embargo, no atendieron su súplica porque la solicitud debió hacerse con tres meses de anticipación. Semejante barbaridad refleja falta de recursos, pero no materiales sino mentales y de sensibilidad. Así, han puesto en riesgo la salud mental de la pequeña víctima.
Y como siempre sucede cuando se dan sandeces como ésta, surgen torpes declaraciones de funcionarios públicos. El Fiscal General de la República, Felix Garrid Safie, intentó defender lo indefendible; para eso, hasta pretendió volverse sicólogo al sostener que “este caso no debería trascender más (...) no se generó un trauma adicional a la niña”. Al parecer, Safie no se enteró que la niña lloró dos veces cuando declaró; tampoco supo –debió saberlo– que soñó que los criminales quedaban en libertad y mataban a su madre. ¿Cómo puede hacer afirmaciones de ese calibre? Bien haría Safie en no tratar de ocultar los errores de sus dirigidos, a quienes debería corregir por lo menos. Encima, dijo: “(...) no es que esté justificando, pero creo que el resultado justifica (sic) en alguna medida lo que pasó”. En casos como este alguien debería advertirle que callado se defiende mejor.
Hace tres años pasó lo mismo. En un tribunal de Ahuachapán, otra niña tuvo que encarar a sus violadores. Brenda, entonces de seis años, fue abusada sexualmente por dos supuestos pandilleros que luego le propinaron varios machetazos; sin embargo, no murió. En el Hospital Benjamín Bloom pasó casi un mes en estado vegetal y se recuperó de milagro. En 2005, desde este mismo espacio, se contó lo que le sucedió en los términos siguientes.
“Durante la audiencia, la niña declaró frente a los imputados; los miró y manifestó: ‘Estoy aquí para contar las cosas que me hicieron (...) me llevaron a un cafetal, me besaban y hacían picardías; se bajaron el calzoncillo y me quitaron el ‘blumer’ (...) y me dolía’. Cuando la Fiscalía General de la República le preguntó si conocía a sus agresores, señaló sin ninguna duda a los sujetos capturados. No obstante, los jueces no quisieron valorar la palabra de la infanta argumentando que era muy pequeña y manipulable. Estos funcionarios decidieron absolver a los imputados, uno de los cuales violó y mató a otras personas; ahora está sentado frente a los mismos juzgadores que no creyeron en Brenda. Estos jueces pudieron evitar que este sujeto dañara a otra persona pero, como se observa, acá la justicia ignora y hasta desprecia a los más débiles” (Proceso 1142; 26.04.05).
También se narró el sufrimiento de Miriam, una niña violada y embarazada por su padre. “Al revelar el hecho, su madre no la apoyó pero sus tías si la acompañaron a presentar la denuncia judicial. Tras eso, Miriam fue víctima de actos para intimidarla y dejar el hecho en la impunidad. Las autoridades no valoraron esas amenazas y una semana antes del juicio, en el que declararía contra su padre, fue asesinada cuando regresaba de la escuela. En sus manos quedó la lista de los objetos que utilizaría para sus estudios y que no alcanzó a comprar”.
La diferencia formal de entonces a la fecha, es que hoy se cuenta con una Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos. Pero no se utiliza en estos casos. ¿Por qué? Simplemente por la ignorancia o la incompetencia de aquellos funcionarios judiciales que en lugar de evitar el sufrimiento, lo producen; y de unos fiscales incapaces de apelar decisiones absurdas. Hasta podría pensarse que disfrutan con el dolor de sus víctimas.
Un caso más para ilustrar la situación: el de María Agustina Flores. Tres sujetos la raptaron junto a su novio, José Raúl Vásquez, el 30 de agosto del año pasado en el cantón La Palma, San Rafael Obrajuelo, departamento de La Paz. En un lugar desolado, amarraron a José y frente a él violaron a María. Al día siguiente, los sujetos les dispararon y los dieron por muertos; sin embargo, ella vivió. María no sólo tuvo que sobrellevar el trauma de la violación y el asesinato de su pareja, sino que también la carga de atestiguar dos veces ante sus agresores –entre ellos un ex agente de la Policía Nacional Civil– porque tras la primera vista pública donde fueron condenados, un tribunal superior revisó la legalidad del proceso judicial y ordenó repetir el juicio; en esa segunda ocasión, fueron absueltos.
La representación fiscal presentó un recurso similar que fue aceptado, así que la vista pública se repetirá por tercera vez. Pero María ya no está en el país y su declaración es trascendental para lograr la condena de los culpables. Ella intenta obtener asilo en el extranjero, porque en el país su vida corre peligro. Habrá que ver si los jueces son capaces de actuar como es debido, para ahorrarle más dolor a la víctima e impedir que los hechos no queden en la impunidad.
Como esos casos de la vida y también de la muerte real, en los tribunales del país hay un cúmulo de juicios en los que se abren con saña las heridas de las víctimas y aún pudiendo evitar la repetición del sufrimiento, hay funcionarios judiciales que son incapaces de hacerlo. ¿Cómo esperar resultados exitosos en la lucha contra la violencia y la impunidad? Todo pierde sentido cuando el sistema es incapaz de proteger a las personas más débiles y permite a los victimarios que sigan haciendo de la tragedia una piñata.
Por eso, urge desarrollar en serio la investigación científica del delito como método de trabajo policial y fiscal. Hay que quitarle a las y los testigos toda la responsabilidad del éxito o el fracaso en un juicio, porque eso significa un enorme peligro para la gente que busca justicia o quiere colaborar para que ésta se imparta; además, le facilita el trabajo a los criminales que al asesinar a quienes los acusan –o simplemente amenazarlos– garantizan no ser condenados. Pero mientras eso sucede, es imperante que los llamados “operadores” del sistema de justicia cambien su mentalidad y valoren la dimensión del daño sicológico que le causan a víctimas y testigos cuando funcionan mal, así como el grave riesgo al que los exponen si no los protegen. Herramientas para eso hay. Pero se debe superar el oscurantismo o, peor aún, el sadismo de algunos.
Panorama social de América Latina 2006
El último cuatrienio (2003-2006) puede calificarse como el de mejor desempeño económico y social de América Latina en los últimos 25 años. El avance en la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo, la mejora en la distribución del ingreso en algunos países y un aumento importante del número de puestos de trabajo son los principales factores que marcaron una tendencia positiva en varios países de la región.
En el Panorama social de América Latina 2006 se presentan las más recientes estimaciones de la magnitud de la pobreza realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Estas indican que en 2005, el 39,8% de la población de la región vivía en condiciones de pobreza (209 millones de personas) y un 15,4% de la población (81 millones de personas) vivía en la pobreza extrema o la indigencia. En el capítulo I se presentan, además, proyecciones sobre la magnitud de la pobreza en el presente año, según las cuales el número de pobres y de personas en situación de extrema pobreza volvería a disminuir, a 205 y 79 millones, respectivamente. A partir de estas últimas cifras, se hace un nuevo examen del progreso de los países hacia el logro de la primera meta de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Pobreza y distribución del ingreso
Las últimas estimaciones disponibles sobre los países de América Latina, referidas al año 2005, indican que en ese año un 39,8% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. La extrema pobreza o indigencia abarcaba, por su parte, a un 15,4% de la población, por lo que el total de pobres ascendía a 209 millones de personas, de las cuales 81 millones eran indigentes.
La comparación de estas cifras con las del año 2002 revela un gran adelanto en la reducción de la pobreza, y un avance aún más apreciable en el ámbito de la indigencia. El porcentaje de población pobre disminuyó 4,2 puntos porcentuales, si se toma como referencia la tasa del 44,0% observada en dicho año. Por otra parte, la disminución del porcentaje de indigentes tuvo una magnitud similar a la de la pobreza, de 4,0 puntos porcentuales. Sin embargo, es evidente la mayor importancia de esta última variación cuando se considera que el valor observado en 2002 era de un 19,4%.
Dada la expansión económica prevista en cada uno de los países de la región en el 2006, cabe esperar que los porcentajes de pobreza e indigencia mantengan su tendencia a la baja. Se prevé que durante el año 2006 el porcentaje de pobres pueda reducirse en poco más de un punto porcentual, al 38,5%, y que el de indigentes disminuya aproximadamente medio punto porcentual, a un 14,7%. En caso de que estas previsiones se concreten, el número de personas pobres e indigentes volvería a disminuir, a 205 y 79 millones, respectivamente.
Por lo tanto, se puede considerar que el último cuatrienio (2003–2006) ha sido el de mejor desempeño social de América Latina en los últimos 25 años. Por una parte, la tasa de pobreza ha descendido por primera vez bajo el nivel de 1980, año en que un 40,5% de la población fue contabilizada como pobre, mientras que la tasa de indigencia ha descendido más de tres puntos porcentuales con respecto al 18,6% observado en dicho año. Además, las nuevas cifras dan cuenta de una reducción por tercer año consecutivo del número absoluto de personas en situación de pobreza e indigencia, hecho sin precedentes en la región. Con ello, el número de pobres proyectado para 2006 sería similar al de 1997, lo que representaría una recuperación del nivel previo a la crisis asiática.
Sin embargo, esta mirada a largo plazo muestra que la región ha demorado 25 años en reducir la incidencia de la pobreza a los niveles de 1980. Por tanto, los alentadores progresos recientes en esta materia y los que se proyectan para el presente año no deben hacer olvidar que los niveles de pobreza siguen siendo muy elevados, y que la región todavía tiene por delante una tarea de gran magnitud.
La reducción de la pobreza y la indigencia en los últimos años puede atribuirse, por una parte, a la recuperación del crecimiento económico de la región, que contrasta marcadamente con la disminución del ingreso por habitante en el período 1997-2002. El segundo factor que explica los favorables resultados en materia de pobreza e indigencia es el cambio distributivo ocurrido en algunos países de la región, descrito más adelante.
Tomando como punto de comparación las mediciones efectuadas en torno a los años2000 y 2002, se observa que en un conjunto importante de países se redujeron tanto la tasa de pobreza como la de indigencia. Las mejoras más notables se presentaron en Argentina y República Bolivariana de Venezuela. En el primer caso, esto constituye un repunte luego de la fuerte crisis que afectó al país en los primeros años de la presente década. De hecho, a pesar de esta reducción, los niveles de pobreza e indigencia de Argentina siguen superando a los de 1999, en 1,8 y 2,5 puntos porcentuales respectivamente. Por otra parte, a pesar de que República Bolivariana de Venezuela también registró fuertes disminuciones del producto por habitante en 2002 y 2003, la posterior recuperación le ha permitido alcanzar una mejor situación que la de los años previos a la crisis. En efecto, las tasas de pobreza e indigencia de 2005 son claramente inferiores a las de 1999, dado que se ha producido un descenso de 12,3 y 5,8 puntos porcentuales, respectivamente.
Entre 2000/2002 y 2003/2005, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú presentaron también disminuciones significativas de la pobreza, que ascienden a 1,6 puntos porcentuales en el primer caso y aproximadamente cuatro puntos porcentuales en los otros cuatro. El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema cayó ostensiblemente no solamente en los países ya mencionados, sino además en Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Esta tendencia se repite cuando se toman los años 1998-1999 como base de comparación. En este período más largo se destaca el importante avance de Ecuador. En las zonas urbanas de ese país el porcentaje de población pobre se redujo 18,3 puntos porcentuales, en tanto que el porcentaje de extremadamente pobres disminuyó 14,2 puntos.
En el otro extremo, República Dominicana y Uruguay son los únicos países en los que tanto la pobreza como la indigencia mostraron deterioros entre 2002 y 2005. En ambos, esta evolución es fruto de tendencias contrapuestas entre dos subperíodos. Entre 2002 y 2004, esos países sufrieron un deterioro significativo de las condiciones de vida, y un incremento de la tasa de pobreza de casi 10 puntos porcentuales en el primer caso y algo menos de 6 puntos en el segundo. Posteriormente, entre 2004 y 2005, ambos países lograron una recuperación parcial y una reducción del porcentaje de pobres de 51,8% a 45,4% en República Dominicana y de 20,9% a 18,8% en Uruguay. Por consiguiente, si bien en 2005 estos indicadores no habían disminuido lo suficiente para regresar a los niveles previos a las crisis, han retomado su tendencia a la reducción.
Avance hacia la consecución de la primera meta de los Objetivos del Milenio
Las nuevas estimaciones de pobreza hechas por la CEPAL permiten hacer un examen actualizado del progreso de los países hacia el logro de la primera meta del Milenio y una evaluación de las perspectivas de cumplimiento de esta en la región, tarea que ha venido realizando la Comisión desde 2001 y cuyos resultados se han dado a conocer en varias ediciones del Panorama social de América Latina así como en el documento Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe.
La disminución proyectada de la pobreza extrema en el año 2006 corresponde a un avance del 69% hacia la consecución de la primera meta del Milenio, valor que resulta algo superior al porcentaje de tiempo transcurrido para su cumplimiento.2 Podría decirse, entonces, que la región como un todo se encuentra bien encaminada en lo que respecta a cumplir el compromiso de disminuir a la mitad en el año 2015 la pobreza extrema vigente en 1990.
Sobre la base de los resultados del avance previsto hasta el año 2006, y del crecimiento económico registrado entre 1991 y 2006, es posible inferir que un grupo amplio de países tienen una alta probabilidad de alcanzar la primera meta de los objetivos de desarrollo del Milenio, es decir, que en 2015 habrán reducido en al menos 50% el porcentaje de personas extremadamente pobres de 1990. Además de Brasil y Chile, que ya alcanzaron esta meta, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Perú, países cuyo porcentaje de avance es similar o superior al esperado, también la lograrían tan solo si su ingreso por habitante creciera a un ritmo similar al promedio de los últimos 16 años.
En caso de Colombia, el otro país que registra un progreso mayor al esperado, la tasa anual de crecimiento requerida para alcanzar la meta sería algo superior al promedio del período 1991-2006; no obstante, su desempeño económico en los años recientes permite considerar factible el logro de esta condición. Asimismo, aun cuando la tasa de crecimiento requerida por Uruguay también es superior a su promedio histórico, la escasa diferencia entre el nivel actual de indigencia y la meta permite incluir a este país entre aquellos de alta probabilidad de cumplimiento.
Para los países con un avance inferior al esperado, evaluar la factibilidad de alcanzar la primera meta del Milenio resulta un ejercicio algo más complejo. En todos ellos el crecimiento logrado entre 1991 y 2006 es insuficiente para cumplir con el propósito planteado. No obstante, en algunos de estos países el ritmo de expansión del ingreso por habitante observado en los años recientes supera ampliamente el promedio histórico, lo que también se advierte para la región en su conjunto.5 De modo que si los países consiguen mantener en el futuro tasas de crecimiento más elevadas que las registradas en el período 1990-2002 tornaría más factible el que puedan reducir la pobreza a la mitad hasta el año 2015.
Junto con el crecimiento económico, el mejoramiento de la distribución del ingreso es decisivo para elevar más rápidamente las condiciones de vida de los más pobres. Avanzar en este aspecto no solamente permitiría a todos los países anteriormente mencionados alcanzar la meta en un plazo menor, sino que contribuiría significativamente a que otros, los de más altos niveles de pobreza en la región, como Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay, aumenten sus posibilidades de reducir la pobreza extrema a la mitad en el plazo estipulado. Aun cuando los esfuerzos de crecimiento y de una mejor distribución de sus frutos que deben realizar estos países no son menores, la favorable evolución reciente de la región en dichos ámbitos permite abrigar un mayor optimismo en cuanto a su factibilidad de alcanzar la primera meta del Milenio.
Resumen ejecutivo
Informe de Progreso Educativo en El Salvador 2006 (I)
Desde que presentamos el primer informe de progreso educativo en septiembre de 2002, hasta finales del 2005, El Salvador ha tenido importantes avances en el ámbito educativo. Los resultados en las pruebas de logros de aprendizaje de educación básica y media han tenido un modesto incremento, aunque la mayoría de estudiantes todavía se ubica en el nivel intermedio. La matriculación en primaria (primero y segundo ciclo de educación básica) es alta, inclusive en las zonas rurales, y es equitativa en términos de género. Las tasas de repitencia y deserción han disminuido.
El gobierno esta invirtiendo más en la educación y tomando acciones concretas y positivas por mejorar el sistema. Además de medidas destinadas a ampliar la cobertura educativa en las zonas rurales y aumentar la participación de las comunidades en las escuelas, por primera vez se ha gestionado que el país participe en pruebas internacionales (el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias, TIMSS) y la segunda prueba para América Latina de UNESCO (SERCE). Esto proporcionará importante información sobre cómo nuestros alumnos se comparan con alumnos en otros países vecinos competidores. También desde 2002, estamos implementando estándares para matemática, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales y fortaleciendo la formación profesional de los docentes.
No obstante estos avances, persisten deficiencias fundamentales en la calidad, cobertura y equidad del sistema que debemos enfrentar. Muchos alumnos siguen mostrando bajo dominio en las competencias básicas de lenguaje y matemática. En 2005, todavía 55 de cada 100 niños no asistía a la pre-primaria y un tercio de la población entre 15 y 24 años contaba con 6 años de estudio o menos. Si bien las tasas de permanencia escolar han aumentado, tan sólo 40 de cada 100 estudiantes permanecen desde al primer grado hasta el último año de bachillerato. Las disparidades educativas en función del ingreso y de la zona geográfica todavía son considerables, con la población pobre y rural recibiendo menos educación que el resto de la población.
Los estándares no están alineados con el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (SINEA) ni con la formación y la práctica de los docentes en el aula para asegurar su adecuada aplicación. No se han definido estándares de oportunidad de aprendizaje, que especifican los recursos necesarios para alcanzar determinados logros. Todavía persisten problemas que afectan y/o limitan el logro de una mayor autonomía escolar. Por ejemplo, la participación de la comunidad en la elaboración del presupuesto escolar es mínima—con los montos y criterios de asignación determinados desde el nivel central—y los desembolsos de fondos a los centros escolares se entregan, por lo general, tardíamente. No existe una política integral de rendición de cuentas y transparencia en el nivel local, departamental y nacional. La formación profesional de los docentes del sector público sigue siendo deficiente, a pesar de la creación de un nuevo modelo de formación inicial. Un poco menos de la mitad de los postulantes para la docencia reprobó la prueba de ECAP (Evaluación de Competencias Académicas y Pedagógicas) en 2005. En Centroamérica, El Salvador es uno de los países que menos invierte en educación, después de Guatemala y Nicaragua.
i. Las pruebas nacionales muestran avances modestos en los logros de aprendizaje
A partir de 2001, el Ministerio de Educación inició un nuevo sistema de evaluaciones para la educación básica y media (SINEA), que establece tres niveles de logro basados en criterios de aprendizaje: básico, intermedio y superior.
Los resultados de las pruebas de logros de aprendizajes aplicadas a estudiantes de 3°, 6°, y 9° en los años 2001 y 2003 muestran que todos los grados obtuvieron en promedio puntajes que los ubicó en el límite inferior del nivel de logro intermedio.
Esto significa que los estudiantes demuestran una comprensión de conceptos matemáticos básicos, aplican algoritmos, resuelven problemas sencillos y conocen textos literarios, pero aún tiene dificultades para localizar, analizar y sintetizar información relacionada con lo que se lee, demostrar conocimientos de las normas del lenguaje, comprender las relaciones existentes entre las operaciones de adicción y multiplicación, y resolver problemas complejos que requieren el establecimiento de relaciones entre diversos datos y el uso de una o más operaciones.
En 2005, las evaluaciones fueron censales y se concentraron en las competencias de matemática y lenguaje. Las calificaciones utilizaron una escala de 0 a 10, con los siguientes niveles de logro: nivel básico: 0.00 a 3.75, nivel intermedio: 3.76 a 7.50, nivel superior: 7.51 a 10.00
Los resultados en lenguaje y matemática siguen ubicando al alumnado de educación básica en el nivel intermedio. Los mejores resultados se observan en el tercer grado, aunque las diferencias son mínimas. También puede observarse que las notas más bajas en cada uno de los grados evaluados se presentan en matemática.
Además, el porcentaje de niños clasificados en el nivel intermedio y superior en matemática va decreciendo en la medida que se avanza hacia grados superiores. En contraste, en lenguaje las proporciones clasificadas en estos niveles siguen más o menos constantes en los distintos grados.
Los resultados de las pruebas son todavía deficitarios y representan un desafío, en particular si se tiene en cuenta que entre un cuarto hasta cerca de la mitad de nuestros estudiantes se quedan con un nivel de logro básico en lenguaje y matemática. Es decir, no pueden relacionar y localizar información en textos cortos (hasta cuatro párrafos), compara datos ni resolver problemas de adición y sustracción con números hasta de cuatro cifras.
De cara a estos resultados, una de las metas que ha propuesto el gobierno para el año 2021 es lograr entre un 80% y un 90% de porcentaje de estudiantes con nivel intermedio o superior en logro de conocimientos en matemática y lenguaje. Ahora tan solo el 28% alcanza este nivel en matemática y 36% en lenguaje.
Al nivel de media, los resultados de la prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) muestran resultados parecidos. Para los años 2002-2004, la mayoría de estudiantes se ubicaron en el nivel intermedio (1651-1800 puntos) en todas las asignaturas. Los puntajes fueron más bajos en matemática en los tres años, pero al mismo tiempo, experimentaron un aumento gradual. También preocupa el descenso bastante marcado en lenguaje y literatura.
Si bien tener un dominio intermedio significa que los alumnos pueden comprender textos literarios y no literarios, reconocer la estructura de oraciones simples, comprender el significado del lenguaje simbólico y de los procesos lógicos implicados en los procedimientos matemáticos, todavía tienen problemas en aplicar en la vida cotidiana, en la ciencia y en la técnica los conceptos matemáticos, integrar estrategias diversas en la resolución de problemas más complejos, analizar textos y movimientos literarios y no literarios, y aplicar adecuadamente las reglas de la gramática, el léxico y la ortografía.
El análisis de las dificultades mostradas por los estudiantes revela que es necesario dotarles de un marco conceptual claro y sólido en todos los aspectos considerados en el proceso de enseñanza de las cuatro asignaturas. Una constante de dicho análisis fue la “falta de claridad en los conceptos”, lo que los lleva a confundir y hacer una aplicación errónea de los mismos, a desarrollar análisis superficiales y pobres de la información planteada en la prueba, a omitir información clave del problema y perder la visión integral de las situaciones. |
