Marzo 7, 2007
Proceso 1232

    El asesinato, en Guatemala, de tres diputados salvadoreños y su chofer generó una grave preocupación por la situación de la seguridad pública en ese país centroamericano. Superada la confusión inicial generada por el crimen, pronto comenzaron a examinarse las primeras pruebas, las cuales permitieron dar forma a la hipótesis de que, detrás del mismo, se encontraban bandas del crimen organizado. Pistas importantes apuntaban a agentes de la policía guatemalteca, como responsables directos del múltiple asesinato. En esa línea, rápidamente se decantaron las sospechas hacia cuatro miembros de la Policía Nacional Civil (PNC)  de Guatemala, los cuales fueron capturados con una notable rapidez. En unos pocos días, se generaron las mejores expectativas acerca de la dilucidación de los móviles del crimen, así como de la identidad de sus responsables directos e indirectos.
    Esas expectativas, sin embargo, no duraron mucho. Y ello porque, poco después de su captura –y estando recluidos en un centro de detención de máxima seguridad—, los cuatro policías fueron brutalmente asesinados. Se cortó así de un tajo el buen avance que hasta entonces se había obtenido en la investigación de la muerte de los salvadoreños. En aproximadamente dos semanas se tenían ocho asesinatos como parte del mismo caso, todos ellos, además, relacionados no sólo con la PNC guatemalteca, sino de forma más amplia con el aparato judicial y penitenciario de ese país.
    A estas alturas, es inocultable la crisis institucional por la que atraviesa Guatemala. En primera instancia, su corporación policial se encuentra atrapada en las redes del crimen que han proliferado en su interior y que, sin duda, mantienen nexos con las mafias del crimen organizado que operan en la región. En segundo instancia, también lo está su sistema judicial y penitenciario, tal como lo pone de manifiesto el asesinato de los cuatro policías, que no pudo ejecutarse sin la complicidad de funcionarios de uno y otro ámbito. En este sentido, el Estado guatemalteco enfrenta en estos momentos una grave situación de erosión institucional y de crisis de legitimidad, mismas que sólo podrán enfrentarse con un drástico proceso de saneamiento estatal –saneamiento que necesariamente deberá pasar por la depuración de algunos mandos medios y superiores en el aparato de seguridad pública y de justicia—, así como con una investigación a fondo de las ocho muertes sucedidas en las últimas dos semanas de febrero.    
    Pues bien, grosso modo, ese es el panorama que ofrece Guatemala en estos momentos. No faltará quien, reconociendo lo mal que están las cosas en el vecino país, opine que en El Salvador todo es mejor en materia de seguridad pública y justicia. Nada más equivocado que eso. Hay que cuidarse en este punto de esos nacionalismos trasnochados que, centrándose obsesivamente en los males de otra nación, terminan por ver realidades inexistentes en la suya.
    Hay que decirlo con firmeza: mucho de lo que sucede en Guatemala con su policía y su sistema judicial y penitenciario sucede en El Salvador. Es cierto, en Guatemala, en estos momentos, el enquistamiento del crimen en sus instituciones se ha revelado como algo franco y abierto. En El Salvador, todavía no o, por lo menos, todavía no con el mismo dramatismo. Pero hay señales preocupantes de que el país se encamina en esa dirección.
    Por ejemplo, cada día se acumulan más y más pruebas sobre la complicidad de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diferentes delitos que van desde el narcotráfico y el robo de vehículos hasta las extorsiones. Abundan los testimonios de ciudadanos acerca de la forma cómo miembros de la PNC operan con pandilleros para recoger el dinero de las extorsiones o la “renta”, exigido a comerciantes, empresarios del transporte público y maestros de escuela. En no pocos casos, miembros de la policía se disputan el botín con los pandilleros, estableciéndose una especie de rivalidad entre ellos. Una rivalidad, se entiende, nacida de las mismas ambiciones criminales. En este punto, las preguntas ineludibles son las siguientes: ¿existen estructuras criminales en el interior de la PNC salvadoreña?  Si las hay, ¿cómo se relacionan con el crimen organizado y las pandillas? ¿Quiénes son sus principales cabecillas? ¿Tienen un alcance regional o sólo operan localmente?
    Se puede ser necio a las señales que brinda la realidad y evadir esas y otras preguntas. Se puede insistir en algo que en otras ocasiones se ha dicho: que las actividades delincuenciales en las que se incrimina a miembros de la PNC son obra de malos policías, es decir, se trata de situaciones aisladas, explicables por fallas meramente personales. Es claro que por este camino no se llegará a ningún lado, pues supone dejar las cosas como están.
    El otro camino que se puede seguir es el de la refundación institucional de la policía. Pero no sólo de la corporación policial, sino de todo el sistema de seguridad pública y de justicia. Delitos cometidos de forma sistemática por policías, bandas del crimen organizado que operan por doquier, extorsiones realizadas a la vista de todos, impunidad... Todas esas son señales inequívocas de resquebrajamiento institucional en materia se seguridad pública y justicia.
    En Guatemala, esas señales se pusieron de manifiesto una y otra vez. Los responsables de actuar ante ellas no lo hicieron, y ahora ese país está en medio de una severa crisis estatal-institucional, con todas las consecuencias que se pueden seguir de ella en orden a agudizar el clima de violencia social. En El Salvador, esas señales son algo cotidiano. Lo que sucede en Guatemala es una suerte de anuncio de lo que puede suceder aquí, si quienes conducen al país no hacen lo debido en materia de saneamiento institucional y de redefinición de la estrategia de seguridad y de justicia. Contra cualquier afán nacionalista, hay que decir que El Salvador está más cerca de Guatemala de lo que a muchos les gustaría aceptar. Lo que en Guatemala es en estos momentos una franca crisis, en El Salvador es una crisis en ciernes. Y, lamentablemente, son las sociedades de ambos países las que están cargando sobre sus espaldas con los costos de los desatinos de sus dirigentes políticos.

    En días recientes, la prensa nacional ha dado cobertura al actual alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, en relación con sus comentarios a propósito de lo que se ha dado en llamar el auge de la izquierda en América Latina. Las notas periodísticas han dejado entrever las criticas que el jefe municipal lanza contra las estructuras partidistas, en especial referencia al FMLN, cuando señala la falta de renovación de los cuadros dirigentes. A partir de las opiniones de Ortiz, surge entonces una interrogante esencial: existe en América Latina y, de manera específica, en El Salvador una nueva generación de cuadros de izquierda o se trata de viejos líderes reciclados en nuevos puestos de mando. ¿Es acaso este un verdadero ejercicio de democracia interna en la vida de los partidos políticos? O ¿es sólo un intento por mantener el estatus quo de su jerarquía, presentado ante la opinión pública como una estrategia necesaria para el buen desempeño del partido?
Estas y otras preguntas llevan a cuestionar el sentido que hoy tienen los liderazgos políticos y, en especial, el papel que los líderes de los principales partidos políticos han ocupado y ocupan dentro de la sociedad salvadoreña. En ese sentido, estas interrogantes son válidas para evaluar tanto a la izquierda como a la derecha en El Salvador y la tan publicitada imagen de algunos de sus dirigentes como líderes natos al servicio de la sociedad.
 
En la derecha
    El partido oficial insiste a través de sus campañas mediáticas y sus instrumentos de propaganda en denominar “líderes” a aquellos personajes designados como candidatos (y luego electos) a la presidencia de la República. Así, para buena parte de la derecha salvadoreña, los ex presidentes Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y, el actual mandatario, Antonio Saca, son ejemplos claros de líderes políticos. Incluso,  algunos se atrevieron a considerar a Flores como un estadista en el sentido cabal de la expresión. Quienes hacen este señalamiento parecen olvidar que aquel presidió de la manera más discutible al país durante su periodo en el poder y mostró la más reacia actitud a dialogar y escuchar al resto de actores políticos.
    Ahora bien, esta tendencia de buscar líderes a toda costa, marcada por intereses electorales en juego, encuentra su antecedente histórico en el ex mayor Roberto d´Aubuisson, fundador y principal ideólogo de ARENA. Este personaje, elevado a la categoría de héroe y considerado ya un mito para la derecha, se caracterizó por defender valores contrarios a cualquier tendencia democrática. Más que dignidad, igualdad y justicia, el ex mayor encarnaba la más beligerante aversión a la disidencia y la nula tolerancia contra aquellos que no compartían su visión política ni su aversión hacia todo lo que apuntara a cambios sociales necesarios.
    Al contrario, para d´Aubuisson, la defensa de la libertad como principio fundamental del hombre y de la vida social debía prevalecer, en su lógica, sobre cualquier otra consideración, ya fuera política o de carácter moral. En ese sentido, la defensa de esa libertad debía llevarse hasta sus últimas consecuencias, sin importar los caminos seguidos para lograr el éxito en tal tarea. Por ello, su carrera política como líder de la derecha más recalcitrante se explica tanto por su odio a la oposición y su nacionalismo exacerbado, como por su capacidad para defender la imperiosa necesidad de exterminar cualquier indicio de comunismo en el país. 
    Pese a sus antecedentes, aún ahora, a 25 años de fundación del partido y 15 años de su muerte, d´Aubuisson es considerado como un líder político indiscutible para la derecha. Este inmerecido reconocimiento se le otorga a pesar de los informes certeros que dan cuenta de su participación en crímenes de lesa humanidad y, además, de ser el principal impulsor de los llamados “escuadrones de la muerte”, cuyo objetivo era el exterminio de cualquier persona considerada “peligrosa”  durante la guerra. A esta lista se endosa su responsabilidad directa en el asesinato de Monseñor Oscar Romero.
    Con la llegada de ARENA a la presidencia, en 1989, el partido forjó una imagen de líder distinta, ya no basada en las características del ex mayor, sino más bien centradas en el perfil profesional y en una supuesta vocación democrática de sus candidatos y principales dirigentes, quienes, por su carácter civil, daban fe de su ética personal y de su calidad como ciudadanos. No obstante, el carisma tecnocrático si bien le ha dado a ARENA, en términos electorales, resultados positivos, también ha socavado su credibilidad ante el resto de sectores críticos y disconformes con las medidas llevadas a cabo por sus gobiernos.
    Así, gestión tras gestión, el partido oficial ha buscado fortalecer su práctica política en función de sus candidatos presidenciales. El caso más emblemático ha sido el de Antonio Saca, quien pareciera encarnar las cualidades de un buen líder empresarial, más no político, tal como la constante campaña mediática a su favor insiste en mostrar. Sin embargo, de momento del lado de la derecha no existe –-y cuesta creer que existirá— un líder político sensato y que responda a los intereses de las mayorías.
 
En la izquierda
    La izquierda partidista, por su lado, se ha caracterizado por la constante presencia de los mismos cuadros al frente del partido. Hasta en los últimos años, el FMLN ha visto el surgimiento de nuevos líderes, impulsados sobre todo a partir de sus gestiones municipales, lo cual les ha brindado notoriedad y experiencia política. ARENA resuelve la ausencia de líderes reales entre sus filas mediante campañas y estrategias de comunicación masiva. Por su lado, el FMLN la resuelve mediante la puesta a prueba de los dirigentes más experimentados en la conducción del partido.
    Desde antes del conflicto armado –que enfrentó en mayor medida a la guerrilla contra el gobierno pedecista de turno, respaldado por Estados Unidos— en la izquierda destacaba el liderazgo de Schafik Handal, aunque compartía el liderazgo con otras figuras que después pasaron al olvido. Handal era reconocido no sólo por su capacidad política, sino por su ética personal y la coherencia con la cual conducía su vida y su función al frente de la organización militar. Posteriormente, su talante le granjeó respeto de parte de sus simpatizantes así como de sus críticos, lo cual se evidenció tras su muerte, el 24 de enero de 2006.
    Con todo, al examinar al actual FMLN es palpable la ausencia de líderes como Handal. Si en la derecha partidista se ha carecido históricamente de líderes políticos, en la izquierda la ausencia del único líder nato ha evidenciado de igual modo una falta de candidatos que llenen un perfil idóneo para hacer frente a los desafíos del país. Pese a esta ausencia, el FMLN sí cuenta con una ventaja, pues muchos de los actuales alcaldes municipales cumplen con su labor de manera ética, trabajan al servicio de las mayorías y poseen ante todo una actitud crítica ante la realidad y las dinámicas internas del partido. No obstante, el talón de Aquiles de estos líderes sigue siendo la falta de una propuesta viable y alternativa que dé respuesta a los problemas y necesidades más globales de El Salvador.

Consideraciones finales
    De momento, el país carece de líderes políticos capaces de trascender los apoyos e intereses partidistas. En ese sentido, los partidos políticos debieran preocuparse por formar verdaderos cuadros de dirigentes y líderes capaces de asumir la conducción de las estructuras partidistas y de gobernar al país, más que por fabricar una imagen redituable en términos de votos. Estos retos institucionales deben ser complementados con desafíos personales para los actuales miembros de los partidos políticos, en tanto posibles agentes de cambio en la sociedad, lo cual requiere de un fuerte y serio compromiso con el bien común.
Hoy por hoy, en la dinámica política salvadoreña, existen personajes políticos locales con algún arraigo entre los votantes, pero carentes de algunos rasgos característicos de un líder. Entre los atributos de un líder político se esperan su capacidad comprobada en el manejo de la cosa pública, su responsabilidad y compromiso en nombre del interés común y de la defensa de las mayorías, coherencia entre su acción y su discurso, y su capacidad para el diálogo y el entendimiento, entre otros. En ese sentido, un líder debe poseer un talante ético fundamentado en valores humanos que le permitan gobernar por y para la gente, sin caer en demagogia, mercadeo electoral o el populismo llano.

    El pasado 1 de marzo, el gobierno celebró un año de la entrada en vigencia del TLC con los EEUU. En un evento especial, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, y la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, hablaron sobre el aumento de las exportaciones hacia el país norteamericano, al tiempo que destacaron la relación que hay entre la reactivación económica y el CAFTA. El presidente y la ministra consideran que el crecimiento económico registrado el año pasado fue gracias a la ratificación del convenio comercial con los EEUU. A pesar de los beneficios del tratado, ambos funcionarios reconocen que hay que profundizar la apertura comercial –reduciendo los trámites para las empresas que desean exportar y facilitando la entrada de la inversión extranjera directa– para que los beneficios lleguen a los más pobres.

Posturas encontradas
    Los primeros resultados que arroja el TLC con EEUU han generado posturas encontradas. Por un lado, el gobierno junto a varias asociaciones empresariales destacan el aumento de las exportaciones y las facilidades de colocar los productos nacionales en el mercado estadounidense. Por otro lado, organizaciones de trabajadores del campo y del sector informal expresan lo contrario: el convenio comercial ha generado un aumento de precios en los insumos agrícolas y también ha perjudicado a los vendedores de CD y DVD que no cumplen con los requisitos de la ley de propiedad intelectual. Así las cosas, es notoria la diferencia entre los que aumentan sus utilidades gracias al mayor número de exportaciones y los que se refugian en actividades agrícolas de subsistencia y en el trabajo del sector informal.
    Pero las diferencias no sólo se notan en las opiniones citadas, también los analistas difieren en el “análisis económico” de los beneficios del tratado. Mientras que el gobierno excluye la maquila con la finalidad de mostrar un aumento de las exportaciones, otros sostienen que un análisis global de todos los sectores muestra una disminución de las ventas de El Salvador a los EEUU. En concreto, el gobierno resalta el aumento del 68% en las exportaciones no tradicionales y hace a un lado la producción de maquila que proporciona más de la mitad de las ventas a los EEUU. Por el contrario, una visión completa del comercio entre ambos países muestra que las exportaciones salvadoreñas cayeron en 2.5%.
    El análisis macroeconómico destaca un aumento en el déficit comercial: mientras que las exportaciones totales cayeron en 2.5%, las importaciones que provienen de EEUU ascendieron en 23%. Los datos muestran una mayor dependencia económica de El Salvador con respecto a los EEUU. A nivel regional el gran ganador también fue el país norteamericano: mientras que la suma de las ventas de El Salvador, Guatemala, Hondura y Nicaragua aumentó 1.43%, la suma de sus importaciones aumentó el 18%. No hay duda de que el CAFTA es una excelente herramienta del gobierno estadounidense para solventar el déficit comercial que mantiene con países que tienen sectores más competitivos. El superávit comercial que logra con los países en vías de desarrollo financia el déficit que mantiene con Japón y Alemania.
    El debate en torno a los beneficios del tratado ha cobrado una relevancia particular en el sector agrícola. El ministro de Agricultura, Mario Salaverría, y algunas gremiales del sector sostienen que el CAFTA ha sido beneficioso para la agricultura. Por ejemplo, Alfonso Escobar y Ricardo Espitia –de la Asociación de Productores de Leche (Proleche) y del Consejo Salvadoreño del Café (CSC), respectivamente– dijeron que el convenio comercial permitió aumentar la oferta exportable al país norteamericano. Según los dirigentes, los beneficios son fruto del consumo de productos nostálgicos por parte de los salvadoreños residentes en los EEUU. En sintonía con estas declaraciones, el jefe de la cartera de Agricultura dijo que la exportación de productos agrícolas creció en 104% en 2006, beneficiándose, inclusive, el subsector de granos básicos que se temió que fuera uno de los más afectados por el tratado.
    La Confederación de Cooperativas para la Reforma Agraria (CONFRAS) y el Consejo Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) no están de acuerdo con dichas declaraciones. Mientras el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) asegura que el alza de las exportaciones agrícolas fue debido al CAFTA,  las organizaciones sostienen que dicho crecimiento sólo ha beneficiado a las empresas exportadoras. Según Miguel Alemán, dirigente de CONFRAS, los pequeños productores, debido a su incapacidad para exportar, venden sus cosechas a las empresas exportadoras que son las realmente beneficiadas. El dirigente también criticó al gobierno por la falta de créditos para los pequeños productores del campo. En la misma dirección, Carlos Rodríguez, representante del CNTC, declaró que los pequeños y medianos productores son afectados por los altos costos que limitan una mayor producción de granos básicos.
    El malestar no sólo se encuentra en los pequeños productores y trabajadores del campo sino también en los comerciantes del sector informal. La semana pasada varias organizaciones sociales –como el Bloque Popular Social (BPS) y Bloque Popular Juvenil (BPJ)– marcharon hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el TLC con los EEUU. Para ellas el convenio comercial violenta varios artículos de la Constitución por lo que solicitan una pronta revisión del mismo.

Hay ganadores, pero no son la mayoría
    Una de las ideas más difundidas por el gobierno fue que el tratado se negociaría bajo el esquema “ganar-ganar”. O sea que la implementación del tratado comercial beneficiaría a ambos países. No obstante, los resultados a un año de la entrada en vigencia del CAFTA muestran que el beneficiado ha sido EEUU. Si bien hay nuevos productos salvadoreños que incursionan en el mercado estadounidense, también hay una masiva entrada de productos norteamericanos en el país. La ratificación del CAFTA ha ampliado el déficit comercial de El Salvador con respecto a los EEUU. Un país con alto nivel de endeudamiento público y un déficit fiscal crónico no se puede dar el lujo de firmar convenios comerciales que, al fin de cuentas, se traducen en mayores desequilibrios en la balanza comercial.
    El problema en sí no es el libre comercio, sino más bien la incapacidad del Estado salvadoreño para negociar en forma adecuada lo pertinente a los sectores más sensibles de la economía. Es decir, aquellos sectores donde se encuentran la mayor parte de productores y trabajadores con bajos niveles de productividad. En la dinámica del comercio mundial estos sectores se ven perjudicados por la competencia de las empresas que se caracterizan por poseer una relación alta entre capital y trabajo. La alta concentración de capital por unidad de trabajo es determinante para la elaboración de bienes a precios más bajos.
    Para suplir estas deficiencias es necesario un papel más activo del Estado en la capacitación de la mano de obra, el crédito para las empresas y la promoción de inversión nacional. Pero estos elementos de política económica han venido a formar parte de la estrategia de desarrollo gubernamental después de la firma del TLC con los EEUU. El apoyo estatal a los sectores productivos debe darse con antelación para que los resultados del comercio internacional sean óptimos. En este sentido, el éxito depende del aumento sostenido de las exportaciones y de la mayor productividad laboral, pero los resultados macroeconómicos muestran que las exportaciones de El Salvador hacia los EEUU decrecieron y que, debido a la desarticulación de los sectores, no se vislumbran mejores niveles de productividad.
    El éxito del convenio comercial no depende sólo del aumento de las exportaciones, el superávit de la balanza comercial o los mayores niveles de productividad, sino también de las mejoras en la calidad de vida de los sectores sociales más pobres del país. Hay que recordar que los gobiernos salvadoreño y estadounidense impulsaron el tratado comercial con la seguridad de que éste aumentaría el bienestar social. A la fecha, si bien el país ha registrado una mayor actividad económica, no es tan obvio que sea por la entrada en vigencia del CAFTA tal como lo sostiene el gobierno. Además, los expertos económicos no sólo se preguntan sobre cuál fue la verdadera razón del crecimiento reportado por el gobierno a fines del año pasado, sino también dónde está el bienestar social que debería acompañarle.
    Lamentablemente, la revisión de la política económica deja logros desalentadores. Con los resultados del CAFTA pasa lo mismo que con los resultados que arrojan las privatizaciones y la dolarización de la economía. Las tres medidas han generado beneficios, sin embargo, no hay que olvidar que éstos no son para la mayoría. Todo lo contrario, dichas políticas fueron confeccionadas a la medida de los grupos empresariales más poderosos del país y no en beneficio de toda la población salvadoreña como lo sostiene la propaganda oficial.
    En la actualidad, el gobierno se jacta de los resultados del TLC con los EEUU, pues sostiene que gracias al convenio la economía y el sector agrícola crecieron al 4.2% y 7%, respectivamente. También, declara que ha habido un aumento en el rubro de las exportaciones no tradicionales, pero falta que las cifras se traduzcan en mejores salarios y, por ende, en una mejor calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de las empresas exportadoras. Sólo cuando las grandes utilidades de los bancos, de las empresas privatizadas y exportadoras financien la paga de mejores salarios habrá una mejor calidad de vida. 
    Por otro lado, el gobierno tiene el reto de impulsar una política económica con mayor consistencia, pues la apuesta por la inversión en maquila a mediados de los años noventa no está generando los beneficios que prometió el otrora presidente Armando Calderón Sol. Todo lo contrario, la disminución de las exportaciones en dicho rubro ha generado un déficit mayor en la balanza comercial. Si a eso se añaden los malos salarios pagados en el sector, se puede decir que los beneficios de impulsar el sector maquilero en el último quinquenio de los años noventa han sido casi nulos.
    A un año de la entrada en vigencia del TLC es menester que el Estado no olvide que los beneficios del convenio comercial no se limitan a las cifras sino también a la mejor calidad de vida de los trabajadores. Bajo las nuevas circunstancias del comercio internacional –con la entrada de China en el comercio mundial–, un error similar al cometido por el segundo gobierno de ARENA puede aumentar el malestar social, ya que las inversiones extranjeras que no son rentables en el largo plazo y que pagan malos salarios no hacen más que soliviantar los ánimos de un pueblo que lucha por salir de la precariedad.

    El tema de los empréstitos ha venido cobrando relevancia pública desde noviembre de 2006. Y es que el monto en juego asciende a más de 4 millones de dólares, cuya utilización tendrá un claro signo político: financiamiento del programa Red Solidaria, recursos para la reestructuración de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) y financiamiento del programa de educación básica “Éxito”, entre otros.  Tanta es la importancia del asunto que el debate en torno al mismo, lejos de disminuir, ha cobrado más fuerza en los últimos días. De hecho, se ha convertido en uno de los ejes de la campaña política iniciada por ARENA. Pareciera, en este sentido, que la aprobación o no-aprobación de los préstamos están siendo vistas, por las principales fuerzas políticas del país, como la llave de éxito en las elecciones de 2009, en el entendido de que el partido que logre imponer su postura –a favor o en contra de los préstamos— se llevará los créditos ante la población.
    A través de argumentos de relativo peso, pero también mediante burdos mecanismos de presión –campañas de desprestigio— tanto ARENA como el FMLN mantienen un abierto enfrentamiento en el que se juega, más allá del tema de los préstamos, el posicionamiento de ambos institutos políticos de cara a las elecciones de 2009. 

Las versiones
    Hablar de créditos o de endeudamiento es algo complicado en un país que, además de problemas fiscales severos, padece del vicio de la excesiva politización. Por más de tres semanas se ha visto cómo ARENA responsabiliza al FMLN de los posibles estragos que se puedan suscitar de no ratificarse, antes del 14 de abril –fecha límite impuesta por las instituciones que financiarían el crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo)—, los préstamos por la Asamblea Legislativa. Algo que se escamotea en la campaña del gobierno es la obligación que se tiene de rendir cuentas por la utilización del dinero conseguido en calidad de préstamo. Y esta es la exigencia planteada por el FMLN como condición para dar sus votos a la iniciativa del Ejecutivo. El gobierno de Antonio Saca no ha sabido (o no ha podido) responder a esta exigencia del partido de izquierda –es decir, presentando informes de auditoría bien elaborados— y ha optado por una campaña mediática en contra de su principal rival político. 
    Es cierto que si no hay recursos públicos suficientes la gente sale afectada. En esto, la campaña de ARENA destaca algo inobjetable. Pero también la gente sale afectada si los recursos públicos son despilfarrados o son usados en beneficio particular de determinados funcionarios. ¿Cómo se daña más a la población: con la negligencia, como la llaman unos, a votar por la ratificación de los préstamos o con la corrupción y malversación de los fondos destinados a esa población?
    En sana lógica, lo prioritario es garantizar que los mecanismos de fiscalización y transparencia funcionan como es debido. Sólo esto puede garantizar que los recursos que se consigan, en este caso en calidad de préstamo, beneficiarán a quienes corresponde.  Y esa es la tesis que sostiene el FMLN ante el problema de los préstamos. “La población salvadoreña –ha dicho Medardo González— tiene que saber la verdad con respecto a cómo el gobierno administra los préstamos”.
    Por otra parte, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ha sostenido que la nación no corre ningún riesgo con la aprobación de estos empréstitos. Para FUSADES, luego de la reforma al sistema de pensiones realizada en 2006, la deuda se alivió, por lo cual no se corre el riesgo de llegar a niveles peligrosos de endeudamiento. Al contrario, para esa institución, si se aprueban los préstamos, el saldo de la deuda, al finalizar 2007, llegaría a 7 mil 644.9 millones de dólares, representando el 38.2% del PIB, es decir, 1.8% menos que la deuda actual y con una carga tributaria del 14.2%. Con tal estimación se puede concluir que el actual déficit fiscal de 2.9% podría bajar a cerca de un 1%, al ser aprobados los más de 4 millones de dólares en préstamos.
    FUSADES también enfatizó en dejar de lado la politización partidaria de ARENA y el FMLN y centrar los esfuerzos en mejorar la calidad de vida de las y los salvadoreños. Para la fundación empresarial, es importante que los partidos “hagan todos los esfuerzos por aprobarlos. Los préstamos están tocando áreas que son muy importantes y sensibles para nuestro país. Estamos hablando de educación, de combate a la pobreza, de seguridad, son áreas donde realmente exige que se logre concertación de parte de las fuerzas políticas, pensando sobre todo en el bienestar de la gente en El Salvador”. El FMLN reaccionó a lo apuntado por FUSADES, a la que acusó de prestarse a la manipulación de datos e informes gubernamentales. “Esas proyecciones son falsas, son manipulaciones estadísticas que hace FUSADES. Nuestras cifras, incluso sin los préstamos que quieren que aprobemos, dicen que la deuda es del 48%, esto no es más que una falta de seriedad”, sostuvo Salvador Arias, del FMLN.

Las campañas
    Es necesario enfatizar dos cosas a la hora de hablar de campañas. Lo primero es que las campañas políticas o de imagen son utilizadas por los comunicadores y publicistas para mostrar una nueva imagen de una institución o de una persona; lo segundo es que una campaña debe tener permanencia en los medios, esto es, debe ser constante. El primer requisito no es cumplido por la campaña de ARENA: en ella, el actor central es el FMLN, al cual se pretende desprestigiar.  En contraste, el actor secundario es ARENA del cual no se ofrece una nueva ni mejor imagen. Es su imagen de siempre, manipuladora, prepotente y anticomunista. En definitiva, quienes diseñaron la campaña juegan con la contraposición “malo” (FMLN)-“bueno” (ARENA-gobierno), cuya pobreza no se puede ocultar a nadie con un mínimo de sentido común.
    Sobre la permanencia hay que decir que en este punto ARENA cumple a cabalidad con la norma. Lo cual debe preocupar a los ciudadanos y ciudadanas, porque es dinero público el que se gasta en algo tan superfluo y bajo.
    No hay que perder de vista que con los préstamos está en juego el financiamiento de actividades estatales de beneficio social y para las cuales no hay recursos propios. Entonces, no tiene sentido que el gobierno y ARENA malgasten recursos que bien podrían ser utilizados en beneficio directo de la gente más pobre. A propósito de la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado, una tarea pendiente es la de investigar cuánto le cuestan a la sociedad salvadoreña estas campañas del gobierno y de ARENA contra la oposición política.
    En definitiva, el tema de los préstamos es importante siempre y cuando estos reciban un manejo adecuado en los proyectos establecidos. Porque, de lo contrario, de nada servirá pedir dinero prestado si este no llegará a sus destinatarios. Es decir,  es imprescindible que exista transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Esto disminuirá la desconfianza ciudadana en las instituciones estatales. Además, es necesario que se antepongan los intereses de la población salvadoreña a los políticos partidistas.

    En 1857 se realizó una marcha con centenares de mujeres obreras en la ciudad estadounidense de Nueva York, en la cual exigieron una mejora en los bajos sueldos y en las inhumanas condiciones laborales a las que eran sometidas (de hasta 16 horas diarias de trabajo). Luego, el 8 de marzo de 1908, según algunas organizaciones feministas, miles de mujeres repitieron aquella escena en el mismo lugar con las mismas exigencias. En esta ocasión, las mujeres ocuparon una fábrica textil, la cual fe incendiada por los patronos. El resultado fue de 129 trabajadoras muertas.
    Esos hechos habrían llevado a que, en 1975, la Organización de Naciones Unidas (ONU) instaurara el 8 de marzo como “Día Internacional de la Mujer”, como un tributo a aquéllas obreras asesinadas en la fábrica de Nueva York  y a otras tantas mujeres que, con su lucha, a lo largo de la historia han exigido igualdad de derechos y de oportunidades.
    En este contexto el pasado 6 de marzo, la Concertación Feminista Prudencia Ayala, presentó el documento “Hace 15 años fuimos excluidas y resistimos hoy”. En él se señalan una serie de situaciones de violencia hacia las mujeres del país, con la tolerancia de las autoridades encargadas de velar por la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Violencia invisibilizada
    El documento de la Concertación Feminista hace hincapié en que muchas veces pasa desapercibida la violencia que se ejerce en esta cultura machista hacia las mujeres. Tal es el caso de la violencia sexual, la cual —según la Concertación Feminista— continúa siendo invisibilizada, especialmente dentro de la pareja o matrimonio, por la creencia de que una mujer casada o acompañada está obligada a tener relaciones íntimas cuando su pareja lo desee. “La violencia sexual está estigmatizada. Prueba de ello es que de los 455 casos abiertos por violencia sexual en el país durante 2004, sólo se tramitaron 280 denuncias” recalca el informe.
    Otro fenómeno que pasa desapercibido es el mal trato, que muchas veces desemboca en asesinatos, de las mujeres dedicadas al trabajo sexual. Al respecto la Concertación recogió algunos datos: Durante 2005, la organización Flor de Piedra registró 13 asesinatos de trabajadoras del sexo; 11 ocurrieron en sus lugares de trabajo, 7 se cometieron con arma de fuego y 6 presentaban evidencias de tortura. En esta cifra sólo se incluyen mujeres que la institución ha constatado que ejercían la prostitución. Sin embargo se desconoce el número real de ellas que pueden haber sido asesinadas. Es difícil saberlo ya que muchos crímenes de mujeres no son noticia, no hay desagregación por rubro laboral de las mujeres asesinadas y una actividad que muchas veces se ejerce en la clandestinidad. A esta grave situación se le agrega un elemento cultural, que descrimina a quienes se dedican actividades como esa. Por su parte, las autoridades no responden a esta problemática. “Hasta el momento no se conoce de la resolución de ningún caso ni del rumbo de las investigaciones. Las investigaciones están cargadas de juicios morales y carentes del debido proceso”, concluye la Concertación Feminista.
    Además, en los últimos años se ha incrementado el número de mujeres con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) que afecta a las personas infectadas por  el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Según el informe, “durante 2004, seis personas se infectaron cada día con VIH. En 2005, se registraron 2 mujeres VIH positivas embarazadas por cada mil. Hasta julio de 2005, el 36% de las personas con VIH/SIDA eran mujeres. Y se observa la tendencia a igualar la incidencia casos entre hombres y mujeres”. Esto, según el documento de las feministas, se debe en gran medida a la falta de educación sexual. “Es notoria la falta de información (brindada por el Estado) sobre la enfermedad y sobre esta situación en el país. Así también falta infraestructura adecuada y cobertura hospitalaria para la atención de las y los pacientes”.
    Por último, otra situación de desigualdad y de violación a los derechos humanos, se da en el aspecto laboral. “El trabajo femenino es considerado como menos cualificado y por lo tanto le asignan un estatus inferior, lo que se traduce en una devaluación de las labores que desempeñan o los puestos que ocupan las mujeres”. Y por ello mismo, es constatable que en el país las mujeres padecen de una doble discriminación, pues, “por una parte, no cuentan con una remuneración ni prestaciones por el trabajo realizado; y por la otra, ven restringida su participación en el mercado laboral y en la generación de ingresos, convirtiéndose en dependientes de quien provee el ingreso al hogar, lo cual podría afectar también a su capacidad en la toma de decisiones al interior del mismo”.
    Con todo, no sólo es invisibilizado el trabajo o el aporte económico de muchas mujeres, sino también un conjunto de hechos —como los antes señalados—  que llevan a cuestionar al Estado salvadoreño en su acción por velar los derechos fundamentales de las personas, en especial, de aquellas más violentadas. Aunque la solución a las violaciones de los derechos de las mujeres compete al conjunto de la sociedad, esto no exime al Estado de su responsabilidad en tantos casos como el de Katia Miranda, que, tal como lo formuló el documento antes señalado, se ha convertido en “símbolo de la negligencia y de la falta de interés institucional por resolver casos relacionados con violencia hacia las mujeres. Y este caso reúne características de violencia sexual e intrafamiliar y de feminicidio”.

Feminicidios
    La violencia contra las mujeres se enmarca dentro del contexto de la grave situación de violencia social en la que está sumergido el país. Los altos índices de homicidios también registran muertes de mujeres. A continuación se presenta un cuadro con  los números de mujeres asesinadas en los últimos tres años:

Fuente: Concertación Feminista Prudencia Ayala

    La tendencia de homicidios de mujeres,  es ha incrementarse, al igual que la tabla general de homicidios. A raíz de estos surge la siguiente pregunta: ¿qué está detrás de este tipo de delitos? Según Morena Soledad Herrera y Ana Landa Ugarte, en su informe Feminicidios en Centroamérica-El caso de El Salvador (San Salvador, 2006), se trata de un fenómeno llamado “feminicidio”, que se define como el asesinato cometido por hombres contra mujeres el cual tiene “un carácter profundamente sexista, es decir, cuyas razones están basadas en el poder, el control, la objetivación y cosificación, la desvalorización y el dominio de los hombres sobre las mujeres… que tradicionalmente se han considerado ‘crímenes pasionales’, socialmente disculpados”. Además, es importante destacar que los feminicidios son difíciles de identificar debido a que la mayoría de asesinados son hombres, según las estadísticas.
    De ahí que la Concertación Feminista apunta a que “detrás de estos asesinatos (feminicidios) se esconde la misoginia (es decir, el odio y desprecio hacia las mujeres) de los que cometen los actos de violencia, pero también de las autoridades que no toman las medidas para sancionarlo y prevenirlo”. Por ello, es importante que las diferentes exigencias planteadas por las feministas al Estado, encaminadas a un mayor respeto de las mujeres, sean tomadas en cuenta.

    En las últimas dos semanas, el asesinato de los tres diputados del Parlamento Centroamericano y además miembros del partido ARENA y el motorista de uno de ellos, a manos de policías guatemaltecos ha acaparado las portadas de los principales periódicos locales. Los detalles de la muerte de los salvadoreños, el seguimiento de las capturas de los supuestos hechores materiales y su posterior asesinato nutrieron las páginas de los rotativos noticiosos. Sin duda alguna esto ha tenido un impacto grande en la opinión pública salvadoreña y la preocupación se ha dejado ver en la reducción de personas que han salido del país hacia el vecino país, al menos tal como lo reportan los periódicos. En este sentido, si nos adelantamos en el tiempo, es muy probable, que la cantidad de salvadoreños que visiten Guatemala las próximas vacaciones se reduzca drásticamente, situación que empieza a preocupar a las autoridades de turismo de Guatemala; ya que la ausencia de salvadoreños puede tener un impacto económico importante si se considera  que el 35% de los turistas que visitan Guatemala proceden de El Salvador (dato obtenido en La Prensa Libre de Guatemala, 3 de marzo de 2007). Ya hace algunos años, aparecieron campañas tratando de persuadir a la gente para no viajar a Guatemala por la amenaza que representaba para los salvadoreños viajar a este país y quizás por algún interés económico en mantener el turismo nacional dentro de nuestras fronteras. En estos días, se ha insistido en la idea que viajar a Guatemala no es recomendable y hasta el presidente ha asegurado que quien lo haga será bajo su propio riesgo.
    El manejo que se le ha dado a las noticias sobre estos hechos es un buen ejemplo de cómo los medios pueden contribuir a modificar o reafirmar la percepción de las personas sobre los hechos sociales. Uno de los fenómenos que podría darse entre los salvadoreños, producto del manejo que se le ha dado a las noticias en los medios, es lo que los psicólogos han denominado “Efecto de contraste”. En dicho efecto las propiedades de un estímulo se realzan cuando los elementos que están a su alrededor son bastante inferiores o peores. Quizás un ejemplo pueda ayudar a clarificar este sesgo: cuando un agente de bienes raíces quiere vender una casa, probablemente antes de llevar al cliente a ver la casa que quiere venderle lo lleve a una casa que luzca bastante deteriorada, descuidada y a un costo muy elevado, para que, cuando visite la casa que quiere venderle, esta resulte mucho más atractiva de lo que realmente es. Es probable que algo similar esté sucediendo con la percepción que tenemos de nuestras instituciones de seguridad. Los medios de comunicación al insistir, reiterar y machacar la corrupción y la grave descomposición de la policía Guatemalteca, probablemente estén buscando realzar a nuestra Policía Nacional Civil como más efectiva y más transparente de lo que realmente es. Esta creencia podría aparecer en la mente de la población no tanto por el mérito propio del actuar de la policía, sino más bien por el contraste con la Policía guatemalteca.
    De forma contraria a la imagen que se pretende generar en los medios sobre la Policía Nacional Civil podría analizarse el siguiente caso. Justamente al final de la semana en que ocurrió el asesinato de los diputados, cinco personas eran ultimadas en cantón de Huizúcar, La Libertad. El día lunes la policía reportaba haber capturado a tres sospechosos de haber perpetrado el crimen ocurrido en Huizúcar. Sin duda que una acción bastante rápida de la policía salvadoreña, la cual cobraba mayor realce por las dificultades que seguía teniendo la policía guatemalteca en el aparecimiento de los vínculos de algunos oficiales con el crimen organizado.
    Pero analizando con mayor detenimiento el caso de Huizúcar, van apareciendo detalles que no hablan del todo bien del actuar de la policía salvadoreña. Una de las víctimas de este crimen era un testigo en un caso en un juzgado de San Marcos, por lo que se puede hipotetizar que uno de los motivos del múltiple asesinato era evitar que esta persona diera su testimonio. Por otra parte, una persona que presenció los hechos acontecidos en el Municipio de La Libertad manifestó haber observado a varios hombres vestidos de azul, con trajes muy parecidos a los de la policía, acercarse a las víctimas, pararse frente a ellos y dispararles a quemaropa. Al menos de momento, no es posible asegurar la participación de policías en estos hechos, pero sí surgen algunas dudas sobre el trabajo que realiza esta institución en relación a la protección de testigos y a la cada vez mayor participación de algunos elementos de la corporación en casos de abusos policial  y en hechos delincuenciales. 
    Siempre dentro del mismo caso de Huizúcar y en torno al manejo de los medios, es posible analizar otro sesgo en la presentación de la información, el cual puede distorsionar la interpretación que se haga de los hechos. Luego de las capturas, la policía presentó a los sospechosos, tres hombres cuyos únicos datos revelados fueron sus nombres y sus alias: “Dino”, “Calixtro” y el “Spay”. Vale la pena preguntarse cuál puede ser el propósito investigativo o periodístico de conocer y revelar los alias de los imputados. Podría pensarse que sirven para recabar mayor información sobre ellos, ya que revelando su “alias” mayor cantidad de gente podría reconocerlos y de esa forma conseguir más testigos que los incriminen. Pero es muy poco probable que estas personas puedan ser reconocidas por sus alias fuera de sus lugares de residencia o de sus centros de trabajo. Es más probable que el uso de sus alias, como elemento fundamental de la nota periodística, es inducir al lector al uso de “Estereotipos”, es decir generalizaciones de las personas a partir del conocimiento de unas pocas características.
    Es usual encontrar, en los medios de comunicación, que los individuos que se vinculan al crimen o las bandas delincuenciales se les asigne un sobrenombre o alias; en este sentido, cuando la policía presenta a los imputados y da a conocer sus alias, de forma sutil quiere sugerir que son personas que ya han sido identificadas como criminales o delincuentes y que, por tanto, están vinculados en el hecho que se les imputa, sin reportar otras pistas más contundentes que pudiesen vincularlos. De forma contraria, si se presentarán otras características de los imputados, como que se trata de un trabajador y que se le detuvo mientras cuidaba a su hijo pequeño, probablemente la audiencia se resistiría a creer que se ha capturado a los responsables de un asesinato.
    De forma complementaria, en la nota además se especula que probablemente el crimen tal vez pudiera responder a rencillas entre pandillas, una de las explicaciones más frecuentes que suelen dar las autoridades cuando no tienen mayores nociones sobre quién y por qué se cometió un delito. Esta atribución, un tanto arbitraria, a las pandillas o a rencillas entre estos grupos de los asesinatos puede generar en la audiencia una distorsión perceptiva que se llama “Culpabilización de la víctima”, en la cual los espectadores atribuyen buena parte de la culpa del hecho a la víctima y por tanto eximen de responsabilidad al victimario. Muchas veces al hacer una lectura de las noticias, es frecuente encontrar que en la descripción de la víctima se establezca si era o no pandillero, como si esa fuera la razón más importante para dilucidar la responsabilidad en un delito. El hecho de atribuirle a la víctima el calificativo de “pandillero” no brinda mayores explicaciones sobre los hechos, sino  más bien provoca que las personas simplifiquen las razones del asesinato y surjan explicaciones simplistas como “si era pandillero, en algo andaba metido” y de esta forma, al menos racionalmente, se justifica lo que le sucede a la víctima. Detrás también hay una creencia que busca salvaguardar nuestra integridad personal, “si yo no soy pandillero, entonces nada me puede pasar”. En otras palabras, el hecho de atribuir a la víctima este calificativo, puede generar un mayor sentimiento de alivio en la población, porque las personas encuentran la explicación del hecho violento en la vinculación de la víctima a un grupo determinado del cual el espectador no se siente parte. Al mismo tiempo, releva en buena parte la responsabilidad de las autoridades de esclarecer el hecho, ya que la explicación está dada y asumida. Esto puede ser peligroso, ya que lejos de orientar las políticas públicas de seguridad hacia el problema real de la violencia y la delincuencia, se hacen propuestas de seguridad más bien con fines propagandísticos y electorales.
    El análisis anterior pretende hacer patente que la presentación sesgada de la información sobre los hechos de violencia que en muchas ocasiones hacen los medios de comunicación genera interpretaciones distorsionadas del fenómeno de la violencia, sobre todo en aquella parte de la opinión pública que está más desinformada y  es poco crítica. Esta interacción entre información sesgada y opinión pública desinformada termina siendo un buen asidero para la aprobación de políticas de seguridad poco efectivas, pero sí mediáticas, que gozan de gran aceptación entre la población. Esperemos que la experiencia de Guatemala no solo se utilice para ensalzar nuestras instituciones, sino para volver la mirada crítica sobre nuestras autoridades y la transparencia con que puedan trabajar.

    El 11 de diciembre de 1981, Rufina Amaya escapó de la muerte escondiéndose tras un arbusto. Desde ahí escuchaba cuando el Batallón Atlacatl –dirigido entonces por uno de los más destacados genocidas de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), coronel Domingo Monterrosa– violaba, torturaba y asesinaba a niños, niñas, mujeres y hombres en El Mozote, municipio de Meanguera, departamento de Morazán. Entre las víctimas estaban su compañero y sus cuatro hijos. Pasaron más de veintiséis años para que se lograra, este martes 6 de marzo, la reunificación familiar; por esto es bueno que Rufina haya dejado físicamente este mundo. Pero no ha muerto; su vida sigue siendo luz que ilumina el camino a seguir para reivindicar la dignidad de las víctimas que buscan verdad y justicia.
    En medio de la masacre, Rufina superó el horror y el dolor para contar después cómo el salvajismo había acabado con la existencia de centenares de personas inocentes. “Dios mío, me he librado de aquí y si me tiro a morir no habrá quién cuente esta historia. No queda nadie más que yo”,se decía a sí misma mientras permanecía escondida pese al deseo de regresar por sus hijos. Y así fue. Su testimonio clave desmontó la mentira estatal. Sobre esto, Felipe Quetzalcoatl dice: “A mi parecer Rufina hizo lo más difícil –permanecer inmóvil, matando sollozos a puro silencio– y al final escapó con su vida sabiendo muy bien a través de todo que sus mejores armas serían sus palabras; es decir, su testimonio”.
    Rufina y su denuncia probaron que la barbarie ocurrió. De no ser por ella y su lucha incansable por revelar la verdad, con la farsa oficial habría sido sepultada; al menos, por un tiempo. De hecho, el gobierno de turno se esforzó por conseguirlo afirmando desde el inicio que nada había pasado en El Mozote; después, que eran guerrilleros muertos en un enfrentamiento. Igual, los gobiernos posteriores se empeñaron en negar la existencia de las hermanas Serrano Cruz, desaparecidas en Chalatenango, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es que el victimario y su protector no son distintos; piensan igual, actúan igual y se sirven el uno al otro. Pero de nada les vale eso frente al coraje de las víctimas, el amor a sus seres queridos y esa ternura que las hace superar cualquier infamia.
    Rufina sabía que, por desgracia, no se trataba de una pesadilla; que sus pequeños existieron y que antes de la tragedia habían corrido y jugado en esas tierras; que no era producto de su imaginación lo que había compartido con su compañero de vida y sus vecinos. Por eso, del sufrimiento sacó fuerzas para no dejar en el anonimato a esas víctimas inocentes y elevarlas en dignidad hasta colocarlas junto a Monseñor Romero, Rutilio Grande, los padres jesuitas, Marianela García Villas, Herberth Anaya y tantos otros nombres conocidos por su compromiso con la causa más hermosa: la defensa de los derechos humanos.
    Y pudo ver algunos frutos de su lucha. Logró que el Informe de la Comisión de la Verdad presentara la matanza como lo que era: uno de los sucesos más atroces y emblemáticos del conflicto salvadoreño; que, además, identificara a las unidades militares partícipes: el ya citado Batallón Atlacatl, la Tercera  Brigada de Infantería y el Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera; que señalara con nombre y apellido a sus jefaturas. Así quedaron evidenciados los cobardes protagonistas de la “Operación Rescate”, durante la cual también aniquilaron a veinte personas en el cantón La Joya, treinta en el caserío La Ranchería y un número no determinado en Los Toriles, Jocote Amarillo y en el cantón Cerro Pando. En tres días, fueron ejecutadas más de ochocientas personas en esa zona de Morazán.
    Sin embargo, pese a conocer tal información, tras casi veintiocho años desde los hechos no se ha iniciado ninguna investigación oficial para dar con los responsables y sancionarlos ejemplarmente. De esos sanguinarios verdugos, quienes aún viven pueden circular libremente. ¿Cuántos de esos carniceros siguieron matando después de la guerra, al no tener que enfrentar la justicia? ¿Cuántos serán parte del crimen organizado y de los grupos de exterminio?
El no haberlos juzgado y sancionado, tiene hoy al país contra la pared. Esa impunidad ha carcomido las instituciones estatales, no sólo en El Salvador sino también –al menos– en el resto del llamado “triángulo norte de Centroamérica” que incluye, además, a Guatemala y Honduras. Dejaron crecer al monstruo de la violencia, la corrupción y la delincuencia común u organizada, por proteger a los criminales del pasado; ahora ese engendro creció y alcanzó a quienes siempre han estado del otro lado, imponiéndole a las víctimas un “perdón y olvido” conveniente a sus intereses egoístas, obligándolas a callar su dolor, acusándolas de pretender abrir heridas del pasado y atentar contra la paz por reclamar justicia.
    Ahora ellos también tienen heridas abiertas; hoy saben cómo duelen. Y nadie, comprometido con la dignidad y el respeto de los derechos humanos, les va a exigir que perdonen y olviden sin recibir la justicia que merecen, mediante la sanción de quienes les causaron tan enorme daño. ¡Están en su derecho! Lástima que hayan tenido que soportar también el dolor que produce la violencia bestial. Ojalá no tengan que padecer también por la impunidad protectora de criminales privilegiados y comprendan a los familiares de las víctimas de El Mozote, El Sumpul y tantas otras cruelmente ejecutadas durante el conflicto armado; ojalá no les impongan también el silencio oficial, sin ser satisfechas sus demandas. Es tan urgente avanzar en las indagaciones de lo ocurrido en Guatemala el pasado lunes 19 de febrero y sancionar a todos los culpables, como urgente ha sido desde hace décadas que se haga lo mismo con lo ocurrido en el país en 1932 y de 1972 en adelante; igual justicia merece las doce personas que en la actualidad, a diario, son asesinadas sobre todo con arma de fuego.
    Por la pasividad estatal, el caso de El Mozote fue admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 2 de marzo del año pasado. El nuevo proceso internacional que enfrenta el gobierno a partir de entonces, es algo serio; de nuevo se muestra al concierto de naciones que algo anda mal en este “proceso de paz”, de cuyo éxito presume el Estado. Si todo funcionara bien dentro, ¿para qué acudir a la justicia internacional? Que la CIDH haya admitido este caso también es producto de la voz potente de Rufina, en la que se concentraron las de todas las víctimas de esa matanza.
    En la víspera del día dedicado a las mujeres, Rufina alzó vuelo y se erigió como la símbolo más representativa de millones de salvadoreñas que desde su pobreza luchan por sus hijas e hijos, pero también de aquellas que libran sin tregua la batalla para que otras hijas y otros hijos vivan en un nuevo país donde se pueda disfrutar una paz cierta, cimentada en la verdad y la justicia.
    Dios decidió llevársela en un mes de enorme significado para El Salvador. En marzo entregaron sus vidas monseñor Romero, Rutilio Grande y Marianela García Villas, insignias en la defensa de los derechos humanos. En marzo se publicó el Informe de la Comisión de la Verdad, señalando a los principales responsables de los crímenes ocurridos durante la guerra. También en marzo, la Compañía de Jesús denunció penalmente a miembros del Alto Mando de la FAES por la autoría intelectual en la masacre de los jesuitas y sus dos colaboradoras; en esa demanda se incluyó al Comandante en Jefe de la FAES: Alfredo Cristiani, el presidente de una “paz” tan mal hecha, tan armada y tan violenta, cuyos tentáculos mortales ya tocaron hasta lo intocable.
    Rufina Amaya no ha muerto. Que lo sepan las víctimas y sus victimarios; que lo sepa la sociedad entera y el mundo. Rufina, Marianela y cientos de miles de mujeres que entregaron sus vidas por construir un mejor país, no han muerto. Son ejemplos vivos a seguir; son quienes merecen, más que nadie, ser nombradas hijas meritísimas de El Salvador. Al enterarse de la desaparición física de Rufina, un compatriota que forma parte de la diáspora nacional escribió resumiendo el desafío que dejan estas legítimas y auténticas hijas meritísimas: “Es dificil –dice– olvidar el color de la sangre y por ello los asesinados jamás serán marginados de nuestras luchas por la justicia y la libertad. Una organización fuerte y coherente irá surgiendo en El Salvador hasta lograr un país más igualitario, guste o no”.