• Ignacio Ellacuría
• Ignacio Martín Baró
• Segundo Montes
• Joaquín López y López
• Amando López
• Juan Ramón Moreno
• Elba y Celina Ramos

EL PROBLEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS EL SALVADOR
Segundo Montes

Ponencia presentada en el XV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, en el panel "El Salvador diez años después," organizado por la profesora Tommie Sue Montgomery. El P. Segundo Montes ya no pudo asistir a este congreso, celebrado en diciembre de 1989, en Miami; sin embargo, esta ponencia fue leída en el panel como homenaje póstumo. Una primera versión de este artículo fue publicada en la edición 490-491 de esta revista, dedicada a los cien primeros días de gobierno de ARENA.

1. Introducción

Analizar el problema de los derechos humanos en El Salvador diez años después de los acontecimientos de 1979, los cuales terminaron con un golpe de Estado y un nuevo régimen para corregir el comportamiento del gobierno y de la institución armada, acusados de graves violaciones a una serie de principios, entre ellos el respeto a los derechos humanos, implica no sólo una mirada retrospectiva sobre la década de 1980 y a los registros de violaciones a los derechos humanos, sino también y sobre todo considerar el contexto sociopolítico y el proceso mismo de la crisis salvadoreña

La profunda crisis del país, el crecimiento y fortalecimiento de la organización popular, los acontecimientos de 1979 y 1980, enmarcados en el reciente triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, pusieron en peligro no tanto al gobierno y al régimen, sino al Estado mismo, a todo el sistema vigente, pues se percibió como real el triunfo revolucionario y con éste a estructuras radicalmente distintas. En un primer momento se intentó modificar el curso del proceso por medio de un golpe de Estado y de un relevo en las élites dirigentes, adoptando reformas que no cuestionaran ni atentaran contra la estructura misma del sistema.

A mi juicio, el 22 de enero de 1980 se dio una ruptura radical en el proceso. La Coordinadora Nacional logró poner en las calles de San Salvador a unas 2000 mil personas, las cuales fueron desbandadas por las balas de la Fuerza Armada, dejando un saldo elevado de heridos y muertos. Este hecho hizo que el movimiento revolucionario tomara conciencia de la amplia base popular que tenía, de la imposibilidad de lograr cambios y avances por la vía pacífica y optara por la movilización masiva para la lucha armada revolucionaria. Por su parte, el régimen y la institución armada también tomaron conciencia de la amenaza real y potencial que se cernía sobre el Estado y optaron por la guerra contra los grupos guerrilleros y, sobre todo, por la represión y el exterminio de la organización popular, de los movimientos y dirigentes contestatarios del régimen y del sistema, implantando el terror. Pienso que dentro de esta estrategia hay que situar el asesinato de Mons. Romero, critico firme e indoblegable de los atropellos contra el pueblo y aglutinador de las fuerzas emergentes, y los asesinatos de otros dirigentes de la oposición.

A partir de ese momento, el sistema declaró la guerra total contra todo lo que atentara contra su seguridad y permanencia. A partir de la llamada "ofensiva final" del FMLN del 10 de enero de 1980, la Fuerza Armada lanzó una guerra total con todos sus recursos y el respaldo incondicional de Estados Unidos. Ha sido una guerra civil contra las organizaciones populares y el campesinado de las zonas donde se encuentra la guerrilla. La táctica aplicada ha sido la de "quitar el agua al pez." De esta forma ha habido masacres inconcebibles y cientos de miles de desplazados y refugiados. Asimismo ha sido una guerra social que ha polarizado dicotómicamente a la sociedad, declarando a todas las organizaciones, fuerzas y personas no alienadas explícitamente con el sistema como "subversivas" o "fachadas de la subversión." También ha sido una guerra ideológica en la cual todos los medios del sistema han atacado las ideas contrarias a la ideología dominante, estigmatizándolas, persiguiéndolas y tratando de eliminar a sus defensores o sustentantes; a veces, algunos de los epígonos del sistema han llegado al extremo de afirmar que "pensar es un crimen y opinar es un delito."

Esta "guerra total," por la amenaza al sistema, llevó a la instauración de "un régimen de terror" contra el pueblo durante los cuatro primeros años de la década de 1980; más intenso y macabro en los dos primeros, tal como lo consignaron los registros y las denuncias del Socorro Jurídico del Arzobispado y otros organismos dedicados a defender los derechos humanos. Si bien por un lado la intolerancia internacional a este "régimen de terror," la exigencia del Congreso norteamericano de moderar la represión para aprobar la indispensable ayuda militar y económica para mantener el régimen y el sistema obligaron a disminuir considerablemente las violaciones a los derechos humanos; por otro lado, el terror implantado en el pueblo en los primeros años penetró tan profundamente en la conciencia colectiva e inhibió la participación contestataria de tal forma que ya sólo fueron necesarios niveles menores de represión para mantener el control sobre la población y para detener el movimiento revolucionario o el aumento de sus bases civiles de apoyo.

2. La situación de los derechos humanos

Las organizaciones y personalidades que han dado seguimiento a las violaciones a los derechos humanos han afirmado desde 1988 y sobre todo después del triunfo del Partido ARENA que éstas han aumentado, así como lo han hecho también los llamados "escuadrones de la muerte" y la represión selectiva, concretamente capturando a los opositores y disidentes. Así lo han denunciado los obispos de San Salvador en repetidas ocasiones, los dirigentes de los partidos políticos e incluso el Relator Especial de las Naciones Unidas para El Salvador, José Antonio Pastor Ridruejo.

Las violaciones a los derechos humanos se han agravado aún más en 1989, concretamente en los meses que mediaron entre las elecciones del mes de marzo y la toma de posesión del nuevo presidente, así como también en los primeros meses de su gobierno. Han aumentado las violaciones a los derechos humanos en dos direcciones en los dos primeros trimestres de 1989 con respecto a 1988. Han aumentado las víctimas civiles a consecuencia del aumento de la actividad militar y de la destrucción de bienes materiales por ambos bandos y la represión estatal se ha intensificado (capturas, persecución y amenazas). En cambio, hay una disminución de los asesinatos de "los escuadrones de la muerte," sólo en el segundo trimestre, y del FMLN, así como también los secuestros atribuidos a éste último. El conjunto total de víctimas diversas y de hechos violatorios de los derechos humanos es notablemente superior en 1989 respecto del año de 1988.

Se ha intensificado la actividad militar, con graves consecuencias para la población civil, y al mismo tiempo se ha aumentado el control de la Población, de las organizaciones laborales y populares, al elevarse las capturas, persecuciones y amenazas. Si en el segundo trimestre de 1988 no encontramos modificaciones apreciables respecto al primero del mismo año, por lo tanto, no podríamos atribuir una modificación sustancial derivada del primer triunfo de ARENA, en 1989 encontramos un cambio dramático respecto al anterior, el cual se profundizó aún más con el segundo y definitivo triunfo de ARENA .

Si comparamos, en cambio, los dos últimos meses del gobierno de la democracia cristiana con los dos primeros meses de ARENA, se encuentra una ligera disminución en casi todas las categorías de violaciones a los derechos humanos. Todo parece indicar que en esos meses disminuyeron las acciones bélicas en ambos bandos contendientes, con la consiguiente disminución de víctimas civiles.

3. Otras políticas violatorias de los derechos humanos

El triunfo del Partido ARENA en marzo de 1989 provocó euforia en algunos sectores de la sociedad salvadoreña, la creencia de un cambio radical en la mayor parte de las líneas de acción y la percepción subjetiva de algunos grupos más radicales de derecha de gozar de "libertad" para aplicar sus tácticas represivas e intimidatorias. Los presagios y temores de algunos dirigentes y de amplios sectores de la población porque se agravaría la violación a los derechos humanos eran frecuentes. Es preciso analizar más detenidamente algunos hechos ocurridos en los dos meses de transición, entre las elecciones y la toma de posesión, así como los dos primeros meses del actual gobierno.

Al final de su período, el presidente Duarte quiso dejar salir del país a un grupo de más de cien lisiados del FMLN, de acuerdo a los convenios de Ginebra y a lo pactado en Panamá. ARENA se opuso agresivamente a dejarlos salir. El problema desapareció del panorama nacional por un tiempo. Pero a finales de agosto, un grupo de lisiados se tomó la catedral de San Salvador para exigir su derecho a salir del país y recibir atención médica, con lo cual generaron un serio problema al gobierno y al partido en el poder. La reciente resolución de las Naciones Unidas exige que se les permita salir, de acuerdo al derecho internacional suscrito por El Salvador.

En los meses de abril y mayo hubo una fuerte campaña contra distintas instituciones, organismos y personas (miembros de la Iglesia católica, la oficina de Tutela legal del Arzobispado, la Universidad de El Salvador, la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas," agrupaciones laborales, sindicatos y organismos defensores de los derechos humanos), orquestada por los "frente de fachada" y los altos personeros de la derecha, de la institución armada y del Partido ARENA. La campaña ha continuado aun con el nuevo gobierno. Los ataques del FMLN a los cuarteles y las posiciones militares en el área metropolitana han permitido implicar automáticamente a algunas de esas instancias. Los asesinatos de personalidades destacadas de la derecha o de ARENA -entre ellas el fiscal general y el ministro de la presidencia-, provocaron inmediatamente la acusación de culpabilidad o complicidad de algunas de esas personas o instituciones e intensificaron la campaña de ataques y calumnias. Nuestra universidad, en especial, ha sido objeto de ataques sistemáticos durante ese largo período, primero una pequeña bomba dañó la planta eléctrica, después varias bombas explotaron junto a sus muros y, finalmente, un operativo de destrucción arrasó con los talleres gráficos de la imprenta universitaria.

A petición de diversos sectores, incluida la Fuerza Armada, se ha querido proporcionar instrumentos legales para ejercer un mayor control sobre la población y poder reprimir todo aquello que represente una amenaza contra "la seguridad del Estado." Estos sectores quisieron introducir en la asamblea una ley antiterrorista tan violatoria de los derechos fundamentales que incluso se llegó a negar la existencia de este proyecto de ley. De inmediato y como alternativa propusieron una serie de modificaciones a los códigos Penal y Procesal Penal, en las cuales se recogían muchos de los elementos del proyecto de ley denegado. Diversos organismos políticos, académicos y sociales han hecho observaciones a dicha propuesta de reforma, señalando la inconstitucionalidad de varios de sus artículos, los cuales violan varios derechos fundamentales reconocidos por la Constitución política.

Todos estos hechos parecen ser expresión de diversos factores. No hay duda de que el Partido ARENA y las diversas fuerzas que lo apoyan tienen una ideología más de derecha que la del Partido Demócrata Cristiano y que desean -tal como lo han manifestado en múltiples ocasiones, tanto en la campaña como en diversos comunicados y presentaciones públicas- una intensificación de la guerra y un mayor control de la población civil, la cual es vista como "fachada de la subversión." Sin embargo, en ARENA existen diversas tendencias, unas más radicales que otras.

En los dos últimos meses de gobierno del Partido Demócrata Cristiano se dio un progresivo debilitamiento del gobierno y del partido, y hubo una gran inestabilidad e incapacidad para controlar la situación. Al mismo tiempo, dentro de las fuerzas y tendencias que apoyan a ARENA se libró una lucha por la hegemonía del partido y por la imposición de líneas políticas, militares y económicas. Esto llevó a intensas negociaciones para conformar el equipo de gobierno, a crisis en algunas de esas áreas y posiblemente a acciones desestabilizadoras para influir o atemorizar -lo cual facilitó que algunos grupos creyeran tener "patente de corso." Los dos primeros meses del nuevo gobierno, a su vez, mostraron la continuación de las luchas internas por la hegemonía -lo cual explicaría los asesinatos de algunas personalidades cuya responsabilidad ha sido negada por el FMLN- y la debilidad del nuevo régimen, el cual no ha podido controlar aún al aparato burocrático, administrativo y de control del Estado. Todo ello puede sustentar la hipótesis de que ambos períodos de dos meses, los previos y los posteriores al cambio de gobierno, no han sido "típicos" y que una vez consolidado el gobierno del presidente Cristiani éste podría modificar su comportamiento respecto a los derechos humanos.

5. Previsiones para el futuro

Si la hipótesis anterior es válida, si se consolida el gobierno y el grupo dirigido por el presidente Cristiani, hegemonizando el ámbito militar, económico, social y político, es previsible una tendencia de respeto-violación de los derechos humanos similar a la vigente en los últimos cinco años. Esto es previsible no tanto por la ideología del grupo, ni por buscar una distensión social, sino porque así lo exigen las condiciones objetivas y reales, es decir, por pragmatismo político.

Internacionalmente, el Partido ARENA se encuentra "bajo sospecha", en una especie de "cuarentena". El gobierno de Cristiani tiene que "legitimarse" internacionalmente, probando con los hechos que no será como se esperaba y esto muy concretamente en el ámbito del respeto a los derechos humanos. Por eso es posible incluso que, al menos en los próximos meses, baje el nivel de violación a dichos derechos. El no haber aprobado las reformas propuestas a los códigos Penal y Procesal Penal y el haber pedido opiniones a todos los sectores da pie a esta posibilidad. La legitimación internacional no es únicamente un problema "de honor," es un requisito indispensable para obtener la ayuda económica y militar necesaria para sobrevivir y desarrollar su proyecto.

Además, el presidente Cristiani se ha comprometido solemne, pública e internacionalmente a adoptar medidas que podrían hipotecar su gobierno si no las cumple. En el Congreso norteamericano se ha comprometido con una línea de acción moderada. En Tela firmó los nuevos acuerdos, entre los cuales se contempla el diálogo con el FMLN y la repatriación de los refugiados. En la asamblea general de las Naciones Unidas deberá ratificar su compromiso para solucionar la crisis del país por medios políticos. En fin, su voluntad firme de diálogo, expresada en su discurso cuando tomó posesión de la presidencia, ratificada en Tela y en las declaraciones ulteriores, lo obligarán a implementar políticas que no impidan las negociaciones con la oposición armada ni con la oposición civil. No es tiempo todavía de cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos, pero tampoco es tiempo aún para la desesperanza.