• Ignacio Ellacuría
• Ignacio Martín Baró
• Segundo Montes
• Joaquín López y López
• Amando López
• Juan Ramón Moreno
• Elba y Celina Ramos

En diciembre de 1990, trece meses después de los asesinatos de la UCA, el juez Ricardo Zamora consideró que ya estaba suficientemente depurado el informativo y elevó el caso a plenario contra diez miembros de la Fuerza Armada salvadoreña. Nueve de ellos estaban acusados de asesinato y de otros delitos menores, mientras que el décimo, el Tte. Cnel. Carlos Camilo Hernández, lo estaba solamente por encubrimiento real, delito que no pasa a consideración de un tribunal de jurado. Todos los acusados seguían perteneciendo al ejército, excepto el soldado Jorge Alberto Sierra Ascencio, quien había desertado antes de ser detenido.

Todos los acusados de asesinato, salvo el Cnel. Benavides, habían confesado haber participado en la operación militar contra la UCA durante las primeras horas del 16 de noviembre de 1989. Mientras que los tenientes y el subteniente negaron su responsabilidad en los asesinatos, los suboficiales y soldados admitieron su participación en ellos. En sus declaraciones judiciales todos dijeron ser inocentes y negaron conocer el contenido de las confesiones que habían firmado cuando se encontraban detenidos en dependencias de la policía.

Siete de los acusados pertenecían a la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Un asesor norteamericano que trabajó con ellos, describió a la unidad de comandos como "probablemente la mejor unidad (del Atlacatl)". El mayor Ramírez explicó que los comandos tenían mejor motivación y mayor experiencia, aunque no tuvieran técnicas o instrucción especiales. También señaló que "se sabe que llevan AK-47 de vez en cuando" y que a veces se hacían pasar por guerrilleros para intentar infiltrarse en las líneas enemigas. Eran soldados profesionales, no reclutas, y se encontraban entre los principales beneficiarios de la instrucción y el adiestramiento de Estados Unidos.

Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno

El Cnel. Benavides, de 44 años, es el oficial de mayor graduación procesado en El Salvador por un delito contra los derechos humanos. Es miembro de la Tandona, la tanda o promoción de 1966 de la Escuela Militar, a la que pertenecían los oficiales con puestos de mayor responsabilidad y poder en la Fuerza Armada.

Comenzó su carrera militar en la Fuerza Aérea. En 1984, siendo Tte. Cnel., fue nombrado comandante del batallón Belloso y, a continuación, del Destacamento Militar Nº 3, en La Unión, destino en el cual permaneció seis meses en 1986. En 1987 tomó el mando del Destacamento Militar Nº 5, en Cojutepeque. Al año siguiente fue destinado al mando de la inteligencia (C-2) del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), donde permaneció un año, hasta que fue nombrado director de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, el 1 de junio de 1989.

Siendo director de la Escuela Militar, que estaba situada en una posición estratégica dentro del Complejo Militar, el 13 de noviembre de 1989, durante la ofensiva del FMLN, fue nombrado comandante de un comando de seguridad que incluía en su perímetro, tanto a las instalaciones militares más importantes del país como a la UCA. Para proteger esa zona especial de seguridad, fueron puestas bajo su control operacional tropas de diferentes unidades militares, incluida la unidad de comandos del batallón Atlacatl acusada de haber cometido los asesinatos.

De los nueve acusados, es el único que no estuvo físicamente presente durante los asesinatos. Pero se le acusó de haber dado la orden a los tenientes que dirigieron el operativo. Fue el único a quien el jurado condenó por los ocho asesinatos, aunque le absolvió de los delitos de terrorismo. El juez Zamora lo sentenció a la pena máxima de treinta años, el 23 de enero de 1992. Beneficiado por la amnistía decretada por la asamblea legislativa después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, fue puesto en libertad, y abandonó el penal de Santa Ana el 1 de abril de 1993.

Nunca confesó su participación en los asesinatos, mantuvo que era inocente y dijo desconocer las misiones llevadas a cabo por los hombres del batallón Atlacatl en la UCA, incluido el cateo del 13 de noviembre de 1989. Se le procesó por ser el responsable máximo de la seguridad de la zona y quien mandaba las tropas desplegadas en ella. También era el responsable de las órdenes dadas a las tropas y del uso de las armas pertenecientes a la Escuela Militar.

El Cnel. Benavides se declaró insolvente para responder de los daños. Más tarde se descubrió que había vendido su casa precisamente el 2 de enero de 1990, unos días antes de ser detenido.

Teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona

El Tte. Cnel. Hernández, de 37 años, era subdirector interino de la Escuela Militar en el momento de los asesinatos. Al constituirse el comando de seguridad, se le nombró jefe de la plana mayor del mismo, pero no apareció entre los implicados en el crimen por la comisión de honor. Más tarde fue procesado por encubrimiento real, por su supuesta participación en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar.

En mayo de 1990, la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) informó que los libros de registros pedidos por el juez habían sido incinerados por orden del Tte. Cnel. Hernández. Las declaraciones judiciales del encargado de los archivos de la Escuela Militar y del imputado Yusshy Mendoza confirmaron el hecho. En su declaración judicial del 15 de junio de 1990, el Tte. Cnel. Hernández negó haber dado la orden de quemar los libros. El 26 de junio fue acusado de encubrimiento real, por lo que el juez ordenó su detención. Los militares tardaron en llevarlo al juzgado. De hecho no se presentó hasta el 18 de julio, momento en que su abogado defensor renunció, alegando que había recibido amenazas. Debido a esto, el Tte. Cnel. Hernández pasó a ser defendido por el mismo equipo de abogados que llevaban la defensa de los otros acusados, a pesar del evidente conflicto de intereses con el Tte. Mendoza, que era quien le había acusado de haber dado la orden de quemar los libros.

En 1987-1988, Camilo Hernández sirvió bajo las órdenes del Cnel. Ponce en la Tercera Brigada. En el momento de ser procesado, el Tte. Cnel. Hernández ocupaba el puesto de ejecutivo (segundo al mando) del batallón Belloso. Puesto en libertad bajo fianza el 31 de julio de 1990, regresó al campo de batalla y resultó herido al poco tiempo por la explosión de una mina en Chalatenango. Parece ser que después fue trasladado a un puesto menos peligroso en San Salvador.

Muchas personas se sorprendieron cuando el Tte. Cnel. Hernández fue procesado en esta causa, puesto que se decía que era uno de los líderes de los oficiales jóvenes. Algunos aventuraron la opinión de que se le había comprometido para controlar a los oficiales jóvenes, que habían denunciado a la Tandona como responsable del crimen. Otros, sin embargo, pensaban que el Tte. Cnel. Hernández, debido a su puesto al frente de la plana mayor del comando de seguridad, tenía que saber prácticamente todo sobre la preparación y el desarrollo de los asesinatos.

En enero de 1992, el juez Zamora leo condenó a tres años por encubrimiento real, siendo posteriormente amnistiado.

Teniente José Ricardo Espinoza Guerra

El Tte. Espinoza, de 28 años, estudió en el Colegio Externado San José, de los jesuitas, en los tiempos en que el P. Segundo Montes estaba allí, y concluyó el bachillerato en 1979. Se graduó en la Escuela Militar en 1984 y, lo mismo que el Cnel. Benavides, empezó su carrera militar en la Fuerza Aérea. Después de tres años en ella, fue expulsado el 30 de enero de 1987 por "serios errores cometidos durante el servicio". Inmediatamente, fue destinado al batallón Atlacatl.

El Tte. Espinoza, en gran medida producto de la instrucción norteamericana, fue enviado en varias ocasiones a Estados Unidos: para un curso de inglés en la Base de la Fuerza Aérea de Oakland, San Antonio, Texas, entre el 5 de marzo y el 9 de agosto de 1985; para un curso de piloto, entre el 19 de agosto y el 22 de septiembre de 1985, que luego se prolongó hasta el 31 de diciembre de ese año. También participó en una misión oficial no especificada en Estados Unidos, que duró desde el 1 de enero al 25 de noviembre de 1986. En 1988 viajó de nuevo a Estados Unidos para participar en el curso para oficiales de fuerzas especiales. Sirvió como enlace con los asesores militares estadounidenses y, en su calidad de jefe de la unidad de comandos del batallón Atlacatl, mantuvo su popularidad entre los asesores norteamericanos.

Según el mayor Samuel Ramírez, quien empezó a trabajar con el Tte. Espinoza poco antes de la ofensiva de noviembre de 1989, era el principal punto de contacto con el que trabajábamos para coordinar la instrucción de esta fuerza especial. Habla un inglés excelente y creo que recibió instrucción en nuestra Academia de Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Carolina del Norte. Si no estoy equivocado, es piloto... Me encontré con que hablaba inglés y era listo. Había hecho algunos de nuestros cursos de pilotos y era piloto de helicóptero y sé que había participado en el curso para fuerzas especiales. Era la persona con la que me entendía para coordinar la instrucción, las necesidades, el alojamiento, la alimentación que íbamos a necesitar para el grupo de fuerzas especiales.

El Tte. Espinoza, apodado "Toro", fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Aunque la prueba principal contra él la constituía su confesión extrajudicial, hecha ante la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) el 13 de enero de 1990, era también el oficial inmediato superior de los soldados implicados en los asesinatos.

Su confesión extrajudicial constituye el relato más completo de los hechos que rodearon los asesinatos. Según él, recibió del Cnel. Benavides la orden de eliminar al P. Ellacuría sin dejar testigos, pero éste designó al Tte. Mendoza, de la Escuela Militar, para dirigir la operación y para asegurarse de que no hubiese problemas. Describe cómo llevó a sus hombres a la UCA. Sin embargo, una vez dentro del campus, trata de distanciarse de la acción y dice haber salido de la residencia de los jesuitas con los ojos llenos de lágrimas. Sus hombres, sin embargo, lo sitúan más cerca de la escena del crimen. Dice que después fue a quejarse al Cnel. Benavides y que éste le dijo: "Calmate. No te preocupés. Tenés mi apoyo. Confiá en mí".

Aunque el jurado escuchó la lectura de su confesión, le absolvió de todos los cargos. El juez Zamora lo condenó a tres años por los cargos que no iban a jurado (proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo). Sigue de alta en la Fuerza Armada.

Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos

El Tte. Mendoza, de 26 años, se graduó en la Escuela Militar el mismo año que el Tte. Espinoza, 1984, y fue destinado a la Brigada de Artillería. El 1 de septiembre de 1987 pasó a la Escuela Militar como jefe de sección. Fue con el Tte. Espinoza al curso para oficiales salvadoreños en la Academia de Infantería en Fort Benning, a comienzos de 1982. En 1988 regresó a Fort Benning para participar en el curso de comandos.

Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. También se le acusó de haber participado en la destrucción de los libros de registros de la Escuela Militar.

Sigue siendo un misterio por qué caminos se lo terminó comprometiendo en el crimen, pues no hay una sola diligencia de la CIHD previa a la actuación de la comisión de honor, en que aparezca su nombre. Aunque negó su responsabilidad, las principales pruebas contra él las dio en su confesión extrajudicial.

Según ésta, el Cnel. Benavides le ordenó acompañar al Tte. Espinoza, sin decirle en qué consistía la misión a la cual lo enviaba. Cuenta cómo vio a los hombres del Tte. Espinoza rodear el edificio en el que residían los jesuitas, registrándolo todo, y cómo vio a dos mujeres sentadas en una cama. Después escuchó disparos tiro a tiro. Otros de los imputados le atribuyen un papel mucho más activo, pues dicen que fue él quien entregó el AK47 al soldado Amaya Grimaldi y también impartió órdenes.

Aunque negó ante el juez haber dicho lo que figura en su declaración extrajudicial, sí admitió su participación en la quema de los libros de registros, por orden, según él, del subdirector de la Escuela Militar, Tte. Cnel. Camilo Hernández, "para dar cumplimiento a una orden de carácter permanente".

El jurado, inexplicablemente, lo encontró culpable de uno sólo de los asesinatos, el de la joven de quince años Celina Ramos. El juez Zamora lo condenó también por los dos delitos que no pasaron a consideración del tribunal del jurado. Pasó a cumplir su condena de treinta años en el penal de Santa Ana, de donde salió, junto con el Cnel. Benavides, el 1 de abril de 1993, beneficiado por la amnistía aprobada por la asamblea legislativa unos días antes.

Subteniente Gonzalo Guevara Cerritos

El Stte. Guevara Cerritos, de 27 años, entró en el ejército en 1980. No pasó por la Escuela Militar, sino que, procedente de la clase de tropa, fue ascendiendo hasta el grado de subteniente, que alcanzó a finales de 1988. Empezó su carrera en la Fuerza Aérea y después pasó al batallón Belloso, donde permaneció entre 1982 y 1988, fecha en la cual se incorporó a los comandos del batallón Atlacatl. Entre julio y diciembre de 1988 estuvo en Estados Unidos recibiendo un curso para oficiales salvadoreños, en Fort Benning, Georgia. En el momento de los asesinatos era el ejecutivo de la unidad de comandos del Atlacatl.

Apodado "Lince", fue acusado de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Lo mismo que los dos tenientes, en su confesión extrajudicial negó su responsabilidad en los asesinatos, aunque admitió su participación en el operativo militar contra la UCA la noche del crimen. Su confesión constituyó la principal prueba contra él. Dijo haber estado presente cuando el Cnel. Benavides dio la orden de ir a la UCA y les dijo: "Bueno, señores, nos estamos jugando el todo por el todo. O somos nosotros, o son ellos, ya que éstos han sido los intelectuales que han dirigido la guerrilla por mucho tiempo". Aunque el jurado escuchó la lectura de su confesión extrajudicial, lo absolvió de todos los cargos. Sigue en la Fuerza Armada.

Subsargento Ramiro Avalos Vargas

El Ssgto. Avalos Vargas, apodado "Sapo" o "Satanás", tenía 21 años de edad. Mandaba la segunda patrulla de la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Otros dos miembros de su patrulla fueron acusados de los asesinatos. Recibió un curso de manejo de pequeñas unidades en Estados Unidos, entre el 30 de septiembre y el 14 de diciembre de 1988.

Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. En su confesión a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) admitió haber dado muerte a dos de los sacerdotes (los PP. Amando López y Juan Ramón Moreno). Cumpliendo órdenes del Tte. Espinoza, dijo al soldado Amaya Grimaldi, que se encontraba con él junto a los cinco jesuitas tendidos en la grama: "¡Procedamos!". Después, mientras se retiraba de la residencia, escuchó unos quejidos en el interior de una habitación y le dijo al soldado Sierra Ascencio que mirara. Al ver que se trataba de dos mujeres malheridas, tendidas en el suelo abrazadas, le dijo a dicho que las rematara, cosa que éste hizo. Ante el juez, igual que los demás, no ratificó su declaración extrajudicial.

Aunque el jurado escuchó la lectura de ésta, fue absuelto de todos los cargos.

Subsargento Tomás Zarpate Castillo

El Ssgto. Zarpate, de 28 años, apodado "Sansón", mandaba la tercera patrulla de la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Fue acusado de asesinato y de actos de terrorismo. Admitió su participación en el crimen. En concreto, en su confesión extrajudicial declaró haber disparado sobre las dos mujeres "hasta estar seguro de que estaban muertas". Sin embargo, resultó absuelto por el jurado.

Cabo Angel Pérez Vásquez

El cabo Pérez Vásquez, de 30 años, pertenecía a la cuarta patrulla de la unidad de comandos del batallón Atlacatl. Fue acusado de asesinato, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. Igual que el Ssgto. Avalos Vargas, había ido a Estados Unidos, en 1987, a hacer el curso de manejo de pequeñas unidades.

En su declaración extrajudicial confesó haber disparado contra el P. López y López, ya herido, y haberlo rematado. El jurado lo absolvió de todos los cargos.

Soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi

Apodado "Pilijay", de 26 años de edad, había ingresado en el batallón Atlcatl 1982. Llevaba dieciocho meses en la unidad de comandos y pertenecía a la segunda patrulla (la de Avalos Vargas). Conocía el manejo del AK47.

En su declaración extrajudicial admitió su participación en los crímenes. En ella explica que el Tte. Mendoza le confió el fusil AK47 y le dijo: "Vos sos el hombre clave". Admitió haber dado muerte a tres de los sacerdotes (los PP. Ellacuría, Montes y Martín-Baró) con ese fusil. Después se bebió una cerveza en la cocina de la residencia y, dando la vuelta al edificio, se sumó a los que estaban ametrallando el Centro Monseñor Romero.

A pesar de haber escuchado la lectura de su confesión extrajudicial, el jurado lo absolvió de todos los cargos.

Soldado Jorge Alberto Sierra Ascencio

El soldado Sierra Ascencio, de 27 años, se incorporó al batallón Atlacatl en julio de 1985. Pasó a la unidad de comandos en 1987. Como Amaya Grimaldi, pertenecía a la segunda patrulla (la de Avalos Vargas). Desertó en diciembre de 1989, por lo que no prestó declaración extrajudicial ni judicial. Fue juzgado in absentia. A pesar de que el juez emitió las correspondientes órdenes de busca y captura, ni la policía ni la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) hicieron nada para arrestarlo.

Acusado de asesinato (remató a las dos mujeres por orden del Ssgto. Avalos), fue también absuelto por el jurado.