Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero
Medidas realmente extraordinarias para reducir la tasa de homicidios en cuestión de meses son desarmar a la población y ejercer un control estricto de la comercialización de armas de fuego, restringir drásticamente el consumo de alcohol, transformar todas las cárceles en centros de rehabilitación, proporcionar mejor formación y pagar sustancialmente más a policías y fiscales, y proporcionar servicios públicos cada vez de mejor calidad a la población amontada en las periferias. Excepto referencias vagas a las cárceles, el discurso gubernamental y electoral no va más allá de expresar el deseo de acabar con la violencia.
Aun cuando ese deseo fuera genuino, nadie ha aclarado de dónde saldrá el dinero para financiar su cumplimiento. Pese a la comprobada eficacia de la medida, ni los Gobiernos ni los políticos se atreverán a intervenir el negocio de los comerciantes de armas de fuego y alcohol. Se escudan en la libertad del mercado. Por tanto, las ganancias de unos cuantos son mucho más importantes que la vida de miles. De la misma manera que prohíben la comercialización de la droga por ser perjudicial para la sociedad, también debieran intervenir en la comercialización de las armas de fuego, aun cuando algunos de los grandes negociantes sean militares retirados. Contradictoriamente, muchos de los defensores de la libertad de un mercado que asesina son acérrimos defensores de la vida del no-nacido. Este importa más que la vida de miles de jóvenes y de adultos jóvenes.
La relevancia de las medidas propuestas es clara al analizar los datos sobre el crimen. El análisis muestra que las pandillas y la extorsión no son las únicas responsables de los asesinatos. El tráfico de drogas, el lavado de dinero, la venganza personal, la intoxicación alcohólica, el consumo de alucinógenos, la conducción temeraria y las pasiones desenfrenadas contribuyen de manera importante a elevar la tasa de homicidios. De ahí la relevancia de abrir espacios donde policías, funcionarios y especialistas puedan analizar y estudiar los datos sobre el crimen.
Además de los factores señalados, la debilidad institucional es otro componente primordial de la elevada tasa de homicidios y extorsiones. La mala formación de policías y fiscales, la corrupción de muchos de ellos, la ignorancia y la colusión de algunos jueces con el crimen favorecen positivamente la impunidad y, por tanto, la proliferación del delito. La represión estatal, además de ineficaz y brutal, empeora la situación. Es así como el país se encuentra atrapado en un círculo perverso, que se fortalece en la medida en que las circunstancias empeoran, lo cual, a su vez, hace cada vez más ineficaz los esfuerzos para romperlo. Algunos Gobiernos latinoamericanos ya han caído en la cuenta de la necesidad de fundamentar su política de seguridad en evidencia sólida. El Salvador todavía confía en la improvisación y la especulación policial y fiscal.
Indudablemente, algunas de las medidas extraordinarias aquí apuntadas exigen la reforma estructural de la institucionalidad estatal, la cual tardará en llegar no solo por su complejidad intrínseca, sino también porque los políticos y la sociedad en general todavía no son conscientes de la imposibilidad de salir, con la política tradicional, del círculo perverso de la violencia. Mientras se superan estos obstáculos, la labor policial, guiada por los datos, puede ganarse la confianza de la población y animarla a colaborar con sus esfuerzos para erradicar el crimen.
La dificultad no reside solo en la inconciencia de la población y sus dirigentes, sino también en la ausencia de voluntad política, de capacidad para reunir apoyos suficientes para impulsar una política de seguridad audaz y de liderazgos clarividentes y fuertes. No es claro cómo los políticos que aspiran a introducir cambios sustanciales en la sociedad podrán cumplir sus promesas sin la superación del círculo perverso de la violencia que corroe las entrañas del país. Por eso, su discurso se torna contradictorio y recurre a Dios, el armamento pesado y la economía. Aquí, la cuestión en juego no es la lógica discursiva, sino que sin una respuesta viable a la violencia, ninguna promesa podrá cumplirse.
Algunos candidatos han caído en el error de lanzar amenazas contra las pandillas, como si estas fueran las únicas responsables de la violencia o como si tales amenazas hubieran demostrado ser eficaces. Si algo han hecho los Gobiernos es amenazar. La amenaza refleja más el miedo de unos dirigentes superados por la realidad que una solución eficaz. La alta tasa de homicidios y extorsiones no puede ser erradicada sin comprender la manera de operar de los delincuentes, sin audacia para abandonar la política tradicional fracasada y sin el respaldo social de la población.
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