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PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL — EL SALVADOR, C.A. |
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El informativo
semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que
semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de
carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad.
El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar
posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y
publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la
Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de
El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar
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Año 26
número 1224
ISSN 0259-9864
Los grandes desafíos
El nuevo año ha iniciado con señales poco alentadoras.
Según estimaciones preliminares, diciembre de 2006 dejó una cifra de 100
homicidios (de un total de 3,781 ocurridos durante todo el año), mientras que, la primera semana de enero de
2007, un motín en el Penal de Apanteos dejó no menos
de 20 reos asesinados a manos de pandilleros, en lo que la Procuradora para la
Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de
Carrillo, calificó como “una de las masacres más feas que se han visto en los
últimos tiempos”. El año 2006 terminó
marcado por la violencia que lo recorrió desde sus inicios y el nuevo año ha
comenzado igual, marcado por la barbarie de la violencia. La violencia, en este
sentido, constituye uno de los principales problemas de la sociedad
salvadoreña, pero no es el único. Junto a ella, están los mecanismos de
exclusión prevalecientes, el deterioro institucional, la concentración abusiva
de la riqueza, el divorcio existente entre la sociedad y el Estado, la
impunidad, la corrupción, el deterioro de los recursos naturales y la
migración. Es decir, El Salvador tiene un cúmulo de problemas irresueltos
–económicos, sociales, institucionales, políticos, culturales,
medioambientales—, articulados entre sí de manera sistemática y cuya solución,
en consecuencia, debe ser integral.
Esos problemas plantean una serie de desafíos
a la sociedad salvadoreña, en su conjunto, pero, en particular, a quienes
concentran en sus manos cuotas importantes de poder político, económico y
cultural. ¿Cuáles son, en términos amplios, esos desafíos?
En primer lugar, una discusión a fondo,
honesta y realista, del modelo de país que se tiene y del modelo de país que se
quiere. Hay quienes, sin duda, están contentos con El Salvador actual, pese a
los graves desequilibrios que lo caracterizan. Sin embargo, aun en contra de quienes
no quieren ver sus males estructurales, esos males deben ser examinados en
detalle. Seguir viviendo en un país de
ilusiones no hace más que agravar los problemas, impidiendo su solución cuando
ella todavía es posible. Reconocidos los problemas en toda su dimensión, el
paso siguiente consiste en comprometerse por un país distinto, lo cual supone
una discusión amplia y concienzuda sobre cómo debería ser el mismo en los
planos económico, político, social y medioambiental.
En segundo lugar, la definición y concreción
de los mecanismos institucionales, económicos y políticos que permitan superar
los males prevalecientes en El Salvador actual, así como dar paso a un orden
socio-económico y político distinto al establecido. Se trata de elaborar los
diseños institucionales más adecuados para orientar al país por unos derroteros
en los cuales la democracia se complemente con la inclusión socio-económica; se
trata también de formular y ejecutar las políticas públicas que sean coherentes
con esos derroteros. El tiempo de las improvisaciones interesadas ya pasó; ha
llegado el momento de pensar en un verdadero plan de nación, cuya
implementación sea de carácter obligatorio para cualquiera que dirija al país
desde el Ejecutivo. En esto no se parte de cero; los Acuerdos de Paz y el Plan
de Nación elaborado en la administración Calderón Sol son un buen punto de
partida. Asimismo, cualquier documento fundacional debe adquirir rango
constitucional, pues de lo contrario lo que de bueno haya en el mismo quedará
sometido a los vaivenes de la política inmediatista y
miope.
En tercer lugar, la creación de una nueva
cultura ciudadana, imbuida de valores democráticos imprescindibles como la
responsabilidad, la tolerancia, el respeto a las leyes, la participación en los
asuntos públicos y el rechazo a los abusos de los poderosos. Esta es una tarea de largo aliento y
cualquier esfuerzo que se haga desde las escuelas, las universidades y los
medios de comunicación siempre será poco dado el arraigo de valores
autoritarios de viejo cuño entre amplios sectores de la población. La cultura
autoritaria —esa que privilegia el uso de la fuerza, la prepotencia y el abuso
sobre los más débiles— debe ser erradicada de una buena vez, si es que se
quiere construir una sociedad menos violenta y más solidaria y fraterna. Los
cambios culturales no sólo son lentos, sino difíciles. Sin embargo, la cultura
no sólo dota de símbolos y de sentido el comportamiento de los individuos, sino
que lo orienta en una dirección o en otra. De tal manera que si se incide en
los valores y creencias de los ciudadanos, muy probablemente se estará
incidiendo en su forma de comportarse y de elegir.
Por último, un cuarto desafío apunta al
fomento de la participación ciudadana. Tradicionalmente, a las élites de poder en El Salvador no les ha gustado ver a los
sectores populares en las calles. Consecuentes con su secular autoritarismo,
han preferido un pueblo pasivo y conformista, a uno activo y partícipe de las
transformaciones requeridas por el país. Sin embargo, si de lo que se trata es
de construir una sociedad más democrática, inclusiva y solidaria, ello sólo
podrá lograrse con la participación de quienes, en definitiva, serán los
destinatarios de esa nueva sociedad. Ya se ha intentado andar el camino de las
transformaciones sin tomar en cuenta a la sociedad. Ahora ese camino debe ser
recorrido junto con ella, lo cual requiere de su organización y su
participación en los debates y consensos acerca del rumbo futuro de El
Salvador.
En suma, la tesis de que el país está al
borde del abismo debe completarse con otra que sostiene que, justamente por
estar al borde del abismo, al país se le abren un conjunto de desafíos que, de
ser enfrentados como es debido, pueden abrir un horizonte de posibilidades
inéditas para el conjunto de la sociedad. Ahora más que nunca se hacen necesarias la creatividad política, el compromiso público y
la responsabilidad compartida.
2007 y algunos desafíos
políticos
En
la anterior edición de este semanario, se presentó el balance general de 2006 y
el resultado, sobre todo en materia política, no fue del todo alentador. Sin
embargo, tras el diagnóstico elaborado, es menester plantear desafíos a cumplir
a corto y mediano plazo durante este año que recién inicia.
Las
siguientes líneas recogen, de manera sucinta, algunos de los retos más urgentes
que la sociedad en su conjunto debe superar. Sólo así se podrán hacer cambios
efectivos en el orden político vigente hasta el momento. En ese sentido, los
desafíos se convierten en un llamado de atención no sólo para la clase
política, sino para los actores sociales en general, pues de todos depende el
futuro del país y la construcción de una mejor sociedad.
Construir un Estado democrático
Más allá de
retos particulares para determinados actores, el mayor desafío a lograr en el
país es la construcción de un estado democrático. Lo anterior implica, en
primer lugar, que la ciudadanía sea ejercida a plenitud por los salvadoreños y
salvadoreñas. Un ejercicio que requiere del aumento de la participación
ciudadana efectiva en la formulación de las medidas y en la toma de decisiones
gubernamentales.
En ese
sentido, es necesario que el Estado sea capaz de garantizar los derechos de los
ciudadanos, así como ampliar el rango de los actuales, de manera tal que la
sociedad pueda avanzar hacia una situación más favorable en sus derechos.
En segundo
término, un estado democrático debe sustentarse en la eliminación de las
grandes brechas sociales, económicas y culturales predominantes en el país.
Sobre todo, las desigualdades económicas que mantienen a la mayoría de
población en clara injusticia y con precarias condiciones de vida.
No puede
haber democracia, pues, sin el cumplimiento de una serie de requisitos sociales
como condiciones de vida favorables y el pleno respeto a los derechos humanos.
En nuestro caso, El Salvador goza de los elementos procedimentales
del sistema democrático –elecciones y ejercicio efectivo de los funcionarios
electos en los cargos públicos- que ya pueden considerarse una ganancia. No
obstante, la llamada democracia electoral también requiere cambios
sustanciales, como más adelante se plantea, para lograr un efectivo ejercicio
de los derechos políticos.
Por otra
parte, para lograr que la democracia se consolide es necesario hacer de la
inclusión la principal estrategia de relación social. En ese sentido, los
diversos sectores —partidos políticos, empresarios, grupos de interés,
organizaciones de la sociedad civil— deben ser concientes de su aporte a esta
construcción conjunta. Es urgente la eliminación de esquemas antiguos como el
autoritarismo y la poca tolerancia. Al contrario, el cultivo del respeto a los
otros, la primacía de la dignidad humana, la solidaridad como valor supremo
deben ser los cambios a lograr.
Junto a
ello, es necesario eliminar los resabios de conservadurismo la manipulación
ideológica de la realidad, la racionalidad instrumental que prima entre buena
parte de la población, asi como las ansias de poder y
acumulación de capital de parte de los sectores empresariales y políticos. En
otras palabras, habría que lograr un cambio de mentalidad entre la población, a
fin de que el Estado sea considerado no un medio para obtener poder, beneficios
personales o ingresos económicos, sino un medio eficaz para organizar y dirigir
a la sociedad hacia metas colectivas más humanas.
Finalmente,
la institucionalidad democrática debe ser respetada en todos los niveles tanto
por los políticos, como por los miembros de las administraciones públicas y la
sociedad en general.
Partidos políticos al servicio de la población
Mucho se ha
insistido ya sobre la pérdida de credibilidad que los partidos políticos
ostentan hoy en día. Buena parte de ese desprestigio no es gratuito, pues los
miembros y dirigentes de aquéllos se han caracterizado por irrespetar los
marcos legales establecidos, responder a intereses privados por sobre el
interés general y por hacer de la corrupción su práctica de trabajo cotidiana.
En el caso
concreto de estos institutos políticos, el principal desafío y la deuda más
urgente que deben cumplirle a la población es convertirse, de una buena vez por
todas, en mecanismos reales de expresión de la ciudadanía. Con ello, es
evidente que ya no pueden seguir tomando decisiones en función de intereses de
elites o grupos minoritarios, sean del signo que sean, pues su labor
fundamental debe ser agregar los intereses de la mayoría a través de políticas
públicas adecuadas.
Aunado a
ello, las políticas públicas emanadas de parte de la Asamblea Legislativa, y
del Ejecutivo, deben responder de manera eficaz a las exigencias y necesidades
de la población. En esa misma línea, los dirigentes políticos deben mostrar
seriedad en el manejo de los temas considerados prioritarios para el país. Eso
pasa por la definición de una agenda mínima que sea resultado de un consenso
amplio no sólo entre los institutos políticos, sino entre las diversas fuerzas
y sectores sociales del país.
La voluntad
expresa de los actores, pues, debe primar en orden a lograr un país incluyente,
en el cual el futuro sea una realidad y no una mera aspiración. Esta
construcción de consensos también requiere la superación de diferencias, a fin
de lograr una visión de país, con un rumbo claro. Para cumplir este desafío, es
necesario hacer del diálogo, como hace 15 años lo hicieran ARENA y la
guerrilla, un instrumento de cambio para el país. Con lo cual, el debate de
ideas debe primar entre los políticos, más que el irrestricto apego a sus
visiones ideologizadas de la realidad.
Ejercicio efectivo de rendición de cuentas
La historia
del país ha demostrado que la corrupción es un mal endémico de la clase
política. Por si fuera poco, las instituciones encargadas de fiscalizar el
rendimiento gubernamental han demostrado sumarse a la lógica de los intereses
partidistas.
Por ello,
uno de los principales retos para el sistema político es convertir la rendición
de cuentas en un hecho. En ese sentido, las tareas a cumplir por parte del
gobierno son muchas. En primer lugar, debe incluir este aspecto como un eje
transversal de la administración pública y de todos los funcionarios electos.
Por
rendición debe entenderse no sólo la presentación de un informe final de cada
uno de los ministerios o entidades estatales, sino el ejercicio transparente en
el manejo de los fondos públicos y los recursos asignados, así como la adecuada
ejecución de los proyectos y programas diseñados en el marco de las políticas
públicas. Si se hace de este ejercicio una práctica cotidiana, el gobierno será
capaz de cumplir a cabalidad sus funciones.
En segundo
lugar, esta rendición de cuentas debe implementarse en todos los niveles de
gobierno. En esa línea, los gobiernos locales, ya algunos pioneros en la
materia, deben fortalecer los mecanismos de participación ciudadana e incluir
la rendición de cuentas como parte integral de sus programas de gobierno y
planes de trabajo.
Por otro
lado, la tarea más importante le corresponde a la sociedad, pues esta debe ser
capaz de exigir de manera seria la rendición de cuentas y fiscalizar el
rendimiento de las instituciones públicas y las actuaciones de los
funcionarios.
Reformas electorales
La más
urgente de todas las reformas posibles es brindarle al fin autonomía al
Tribunal Supremo Electoral. En la actualidad, la configuración de este órgano
le resta credibilidad e independencia, a lo cual se suma su tibia actuación en
cada proceso electoral. En ese sentido, es apremiante refundar
esta institución, de manera tal que la sociedad civil sea juez del diseño de
los comicios y su desarrollo y no los partidos políticos. Por otro lado, es
urgente también el diseño de un marco regulatorio de
aspectos como el financiamiento de los partidos políticos.
Con estos y
otros cambios dentro del sistema político, el país puede avanzar hacia una
mayor democracia, con mejores niveles de vida y condiciones más justas de
convivencia social. Por ello, 2007 puede representar la oportunidad perfecta
para iniciar el camino trazado por los desafíos aquí planteados.
Desafíos económicos para 2007
La mayoría de salvadoreños y
salvadoreñas atraviesa una difícil situación económica. La inflación, los bajos
salarios y la poca rentabilidad de las micro y
pequeñas empresas, donde trabaja la mayor parte de la fuerza laboral, son
prueba de eso. A lo anterior se añade la escasez de recursos estatales para
enfrentar las necesidades en las áreas de educación, salud, y seguridad. Estos
aspectos muestran un panorama desalentador para el año nuevo, pero esto podría
ser distinto si el gobierno y la élite empresarial
estuvieran dispuestos a cambiar la estrategia de crecimiento y desarrollo
económico. En otras palabras, si aceptan la necesidad de establecer un nuevo
modelo de crecimiento.
El primer obstáculo que hay que
librar para erigir una nueva estrategia de crecimiento es la mentalidad del
gobierno y los grandes empresarios. Ellos están convencidos de que el modelo
económico vigente es muy bueno, ya que ha permitido el incremento de las
ganancias de sus empresas junto al aumento de sus activos bancarios. Por esta
razón, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, y la élite de la empresa privada sostienen ante la opinión
pública que “El Salvador marcha por buen camino”. No obstante, la realidad para
la mayoría de la población es muy diferente, pues con muchas dificultades y
limitaciones logra sobrellevar los gastos de la economía familiar.
Posteriormente,
el gobierno, la empresa privada y demás sectores sociales deben construir una
visión de país que esté basada en el consenso sobre el futuro de la nación.
Dicha tarea es de naturaleza política, y de ella pueden desprenderse medidas
más concretas en los ámbitos económico, judicial y social. Los problemas
económicos no se resuelven sólo con mejoras en los niveles de productividad y
competitividad, sino que es necesario el papel de los políticos, ya que todo
cambio al modelo económico —reformas a leyes económicas, cambios en la
organización de las instituciones, nuevas normas que promuevan la eficiencia,
etc.— pasa por la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo.
En materia económica, el año nuevo
presenta desafíos en el área fiscal, institucionalidad económica, equidad y
productividad. Algunos de estos aspectos se encuentran relacionados con los
problemas institucionales y medio ambientales más amplios, pues el pobre
desempeño de las instituciones estatales que regulan la actividad económica es
tan sólo una pequeña muestra del deterioro de todo el entramado institucional
salvadoreño.
En el área de las finanzas públicas
es menester un pacto fiscal que financie el desarrollo a largo plazo. Un pacto
fiscal difiere de la estructura tributaria que fue impuesta por el Ejecutivo a
principio de los noventa. El sistema tributario actual tiene sus raíces en la
financiación de la mayor parte de los gastos estatales mediante impuestos
indirectos. Ello redujo la presión tributaria sobre la renta y las ganancias de
capital, ya que se esperaba que las mismas pudieran utilizarse en la inversión
productiva. Con la medida, los empresarios podían destinar más recursos a la reinversión
y generar mayor crecimiento económico.
Por otro lado, los sectores
sociales de más bajos recursos financian los gastos estatales a la espera de
que el crecimiento económico por la reinversión de las utilidades de las
empresas se traduzca en mejores salarios. Sin embargo, los resultados de la
reforma no fueron mayores tasas de crecimiento ni mejores salarios. A raíz de
este fracaso, urge un compromiso nacional en el que se establezca cómo se
financiará el desarrollo. Una nueva estructura tributaria no debe frenar el
proceso de acumulación de capital, pero tampoco puede basarse en el aumento de
impuestos indirectos, ya que esto afecta a los sectores sociales de más bajos
ingresos. En este sentido, un pacto fiscal es una alternativa a estos dos extremos.
Otro aspecto que no debe olvidarse
es el fortalecimiento de las instituciones económicas del Estado. La Defensoría
del Consumidor, la Superintendencia de Competencia, la Superintendencia General
de Electricidad y Telecomunicaciones, la Superintendencia de Pensiones, la
Superintendencia del Sistema Financiero y el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social deben velar por el fiel cumplimiento de las leyes y normas que regulan
las actividades económicas.
En el marco de la difícil situación
económica que tiene el país, no se deben permitir los abusos de las empresas
sobre los consumidores ni tampoco los abusos de los patronos sobre los
trabajadores. Sancionar a las empresas que especulan con los precios es tan
importante como castigar a aquellos patronos deudores de recursos a las AFP
después que éstos han sido descontados de los salarios de sus trabajadores.
Para la promoción de la equidad
social también hay que frenar el proceso de concentración del ingreso nacional.
El modelo económico ha facilitado el incremento de los ingresos de las élites económicas a costa del bienestar de la mayoría de
salvadoreños. La promoción de la equidad puede comenzar con la ayuda
gubernamental a las micro y pequeñas empresas, sector que constituye la mayor
parte del parque empresarial del país. No hay que olvidar que la introducción
de cambios en estas unidades productivas también puede beneficiar a sus
trabajadores, en tanto que muchas de ellas son de tipo familiar. En estas
empresas labora la mayor cantidad de fuerza de trabajo, por lo que mejores
niveles de rentabilidad empresarial pueden elevar la calidad de vida de los
trabajadores y trabajadoras.
Las políticas de género relativas a
los derechos económicos de las mujeres también son efectivas para contrarrestar
la concentración del ingreso. La mayor parte de la fuerza de trabajo que labora
en los sectores formal e informal está constituida por mujeres; no obstante, en
los diversos sectores económicos, son ellas las que tienen más bajos ingresos.
Este problema se presenta tanto en los trabajadores con formación cualificada
que laboran en el sector formal como en aquellos dedicados al comercio
informal. Existe una gran cantidad de mujeres que tienen menores salarios que
sus compañeros de trabajo hombres, a pesar de que ellas cuentan con el mismo
nivel de formación educativa e igual productividad.
En el área productiva se debe
promover el desarrollo y el fortalecimiento de la industria. El modelo
económico beneficia el crecimiento de los sectores comercio y servicios pero no
beneficia la producción y la exportación de manufacturas. Para enfrentar este
problema hay que establecer una política de organización industrial y lograr
una articulación productiva que concatene varios sectores para que los bienes
elaborados posean mayor valor agregado.
Debido
a su bajo nivel de desarrollo, el sector industrial no es capaz de proporcionar
la mayor parte de manufacturas necesarias en el mercado local, por lo que se
recurre a satisfacer la demanda interna mediante importaciones. Si la meta es
exportar bienes manufacturados con alto valor agregado, hay que fortalecer la
producción industrial nacional mediante un aumento de la demanda interna. Es
irónico pensar en la exportación de bienes manufacturados cuando dichos bienes
aún no se comercializan en el mercado interno.
En
este sentido, una política agresiva para el desarrollo de la industria pasa por
revisar los efectos de la dolarización en el sector exportador, aunque esto
genere malestar en los empresarios del sector financiero. Al observar el
comportamiento de los diversos sectores, se puede notar un mayor dinamismo en
la banca a costa del estancamiento de la industria y la reducción de la
competitividad en las exportaciones. No se trata de modificar el esquema
cambiario, sino más bien de impulsar medidas compensatorias para que dichos
sectores puedan crecer en base a mejoras en la productividad.
Sin duda,
revisar la estrategia de crecimiento económico implementada desde 1989 no es una
tarea fácil. No obstante, si el verdadero interés del gobierno es mejorar el
rendimiento de todos los sectores económicos y la calidad de vida de los
salvadoreños y salvadoreñas, habrá que introducir reformas profundas al modelo
actual. Como se dijo líneas atrás, para que la reforma económica tenga éxito es
necesario que esté cimentada en consensos que involucren a todos los sectores
sociales. Lo ideal es que el crecimiento y el desarrollo económico estén
acompañados por la consolidación de la democracia.
Tres grandes desafíos en el
área social
Inicia
2007 con un panorama desafiante para el presidente Elías Antonio Saca, en las
áreas de seguridad, educación y salud. Mejorar la calidad de vida de los
salvadoreños y las salvadoreñas implicará un cambio sustantivo de la política
social. Es decir, trabajar en una agenda
común donde predominen los intereses nacionales, es decir, los intereses de las grandes
mayorías. El término “agenda de país” cobra vigencia cuando se contrasta con
problemáticas delicadas como la violencia, la delincuencia y la inseguridad; la
falta de cobertura de los sistemas de salud y
educación; además, de los problemas estructurales heredados –impunidad,
corrupción, pobreza, emigración, marginación y
exclusión social—, por mencionar algunos. Los problemas mencionados son
el reflejo de unas políticas públicas mal diseñadas y mal ejecutadas por el
actual gobierno.
El Salvador
atraviesa una imparable crisis con las diferentes formas de violencia que
afectan a innumerables familias salvadoreñas. Violencia de todo tipo:
intrafamiliar, acoso sexual en las vías públicas, en cantones y caseríos. Hay
signos y síntomas preocupantes de la inseguridad ciudadana en el país. Sin
embargo, a finales de 2006, se nombró una Comisión de seguridad ciudadana y
convivencia social, integrada por los diferentes sectores sociales, económicos,
políticos y religiosos del país, para estudiar y proponer diferentes formas de
intervención para controlar la violencia. También, se creó el Ministerio de
Seguridad Pública y Justicia. Ambas instancias —la Comisión y el nuevo
ministerio—, así como el gobierno en su totalidad, tienen la misión de sacar al
país de la grave crisis en materia de seguridad.
Para lograr prevenir y reducir los
índices de violencia y delincuencia en El Salvador, se necesita más que cambios
institucionales. Marcela Smutt, Oficial del Programa
“Sociedad sin Violencia” del PNUD, reclamó la necesidad de “poner en marcha una
política pública integral de convivencia y seguridad ciudadana”. Esta propuesta
de política pública se basa en los conceptos de seguridad humana y seguridad
ciudadana y centra sus acciones en las y los ciudadanos.
En términos
de desafíos, para 2007, hay que reconocer que la interrelación existente entre
democracia, desarrollo y seguridad, en su más amplia dimensión, conlleva a la
necesidad de estructurar un nuevo modelo de seguridad ciudadana, que debe estar
basado en los siguientes principios: la inclusión social, la transparencia en
el uso de los recursos, la responsabilidad institucional, la gobernabilidad y
la prevención de conflictos sociales. Las amenazas en el país son múltiples
(narcotráfico, homicidios y sus delitos conexos, corrupción, tráfico ilícito de
armas, crimen organizado, pobreza en sus diferentes manifestaciones y
enfermedades infecto-contagiosas), por lo cual un modelo de seguridad ciudadana
de carácter democrático debe contemplar todas esas dimensiones y la
vulnerabilidad ciudadana.
No solventar las problemáticas antes descritas
seguramente se traducirá en un mayor debilitamiento del Estado salvadoreño, así
como la falta de credibilidad de las instituciones del país, lo cual puede dar
pie a una inestabilidad política, económica y social de graves consecuencias
para la sociedad salvadoreña.
En conclusión, tal como aseguró Monseñor
Gregorio Rosa Chávez, “la seguridad ciudadana debe colocarse en el centro de la
agenda de desarrollo. Los salvadoreños y salvadoreñas necesitan estrategias que
permitan nuevamente que nos respetemos y que aprendamos a resolver los
conflictos de manera pacífica”.
La cobertura y calidad del sistema nacional de salud pública
La red
nacional de salud pública ha resultado ser ineficiente para la población
salvadoreña. Las comunidades y zonas rurales pobres del país en su mayoría
tienen poco o ningún acceso a los servicios de salud. Si bien es cierto que se
ha divulgado la creación de cien unidades médicas, en el marco del Fondo Social
para la Salud (FOSALUD), de éstas, sólo 35 prestan servicio las 24 horas del
día. En vista de ello, el servicio médico para la población sigue siendo
ineficaz, pues la cobertura es mínima si se compara con la población a atender
en todo el país. A ello se suma la falta de medicamentos y la distancia que
existe entre esas clínicas y las comunidades.
En la misma
línea, el desabastecimiento de medicinas continúa siendo una de las principales
debilidades del sistema de salud. “Lo que estamos tratando –sostuvo el Ministro
de Salud, Guillermo Maza— es que los
medicamentos básicos no nos falten en las unidades de salud y hospitales, esa
es la lucha que tenemos siempre y vamos a seguir teniendo”.
Esta
preocupación del Ministro de salud tiene su correlato en los bajos niveles del
gasto público en salud, lo cual explica lo difícil que es el acceso a la salud
para la población más pobre del país. En efecto, el presupuesto para el año en
el Ramo de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) asciende al 6% del Presupuesto General del Estado. Del
total, el 80% es asignado al funcionamiento de los hospitales nacionales, de lo
cual una buena parte se destina a pagos de salarios e infraestructura. El resto
se distribuye entre rubros igualmente críticos como medicamentos y materiales
médicos.
En
definitiva, mientras el Ejecutivo no asuma su responsabilidad de brindarle a la
población un sistema de salud digno, las epidemias seguirán haciendo de las
suyas y las páginas de los matutinos seguirán contabilizando muertes por
dengue, rota virus, pulmonías y neumonías. Es decir, se seguirá violentando el
derecho humano fundamental a la salud, que el Estado salvadoreño tiene la
obligación constitucional de garantizar al conjunto de la sociedad.
Los desafíos de las instituciones públicas de educación
En los
últimos años, el Ministerio de Educación (MINED) ha realizado esfuerzos por
mejorar la cobertura y calidad del Sistema Educativo Nacional, lo cual ha
supuesto la integración de una Comisión Presidencial y la elaboración de un
Plan Nacional de Educación de largo plazo conocido como “Plan 2021”. Este
último ha sido considerado por distintos sectores como el mejor plan educativo
tenido en El Salvador desde siempre. Sin embargo, para los más críticos, ese
Plan sólo evidencia el deseo gubernamental de convertir a los y las estudiantes
en materia prima para las transnacionales, que hoy en día requieren jóvenes
bilingües y técnicos.
Uno de los
objetivos del Plan 2021 es captar una mayor matrícula en los municipios más
pobres del país y aumentar las tasas de inserción en el sistema educativo
nacional. Sin embargo, en la actualidad hay zonas carentes de centros escolares
o están demasiado lejos de las comunidades, lo cual impide que muchos niños y
niñas del área rural asistan a clases. Por ejemplo, Marta Aguirre, madre de
familia, explica a La Prensa Gráfica
que es difícil movilizar a los niños a las escuelas cuando no cuentan con los
recursos económicos y estas se encuentran muy lejos. “La escuela donde la
llevaba [a mi hija] ya me queda más lejos, así que estoy buscando cupo aquí [en
San Salvador], que dicen que todavía hay”. En esta misma línea, el 12% de la
población en edad escolar no asiste a la escuela; en otras palabras, más de 169
mil niños y niñas no completan la educación primaria.
Por otro
lado, avanzar hacia una equidad de género en la educación es un desafío importante
para el actual gobierno. Muchas niñas de la zona rural no pueden siquiera
pensar en la posibilidad de estudiar, por distintas razones: trabajan en
oficios domésticos, se ocupan de llevar recursos (agua, leña, alimentos) a sus
casas o no tienen condiciones mínimas para acceder a los bienes básicos, ni
para desplazarse hacia los centros escolares. Al igual que en el área de la
salud, en el área educativa es necesario no sólo un incremento presupuestario,
sino una mejor distribución de los fondos asignados.
En
síntesis, El Salvador necesita una economía social, es decir, una economía que
disminuya la pobreza y las desigualdades. Es imperativa una apuesta por
socializar la educación y los servicios básicos de salud en las diferentes
regiones del país. Hasta el momento, los cuatro gobiernos de ARENA han sido
incapaces de resolver problemas sociales tan graves como los apuntados; sus
políticas públicas han sido políticas de gobierno, no políticas de Estado. Hay
que diseñar, pues, una visión estratégica para el desarrollo social y económico
de El Salvador. La gran interrogante es si Antonio Saca intentará, en lo que
queda de su mandato, dar los primeros pasos en esa dirección o si habrá que
esperar a que el partido ARENA sea desplazado del Ejecutivo.
Apanteos: una advertencia del
estallido
de la crisis penitenciaria (I)
El debilitamiento institucional y
la incapacidad de la gestión gubernamental actual para controlar la violencia y
la criminalidad se ven reflejadas nuevamente en el último amotinamiento en el
Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana. El hecho dejó
un saldo de 21 reos muertos, luego de que meses atrás el gobierno empezó a
mezclar en las penitenciarías reos comunes y pandilleros de ambas pandillas.
Esta última masacre, además de ser una de las más graves, después de la
ocurrida en la Penitenciaría Central la Esperanza en el que fueron asesinados
36 reos, se suma a una larga lista de asesinatos al interior de los recintos penitenciarios
como resultado de violentos enfrentamientos, riñas y revueltas que se han
suscitado consetudinariamente desde 1998 en el
sistema penitenciario. La cifra de personas asesinadas al interior de los
centros penales en los últimos 8 años se acerca a 200, entre los que se cuentan
reclusos y personal del sistema. Estos datos evidencian la profunda crisis en
que se encuentra el sistema penitenciario del país como resultado de la
ausencia de una política criminal.
A las muertes y los recurrentes incidentes
violentos, que mantienen casi en un estado permanente de emergencia a las
autoridades del sistema penitenciario, se suma las frecuentes fugas, en la
última de las cuales se escaparon 37 internos del penal de Cojutepeque,
ante la mirada atónita de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades del
penal. A su vez, los penales se han convertido en los últimos años en centros
de operación del crimen organizado, cuyos miembros organizan y lideran
operaciones con toda libertad e impunidad. Para nadie es un secreto que el
control absoluto de lo que pasa al interior de las penitenciarías lo ostentan
los propios reos. Las cárceles han sido convertidas ahora en una especie de
territorios liberados, donde priva una institucionalidad paralela: la del crimen,
la ilegalidad y la anarquía que ha impuesto su propio sistema de normas y
reglas de funcionamiento interno, estimulado por las redes de corrupción que
han estado enquistadas en el sistema penitenciario durante décadas. De otra
manera, nadie se explica cómo durante tanto tiempo, los reos han podido burlar
a las autoridades e introducir con toda libertad armas, drogas, celulares y
toda clase de aparatos eléctricos prohibidos por el reglamento establecido.
Solo basta conocer los elevados
índices de hacinamiento en las cárceles para evidenciar la grave situación en
que se encuentran. Aunque el sistema penitenciario tiene una capacidad para
albergar a 7,372 internos, cuenta en la actualidad, según datos de la Dirección
de Centros Penales, con una población de 14,682 internos, lo que representa un
índice de hacinamiento del 99 por ciento. A esto se suma que los recintos
penitenciarios son por lo general de gran antigüedad, con infraestructuras
obsoletas, no diseñadas para facilitar la readaptación de los internos. Cuentan
por lo general con déficit de agua potable, inadecuada ventilación,
insuficientes camas, ausencia de mobiliario en dormitorios y en las áreas de
recreación y formación; precaria alimentación, deficiente atención médica y un
limitado personal técnico para impulsar los procesos de resocialización
establecidos por la Ley Penitenciaria. Esta situación, aunque no es nueva, se
ve agravada con el incremento del número de personas capturadas y procesadas
por el sistema, que se incrementó en cerca de 2,000 internos solo para el 2006.
Por otra parte, su conducción ha
estado a cargo de personas que carecen de las competencias y formación adecuada
en materia penitenciaría, quienes no han sabido impulsar reformas básicas
establecidas por la Ley Penitenciaría. Es inaudito que según las declaraciones
del actual director del sistema penitenciario, Jaime Vilanova,
se desconozca la identidad de unos 7 mil reos, debido a que no tienen el
documento único de identidad, lo cual es doblemente grave en el caso de personas
que se supone han sido debidamente identificadas, juzgadas o están siendo
procesadas por el sistema penal por la comisión de un delito. Además al no
estar debidamente documentados se dificulta su identificación y control al
interior de los centros, en especial cuando hablamos de una elevada población
carcelaria. Esto explica la facilidad con que muchos reos han asistido en
nombre de otros a audiencias convocadas por los jueces o han podido cambiar su
identidad en el caso de los traslados.
Por otra parte, los dirigentes del
sistema penitenciario no han tenido la capacidad de anticipar ni manejar de
forma adecuada las crisis. En el caso de Apanteos, de
acuerdo a información dada a medios periodísticos por parte de los custodios y
del mismo director del Penal, los hechos eran completamente previstos, pues al
igual que la masacre de Mariona y matanzas anteriores, las autoridades
penitenciarias ya tenían previo conocimiento de los conflictos al interior del
penal y de peticiones de internos comunes y pandilleros de que se les separara.
El
plan de modificar la política de separación de los internos en función de su
carácter común o pandillero, que operó durante cerca de 4 años, nació
recientemente luego de críticas provenientes de diferentes sectores de haber
generado un fortalecimiento de las pandillas dentro de los centros penales.
Así, las cárceles se volvieron inmanejables para el sistema, a partir de que en
estas se han planeado toda clase de acciones criminales sin mayor control, y de
la permanente inestabilidad que generaban en el sistema. Es indudable que la
concentración de pandilleros afines en un mismo centro penal no sólo fortaleció
los lazos entre los integrantes y su pandilla, sino que también les dio un
espacio a estos grupos para reconfigurar y consolidar su organización y
estructura interna, coadyuvando a su actual institucionalización y
sofisticación. Aunque las autoridades de centros penales han expresado que la
nueva estrategia de mezclar pandilleros con reos comunes busca favorecer la readaptación
de los pandilleros, parecen olvidar que la reintegración es un proceso complejo
que requiere de estrategias integrales además de recursos, especialmente,
cuando estamos frente a grupos con dinámicas tan complejas como las pandillas.
Sin duda alguna, un cambio de la
estrategia penitenciaria frente al fenómeno de las pandillas era necesario; sin
embargo, una vez más, el cambio se dio sin el análisis necesario sobre las
posibles consecuencias de la nueva práctica, y sin la planificación y el
control requeridos. Si efectivamente esta medida tenía como objetivo coadyuvar
a los procesos de reintegración y resocialización de
los pandilleros, a través de fomentar su convivencia con otros sectores de la
sociedad, debió implementarse una reingería total del sistema, o al menos poner
en marcha un plan gradual de integración en los penales en los que se
implementaría la medida. Lo anterior suponía, en primera instancia, una
asignación de los internos luego de un dictamen generado por un análisis serio
de cada caso por parte de los equipos y consejos criminológicos, tomando en
consideración la conducta del interno, su grado de peligrosidad, su calidad
procesal, entre otros aspectos. A su vez eran necesarios un análisis de la
capacidad instalada de cada penitenciaria, una inversión y remodelación de la
infraestructura de los centros, acompañada de programas deportivos, religiosos,
educativos y de formación e inserción laboral, tal y como lo establece la Ley
Penitenciaria. Todo este proceso debió haber sido sometido a un monitoreo y
evaluación permanentes que permitieran guiar la toma de decisiones.
Sin embargo, tal y como es
costumbre, de la noche a la mañana cientos de pandillleros
fueron trasladados y mezclados con reos comunes, como si se pudiese regresar a
la situación antes de iniciar la separación, anular por arte de magia las
mutaciones de las pandillas, y retomar el control sobre los centros penales,
como si nada hubiese pasado.
Todo esto es un signo más de la
manera negligente, disfuncional y poco planificada en que se ha conducido la
política penitencia en el país. Asimismo, es el resultado de las ineficaces
medidas de seguridad impulsadas en los últimos años, donde los encargados de la
seguridad pública han centrado su atención en el incremento de las capturas,
sin prever mayor inversión en los procesos de resocialización
de los internos penitenciarios. La recién ocurrida matanza no únicamente
evidencia graves debilidades del sistema penitenciario, sino también el fracaso
de la política gubernamental en materia de seguridad pública. La estrategia del
Estado Salvadoreño de enfocar la seguridad casi exclusivamente en la parte
represiva –sin tomar en cuenta la prevención, rehabilitación y reintegración--
está generando más efectos perversos y coadyuvando al estallido de una eventual
crisis del sistema penitenciario. Todo ello es una consecuencia lógica del
predominio de la reducida visión de control como herramienta primordial para
abordar un fenómeno tan complejo como es la delincuencia.
Los Derechos Humanos en
2006 (II)
II. Funcionamiento de las instituciones
Ante el
estado de cosas ya descrito, queda claro que se debe ordenar la casa de
inmediato; eso exige un cambio de actitud personal de los funcionarios y
estructural de las instituciones. Hasta el momento, unos y otras han pisoteado
la legalidad con tal de cumplir sus caprichos, mantener sus privilegios o
asegurar el bienestar del grupo que representan. Poco ha importado la decena de
muertes violentas diarias y el sufrimiento de los familiares de las víctimas;
por más que se invoque el Estado de Derecho, esas tragedias han sido ignoradas.
Precisamente
el desprecio de la institucionalidad, de los derechos humanos y del imperio de
la ley es lo que ha llevado al país a la crisis actual. Esa conducta ha sido
una constante en el desempeño de jefes de Estado, ministros procuradores,
fiscales y directores de entidades gubernamentales. La paulatina destrucción de
la Finca El Espino –pese a que ha sido declarada reserva forestal–
o el inicio anticipado de la campaña electoral sirven
para demostrar que esos funcionarios no entienden en qué consiste el principio
de legalidad o no les importa irrespetarlo. Por eso se afirma que no existe un
interés real de resolver los problemas cuando se anuncia que con más normas legales
se logrará ese objetivo, porque en el fondo tales medidas no son la solución;
quizá haya que hacer algunas reformas, pero lo que más se requiere es respetar
y hacer que se respeten las reglas del juego vigentes. Mientras eso no suceda y
la impunidad continúe carcomiendo las estructuras estatales, los delincuentes
de cualquier tipo seguirán sacando ganancia en un río bastante revuelto.
Para
contribuir a superar tal situación, cada año el IDHUCA analiza el
funcionamiento de las instituciones responsables de garantizar el acceso a la
justicia y la vigencia de los derechos humanos. En esta ocasión, lo hace en un
marco para algunos especial y de festejo: el quinceavo
aniversario del Acuerdo e Chapultepec. En éste se
incorporaron y describieron las piezas del vehículo que pretendía conducir a El
Salvador hacia la paz; se trata de las entidades creadas o reformadas después
del fin de la guerra. Una de las revisiones primeras y más importantes de ese
vehículo fue realizada por la Comisión de la Verdad que, en su informe
denominado “De la locura a la esperanza”, hizo recomendaciones vitales para
evitar el deterioro de dichas piezas y del vehículo completo, corregir su mala
conducción y sobre todo garantizar llegar hasta el fin del camino. Pero la
mayoría fueron desatendidas. Ahora, pues, hay que retomar el compromiso de
fortalecer el aparato estatal encargado de impartir justicia. Hacerlo
garantizará que sea este el año en el que se sienten las bases para alcanzar
una real pacificación; de lo contrario, seguirán habiendo graves “accidentes de
tránsito” –como la violencia insoportable y la falta de oportunidades para el
pleno desarrollo humano de las mayorías, por citar algo–
que impidan llegar al final feliz de una sociedad democrática, respetuosa de
los derechos humanos y conciliada, tal como se acordó en Ginebra el 4 de abril
de 1990.
a. Fiscalía
General de la República (FGR)
Para las
víctimas, esta institución es la puerta de entrada a la justicia; si se cierra
no quedan opciones, dado que posee el monopolio de la acción penal. Por eso era
trascendental que se eligiera con urgencia un nuevo titular competente,
independiente y comprometido con las principales demandas de la población; que
tuviera, además, la valentía suficiente para iniciar procesos contra cualquier
delincuente sin importar su condición social o su posición de poder.
En ese
sentido, el IDHUCA y varias organizaciones sociales sugirieron un mecanismo de
selección participativo y transparente; también
definieron las características que la persona debía reunir para aspirar al
cargo de Fiscal General y plantearon una reestructuración institucional que le
facilitaría herramientas a éste para mejorar el desempeño de la FGR. Asimismo,
se propuso una terna de candidatos que cumplían el perfil presentado. Sin
embargo, en abril pasado, la Asamblea Legislativa saliente ignoró las
recomendaciones de la sociedad civil y eligió según su costumbre. Así, producto
de las componendas entre los partidos de derecha –por la preocupación de no
poder hacerlo en la siguiente legislatura– se impuso
a Félix Garrid Safie.
La
experiencia laboral de Safie no justifica tal
designación. Por una parte, su formación académica ha sido en ramas del derecho
distintas a las que un Fiscal General debería manejar –se especializó en lo financiero– y sus anteriores trabajos como asesor jurídico
de la Secretaria Técnica de Financiamiento Externo y del Banco Centroamericano
de Integración Económica, así como la presidencia del Registro Nacional de las
Personas Naturales y la dirección ejecutiva del Centro Nacional de Registros,
no garantizan su idoneidad en la lucha contra la delincuencia y el combate a la
impunidad. ¿Cuál fue entonces el mérito que lo catapultó a tan importante
puesto? Pues todo hace creer que, nuevamente, se priorizó la afiliación
política sobre la capacidad.
Aunque Safie prometió defender la institucionalidad y despojarse
de su militancia en el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), hay
que recordarle a quienes lo nombraron que con esa forma de decidir están destruyendo
la institucionalidad; basta rememorar el nefasto antecedente cuando se colocó,
de esa manera, a Eduardo Peñate Polanco al frente de
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El alarmante promedio
de más de diez muertes diarias en el 2006, debería ser razón suficiente para
dejar de ensayar o anteponer intereses partidistas a los de las mayorías;
debería, más bien, motivar a la búsqueda de personas que aseguren éxitos en la
lucha contra la criminalidad. Safie no lo es y ya lo
demostró con las desafortunadas declaraciones que dio el 5 de julio. Quien sabe
si por desorientación, novatada o costumbre afirmó que en la muerte de los dos
agentes policiales habían participado pandilleros. Los indicios para llegar a
semejante conclusión eran los grafitos dejados por los manifestantes. Así se
estreno ante los medios como Fiscal General.
Ya al
frente de la institución ha comenzado a ser piedra de tropiezo para las
víctimas que buscan justicia. El año pasado, el IDHUCA acusó en la Fiscalía
General de la República al mando del extinto Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP) por un asesinato ocurrido durante la guerra. Contrario a lo que muchos
pudieran creer, ya que el crimen se le atribuye a una de las organizaciones que
formaban parte del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), no favoreció a que se hiciera justicia. Los
fiscales que recibieron la denuncia se tardaron un año para descartar la
investigación argumentando que la Ley de Amnistía les impedía actuar de otra
forma. Obvio, pues una decisión en sentido contrario también podría aplicarse
contra altos mandos de la Fuerza Armada de antes y después de la guerra.
El caso del
Mayor Adrián Meléndez Quijano también es emblemático para prever que Safie actuará igual que Belisario Amadeo Artiga Artiga, su predecesor. El citado Mayor, su hermano y el
IDHUCA presentaron dos denuncias en la FGR: una por falsedad ideológica
agravada y la otra por privación de libertad contra el Ministro de la Defensa
Nacional, General Otto Romero; pero al Fiscal General le temblaron las piernas,
además de la mano, y en una actitud timorata firmó un escrito pidiendo a los
tribunales que las desestimaran. Pero el Juez 13° de Paz de San Salvador y la
Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro decidieron que
ambas causas pasaran a la Asamblea Legislativa, para que ésta –como manda la Constitución– determine si debe quitársele el fuero a este
funcionario y sentarlo en el banquillo de los acusados.
Además, hasta el momento Safie
ha guardado silencio en casos irresueltos como el de Katya
Miranda Jiménez o el de Gilberto Soto. Asimismo, no ha mostrado interés en
investigar la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, pese a que la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lo ha ordenado al
Estado salvadoreño y es su responsabilidad constitucional hacerlo. De él
depende el giro que puedan tomar las diligencias en ambos crímenes, para que se
logre conocer los responsables y se les sancione.
Asimismo,
su papel es trascendental para poner tras las rejas a extorsionistas, asesinos,
violadores, narcotraficantes, delincuentes de “cuello blanco” y demás –como
dice Antonio Saca– “malacates” que le roban a la
población su tranquilidad y el dinero de sus impuestos en cantidades millonarias.
Para todo eso, debe comenzar a capacitar al personal fiscal en investigación
científica y logra que ya no dependan de testigos, como ha sucedido hasta
ahora. Por eso, al comienzo de su mandato, el IDHUCA lo exhortó a liderar la
pronta ratificación de la reforma constitucional que le dé vida al Instituto de
Ciencias Criminales y Forenses. Hasta el momento, eso no ha sucedido y su falta
de protagonismo demuestra un preocupante desinterés por una herramienta que le
facilitaría la identificación de criminales e incrementaría la eficacia de su
trabajo. Así las cosas, no parece que la inoperancia institucional vaya a
terminar con Félix Garrid Safie. Él tiene la última
palabra y podría demostrar que el cargo no le queda grande, si comienza
trabajar en todo lo que ha dejado de hacer durante los siete meses que lleva
administrando la FGR.
b. Policía Nacional Civil
(PNC)
La PNC
inició el año pasado con un director reciclado: Rodrigo Ávila. En ese momento
se cuestionó su designación, porque años atrás fue separado del cargo para que
Mauricio Sandoval lo asumiera. Se planteó que el regreso podría ser un
reconocimiento de la equivocación cometida al colocar a Sandoval en la
institución siendo Ávila la persona más apta o, bien, un error por elegir a quien había sido removido antes por incompetente. En cualquiera de los dos
escenarios, la población mayoritaria es la que ha salido perdiendo en vidas y
paz. Lo sucedido desde entonces, responde en buena medida los cuestionamientos.
Si se evalúan los resultados de la lucha contra la violencia y la actuación
policial, Sandoval debió estar al frente de la PNC y Ávila no debió regresar a
ese cargo.
“Vamos a enfocar y trabajar en la
investigación de homicidios [...] vamos a poner nuestro trabajo en disminuir la
delincuencia en los veinte municipios donde se cometen el 70% de los
homicidios”,
prometió. Un año después, hubo 127 muertos más en todo el país; peor aún,
delitos como la extorsión tuvieron un alarmante repunte y el secuestro
reapareció pese a que se publicitaba su erradicación. La corporación policial
aún no ha dado el salto de calidad prometido. Es cierto que debía salir Ricardo
Meneses por su terquedad de perseguir pandilleros a cualquier costo, pero Ávila
siguió haciendo lo mismo.
Por otra
parte, los datos de fin de año también confirman que el retorno de Ávila era
más bien un intento publicitario para dar la impresión que algo se estaba
haciendo, que habría un cambio en la política criminal y que la Policía tomaría
otro rumbo. Con este nombramiento, Saca aprovechó para ganar tiempo y salirle
al paso a las críticas; además, se quitó de encima a un funcionario que él no
escogió para poner a otro que sí era su allegado.
Ahora, 365
días, a la actual dirección de la PNC se le puede reprochar que no ha trabajado en la elaboración de planes preventivos, que
aún no mejora las condiciones laborales de sus agentes de base y que durante
ese período se han realizado acciones represivas extremas que cobraron algunas
vidas.
Cuando se
concibió este nuevo cuerpo de seguridad en 1992, se esperaba que fuera cercano
a la gente y generara confianza. Eso hubiera garantizado la participación
gustosa de la ciudadanía en su apoyo y, además, habría fomentado las denuncias.
Pero no ha sido así; por el contrario, ya genera temor entre la gente; más aún,
hay quienes afirman que en su interior están los dirigentes de las bandas
criminales. Los recientes casos de brutalidad policial refuerzan ese miedo. La
Inspectoría General de la PNC informó de seis muertes en las que habían participado
agentes policiales. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH reportó treinta y cinco quejas por homicidios, intentos de asesinato, y
agresiones físicas y verbales.
Dos casos
ilustran el uso de la violencia desmedida por agentes policiales. El IDHUCA
recibió el de un ciudadano que fue atacado por dos Grupos de Tarea Conjunta,
formados por policías y soldados, que impactaron su vehículo y lo lesionaron
gravemente a él. Los uniformados aseguraron que la víctima ignoró una señal de
alto en un retén y que por eso le dispararon; sin embargo, aunque fuera cierto,
semejante abuso de poder es injustificable. Otro caso es el de un albañil de 22
años que, en estado de ebriedad, supuestamente insultó a tres agentes que lo
detuvieron, esposaron y –dentro del puesto policial–
lo golpearon brutalmente. Luego lo entregaron a sus padres. Estuvo postrado
durante veintiún días, hasta que murió producto de la paliza que le dañó el
intestino grueso, un pulmón y un riñón.
Los casos
citados, así como otros que reportan las instituciones que fiscalizan el
trabajo policial, son una señal más de alerta –ya no tan temprana–
para retomar el ideal acordado hace quince años: el de una institución
respetuosa de los derechos humanos y cercana a la población,. En esa labor de
recuperar lo que en el papel fue novedoso, todos y todas deben empeñarse
mediante la denuncia de los abusos y la exigencia de transparencia en su
desempeño.
c. Procuraduría General de la República (PGR)
Ninguneada.
De todas las instituciones del Ministerio Público, esta pasa inadvertida para
la clase política pese a su papel trascendental para la sociedad en varios
ámbitos. Además de la defensa pública gratuita, debe defender también a la
niñez y la familia así como a las personas con capacidades especiales; le
corresponde también la protección de los derechos laborales.
En el 2006
debía nombrarse un nuevo titular o reelegir al que ya estaba. Se optó por lo
segundo; pero es importante resaltar que mientras en la designación del Fiscal
General se consideraron más de cuarenta candidaturas, para elegir al Procurador
General sólo hubo quince nombres de dónde escoger. Además, la desidia mostrada
por diputados y diputadas en el nombramiento de este funcionario demuestra el
poco peso político de la PGR. Su falta de protagonismo es preocupante, porque
ese silencio refleja un desempeño de bajo perfil frente a temas importantes.
La
población se queja de la situación laboral a la que se enfrenta; además,
siempre hay señalamientos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
contra los patronos que no le trasladan las cuotas descontadas a sus empleados
y empleadas; los despidos injustificados también ocupan buena parte de las
conversaciones ciudadanas, sobre todo cuando de maquilas se trata. Semejantes
abusos merecen un mayor compromiso de esta institución, pronunciándose y
planteando propuestas para superarlos. Seguro que eso sería noticia de primera
plana. Sin embargo, en los medios de difusión lo que se comenta más es su
trabajo verificando que los padres entreguen la cuota para el mantenimiento de
sus hijos. La PGR es popular entre la población por eso, pero muy pocos saben
que al ser despedidos ilegalmente pueden buscar sus servicios y que tienen un
plazo no mayor de dos meses para presentar una denuncia. Lo mismo sucede con la
tutela de los derechos de la niñez y la familia.
Tal vez el
problema resida en la poca cantidad y calidad de su personal o, quizá, habría
que analizar si a su titular –Gregorio Sánchez Trejo–
también le queda grande el cargo. El año pasado hubo momentos en los que era
importante que, al menos, fijara su posición frente a decisiones que se
tomaban. Por ejemplo, guardó silencio cuando se aprobó la Ley Especial de
Protección a Víctimas y Testigos, mientras se generaba un conflicto entre
algunos jueces y el Órgano Ejecutivo. Los primeros consideraban que se violaba
el derecho de defensa de los imputados. La institución que dirige Sánchez Trejo
tiene mucho que ver en eso. ¿Por qué nadie le pidió su opinión? ¿Por qué no
habló él? Lo mismo sucedió con la Ley contra Actos de Terrorismo, así como la
Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja. En ambos
casos, se modificó el papel de los defensores públicos y se impusieron medidas
que afectaban su labor. Y Sánchez Trejo, calló.
Por eso, el
reto de esta institución continúa siendo tener el protagonismo necesario en los
asuntos que le corresponden. Gregorio Sánchez Trejo debe salir de su cómoda
oscuridad y abrir la boca para demandar mejores condiciones laborales en el
país, para proteger los derechos de la niñez y la familia, y para garantizar el
debido proceso con una adecuada defensa de los imputados que no pueden pagar
servicios privados.
d. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
En 2006, la
PDDH continuó siendo víctima de ataques constantes por parte de algunos
políticos y otras instituciones públicas. No obstante tal situación, se ha
pronunciado sobre violaciones de derechos humanos. Sus dictámenes fueron tan
diversos como los temas que abordó. Apoyó la ratificación de los convenios 87 y
98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocen la libre
sindicalización y las negociaciones de contratos colectivos en el sector
gubernamental; también se manifestó contra el aumento al pasaje del transporte
público y criticó la Ley contra Actos de Terrorismo, por citar dos ejemplos.
Pero no siempre sus declaraciones han sido las más felices, como sucedió el 5
de julio. La Procuradora, Beatrice de Carrillo, dijo
que tenía información de que había alumnos muertos dentro la Universidad de El
Salvador, lo cual no era cierto. En ese momento de ofuscación general, lo mejor
era mantener la cordura y confirmar los rumores antes de atreverse a especular
y lanzar declaraciones que pudieran agravar el panorama.
Lo mismo ha
sucedido con su posición sobre las armas de fuego. Más allá de sus convicciones
o creencias, debe prevalecer la objetividad y la visión de derechos humanos. En
este caso, si las estadísticas demuestran que estos artefactos son la principal
herramienta con la que se causan las muertes en el país es lógico pronunciarse
contra su circulación, ya que eso tendría un impacto significativo en el tema
de la violencia.
Por otra
parte, este año continuó el estrangulamiento económico al que ha sido sometida
la institución. Para el Órgano Ejecutivo, es más importante dar a conocer las
actividades que realiza el presidente Saca y trabajar su imagen, que la defensa
y la promoción de los derechos humanos. Eso se refleja en la asignación presupuestaria,
tanto en el 2006 como en el 2007. En ambos, la parte que le corresponde a la
PDDH no ha superado los cuatro millones de dólares; mientras, la Secretaria de
Comunicaciones de la Presidencia –un ente irrelevante para el bienestar de la población– ha gozado de una asignación que siempre ha sido
superior a los siete millones de dólares. Semejante situación limita el papel
que pueda desempeñar y demuestra el desinterés del Ejecutivo en el tema.
e. Órgano Judicial
Como ha
sucedido durante mucho tiempo, éste no ha desempeñado de forma adecuada su
papel: ser contrapeso de los otros órganos estatales. Eso sucede, en buena
medida, por la forma en que se elige a las y los integrantes de la Corte
Suprema de Justicia. Producto de las negociaciones partidarias y el
acostumbrado reparto de las instituciones estatales, la anterior Asamblea
Legislativa –en su última sesión plenaria– nombró
cinco magistrados propietarios mediante una votación de mercado y regateo. Por
esa manera de proceder, salvo algunas excepciones, el ungido o la ungida paga
el favor con algunas resoluciones que emite; de ahí que constantemente el
informe del Departamento de Estado de los Estado Unidos de América, señale al
Órgano Judicial como ineficiente y corrupto.
Víctimas de
su mal actuar, sobran; las hay hasta dentro de su propia plantilla. Es el caso
de la jueza María Cristina Sagastizado, a quien
destituyeron luego de acusarla de poseer un título obtenido de forma irregular.
Tras un largo proceso, se determinó su inocencia pero no fue reinstalada por
capricho o negligencia –quién sabe–de la Corte. La
jueza comenzó a padecer una enfermedad grave y no pudo ser atendida en el ISSS,
pues había dejado de cotizar. Así se encontró con la muerte, sin haber sido
reinstalada y sin que la Corte reconociera su error.
La lentitud
para impartir justicia ya está enquistada en esa vital estructura estatal. En
buena medida, por eso la gente prefiere no denunciar; porque sabe que al
hacerlo, se expone a un proceso demasiado largo que no necesariamente terminará
con la condena del acusado. Eso pone en peligro su vida, porque da lugar a
represalias de los delincuentes.
También hay
que señalar que algunos jueces sufrieron una campaña de ataques orquestados por
el Órgano Ejecutivo, para cuestionar la
legalidad de sus decisiones. De forma autoritaria, ARENA promovió reformas
legislativas encaminadas a controlar y someter esa parte de la judicatura,
independiente y respetuosa de la Constitución. Destaca las del Código Procesal
Penal encaminadas al nombramiento de jueces hechos a la medida de Casa
Presidencial, para aplicar una legislación contra el crimen organizado recién
aprobada que –por la ambigüedad de su formulación–
puede abarcar cualquier cosa.
Pero las
“ocurrencias” del Ejecutivo y el Legislativo no terminaron ahí. También se
confabularon para modificar la Ley de Procedimientos Constitucionales; por eso,
ahora, las y los jueces deben contar con la anuencia de la CSJ para no aplicar
normas que consideren contrarias a la Carta Magna. Esta reforma tiene historia
y propósito puntual. Historia, porque algunos jueces utilizaron el artículo 185
de la Constitución de la República para desconocer la Ley Antimaras, el incremento de penas
hasta por 75 años, y la Ley contra la Delincuencia y el Crimen Organizado,
entre otras; así se pretende, además, evitar que ocurra lo mismo con la Ley
contra Actos de Terrorismo.
Para finalizar cabe recordar lo que ya se afirmó
desde este mismo espacio: “Si en realidad
se busca eficiencia en el combate a la criminalidad, debe haber un horizonte
común. Nada resolverá la Asamblea Legislativa, si de verdad quiere hacerlo,
amarrándole las manos a los y las jueces independientes que defienden con valor
la Constitución. En lugar de eso, mejor que tomen en serio su principal función
estudiando a conciencia las normas que van a aprobar y sin ponerse al servicio
de los delirios absolutistas del Ejecutivo”
(Proceso 1201, 12/7/2006).
Conclusión
En esta
revisión de lo sucedido el año que pasó, hay que recalcar la necesidad de que
todas las fuerzas vivas del país se unan para diseñar un nuevo pacto social en
el que se acuerden los principios básicos que deban regir al país de ahora en
adelante, tanto en lo político como en lo económico y social. Por el momento,
queda claro –como se dijo el 5 de julio pasado– que “El Salvador de hoy es un barco sin rumbo ni
capitanes que lo puedan conducir, con una tripulación a punto de amotinarse” (Proceso
1200, 5/2005). Por eso, urge consensuar un cambio de ruta.
El 2007 ofrece
una oportunidad importante para hacerlo. A quince años de haberse firmado el
Acuerdo de Chapultepec, la reflexión debería
orientarse hacia la actualización de esa agenda en función de un nuevo
compromiso nacional que tenga como meta llegar a lo que en Ginebra se planeó:
un país en paz sobre la base de su democratización, el respeto irrestricto de
los derechos humanos y la unidad de la sociedad, a partir de la justicia para
todas las víctimas. Pero no se debe caer en el error de pensar que eso lo hará
un grupo de personajes iluminados, instalaados en las
alturas y aislados de la realidad diaria de la llanura. No. Es indispensable la
participación de la población en la definición del destino al que se quiere
llegar. El Salvador debe construir su propio progreso, desde abajo y desde
adentro. Ya fueron muchos los planes de nación fallidos, hechos por la clase
dirigente; ya es tiempo que se dé paso a que la gente formule el suyo y se lo
apropie, teniendo presente Ginebra.
Por eso, en
el año que comienza se deben sentar las bases para la construcción de un poder
social, popular, ciudadano... Llámenle como quieran, pero capaz de negociar y
acordar compromisos para solucionar problemas como la pobreza, la exclusión, la
violencia, la inseguridad, la migración y otros igualmente graves. Un poder con
la suficiente fuerza para que, además, impida que se burlen de esos compromisos
y que –por el contrario– garantice su cumplimiento
pleno. Ya hay grupos organizados de compatriotas que viven en el exterior
haciendo su parte; falta que acá las mayorías comiencen a convertir su
indignación ante la difícil situación que enfrenta el país, en una acción
creativa y renovadora. En síntesis, este año debe servir para que –como dijo
Ignacio Ellacuría– “el pueblo salvadoreño haga sentir su voz”.
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