El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
     Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
número 919
Septiembre 20, 2000
ISSN 0259-9864
 

ÍNDICE

Editorial Emergencia nacional
Política ¿Renunciará el Superintendente de Telecomunicaciones?
Economía Precios del petróleo: ¿Estado versus mercado?
Sociedad De príncipes, villanos y justicia que no llega
Comentario A propósito de la paz
Derechos Humanos ¿Libre flujo de ideas y palabras en El Salvador?
Noticias
 
 
 

EDITORIAL

    La improvisación ha llevado al gobierno de Flores a intentar provocar el pánico en la población como recurso desesperado para que ésta reaccione ante la epidemia de dengue hemorrágico. Ese es el sentido confesado de la declaración precipitada de emergencia nacional, cuando ya es tarde y el vector que transmite la enfermedad se encuentra esparcido y fuera de control. La emergencia nacional debió haber sido declarada desde el primer momento, cuando el Ministerio de Salud vaciló en reconocer los primeros casos de esta terrible enfermedad social, cuya explicación última se encuentra en la pobreza y en la falta de educación, ambas superables con un plan de acción coherente, una voluntad firme y una ejecución eficiente.

    Ante los primeros brotes de la enfermedad, el Ministerio de Salud intentó ocultar su existencia, aduciendo que no eran casos confirmados. El mal estaba anunciado con anticipación, incluso hubo un caso, el año pasado, que debió alertar a las autoridades de salud, pero éstas prefirieron considerarlo como aislado y dejarlo pasar, esperando que lo peor no sucediera. Cuando aparecieron los primeros brotes, a comienzos de este año, las autoridades de salud también los consideraron casos aislados, calculando que no desembocarían en una epidemia. El año pasado se corrieron el albur y salieron bien libradas. Este año adoptaron la misma actitud y el resultado es la creciente lista de niños hospitalizados y fallecidos por causa del dengue hemorrágico. La reacción gubernamental llega tarde para impedir más muertes, aunque es indispensable para contener la epidemia.

    La declaración de emergencia nacional tiene, además, el propósito de pedir ayuda a la comunidad internacional. Algunos de sus representantes ya han adelantado que no le van a dar dinero al gobierno salvadoreño. En realidad, no es dinero lo que más se necesita, sino tecnología para controlar el vector que propaga el virus, así como equipo y medicamentos para mantener con vida a los niños que han contraído la enfermedad. La asistencia científica, una actividad a la cual el gobierno salvadoreño no le presta ninguna atención, es indispensable para todo ello. Pero la emergencia nacional debe ir más allá del dengue hemorrágico, puesto que la epidemia ha puesto de manifiesto la crisis general del sistema de salud del país. Quizás este último es el que debiera ser puesto en emergencia nacional, ya que no tiene capacidad para cuidar la salud de la población salvadoreña. Dadas las circunstancias, ahora hay que movilizar a todas las fuerzas disponibles, incluido el ejército, para contener los efectos de la expansión del vector de la enfermedad; pero, una vez superada la crisis, debiera darse un paso más, sin esperar a la próxima epidemia, y comenzar en serio a replantearse el precario estado de la salud pública y sus posibles soluciones.

    La derecha siempre ha desconfiado de la organización ciudadana y popular por temor a que se le vaya de las manos y evolucione hacia formas democráticas que ya no pueda controlar directamente. Por eso, no ha impulsado la descentralización gubernamental, ni la organización de la ciudadanía, de la cual ahora necesita. Si la población estuviera mínimamente organizada alrededor de los gobiernos locales y/o de la comunidad, ahora podría prestar una ayuda insustituible para combatir la epidemia de dengue hemorrágico, la inseguridad pública y otros males sociales que la aquejan. La organización social y, o comunitaria es clave para la superación de estos problemas. En este sentido, la responsabilidad es de todos; pero el gobierno es el responsable principal, precisamente porque es el que administra la cosa pública. La movilización improvisada de maestros y escuelas —por parte del Ministerio de Educación, cuya eficacia es dudosa—, hubiera sido innecesaria con una buena organización local.

    Es evidente que la población no desea que sus hijos e hijas mueran de dengue hemorrágico. Sin embargo, ve con escepticismo y apatía los llamados del gobierno. Aun cuando los niños y las niñas se encuentran expuestos a un peligro real, las familias salvadoreñas dan poca credibilidad al mensaje gubernamental. El gobierno salvadoreño actual no tiene credibilidad ni siquiera para movilizar a la ciudadanía en beneficio propio y directo como sería protegerla de una amenaza que puede ser mortal. La población le paga al gobierno con la misma moneda de alejamiento, insensibilidad y desconfianza con la que éste la ha tratado a lo largo de los últimos años. La celebración de la independencia, el 15 de septiembre, con su desfile militar, su ambiente festivo y el derroche de recursos resultó incompatible con un estado de emergencia nacional. Es incomprensible que habiendo declarado emergencia nacional y habiendo escasez de equipo, medicamentos y personal en los hospitales públicos, el gobierno haya patrocinado un vistoso y caro desfile militar. El ambiente festivo del espectáculo gubernamental es ajeno a la tragedia de las familias con niños enfermos o muertos. Por encima de la salud de la población, el gobierno colocó la celebración de unos símbolos que presuntamente hablan de libertad e independencia. Ante tanta superficialidad e insensibilidad no es extraño que los llamados del gobierno caigan en saco roto.

    Ante su falta de credibilidad, el gobierno ha recurrido al pánico como medida desesperada, calculando que la población reaccionará al miedo. El planteamiento que subyace a la declaración de la emergencia nacional es muy similar al que el gobierno utilizó cuando se sintió amenazado por la organización popular, la cual luego se convirtió en movimiento militar. En aquel entonces, el gobierno militar recurrió al terror para contener la protesta popular y el levantamiento armado. Ahora, un gobierno civil desacreditado no encuentra más alternativa que recurrir a la generación de pánico. El terror es la medida utilizada por los gobiernos autoritarios, precisamente, porque no tienen influencia sobre la población, la cual los observa con indiferencia, cuando no con resentimiento e incluso con odio. Por eso, estos gobiernos encadenan a los medios de comunicación de masas para difundir sus mensajes. Esta es la práctica habitual de los gobiernos salvadoreños desde tiempo inmemorial. La imposición se vuelve perentoria porque existe rechazo, pero con ello sólo se consigue más rechazo. El miedo, por lo general, provoca la reacción contraria, es decir, en lugar de acercar a la ciudadanía al gobierno, la aleja aún más. El dilema del gobierno de derecha es evidente: como ha negado de manera persistente la organización de la población por miedo a la democracia real, cuando desea que sus llamados sean atendidos por aquélla, tiene que recurrir al pánico o al terror.

    Esta derecha, que se considera amante de la democracia y la libertad, carece de algo muy importante cuando no tiene otro recurso que la imposición. La población reconoce cuando en las palabras hay realidad y verdad. Entonces, presta atención y se dispone a la acción.

POLÍTICA

    Parece que alguien quiere burlarse de las instituciones del Estado. Al menos esa es la idea que prevalece luego de saberse que la sanción impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) en contra de CTE-Telecom por cometer espionaje telefónico, fue impugnada por la Junta Directiva de la SIGET. Bien podría decirse que con esta decisión, queda claro el rumbo que podrá seguir la investigación de una práctica a todas luces ilegal. A raíz de este condenable suceso, diferentes voces dentro de la política han empezado a sugerir la necesaria renuncia del titular de la superintendencia, Ernesto Lima. Las motivaciones de esta petición son tan variadas como tintes políticos las acompañan, pero ¿es eso verdaderamente lo que necesitaría el país para desentrampar el proceso investigativo que se sigue?

ECONOMÍA

    El alza de los precios de los productos derivados del petróleo pone en aprietos el delicado equilibrio de la economía nacional. Sometido inevitablemente a los dictámenes de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP, por sus siglas en inglés), el país está a las puertas de una crisis económica cuya solución —aunque temporal— podría salir de la iniciativa del Estado. Por el momento, el duelo entre las compañías petroleras y el Estado radica en la posibilidad de regular los márgenes de ganancia que las primeras perciben por distribuir tan importante producto. La descripción de las variables que intervienen en el cálculo, muchas veces excedido, del precio de los derivados del petróleo se hace necesario para comprender las implicaciones de ese duelo.

SOCIEDAD

    En los oscuros pasillos donde muchas veces se ha jugado el destino de este país no hay lugar para cualquiera. De eso es consciente Roberto Mathies Hill, pieza fundamental dentro del velado escándalo financiero que se originó en sus empresas de inversiones FINSEPRO e INSEPRO. Este otrora prometedor ciudadano, miembro de la élite más protegida del país, nació y creció dentro del círculo de poderes y prerrogativas que abren y cierran puertas, que dictaminan hasta dónde, hasta cuándo, con qué y hacia quién en la política y en la economía. Por ello, cuando un periódico nacional le ofreció un espacio privilegiado para entreabrir el libro de todos sus silencios —jamás se hubiera encontrado mejor manera de nombrar todo lo que deja de decir desde su prisión—, el cuestionado ex empresario no hizo más que confirmar lo que para muchos es más que obvio: que en la resolución de su causa judicial están involucrados más intereses que los que atañen a la mera aplicación de justicia. Pero detrás de sus palabras y “revelaciones” todavía persisten, con tanta fuerza como en 1997, las mismas preguntas sin respuesta que dejó cuando hizo desaparecer tantos millones de colones por una administración financiera acaso malintencionada.

COMENTARIO

    Salvador Soriano, profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, expone su visión particular acerca de las manifestaciones de la paz en la sociedad contemporánea. Así, hace un recorrido a través de las ideas que han alimentado la noción de paz dentro de las Constituciones Políticas de los países, desde las leyes, en los períodos de guerra y desde la llamada “paz sociológica”, como garantía del respeto cívico mínimo entre los individuos.

DERECHOS HUMANOS

    Por encima de los avances tecnológicos y de imagen, quizás no sea mucho lo que se haya prosperado cuando se trata de la libertad de prensa y expresión en nuestro país. En estas materias, sin temor a equivocarnos, han habido algunos avances que no siempre se deben atribuir a políticos y gobernantes; pero al hacer un análisis objetivo del horizonte también se observan retrocesos, en el marco de una incipiente democracia que con dificultades intenta florecer en estas tierras. Varios de los problemas que acá enfrentan las y los periodistas, también se padecen en otras latitudes. Sus causas fundamentales deben ser buscadas tanto entre las políticas gubernamentales como dentro de los intereses comerciales y publicitarios de algunos dueños de medios, quienes en ocasiones hasta se jactan de ser “informadores”; estos factores predominan sobre los derechos de la gente “común y corriente” a ser informada y manifestar su pensamiento. Sin pretender obviar esa situación global, en esta oportunidad nuestra intención es ofrecer algunos elementos de la realidad nacional en dichos ámbitos. En ese sentido, para arrancar, resulta útil traer a cuenta la presencia reciente en el país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

    En efecto, el 22 de agosto nos visitó una misión de esa organización regional con el objeto de realizar un foro de discusión sobre la situación actual en ese terreno. Pese a que El Salvador no aparece en la “lista negra” de la SIP, tampoco se encuentra entre los países donde realmente se garantiza un ambiente propicio para la libre expresión. Como resultado preliminar de una investigación realizada antes de la mencionada visita, la organización detectó que de los diez principios contenidos en la llamada “Declaración de Chapultepec” —firmada en ese lugar de México, en marzo de 1994, y ratificada en agosto de 1998, en San José, Costa Rica— encontramos que al interior de nuestro país no se cumplen tres de los más importantes.

    Cabe señalar que al arribar al territorio nacional la citada delegación, ese mismo día el presidente de la República se comprometió a “escuchar con atención las recomendaciones de la SIP”. Más allá de la retórica protocolaria, de la cual parece abusar Francisco Flores Pérez, los hechos hablan por sí mismos: no había transcurrido un mes de esa declaración cuando, justo el 14 y 15 de septiembre, la Secretaria Nacional de Comunicaciones (SNC) quiso imponer a todas las radios y televisoras salvadoreñas la transmisión de los actos conmemorativos del 179 aniversario de la independencia centroamericana, contando para ello sólo con la cobertura periodística e infraestructural de la Telecorporación Salvadoreña (TCS). Además, la SNC prohibió a los empresarios de cable transmitir su programación normal, violando así los derechos de la población usuaria a recibir un servicio por el cual paga y ver lo que sea de su preferencia y agrado.

    No obstante el intento oficial, fueron varios los canales de televisión que —en un acto de valentía pocas veces visto dentro de esos círculos— se negaron a ser partícipes de semejante abuso. Dando muestras reales de independencia y de una voluntad por hacer valer de verdad la libertad de prensa y expresión, sólo transmitieron el discurso del mandatario; el resto de su programación alusiva a la ocasión, fue distinta a la gubernamental. Lo más ridículo y lamentable del caso es que —“benevolente” y “conciliador”— el vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, “perdonó” a las empresas “rebeldes” afirmando que no serían sancionadas. ¿Seré posible que alguien, allá en Casa Presidencial o en alguna de las oficinas de cierto miembro del gabinete, se le haya ocurrido multar o castigar de otra manera a quienes le han dado un ejemplo de dignidad a la sociedad salvadoreña?

    Los obstáculos para ejercer un periodismo libre en el país, garantizar el goce de la libertad de expresión y acceder a la información no son nuevos. Vienen desde los gobiernos despóticos, cuyos altos puestos eran ocupados por militares o civiles autoritarios algunos de los cuales aún permanecen. De esas épocas baste con recordar cuando, allá por noviembre de 1989, el entonces secretario de comunicaciones —quien después pasó a dirigir el Organismo de Inteligencia del Estado y ahora está al frente de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval— “encadenó” los medios durante la ofensiva guerrillera, impidiéndoles divulgar información sobre las acciones militares de los bandos beligerantes e instalando un “micrófono abierto” desde donde, lamentablemente, se preparó el ambiente que culminó con el asesinato de seis jesuitas y dos de sus colaboradoras en la UCA.

    Por muchas razones, a cierta gente le incomoda que se digan estas cosas; debido a eso, de diversas maneras —quizás un poco distintas a las de antes— se trata de impedir su discusión seria y profunda. No obstante, debemos insistir pues a más de nueve años del acuerdo de San José sobre derechos humanos —“Se dará plena garantía a la libertad de expresión y de prensa, al derecho de respuesta y al ejercicio del periodismo”, número 6 del acuerdo— sectores de gobierno y otros grupos de poder pretenden seguir manejando a su antojo la información. Pese a todo lo hecho después de la guerra para transformar positivamente el país, son muchos los casos en los cuales se han violado o se han intentado violar los derechos a la libre expresión y de acceso a la información. Los siguientes, son algunos ejemplos.

    Hace unos días, un diputado del Centro Democrático Unido (CDU) solicitó los documentos de la auditoría realizada a la Corte de Cuentas en la Asamblea Legislativa, basado en el artículo 18 de la Carta Magna; la respuesta que recibió fue negativa. Recientemente también, se supo de ciertos legisladores que pretendían restringirle a la prensa determinada información administrativa y otra de interés público, como represalia por publicaciones “sobre asesores jóvenes y sin experiencia contratados por ser parientes de algunos diputados”. Miembros de la seguridad del Hospital Nacional de Niños “Benjamín Bloom” echaron de esas instalaciones a varios reporteros pues —según ciertos médicos del mismo nosocomio— su director prohibió brindar información sobre los casos de dengue atendidos durante esos días, siendo esta epidemia un asunto de interés nacional. Las airadas resistencias de algunos dirigentes del Partido de Conciliación Nacional (PCN) por el tratamiento periodístico que se le ha dado al llamado “incidente Merino”, alegando que se ha violado la privacidad del todavía diputado cuando es un funcionario público.

    Y precisamente relacionado con el último de los casos citados, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) realizaron el martes 19 de septiembre un foro para analizar aspectos sobre tan interesante debate. Entre los comentarios que más destacaron tenemos el del corresponsal de la Agencia Italiana de Noticias de Prensa Escrita (ANSA) y catedrático de la Universidad de El Salvador (UES), René Contreras, quien aseguró que no existe un concepto único de vida privada y, por tanto, quien “quiera tener una vida privada debe mantenerse alejada de lo público”. Según Contreras, si realmente deseamos vivir en un país democrático las instituciones deben manejarse y actuar de forma transparente.

    Con lo anterior, vale la pena entonces retomar lo relativo a la visita de la delegación de la SIP y el foro público que ésta organizó sobre la “Declaración de Chapultepec” y su aplicación en nuestro país. Sin duda, ese evento contribuyó a desnudar nuestra realidad; dentro de ella, tanto el Código Penal como otra legislación —minoril, electoral y de imprenta, por citar ejemplos puntuales— así como la misma Constitución, imponen limitaciones serias al trabajo de la prensa y por ende al flujo informativo. Cabe mencionar que entre los panelistas invitados por la Sociedad no figuró ningún periodista en ejercicio. La palabra fue cedida a abogados, políticos, sociólogos y otros; hasta un ex comandante guerrillero que no reside en el país y para quien se abren casi todos los medios cuando viene, resultó pontificando al respecto. Así se limitaron, una vez más, las posibilidades para que las y los informadores expresaran desde su práctica las principales barreras que enfrentan al intentar ejercer un verdadero trabajo profesional.

    Para su conocimiento más amplio y análisis conviene sintetizar, en lo posible, los diez principios de la “Declaración de Chapultepec”:

1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y prensa. Su ejercicio es un derecho inalienable y no un regalo.

2. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente sin que nadie se lo restrinja o niegue.

3. Debe ser obligación legal de las autoridades poner a disposición de la sociedad la información que generan; ningún periodista será obligado a revelar sus “fuentes”.

4. Asesinato, terrorismo, secuestro, presiones, intimidación, prisión injusta, destrucción material de medios de comunicación, violencia de cualquier tipo e impunidad de los agresores son hechos que coartan la expresión y la libertad de prensa. Se deben investigar pronto y sancionar con severidad.

5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa.

6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores por lo que escriban o digan.

7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, y la concesión o supresión de publicidad estatal no deben utilizarse como premio o castigo.

8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser voluntarios.

9. Es responsabilidad exclusiva de periodistas y medios alcanzar credibilidad a partir de su compromiso con la verdad, la precisión, la imparcialidad y la equidad, así como de una clara diferenciación entre mensajes periodísticos y comerciales. Nada de ello debe ser impuesto. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga.

10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

    Considerando estos principios, Jairo E. Lanao —uno de los integrantes de la misión de la SIP en nuestro país— sostuvo que acá no se cumple el tercero de ellos, pues aunque “el artículo 18 de la Constitución consagra el derecho de hacer peticiones de los particulares y el deber de las autoridades de responder y que se les comunique los resultados de las peticiones, este derecho de acceso a la información pública no se encuentra plenamente garantizado en la práctica... Tampoco existe en las leyes salvadoreñas expresa protección a las fuentes noticiosas o al secreto profesional del periodista”. De igual forma, no se cumple el cuarto principio debido a que existen normas de carácter penal que castigan al autor de informaciones en determinados casos. Por último, Lanao sostiene que también se incumple el quinto principio ya que hay “claros ejemplos en la legislación salvadoreña de censura previa y de la imposición de obstáculos al libre flujo informativo”.

    Este es, pues, El Salvador de ahora: lugar donde no se producen graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por razones políticas, pero donde —digan lo que digan— dista mucho de haberse superado la tendencia a la utilización de recursos aún en contra de la ley, de forma abierta o no, para callar y neutralizar a quien sea necesario. Pese a ello, es justo reconocer que también existen evidentes esfuerzos por parte de medios u otras instituciones sociales que —desde su lugar— hacen todo lo posible por democratizar el país difundiendo el pensamiento y la palabra sin importar los riesgos.

NOTICIAS

DISCURSO. "No debemos confundir este fenómeno último, el calentamiento de la economía del 97, con el fenómeno de la globalización, la apertura, la modernidad...". Así se expresó el Presidente de la República, Francisco Flores, el pasado 15.09, en el discurso de la conmemoración del 179 aniversario de la Independencia de Centro América. Y es que, para el mandatario sería un grave error considerar que las condiciones actuales económicas de El Salvador son culpa de la globalización, la apertura y el modelo económico. Un desconcierto de ese tipo podría llevar a confundir un "fenómeno circunstancial con un fenómeno histórico nacional", dijo el mandatario. Flores aseveró que las oportunidades de desarrollo del país demuestran que es necesario abrirse al ámbito internacional, "lo que significa una integración del país a los fenómenos políticos, económicos y culturales en los cuales se encuentra inmerso el mundo". Para el Presidente Flores, la "nueva Independencia" consiste en lograr una independencia de "los viejos pensamientos, viejas estructuras, viejas formas de ver el mundo". Además, el mandatario considera que el fenómeno principal de El Salvador es idéntico al que se registró durante la emancipación: durante la época histórica que hoy se conmemora, el debate político se concentraba entre la monarquía o democracia, "algo similar se estaría viviendo en la actualidad". Sin embargo, no faltó quien se quejara de no comprender las ideas que el presidente Flores manifestó en su discurso. Así, el FMLN lo calificó de vacío, por carecer de propuestas sólidas (DL, 15.09.00, p.3).

COMBUSTIBLE. El Ministro de Economía, Miguel Lacayo, informó acerca de las negociaciones que se tienen con el Ministerio de Economía de Venezuela para lograr que el país suramericano provea de petróleo al país, con precios preferenciales. Lacayo manifestó que las autoridades de economía de Centroamérica han elaborado una propuesta, la cual se someterá a discusión, el próximo 02.10, con el Ministro de Energía de Venezuela, en una reunión que se realizará en el país sureño. Los gobiernos de la región plantearon al mandatario venezolano la revisión del Pacto de San José, el cual permite la venta de petróleo a países de Centroamérica a precios preferenciales. Las gestiones de los presidentes del área han sido efectuadas ante los jefes de Estado de México y Venezuela, ambos productores de crudo. La preocupación de los mandatarios ha surgido después de observar, desde mediados del año pasado, una curva ascendente en los precios de los combustibles que en la actualidad alcanzan, en El Salvador, los 25 colones por galón de gasolina especial. La preocupación por el alza del crudo se hizo sentir en la reunión de las Naciones Unidas, donde se hizo una petición a los países miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), para que incrementen la producción de crudo y para que, a partir de ahí, bajen los precios. A raíz de dicha petición, la producción de crudo se incrementó en 800 mil barriles, sin que esto lograra causar un impacto significativo en los precios (DL, 15.09.00, p.7).

CONFLICTOS. Orlando Arévalo, diputado por la bancada de ARENA, se ha quejado de que la cúpula del partido ha abandonado a las bases. También criticó a sus compañeros diputados por echarse para atrás en la decisión de regular las ganancias de las petroleras. Como es de esperar, dichas críticas incomodaron a los demás miembros del partido. Norman Quijano, diputado por ARENA, manifestó que ha llegado el momento en que los legisladores areneros que dirigen la fracción le pidan explicaciones al presidente de la Comisión de Economía por su actuación. En este sentido, Quijano solicitó al jefe de fracción, René Figueroa, una convocatoria de carácter urgente para conocer el punto de vista de Arévalo. Para Quijano la conducta de su compañero es desleal para con la dirigencia del partido. Sin embargo, entre los diputados areneros no hay unanimidad sobre Arévalo. Mauricio Quinteros cree que su compañero es libre de expresar sus pensamientos. "En ningún momento lo he escuchado a él que, a título del partido o como diputado de la fracción, esté haciendo esas acciones", comentó. Pero, al parecer, las críticas de Arévalo también son para el gobierno actual, tanto así que el Vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, aseguró que el diputado Arévalo se está distanciando cada vez más del partido. "A mí me parece que sí él está protestando contra la política del gobierno es porque no está de acuerdo con las actuaciones que como gobierno estamos haciendo", sostuvo Quintanilla Schmidt (LPG,18.09.00, p.12; 19.09.00, p.19).