Año 20
número 881
diciembre 1
1999
ISSN 0259-9864
Editorial ¿Fraude político?
Economía Situación del sistema financiero
Sociedad ISSS: necesidad de flexibilidad y realismo
Sociedad La necesidad del periodismo investigativo
Derechos Humanos Por sus frutos los conoceréis
¿Fraude político?
Durante varios meses El Salvador estuvo sin Fiscal General de la República. Desde hace unos días, tras intensas discusiones y cabildeos partidarios en la Asamblea Legislativa, el país cuenta por fin con un Fiscal General. Como en anteriores ocasiones, el proceso de elección del funcionario se había entrampado debido a los intereses de los partidos representados en la Asamblea, especialmente los mayoritarios. En ningún momento los diputados pensaban en las implicaciones de su decisión para el avance o retroceso de la democratización del país, sino en qué era lo que podía ser más conveniente para el resguardo de los intereses partidarios más oscuros.
Desde esa óptica, cuanta más seguridad se tuviera de que el nuevo Fiscal favorecería a los intereses de los partidos, mucho mejor. En lo esencial, de esto se trató en los meses durante los que se discutió en la Asamblea la elección del funcionario: de componendas partidarias cuyo objetivo no era el bien del país, sino el de los partidos políticos representados en el pleno. Y léase la expresión "componendas" en todo su alcance: arreglos, tratos, chantajes, compra de favores y ofrecimientos, todo ello no teniendo en mira los objetivos más nobles —como lo serían aquellos orientados a fortalecer el Estado de derecho—, sino los propósitos más mezquinos.
ARENA propugnaba, como en anteriores oportunidades, por un Fiscal General dócil a sus intereses. Concretamente, el lema en las filas areneras era llevar al cargo a alguien que no se atreviera a examinar con la debida atención el pasado reciente de prominentes figuras del partido involucradas en actividades delictivas de la más diversa especie: desde amenazas directas e indirectas hasta torturas y asesinatos. Cualquier candidato a fiscal que diera el menor indicio de querer volver judicialmente sobre casos como el de Mons. Romero, los jesuitas, los dirigentes del FDR, etc., tenía que ser vetado de inmediato.
Que con eso se socavara el imperio de la justicia, que con ello se impidiera establecer responsabilidades, sancionar a los culpables de atropellos a los derechos humanos y resarcir moral y económicamente a las familias de las víctimas, no importaba ni importa a los diputados de ARENA. Ni mucho menos les importaba o importa la dignificación de la sociedad salvadoreña. A lo que iban era a obtener las mejores garantías para algunos de los jerarcas del partido, así como para figuras militares con las que aquéllos establecieron complicidades para la realización de las más variadas actividades criminales. Con los diputados de ARENA las cosas están claras: no les preocupa ni el bien del país ni la justicia ni el imperio de la legalidad. De aquí que pedirles el mínimo compromiso con la elección de un Fiscal General competente, honesto y valiente fuera un desatino mayúsculo. Era como pedirle peras al olmo.
En el FMLN no hubo una posición diametralmente opuesta a la de ARENA en cuanto a los compromisos con la democratización del país. También en el partido de izquierda —si no en todos, al menos en algunos de sus dirigentes— es inocultable un interés por enterrar el pasado. Quienes en el Frente se saben responsables de actividades contrarias a la dignidad humana —secuestros, asesinatos, amenazas— no están dispuestos a arriesgarse con un Fiscal General independiente y capaz. Así pues, el FMLN, como en otras ocasiones, terminó por coincidir con ARENA en el tema de la elección del fiscal. Al igual que ARENA, en el Frente predominó más el propósito de cuidarse las espaldas que el de hacer lo más conveniente para El Salvador. Aquello de que las extremas se juntan se hizo verdad por enésima vez: una negociación entre ARENA y el FMLN, en la que ambos partidos aseguraron sus propios intereses, fue decisiva para que el país pudiera tener un Fiscal General a la medida de las dos instituciones partidarias.
Del resto de partidos, especialmente del PDC y del PCN, cabe decir lo mismo que lo apuntado sobre ARENA y el FMLN: trataron de sacar el mejor provecho de la situación utilizando sus votos para obtener determinadas prebendas políticas. Ni por asomo les interesó el fortalecimiento del Estado de derecho o la profundización o estancamiento del proceso de democratización. Conscientes como son de lo importantes que son sus votos a la hora de inclinar la balanza a favor de uno u otro de los partidos mayoritarios, se valieron de ello para beneficio propio. Quizás pudieron haber obtenido más prebendas si ARENA y el FMLN no se hubieran acercado tanto; pero, en el escenario de aproximación de las "extremas" que se ha configurado en la postguerra, han obtenido buenos dividendos.
En resumen, en la elección del Fiscal General de la República los partidos políticos, en su conjunto, se comportaron como unos mercaderes. Sólo por ignorancia, desconocimiento o mala fe se puede achacar más a un partido que a otro un comportamiento deshonesto y poco ético. Todos dieron la espalda a las necesidades del país; todos pasaron de largo por los retos que plantea el fortalecimiento del Estado de derecho; todos fueron indiferentes a las demandas de justicia para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos que distintas voces han planteado desde el fin de la guerra. Los partidos políticos no pueden ni quieren responder a esos desafíos, retos y demandas. Están volcados sobre sí mismos, creyéndose lo más importante del país. Sus miembros están convencidos de que es la sociedad la que debe servirles a ellos, entenderlos, felicitarse por contar con unos políticos tan hábiles para negociar y para salirse con la suya.
Es esta autopercepción de la clase política la que la lleva a tomar decisiones nocivas para los intereses de la mayor parte de salvadoreños, sin inmutarse y sin la más mínima voluntad para la autocrítica. Es en esta misma lógica que se gestó la elección de un Fiscal General prácticamente desconocido, cuya trayectoria profesional no asegura que vaya a ser capaz de asumir los desafíos que en materia judicial plantea el proceso socio-político salvadoreño. Un Fiscal del que se desconoce su trayectoria —y de quien, en consecuencia, se puede esperar que sea una maravilla o que resulte un fiasco— es quizás lo más conveniente para los partidos que cuentan entre sus filas con dirigentes que cargan un pasado oscuro. Desde luego, no es lo mejor ni lo más idóneo para el país. Una vez más, la clase política defraudó a la sociedad.
Desde principios de 1999 se venía señalando la inusual tendencia hacia la reducción de las ganancias e incremento de los créditos vencidos del sistema financiero (Proceso, 849), lo cual es una muestra más de la pronunciada desaceleración económica que se evidencia en una reducción de cerca del 50% en las tasas de crecimiento. Así, hemos pasado de tasas de crecimiento de 7% en el período 1991-1995 a tasas de crecimiento de sólo 3.5% para el período 1996-1999.
Los datos del tercer trimestre de 1999 muestran que esta tendencia del sector financiero se ha fortalecido; por ello, tal sector cerrará el presente año con mayores cuentas en mora y menores ganancias debido, principalmente, a una pronunciada caída en las tasas de crecimiento de sectores como la construcción y el agro. La revisión de algunos indicadores recientes del sector financiero muestra que, pese a haberse perfilado en su momento como el más dinámico, ahora también experimenta los efectos de la desaceleración económica. A la vez, estos indicadores muestran, de nuevo, que la política económica está ignorando señales que alertan sobre la necesidad de tomar medidas correctivas y no simplemente sentarse a esperar que las ventas e ingresos de los sectores económicos se recuperen por sí mismos.
De acuerdo a datos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), entre los meses de septiembre de 1998 y septiembre de 1999, la cartera vencida de los bancos se elevó desde 2,154 a 3,400 millones de colones, lo cual representa un incremento de aproximadamente 58%. En sintonía con lo anterior, los bienes recibidos en pago por los bancos como resultado de procesos de embargo, pagos y recuperaciones judiciales también se ha incrementado enormemente. Sólo en el período en cuestión, los bienes embargados pasaron de 693.2 a 1,168.7 millones de colones, lo cual supone un incremento de 69%.
Según la SSF, este nivel de mora se ha vuelto problemático porque habría crecido más rápidamente que el total de créditos, obligando a los bancos a constituir mayores reservas y a sufrir reducciones en sus niveles de rentabilidad. Las reservas contabilizadas para septiembre de 1999 alcanzaron los 2,509 millones de colones, mientras que para septiembre de 1998 alcanzaban los 1,557 millones de colones. Lo anterior implica un incremento de 67% entre ambos meses.
Según el superintendente del sistema financiero, Guillermo Argumedo, los sectores con mayores problemas de mora son el agro y la construcción y, ante el problema de la mora bancaria, la SSF no puede hacer nada más que "empujar a los bancos a ser más agresivos, tanto en la gestión de los cobros, activos extraordinarios y en constitución de reservas". A su juicio, la situación actual es reflejo de la lenta actividad económica que atraviesa el país. Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Claudio De Rosa, el incremento de la mora bancaria obedece a que en situaciones de desaceleración económica los empresarios pierden capacidad de pago, pero que "lo importante es que los bancos están asegurando su solvencia incrementando su patrimonio o sus reservas".
Como resultado de lo anterior, la banca ha experimentado una notable reducción en sus niveles de rentabilidad, pasando de una tasa de 9.07% para septiembre de 1998 a una de -1.5% en septiembre de 1999. Esto en razón de que los estados de resultados de la banca pasaron de reflejar utilidades por un monto de 475.9 millones de colones a reflejar pérdidas por un monto de 71.7 millones de colones. De acuerdo a versiones de la SSF, estos resultados se deben a las pérdidas sufridas por el banco CREDISA (el cual quebró a principios de 1999) y el Banco de Fomento Agropecuario; aunque no se desestimó el hecho de que la rentabilidad negativa del sistema financiero sea reflejo de una reducción en la recuperación de créditos.
El panorama descrito mueve a reflexionar sobre dos elementos: primero, las causas del incremento de la mora bancaria del agro y la construcción y, segundo, las posibles políticas a implementar para recuperar las tasas de crecimiento económico de principios de la década.
La crisis del sector agropecuario y de la construcción encuentran dos motivaciones distintas. En el primer caso se debe a una reducción en la rentabilidad mientras en el segundo a una sobreproducción de viviendas. En el sector agropecuario ha incidido fuertemente la reducción en los precios del café y del azúcar, pues ésta a su vez ha reducido el monto de las ventas y ha provocado menor ingreso disponible para que los agricultores paguen sus créditos. En cambio, en el sector construcción el problema es que se han construido más viviendas de las que realmente son demandadas. Las empresas constructoras se encuentran frente a un inventario de más de 30,000 casas que no pueden ser vendidas y, por ello, tampoco pueden pagar sus créditos.
En el caso del sector construcción es importante mencionar que la banca, al contrario de lo que podría pensarse, no solamente es víctima de una suspensión de pagos, sino que también intervino en la gestación de la crisis cuando dedicó buena parte de sus créditos a financiar la construcción de las viviendas que ahora no encuentran compradores. De hecho, durante los primeros cinco años que siguieron a la reprivatización de la banca, buena parte del crédito se dedicó a sectores terciarios como construcción y comercio, sin ninguna consideración sobre la sostenibilidad de mediano y largo plazo de estos sectores.
La recuperación del crecimiento económico se plantea como la tarea más urgente para las autoridades económicas. De ello depende una mayor generación de empleo e ingresos, para lo cual es vital que se integre también al sector financiero. Está demostrado ya que un sector financiero enfocado a la rentabilidad del corto plazo no sirve de nada para la sostenibilidad del crecimiento económico; por el contrario, puede incluso llevar a malgastar recursos escasos al discriminar algunas actividades económicas, especialmente las agrícolas y las industriales.
A estas alturas es claro que incluso para el sector financiero no es ventajoso asignar el crédito sin que ello esté integrado dentro de una visión de desarrollo de largo plazo. En base a lo anterior, se impone la necesidad de adoptar una nueva estrategia de crecimiento que sea liderada por sectores con potencialidad de insertarse favorablemente tanto en el mercado nacional como en el internacional, pero que además sea coherente con las restantes medidas de política económica.
Uno de los elementos claves para el éxito de esta estrategia es lograr la incorporación del sector financiero al proceso de reforma económica, promoviendo que abra líneas de crédito preferenciales para las actividades agropecuarias e industriales; líneas de crédito que se distingan por sus bajas tasas de interés y, sobretodo, por sus plazos largos, los cuales permitirían una adecuada maduración de las inversiones. El primer paso para lograr lo anterior es cambiar la visión prevaleciente en la que la reducción de las tasas de crecimiento y el incremento de la mora bancaria son fenómenos "coyunturales" que tenderán a ir desapareciendo. Es indispensable ver en estos fenómenos señales de que es oportuno que tanto las autoridades económicas como el sistema financiero revisen sus respectivas políticas.
Hace unos años habría sido difícil apostar algo por la actividad de los sindicatos del país. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, con la conversión de la izquierda armada a partido político y su relativo alejamiento de sus organizaciones sociales de base, los sindicatos habían ido paulatinamente perdiendo fuerza y cohesión. Las esporádicas manifestaciones sindicales se perdían en su inmediatismo y desvinculación. La privatización de algunas de las más importantes autónomas del Estado (el caso más claro: ANTEL) pareció anunciar el punto final de unas organizaciones que aparentaban estar en franca decadencia y descomposición, incapaces de renovar su propuesta y acción frente a las exigencias de los nuevos tiempos.
Sin embargo, en ruptura con esta tendencia, en 1998 entró de llenó a la dinámica social el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS); un sindicato novedoso por su composición profesional y por sus exigencias: la reforma a un sistema de salud en crisis, estancado en la excesiva burocracia y la corrupción. La lucha, larga y escabrosa, que entabló SIMETRISSS con las autoridades de la institución marcó la pauta para el nacimiento de un movimiento sindical de nueva índole: independiente y con una plataforma de exigencias clara y coherente, no limitada a aspectos meramente laborales. Algo aún más importante: la lucha sindical de SIMETRISSS fue exitosa, estableció un precedente al obligar al gobierno de Calderón Sol a negociar en pie de igualdad y ceder a muchas de las exigencias sindicales.
Además, SIMETRISSS puso el dedo en la llaga: mostró al ISSS como la institución ineficiente y supremamente desorganizada que es, urgida de drásticos cambios en su dirección, estructura y propósitos. Con ello, elevó a la agenda de discusión pública un problema institucional que afectaba —y, pese a todo, continúa afectando— a muchos y que hasta entonces descansaba en la sombra de la apatía (complicidad) gubernamental. Ahora bien, ¿qué queda de esto un año después? La respuesta no es nada más que desoladora: poco o nada. La comisión que se formó (como fruto del acuerdo entre el gobierno y SIMETRISSS) para dirigir y coordinar la reforma al sistema de salud no ha dado muestras visibles de haber avanzado en algo para resolver el problema; por el contrario, la actividad de la comisión parece estar congelada, la mala atención que se brinda a los derechohabientes es la misma y, contrario a lo acordado por su predecesor, el gobierno de Flores está dando señales claras de estarse encaminando hacia la privatización del servicio.
Es en este marco que debe analizarse la más reciente confrontación (expresada en tres semanas de huelga) entre la administración del ISSS y los sindicatos de médicos y trabajadores de la institución. Tener presente que el telón de fondo del actual conflicto socio-laboral en el Seguro Social es el incumplimiento de importantes acuerdos (que desde ningún punto de vista se reducen a cuestiones salariales), permite, por un lado, valorar la problemática al margen de los acalorados apasionamientos a los que ambas partes han llegado y, por otro, mostrar lo poco que las actuales posturas responden a la cuestión de fondo.
Lo que originó la huelga fue el fracaso de las negociaciones entre la directora del ISSS, Vilma de Escobar, y el Sindicato de Trabajadores de la institución (STISSS) en torno a un aumento salarial que había sido acordado por la anterior administración y que había sido incluido en el contrato colectivo 1997-1999. Lo que en un principio fue un paro administrativo de labores, limitado al área metropolitana, con el paso del tiempo y debido a la intransigencia de ambas partes se ha convertido en un paro generalizado y casi total. Paro al que se unió, casi desde un principio, SIMETRISSS y está siendo apoyado por un gran número de organizaciones sindicales.
Como se ha hecho obvio, ambos bandos tienen mucha responsabilidad en la agudización del conflicto. El problema con el bando gubernamental es en el fondo un problema de actitud que no responde al fracaso del diálogo ni a la dinámica interna de la cuestión. Flores ha contribuido a agravar la crisis de varias maneras: en primer lugar, al entender las luchas sindicales desde el más rancio recetario ideológico de la derecha: las huelgas y manifestaciones sólo obedecen a un plan de desestabilización tras el cual se oculta la izquierda; en segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, al negarse a realizar concesiones de ningún tipo frente a sindicalistas que, per se, son vistos como meros agitadores y transgresores de la ley y no como iguales en un proceso de negociación o diálogo; en tercer lugar, al desligarse y no asumir ningún compromiso con los acuerdos y políticas del gobierno que le precedió.
Frente a la huelga y las exigencias de los sindicalistas, el gobierno sólo ha sabido responder con prepotencia y desatino. Fue desatinado ordenar que se aplicaran descuentos a los trabajadores que participaron en la huelga de octubre; provocador que se pidiera la presencia y vigilancia de la PNC en los edificios del Seguro Social; absurdo e incoherente que se descalificaran las exigencias salariales de los sindicalistas aduciendo falta de fondos y una política de austeridad mientras se destinan mil millones para CREDISA, se crean nuevas plazas para asesorar a la primera dama y se le otorgan aumentos considerables a funcionarios que perciben salarios superiores a los 30 mil colones; irresponsable que se llame a los sindicalistas a deponer sus acciones mientras se prosigue con un plan piloto de privatización de los servicios de salud que no ha sido discutido con las gremiales y que viola los acuerdos a los que se llegó con SIMETRISSS.
SIMETRISSS y STISSS también han hecho lo suyo. Fundamentalmente, al atrincherarse en el recurso continuado de la huelga sin permitirse gestos de buena voluntad y apertura; gestos que emplazarían al gobierno a reanudar las negociaciones. Obviamente, ambas partes están utilizando a los usuarios del servicio como medio de presión. Si bien la razón de fondo que anima a SIMETRISSS a apoyar a STISSS es noble y razonable, los medios que utiliza no lo son tanto. La amenaza de abandonar los hospitales es absurda, ¿qué pasaría en el caso de que el gobierno no cediera ante ella y el sindicato la adoptara? SIMETRISSS, STISSS y el Colegio Médico están realizando una apuesta muy peligrosa al suponer que el gobierno se rendirá ante semejante amenaza.
Evidentemente, ante un cese completo de labores, las autoridades del ISSS no podrán disponer del recurso humano suficiente para atender a la población necesitada de servicio. Aunque se aceptara que esta es la única vía para hacer entrar en razón al gobierno, es este un recurso demasiado extremo y pernicioso, por lo que debe ser descartado por principio. Los médicos y los trabajadores del Seguro Social están perdiendo de vista lo más simple y obvio: la nobleza de una causa no implica el extremismo ni la irracionalidad en los medios para alcanzarla. Es éticamente inaceptable —y socialmente irresponsable— que para impulsar las necesarias mejoras estructurales en el ISSS se deba de pasar por encima de las necesidades coyunturales de un gran sector de la población. Caen en un absurdo los que diciendo defender la salud a futuro de los asegurados están dispuestos a comprometer tan gravemente su salud inmediata.
En esta coyuntura, los gestos de flexibilidad se vuelven perentorios. Ni Francisco Flores puede permitirse insistir en su negativa de nombrar una comisión del alto nivel que dialogue con los huelguistas, ni SIMETRISSS y el STISSS pueden continuar en su ya enceguecido afán de "llegar hasta las últimas consecuencias" en sus acciones. Ante un Flores ensimismado en su terquedad y ofuscamiento ideológico, es tarea de los sindicalistas ofrecer una tregua mínima, aunque ello les implique ceder momentáneamente, para reanudar el diálogo y la negociación. Es también responsabilidad de otros sectores de la sociedad mediar en el conflicto y abandonar la identificación con cualquiera de los bandos de un problema ya demasiado polarizado.
¿Cuántas veces los periódicos nacionales entregan la noticia de un hecho que después parece nunca haber existido? ¿Cuántas veces dan seguimiento continuo a los sucesos y efectúan un análisis profundo de los datos? Casi nunca. La verdad es que raras veces el periodismo de profundidad o de investigación es parte de lo que a diario se vende como información. Lo que se lee en los periódicos es más bien información de última hora que, aunque importante, no deja de ser un dato aislado del que a veces no se vuelve a saber jamás. Al no incursionar en la investigación detallada de los hechos, muchos aspectos que podrían ser de interés general quedan ocultos. Este, aunque no lo parezca, es un problema de gran magnitud y los periódicos nacionales parecen haberlo detectado.
La Prensa Gráfica publicó, del 26 al 30 de noviembre, un reportaje titulado "Contrabando de Humanos", cuyo objetivo principal era relatar y fotografiar "el sufrimiento de los ilegales, la astucia de los coyotes [quienes cobran para trasladar a las personas hasta norteamérica de forma ilícita] y la desesperación de Estados Unidos por detener el flujo de inmigrantes". Durante poco menos de un mes, los periodistas se introdujeron en una peligrosa "aventura" informativa, para captar, de primera mano, el cansado, trágico y a veces mortal camino que los inmigrantes recorren en busca de "un futuro mejor".
La información ofrecida por este reportaje, explayado en cuatro entregas, es bastante completa, pues en ella se vierten diferentes puntos de vista sobre el problema y una serie de hechos concomitantes al suceso investigado. Hay en él un estudio continuado que desemboca en una denuncia por la constante violación a los derechos humanos de los inmigrantes y por la falta de una legislación que castigue a los "coyotes". Esta es una muestra válida de periodismo investigativo que necesita ser aplicado asiduamente en el país.
La revista Vértice de El Diario de Hoy es quizás la única publicación que constantemente recurre al periodismo de investigación. Los temas son variados y el tratamiento intenta ser ameno, pese a que los enfoques responden, sin lugar a dudas, a la línea editorial del periódico. Esto es un primer paso que, allende a sus méritos, indica que el periodismo investigativo apenas emerge. Se requieren todavía muchos años de evolución, preparación y maduración para que el género logre un nivel satisfactorio. Es necesario que los medios informativos inviertan en proyectos investigativos profundos, a través de los cuales se abran espacios de debate y se llegue a la raíz de las diferentes realidades.
La importancia y necesidad del periodismo de profundidad radica, en primer lugar, en la perenne labor fiscalizadora y de vigilancia que los medios informativos deben cumplir. A veces, el periodismo diario no es suficiente recurso para desenmascarar situaciones adversas; para denunciar atropellos o injusticias; para avalar aspectos de la vida social o explicar un suceso. Además, las noticias del día, como tales, caducan rápidamente, su fugacidad sólo les da validez durante 24 horas. El periodismo de profundidad, por el contrario, es una puerta abierta para "descubrir lo oculto por los poderes públicos y que los ciudadanos tienen derecho a saber" (Secanella, P., Periodismo de Investigación, Madrid, Tecnos, 1986, p. 33).
A través de él, se supera la superficialidad y el inmediatismo característicos del periodismo simple y se consiguen visiones más completas y contextualizadas de las cosas, siempre y cuanto tenga una buena dosis de ética profesional. El periodismo de investigación, además de dar registro detallado de los acontecimientos, recaba información sobre las partes "oscuras" o desconocidas de los sucesos. Esto, luego de un trabajo periodístico arduo, puede convertirse en un bien social, en tanto no permite maniobras clandestinas que tengan alguna repercusión negativa sobre la población
Otra de las virtudes de este género periodístico es que "es un instrumento importante en la formación de opinión pública y termómetro del respeto al derecho del libre acceso a la información". En un país en el que el tráfico de influencias, las relaciones de poder, la amenaza y la corrupción hacen de las suyas para proteger los intereses particulares de un grupo, la evolución del periodismo investigativo podría significar un paso hacia la democracia (al menos en lo que a la circulación informativa se refiere).
Las razones por las que el periodismo de profundidad o de investigación no ha tenido ningún precedente, práctico o teórico, importante en el país son varias. En principio, porque hace falta un mayor interés en depurar la calidad de la información, en cuanto a enfoques, temas y objetivos. No se vislumbra con claridad en qué sentido los medios son "fieles a sus lectores". No se ve con nitidez la prioridad hacia los intereses de la sociedad, y tampoco hay un contraste continuo de la información, por lo que el tinte tendencioso de las publicaciones siempre predomina.
Con ello no se está afirmando que el periodismo de investigación sea en sí mismo objetivo e imparcial —de hecho nunca podría serlo—, pero por su misma naturaleza de buscar todos los puntos concatenados a los hechos, la información podría plasmarse más equilibradamente. Por ende, el manejo del arca pública y de otras áreas de la sociedad podría transparentarse un poco más.
Otro de los motivos del aplazo del trabajo investigativo es el hecho de que se mantiene una agenda muy cerrada de temas publicables. Las líneas editoriales de los medios aún son muy estrechas y algunos temas de interés social todavía son discriminados por las esferas de poder. En este sentido, la investigación no es considerada necesaria para muchos temas. Los asuntos que se convierten en interés público, han estado y siguen estando subyugados a un "concejo editorial con guantes de oro".
Finalmente, hay otra razón igualmente importante que frena el pleno desarrollo del régimen investigativo en el periodismo y es el factor económico. Mantener a un grupo de investigadores puede implicar una millonaria inversión para un medio informativo. La competencia entre los periódicos, El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica por ejemplo, no ha requerido de un gran abono monetario para la investigación, pues sus ventas se mantienen niveladas sin ella. La existencia de la revista Vértice es alentadora, pero se necesita una mayor aplicación investigativa en otras secciones de los periódicos. En tanto más se extiendan los campos a explorar periodísticamente, mejor será la competencia y, como toda buena consecuencia, la calidad informativa mejorará.
No hay que dudar de los beneficios socio–políticos que la investigación en los medios pueda traer al país. Estos, en general, iniciarían con mayor seriedad su trabajo de "guardianes" del bien común. Se abrirán más espacios para denunciar las injusticias y los abusos, y para abogar por el bienestar social. Aquello que no se sabe, es como si no existiera. En este sentido, lo mejor del periodismo investigativo sería sacar a flote lo que estando oculto podría ser perjudicial. La impunidad reduciría sus altos niveles y se tendría mayor continuidad de los sucesos diarios. Este es el ideal de la investigación en el periodismo. Es totalmente alcanzable en tanto exista un compromiso real por parte de los medios informativos, bien llamados "el cuarto poder".
Buscando en nuestros archivos encontramos un cable de la Agencia Francesa de Prensa (AFP) del 11 de julio de 1996. "El Congreso salvadoreño —decía en su entrada la nota— eligió la noche del martes como fiscal general de la República a Manuel Córdova, un jurista amigo del presidente Armando Calderón y cercano al partido en el poder, cuya candidatura era rechazada por fracciones de la oposición". En ese entonces, la importante institución se mantuvo sin su titular propietario durante ocho días en medio de una polémica negociación que duró alrededor de tres semanas. "Córdova —continuaba el texto de la citada noticia— fue propuesto por la fracción mayoritaria del oficialista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y ganó la elección con el voto de 61 de los 84 legisladores". Ahora, ya fue nombrado el nuevo Fiscal General tras un larguísimo período de discusiones y aparentes "consultas ciudadanas" que nos sitúan en un escenario distinto al de hace más de tres años; sin duda, la situación actual merece ser analizada de manera seria y responsable pensando siempre en el largo camino que aún nos falta transitar para arribar a un verdadero Estado de Derecho, participativo y justo.
En efecto, con un retraso de casi 130 días, fueron 79 manos las que se alzaron en el Salón Azul el pasado martes 24 de noviembre para aprobar la elección de Belisario Amadeo Artiga como nuevo titular de esa entidad parte del Ministerio Público. Al tomar posesión del cargo, el funcionario solicitó un espacio para expresarle a la Asamblea Legislativa y al pueblo salvadoreño su "visión sobre la responsabilidad de dirigir el destino de la Fiscalía General de la República". Que recordemos, nunca o quizás sólo en alguna ocasión excepcional alguien se atreve a comprometerse así al momento de asumir un cargo de este nivel .
¿Qué dijo y ofreció Artiga después de ser juramentado? A continuación ofrecemos los aspectos de su discurso que, desde nuestra perspectiva, merecen destacarse. Sobre el perfil del Fiscal General —además de las "condiciones formales que establece la Constitución"— se refirió a los siguientes aspectos: capacidad, integridad, honestidad, independencia y valentía. Y a renglón seguido, afirmó: "Esas condiciones Ustedes, señores diputados que me han favorecido con sus votos, pueden tener una valoración referencial de que las poseo o intuir que las tengo; pero estoy consciente que queda en mí corroborarlas en el ejercicio del cargo".
Afirmó estar "consciente que la Fiscalía General de la República debe evolucionar aún más en la aplicación de la nueva normativa penal y tener un rol proactivo en la ingvestigación del delito, utilizando con eficiencia los recursos de que dispone y tecnificando toda su actividad, de tal suerte que la convierta en una institución al servicio de la sociedad con los parámetros de calidad que exige el nuevo milenio".
De cara al necesario y urgente combate que debe librarse contra la impunidad imperante en el país —factor que atrofia la institucionalidad y deteriora aún más la escasa confianza de la gente— Artiga expresó que, en su afán por "el imperio de un verdadero Estado de Derecho", no vacilará "en hacer recaer todo el peso de la ley en aquellas personas que resultaren responsables de la comisión de delitos en contra de la sociedad y de los ciudadanos honestos".
En algunas personas y en determinados círculos, ha despertado ciertas reacciones negativas la frase siguiente de su discurso: "igualmente, no vacilaré en restituir el buen nombre de aquellas personas que resultaren sin responsabilidad comprobada en hechos que investigue la institución". Tanto al IDHUCA como a las personas y grupos sociales que acompañamos con nuestro trabajo, esa afirmación no nos inquieta pues estamos de acuerdo con ella ya que es de elemental justicia reparar el daño causado a la imagen de alguien cuando —en condiciones de igualdad, contando con acceso equitativo a todos los mecanismos procesales y a espacios en los medios de difusión masiva— no se le comprueba su responsabilidad en un hecho delictivo. Eso, hasta ahora, no ha sido la regla general en nuestro país: el que tiene recursos puede fabricarse una "buen nombre" aunque sea un asesino, corrupto y violador del pasado y en el presente; en cambio, la persona que posee la verdad y reclama justicia pero está en situación desventajosa frente a otra con más poder, casi siempre ha resultado doblemente victimizada.
No nos inquieta, además, porque en El Salvador —a pesar de todos los obstáculos y los "buenos nombres" involucrados— esa dinámica inaceptable basada en la "ley del más fuerte" ha empezado a revertirse con la lucha de las madres que reclaman justicia completa en los asesinatos de las niñas Kathya Jiménez y Wendy Pineda, de los hermanitos López en El Paisnal, del empresario Ramón Mauricio García Prieto y del estudiante Manuel Adriano Vilanova, por citar algunos de los ejemplos más conocidos. Finalmente, no nos inquieta porque observamos todo el marco del discurso de Artiga y en él resalta la siguiente oferta: "En mi administración no pondré por encima de mis decisiones los colores políticos ni las posiciones de personas, no distinguiré entre derecha o izquierda; simplemente velaré por el cumplimiento de la ley". De hacer realidad esto último, se podrá concretar en su verdadero y único sentido lo anterior.
Hasta aquí el discurso, podemos afirmar cuatro características del mismo que nos llaman la atención: su coherencia, su equilibrio, su tono incluyente y su sustento en el respeto a la legalidad. Así, pues, es sobre la base de su propuesta y el uso que haga de sus funciones constitucionales que debe analizarse su práctica. Sin embargo, no debemos perder de vista las críticas más fuertes que se han escuchado sobre su nombramiento, relacionadas con la presunta falta de conocimiento en materia penal y una trayectoria más inclinada hacia el campo financiero. Desde esa óptica, se dice que no podrá dirigir eficientemente la investigación de los delitos por falta de experiencia y por presiones provenientes del ámbito en el cual se ha desempeñado durante los últimos 15 años.
Alrededor de esos aspectos, Artiga también hizo público lo siguiente: "Mención especial me merece en este primer mensaje la investigación del delito de lavado de dinero y activos, el crimen organizado y la corrupción. En lo personal, no concibo en este momento la existencia de una sociedad y de un Estado que deseen modernizarse y fomentar las inversiones sanas, sin que se realice un esfuerzo social e integral con otras naciones contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Para ello me comprometo; es más, estoy obligado a promover en un plazo no mayor de 60 días la aprobación del reglamento de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, y la creación de la Unidad de Investigación Financiera".
Entendemos a quienes advierten con preocupación posibles dificultades para el cumplimiento de la misión del fiscal en general en estos aspectos, pues en El Salvador existen poderosos intereses que pretenden mantener en la impunidad sus actos ilícitos y muy pocas las señales positivas tendientes a combatir las condiciones que les favorecen. Pero debemos recordar lo que Manuel Córdova Castellanos, al asumir la conducción de la Fiscalía en julio de 1996, dijo: "No me juzguen antes de conocerme"; en la práctica, éste demostró apertura y voluntad para darle cabal cumplimiento a su misión constitucional pese a los obstáculos que encontró en el camino. Por ello, recibió importantes respaldos para su reelección que no fueron escuchados por las y los parlamentarios, en el marco de una simulada consulta ciudadana que finalizó mucho antes de la elección de Artiga.
No dejaremos de criticar las maniobras y componendas politiqueras que se continúan dando al interior del Órgano Legislativo alrededor de las elecciones de "segundo grado", que pueden ser más graves y escandalosas de mantenerse la impunidad en los delitos relacionados con los diversas modalidades del crimen organizado. Artiga ha llegado a la Fiscalía General de la República en medio de ese escenario, pero tiene en su manos las herramientas para contribuir decididamente a transformarlo para bien. En ese sentido, vale la pena considerar parte de las conclusiones de la reunión extraordinaria de la Asociación Interamericana del Ministerio Público, realizada en la ciudad de México del 26 al 28 de noviembre de 1997.
En ese evento se habló del narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción como "fenómenos que cuando se enlazan o articulan constituyen un triángulo perverso que afecta seriamente a la seguridad pública y la seguridad nacional de los Estados, provoca incertidumbre, afecta la vida cotidiana de la sociedad, altera la convivencia pacífica y provoca la pérdida de vidas". Para los participantes en el mismo, a ese "triángulo perverso" sólo se le puede combatir mediante el siguiente "trípode virtuoso": efectividad de los sistemas jurídicos; honestidad y capacidad de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley; y cooperación internacional sustentada en el respeto a la soberanía y jurisdicción nacional, bajo un esquema de responsabilidad compartida y reciprocidad.
Además —como se concluyó en la citada reunión extraordinaria— se deben "crear nuevas expresiones, perfiles, vocaciones y formas de trabajo de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley" que garanticen su correcto desempeño de acuerdo a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Para ello, se necesita establecer "mecanismos de evaluación que sirvan tanto para seleccionar y reclutar a los servidores públicos, como para verificar periódicamente que su conducta se ajusta a los principios mencionados". A lo anterior se debe agregar la revisión de "los tabuladores salariales y de prestaciones sociales que se otorgan a los agentes del Ministerio Público, policías y demás servidores públicos encargados de la lucha contra el narcotráfico, con objeto de reducir las posibilidades de que caigan en actos de corrupción. Asimismo, es indispensable redignificar la carrera policial, a fin de mejorar sustancialmente la estimación de la sociedad por el desempeño de esta función".
Para consumo del nuevo funcionario del Ministerio Público en nuestro país y de toda la sociedad salvadoreña —que con justas razones espera ansiosa resultados positivos de su gestión— vale la pena traer a cuenta las consideraciones finales del fiscal general de Bolivia, Óscar Crespo Soliz, durante su intervención en el mencionado evento interamericano realizado en México.
"La nueva imagen del Ministerio Público —expresó convencido Crespo Soliz— depende ante todo: de la voluntad política expresada en la renuncia a utilizarlo como instrumento ajeno a su esencia democrática; de reconocer su autonomía funcional como la única forma de erradicar interferencias que la deforman y subalternizan; de fortalecer su autonomía presupuestaria que posibilite el desarrollo de sus funciones al margen del peligro que significa hacerlo depender de las contingencias económicas; del respeto a su condición de legítimo titular de la función acusadora y de la prohibición a transferirla a otros órganos estatales; de cambiar la mentalidad conformista y justificadora de los fiscales por una de índole crítica, creativa y comprometida con los más altos valores de la sociedad; de luchar contra el crimen y la corrupción con el debido respeto de la dignidad humana".
Crespo Soliz finalizó su discurso con las siguientes palabras: "La difícil misión asignada al órgano requirente, exige que sus bases de sustentación funcionen sin los contratiempos que históricamente condicionaron su inoperancia y dependencia. América Latina entera, hoy más que nunca, está empeñada en construir un Ministerio Público capaz de liberarse de antiguas ataduras y promover la justicia confiable que la sociedad exige y el Estado de Derecho impone". He ahí los principales retos de Belisario Amadeo Artiga, quien se ha comprometido a enfrentarlos con éxito para bien de una población harta de tantos fracasos.
Transcribimos a continuación el comunicado con el que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) y el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS) acuerdan unir fuerzas para buscar la reforma del sistema nacional de salud
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) y el Sindicato de Médicos Trabajadores del mismo Instituto (SIMETRISSS), a nuestro Pueblo y a todos los Pueblos y Gobiernos del Mundo.
Comunicamos:
Que ante la actitud negativa del Gobierno de El Salvador por realizar el necesario y urgente mejoramiento del Sistema Nacional de Salud, de cumplir con los compromisos contraídos para ello con los trabajadores y específicamente por la posición negativa de las autoridades del ISSS, ambos Sindicatos hemos acordado unirnos en la lucha por:
1.- No privatización del sistema nacional de salud.
La razón y la experiencia de otros países, así como la actual crisis económica que vivimos los salvadoreños, nos demuestra que los procesos de privatización de la salud, y de otras áreas de los servicios públicos, no son más que excusas para encarecerlos, enriqueciendo más a unos pocos ilegítimamente y despojando a las mayorías pobres de sus derechos humanos, en este caso a la salud;
2.- Apertura de los hospitales Roma y Amatepec sin privatización.
Existe, además de la inoperancia de estos centros asistenciales, intenciones de mantenerlos cerrados para operar una privatización más o menos disfrazada. A ello nos oponemos y exigimos el compromiso gubernamental de su propia apertura bajo ningún signo de privatización.
3.- Estabilidad laboral.
La seguridad laboral, la necesidad de los trabajadores de contar con un empleo para el mantenimiento de la familia, se ve amenazada por esta actitud negativa del Gobierno y la realidad de la privatización, a lo que se une la enorme corrupción y mala administración que impiden que los trabajadores gocemos de salarios dignos y acordes al costo de la vida en El Salvador. Rechazamos todo intento de despidos en el ISSS y en el sector gubernamental.
4.- Cumplimiento de acuerdos.
La alta administración del ISSS se ha negado a cumplir los acuerdos contraídos con el STISSS y SIMETRISSS, ha cerrado toda posibilidad de renegociar, seria y responsablemente, el contrato colectivo y se manifiesta indiferente frente a los compromisos contraídos con SIMETRISSS en la misma Casa Presidencial, en mayo del año pasado. Vamos a luchar conjuntamente porque los funcionarios cumplan con la ley, con los compromisos adquiridos y con la revisión del contrato colectivo.
5.- No Represalias legalistas de ninguna clase contra STISSS-SIMETRISSS y contra los trabajadores en general.
Ha sido costumbre de los funcionarios de turno, especialmente de los más altos, levantar la bandera de la ley para pretender ahogar las justas reivindicaciones laborales y castigar a quienes nos atrevemos a luchar por la justicia social, y a esconder la constitución, tratados y leyes secundarias cuando les conviene, cuando realizan actos de corrupción y violaciones a las mismas. No vamos a permitir que se nos reprima con la falsa bandera del legalismo inmoral.
6.- Negociación al más alto nivel.
Las autoridades del ISSS son incapaces de resolver los graves problemas de la institución, así se han declarado, lo que nos obliga a exigir negociación al más alto nivel con una comisión bipartita STISSS-SIMETRISSS, reiterando los llamados que hemos hecho al propio Presidente de la República y a los Órganos Legislativo y Judicial.
7.- Alianza solidaria.
Manifestamos solemnemente que para cumplir los objetivos anteriores, nos mantendremos unidos y juntos realizaremos todas las acciones a nuestro alcance, permaneciendo en la solidaridad hasta las últimas consecuencias si es necesario. Al mismo tiempo, demandamos la solidaridad de todas las organizaciones hermanas, nacionales e internacionales, así como la compresión de nuestro pueblo por el que en realidad estamos luchando.
San Salvador, 15 de noviembre de 1999.
Sr. Óscar Aguilar
Secretario General STISSS
Junta Directiva de la Concertación Magisterial Salvadoreña
Dr. René A. Zapata
Secretario General SIMETRISSS
Conociendo el Acuerdo Histórico STISSS/SIMETRISSS; y luego de analizarlo seriamente, nosotros como procuradores de justicia, aglutinados en los Sindicatos y Asociaciones de nuestro país.
Acordamos:
1°) Hacerlo nuestro,
2°) Darle el respaldo pleno, por lo que lo suscribimos:
ASTTUR CUTS
FESTES SITREFOSA
SETNESSA AGEPYM
MOLI ANEJUS
SIDPA SGVMS
SINPESS ATMOP
ANPISSS
DESPIDOS. La Dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) despidió, el 29.11, a 226 trabajadores, quienes participaban en la huelga iniciada el 15.11. Fuentes de la institución afirmaron que la medida procede en base a la resolución del Juzgado Tercero de lo Laboral, en la cual se declaró ilegal la huelga y se estableció un plazo de 24 horas para que los trabajadores se reincorporaran a sus labores. La decisión, además, estaría acorde con el artículo 554 del Código de Trabajo, informó la fuente. Los despedidos laboraban dentro del área administrativa y proveduría (entrega de medicamentos). No obstante, el Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS) dijo que son alrededor de 1,000 los despedidos y que entre estos hay médicos, enfermeras y trabajadores operativos, además de jefaturas. El secretario del STISSS, Armando Platero, expresó que la medida es ilegal porque en el artículo 73 del contrato colectivo se establece que durante la vigencia de éste, la dirección no podrá realizar despidos colectivos. Por su parte, el asesor jurídico del sindicato, René Cuadra, amenazó con demandar a la directora, Ana Vilma de Escobar, por la retención de salarios a 2 mil trabajadores y por los despidos "arbitrarios". Mientras, los huelguistas están a la espera de la conformación de una comisión de alto nivel para dialogar con el Gobierno (LPG 30.11 p. 4).
VETO. El presidente Flores rechazó, el 26.11, dos decretos legislativos: el que concedía beneficios económicos a los empleados del Órgano Judicial para este mismo año, y el que perdonaba los descuentos a los maestros huelguistas. Se trata, en un caso, del decreto 757, que otorga un incremento salarial a los empleados judiciales, por un monto de 7.2 millones de colones. Este beneficio se aplicaría a noviembre y diciembre y, según el mandatario, crearía un distorsión salarial en la administración pública. El impacto para el año 2000, sin embargo, se incrementaba hasta los 43.2 millones de colones. El otro decreto, el 758, perdonaba un millonario descuento a los maestros que estuvieron en huelga en octubre. Esto significaba entregar 7.8 millones de colones no devengados por los maestros. "Haber aprobado esos decretos hubiese significado dar un premio a la irresponsabilidad de algunos empleados públicos y sería una decisión equivocada que sentaría un precedente negativo", dijo Flores. El veto presidencial se da en momentos en que los empleados del Órgano Judicial no descartan la posibilidad de apoyar con medidas de presión el paro que mantienen los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en demanda de mejoras laborales (LPG 27.11 p. 24).
FMLN. Durante su XI Convención Nacional, realizada los días 27 y 28.11, el FMLN ratificó a los candidatos a diputados y alcaldes que fueron elegidos para las elecciones del próximo año. 168 son los aspirantes a la Asamblea Legislativa, entre propietarios y suplentes; 20 al PARLACEN y 262 a las alcaldías, a quienes se sumaron los futuros integrantes de sus concejos. Se reafirmó la reelección de Héctor Silva para la Alcaldía de San Salvador. La llamada corriente ortodoxa del partido es quien encabeza casi todas las comisiones medulares. No sólo conducen la Comisión Política y el comando de la campaña, sino que también se encargarán de sancionar a cualquiera "que se salga de las reglas". "Los resultados son lo que esperábamos, es una labor que definimos hace seis meses", dijo Shafick Handal, líder de los ortodoxos. La ratificación fue simbólica, ya que falta elegir candidatos de, al menos, 20 de las 262 comunas por las que competirán los efemelenistas. No se descarta tampoco cambios en la nómina de los propuestos debido a renuncias o incumplimiento de requisitos. Fabio Castillo, coordinador del FMLN declaró al respecto que "si un candidato pierde, será el siguiente de la lista el que lo sustituya". Por primera vez en la historia político-partidaria del FMLN, los candidatos deberán firmar un compromiso escrito con el partido (LPG 29.11 p. 10 y EDH 29.11 p. 2).
FISCAL. ARENA y el FMLN lograron, el 24.11, ponerse de acuerdo para elegir al nuevo Fiscal General de la República. Con 79 votos a favor y cuatro abstenciones, los diputados votaron por la elección de Belisario Amadeo Artiga. El nombramiento del funcionario se registra después de cuatro meses y medio de vencido el período de labores del anterior fiscal general, Manuel Córdova Castellanos. Durante ese tiempo el fiscal adjunto, Pedro Ávalos, debió asumir el manejo de la Fiscalía. Artiga advirtió de posibles cambios en la institución y de investigaciones más técnicas. "Quiero asegurar que si hay que hacer cambios, se harán... si es necesario tecnificar la institución... se hará", dijo. Pese a sus 15 años de retiro del ejercicio de la abogacía penal, el nuevo Fiscal aseguró no estar descalificado para el cargo, porque poseería experiencia en otras materias. "Hoy encuentro la posibilidad de reencontrarme con una materia que siempre me ha fascinado", afirmó Artiga en su primera conferencia de prensa. Walter Araujo, el jefe de la bancada arenera, fue quien propuso a Artiga como Fiscal. "Reúne los requisitos de idoneidad, honradez, capacidad", expresó. Shafick Handal, del FMLN, respaldó casi de inmediato la moción. "Nuestra fracción ha tomado la decisión de dar los votos al licenciado Artiga", expresó (LPG 25.11 p. 4).
JUSTICIA. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Tenorio, acusó, el 01.12, al presidente Francisco Flores de no cumplir con la Carta Magna, al ignorar un artículo relacionado con la libertad de asignación presupuestaria. Fue así como Tenorio respondió a la negativa del mandatario de sancionar el decreto legislativo que autorizaba un aumento salarial a los empleados del Órgano Judicial. En el Artículo 182 de la Constitución, se le atribuye a la CSJ la facultad de hacer su propio presupuesto de sueldos y gastos. Es sobre este argumento que Tenorio considera que, con el veto, el presidente Flores incurrió en injerencia de funciones. Sin embargo, ante la imposibilidad de que Flores revocara su decisión, el Presidente del Órgano de Justicia solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa que juntaran los 56 votos necesarios para superar el veto. "Le estoy pidiendo a la Asamblea Legislativa que sí declive esto y se atenga a su propia mayoría [de votos], ya que fue ella la que decidió el decreto", indicó. Por su parte, Flores sostuvo que la Constitución le facultaba para sancionar, observar o vetar los decretos expedidos por el Legislativo. En este sentido, indicó que vetaría "todo lo que no le convenga al país" y que, de no haber ejercido su derecho al veto, "el Estado salvadoreño ya hubiera quebrado" (EDH 02.12 p. 2 y 3; LPG 02.12 p. 4 y 5).
CDU. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fallaron, el 01.12, contra el Partido Popular Laborista (PPL), que pedía adoptar las siglas y los colores del Centro Democrático Unido (CDU). Ahora, todo queda en manos de los otros miembros de la coalición de centro —que ocupó el tercer lugar en las elecciones presidenciales pasadas—, el Partido Demócrata y la Convergencia Democrática, quienes deberán corregir algunos detalles de forma en el protocolo de la coalición que presentaron hace tres días al TSE. El magistrado electoral, Pablo Cerna, informó que, a la par de esta resolución, se había declarado sin lugar una petición formulada por el PPL de recusar o apartar del caso a los magistrados Juan José Martel y Ramiro Peña Marín, por considerar que éstos jugarían el papel de juez y parte. Por su parte, Ernesto Vilanova, secretario general del PPL, aseguró que la decisión del TSE se la habían sacado "de la manga de la camisa". Si subsanan las observaciones formuladas por el TSE, el PD y CD obtendrían la patente del CDU y estarían obligados a obtener en las próximas elecciones al menos el seis por ciento de los votos válidos. El PPL, por su parte, concurriría solo a las elecciones, lo cual le obligaría a obtener como mínimo el tres por ciento de los votos válidos para no desaparecer del espectro político (EDH 02.12 p. 14 y LPG 02.12 p. 20).
