Año 20
número 878
noviembre 10
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Un fiscal a la medida
Economía Déficit de la balanza comercial: quiebre de los dogmas neoliberales
Sociedad El abuso comienza en casa
Regional Guatemala: un incierto futuro
Derechos Humanos Continúa lucha por la fiscalía
Un fiscal a la medida
La Asamblea Legislativa escribe en estos días un nuevo capítulo de la novela sobre el Fiscal General de la República. Después de dejar pasar más de cuatro meses y de dar vueltas alrededor de los nombres de los posibles candidatos, la derecha encontró un candidato que se acomoda bien a sus necesidades. Se trata de un abogado que presume de saber más derecho de lo que realmente sabe; diputado independiente el día después de haberse sentado por primera vez en el escaño como demócrata cristiano, cuya característica más sobresaliente no es la lucidez, sino la manera despectiva con la que trata a las personas que no son de su agrado y la superficialidad con la que habla de los asuntos más serios. Además, irrespetuoso, bastante mal educado e incluso vulgar. Pero con todo, la cualidad que la derecha más aprecia en él es que no contribuyó a esclarecer los asesinatos de Mons. Romero, las religiosas estadounidenses y los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, ni las masacres de El Mozote y El Sumpul, ni las actividades criminales de los escuadrones de la muerte cuando fue Fiscal General, a comienzos de la década de 1980.
La derecha, y específicamente ARENA, teme que el Fiscal pueda abrir procesos judiciales a los responsables de las violaciones de los derechos humanos más escandalosas de la guerra y de los crímenes más sonados de la transición de postguerra, entre quienes se encuentran, sin duda, algunos de sus dirigentes más importantes. El temor de ARENA y sus dirigentes no es infundado. En varios países europeos, pero sobre todo en España, se han abierto procesos judiciales contra los generales y coroneles de la dictadura chilena y de las juntas militares argentinas, todos ellos acusados de diversos crímenes contra la humanidad. Presionados por estos acontecimientos, varios jueces y fiscales del cono sur se han apresurado a abrir sus propios procesos por los mismos crímenes. Pese a las amnistías y a las leyes de punto final, todavía no se ha dicho la última palabra. La impunidad, ahora más que antes, está siendo perseguida con renovada intensidad.
En El Salvador, dos casos judiciales recientes ilustran la importancia de un Fiscal General independiente y honesto. El primero es la violación y asesinato de una niña, hechos ocurridos en el seno de su familia paterna, varios de cuyos miembros pertenecen al ejército y la policía. El caso había sido olvidado, hasta que su madre pidió públicamente investigar a la familia del padre de la niña. El otro es el asesinato de un empresario vinculado a ARENA. Un testigo señala como autores intelectuales al tío de la víctima, conocido empresario vinculado a ARENA, y a uno de los dirigentes políticos más importantes de dicho partido. En lugar de presumirse inocentes, tal como lo dispone la ley, ambos la han emprendido contra el juez. Cualquier duda que pudiera haber sobre su honorabilidad podría ser desvanecida por una investigación judicial bien llevada.
El temor de los políticos salvadoreños no es, pues, infundado. De ahí que un Fiscal General con experiencia en no hacer justicia sea la salvaguarda que necesitan para continuar gozando de impunidad. El candidato de la derecha no puede alegar haber hecho su trabajo, porque, en realidad, no investigó, ni denunció el encubrimiento. Hubo que esperar más de diez años para que la Comisión de la Verdad hiciera su trabajo. Un fiscal del pasado, familiarizado con el crimen y los mecanismos del encubrimiento, reciclado con un discurso aparentemente progresista y apoyado por una dirección de la Policía Nacional Civil también del pasado, es lo que la derecha necesita para archivar aquellos casos que le convengan y así mantener la impunidad.
Independientemente del destino que esta candidatura de última hora tenga, pues con los diputados salvadoreños nunca se sabe qué decidirán al final —de hecho, poco faltó para que la derecha se saliera con la suya y consiguiera el fiscal a su medida—, ésta en sí misma es importante, porque evidencia la clase de Fiscal General de la República que los políticos de derecha están buscando, de qué se quieren proteger y cuál es su mayor temor.
El sector del FMLN autollamado renovador estuvo a punto de dar a la derecha el fiscal que tanto necesita. Sus votos hubieran hecho la mayoría calificada que el candidato de ARENA requería. Esta fracción del FMLN justifica su posición alegando que no encuentra argumento contra el candidato propuesto por su adversario principal, desconociendo las fallas por omisión. Es comprensible que estos diputados estén cansados del tema o que estén genuinamente preocupados por la no existencia de Fiscal General, pero nada de esto justifica elegir a un político que fue incapaz de investigar el crimen organizado de los ochenta. Al final, el sentido de responsabilidad compartida del partido salvó la situación.
El jefe de la fracción legislativa de ARENA también dio muestras de cansancio al reclamar que las elecciones de segundo grado fueran decididas por mayoría simple, ya que eso facilitaría las cosas para el partido más grande, en este caso, el suyo. Cuando, en realidad, el legislador determinó que en estas elecciones era necesaria la mayoría calificada de los dos tercios para obligar a los dos partidos grandes a buscar candidatos fuera de sus filas. Y esto es precisamente lo que tanto ARENA como el FMLN son incapaces de hacer. La democracia les resulta demasiado grande para sus escasas capacidades y sus desmedidas ambiciones.
El llamado de los diputados a la sociedad civil para que les proporcione nuevos candidatos no hay que tomarlo en serio. Esta no les puede ayudar a salir del laberinto que ellos mismos han construido. La sociedad ya les ha proporcionado los nombres de varios candidatos, algunos de ellos idóneos, pero ninguno les satisface, porque miran la elección con criterios eminentemente políticos sin detenerse a considerar las necesidades de un ministerio público eficaz. La candidatura que se sacaron de la manga y por la cual estuvieron a punto de pronunciarse no aparece en ninguna de las listas proporcionadas por la sociedad. El respeto que le tienen a la ciudadanía y a sus organizaciones es nulo. La llaman civil cuando así conviene a sus maquinaciones y maniobras, pero la descalifican despectivamente, acusándola de obedecer consignas de extraños y de responder a intereses oscuros, cuando ésta les reclama sus contradicciones y deshonestidades. No vale la pena, pues, tomar parte en los juegos de poder de la Asamblea.
Uno de los dogmas más notorios del neoliberalismo es el planteamiento de que a través de la mera apertura de la economía nacional hacia el exterior se logrará reorientar la producción hacia el mercado mundial, incrementando con ello las exportaciones, la producción, el empleo y los ingresos. En el país se ha promovido la apertura de la economía inclusive con mayor celeridad que en el resto de países centroamericanos, al grado de que un primer programa de desgravación arancelaria tuvo que ser reconsiderado debido a las protestas del sector empresarial salvadoreño, el cual no se sentía preparado para enfrentar la competencia extranjera.
Aun en la actualidad, se discute la conveniencia de continuar reduciendo los aranceles en un contexto donde cada vez es más evidente que la producción nacional no puede competir con los productos importados. Así lo reconocen sectores vinculados a la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y al sector agropecuario. Es en este contexto que el director de la ASI, Jorge Arriaza, afirmó que al gobierno se le "pide la colocación de salvaguardias cuando se comprueba daño a la producción nacional [causados por las importaciones], pero sólo en los rubros que lo necesiten".
Los resultados de los últimos nueve años revelan que las diferentes políticas neoliberales (privatización, liberalización de precios, reducción del déficit fiscal, control de la inflación mediante métodos monetaristas, etc.) no han surtido los efectos deseados sobre el aparato productivo y aún se detectan bajas tasas de crecimiento económico (Proceso, 877) y ampliación del déficit de la balanza comercial. Las exportaciones del país no están creciendo en la magnitud necesaria para igualar los elevados montos alcanzados por las importaciones. Por el contrario, incluso las exportaciones tradicionales están enfrentando considerables reducciones. Consecuentemente, la ya sempiterna tendencia hacia el desequilibrio de la balanza comercial se ha visto adicionalmente exacerbada durante los últimos años.
Desde que se iniciaron las políticas de estabilización económica durante el primer gobierno de ARENA (1989-1994) se planteó como primordial objetivo el control del déficit del sector externo a través de una reorientación del aparato productivo hacia la producción de exportaciones no tradicionales. Sin embargo, paulatinamente, este objetivo fue perdiendo importancia debido a que, por el momento, el déficit no pone en peligro la estabilidad macroeconómica, la cual se encuentra asegurada por el masivo ingreso de remesas familiares.
Esto ha conducido a que se ignore la evaluación de los resultados de la política económica neoliberal sobre la base de los criterios con los que sus apologistas la propusieron: su aporte a la reorientación económica hacia el mercado internacional. Al evaluar el comportamiento de la balanza comercial durante los últimos nueve años se comprueba que las políticas neoliberales no garantizan una inserción exitosa en dicho mercado.
En el año 1989, cuando se intensificaron las reformas neoliberales, la balanza comercial mostraba un déficit de 3,717.4 millones de colones, el cual se fue incrementando inconteniblemente, pasando a 6,560 en 1991; a 10,270.7 en 1993 y a 12,542.4 millones de colones en 1996. El año de 1997 ha sido el único año en el que el déficit de la balanza comercial se redujo, llegando a 11,578 millones de colones; sin embargo, fue sólo una reducción temporal, pues desde entonces la tendencia hacia el alza en el déficit se ha manifestado con mayor fuerza. En 1998 se incrementó hasta los 13,224 millones de colones, superando incluso el nivel de 1996, y para el primer semestre de 1999 el déficit se ha incrementado 23.4% en relación con el mismo período de 1998, lo cual indica que 1999 cerrará con un déficit de balanza comercial mayor al de 1998.
Este comportamiento se debe a que las exportaciones no han crecido lo suficiente como para igualar las importaciones y neutralizar las tendencias deficitarias. Las exportaciones pasaron de 2,786 a 21,403 millones de colones entre 1989 y 1998, pero las importaciones pasaron de 6,503 a 34,646.5 millones de colones; es decir, las exportaciones crecieron a una tasa anual de 25.4%, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa menor, cercana al 17.7% anual. Lamentablemente, esto no ha impedido que la diferencia entre montos de importaciones y exportaciones se ampliara durante el período.
En lo que respecta al comportamiento de las exportaciones, es importante notar que las del tipo tradicional han enfrentado un serio revés en el año 1998 y en lo que va de 1999 debido a reducciones en los precios del café y el azúcar. Así, éstas han pasado de 5,281 a 3,684 millones de colones entre 1997 y 1998, mientras que en el primer semestre de 1999 se redujeron 35.6% en relación con el mismo período de 1998. Por su parte, las exportaciones no tradicionales no han crecido lo suficiente como para convertirse en la base de la estabilidad de la economía o del saldo de la balanza comercial. Inclusive son superadas por las exportaciones de la maquila, las cuales, de no ser porque importan casi la totalidad de su materia prima, serían las mayores generadoras de exportaciones netas.
Como mencionamos antes, las importaciones han crecido a una tasa anual promedio menor a la observada por las exportaciones; sin embargo, debido a que su monto es prácticamente el doble de las exportaciones, han aumentado lo suficiente como para superar los incrementos absolutos de las exportaciones. Entre 1989 y 1998, las exportaciones se incrementaron en 18,617 millones de colones, pero las importaciones lo hicieron en 28,142 millones de colones; es decir, el déficit de la balanza comercial se amplió en cerca de 9,500 millones de colones en el período mencionado (un espectacular incremento de 256% desde 1989).
La sostenibilidad de esta grave contradicción económica sólo es posible por el providencial incremento de las transferencias unilaterales privadas, especialmente de las remesas familiares. De otra manera, el actual modelo económico no podría haberse mantenido hasta ahora, pues habría experimentado fuertes desequilibrios macroeconómicos. Lo que habría apuntado a la necesidad de adoptar medidas drásticas para estimular la producción de las exportaciones, inclusive en contra de los más elementales postulados neoliberales.
Entre el mismo período 1989-1998, las transferencias unilaterales pasaron de 2,907 a 13,207 millones de colones sobre la base de un incremento de las transferencias privadas y especialmente de las remesas familiares. Esto ha compensado casi totalmente la ampliación del déficit de la balanza comercial y ha contribuido, conjuntamente con los flujos de capital, a que en los últimos años se acumularan Reservas Internacionales Netas, aun a despecho del fuerte desequilibrio de la balanza comercial.
La situación del sector externo muestra de forma clara que las políticas neoliberales no son incuestionables y que, por el contrario, pueden llegar a provocar efectos totalmente opuestos a los deseados. Adicionalmente, muestra que en el caso de El Salvador la estabilidad económica no es resultado de la política económica implementada, sino más bien de la presencia de factores exógenos favorables, como la afluencia de remesas y de capitales.
La coyuntura actual pone de manifiesto la existencia de tendencias hacia un creciente desequilibrio del sector externo, resultado de un estancamiento de la producción de exportaciones y de una reducción en las tasas de crecimiento económico. Evidentemente, esto sugiere la necesidad de reorientar la política económica, aun cuando ello suponga abandonar muchos de los dogmas neoliberales.
Un niño de cinco años, amarrado durante horas a un árbol del patio de su casa, sin compañía y sin alimento, es una triste representación de la violación a los derechos humanos, a diario ejecutada por muchas personas en El Salvador. En este país, los derechos humanos de los menores son irrespetados, atropellados, burlados, desvalorizados e ignorados en muchos ámbitos de la vida por hombres y mujeres de cualquier estrato social. Muchos desconocen el significado de éstos derechos y otros cuantos prefieren pasar encima de ellos, sin importar a quiénes, a cuántos y de qué forma afecte.
Pero, en última instancia, en la mayoría de los casos los adultos saben lo que hacen y son responsables de sí mismos. En la dinámica social de "abusador-abusado", "dominador-dominado", "violador-violado", "víctima-victimario", cuando se trata de adultos, existen salidas como la denuncia pública y jurídica, la venganza (incorrecta pero utilizada), la autoprotección, etc. Los adultos son generalmente conscientes de lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto y saben cómo actuar ante ello. Cada uno es responsable de lo que hace y de cómo reacciona frente a determinada situación, especialmente cuando los derechos humanos, propios o de alguien más, están en juego.
Aunque desde ninguna perspectiva pasar sobre los derechos humanos es legítimo o justificable, las "reglas" entre adultos están establecidas y, en casi todas las ocasiones, hay una forma de proceder a la defensa personal o social. Pero cuando la víctima es una persona menor de edad, un infante sin —o con muy poca— conciencia del funcionamiento de la sociedad, un niño que siempre depende de un adulto, la violación a sus derechos humanos es, desde todos los ángulos, aberrante.
El caso del niño atado al árbol es sólo uno entre varios que últimamente han sido publicados en los diarios nacionales. Se ha sabido de otros que han sido encadenados por no realizar las labores domésticas. También hay algunos que han sido abandonados por los encargados durante horas, incluso días, mientras se van a trabajar. Durante ese tiempo, los infantes pasan frío, hambre, soledad, tristeza, llanto y ven insatisfechas todas las necesidades propias de un menor.
Y es que la violencia es un fenómeno tan cotidiano que, en algunos casos, se vuelve silencioso, especialmente cuando se ejerce tras el escudo del "ámbito privado". La violencia y el abuso que se viven dentro de muchos "hogares" salvadoreños acarrean más víctimas de las imaginables. Las más vulnerables son las que cuentan con menos formas de defenderse: los ancianos, las mujeres y, por supuesto, los niños.
Estos últimos, impotentes ante al maltrato de los adultos, sufren las acciones que se justifican desde la tradicional idea de que "los padres tienen todos los derechos sobre sus hijos". El autoritarismo está presente en todo el proceso de socialización y crecimiento de los menores, especialmente dentro de la familia. Consecuentemente, el castigo físico o psicológico se convierte en el método disciplinario por excelencia que los hijos deben recibir sin protestas y con la seguridad de merecerlo. El maltrato y el despotismo se disfrazan de educación dentro del hogar.
Los padres que ahora violan los derechos de sus hijos seguramente fueron abusados por sus progenitores en el pasado. Los hijos que en la actualidad sufren del maltrato paternal probablemente también harán lo mismo a los suyos, porque "es así como se les educó a ellos". El maltrato infantil es un delito que difícilmente las víctimas o testigos denuncian. La Red para la Infancia y la Adolescencia reveló que el 78% de la niñez salvadoreña sufre maltrato físico; el 67% padece maltrato emocional y el 37% abuso sexual. Los que los ejercen son, por lo general, padres y madres, también las abuelas, madrastras y padrastros, o encargados.
Luego de un estudio realizado en El Salvador en agosto por la UNICEF, la institución consideró que una de las razones que explican los altos índices de violencia contra la niñez es el desconocimiento de sus derechos. La población no es consciente de la existencia de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, ratificada en nuestro país en 1991. Ignoran la presencia de instituciones que se encargan de atender a las víctimas del maltrato y que deben vigilar el cumplimiento de los derechos de los menores. La UNICEF entrevistó en aquella ocasión a 1,816 personas, de 10 años en adelante. De ellas, el 36% nunca había escuchado acerca de la existencia de instituciones que brindan apoyo a la infancia.
Igualmente grave es que las entidades que se dedican a la defensa y atención de las víctimas de maltrato lo hacen, casi siempre, desde un enfoque curativo y no preventivo. Por otro lado, no hay una campaña seria, continua y abierta que eduque a la población, especialmente a los menores, sobre el fenómeno. Pero aun más preocupante es el hecho que dentro de las mismas instituciones en las que, supuestamente, se protege a la niñez se les maltrate. "Acusan a orientadores del ISPM por maltrato" decía el titular de una noticia en la que se informaba sobre cinco empleados del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor acusados de "abuso de derechos de corrección" en contra de menores. La noticia revelaba que cuatro niños del ISPM fueron encontrados deambulando solos por la calle, luego de haberse fugado del lugar. Ellos aseguraron que se escaparon del Instituto debido a los castigos que recibían por parte de los encargados.
Pero el problema va más lejos aún. En septiembre pasado, un sujeto fue sentenciado a 8 meses de prisión por encadenar, golpear, encerrar y violar sexualmente a sus dos hijas (de 4 y 6 años) y a su hijo (de 8 años). Estas víctimas ahora padecen los efectos psicológicos del maltrato y se encuentran bajo la custodia de las autoridades. Por su delito lo único que el abusador pagará serán 8 meses de prisión. ¿Se puede decir que eso es justicia? No cabe duda que las leyes penales deben ser reformadas respecto al abuso de menores. El vacío legal es obvio.
El maltrato infantil dentro del hogar acarrea consecuencias inmediatas y futuras. Algunas de las víctimas de este delito optan por huir de sus casas y vivir en la calle, abandonando así sus estudios (los que asisten a la escuela) y enfrentándose a la vida delincuencial y a la drogadicción. El embarazo precoz es también una consecuencia del abuso en el hogar por parte de los padres. Secuelas psicológicas en el desarrollo social y en el comportamiento son también parte de este negro legado. Muy posiblemente, muchas de estas pequeñas víctimas del maltrato serán los adultos que mañana abusaran de otros menores. Aunque no hay derecho de arrebatar la felicidad y la tranquilidad a la infancia, en El Salvador esto es algo que apenas está dejando de ser considerado como un problema de la "vida privada" familiar y, por lo tanto, algo que sí es de la incumbencia pública.
En Guatemala, las elecciones del 7 de noviembre sentaron las bases para el inicio de una nueva etapa en su historia. El espíritu de renovación que acompañó al proceso electoral no estaba de más: éste se presentaba como la oportunidad esperada para darle un impulso definitivo al proceso de paz, iniciado con la firma de los acuerdos de 1996. Desde esta perspectiva era que la coyuntura que vive la vecina nación se revestía de valor histórico. Después de más de treinta años de conflicto armado, el escenario electoral de este país desplegó un abanico de ofertas políticas sin precedentes dentro del cual se contaba, por primera vez, al otrora movimiento guerrillero URNG. Sin embargo, la culminación "a medias" a la que los comicios llegaron carga con dos taras que, seguramente, pondrán en peligro el proceso entero de democratización y pacificación iniciado con la firma de la paz: por un lado, el triunfo del conservadurismo político, abanderado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG); por otro, la consolidación de una práctica política excluyente.
Hablar del FRG es hablar de las trabas del proceso de paz. De la mano de su líder histórico, el general Efraín Ríos Montt —bajo cuyo gobierno se cometieron la mayoría de violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado—, el partido expresó su oposición hacia el contenido de los Acuerdos de Paz y ha hecho lo posible por obstaculizar cualquier intento de transformación política y social inspirado por aquéllos. De hecho, el supuesto compromiso que su candidato presidencial, Alfonso Portillo, adoptó frente a la democratización de Guatemala no ha sido secundado por los demás miembros del partido, mucho menos por las bases del mismo. El crecimiento reciente del FRG se debe, sobre todo, al apoyo que le ofrecieron los miembros de los cuerpos de seguridad que funcionaron durante el conflicto armado, cuya principal motivación ha sido revertir las transformaciones que se aplicaron en el aparato represivo que manejó el Estado durante la guerra.
De esta manera, el FRG moviliza en su seno a aquellos que ven en la existencia de organizaciones indígenas, en representantes de la izquierda política y en activistas de derechos humanos una amenaza a la estabilidad del país; estabilidad que se define, desde esta perspectiva, por su marcado sesgo anticomunista. Es la suma de estos y otros elementos que configuran la identidad política e ideológica del FRG lo que hace de su victoria electoral un peligro para la democratización de Guatemala. Pese a que la elección presidencial tendrá que definirse en una segunda ronda, el FRG ya arrastró para sí importantes estructuras del poder político guatemalteco. Con una cómoda mayoría dentro del Congreso (64 escaños de 113), el partido dispondrá a su gusto del control de las demás instituciones del Estado. Además, gobernará casi la mitad de las 330 alcaldías del país, lo cual le puede suponer el incremento de su base social. Estas son las cifras que permiten hablar, en definitiva, de una peligrosa victoria electoral del FRG.
Empero, los peligros para el proceso de democratización y pacificación de Guatemala no sólo se derivan del seguro anclaje de este partido en el aparato estatal. Las elecciones en Guatemala se vieron matizadas por el elevado abstencionismo que obedece a un sistema electoral que institucionaliza la exclusión de grandes sectores de la población y a un deterioro amenazador del escenario de representación política. Ciertamente, las pasadas elecciones no presentaron deficiencias serias en términos de organización, pero la paralización de las reformas electorales —primero a causa de la endurecida oposición de la derecha en el Congreso, luego con el triunfo del "no" en la Consulta Popular de mayo pasado— no dejó de incidir negativamente en el desarrollo de las elecciones. Cerca de un 47% de los electores, en su mayoría del interior del país, no asistieron a las urnas el 7 de noviembre.
La causa: los centros de votación se distribuyen por distrito, lo cual reduce considerablemente la repartición de recursos para que los votantes ejerzan su voto (una mesa receptora por cada 750 personas). Por lo tanto, el análisis de los elevados índices de abstencionismo en Guatemala debe pasar, necesariamente, por la consideración de sus causas estructurales, que obedecen a la institucionalización de mecanismos que dificultan (directa o indirectamente) el ejercicio del sufragio a la población. Por otro lado, las expectativas que se originaron por la participación de una gran variedad de partidos en estas elecciones cayeron por los suelos una vez conocidos los primeros consolidados de votación: al menos seis institutos políticos desaparecerán por no haber alcanzado el mínimo de votos establecidos por la ley. De esta manera, todo parece indicar que el panorama político de los próximos años estará dominado por dos fuerzas de derecha, el aún gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el FRG.
Los ahora enemigos quizá estén ya allanando el camino para futuras alianzas políticas que le permitan al PAN mantener algunos focos de control dentro del Estado y al FRG gozar de cierta estabilidad para impulsar a sus anchas sus proyectos políticos. En un relativamente lejano tercer lugar se ubica la Alianza Nueva Nación (ANN), que reunía a la URNG y a otros dos partidos menores de centro–izquierda. Sin embargo, la ANN no pasa de ser la suma de los candidatos de varios partidos y, hasta el momento, no ha logrado elaborar una propuesta unificada de gobierno que trascienda a lo que todo el mundo puede ver en los Acuerdos de Paz. Los conflictos internos que se produjeron al interior de esta alianza y que culminaron con el retiro del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), además de restar votos al proyecto de izquierda, confirmaron la inviabilidad del mismo, en la medida en que quienes dicen representarlo no logran adoptar como suyos los reclamos estructurales cristalizados luego de la firma de la paz.
Ni siquiera la Democracia Cristiana Guatemalteca, antes exitosa en las urnas electorales, salió bien librada del conteo de votos, de suerte que hasta que las autoridades electorales no den a conocer los resultados definitivos, no se sabrá si logra sobrevivir como partido o si se desaparecerá definitivamente del terreno político. Junto con ella se extinguirían cuatro agrupaciones políticas de derecha (que se cree serán convenientemente recicladas por el FRG) y una de izquierda (el accidentado FDNG).
De esta manera, en Guatemala no sólo perdió la izquierda, o el proyecto neoliberal modernizante del PAN, o la pluralidad política; también perdió el país entero al presenciar nuevamente cómo el voto de una minoría (el 22.75% del total de votantes que representan en verdad las personas que votaron por el FRG) toma posesión de su futuro. Si los espacios de participación se cierran progresivamente hasta hacer de los poderosos de la política (el PAN y el FRG) los únicos propietarios del poder de decisión; si las oportunidades de consolidar una cultura de participación, de consenso y, por consiguiente, de respeto de las ideas de los demás son sustituidas por el fortalecimiento de la intolerancia, el conservadurismo extremo y la prepotencia, ¿qué futuro le espera a la todavía incipiente democratización de la sociedad guatemalteca para el próximo siglo? ¿Qué le espera al país ante la inminente llegada de esta "nueva etapa" en su historia?
No hay duda de que el atraso en la elección del fiscal general de la República se ha convertido en un tema que, de nuevo, ha generado diversos y serios cuestionamientos dirigidos a quienes ocupan la Asamblea Legislativa. La ausencia del titular de esta importante institución del Ministerio Público es más que evidente. Sólo basta detenernos en casos como el de la menor Katy Miranda, violada y asesinada en abril de este año, en el que la Fiscalía ha actuado muy tímidamente en el esclarecimiento de los hechos para establecer las responsabilidades. Algo similar ocurre en el caso del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto, que prácticamente se encuentra estancado desde que Manuel Córdova Castellanos dejó las funciones de fiscal general, no obstante los esfuerzos de la Unidad de Delitos Especiales.
Ya transcurrieron cuatro meses en los que la institución ha permanecido en el limbo; sin embargo, las y los diputados parecen estar más interesados en luchar a toda costa porque su partido sea el que tome el control de la Fiscalía, que en responder al llamado de atención de la sociedad salvadoreña. Ante los frustrados intentos por obtener el poder dentro de la institución, con todo lo que representa, los diferentes partidos políticos pretendieron engañar a la población anunciando que abrirían los espacios necesarios para que las diferentes expresiones de la sociedad civil presentaran sus evaluaciones, perfiles y propuestas de nombres.
El llamado encontró eco, pero la Asamblea se burló una a una de las propuestas serias y fundamentadas que recibió; aparentó considerarlas pero después las eliminó y optó por volver al mismo método: el de las componendas entre los partidos. Esta ilógica e irresponsable forma de actuar llevó, incluso, a que algunos personajes de la política con poca solvencia moral aparecieran ante los medios de difusión dando declaraciones que, obviamente, responden a su frustración por no haber logrado tomar por asalto el despacho del fiscal general.
Por lo menos eso fue lo que pretendió el diputado autodenominado "independiente", Arturo Argumedo, cuya característica manera de expresarse se activó otra vez acusando a instituciones respetables, acusándolas de manipular la elección del fiscal; según él, al igual que en su momento Peñate Polanco, el IDHUCA y otras expresiones de la sociedad tenían intereses económicos para oponerse a su nombramiento. No obstante, las cosas hay que tomarlas de donde vienen. En sus apariciones ante los medios, Argumedo se ha caracterizado por lanzar cuestionamientos y desprestigiar a quien le venga en gana, sin tener pruebas concretas que fundamenten sus argumentos y mintiendo descaradamente.
A lo anterior debe agregarse su deficiente actuación cuando pasó por la Fiscalía General de la República a principios de los ochenta. Al igual que la mayoría de sus colegas, su papel al frente de la institución únicamente sirvió para perpetuar la impunidad de los involucrados en graves violaciones a los derechos humanos de aquél entonces. De haber sido electo titular de la institución, ¿qué se hubiera podido esperar de este personaje? Conociendo su trayectoria, ¿qué rumbo le habría dado a la Fiscalía? Por suerte no logró su objetivo y ya no es necesario enfrentar y dar respuesta a estas interrogantes.
Por las maniobras y los arreglos sucios al interior del Salón Azul, todo parece indicar que la confabulación entre el partido en el poder y sus satélites nuevamente arrojarán resultados negativos para la población; es decir, que otra vez las y los salvadoreños tendremos que soportar a una persona que no reúne los requisitos para el cargo, como ocurrió en el caso de Peñate Polanco y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por su parte, la oposición política no ha dado muestras de ser inteligente y estar en sintonía con las necesidades de la población; por el contrario, se hunde más en sus disputas dentro y fuera de sus partidos.
Así las cosas, el diagnóstico en preocupante: seguimos viviendo —al igual que hace diez o veinte años— en un país donde se premia la indecencia, se promueve la mediocridad y se intenta asesinar la lucidez. La solución está en manos de la gente: que levante la voz, que participe y que le cobre la factura a quienes maltrataron su pasado, están pisoteando su presente y se encuentran poniendo en grave riesgo su futuro.
A continuación se transcribe la nota presentada por instituciones que luchan por la defensa de los derechos humanos en nuestro país en el Encuentro Centroamericano de Procuradores y Sociedad Civil, organizado por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA)
Señores y señoras miembros de
la Comisión para la Defensa de los
Derechos Humanos en Centroamérica
P r e s e n t e.-
Las instituciones firmantes, por este medio expresamos nuestra satisfacción por la realización del Encuentro Centroamericano de Procuradores y Sociedad Civil.
Como sociedad salvadoreña, consideramos que este tipo de eventos es de mucha importancia pues se hace necesario compartir las experiencias de trabajo de las procuradurías, defensorías y comisionados de derechos humanos de la región y los mecanismos utilizados para el acercamiento de estas entidades con las organizaciones de la ciudadanía.
En razón de ello, como organismos que trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos en El Salvador, aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro punto de vista sobre la situación actual de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en nuestro país.
Desde febrero de 1998, diversas instituciones y organizaciones sociales realizamos una amplia labor centrada en la propuesta de personas idóneas para ejercer la titularidad de la PDDH y el establecimiento de mecanismos para su elección, a fin de garantizar el proceso de consolidación institucional.
No obstante, el Órgano Legislativo nombró y juramentó a Eduardo Peñate Polanco el 2 de julio de 1998. Desde ese momento, los organismos que firmamos la presente expresamos nuestro desacuerdo.
De diferentes maneras, a partir de esa fecha, hemos hecho pública nuestra posición por tan desatinada decisión debido a que esa persona no reunía los requisitos para ejercer tan importante función de promoción y protección de los derechos humanos, en el marco de la construcción y consolidación de un Estado democrático de Derecho.
Como era de esperarse, una vez en el cargo, el licenciado Peñate ha confirmado su falta de idoneidad en conocimiento y experiencia; por lógica, ha mostrado grandes limitaciones en la conducción de tan importante institución.
Esto último se ha puesto de manifiesto en las decisiones arbitrarias que ha tomado con respecto a despidos y traslados injustificados de personal cualificado, acoso laboral, nombramientos viciados, manejo incorrecto de recursos provenientes de la cooperación internacional y otras anomalías.
Pero lo más grave, es la ausencia de una figura sólida para intervenir en situaciones tales como la no elección del Fiscal General de la República, quien debió ser nombrado hace cuatro meses; tampoco se ha pronunciado sobre los graves hechos de corrupción cometidos por funcionarios de distintas dependencias gubernamentales y sobre otras violaciones a la vida e integridad física y moral de las personas, que involucran a elementos de la Policía Nacional Civil; mucho menos sobre la situación de marginalidad y pobreza extrema en que se encuentra la mayoría de la población.
En este marco de arbitrariedades cometidas por el Estado, la PDDH ha estado ausente obedeciendo lineamientos de aquellos que en función de sus intereses partidarios la han sometido hasta convertirla en un ente burocrático casi inexistente.
Con respecto a las relaciones con las instituciones y organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos, la situación es deplorable.
Durante los dieciséis meses transcurridos desde el 2 de julio de 1998, ha sido imposible coordinar esfuerzos de cooperación; por el contrario, algunas instituciones y personalidades de la sociedad civil han sido atacadas por Peñate Polanco, quien en comunicados de prensa ha utilizado expresiones y formulado acusaciones que van en menoscabo de su integridad y seguridad.
Todas estas situaciones han sido expuestas en su exacta dimensión ante el Órgano Legislativo y la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, a pesar de que estas instituciones están conscientes del panorama descrito, no han hecho nada aún por solucionar el grave problema fuera de las declaraciones personales. Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que el Congreso salvadoreño cometió un grave error al introducirlo en el despacho del Procurador.
Ante este estado de cosas las instituciones firmantes, preocupadas por el rumbo que está tomando nuestro país en materia de derechos humanos y ante la poca o nula incidencia de la PDDH, PEDIMOS: Que las y los participantes en este Encuentro se pronuncien por el rescate de nuestra institución, exigiendo a la Asamblea Legislativa las medidas del caso para ello.
San Salvador, 10 de noviembre de 1999.
Centro Cívico Democrático.
Comité de Familiares de Víctima de Violaciones a los Derechos Humanos "Marianella García Villas" (CODEFAM).
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES).
Comité de Derechos Humanos "Madeleine Lagadec".
Departamento de Derechos Humanos del Sínodo Luterano.
Oficina de Tutela Legal del Arzobispado.
Asociación Probúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos.
Fundación "Olof Palme".
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA).
COMERCIO. Después de seis años de gestiones, el senado estadounidense aprobó, el 03.11, con 76 votos a favor y 19 en contra, su versión de ampliación comercial a favor de los países de Centroamérica y el Caribe. La iniciativa senatorial, que también extiende beneficios arancelarios a países del África, permitirá al país exportar a Estados Unidos, sin impuestos y libre de cuotas, productos textiles confeccionados a partir de hilo y tela estadounidense. La medida era considerada clave para el futuro de la industria maquilera. El embajador de El Salvador en Washington, René León, dijo que ahora solamente resta que la versión de ampliación sea discutida en una conferencia con miembros de la Cámara de Representantes que ya habían aprobado su propia versión. El jefe diplomático afirmó que las negociaciones entre ambas cámaras del Congreso darán por resultado una sola legislación, la cual tendría que ser enviada al presidente estadounidense, Bill Clinton, para que éste la sancione y la convierta en ley. El Senado modificó el proyecto para poner fin a los gravámenes sobre productos textiles y muchos otros artículos hechos en el Caribe y América Central, dando a estos países beneficios similares a los que disfruta México bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC o NAFTA) (LPG 04.11 p.4).
HUELGA. Los jueces de Familia, de Menores y de Instrucción de San Salvador tuvieron que cancelar sus audiencias programadas, desde el 03.11. Luego de tres días de huelga, unas cien audiencias fueron suspendidas por el paro que mantienen los empleados judiciales. El malestar entre fiscales y defensores fue notorio, debido a que se vieron obligados a violar los plazos que establecen las leyes. En los tribunales de Instrucción se suspendieron 60 audiencias; mientras que en los de Familia y Menores, más de 40. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Tenorio, señaló que el paro está siendo impulsado por un grupo reducido de trabajadores. Los sindicalistas mantienen este paro indefinido de labores para presionar a los diputados para que aprueben una nivelación salarial para el próximo año. Los trabajadores exigen de las autoridades un ajuste salarial de entre 8% y 10% para más de 7,200 trabajadores de todo el país. Así, empleados con salarios menores de 4 mil colones obtendrían un aumento del 10% y un 8% los que superaran los cinco mil colones. La CSJ ordenó a la dirección de Seguridad que enviara personal al Centro Judicial "Isidro Menéndez" para asegurarse de que no se impidiera el acceso de trabajadores y público al recinto (EDH 06.11 p.10 y LPG 06.11 p.5).
FISCAL. Altos funcionarios del sector Justicia fueron claros al señalar que la falta de titular en la Fiscalía General de la República está ocasionando problemas en las investigaciones y exigieron a los diputados de la Asamblea que elijan Fiscal lo más pronto posible. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, destacó que se están registrando problemas entre las instituciones del sector y dentro de la misma Fiscalía. "Una institución sin cabeza es una institución frágil", sostuvo el magistrado. El Fiscal Adjunto, que funge en la actualidad como Fiscal General, agregó Tenorio, sabe que su compromiso al frente de la institución es precario. Institucionalmente, esta situación no sólo daña al Ministerio Público sino también al país, indicó el presidente del máximo tribunal de Justicia. La Fiscalía, opinó, es demasiado importante para dejarla en la situación en la que se encuentra. Por su parte, el procurador general de la República, Miguel Ángel Cardoza, explicó que la falta de un titular en la Fiscalía está provocando atrasos en las decisiones que institucionalmente le corresponden al Ministerio Público. Agregó que, aunque los problemas internos de la Fiscalía los puede resolver el Fiscal Adjunto, las proyecciones para los próximos tres años sólo puede establecerlas el Fiscal que sea electo (LPG 09.11 p.5).
FMLN. Los renovadores cambiaron el mapa político al interior de la fracción legislativa del FMLN. El líder del movimiento reformista, Facundo Guardado, durante una entrevista realizada el 05.11, pronosticó el derrumbe de la imposición. Guardado aseguró no sentirse vencido por los ortodoxos, la corriente revolucionaria y socialista. Aseguró que Shafick Handal, jefe de esta última corriente, deberá ser capaz de administrar las diferencias en el seno de la bancada efemelenista. Según él, los renovadores están dispuestos a buscar los votos para elegir a Ricardo Canales Herrera como nuevo fiscal, esté de acuerdo o no Shafick. El 04.11, Guardado anunció que "era bastante probable que algunos diputados voten por Arturo Argumedo [para fiscal general], bajo responsabilidad y riesgo propios". Horas más tarde, Handal aseguró que todos los diputados del Frente se abstendrían de votar por Argumedo. Guardado sabía que no todos los renovadores estaban dispuestos a votar por Argumedo. Lo que no imaginó es que, los que sí lo harían, cederían ante las presiones de los ortodoxos. Al no tener suficiente consenso sobre el tema del Fiscal, los renovadores decidieron cambiar de parecer y apoyar a Canales Herrera, aun cuando llegaron a afirmar que Argumedo era una persona que merecía su apoyo (EDH 05.11 p.3 y 06.11 p.8).
ELECCIONES. Los guatemaltecos acudieron a las urnas, el 07.11, para elegir a su primer presidente desde el fin del conflicto armado de 36 años, quien tendrá el reto de consolidar la democracia y resolver los graves problemas socioeconómicos por los que atraviesa el país. Estas elecciones son las cuartas desde que el regreso de los gobiernos civiles, en 1986, puso fin a una serie de dictaduras militares que libraron un conflicto armado contra los guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Más de cuatro millones de guatemaltecos, aptos para emitir el sufragio, se presentaron para elegir al nuevo presidente, un vicepresidente, 113 diputados al Congreso Nacional, 330 alcaldes y sus consejos municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). En la carrera por la presidencia participaron 11 candidatos de todas las ideologías, pero los favoritos fueron Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y Oscar Berger, del gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN). Alvaro Colom, postulado por la coalición de izquierda Alianza Nueva Nación (ANN), que encabeza la ex guerrillera URNG, se mantuvo en tercer lugar. Las elecciones se produjeron en medio de una frustración generalizada por las dificultades para hacer cumplir los acuerdos de paz, suscritos con la ex guerrilla en diciembre de 1996 (EDH 07.11 p.2).
GUATEMALA. Las elecciones del 07.11 en Guatemala se realizaron luego de tres años de haberse firmado los acuerdos de paz en ese país; sin embargo, los guatemaltecos continúan esperando se concreten los compromisos firmados en aquella ocasión. Entre éstos destacan la reducción del poder de los militares, el reconocimiento de los derechos de los mayas y las reformas al sistema tributario, éstas últimas para financiar programas de salud, educación y vivienda. Analistas sostienen que Guatemala aún no ha superado la tradición del dominio militar y la impunidad. Entre los grandes retos que tendrá el nuevo mandatario sobresalen el superar la prolongada crisis económica y abatir la pobreza que afecta al 62% de los más de 11 millones de guatemaltecos. Más del 40% de los ciudadanos carece de acceso a un servicio formal de salud y en seis de cada 10 hogares faltan drenajes para las aguas negras. El presidente Arzú dio un mensaje a la nación sobre el proceso en el que descalificó cualquier intentó de fraude electoral. En el mismo sentido se pronunció el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Félix Castillo, quien garantizó la pureza de los comicios y restó crédito a las denuncias de la oposición sobre un posible fraude. Empero, los principales partidos se acusaron entre sí de haber planeado acciones ilegales para modificar los resultados (LPG 07.11 p.10).
RESULTADOS. Alfonso Portillo Cabrera, por segunda vez candidato presidencial del opositor Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se posicionó, el 07.11, en la delantera del conteo de votos de los comicios presidenciales en Guatemala. Los centros de votación cerraron a las 6 de la tarde y los primeros resultados pusieron a la cabeza a Portillo, aunque en algunos lugares su número de votos se igualó con el del ex alcalde capitalino Oscar Berger, candidato del gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN). Portillo, quien ha sido acusado de representar los intereses del ex dictador militar Efrain Ríos, a su vez señalado por actos de genocidio durante la campaña de contrainsurgencia, expresó haber votado "por los humildes y en contra de los arrogantes". Sin embargo, pese a la delantera de Portillo, los resultados indicaron la necesidad de una segunda vuelta electoral el 26 de diciembre. Alvaro Colom, candidato de la izquierdista Alianza Nueva Nación (ANN), obtuvo menos del 7% de los votos. La segunda vuelta electoral fue anunciada por el presidente Álvaro Arzú. Berger, por su parte, aseguró su victoria en la segunda ronda. "Ellos [los opositores] anunciaron que nos ganarían en la primera vuelta, pero el PAN sigue vivo y en la segunda ronda les vamos a ganar", afirmó Berger (LPG 08.11 p.4 y EDH 08.11 p.2).
ASCENSOS. Jaime Guzmán Morales, ex ministro de la Defensa durante el gobierno Calderón Sol, reconoció, el 10.11, que el ex presidente lo despidió de su cargo por no estar de acuerdo con una recomendación para elevar al rango de general de brigada a dos coroneles. Guzmán Morales estuvo implicado en una escandalosa promoción de militares que supuestamente gozaban de la simpatía de Calderón Sol y que no habían cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley para aplicar a los ascensos. El ex funcionario respondió de esta manera a los cuestionamientos que le hicieran los diputados de la Comisión de Defensa de la Asamblea legislativa, quienes investigan si en el caso hubo injerencia ilegal por parte de Calderón Sol en las órdenes de ascensos dictadas para entonces. Otro de los funcionarios que fue removido fue Omar Vaquerano, presidente del Tribunal de Selección para el Ascenso de General. "La renuncia se debió a que el Presidente nos pidió que nos fuéramos", aseguró Vaquerano en sus declaraciones frente a los legisladores. Sin embargo, aunque ambos militares dijeron haber actuado conforme lo establece la Ley de la Carrera Militar, no quisieron condenar la intervención de Calderón Sol en la orden de ascenso y se abstuvieron de conjeturar acerca de las motivaciones del ex presidente (EDH 10.11 p.6).
ARANCELES. Varios legisladores del Senado estadounidense condicionaron el estudio definitivo de una propuesta de ampliación de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) al cumplimiento de una serie de exigencias no comerciales. De esta manera, la posibilidad de que los productos textiles elaborados en el área centroamericana entren libres de impuestos a la nación norteamericana dependería de los esfuerzos que se realicen en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, la firma de un tratado de extradición, la garantía de condiciones adecuadas para los trabajadores y el fortalecimiento de los mecanismos de control de propiedad intelectual. Esta postura hizo que los embajadores de Centroamérica prepararan una carta en la que expresaban su malestar frente a tales exigencias. "Ellos [los senadores] exigen condiciones que no tienen nada que ver con comercio", explicó, con cierta molestia, René León, embajador de El Salvador en Washington. Asimismo, el Senado exige a todas las naciones de la Cuenca del Caribe que le otorguen a su país las mismas concesiones comerciales (estatus de nación más favorecida) que les otorgan a otros de sus socios comerciales. Esta es la única condición que no ha provocado conflicto entre los embajadores, puesto que aseguran que puede ser negociada (EDH 12.11 p.2).
