Año 20

número 866

agosto 18

1999

ISSN 0259-9864

 

Editorial Crisis social: solución social

Política ¿Qué sucede con el centro político?

Política Conflictividad social y ausencia de liderazgo presidencial

Economía Sobre la nueva Ley de bancos

Regional Honduras: ¿bajo la sombra de los militares?

Derechos Humanos De treguas y dragones

Noticias

La violencia no ofrece ninguna solución a los problemas cuya naturaleza es eminentemente social. Los enfrentamientos violentos entre los ex patrulleros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil muestran lo poco que El Salvador ha aprendido de la pasada guerra, cuando se pensó que la violencia podría resolver problemas cuya naturaleza era política y social. El recurso a la violencia para reclamar unas demandas que se consideran justas así como para contener a quienes reclaman con fuerza porque así lo pide la ley, introduce al país en un callejón sin salida. Lo que ambas partes buscan no se encuentra a garrotazos ni a balazos.

La actuación del gobierno y de Flores mismo en la crisis que abate al país —el Departamento de Estado de EE.UU., siempre tan escrupuloso en lo que toca a la seguridad de sus ciudadanos, ya advirtió sobre la peligrosidad de viajar a El Salvador— arroja muchas dudas sobre su capacidad para unir a los salvadoreños.

¿Qué sucede con el centro político?

Una de las pocas cosas que sorprendió en las pasadas elecciones presidenciales fue el ascenso del Centro Democrático Unido (CDU) al tercer lugar en las preferencias de los votantes, en contraste con la sensible disminución del caudal de votos experimentado por institutos políticos de larga data como el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Y, aunque los dirigentes del CDU asumieron victoriosos su nueva posición en el espectro político, lo cierto es que ese ascenso se debió más al fracaso electoral de la Democracia Cristiana y del Partido de Conciliación Nacional (PCN) en los comicios y al descontento de los tradicionales votantes de la izquierda con el FMLN —que sin más opción acudieron a Zamora—, que a un aumento sustancial en el número de electores afectos al CDU.

De hecho, la improvisación y negligencia que acompañaron la carrera del CDU hacia el 7 de marzo, lejos de hacer atractiva a esa coalición —formada por la Convergencia Democrática (CD), el Partido Demócrata (PD) y el Partido Popular Laborista (PPL)—, contribuyeron a mantener a los nuevos partidos de centro en el relativo anonimato que los caracteriza. Así las cosas, la posición alcanzada por el CDU es, aunque privilegiada por el momento, sumamente endeble. Conscientes de ello —al fin y al cabo los líderes de la coalición no son ningunos novatos en el orbe de la política—, los dirigentes de los partidos que integran al CDU decidieron emprender un proceso de fusión que culminará, si todo sale como está previsto, a finales del año 2000, con la existencia de un partido único.

Es cierto que, entre otras cosas, ahora la coalición participa en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral y se ha convertido en una fuerza política mucho más atractiva para el FMLN a la hora de pensar en una alianza. Pero también lo es que, frente a la opinión pública, no ha dejado de ser una de esas agrupaciones políticas de las cuales no termina de quedar claro qué es lo que proponen, con qué se identifican ni a qué grupos sociales representan. Esto forma parte de un fenómeno que podría nominarse la "crisis del centro". A menudo se hace referencia a la crisis de la izquierda y en algunas oportunidades se habla incluso de crisis de la derecha, pero ¿qué pasa con el centro político? ¿Cuáles son sus perspectivas en el contexto salvadoreño actual?

El pasado reciente de El Salvador está marcado por la confrontación de dos grandes grupos: la extrema derecha y la extrema izquierda. Durante la guerra, ARENA se identificó abiertamente con el primero y el FMLN —con los consabidos matices en su interior— conformaba al segundo. Una vez firmados los Acuerdos de Paz, además de haber cabida para el Frente en el entramado democrático, se abría un espacio, mucho más fértil y prometedor que antaño, a los partidos que quisieran entrar a formar parte del sistema político. Era la oportunidad de que el centro se convirtiera en una fuerza política real, que equilibrara el peso que ambas extremas le imprimirían al espectro en el proceso de institucionalización democrática. El centro era el encargado de ofrecer los matices ante una oferta en la cual sobresalían dos polos: el de izquierda y el de derecha.

De eso hace más de ocho años. La actual situación política del país no es la misma que entonces. Pese a que en la derecha persisten nichos autoritarios y extremistas y a que en la izquierda ciertos "nostálgicos" se rehusan a abandonar los viejos criterios de valoración de la sociedad, la política y la economía, en El Salvador de hoy, al menos en el plano discursivo, ya no hay cabida para las extremas. Por un lado, en el mundo contemporáneo lo "ultra" ha empezado a ser percibido como lo políticamente incorrecto; debido, quizá, a lo mucho que los fanatismos de cualquier tipo obstaculizan las relaciones económicas y los flujos comerciales, tanto al interior de las sociedades como en el plano internacional. Por otro lado, cansados como están los electores salvadoreños de una clase política incapaz de velar por sus intereses, lo que menos quieren oír en este momento son disputas sobre cuestiones ideológicas.

La competencia por alcanzar el poder, tanto al interior de los partidos como en las esferas gubernamentales, es dura. Dejando a un lado el problema de las luchas intestinas, ARENA y el FMLN se han hecho mutuamente más difíciles las cosas con el paso del tiempo y ambos han hecho aún más difíciles las cosas para los demás partidos. Las antiguas extremas se han visto obligadas —contra la voluntad de muchos de sus cuadros, sin duda— a moderar sus posturas. Incluso ARENA, que ha sido el más renuente a mermar su beligerancia contra el "enemigo rojo", hoy abandera el discurso de la conciliación y el consenso. Y con respecto al FMLN, aunque la cúpula esté presidida en su mayoría por los "ortodoxos", lo que se vaticina es un grado mayor de apertura y flexibilidad.

¿En estas nuevas condiciones, cuál es el papel de los partidos de centro en El Salvador? Si recién estrenada la paz se esperaba que los "pequeños" cumplieran un papel moderador, siendo capaces de mediar entre dos posiciones irreconciliables, ahora que los irreconciliables dicen buscar la moderación y, más aún, se acercan cada vez sus ofertas programáticas, el futuro del centro político es cada vez más incierto. En primer lugar, los "pequeños", conformados como están por disidentes de otros partidos, no encuentran el respaldo ni la credibilidad de la masa de votantes; más bien, no parece tan atrevido decir que ante ella éstos aparecen como grupos formados por quienes vieron frustradas sus intenciones de alcanzar puestos dirigenciales en otros partidos.

En segundo lugar, los "pequeños" han sido muy poco hábiles a la hora de aprovechar las oportunidades de captar votantes que el descontento frente a los "grandes" les puso en bandeja de plata en ciertas coyunturas electorales. Como se mencionó arriba, la manera improvisada en la que tales partidos han arribado a los comicios, sin haber trabajado siquiera en la consolidación de una identidad ideológica que fungiera como carta de presentación frente a la ciudadanía, ha hecho de ellos unos perfectos desconocidos de los que sólo se tiene noticia en época electoral.

En tercer lugar, cada vez que salen a la palestra pública, las propuestas de los institutos políticos minoritarios parecen del todo difusas. El hecho de que sus ofertas se distingan tan poco de las de los mayoritarios, por un lado, genera sospechas sobre su pertenencia al centro y, por otro, hace parecer retórica su campaña electoral y contribuye a acrecentar la desconfianza que en torno a ellos existe. Así pues, las múltiples alianzas e innumerables recambios que se dan entre los partidos pequeños de todas las índoles y el hecho de que sus brújulas apunten a "reemplazar a ARENA" o a convertirse en el partido mayoritario que están muy lejos de ser, dificulta a los electores formarse una apreciación clara y realista con respecto a lo que verdaderamente son y pueden hacer en el sistema político.

Así las cosas, parece improbable que el centro alcance una consolidación definitiva y pueda contribuir con ello al fortalecimiento de la democratización del país. Para que ello sucediera se necesitaría, para empezar, una definición de lo que el centro es y pretende, más allá de la simple adscripción a la ideología socialdemócrata o socialcristiana; segundo, la fijación de unas metas concretas y apegadas a la realidad con las que los electores puedan sentirse identificados y motivados a respaldar; y tercero, alcanzar una independencia real con respecto a los partidos "grandes", de modo que la población pueda ver en ellos la posibilidad de terceras y cuartas vías en lo que a toma de decisiones se refiere. De no emprender estas urgentes tareas, el centro político salvadoreño parece estar destinado al fracaso, o a la eterna búsqueda de alianzas que le permitan sobrevivir, con fines poco claros, en el espectro político nacional.

Conflictividad social y ausencia de liderazgo presidencial

La economía, y en ello ahora coinciden casi por unanimidad todos los sectores sociales, está mal: el país está mal. Mientras, el gabinete de lujo de Flores no hace sentir su presencia; Flores mismo se encuentra ausente. Aislándose de la prensa o evitando tocar fondo en los problemas que nos aquejan, el Presidente empieza a dar muestras de que la tarea que recién ha asumido le rebasa, que se le sale de las manos. El y su equipo no han dado señales de que puedan o quieran superar la improvisación y la falta de realismo que caracterizaron al gobierno anterior.

Hasta el momento, en lo poco que Flores ha sido fecundo es en su ya característica retórica pseudo intelectual que, fuera de dar material para los caricaturistas del país, no le sirve de nada a la población. "A los salvadoreños unidos no hay problema que los venza" o "lo perfecto es enemigo de lo bueno" son algunas de las memorables frases del Presidente. Así, Flores, ocupado en hacer discursos, parece estar olvidando hacer política de Estado: ni los planes de gobierno ni los diagnósticos realistas sobre la situación de la nación aparecen por ninguna parte.

Por otra lado, las manifestaciones sindicales y de ex patrulleros de las últimas semanas y la postura que ha adoptado Flores ante ellas dan pie para afirmar que los salvadoreños no pueden esperar mucho de su presidente y que, más grave aún, éste empieza a dar señales que permiten suponer que su supuesto distanciamiento con los juegos sucios de la política nacional —su compromiso con una "nueva forma de hacer política"— es tan real como consistente ha sido su labor por los más pobres de los pobres.

En lo que respecta a las acciones sindicales, éstas arrancaron, bajo la dirección del Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI), que agrupa a los gremios de trabajadores de educación, salud, obras públicas, juzgados y aduanas, entre otros, el 18 de julio con el anuncio de una serie de paros de labores en diversas instituciones del Estado. Las medidas, que según dirigentes del MOLI persiguen presionar por un aumento salarial, no tardaron en ser interpretadas por funcionarios de ARENA como parte de un plan para desestabilizar al nuevo gobierno; plan en el que estaría participando activamente el FMLN. Con el paso de las semanas y ante el silencio gubernamental, las amenazas del MOLI aumentaron en intensidad (sus dirigentes han llegado a afirmar que, de no ser oídos, procederán a la toma de edificios públicos) y a sus acciones de hecho se ha sumado el servicio de correos del país.

La respuesta que ha dado Flores a los dirigentes del MOLI ha ido más por la vía de evadir el problema y aislarse en su peculiar palabrería que en la de dar una respuesta eficaz que al menos entibie los ánimos de los sindicalistas. A excepción de las gestiones del Ministerio de Educación, el gabinete parece estar paralizado. En este sentido, el que el Presidente haya calificado las acciones sindicales como irracionales y que las atribuya a una estrategia para regresar al pasado, sólo está sirviendo de excusa fácil para no sentarse a dialogar. La razón asiste a Flores cuando afirma que las acciones de los sindicatos están fuera de lugar, pues el recurso de las huelgas fue el primero y no el último al que recurrieron los sindicalistas para hacerse oír. Pero es desde todo punto de vista desatinado atenerse a ello para no tomar cartas en el asunto, en especial cuando un paro de labores simultáneo en, por ejemplo, las escuelas, el seguro social y los juzgados traería graves consecuencias para la población. Con su actuación, el nuevo Presidente recuerda más a un Calderón Sol que al dichado de virtudes democráticas e intelectuales que se publicitó durante las elecciones.

El caso de los ex patrulleros es más grave. No sólo porque el último capítulo de sus acciones concluyó con un violento enfrentamiento que dejó como saldo dos ex paramilitares muertos, una docena de heridos (entre ellos agentes de la PNC) y 55 detenidos, sino porque a raíz de él ha salido a la luz pública que la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS), que agrupa a un sector de los ex paramilitares, recibió del anterior gobierno 10 millones de colones a cambio de dar una tregua en el período de las elecciones y orientar a sus afiliados (unos 45 mil, según APROAS) para que votaran por el entonces candidato Flores.

Las respuestas que ha dado Flores ante estos acontecimientos no satisfacen y, más bien, despiertan sospechas. En primer lugar, el Presidente no ha aclarado, ni ha ordenado que la PNC aclare, el porqué se permitió que agentes del cuerpo policial y no únicamente los antimotines disolvieran la manifestación, cuando es obvio que los primeros no disponen ni de la preparación psicológica ni del equipo necesario para resolver este tipo de disturbios sin víctimas fatales. En segundo lugar, Flores no se ha preocupado por determinar la responsabilidad del Estado frente a los reclamos de los ex patrulleros (¿debe el Estado responder por los "servicios" prestados por un grupo de paramilitares que, financiado y dirigido por el ejército, cometió un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos durante la guerra?). Por el contrario, con su actitud ha aceptado que sus demandas son legítimas y ha transmitido el mensaje de que es la falta de fondos y la actitud violenta de APROAS lo que ha impedido satisfacer sus exigencias.

En tercer lugar, argumentando no tener conocimiento de los hechos, Flores se ha negado a ordenar una investigación sobre la compra, con fondos del Estado, de los votos y la voluntad de los miembros de APROAS. Obviamente, en esto en particular el Presidente está en un grave aprieto, pues o su distanciamiento con la realidad es tan agudo como para no enterarse de las sucias maniobras que realizaban importantes figuras de ARENA para favorecer su candidatura (entre ellas, Calderón Sol, su padrino político; Acosta Oertel, su actual ministro del Interior, y Walter Araujo), o sí estaba enterado de la malversación de fondos y con su actitud pretende encubrir los hechos.

La malversación de una parte de los fondos para los damnificados del "Mitch" es útil para darle una nueva lectura a las acciones de APROAS. Es evidente que el trato —por lo demás ilegal— que la organización estableció con el gobierno de Calderón Sol envalentonó a los ex patrulleros. Si ya habían recibido una parte de la indemnización que exigían —al menos 5 mil de ellos, a razón de 2 mil colones cada uno—, sólo era cuestión de ejercer presión para obligar a Flores —el candidato del partido que les compró los votos— a otorgarles el resto. Se equivocaron. El único beneficiado del trato fue Flores, quien consiguió un número de votos a su favor que tal vez nunca se llegue a determinar con certeza. APROAS, por su parte, sólo obtuvo como premio una paliza, dos muertos y la seguridad de que los 10 millones que recibió fueron más un pago único por sus servicios que el adelanto de una suma que posiblemente nunca llegue a sus manos.

En definitiva, todo parece indicar que el país tendrá disturbios sociales para largo. La resistencia de Flores a negociar con el MOLI y la falta de voluntad para aclarar el papel que el presidente jugó en el desvío de fondos para APROAS no apuntan a que la situación se vaya a solucionar a corto plazo. Lo único bueno de todo esto es que la población podrá hacerse una imagen más realista de su presidente; una imagen allende su palabrería y sus maneras de hombre bueno. Aunque siendo realistas, el escándalo presidencial e incluso los dos muertos de APROAS poco importarán dentro de dos o tres años, pues ¿por qué tendría que importarle a la población un escándalo político más entre muchos? ¿quién recuerda, por ejemplo, qué demandas apoyaba el ex combatiente que murió durante el desalojo del Fondo de Protección de Lisiados?...

Sobre la nueva Ley de bancos

Durante cerca de una semana, la Asamblea Legislativa ha sostenido una sesión plenaria especial para discutir, artículo por artículo, la nueva Ley de bancos, con la cual se pretende normar la actividad de instituciones financieras en aspectos diversos como el manejo de crisis financieras y la fijación de las tasas de interés. El preámbulo de esta nueva ley de bancos ha sido una serie de crisis de instituciones financieras, en su mayoría provocadas por defraudaciones de los fondos públicos. Los casos de defraudaciones en CREDICLUB y FINSEPRO/INSEPRO (Proceso, 765) y la quiebra del banco CREDISA (Proceso, 841) son los referentes más cercanos que motivaron la formulación de esta nueva ley.

Uno de los aspectos más destacables de la citada ley es que considera la creación de mecanismos de control y de reacción en casos de crisis de instituciones financieras, así como también las normas a las que deberían someterse los bancos para desarrollar sus actividades, incluyendo la fijación de las tasas de interés.

Durante la década de 1990, la banca pasó de ser una banca estatizada, con evidentes problemas de ineficiencia micro y macroeconómica, a ser una banca privada con mejores niveles de eficiencia microeconómica, pero que aún presenta problemas de ineficiencia macroeconómica y de poca confiabilidad para los ahorrantes. De hecho, ha sido este último aspecto el que impulsó la modificación de la legislación de la banca, aunque también se incluyeron disposiciones de fondo dentro de las cuales la más destacable fue la propuesta de que fuera el Banco Central de Reserva (BCR) el encargado de fijar las tasas de interés cobradas por los bancos.

La nueva Ley de bancos ofrece algunas disposiciones que, según sus propugnadores, contribuirán a mejorar la eficiencia y seguridad de las instituciones financieras. Entre las medidas que harán posible esa mejoría están: el combate de la captación ilegal de fondos, la apertura para la competencia en el sistema, el fortalecimiento de la supervisión y la creación de un Instituto de Garantía de Depósitos.

Sin embargo, el aspecto más polémico de la ley ha sido la propuesta de que sea el BCR el que fije las tasas de interés, pues para los representantes de la banca —y del partido de gobierno— esta medida atenta contra la estabilidad económica. Hasta el presidente del BCR, Rafael Barraza, se mostró en contra de esta disposición, ya que, a su juicio, podría tener efectos "nocivos" como restricciones al crédito para la micro y pequeña empresa, el sector agrícola y la construcción; disminución del nivel de depósitos; se desestimularía la competencia extranjera y, finalmente, se provocarían incrementos en las tasas de interés.

Ateniéndose a las cifras ofrecidas por el mismo BCR, la propuesta de controlar las tasas de interés no tendría mucho sentido, pues las tasas aparentemente se mantienen estables. Sin embargo, la verdad es que esos mismos datos ponen en evidencia que los márgenes de intermediación financiera de la banca se están incrementando. Adicionalmente, cabe señalar que las tasas de interés promedio publicadas por el BCR no reflejan algunos aspectos de la realidad del mercado financiero por dos razones: no presentan las tasas pasivas pagadas por los depósitos de ahorro corriente y, segundo, tampoco presentan las tasas de interés promedio que la banca cobra por sus préstamos personales.

De acuerdo a los datos mostrados en el cuadro anexo, durante los últimos dos años las tasas de interés han sufrido cambios que, en el mediano plazo, muestran una leve tendencia hacia la baja; tendencia que se evidencia más en el caso de las tasas pasivas (las que los bancos pagan a los depósitos). Entre diciembre de 1996 y marzo de 1999, las tasas pasivas para depósitos a plazo a 180 días pasaron de 11.97% a 10.93%, mientras que las tasas activas promedio pasaron de 16.68% a 16.52%. Este comportamiento de las tasas implica que durante este período se amplió el margen de intermediación financiera de los bancos, ya que las tasas que se pagan por los depósitos disminuyeron mucho más de lo que lo hicieron las que se cobraron por los préstamos.

Por otra parte, las tasas de interés pasivas que se presentan en el cuadro anexo sugieren que la menor tasa que podía obtenerse por los depósitos en marzo de 1999 era de 10.89%. Sin embargo, si en la tabla se incluyeran las tasas pagadas a los depósitos de ahorro corriente (un 4% en promedio) el panorama cambiaría. Este nicho del sistema financiero opera con tasas sensiblemente más bajas y tiene una participación bastante significativa en el total de depósitos, pues las cuentas de ahorro corriente representan más de un 38% de este total para marzo de 1999.

Otro nicho del sistema bastante atípico es el de los prestamos personales, los cuales son contratados a tasas que fácilmente pueden superar el 21% y pueden llegar a representar aproximadamente un 7% del total del crédito otorgado por el sistema financiero. Es a través de las cuentas de ahorro corriente y el otorgamiento de créditos personales que la banca obtiene sus mayores tasas de ganancia, pero también a través de las comisiones por servicio que aplica, las cuales incrementan sensiblemente los costos del crédito, pero no se reflejan en las tasas nominales que publica el BCR. De hecho, una de las propuestas de la ley es que también se publiquen las tasas efectivas de interés en las cuales se incluirían estos costos adicionales.

La nueva Ley de bancos podría constituir un aporte importante para mejorar los mecanismos de control y la credibilidad del sistema financiero, aunque no para regular las tasas de interés ni la asignación del crédito, los cuales —pese a tener mucho que ver con el comportamiento económico— son considerados temas tabú para la empresa privada y el gobierno. Al examinar el tema de la banca no puede soslayarse el hecho de que aún se requieren soluciones para la problemática de su ineficiencia macroeconómica, la cual se refleja en el hecho de que se encuentra desarticulada de los sectores agropecuario e industrial y que, por lo mismo, no está contribuyendo a construir las bases productivas para sostener el crecimiento económico.

* A más de un año plazo

** Millones de colones

A: Porcentaje de depósitos a la vista

Honduras: ¿bajo la sombra de los militares?

Por primera vez en la historia de Honduras, el presidente constitucional de la República ejerció su mandato sobre las fuerzas armadas del país para aplacar lo que pudo haber sido una de las crisis más peligrosas que atravesara el proceso de desmilitarización de ese país. En declarada rebeldía contra las disposiciones de las autoridades civiles que ahora comandan el ejército, un grupo de militares de alto rango decidió proseguir con un supuesto plan para colocar en puestos estratégicos de la estructura militar a algunos de sus más incondicionales aliados. Al final, el presidente Carlos Flores Facussé actuó en defensa de sus designados al frente de la institución castrense y, en palabras de la prensa, su decisión "consolidó la supremacía del poder civil sobre el militar".

Todo comenzó cuando, en ausencia del ministro de Defensa, el civil Edgardo Dumas Rodríguez, se corrió el rumor de que un grupo de 29 oficiales planeaba impulsar acciones para tomar el control del ejército, regresar a las viejas normas que lo regían y revisar el reglamento del Instituto de Previsión Militar (IPM). El coronel Eugenio Romero Euceda y el general Roberto Lázarus Lozano (jefe del Estado Mayor Conjunto y Subsecretario de Defensa, respectivamente) aparecieron como los héroes que, en medio de la revuelta, supuestamente ordenaron algunos cambios y rotaciones que habrían abortado el conato de rebelión. A su regresó, el Ministro de Defensa desestimó de inmediato los cambios, lo cual provocó que Romero y Lázarus aseguraran que no obedecerían la orden de su superior. La verdad es que ni la prensa ni nadie conoce qué fue exactamente lo que motivo las acciones de estos dos militares, pero al final el presidente Flores Facussé decidió removerlos de sus cargos y poner en su lugar a personas que él llamó "fieles al gobierno".

Sin duda, lo que más alimentó el temor de la población frente a la situación fue la certeza de saber que existen grupos de militares que no están satisfechos con los cambios que se han venido dando en los últimos años. Y es que los recientes sucesos recordaron la época en que la historia de ese país se definía no por golpes de Estado, sino más bien por golpes de barraca. Revolviendo y deteriorando los esfuerzos por lograr la vuelta de los civiles al control de los órganos del Estado, las pugnas al interior del ejército, que se desataban una y otra vez a espaldas de la opinión pública, determinaban casi definitivamente la forma en que el país respondería a determinada dinámica, ya fuera en el plano político, económico o social. En ese entonces para nadie era un secreto que los militares mantenían fuertes influencias que operaban desde las entrañas mismas del Estado. Nada ni nadie parecía tener la fuerza suficiente como para detener su decisivo control político.

Sin embargo, a Honduras le llegó el turno de la "renovación". Tres presidentes (Callejas, Reina y, en menor medida, Flores Facussé) hicieron lo suyo para separar del ejército las funciones de seguridad pública e investigación delictiva y judicial, extinguir el angustiante servicio militar obligatorio y reformar la estructura del mando militar, sustituyendo la Jefatura de las Fuerzas Armadas con un Ministerio de Defensa e imponiendo como comandante supremo de la milicia al presidente de la República. Gracias a estas acciones se puede decir que la desmilitarización en Honduras ha avanzado a paso firme en los últimos diez años. Pero, aun con todo esto, se dieron las condiciones para que una severa crisis al interior del ejército se desatara e hiciera tambalear lo que se ha alcanzado. ¿Qué dice esto del impulso democratizador hondureño, tan afanosamente vendido a la opinión pública internacional?

Es un hecho que las altas esferas del ejército hondureño aún funcionan con la suficiente fuerza como para doblegar hasta las más legítimas intenciones presidenciales. Y esa es justamente una de las grandes debilidades de la presuntamente exitosa desmilitarización. Al no haber encaminado lo suficiente los esfuerzos para redefinir el papel de las fuerzas armadas en el país y al no establecer mecanismos que erradiquen de una vez la discrecionalidad con la que operan los altos mandos militares, el poder que poseyeron no ha podido doblegarse del todo ante el poder civil. El criticado Consejo Superior de las Fuerzas Armadas —que para muchos llegó a funcionar como un Órgano Ejecutivo armado— sobrevivió a las reformas promulgadas en enero pasado bajo un nuevo nombre: la Junta de Comandantes. Sus atribuciones le permiten centralizar buena parte de las decisiones del ejército de tal forma que, si tuvieran un motivo para ello, la Junta podría llegar a dar una orden sin necesidad de que el mismo presidente se enterara.

Por otra parte, desde hace varios meses se han vuelto más comunes las voces de protesta de algunas promociones militares que con el fortalecimiento del poder civil han visto amenazados sus deseos de ocupar jugosos cargos en el Estado. Eso indica que el ejército hondureño se está resquebrajando por dentro, y no sólo porque los recientes cambios le supongan un desequilibrio casi natural, sino también porque aquello que se constituyó en el principal motivo de su existencia y fortalecimiento (la búsqueda voraz del poder económico por medio del control político) ahora no encuentra todos los espacios que antaño poseía para satisfacer la demanda de sus miembros. Investigados por el Ministerio Público por malversación de fondos, muchos militares han tenido que recurrir a acciones extremas para salvaguardar lo poco (¿o mucho?) que aún les queda del botín que extrajeron durante sus años en el poder. Una de esas acciones pudo haber sido el supuesto intento de golpe que Romero y Lázarus detuvieron el mes pasado.

Es la calidad misma de esas rupturas la que hace que la presencia de un ejército no depurado y con capacidad de declararse en rebeldía contra el poder civil sea altamente atentatoria para el proceso de democratización en Honduras. Sobre la base de un poder de influencia todavía significativo, cabe la posibilidad de que la estructura militar se convierta en una verdadera caldera en la que podrían hervir las revueltas de los grupos más hambrientos por el enriquecimiento ilícito. En este sentido, retomar el control de la nueva institucionalidad militar y procurar hacer mella en el poder civil que ha logrado mantenerlos a raya se convierte en el medio por el cual asegurarían el encubrimiento de sus infracciones a la ley. En el fondo, parece que a los militares no les queda más que la fuerza para no dejar que nada ni nadie les impida seguir sacando el jugo a las prerrogativas que corruptamente les fueron dadas. Y es por esto que es casi obligado repensar la manera en la que las autoridades democráticamente electas han manejado el proceso de desmilitarización y democratización en Honduras.

Los vacíos que ésta presenta (la falta de definición de las funciones del ejército, la supresión definitiva de su discrecionalidad, etc.), aunados a las tareas que aún están pendientes de realizar (el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, el enjuiciamiento de altos militares por crímenes cometidos durante los años 70 y 80, aislar de las acciones antinarcóticos a las filas del ejército, etc.) saltan a la vista de cualquiera, menos de los políticos hondureños. Los viejos lobos de las fuerzas armadas —entre ellos el laureado general Mario Hung Pacheco, último Jefe de las Fuerzas Armadas— acogen ansiosos los ofrecimientos de los partidos conservadores para que adornen las filas de sus diputaciones, lo cual siembra más dudas sobre la transparencia con la que se llegará a poner fin al control militar. Si en Honduras no se abre los ojos y se empieza a trabajar en función de estos potenciales peligros, difícilmente se llegará a sacudir de encima de la vida de la nación la perpetua y poderosa sombra de los militares.

De treguas y dragones

"Quiero un país donde obreros y empleados puedan vivir una vida equilibrada con el salario que perciban, donde puedan ahorrar y construir para sus hijos un porvenir que colme sus aspiraciones razonablemente; un país donde las estructuras, eficientes y compasivas, reconozcan al individuo, lo protejan y lo promuevan; un país donde cada ciudadano se dé cuenta de que la solidaridad expresada concretamente en el quehacer de la vida cotidiana facilita la vida de otros y la suya propia; donde el burócrata, el albañil, el policía y el juez comprendan que la honradez y su conciencia profesional son la garantía de una sociedad civilizada. Quisiera un país donde pueda vivir sin temor a ser engañado; donde no me crezcan, por mutación genética, una multitud de antenas para detectar los peligros que me rodean; un país donde la ley y aquellos que la aplican estén al servicio de los débiles; donde no necesite 'padrinos' para obtener justicia ni plata para comprarla".

La gran aspiración planteada en el párrafo anterior fue formulada por Hubert Lanssiers, sacerdote belga de los Sagrados Corazones radicado en Perú desde 1964, tras haber vivido en Phnom Phen cuando Camboya era la República Kmer y después Kampuchea, durante la época de los sanguinarios "khmers rojos". Asiduo visitante de las cárceles y hasta capellán de Lurigancho, donde se realizó una de las grandes masacres de presos políticos, Lanssiers presidió —a pedido y nombramiento expreso de Alberto Fujimori, después de conocerlo en un viaje a Japón— la comisión gubernamental encargada de dialogar con los organismos de derechos humanos; además, Fujimori lo nombró su representante para ciertos asuntos relacionados con la materia. Cuentan que cuando inauguró la primera sesión de la Comisión, quienes no lo conocían pensaron que era el vocero oficial de la Coordinadora Nacional de dichos organismos.

De él dice Ernesto de la Jara —director del Instituto de Defensa Legal, en el país andino— que es una persona "obsesionada con la dignidad humana, con la vida trascendente, con la verdadera grandeza o heroicidad, que no se casa con nadie (es decir, lo opuesto al arquetipo del líder de opinión que en estos tiempos sintoniza fácilmente con la gente), llega, gusta, impacta". Por eso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos le hizo un reconocimiento.

"Muy a menudo —sostiene Lanssiers—, sobre todo en las sociedades tecnológicas en las cuales vivimos actualmente, el individuo tiene su importancia en la medida que es producto o consumidor. Si no puede ser, o si es débil, enfermo o no tiene los medios adecuados para progresar en la sociedad, entonces está anulado; no le queda absolutamente nada. En la política, muy a menudo pasa lo mismo. Sólo en la medida en que el tipo es un elector que milita en algún partido tiene valor; y si no, es una especie de masa amorfa, de átomo; masa de un millón dividida por un millón. Esa es una tentación de la sociedad contra la que hay que luchar; es decir: la utilización del individuo como medio, ya no como fin. Hay que tratar, al contrario, de resaltar las posibilidades del individuo, sacar todo lo noble que hay de él".

Este cura belga, con tantas horas de vuelo, habla y al hacerlo uno sabe que se está refiriendo a Perú; pero también uno piensa que puede estar pensando y hablando de otras realidades como la nuestra. Por que también acá seguimos aspirando a vivir en un país distinto y también acá se sigue utilizando a la persona humana como un medio para satisfacer necesidades particulares, egoístas y desmedidas de quienes —teniendo mucho— lo quieren tener todo. Y para ello se pisotean dignidades mediante la brutalidad de la violencia y del engaño, se frustran las ilusiones populares al desnaturalizar la institucionalidad y se transita por el peligroso camino de la ingobernabilidad para abonar el terreno y dar paso a un posible, peligroso y nada deseable estallido social. No es raro entonces que —según la coyuntura— primero utilicen individuos para matar al pueblo, después los golpeen a esos mismos individuos para negarles lo que reclaman y que, tras ello, los vuelvan a utilizar comprando sus votos mediante ayuda humanitaria desviada para llegar hasta matarlos. Sólo dos ejemplos para dibujar el escenario nacional.

Uno es el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Su destino aún no lo definen en la Asamblea Legislativa; hace más de un mes se anunció la creación de una Comisión para evaluar el año perdido con la intromisión de Peñate en el despacho del procurador y, a estas alturas, no se ha hecho nada. Todas y todos esperábamos que al investigar los turbios manejos del "funcionario" más cuestionado en la historia de El Salvador, éste saldría de donde nunca debió llegar para dar paso, así, a la urgente recuperación de la Procuraduría. Lamentablemente, quienes dicen ser "padres" de la Patria continúan manipulando la institución y sin definir lo que para la "huérfana" sociedad salvadoreña ya es casi una cuestión de honor.

Hasta el momento, el reparto del "pastel político" colocó a Rutilio Aguilera en la presidencia de la Corte de Cuentas; mientras, la Fiscalía General de la República sigue sin un verdadero titular. Y en medio de esa lucha por el control partidarista de la "cosa pública", la Asamblea es cómplice del naufragio y hundimiento de la PDDH en manos de Peñate y sus secuaces. A pasos agigantados se está destruyendo lo que costó tanto dolor y sangre a miles de familias salvadoreñas. Ya no se puede ocultar que, además de la desconfianza de la población hacia el trabajo de la institución, la comunidad internacional también le está retirando su apoyo financiero.

Por mandato constitucional la Procuraduría debe supervisar, monitorear y denunciar a los funcionarios estatales en materia de derechos humanos. Precisamente por eso, parece que la mayoría de los partidos políticos considera a Peñate como un buen aliado para "dejar hacer y dejar pasar" las acciones que van en detrimento de la dignidad de las personas y en favor de sus particulares intereses. Con lo mencionado, las supuestas intenciones legislativas de sacar a Peñate sólo se han traducido en fallidos intentos por acallar a quienes, desde hace mucho tiempo atrás, cuestionamos la errada e infeliz decisión de colocarlo en un sitio donde debería estar una de las personas más notables del país.

Las vacaciones de agosto sirvieron para postergar la solución a esa crisis institucional, aunque los derechos humanos y sus violaciones no entiendan de asuetos. Así, mientras las y los diputados engavetaban el tema de la Procuraduría, la población salvadoreña continuó sin contar con la herramienta adecuada para promover y defender sus derechos y libertades fundamentales. Pese a la irresponsabilidad de las y los diputados, al momento de escribir estas líneas algunas personas que trabajaron en la Procuraduría ya habían acudido a la Corte Suprema de Justicia solicitando información sobre las demandas que presentaron en ese Órgano contra Peñate. Desde el IDHUCA también se estudia la posibilidad de presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación al debido proceso administrativo, pues desde abril su director presentó una solicitud de antejucio contra Peñate y la Asamblea no ha dado señales de vida.

Mientras no exista voluntad política para reparar el daño a la PDDH, iniciativas sociales como las mencionadas continuarán y, con ello, El Salvador seguirá siendo motivo de críticas en el ámbito internacional. Más aún cuando se acercan dos importantes eventos en San José, Costa Rica, y en Tegucigalpa, Honduras. El primero, a realizarse el 2 y 3 de septiembre, reunirá a cooperantes y otras instituciones importantes del área para examinar el lamentable estado de esta figura en Centroamérica. En Honduras, también en septiembre, se reunirá la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y ya no es posible permitir que Peñate acuda a esa actividad para seguir poniéndonos en ridículo. ¿Estará la Asamblea en capacidad de impedir que el país pase por otra vergüenza de esas?

El otro ejemplo: los hechos violentos y la tensión de estos días. La población salvadoreña y la comunidad internacional han observado la reciente efervescencia social que —lamentablemente— ya produjo las primeras víctimas mortales. El gobierno del presidente Francisco Flores ha tenido que enfrentar las protestas de gremios y ex paramilitares descontentos por su situación; enfrentar, sin embargo, es mucho decir pues en la práctica más parece que el mandatario lo que ha estado haciendo es intentar escabullirse y lanzar la responsabilidad a otras instancias.

En esta ocasión, nos referiremos a la situación de los antiguos colaboradores de los regímenes militares; desde un tiempo atrás, estas personas habían amenazado con impulsar medidas de presión para lograr de la administración Flores una indemnización de 15 mil colones por los servicios prestados durante el conflicto armado. El jueves 12 de agosto cumplieron lo prometido: se tomaron y bloquearon las principales carreteras del país; el Ejecutivo respondió enviando a un contingente de antimotines para que dispersara a los manifestantes. El saldo del enfrentamiento: dos ex patrulleros muertos, más de 15 heridos y al menos 50 personas detenidas.

Al observar ese cuadro, no resulta atrevido pensar que si no se encuentran soluciones viables —inteligentes, imaginativas, razonables y civilizadas— en poco tiempo estaremos ante un rebrote incontenible de este tipo de violencia que, en el fondo, tiene sus raíces en la exclusión económica y social de la gran mayoría de la gente. Pese a que los ex patrulleros ya expresaron que darán una tregua al gobierno, también amenazaron con utilizar armas de guerra si éste continúa negándose a indemnizarlos. Posterior a los incidentes violentos, los ex paramilitares acudieron al IDHUCA para solicitar su mediación; con toda claridad, nuestra institución advirtió desde el principio que su única intención en este caso era que las partes lograran acuerdos a través del diálogo, para evitar así que la violencia en el país —que ya es bastante grave— alcance niveles de mayor magnitud.

Si como dijo el presidente Flores, está de lado de las y los salvadoreños e interesado en evitar que esta situación se complique todavía más, debe empezar por dejar de lado la retórica y las posiciones rígidas para dar paso a una actitud más abierta; es necesario, en otras palabras, sentarse a conversar en serio y no de la manera que lo están haciendo algunos representantes de su partido en la Asamblea. Asimismo, es necesario que se realice una profunda investigación sobre las muertes de los dos ex patrulleros para determinar si existe o no responsabilidad de los agentes policiales. En suma, nos encontramos ante una situación muy difícil en la cual el gobierno debe demostrar su capacidad para actuar ante este tipo de crisis; de lo contrario, la actual administración no será muy distinta que la de Calderón Sol quien —lejos de concertar con estas y otras agrupaciones— trató de postergar la solución a los problemas hasta donde le fue posible y también utilizó la represión para enfrentar las protestas sociales.

"La historia —dice Lanssiers— no está escrita de antemano y el destino no existe. Un país se construye o también se destruye. Si no cambiamos de actitud, si no suprimimos la viveza y la criollada, si no fomentamos la confianza mutua, el respeto mutuo, el deber de reciprocidad y todo aquello en el menudeo de la vida cotidiana entonces arruinaremos nuestro porvenir". Sin duda, esas palabras deberían pesar en la conciencia de quienes pretenden —en el gobierno o en la oposición— ser las personas que ejercen el liderazgo en el país; quién sabe si, en la práctica, de verdad surtan algún efecto en ese sentido.

Independientemente de eso último, como hay espacio y podemos hacerlo, les lanzamos también las siguientes: "Contaban los griegos que Cadmos, fundador de Tebas, mató a un dragón y enterró sus dientes en el campo. De inmediato la tierra se cuarteó y, en lugar de espigas, asomaron cascos de bronce, puntas de lanza y, finalmente, hombres armados: todo un ejército fantasmal programado para matar. Me pregunto si no estamos, nosotros, sembrando los dientes del dragón sin darnos cuenta de que terminaremos siendo triturados por ellos".

PRECANDIDATOS. En la Asamblea Departamental de San Salvador de ARENA se presentó, el 15.08, al ex presidente Alfredo Cristiani; al ex director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, y al ex canciller Oscar Santamaría como precandidatos a diputados. Estos nombres aún deben pasar por el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), encabezado por el mismo Cristiani y encargado de depurar las listas de precandidatos. Posteriormente, los nombres deben ser avalados por la Asamblea Nacional del partido, prevista para septiembre. Al parecer, Cristiani no se lo esperaba. "Este apoyo me ha tomado por sorpresa. Creo que debo pensarlo", dijo el político. Cristiani hizo un llamado a que se escogieran candidatos "ganadores". "Cada vez se hace más difícil ganar", declaró el líder arenero. La posibilidad de obtener la mayoría en el congreso y en las alcaldías es la meta. "Con esto se lograría mejor gobernabilidad para el presidente Flores", agregó. Otros precandidatos son el director del sector juventud, Guillermo Gallegos; un dirigente departamental, Yudy Castillo; Francia Brevé; Mónica de Samayoa y los diputados Gerardo Suvillaga, René Figueroa y Julio Gamero. Aunque no se eligió al candidato a la comuna, Cristiani prometió que la elección se realizaría en menos de un mes (LPG 16.08. p. 4 y EDH 16.08 p.3).

FUSION. Convergencia Democrática (CD) y el Partido Demócrata (PD), presentes en la 3ª Convención Nacional Ordinaria del CDU, realizada el 15.08, acordaron fusionarse después de los comicios del año 2000. Juan Ramón Medrano, del PD, expresó: "creemos que es lo más conveniente. Nuestros pensamientos políticos son coincidentes desde hace años y ahora ya se hace necesario unificar esfuerzos para continuar avanzando, para convertirnos en una opción real de poder y para desplazar en su momento a ARENA". Durante la convención, CD eligió a sus nuevas autoridades, incluyendo a Rubén Zamora como secretario general. Convergencia también redefinió su posición ideológica, reiterando su pensamiento social demócrata. Por otro lado, Zamora señaló que el apoyo a la reelección de Héctor Silva como alcalde capitalino puede ser viable, siempre y cuando se establezcan bases claras para la participación en una eventual coalición. Aclaró que a Silva no se le ha pedido la renuncia a la militancia en el FMLN para gozar del apoyo del CDU. "Lo que queremos que quede claro es que si lo apoyamos no se haga referencia a un partido sino a la coalición de partidos que lo propone", expresó. (LPG 16.08 p.5).

MARCHAS. Trabajadores del sector salud han amenazado con suspender el servicio de consulta externa en 10 hospitales públicos del país. Empleados de ANDA, obras públicas, juzgados y aduanas también pretenden suspender labores el 16.08. Estas decisiones responden a que el Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI) ha convocado a una huelga. "La medida se realizará para presionar al gobierno que suspenda los planes de privatización de servicios públicos y aborte el anteproyecto de aplicación del IVA a los cereales", explicó René Amaya, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud (ANTMPAS). Cumplir con la ley de escalafón y reformar la Ley del Presupuesto también figuran entre las demandas de los sindicatos y asociaciones de empleados estatales. La semana anterior, los gremios dieron a Flores un ultimátum para resolver la problemática laboral. Las protestas, según MOLI, se generan por diversas razones. Entre otras, se reclama la demora de 5 meses en la aprobación de la Ley del Presupuesto general de la Nación y se protesta por las disposiciones del artículo 11 de dicha normativa, cuya aplicación impidió que los trabajadores del sector público recibieran sus remuneraciones y aumentos entre enero y mayo de este año (LPG 16.08 p.8).

DESMOVILIZADOS. Las demandas de los trabajadores estatales y de los ex patrulleros, que anunciaron huelgas y más protestas a partir del 16.08, son imposibles de cumplir, según expresó, el 15.08, el presidente Flores. Dijo lamentar que haya "individuos y grupos que escogen los caminos de la ilegalidad y la irracionalidad para buscar sus objetivos". Se refirió explícitamente a los ex patrulleros y a los sindicatos de trabajadores de diversas instancias públicas. Los primeros llevaron bloquearon carreteras durante la semana pasada y sus enfrentamientos con la policía dejaron como saldo dos ex paramilitares muertos, decenas de detenidos y heridos. Empleados de ANDA y Obras Públicas, maestros, trabajadores de salud y otros han anunciado paros laborales. "Sabemos que queriendo retroceder al pasado, diferentes asociaciones están planificando huelgas, marchas y esquemas de agitación callejera", dijo Flores. Todos los empleados coinciden en las demandas: reivindicaciones salariales. Pero Flores ha dicho que estas son "demandas que nuestra realidad económica no permite cumplir". Finalmente, el mandatario exhortó a los salvadoreños a buscar el diálogo. Asimismo, aunque no dio fecha, aseguró que próximamente el gobierno anunciará acciones adicionales a implementar (EDH 16.08 p.6).

HUELGA. La huelga de cinco días a la que convocaron las gremiales de trabajadores estatales contra el gobierno tuvo poco apoyo en su primer día (16.08). Los sindicatos de trabajadores de distintos ministerios y dependencias estatales iniciaron la jornada de huelgas en demanda de mejoras salariales. En la capital, las diferentes dependencias del Estado reportaron poco o ningún apoyo a la huelga. Sin embargo, en ANDA y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) los trabajadores abandonaron sus labores, no así los empleados administrativos, quienes sí laboraron, pese al llamado hecho por el Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI), que dice aglutinar a todos los empleados estatales sindicalizados. Por su parte, el Ministerio de Educación dijo que ninguna escuela apoyó la huelga. En el Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador, la convocatoria hecha por la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUS) fue ignorada. Los sindicalistas se apostaron en los portones de acceso al Centro Judicial e impidieron el ingreso de los empleados y el público; sin embargo, en el interior de las instalaciones, todos lo tribunales, sin excepción, laboraron con normalidad. Por su parte, los empleados de los juzgados de Santa Tecla sí acataron la orden de la gremial y abandonaron sus labores, excepto los jueces que llegaron a efectuar diligencias (EDH 17.08 p.6).

ACUSACIONES La presunta entrega de diez millones de colones a los ex patrulleros de parte del partido ARENA, antes de las elecciones, ha desatado acusaciones entre varios políticos de manipular a ese sector. El diputado Horacio Ríos fue acusado de manipular el movimiento; sin embargo, el 16.08, Ríos se defendió y acusó a ARENA de engañar a los ex paramilitares con la entrega de 10 millones de colones provenientes de fondos para los afectados del "Mitch". Afirmó que dicha cantidad fue repartida entre 5 mil de aquéllos. El jefe de fracción de ARENA, Walter Araujo, no negó la entrega del dinero, pero argumentó que el mismo no tiene nada que ver con los ex patrulleros, ya que fue otorgado a campesinos en concepto de ayuda económica pos desastre. "Lo que sucede aquí es que están manipulando esto, como parte de una campaña de desestabilización y que incluso conlleva amenazas a muerte contra diputados y precandidatos a diputados", señaló Araujo. Por su parte, fuentes de la Secretaría Técnica Ejecutiva de Financiamiento Externo (SETEFE) confirmaron haber desembolsado los fondos de Hacienda, a iniciativa del Ministerio del Interior. Asimismo, un directivo de APROAS, organización conformada por ex patrulleros, aseguró haber recibido dinero de parte de ARENA a cambio de votar a su favor en las pasadas elecciones presidenciales (LPG 17.08 p.12).