Año 18
número 799
marzo 18
1998
ISSN 0259-9864
Editorial ¿Privatización o estatización?
Política ¿Cuál país?
Sociedad El gobierno, los medios y las mujeres
Internacional Las lágrimas de Pinochet
Política La sociedad civil salvadoreña no tiene iniciativa de ley
Derechos Humanos "Verdad 98"... Para que la historia no se repita
El incremento en las tarifas de energía eléctrica ha hecho que recobre fuerza el debate acerca de la privatización. Las opiniones sobre la misma se pueden dividir en dos bloques: las de quienes ven en la privatización el mecanismo idóneo y exclusivo para modernizar unas economías en franco rezago, con el subsecuente rechazo a cualquier tipo de intervención estatal, y las de quienes ven en ella uno de los grandes males de la humanidad, en cuanto que —como es el caso del incremento energético— afecta a los sectores mayoritarios de la sociedad, los cuales sólo pueden encontrar amparo en un Estado benefactor. Estas posiciones extremas plantean el siguiente dilema: o la vía para el desarrollo económico es la privatización, con ausencia absoluta del Estado, o la vía es un Estado intervencionista fuerte, que establece —asumiendo un rol activo— las reglas del juego económico-social.
Cuando los ánimos se caldean es que aparecen las posiciones más encontradas. Por supuesto, los abanderados de la privatización y de la supresión del Estado, amparados en la ofensiva neoliberal, no tienen reparos en exponer sus tesis a quienes desean escucharlas. Más aún, no tienen reparos en presentarse como los heraldos de una nueva era en el país: la era dominada por la eficiencia y los bajos costos en la producción.
Por su parte, los críticos más radicales de la privatización sostienen, en círculos más bien reducidos, su rechazo rotundo a la misma, lo cual justifican poniendo de relieve los casos que ilustran las maldades que se asocian a aquélla. No lo dicen expresamente, pero su aspiración es la recreación de un Estado de bienestar, de un Estado interventor (planificador) de la economía y subsidiador de las demandas sociales. Y es que, en el fondo, sólo se puede rechazar totalmente la privatización cuando implícita o explícitamente se acepta que la estatización es una alternativa más viable para el desarrollo económico-social. No apostar por esta alternativa significaría, para los denostadores de la privatización, no tener nada que ofrecer aparte de la dureza de sus críticas.
Las dos posturas que hemos reseñado están presentes en el debate acerca de la privatización. Tienen una cosa en común: ambas no parecen tomar en cuenta la realidad histórica, tanto del pasado como del presente. Los que apuestan ciegamente por la privatización olvidan que la misma es un instrumento que está (o debería estar) en función de la modernización económica, la cual a su vez debe ser coherente con un proyecto de desarrollo nacional del que tiene que hacerse cargo necesariamente el Estado. La privatización sólo tiene sentido si se inserta en esa lógica, pues de lo contrario se corre el riesgo de convertirla en un fin en sí misma. Ahora bien, inscribir los planes de privatización en un proyecto de desarrollo nacional supone tomar en consideración las condiciones sociales y económicas específicas de El Salvador, distintas en muchos aspectos a las condiciones chilenas, brasileñas o argentinas. En este punto, los asesores gubernamentales pecan de un simplismo exagerado, en cuanto que pretenden calcar aquí las experiencias realizadas en otros países con mayores niveles de desarrollo económico, político y social.
Los que apuestan por el intervencionismo estatal olvidan que el Estado salvadoreño arrastra, desde hace bastante tiempo, males que deben ser corregidos. La burocracia excesiva, el parasitismo laboral, la corrupción —no exclusiva del sector público, pero sí presente en éste en niveles intolerables— y los gastos improductivos son, entre otros, algunos de los males que han justificado las más duras críticas al Estado. Proponer un Estado subsidiador no es lo más atinado que pueden hacer los que rechazan frontalmente la privatización: a nivel económico es difícil que los subsidios— si se toma en cuenta el carácter siempre creciente de las demandas sociales— puedan mantenerse sin graves efectos sobre al aparato productivo; a nivel social, el conformismo y el aletargamiento de la población beneficiada minan su creatividad y su espíritu de trabajo; y, a nivel político, el populismo y la demagogia dan lugar a vínculos corporativos entre los gobiernos y sus "clientes" sociales, lo cual se presta al chantaje político de ambos lados: los gobiernos exigen fidelidad a sus clientes a cambio de favores; estos últimos reclaman favores a cambio de fidelidad, con lo que se crea un círculo vicioso nefasto para la democracia.
A estas alturas, no se puede alegar desconocimiento de las taras del Estado salvadoreño actual. Menos aún se puede proponer que el Estado continúe desempeñando las actividades que hasta ahora ha desempeñado o que se fortalezca conservando su misma estructura. Pero reconocer las taras del Estado no implica proclamar su abolición, a todas luces imposible por razones sociológicas e históricas. Se trata de impulsar una reforma a fondo del Estado, una reforma que no sólo haga más eficientes a sus instituciones, sino que le permita responder a cabalidad a aquellas demandas sociales que sí está a su alcance resolver, porque nadie mejor que el Estado para hacerlo. Pero allí donde se ponga de manifiesto que el Estado no es el mejor dotado para administrar recursos o para canalizar servicios, allí será preciso buscar mecanismos alternativos, y uno de ellos puede ser la privatización.
Lejos de plantearlas como dos realidades excluyentes, lo más razonable sería buscar un modo de articular coherentemente la privatización y la intervención estatal en un proyecto de desarrollo nacional. Esto supondría reconocer las limitaciones de una y otra, pero también reconocer que debidamente encauzadas pueden contribuir decisivamente a una modernización económica con equidad social. En la discusión que nos ocupa, como en tantas otras, lo mejor es buscar los puntos intermedios.
Con demasiada frecuencia se ha venido hablando últimamente en nombre del "país que todos queremos". Columnistas de prensa, políticos y funcionarios no pierden oportunidad en apelar a ese ideal para realizar sus análisis, hacer sus proyecciones o justificar su actuación en determinada coyuntura. Es más, pareciera que hoy en día no se hace nada que no vaya dirigido a construir ese país que todos deseamos. Pero ¿por qué esa tendencia tan generalizada a promover un deseo colectivo? Probablemente porque resulta muy esperanzador pensar que los esfuerzos que se están haciendo ahora van, en su totalidad, encaminados hacia la misma dirección.
Y es que la idea de un país querido por todos encierra, precisamente, la presunción de que existe ya un acuerdo definitivo con respecto al rumbo que éste debe tomar. Ya se logró la paz, ya se sentaron las Bases para el Plan de Nación, ¿qué más queda? pues ninguna otra cosa que emprender la tarea de llevar al país por el camino trazado. Se olvida en este planteamiento que tal acuerdo no existe, que es utópico pensar que los distintos sectores de la sociedad salvadoreña tienen una visión compartida en relación al destino de la nación. Se podrá afirmar, a lo sumo, que la mayor parte de los salvadoreños desean un país mejor, desean mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Aceptemos eso, pero ¿qué es lo mejor? y ¿qué es lo que hay que hacer para conseguirlo? Eso es lo que hay que preguntarse a la hora de hablar del "país que todos queremos".
Para ilustrar las desavenencias que podrían surgir a la hora de intentar darle respuesta a esas interrogantes, valga como ejemplo la polémica en torno al reordenamiento administrativo-territorial. Según las Bases para... tal reordenamiento es "indispensable" para lograr una "profunda descentralización pública", necesaria, a su vez, para alcanzar la "modernización del país". Mucho han difundido los políticos su deseo de que el país se modernice y, sin embargo, de antemano han protestado frente a la iniciativa de quienes se encargaron de elaborar una propuesta que recogiera la problemática nacional. No se ha aclarado aún si el desacuerdo de los alcaldes en ese punto del documento tiene que ver con lo mejor para el país o no.
De todas formas, la discusión que ha suscitado el reordenamiento administritivo-territorial presenta todos los síntomas que la acreditan para convertirse en uno de los tantos casos en que los intereses del país riñen con los intereses particulares de los políticos. Cosa muy frecuente y, por lo demás, del todo contradictoria con la idea que recoge la expresión "el país que todos queremos", ya que, de ser cierto que todos quisiéramos un país igual, tendríamos que estar todos dispuestos a sacrificar ciertos privilegios particulares en aras del bien colectivo.
Cabe aquí otro ejemplo muy significativo. El pasado jueves 5 de marzo, se cita en el editorial de El Diario de Hoy a un autor norteamericano que afirma que "lo mejor que puede hacer el gobierno por la economía es dejarla tranquila...no es lo que realiza el gobierno lo que produce prosperidad, sino lo que no hace: si no aumenta impuestos y si no regula, la economía crece..." En las líneas subsiguientes, el editorial se esmera en demostrar los beneficios económicos de la política de no intervención del Estado, introducida por la administración Reagan. Y, al final, opone el desarrollo a lo que da en llamar "sensiblería social"; es decir, asegura que es imposible pensar en conciliar desarrollo económico con asistencia social emanada del Estado.
Nada más alejado de las banderas que hoy en día iza cualquiera que tenga que ver con política. Representantes de los distintos partidos, de ARENA inclusive, proclaman su compromiso con la erradicación de la pobreza y señalan que para ello es necesario tomar medidas paliativas. No obstante, muchos —porque sería ingenuo pensar que la visión del editorialista de El Diario de Hoy es única en su especie— opinan que la preocupación por el bienestar de la mayor parte de la población es una "sensiblería" completamente improductiva que socava los intereses del desarrollo.
Basten estos dos ejemplos —porque todos los demás que pueden darse son de similar naturaleza— para ilustrar que la afirmación de que todos queremos el mismo El Salvador es o bien ingenua y simplista o bien excluyente y deliberadamente engañosa. Aceptamos ya que la idea de que todos deseamos el mismo país podría apoyarse en la presuposición de que todos queremos algo mejor —aunque ya vimos que lo "mejor" puede conducir a laberintos prácticos y conceptuales de difícil solución. Pues bien, es importante hacer ver que la idea en cuestión presupone también una visión unitaria de la nación, presupone la firme convicción de que "el país es un todo", de que "el destino nacional es un todo".
Sobra decir que es David Escobar Galindo el mayor exponente de esa concepción unitaria de nación. Con alguna frecuencia dicho autor se ha lamentado de la reticencia de ciertos grupos a aceptar esta perspectiva globalizante. Al respecto, ha señalado que no se trata de "diluir o socavar la diversidad", tampoco de buscar el predomino absoluto de una de las partes. Para él, se trata más bien de una integración de las partes al "todo plural". Y eso es cierto, compartimos la idea de que el destino nacional es un todo, porque en definitiva lo que pase en el país en el futuro nos afectará a todos. Por esa misma razón, sería ideal que los sectores más representativos de la sociedad lograran la integración mínima que exige cualquier planificación y ejecución que pretenda satisfacer a la mayoría.
El problema es que, francamente, el país no es un todo y que todavía está lejos de serlo. Hay unidad, claro está, en ciertos ámbitos que se circunscriben más bien a los campos sociológicos y antropológicos —aunque aun en ellos pueden encontrarse graves fisuras. Hay, mal que bien, costumbres y símbolos que nos unifican y hay una forma de ser salvadoreños que todos compartimos. Sin embargo, también están presentes aspectos fundamentales en los que el país no ha logrado ponerse de acuerdo, y que son, precisamente, los que le han impedido alcanzar esa unidad que Escobar Galindo defiende como algo ya conquistado. Uno de esos aspectos es, justamente, lo que tiene que ver con qué hacer con el país.
Claro que sería ideal que existiera ya un consenso al respecto, que todos quisiéramos lo mismo y estuviéramos dispuestos a trabajar en la misma dirección. No obstante, siendo realistas, eso no sucede ¿Cómo convencer a quienes defienden el libre mercado y rechazan la "sensiblería" que trabajar en el exterminio de la pobreza es lo más conveniente para el país, cuando ellos creen precisamente lo opuesto? ¿Cómo hacer que los políticos se convenzan de que el beneficio del país debe estar por encima de sus propios intereses y actúen en consecuencia? ¿Cómo, en definitiva, se puede hablar de que todos queremos lo mismo, si no todos comparten la idea de que lo mejor para el país es integrarse y ser una unidad?
Es innegable la importancia del esfuerzo que actualmente se está haciendo por recoger opiniones e integrar proyectos. Qué duda cabe de que eso es algo que debe hacerse y que nadie había hecho antes. Asimismo, es indudable que sólo las posiciones moderadas que tengan un interés por escuchar y resolver los problemas de la mayoría podrán contribuir a convertir a El Salvador en un país más habitable, en donde las diferencias sociales no minen la dignidad humana. Empero, no hay que dejarse llevar tan fácilmente por la utopía, no se pueden dar por sentadas bases que no existen. "El país que todos queremos" implica la pregunta por quiénes somos y por si es cierto que todos queremos lo mismo. ¿Pareciera ser esto último posible en el momento actual de la transición democrática?
El día más oportuno para recordar, exigir y celebrar los derechos y la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad recién acaba de pasar. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y el evento fue propicio para que muchas activistas, que abogan y esperan mejorar la inestable situación de las mujeres, marcharan en un despliegue de mantas alusivas, porras, pitos y sonidos, realzando el representativo color morado. Las caravanas marcharon los días 6, 8 y 9 de este mes en memoria de aquellas 129 mujeres que, en 1957, fueron asesinadas en Nueva York por demandar una mejor condición laboral. Pero, además, las participantes de la celebración abogaron por una nación comprometida con las mujeres y se pronunciaron acerca de los resultados de la Política Nacional de la Mujer.
Simultáneamente, y no por coincidencia, se celebró el Festival de las Mujeres en las Artes en el Parque Cuscatlán. Fue una forma particularmente distinta de hacer valer la presencia de la población femenina a través de espectáculos artísticos. Así, con mucha dificultad y poca ayuda, las mujeres salvadoreñas proyectaron su posición ante la sociedad como personas individuales y como una colectividad que, no sin duro esfuerzo y variados obstáculos, está logrando escalar peldaños, ocupar espacios y, sobre todo, sacar a la luz pública la ancestral situación de crisis de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública y privada.
Ahora bien, el desarrollo y promoción de programas y eventos como los que nos ocupan tienen su raíz en el interés, el trabajo y la lealtad de muchas mujeres que están dentro del movimiento feminista y, además, en el respaldo social y financiero de ONG’s y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), creado en marzo de 1996 como una respuesta a las necesidades cada vez más apremiantes de la reivindicación de los derechos del sexo femenino. El ISDEMU es una importante iniciativa, pues significa una paso sustancial hacia la evolución de la visión de género a nivel estatal. No hay que olvidar que son las entidades con un cierto poder e influencia las que tienen la capacidad de hacer emerger —o enterrar— una propuesta, un propósito o, en este caso, un proyecto, cuyo objeto es ayudar a la mujer a alcanzar una mejor forma de vida.
De hecho, sin retroceder mucho en el tiempo, hace 10 años la administración salvadoreña no tenía —ni pensaba en tener— en su agenda el objetivo de promover el desarrollo de la mujer. Durante décadas esto fue así, principalmente, porque, desde su expresión más básica hasta los proyectos más importantes y decisivos, el gobierno estaba dirigido y regulado por y para los hombres. Es decir, que velar por el cumplimiento y la creación de "las normas, la organización y funcionamiento en base a los principios de la democracia representativa" era tarea casi exclusiva del sexo masculino. De los hombres dependía que los conflictos sociales salieran a flote o se quedaran ocultos. Aun ahora, cuando el acceso de las mujeres a las esferas de decisión pública se ha flexibilizado, las limitaciones a las que tiene que hacer frente el movimiento femenino en el país son, en muchos aspectos, iguales a las de siempre. Y el primer obstáculo que tiene que sortearse es el del ingreso a la agenda de proyectos y acciones de los tres poderes más determinantes de la Nación.
A lo anterior hay que añadir que el Estado y su forma de gobierno están íntimamente ligados a los medios de comunicación. Aunque éstos son un poder en sí mismos, los intereses gubernamentales influyen directamente sobre su agenda y sus regulaciones en cuanto a la programación y sus contenidos. Al igual que el gobierno, los medios son determinantes acerca de aquello que estará o no en debate público. Además, la relación gobierno-medios funciona en el siguiente sentido: originalmente, se concibe a estas instituciones de difusión colectiva como "los guardianes", los protectores del público frente a los errores y abusos de los gobernantes. Gracias a este concepto --real o ficticio--, los medios son considerados como el cuarto poder. Funcionan como los divulgadores de las normas sociales; son los que interceden entre el gobierno y los ciudadanos. Esto facilita, para bien o para mal, que el poder de los medios vaya de la mano con el poder del Estado.
En este sentido, ambas fuerzas, pueden dar pie a lo que podría ser la promoción y el respaldo básico para sacar adelante la lucha que diversos sectores vienen haciendo para dar a la mujer el lugar que le corresponde tanto en la familia como en la sociedad. En primer lugar, porque son el gobierno y sus órganos fundamentales los que tienen mayor capacidad de imponer las atribuciones y competencias establecidas por la Constitución de la República. En segundo lugar, porque los medios, como divulgadores de valores y como forjadores de comportamientos, tienen toda la capacidad de crear una línea de pensamiento favorable a los intereses y aspiraciones del sector femenino salvadoreño. Tomando en cuenta su alcance, sobre todo en el caso de la televisión y la prensa escrita, les sería más fácil mover piezas claves, responsabilizar a las distintas entidades, hacer públicos los problemas e involucrar a otras instituciones para dotar al movimiento en pro de las mujeres de un carácter nacional.
Los medios de comunicación son parte de la vida cotidiana de la mayoría de salvadoreños. Son leídos, escuchados y vistos día a día. Son los que informan y divierten a la población. Impactar al público con la problemática de la mujer sería cuestión de plantear una estrategia seria y eficaz, denunciando las violaciones y abusos, abriendo campos de servicio social para las mujeres, entre muchas cosas más. Evidentemente, antes de iniciar una tarea como la descrita, al interior de los medios tendría que operarse una revisión de sus programas y de su publicidad, que permitiera eliminar todo aquello que denigra a las mujeres o que las encasilla en la jerarquía tradicional en la que su rol es el de esposa abnegada, siempre dispuesta a servir y a complacer al hombre.
En vista de que parte de la tan perseguida igualdad de sexos es responsabilidad de las élites dirigentes, es iluminador traer a cuenta, como ejemplo, el discurso del Presidente Armando Calderón Sol, el 8 de marzo, en el que realzó la función del ISDEMU. El mandatario aseguró que, como organización estatal, el ISDEMU ha venido impulsando acciones en favor de la mujer salvadoreña en todos los ámbitos; asimismo, hizo mención de algunos de los logros más significativos de la institución. En general, Calderón Sol se mostró satisfecho por las acciones referentes a la situación femenina y prometió continuar trabajando en favor de la mujer. Llama la atención el optimismo del gobierno al enunciar el "mejoramiento de la condición de la mujer" como "un proceso irreversible". Todo ello en una conexión evidente con los medios que también se mostraron involucrados en el tema al presentar y publicar una variada gama de reportajes y artículos para hacer conciencia de la importancia del Día Internacional de la Mujer.
El General Augusto Pinochet acaba de dejar la jefatura de las fuerzas armadas chilenas. A la hora de dejar el poder castrense, Pinochet no pudo contener las lágrimas y, entre sollozos, tuvo que resignarse a pasar el trago amargo de dejar el puesto desde el que tanto daño hizo al pueblo chileno. A cambio, ha recibido como premio el cargo de senador vitalicio. Vaya absurdo más grande rendir semejante tributo a quien merecería estar en la cárcel pagando por crímenes de lesa humanidad. Un asesino recibiendo honores que sólo merecen aquellos que han empeñado su vida por el imperio de la justicia y la solidaridad. Este es el colmo de la democracia chilena.
No faltará quien diga que, pese a todo —pese a los asesinatos, las cárceles, el terrorismo que vivieron los chilenos—, Pinochet sacó adelante al país en materia de desarrollo económico, y que por eso merece los reconocimientos que se le hacen. Aceptar eso sería aceptar que el crecimiento económico es un bien superior ante el cual todo lo demás —incluidas las vidas humanas— es secundario. También sería aceptar que el crecimiento económico sólo se podía alcanzar en Chile si era acompañado de una represión brutal como la que dirigió el ahora senador vitalicio. Ni una ni otra cosa son aceptables. Ni las vidas humanas son algo irrelevante, puesto que son las que en definitiva dan sentido a la economía, ni la represión brutal es necesaria para avanzar en el desarrollo económico. Esto último sólo cabe en mentes de trogloditas como Pinochet, Stalin o Hitler.
Las lágrimas de Pinochet son una vergüenza y una burla para la democracia chilena. El no llora —como sería de justicia— por los miles de muertos que carga sobre sus espaldas, no llora de arrepentimiento, sino que llora porque deja la institución de la que se sirvió para llevar adelante sus planes de exterminio de la oposición política, los sindicatos y las universidades. Llora porque deja el poder que le permitió encerrar y torturar a los chilenos en el Estadio Nacional; llora porque sabe que ya no va poder dirigir por la fuerza los destinos de su país. Ni de lejos un sollozo de arrepentimiento; ni de lejos un sollozo porque es repudiado o porque la juventud lo detesta. Los sollozos son porque ya no va a poder mandar a incinerar a quienes lo repudian y rechazan.
Muchos de nuestros militares —para quienes Pinochet es un héroe— han de estar felices con el desarrollo de los acontecimientos en Chile. Han de decirse para sí que ser senador vitalicio es el justo premio para quien limpio a su sociedad de comunistas, esa "lepra roja" que amenazaba al mundo libre y cristiano. De lo único que quizás se lamentan muchos de los militares salvadoreños es que ellos no fueron capaces de limpiar al país del cáncer comunista, por más que se inspiraron en las enseñanzas de su héroe para exterminar a cuanto comunista confeso, comunista presunto o amigo de comunista se pusiera a su paso. Porque los asesinatos que cargan sobre sus espaldas varios de nuestros militares no desmerecen de las enseñanzas de su maestro y modelo.
Haber cuando, como premio por las torturas, terror y muerte que ejercieron, no piden que se les otorgue el título de "diputados vitalicios". Muchos militares serían felices con ese reconocimiento. A la gran mayoría de ellos ni se le cruza por la cabeza la idea de arrepentirse o dar cuenta ante la justicia por los crímenes cometidos.
Mientras ese reconocimiento llega, bastantes militares han comenzado a buscar por su cuenta reconocimientos y honores que hagan olvidar a todos su oscuro pasado. Algunos se han hecho de uno que otro título universitario y, cuando se ha podido, de un lugar en la burocracia de alguna universidad. A otros, les ha dado por el análisis de todo cuanto quepa imaginar, para lo cual no les ha faltado espacio en nuestros democráticos medios de comunicación. Los hay quienes tienen a su disposición hasta una Radio Corporación. Y, finalmente, los más pragmáticos se han convertido en respetables hombres de negocio —con el capital que hicieron cobrando pólizas de soldados muertos, por ejemplo—, de los cuales ni cabe sospechar que cotidianamente y con frialdad ordenaban las muertes más salvajes.
En el fondo, nuestros militares también sollozan al recordar los tiempos en que ellos decidían a su antojo quién merecía vivir y quién morir. Pero en el fondo también ellos se ríen: ni han rendido cuentas ante la justicia por sus crímenes ni se han arrepentido públicamente por los males que causaron al país.
Moción
En la práctica legislativa salvadoreña, el término moción tiene las aplicaciones siguientes: sinónimo de petición, de solicitud y de pieza de correspondencia que puede ser remitida a la Asamblea Legislativa por cualquier persona natural o jurídica. Comprende también que un diputado le otorgue iniciativa de ley a una solicitud de alguna comunidad, asociación de vecinos, cooperativa, etc.; petición que hace cualquier diputado a la Asamblea Legislativa; propuesta de modificación que plantea el diputado en el contexto de un debate sobre un proyecto de ley o de un artículo en especial, ya sea en la sesión de la comisión o en el plenario legislativo; petición que formula un diputado en nombre de ciudadanos, comunidades, instituciones, etc.; moción de orden que exponga algún diputado sobre una situación específica; escrito en el cual los diputados solicitan información a alguna institución del Estado.
No obstante, la analogía y la diferencia que hace el gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa de El Salvador sobre la petición y la moción es que ambas son solicitudes, pero las mociones provienen directamente de los diputados y la petición es aquella que no es pedida por algún diputado.
Lo que se encuentra relacionado con el término moción, en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa de El Salvador, está en el Art.45: "El diputado(a) que hiciere alguna moción, la presentará por escrito antes de la sesión, pudiendo ampliar de palabra las razones en que se funda. En los asuntos en que no haya de recaer decreto, orden o disposición trascendental para toda la República, se admitirán mociones verbales que puedan considerarse y resolverse en la misma sesión, a juicio de la Junta Directiva".
Iniciativas en la formación de las leyes
La iniciativa de ley es un atributo del pueblo, igualmente de algunas instituciones, funcionarios y poderes públicos, que consiste en el derecho y potestad reconocidos en los Estados de derecho democrático de proponer reformas, abrogación, interpretación auténtica de una ley, o de someter algún proyecto de ley a la aprobación de la Asamblea Legislativa; "la forma de concretarse la iniciativa es la escrita, casi siempre con razonamiento o exposición de motivos, con un texto articulado"(N. Serrano, 1984), estudios de impacto, costo de la misma y documentación anexa. La iniciativa es el primer paso que marca el inicio del proceso de la formación de la ley, "como ocurre en la inmensa mayoría de los casos en los Parlamentos contemporáneos"(F. Rubio, 1993).
El derecho de iniciativa de ley varía de un sistema político a otro. En los sistemas políticos autoritarios la iniciativa es limitada y rígida en la práctica, aunque en términos formales pueda plantearse como amplia; en los sistemas políticos democráticos la iniciativa es flexible y amplia, tanto en términos formales como reales. El derecho de la iniciativa legislativa lo pueden ejercer, por ejemplo, los diputados, el ciudadano, los ministros, el presidente del país, la Corte Suprema de Justicia, gobiernos regionales y municipales, Tribunal Supremo Electoral y Universidades.
Las iniciativas de ley popular
Es la participación semi directa de la población civil y consiste, fundamentalmente, en el reconocimiento del derecho soberano que reside en la población para que cualquier ciudadano (parte del cuerpo electoral) pueda presentar iniciativas de ley ante la Asamblea Legislativa; iniciativas que estén respaldadas o apoyadas por un porcentaje o número mínimo de firmas de la población. De acuerdo con Hans Kelsen, "a virtud de la iniciativa popular, un determinado número de ciudadanos tiene el derecho de presentar un proyecto de ley, sobre el cual el Parlamento debe de deliberar y decidir".
En América latina, por ejemplo, los países en los cuales los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa popular son Perú, Argentina, "Guatemala, Ecuador y Venezuela"(J. Lambert, 1987). Conforme con la Constitución de la República de Venezuela, en el Art.165, se reconoce el derecho de iniciativa "a un número no menor de veinte mil electores de acuerdo con la ley".
En Europa, la iniciativa de ley de la ciudadanía ha sido reconocida, por ejemplo, en España, Suiza y en Italia desde la Constitución de 1947, en el Art.71, "mediante una propuesta apoyada por no menos de 50.000 votantes". Esta normativa todavía tiene vigencia, pero hay que tomar en cuenta que la población de Italia es de más de 57 millones de habitantes.
Las iniciativas gubernamentales
El Poder Ejecutivo es una de las principales fuentes de iniciativas legislativas. Una de las razones es que dispone de medios técnicos, centros o institutos de investigación, personal especializado y con asesoría legal. El conjunto de estas iniciativas marca el rumbo político, económico y social del Poder Ejecutivo; de igual forma, la naturaleza democrática, autoritaria o dictatorial, en éstos dos últimos casos, además será excluyente y discriminatoria.
Las iniciativas legislativas
Una de las principales funciones de la Asamblea es legislar. El proceso de formación de la ley da comienzo con la iniciativa legislativa, pero cuando existe un subdesarrollo de las condiciones de trabajo legislativo, falta de recursos humanos cualificados, insuficiencia de medios materiales, deficiente infraestructura legislativa, bajo nivel académico, ético y moral de los diputados, partidos políticos antidemocráticos; la sumatoria de éstas condiciones dará como resultado, por ejemplo, que la iniciativa de ley de los diputados será prácticamente nula y posiblemente habrá de ser, además de escasa, ineficaz, injusta y antidemocrática.
Las iniciativas legislativas en El Salvador
"En El Salvador, el 95 por ciento, si no más, de las iniciativas de trascendencia llegan del Presidente, a través de sus ministros, inducidas por éstos o por los grupos económicos poderosos. El porcentaje residual, corresponde a lo poquísimo que logra pasar bajo la presión de los sectores populares. Lo que la Asamblea pudiera legislar, por iniciativa propia, de un modo científico, reposado y con perspectivas es verdaderamente irrelevante, y más bien es nulo"(Gerson Martínez, 1994).De acuerdo con el jurista salvadoreño Jorge Alberto Gómez, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES) y profesor de derecho constitucional, la iniciativa estriba en: "la facultad que la Constitución otorga a ciertos funcionarios u órganos colegiados estatales, para presentar proyectos de ley al órgano Legislativo, a efecto de que se les dé el tramite legal, desaprobándolos o convirtiéndolos en ley".
Para el caso de El Salvador, según el Art.133 de la Constitución Política, tienen exclusivamente iniciativa de ley: (a) los diputados; (b) el Presidente de la República por medio de sus ministros; (c)la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales; (d) los Consejos Municipales en materia de impuestos municipales.
Introducción
Para muchas personas que en El Salvador trabajaron y trabajan por la defensa de la dignidad humana, es un hecho recurrente —desde que se acordó el cese del enfrentamiento armado— el asistir a eventos en Centroamérica y el resto de América Latina donde, de una u otra manera, se discute sobre los hechos ocurridos durante las etapas recientes de la violencia política y bélica que, en mayor o menor medida azotó la región. Pero no sólo eso; también en dichos encuentros hemos escuchado lo que —bien o mal— se ha hecho en los otros países para superar en lo posible el daño causado a las víctimas, tanto directas como indirectas, y a las sociedades en su conjunto.
Y siempre, cuando acudimos a tales foros, nos encontramos con las manos vacías en relación al segundo de los aspectos apuntados, sin nada en concreto para enriquecer el debate. Porque no obstante lo duro y doloroso del prologado sufrimiento infligido a nuestra sociedad, en El Salvador se desperdiciaron y despreciaron las oportunidades para hacer algo positivo en tal sentido.
De tales posibilidades, la mayoría y las más importantes se generaron —sin duda— tras la presentación del informe elaborado por la Comisión de la Verdad, que fue la instancia creada por las partes durante las negociaciones que pusieron fin a la guerra, con el claro propósito de coadyuvar a la superación de la impunidad mediante la elaboración de recomendaciones concretas cuya realización fue asumida —de manera explícita— como un compromiso a cumplir por el gobierno y las fuerzas insurgentes.
El 15 de marzo de 1993 el mundo conoció tal informe, dentro del cual se consignaban valiosos y acertados mecanismos para lograr ese propósito y abonar el camino hacia la llamada "reconciliación nacional". Pero, lamentablemente, cinco días después se aprobó una de las aberraciones jurídicas más grandes que ha conocido la comunidad nacional e internacional de derechos humanos: la amnistía general mediante la cual se auto perdonaron los responsables de las atrocidades cometidas a lo largo y ancho del territorio nacional.
De las recomendaciones incluidas en el último grupo de recomendaciones del informe —precisamente el titulado "Medidas tendientes a la reconciliación nacional"— no se cumplió ninguna. Del resto, algunas no se acataron ni siquiera formalmente y la mayoría de ellas realmente no han sido bien asumidas; las pocas que se lograron concretar de forma y de fondo, fue como resultado de la presión ejercida por la comunidad internacional a través de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL).
Luego de cinco años de haber salido a la luz pública ese trascendental documento, medianamente divulgado y extensamente ignorado, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA se ha propuesto volver a levantar el tema y llevarlo hasta los primeros niveles de la agenda nacional y —lo más importante— introyectarlo en la conciencia de una población víctima aún de la violencia, el temor, la inseguridad y el desencanto.
Para acercarse a este objetivo, el IDHUCA ha propuesto la realización de un evento denominado Festival "VERDAD 98", aunando esfuerzos de organización y convocatoria con otras dos entidades de la sociedad civil involucradas en el tema: la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas (PRO BÚSQUEDA) y la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (DIGNAS).
I. Naturaleza
El Festival "VERDAD 98" es un evento multimedia creado y organizado por el IDHUCA, con la intención y el interés de subrayar y dinamizar el significado del informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador, así como la necesidad de su conocimiento y apropiación por parte de toda la sociedad salvadoreña para cumplir con sus recomendaciones. Su primera edición arranca ahora, en 1998, inaugurándose el viernes 20 de marzo y clausurándose el día en que se conmemora el 18 aniversario del martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero: martes 24 de marzo.
Por su complejidad y envergadura, el Festival "VERDAD 98" ha requerido el involucramiento activo y decisivo de otros organismos de la misma Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", como son: el Centro Cultural Universitario, el Centro de Producción Videográfica y la Radio YSUCA.
El tema-eje de este evento es el de enfrentar en el presente la verdad de los hechos y los errores del pasado, porque sólo así garantizaremos la sociedad pacífica y solidaria del futuro. De esta formulación surge el lema principal del Festival: "Para que la historia no se repita".
II. Objetivos
1) Impactar y sacudir a la sociedad salvadoreña para que ésta retome, con renovada visión, la temática consignada en el informe de la Comisión de la Verdad.
2) Provocar e insertar una reflexión contundente en la sociedad salvadoreña sobre la necesidad ineludible de asumir y saldar la verdad conflictiva del pasado, como requisito fundamental para construir una convivencia social verdaderamente humanizada y humanizante.
3) Masificar la proyección comunicacional del tema-eje del Festival, involucrando el debate y la reflexión en espectáculos artísticos, eventos religiosos, espacios y programas en mass media.
4) Institucionalizar un espacio permanente y sistemático que dinamice el debate, reflexión y participación masiva en torno a la efemérides motivadora del tema-eje, reeditando cada año —en el mismo período— este evento.
III. Actividades
Durante los cinco días de su duración, dentro del Festival "VERDAD 98" se conjugan seis eventos principales:
1) Ciclo de cine latinoamericano sobre derechos humanos, proveniente de Argentina.
2) Gran concierto con los siguientes artistas centroamericanos: Carlos Mejía Godoy, Los de Palacagüina, Luis Enrique Mejía Godoy, Adrenalina y Exceso de Equipaje.
3) Misa de aniversario en memoria de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
4) Debate radial con "micrófono abierto" sobre el tema: "Monseñor Romero y su pasión por la verdad en El Salvador". En esta acatividad participarán: Dr. Rodolfo Mattarollo, director adjunto de la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Dr. Roberto Cuéllar, director de Investigación y Desarrollo y del Área de Sociedad Civil del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH); Dra. Margaret Popkin, representante del Memorial Center "Robert F. Kennedy"; y Dr. Jon Sobrino, teólogo y director del Centro Pastoral "Monseñor Romero" de la UCA.
5) Panel-foro transmitido en vivo por la Radio YSUCA, con la participación de los especialistas internacionales antes citados junto al Dr. Christian Tomuschat, comisionado coordinador de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala; el Mtro. Rodolfo Cardenal, vice rector académico de la UCA; y la Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés, procuradora para la defensa de los derechos humanos. Con esta actividad se pretende que la sociedad salvadoreña conozca el estado en que se encuentran los procesos de verdad en El Salvador y América Latina.
6) Página Web en Internet sobre desarrollo del Festival.
El Festival "VERDAD 98" ha sido posible gracias al aporte de entidades humanitarias como la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, el Comité Central Menonita de Estados Unidos, COMUNAD (organismo de cooperación de la Iglesia Reformada de Estados Unidos) y DIAKONÍA de Suecia. También, con una visión amplia y moderna, lo han apoyado Radio FEMENINA y la Embotelladora "La Cascada"; asimismo, para su realización se ha contado con la valiosa participación de la Alcaldía Municipal de San Salvador y la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la sub dirección general de operaciones.
Finalmente, este evento —que, insistimos, espera llegar a convertirse en una actividad permanente de toda la sociedad salvadoreña— ha sido apoyado generosamente por personas particulares, a nivel individual o familiar, que en esta nueva etapa que vive El Salvador han confirmado sus valores y ahuyentado sus fantasmas alrededor de los derechos humanos, por haber sido víctimas de graves violaciones a los mismos después de la firma de la paz en el marco de una violencia que persiste y de la impunidad que aún protege a sus responsables. Los fondos recolectados mediante estas colaboraciones así como los provenientes del concierto que se realizará el sábado 21 de marzo, serán destinados a cubrir los gastos globales del Festival "VERDAD 98" y diversos proyectos que sostiene la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas.
Dentro de las actividades desarrolladas en estas jornadas llenas de arte y reflexión, se debe destacar el homenaje del IDHUCA a la persona de la Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés, como un reconocimiento por su efectiva e invaluable labor al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Y es que menos no se puede hacer, ya que se deben poner las cosas en su justo lugar: los frutos de su gestión han quedado plasmados en todos aquellos casos en los que la institución hizo valer los derechos humanos de la población, sin distinción alguna y no obstante la miopía pertinaz de quienes—por sus cortos intereses partidarios o sus afanes de protagonismos inmerecidos —se empeñan en negarnos la posibilidad de que ella continúe contribuyendo, desde la PDDH, a construir el Estado democrático y participativo de Derecho por el que tantas vidas fueron sacrificadas.
MANIFESTACION. Un grupo de mujeres, agrupadas en el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), participó en una manifestación en protesta por "la marginación de la que siguen siendo objeto las mujeres en el país", el 09.03. En el hecho, las manifestantes denunciaron que en el documento de Bases para el Plan de Nación no se mencionan los derechos de la mujer, al tiempo que negaron las afirmaciones hechas por el gobierno a cerca de que la marginación femenina se había visto reducida en un 54%, y exigieron a la Secretaría Nacional de la Familia y al Instituto Nacional para el Desarrollo de la Mujer mayor participación en la elaboración de políticas que persiguen la inclusión de este sector de la población (LPG 10.03 p.18; DH 10.03 p.16).
AUDIENCIA. El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) solicitó al Presidente Calderón Sol, en una carta abierta publicada el 12.03, una audiencia urgente para dialogar las demandas que este gremio presentó hace 11 meses a las autoridades del ISSS. Según los sindicalistas, los representantes de dicha institución se han negado a negociar las propuestas, pese a que éstas son "de beneficio colectivo", ya que incluyen no sólo a los trabajadores, sino también a los derecho-habientes. En el documento, los sindicalistas argumentaron que su "responsabilidad histórica" los hacía recurrir a "acciones que van más allá de las consideradas habituales" (DL 12.03 p.9).
AUMENTO. El Presidente Armando Calderón Sol anunció, el 16.03, que propondría un aumento al salario mínimo de 3.50 colones diarios. Así, de fructificar la propuesta, el salario mínimo se incrementaría a 1,255 colones mensuales. El aumento tendría como objetivo evitar consecuencias negativas en el presupuesto de los trabajadores con la entrada en vigencia del nuevo sistema de ahorro de pensiones, según el cual el descuento mensual a los cotizantes se incrementaría en un 3% (LPG 17.03 p.6; DH 17.03 p.3).
PROCURADOR. Los cinco candidatos para el puesto de procurador de Derechos Humanos asistieron a la Asamblea Legislativa, el 16.03, para entrevistarse con los diputados de dicho órgano. A la reunión asistieron Eduardo Urquilla, procurador adjunto de Derechos Humanos; Francisco Díaz, director de FESPAD; Luis Méndez, líder de ONGs; Marcos Valladares, ex diputado y asesor del PCN, y Rosalío Tóchez, ex magistrado de la Corte de Cuentas y miembro del PDC. La entrevista, que consta de 12 preguntas elaboradas por la Comisión Política de la Asamblea, pretende evaluar la "idoneidad" de los candidatos para ocupar el cargo. Por su parte, Francisco Díaz expresó que el mecanismo de elección adolecía de criterios eminentemente partidistas y excluyentes de la opinión pública, pero se presentó junto con los demás aspirantes a la entrevista (LPG 17.03 p.6).
VISITA. El secretario adjunto de Estado de EEUU, Jeffrey Davidow, realizó una visita oficial a nuestro país los días 11 y 12.03. Durante su estadía, el funcionario verificó el estado de dos proyectos en los que se ha invertido dinero de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), a la vez que sostuvo reuniones con el Presidente Calderón Sol, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados de la Asamblea y con representantes de los principales partidos políticos nacionales. Con ellos discutió temas relacionados con cooperación económica, migración, comercio regional, modernización de la economía y lavado de dinero. Davidow expuso la posición de su país con respecto a este delito que mantiene en alerta a todos los países de Latinoamérica, porque, a su juicio, "donde hay bancos, dinero y seres humanos, hay lavado de dinero". El presidente de la CSJ, Eduardo Tenorio, reaccionó a estas aseveraciones afirmando que en nuestro país el problema no se experimenta con tanta intensidad como en otras sociedades, y que uno de los obstáculos para hacerle frente es la poca capacidad de investigación y tecnología que posee El Salvador. Davidow reconoció que existen sectores que están luchando contra el lavado de dinero, y dijo que su país estaba en disposición de brindar asistencia técnica, si esta era necesaria (EM 11.03 p.3; LPG 12.03 p.14; DH 12.03 p.2).
ENTREGA. Las 262 alcaldías del país recibieron, el 11.03, los primeros 110 millones de colones correspondientes al 6% del presupuesto nacional asignado a principios de este año. Los fondos fueron entregados por el Presidente Calderón Sol, a pesar de que aún no ha sido terminado el reglamento del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) que normará su utilización. El mandatario recordó a los alcaldes que ese dinero debía ser invertido en beneficio de sus municipalidades, tal y como lo establece el reglamento que será presentado la semana próxima, el cual dispone un 80% de los fondos a obras de mejoramiento municipal y el restante 20% a gastos administrativos. El presidente del ISDEM, Martín Zaldívar, hizo entrega del primer desembolso, el 13.03, a los 262 alcaldes e insistió en que debían "maximizar sus recursos para el beneficio de sus propias comunidades". Por otra parte, algunos alcaldes expresaron inconformidad ante la reducción en el presupuesto que implicó la aplicación del decreto 76 de la Ley del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES), "Ahora debemos priorizar las obras más importantes, pues contamos con menos presupuesto", dijo José Estrada, edil de Apopa; mientras que Manuel Aguilar, alcalde de Soyapango, afirmó que "todo fue un juego político del Gobierno Central para afectar a las alcaldías lideradas por el FMLN" (LPG 11.03 p.37 y 12.03 p.6; DH 12.03 p.46 y 14.03 p.14 y 38; DL 14.03 p.2).
PROPUESTA. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), junto con otras organizaciones del sector privado, presentó, el 10.03, una propuesta de incremento a los impuestos municipales en respuesta a las negociaciones que mantiene la gremial con el alcalde de San Salvador, Héctor Silva. El documento fue presentado, a la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, por la directiva de la asociación, junto con los presidentes de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). ANEP propone efectuar un aumento del 80%, equivalente a unos 50 millones de colones adicionales de la actual recaudación, pero sin cambiar la estructura tributaria vigente. Los impuestos aumentarían en tres centavos por cada 100 colones de activos para todos los contribuyentes, a diferencia de la propuesta de Silva, que contempla un incremento de 36 centavos para las empresas que tuvieran altos niveles de activos. Ricardo Simán, presidente de la ANEP, expresó su disposición a discutir los contenidos del documento con las autoridades municipales para alcanzar un "consenso sin precedentes" entre la comuna y el sector que representa. Simán dijo que la "imposición sobre los activos debe darse mientras se busca una nueva base impositiva", a la vez que recomendó revisar el impuesto predial y mejorar la administración tributaria, conteniendo el gasto corriente y priorizando proyectos (LPG 11.03 p.4; DH 11.03 p.30).
DETENCION. El Juzgado Segundo de lo Penal decretó, el 16.03, la detención provisional para 11 directivos del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS). El juez que estuvo a cargo de la diligencia, Carlos Flores Cisneros, consideró que existían fuertes indicios que acusaban a los 11 sindicalistas del delito de abandono colectivo de funciones, por haber participado como promotores en el paro de labores que mantuvieron los sindicalistas durante varios días de la semana pasada. Además, en la resolución se destacó que ya pesaba sobre los acusados una resolución del Juzgado Cuarto de lo Laboral que confirmaba la ilegalidad de la huelga, aunque, en la opinión de este juzgado, la detención no era procedente. La pena que se contempla por el delito del que se acusa a los 11 directivos podría ser de hasta 4 años de prisión. En la resolución se reconoce que "algunos de los hechos que SIMETRISSS invoca como motivo para la suspensión de labores y el contenido de sus peticiones están impregnadas de motivación social", pero se sostiene que con el hecho se puso en peligro la vida y la salud de los asegurados. Por su parte, el Presidente Calderón Sol afirmó que esperaba que la controversia entre los sindicalistas "no trascienda a más", y que la investigación y la sentencia eran una responsabilidad del Organo Judicial en la que el Ejecutivo no podía intervenir (LPG 17.03 p.4 y 5; DH 17.03 p.6).
