Año 18
número 770
agosto 20
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Misión imposible
Política ¿Fin de la impunidad en El Salvador?
Economía ¿Nuevo rumbo en la modernización del sector público?
Regional Los roces entre Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca
Derechos Humanos Por la vida, la justicia y los derechos humanos
Documento Manifiesto de las ONGs a la nación (Segunda entrega)
Mientras los embajadores del país se reunían en San Salvador para recibir el mensaje gubernamental que tendrán que llevar por el mundo, los escándalos financieros, la violencia descontrolada y la incapacidad del gobierno para hacer frente a estos problemas eran noticia en la prensa estadounidense. El gobierno salvadoreño pretende que sus embajadores se conviertan en promotores de la inversión, el comercio y el turismo. Deben convencer a los capitalistas y comerciantes de los países donde representan a El Salvador de que éste es un cielo para la inversión, un socio comercial prometedor y un paraíso para el turismo. La diplomacia tradicional es reemplazada así por la economía.
Para cumplir con esta nueva misión, los embajadores salvadoreños tendrán que superar un obstáculo enorme, el cual, además, está fuera de su control: las realidades del país, recogidas y difundidas por la prensa internacional. En estos momentos, el escándalo financiero muestra un El Salvador donde los controles gubernamentales son prácticamente inexistentes, donde las decisiones nacionales responden a motivaciones políticas partidistas, donde la justicia se aplica de forma selectiva, en una palabra, un país donde la inversión no es segura. El mismo Estado y la Iglesia católica han sido víctimas de los estafadores. Por otro lado, la violencia lo exhibe como uno de los países más inseguros del continente, cuyo gobierno ni siquiera tiene capacidad para reconocer la existencia de un problema social de grandes proporciones, requisito indispensable para buscar una solución eficaz, y cuyos altos funcionarios evaden las respuestas diciendo auténticas tonterías, que hacen las delicias de la prensa. La realidad de corrupción y violencia que vivimos cotidianamente es un repulsivo para la inversión, el comercio y el turismo.
En lugar de enfrentar esta realidad, el gobierno piensa que es mejor ocultarla. De ahí su reclamo airado a los medios de comunicación social independientes. Los periodistas que no ceden a presiones ni se dejan comprar son tratados como enemigos por parte del gobierno. En el exterior, a los embajadores les corresponde negar los informes de prensa, presentando en su lugar al país ideal, que sólo existe en los planes gubernamentales. El fracaso está asegurado. La realidad es más poderosa que la imagen. La variedad, la frecuencia y la velocidad de las comunicaciones hacen imposible la tarea propagandística que se pretende asignar a los embajadores salvadoreños. Estos ya no son la única fuente creíble de información sobre El Salvador. Sin duda, pasarán muy malos ratos al intentar cumplir con la misión imposible asignada por su gobierno, exponiéndose además a hacer el ridículo y a ser el hazmerreír de los círculos oficiales donde se mueven.
El Ministro del Interior, prisionero aún de los esquemas de la guerra, va más allá y responsabiliza al FMLN de la proyección de la realidad salvadoreña en la comunidad internacional. En estos momentos, el FMLN no tiene poder para orquestar una campaña internacional contra el gobierno de ARENA. Pero es que además no necesita de ella, porque el deterioro de la realidad es evidente para cualquiera que se acerque a ella. Si El Salvador ha vuelto a aparecer en los titulares de la prensa estadounidense es por la corrupción y la violencia desmedidas. El único responsable de ambas cosas es ARENA y su segundo gobierno. Además de la responsabilidad, ellos tienen el poder y los recursos, al menos en teoría, para combatir ambos males. El FMLN no ha ocupado ni ocupa el poder ejecutivo. Al culpar a otros de lo que es responsabilidad exclusiva de ARENA, el Ministro del Interior se desprestigia otra vez, poniendo en peligro sus ambiciones políticas personales, y, simultáneamente, desprestigia al país.
El gobierno salvadoreño enfrenta otro obstáculo difícil de superar para promover a El Salvador en el exterior: carece de los recursos humanos y materiales apropiados. Los embajadores no están preparados para desempeñar el cargo que ocupan. No son profesionales de la diplomacia. Llegaron a ella por razones políticas o compadrazgo. Las embajadas son entregadas como premio por servicios prestados, como pago por deudas contraídas o favores debidos o como exilio dorado para políticos y militares molestos. No existe carrera diplomática que prepare profesionalmente a quienes representarán al país en el extranjero. Muchos embajadores tienen buena voluntad y experiencia, pero carecen de las habilidades y los conocimientos propios de una de las profesiones más antiguas del mundo. Esta debilidad es compartida por el personal de apoyo que trabaja en las sedes diplomáticas de El Salvador.
A esto se agrega que los recursos materiales de las representaciones salvadoreñas son muy limitados. Para llevar a cabo una misión como la que el gobierno se propone en la actualidad, es imprescindible contar con un personal muy capacitado y con los recursos materiales adecuados. Nombrar embajador a un economista, tal como se ha hecho en Estados Unidos, aunque puede ayudar en cuanto éste entiende mejor las realidades económicas del país, implica, por otro lado, una limitación, en cuanto carece del entrenamiento diplomático mínimo necesario para tener éxito en su misión.
Pese a todas estas limitaciones, los embajadores podrían
prestar un valioso servicio al gobierno salvadoreño y a
la sociedad en general al transmitirle objetiva y verazmente la
percepción que se tiene de El Salvador en los países
donde lo representan. Aunque disguste a la cancillería
salvadoreña, debieran esforzarse por comunicarle escrupulosamente
las críticas que se hacen al país y su gobierno.
La presión que esta información pueda ejercer sobre
el gobierno de Calderón podría ser positiva para
ayudarle a comprender que el mayor problema que enfrenta no es
de imagen, sino de realidad y ésta se modifica incidiendo
sobre ella. En la medida en que la realidad avance por los caminos
de la transparencia democrática, la proyección de
El Salvador en la comunidad internacional será positiva.
En las últimas semanas se han desarrollado en El Salvador una serie de investigaciones sobre defraudaciones y evasiones fiscales y financieras cuyos resultados no tienen precedentes en la historia de Centroamérica. La rapidez con que las autoridades han echado mano de los culpables de millonarias pérdidas de capital nacional, ha puesto a nuestro país en uno de los primeros lugares de la vista pública internacional. El largo brazo de la ley ha alcanzado a atrapar a personalidades de gran peso en el acontecer económico nacional; gente que en un pasado no muy lejano era considerada intocable, ahora pasa sus días dentro de una bartolina, buscando la manera de darle a su futuro un poco de certidumbre.
De todas partes aparecen los señalamientos, las conclusiones, las críticas y las defensas que apuntan hacia uno o varios de los implicados en la situación. El acontecimiento en general ha dado de qué hablar en todos los rincones del país. Lo que en un principio se presentó como un hallazgo aislado, en este momento adopta dimensiones cada vez más preocupantes, que van revelando poco a poco la existencia de una compleja red de operaciones que funcionaba al margen de la ley y que logró mantener a las autoridades en la completa ignorancia. Además, hasta ahora no se ha podido explicar con total certeza cuáles eran los objetivos de estas fugas de capital ni hacia dónde ha ido a parar el dinero perdido.
El gobierno de Armando Calderón Sol también se ha visto afectado por la tormenta. Con la destitución de Rodríguez Loucel, que desempeñaba el cargo de superintendente del sistema financiero durante el tiempo en que se desarrollaron los fraudes, muchos opinaron que se estaba dando el primer paso para destruir de raíz los males que afectaban la economía nacional; otros hablaban del sacrificio de un chivo expiatorio para calmar los ánimos de la opinión pública. El gobierno se quedó con la primera apreciación. Ha gritado a los cuatro vientos que el fin de la impunidad ha llegado, y ha puesto como muestra los resultados de las investigaciones que se desarrollan constantemente en los últimos días. ¿Es esta un afirmación valedera?, ¿se puede hablar de que en El Salvador la impunidad no tendrá más espacios para seguir viva dentro de las estructuras de nuestra sociedad? Creemos que para dar respuesta a estas interrogantes y para hacer una justa apreciación de estos acontecimientos, es necesario considerar otros factores que pueden determinar las posibles consecuencias de esta compleja situación.
En primer lugar, hay que observar el fundamento legal que sostiene en este momento la continuidad de las investigaciones. Está contemplado dentro de las reformas a la constitución la revisión del actual código penal, y en la nueva propuesta no aparece ninguna categoría que califique como delito a la defraudación fiscal. Esto puede ser visto como una estrategia para defender, desde el silencio y la omisión, la posición de algunos grupos de poder. Contrariamente a ello, el hecho es que se deben buscar los medios que permitan asegurar que lo que hoy se ha avanzado en materia de investigación y de lucha contra la impunidad quede como garantía para que en un futuro no se repitan acciones fraudulentas que pongan en peligro la estabilidad de las estructuras económicas de nuestro país. Además, las experiencias de FINSEPRO-INSEPRO y Credi-Club han dejado más que claro que la propuesta del nuevo código penal adolece de vacíos legales que deben ser corregidos en este momento, para evitar que con el inicio se llegue al mismo tiempo al final.
En segundo término, hay que tomar en cuenta el alcance real de esta "batalla" contra la impunidad. Es muy difícil dejar de pensar que fraudes de la magnitud de los que se han revelado en los últimos días tienen su causa en las estructuras mismas de la sociedad, pasando lógicamente por las manos de quienes ocupan los lugares de dirección del gobierno. Esta idea se refuerza con el hallazgo reciente de documentos que dejan entrever que algunos altos funcionarios públicos estaban enterados de lo que pasaba en FINSEPRO e INSEPRO antes de que se iniciaran las investigaciones del caso. El éxito o el fracaso de esta campaña contra la impunidad se definirá en la medida en que se logre llegar o no hasta los últimos culpables de los delitos, y aquí entra en el análisis otro factor importante: quiénes son los verdaderos responsables de estos fraudes financieros. El partido de gobierno ha sido categórico al afirmar que la culpa es de los que ahora aparecen como los directamente involucrados en los escándalos, y que en ellos acaban todas las investigaciones. Con esto se renuncia por completo a la posibilidad de depurar --y no sólo modernizar-- las instituciones que controlan y supervisan el capital nacional (BCR, las superintendencias, Hacienda nacional, etc.), de manera que se detecten los fallos y las posibles complicidades que existan en torno a estos casos de defraudaciones y evasiones de impuestos.
En último lugar, es necesario evaluar acertadamente las motivaciones que subyacen a las investigaciones. Puede que este sea otro de los compromisos adoptados por la administración Calderón Sol para compensar el cabildeo efectuado en Estados Unidos en pro de los inmigrantes salvadoreños que en ese país habitan de forma ilegal. Los intentos por revelar el destino del capital nacional en manos de empresarios privados pueden estar dirigidos a frenar el lavado de dólares que se podría estar desarrollando en la región centroamericana, y, por supuesto, para establecer relaciones con el tráfico de drogas en toda América Latina. Este ha sido el estandarte de lucha de la gran potencia norteamericana de los últimos años, por lo que la actitud del gobierno salvadoreño puede ser la primera de muchas otras en toda la región, en apoyo a los gendarmes de las naciones. Si así fuera, hay que temer entonces que los que hoy están tras las rejas laven las culpas y la imagen de muchos otros que conservarían su talante de "intocables" en El Salvador.
Si el gobierno de Calderón Sol pretende hablar del fin
de la impunidad debe tener muy claro que está asumiendo
un rol histórico en la región centroamericana. Las
responsabilidades que le competen son muchas y difíciles,
pero la más importante es la de dar al pueblo salvadoreño
la seguridad de que la transparencia será lo que caracterice
la gestión de la administración pública y
que el apego a la ley será la guía y el castigo
para quienes quieran jugar con el dinero de la nación.
Fin de la impunidad significa, también, acabar con el temor
de señalar culpables por la posición que ocupan
en la sociedad, y entender que el calificativo de "intocable"
es una ofensa al Estado de derecho que se quiere instaurar en
nuestro país. El desarrollo de las investigaciones, en
lo que el futuro disponga, es la única garantía
para que El Salvador llegue a servir de ejemplo para las demás
naciones de América Latina.
Después de la destitución del Superintendente General de Energía y Telecomunicaciones, Orlando de Sola, en mayo pasado, y la posterior renuncia del Comisionado Presidencial para la Modernización del Sector Público, Alfredo Mena Lagos, poco se conocía sobre el destino de la reforma institucional del Estado. El nombramiento de Ana Cristina Sol como nueva Comisionada Presidencial para la Modernización del Sector Público, el mes pasado, no cambió esta situación. Fue hasta el día 13 de agosto que se anunciaron las principales características del programa de modernización del Estado a ser impulsado por la Comisionada.
Un primer elemento que llama la atención está relacionado con la exclusión de las privatizaciones en los planes de modernización. Según la citada funcionaria, dentro de los planes de modernización no se contemplan nueva privatizaciones. Este elemento representa un importante giro dentro de la política de reforma del Estado, pues hasta ahora la privatización había sido su principal bastión. En este marco, se procedió ya a la privatización de la banca, de los ingenios, de las distribuidoras de energía eléctrica y, más recientemente, se aprobó la ley de privatización de la empresa nacional de las telecomunicaciones.
De hecho, uno de los principales cuestionamientos de la oposición política y de gremiales obreras del sector gubernamental ha sido la tendencia a presentar la privatización como único medio para lograr la modernización del Estado. En contraste, las principales propuestas actuales para la modernización del Estado son: reestructuración institucional, adopción de marcos regulatorios y supervisión privada, capacitación de los servidores públicos, conformación de una base de datos laboral, simplificación de procesos, asentamiento de nacimientos en hospitales, paso fácil permanente para Guatemala, descentralización, sistema de administración financiera y reforma de la previsión social.
El contenido de la nueva propuesta de modernización muestra una relativa flexibilización sobre el tema de la privatización, mostrando componentes que se relacionan más con la reforma de la organización y métodos de las instituciones estatales, aunque sin tocar importantes áreas que competen a la modernización, tales como la política socio-económica y la promoción de la libre competencia y el respeto de las leyes por parte de la empresa privada. En las siguientes líneas se presentan algunas de las características esenciales que debería contener un proceso de modernización del Estado salvadoreño, considerando no sólo las ingentes necesidades sociales del país, sino también los requerimientos que el nuevo contexto de "libre mercado" impone a las instituciones estatales.
De acuerdo a la Comisionada Presidencial, "modernización no significa despido masivo de personas... modernización es capacitar para que puedan hacer mejor su trabajo en el Estado". Asimismo, la funcionaria agregó que con la modernización se pretende crear un Estado que garantice la seguridad pública, con reglas claras que proteja de abusos a la sociedad y el ambiente, y que se transforme en un facilitador de la actividad privada.
En términos más genéricos, la modernización puede entenderse como un proceso que busca actualizar y adaptar las instituciones del Estado para los fines del desarrollo económico y social, de manera que aquellas no solamente contribuyan al desarrollo, sino que también se vuelvan más eficientes. De las propuestas formuladas por la comisionada se colige que, en este momento, el concepto de modernización del Estado se limita a aspectos relacionados principalmente con la eficiencia administrativa, y no tanto con la búsqueda de efectividad en la ejecución de la política económica y social.
La hipótesis anterior se refuerza al considerar que la meta de la modernización asumida por el gobierno, y expresada por la misma comisionada, sería la consolidación de procesos, simplificación de trámites, acercar los servicios a los ciudadanos, implementación de un sistema de administración financiera, capacitación del sector público y reformas en la administración tributaria y aduanera.
Parece claro que la intencionalidad de la modernización no es ampliar la acción del Estado hacia áreas en que ésta es totalmente necesaria (como en la política social y la prestación de servicios básicos), sino más bien volver más eficientes las áreas en las cuales éste se relaciona con el sector privado. Para ello, se plantea la necesidad de la intervención del mismo sector privado en las tareas de supervisión de la gestión estatal.
En resumen, el plan de modernización del Estado presentado recientemente está formulado para facilitar el accionar del sector privado e, inclusive, aumentar sus campos de acción. En cambio, aspectos cruciales, tales como la ejecución de una política social congruente con los objetivos y resultados de las medidas de política económica, aún no se incluyen en los planes; asimismo, el citado plan no estaría considerando mecanismos para garantizar que la empresa privada funcione bajo un marco regulatorio que garantice la legalidad y la igualdad de oportunidades.
La modernización responde en gran medida a las políticas de liberalización económica; su propósito es optimizar sus posibles efectos beneficiosos. Sin embargo, tal como se está perfilando, los efectos de la liberalización apuntan a la conformación de un esquema de crecimiento económico fundamentado más en la inversión extranjera que en la doméstica. Ello, a su vez, implica el aprovechamiento de la mano de obra local, lo que actualmente se traduce en inversión en la maquila textil, al grado de ser ésta la principal fuente de exportaciones y de generación de nuevos puestos de empleo. Lamentablemente, uno de los costos de esto ha sido la generación de múltiples conflictos obrero-patronales derivados de las desfavorables condiciones de trabajo imperantes en las empresas extranjeras.
Lo anterior plantea no sólo la necesidad de modernizar la política económica para impulsar el crecimiento de la inversión doméstica, sino también de promover un ambiente nacional favorable para la inversión en sectores con mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Para ello es esencial promover la educación de la fuerza de trabajo y, consecuentemente, tratar de modernizar al Estado para incrementar sustancialmente la cobertura y accesibilidad del sistema educativo público.
Por otra parte, en el contexto salvadoreño --plagado de monopolios y oligopolios, irrespeto a los derechos del consumidor e, incluso, cuantiosas defraudaciones financieras-- resulta cuestionable no incluir en los planes de modernización esquemas de regulación de la actividad empresarial. Así, antes de proceder a modernizar al Estado para facilitar el funcionamiento del libre mercado, es más recomendable modernizar al Estado en función de fortalecer sus funciones de control frente a un mercado cada vez más liberalizado.
La modernización del Estado que se está proponiendo
presenta como novedad el abandono de importantes programas de
privatización (agua y alcantarillados, pensiones, generación
eléctrica, etc.) y la adopción de nuevas estrategias
para volver más eficiente la gestión estatal, lo
cual es encomiable, pero no deben ignorarse los requerimientos
presentes tanto en el campo social como en el de regulación
de la actividad económica. Un proyecto de modernización
del Estado debe responder, más que a las necesidades de
liberalizar la economía, a las necesidades de promover
esquemas de crecimiento económico que promuevan el empleo
y los ingresos y de contar con instituciones estatales que compensen
sus efectos sociales negativos.
El hecho de que Honduras y Nicaragua compartan aguas territoriales en el Océano Pacífico y el Atlántico (el golfo de Fonseca, específicamente), se ha convertido en una problemática peligrosa e inútil. El 29 de mayo, el 30 de julio y el 6 de agosto pasados, patrulleras de la Fuerza Naval nicaragüense capturaron a un promedio de 75 pescadores y decomisaron unas 7 lanchas. No se tienen datos exactos de los capturados, tampoco está confirmado si fueron puestos en libertad y, si fue así, en qué condiciones de salud física y mental.
El comandante de la Fuerza Naval hondureña calificó los hechos como una "acción provocativa". Además, remarcó que "Nicaragua no está cumpliendo con el acuerdo al que llegaron el pasado julio los jefes de ambas Fuerzas Navales, además de la de El Salvador. Dicho acuerdo establece que no se realizarán capturas de pescadores dentro de un límite establecido.
Los medios de comunicación no corroboraron si las capturas se efectuaron en aguas nicaragüenses, pues ambos países tienen una versión distinta de los hechos. La última captura, realizada el 6 de agosto, ha sido muy controversial. El Presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, afirmó, el 8 de agosto, que las autoridades de su país "salvaron la vida" de los pescadores hondureños debido a que el barco se encontraba encallado en aguas jurisdiccionales de la nación. También aseguró que la detención se justifica porque los pescadores "violaron los derechos de Nicaragua". Sin embargo, negó que la captura sea un "acto inamistoso".
Por su parte, el canciller hondureño, Délmer Urbizo, realizó, el mismo día, una advertencia a través de una nota, en la que reclamaba a Managua "la pronta libertad de los capturados y la garantía de buen trato para los mismos". Por otro lado, la Cancillería de Nicaragua, ha denunciado que debido a la riqueza marina de su porción del golfo, las incursiones de barcos pirata son mayores, pues consiguen suficiente pesca para comercializarla. A pesar de que los dos países acordaron realizar patrullajes conjuntos en la zona para evitar enfrentamientos, el problema no disminuirá mientras no establezcan el límite mediante boyas.
Las unidades navales de las fuerzas armadas se mantienen "alertas" para actuar en caso de un nuevo enfrentamiento, y el peligro de que se desate un conflicto bélico entre los dos países no puede ser descartado a priori. Por hoy, los más afectados con este problema limítrofe son los jóvenes y adultos que viven de la pesca. Sus derechos están siendo violados, ya que se les trata con rudeza, se les decomisan sus lanchas de trabajo y son encarcelados durante días o semanas completas.
Esto pone en evidencia la inoperancia de organizaciones como el Foro de ex presidentes de la Centroamérica Democrática (FECAD), mismo que fue creado el pasado 7 de agosto con el propósito de buscar mecanismos que faciliten la comunicación, el intercambio de ideas y opiniones con los diversos sectores de la comunidad centroamericana. Por lo demás, el FECAD se instaló en el momento en que se celebraba la primera década de la firma de Esquipulas II, con la que se aprobó el procedimiento para establecer una paz firme y duradera en Centro América. Y, si bien es cierto que se ha avanzado bastante en la erradicación de las tensiones y los conflictos políticos en América Central, situaciones como las generadas en el Golfo de Fonseca se convierten en focos potenciales de conflictividad regional, que, obviamente, deben ser resueltas pacíficamente.
No cabe duda de que mientras no se realicen acciones inmediatas
tendientes a resolver políticamente los problemas que,
irremediablemente, siguen surgiendo entre los países de
Centro América, la consolidación democrática,
el fortalecimiento de la paz y la reconciliación centroamericana
seguirán siendo, únicamente, sueños irrealizables.
Avanzar en la consolidación de la democracia no es sólo
un reto para cada uno de los países centroamericanos en
particular, sino para la región en su conjunto. Los falsos
nacionalismos deben ser reemplazados por una idea de nación
más amplia, capaz de dar cabida a las diversidades étnicas,
culturales, económicas y sociales que constituyen a América
Central.
El recién pasado martes 19 de agosto, en las instalaciones del Centro de Producción Videográfica de nuestra Universidad se inauguró la "III Jornada por la vida, la justicia y los derechos humanos". Dicha actividad, de considerable envergadura, ha sido organizada en coordinación con el Centro Universitario Cultural en el marco del décimo segundo aniversario del IDHUCA. El propósito fundamental de este esfuerzo es el de transmitirle a la población salvadoreña --por la vía del arte, la cultura y la discusión responsable-- un mensaje claro en relación a la importancia que tiene su participación en la defensa y promoción de los derechos humanos, como elemento indispensable para la construcción de una sociedad realmente democrática.
Así, pues, desde ese día hasta el sábado 31 de agosto tendremos expuesta --para nuestro privilegio-- la monumental colección fotográfica del artista brasileño Sebastiao Salgado, la cual se encuentra reunida bajo un título: "Tierra". Además, a lo largo de esos días se estarán desarrollando debates desde diversas perspectivas, un ciclo de cine-forum y presentaciones de danza, teatro y música. Para la realización de dichas actividades se ha contado con las instalaciones de la UCA; pero además, en esta ocasión, se ha tenido la posibilidad de compartir con los habitantes de San Miguel y Santa Ana, de algunas comunidades de Soyapango e incluso con las personas que guardan prisión en el Centro Penal de Mariona.
Para quien no lo sepa, cabe mencionar que el IDHUCA nació en agosto de 1985 por iniciativa y bajo la dirección de Segundo Montes, uno de los seis jesuitas asesinados en noviembre de 1989. La institución es parte de los bienes que este sacerdote legó a nuestro país en su esfuerzo por mejorar la situación de los derechos humanos; diez años antes, en agosto de 1975, el mismo padre Montes había sido pieza clave en la creación del Socorro Jurídico Cristiano.
El surgimiento del Instituto de Derechos Humanos de la UCA tuvo lugar en un El Salvador distinto al actual. Porque no cabe duda que este país es diferente, después de todo lo que ha pasado de 1985 a la fecha: la ofensiva militar insurgente durante noviembre de 1989 y la respuesta del ejército gubernamental; el proceso de negociación que arrancó en Ginebra, el 4 de abril de 1990; los acuerdos y desacuerdos de entonces; la firma de aquel documento en Chapultepec; la creación y reforma de importantes instituciones relacionadas con el tema de los derechos humanos; el principio y el fin de la verificación internacional; los acuerdos y desacuerdos de ahora...
Para bien o para mal, pero este país ha sido movido y se encuentra en movimiento. El problema que desde el IDHUCA detectamos es, precisamente, parte de eso último: que nos encontramos en el "filo de la navaja" y no sabemos si ese movimiento nos está empujando hacia algo mejor o peor que aquello que conmovió al país y al mundo durante las décadas pasadas. Y eso no es fruto de un ánimo retórico o pesimista. La realidad nos da la razón y son varios los ejemplos que nos brinda.
Mientras existe un Consejo de Seguridad Publica la gente se siente --con sobrada razón-- cada vez más insegura, a consecuencia de los elevados índices de violencia y criminalidad en el país. Mientras hay nuevas y reformadas instituciones, la gente no confía en ellas y no las utiliza en favor del respeto a sus derechos humanos. Mientras se habla de un "país políticamente vibrante" en el marco de una "nueva correlación de fuerzas", la mayoría de los partidos no dan muestras de ser realmente responsables y serios de cara a las necesidades más urgentes de la población. Mientras se promocionan cifras macroeconómicas saludables, la salud y la economía de una inmensa cantidad de gente se encuentra en franco deterioro al igual que su situación de empleo, educación, vivienda, cultura, recreación y medio ambiente.
Es en ese El Salvador actual y dentro del estado en que se encuentra el respeto a los derechos humanos de sus habitantes -lleno de luces y sombras, logros y fracasos, expectativas y desencantos, aspiraciones y frustraciones, contrastes insultantes a la dignidad de las personas, discursos en otros tonos y lastres no superados- donde nos corresponde actuar. Siendo integrantes de una institución de la sociedad que trabaja en la defensa y promoción de la dignidad humana, es ese el lugar y el momento donde nos encontramos; ahí es donde debemos tener la suficiente capacidad para ubicar los retos del momento y las estrategias más adecuadas que nos permitan enfrentarlos con eficacia.
Así, desde nuestra perspectiva, el desafío más importante de esta etapa --y por tanto ineludible-- es el de contribuir a incentivar la participación --consciente, activa-- de la población en la protección y ampliación de sus derechos y libertades fundamentales, mediante el uso adecuado y oportuno de las instituciones correspondientes, tanto del Estado como de la sociedad. En otras palabras, ahora que la comunidad internacional tiene la mirada puesta en realidades que no son la salvadoreña, a nosotras y nosotros nos toca buscar y lograr que el sistema nacional de protección de los derechos humanos funcione real e integralmente, en conjunto y desde cada uno de sus componentes: las instituciones del Estado, las expresiones organizadas de la sociedad y la población que --a final de cuentas-- debe usarlas y beneficiarse de ello.
Para eso, debemos buscar formas creativas e inteligentes que por un lado modifiquen de raíz la visión distorsionada y peligrosa que actualmente prevalece en el país en relación a los derechos humanos. Esa percepción negativa y restringida, incorrecta y polarizante, debe ser superada lo más pronto posible. Por otro lado, es necesario diseñar los mecanismos y las modalidades para que la gente vaya adquiriendo confianza y se involucre en la solución racional, civilizada y pacífica de sus conflictos.
Transcurridos veintidós años desde el surgimiento del Socorro Jurídico y diez del IDHUCA, también resulta oportuno destacar la importancia que en la actualidad continúan teniendo los organismos de la sociedad que trabajan en este campo, debido a que --pese a que ya pasaron cinco años desde el fin de la guerra-- siguen siendo muchas y muy graves las carencias en la materia. No es un secreto que la mayoría de las personas en El Salvador --sobre todo sus niñas y sus niños-- son víctimas de la injusticia estructural que predomina, quizás más dura y difícil que antes como resultado de la confrontación armada y los efectos del actual modelo económico, basado en una desigual competencia que sólo genera mayores niveles de exclusión.
Además --independientemente de que hayan terminado los combates militares-- entre la gente continúan presentes el temor y la inseguridad pues aún no se han superado otras formas de violencia surgidas de esa misma injusticia estructural, pero que también tienen bastante que ver con la impunidad y con los efectos sicológicos derivados de lo que muchas personas tuvieron que pasar. Colocados en el medio de esa situación y después de todo lo que hemos vivido y sufrido de 1975 en adelante, ahora la razón principal de quienes trabajamos por la vida, la justicia y los derechos humanos es una y muy grande: contribuir a mantener en alto la certeza de que es posible construir una sociedad diferente.
De ahí el sentido de todas las actividades que hemos estado
realizando a lo largo de estos días de agosto, en el marco
de la "III Jornada": el de una invitación para
que seamos cada vez más las personas que nos involucremos,
de lleno, en la hermosa e impostergable tarea de promover los
valores más elevados de la humanidad. Y es que, tal como
sentenció el padre Montes al final de su último
escrito publicado, en El Salvador: "No es tiempo todavía
de cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos, pero
tampoco es tiempo aún para la desesperanza".
Hace unos días, el IDHUCA realizó un taller dirigido a personal de la Policía Nacional Civil (PNC). De esa forma, durante tres días estuvieron reunidos treinta miembros del cuerpo, entre agentes y oficiales. Esta actividad forma parte de todo el trabajo que se impulsa desde el Centro de Formación en Derechos Humanos "Segundo Montes" y consideramos que con ella se logró enriquecer el conocimiento de las y los policías sobre la materia, en aras de mejorar su relación diaria con la sociedad. En función de lo anterior, se les presentó una visión externa de su trabajo y también dimos a conocer los mecanismos que el IDHUCA les ofrece cuando --en determinados momentos-- ellas y ellos son víctimas de alguna violación a sus derechos.
Para nadie es un secreto que sobre el cuerpo de seguridad pesan graves acusaciones de violación a los derechos humanos; eso es algo que no se puede negar. Por ejemplo: al momento de realizarse el taller, se escuchaban fuertes críticas dirigidas al ministro de Seguridad Pública por el trabajo del comisario venezolano Víctor Rivera, mejor conocido como "Zacarías", quien estuvo involucrado --entre otras cosas-- en las deficientes investigaciones iniciales sobre la muerte del joven Manuel Adriano Vilanova Velver. El IDHUCA, siempre ha criticado y denunciado situaciones de este tipo.
Sin embargo, nuestro Instituto también quiere reconocer los aciertos de la institución policial que surgió de los acuerdos de paz con la misión fundamental de garantizar la seguridad de la población, en el marco de un estricto respeto a los derechos humanos. Y es que, durante sus pocos años de existencia, mucho se ha censurado su actuación y poco o nada se ha dicho de su labor en beneficio de la gente, ni de los policías que han muerto cumpliendo su deber o de las prolongadas jornadas de trabajo que realizan en condiciones nada fáciles.
Precisamente, este intercambio propiciado por el IDHUCA y el Departamento de Bienestar Social y Capacitación de la PNC --con el apoyo del gobierno canadiense-- ha sido un reconocimiento al esfuerzo de las y los agentes del cuerpo que, a diario, trabajan para que todas y todos vivamos seguros, tranquilos y en paz. Asimismo, con él se ha contribuido a enriquecer las condiciones para corregir los errores que se cometen por falta de conocimiento y experiencia, o --por qué no decirlo-- fruto de la mala intención. El caso es tratar de enmendar lo incorrecto y que se sancionen a los responsables de los hechos, cuando sea necesario.
En esta jornada se reflexionó ampliamente sobre el papel que les corresponde desempeñar las y los miembros de la PNC; además, se generaron interesantes discusiones en torno a la forma correcta de realizar los procedimientos policiales sin violar los derechos humanos. Al final, quienes participaron en el taller "construyeron" el perfil del policía que El Salvador necesita.
Creemos que con este tipo de eventos y con los aportes que en ellos brindan el personal policial involucrado, se puede ir forjando el cuerpo de seguridad que la población salvadoreña necesita y merece. También se espera que al salir de los mismos, las y los agentes se conviertan en multiplicadores de lo aprendido. Así será posible mejorar el servicio que le brindan a la gente. Si trabajamos en este sentido, podemos estar seguros de que es posible arrancar en la dirección correcta para la edificación de una sociedad donde predomine la justicia, se viva en paz y se respeten los derechos humanos sin distinción. Para cerrar este comentario, a continuación ofrecemos la intervención del sub comisionado Normand Aguilar Montoya al final del evento, en representación de sus compañeras y compañeros:
"Es para mí un honor brindar estas palabras a nombre de cada uno de ustedes, con las cuales espero recoger el sentir y pensar que nos queda al terminar este primer curso de capacitación. Realmente, es un gran compromiso el que tenemos como una institución garante de los derechos humanos. Realmente, es para nosotros un privilegio el tener este tipo de capacitaciones que, sin duda alguna, va a fundamentar aún más el proceder diario de cada uno de nosotros.
Déjenme decirles que esta semilla no ha caído en tierra infértil si no que, por el contrario, vamos a ser multiplicadores de estos conocimientos. Quedamos también con la sed y la necesidad de profundizar aún más en dicho conocimiento sobre derechos humanos. Para nosotros, es importante el poder contar con este tipo de recursos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, no sólo como ciudadanos sino también como profesionales de la seguridad pública.
A nombre de mis compañeros y de la institución
en general, les damos las gracias a ustedes por colaborar con
nosotros en ese sentido. Y para las personas que estamos acá
presentes, queda el compromiso de seguir en ese recto camino y
compartirlo con el resto de los compañeros. Muchas gracias".
III. La agenda nacional
Estableceremos un primer grupo de temas sobre los cuales consideramos
que todos los sectores deben reflexionar y generar propuestas,
a fin de ir caminando hacia el logro del desarrollo sustentable
y la democracia.
Componentes jurídico-políticos
La democratización y el respeto al Estado de Derecho
Existe la necesidad de impulsar un proceso profundo de democratización, que permita la promoción de la organización y participación ciudadana para enfrentar los distintos problemas que afectan a nuestro país. Esto a su vez, exige la aplicación plena del marco Constitucional y legal, la creación de nuevas leyes y la modificación de otras que afectan la democracia y el desarrollo. También es necesarios fortalecer la institucionalidad garante de estos derechos y deberes de los ciudadanos.
Para propiciar esto consideramos conveniente establecer algunas
reformas constitucionales como aquellas que permitan la consulta
nacional sobre decisiones trascendentales para el futuro de nuestro
país (referendum). La modificación de leyes como
la de Asociaciones y Fundaciones, la del Fondo de Inversión
Social para el Desarrollo Local, la ley electoral, etc. La aprobación
de nuevas leyes como la de medio ambiente, libre competencia,
privatización, descentralización, participación
ciudadana en el nivel local, etc. Fortalecer la institucionalidad
pública, de Derechos Humanos, de seguridad pública,
de implementación del registro de personas naturales, de
supervisión de las entidades financieras, de independencia
del Banco Central de Reserva, de contraloría nacional,
etc. En general es necesario fortalecer el marco constitucional
y legal en los campos político, económico y cultural.
Adicionalmente, para garantizar un marco jurídico que fomente
y respete los derechos humanos de las mujeres, deben ponerse en
vigencia todos los tratados internacionales ratificados por el
gobierno que velen contra toda forma de discriminación
hacia las mujeres.
La administración de justicia y la seguridad ciudadana
Una de las dificultades más sentidas por la población
se refiere al problema de justicia, en el fortalecimiento y adecuada
orientación de la institucionalidad de seguridad pública,
así como el respeto a la legalidad y el orden jurídico.
Es necesario armonizar la relación entre administración
de justicia y seguridad pública a fin de combatir y enfrentar
efectivamente el crimen organizado, la delincuencia y la inseguridad
ciudadana. Es necesario a su vez enfrentar integralmente el fenómeno
de la violencia intrafamiliar que afecta el núcleo básico
de la sociedad.
Componentes económicos
La desaceleración de la actividad económica y la estabilidad macroeconómica.
El reconocimiento por parte del gobierno de la tendencia a la
desaceleración de la actividad económica y el deterioro
de las capacidades adquisitivas de la población, hace necesario
también reconocer que las políticas económicas
aplicadas han tenido un efecto adverso. De tal forma que la subordinación
del desarrollo a la estabilidad macroeconómica, está
afectando seriamente las posibilidades de sostenibilidad del crecimiento.
La revisión de la política económica bajo
una visión responsable con estabilidad y desarrollo es
fundamental. No se puede seguir manteniendo un conjunto de políticas
(monetarias, fiscales, cambiarias, arancelarias, etc.) que afectan
las posibilidades de reactivación y transformación
productiva y que generan más pobreza y deterioran la calidad
de vida de la población. Se hace necesario un rediseño
de la política económica y una nueva visión
de futuro del gobierno y de los entes ejecutores de las políticas.
El sistema financiero y la maquila
En los últimos tres años el gobierno ha intentado mostrar que la orientación de nuestra economía debe ser la creación de una gran zona franca y de un sistema financiero internacional. Después de ocho años queda demostrado que centrar la estrategia de desarrollo sobre estas bases es condenar al país a la fragilidad económica y la pobreza. El sistema financiero oligopólico (pocas empresas) ha mostrado su ineficiencia en función del desarrollo nacional, pero si ha demostrado su gran capacidad especuladora y rentista, obteniendo altos beneficios sin importarle que los recursos que capta del público deben servir para fortalecer los sectores productivos y las áreas más sensitivas de la economía y la sociedad.
Las zonas francas y la maquila si bien han crecido durante estos
años, pero las malas condiciones laborales y la ineficacia
gubernamental para ordenar esta situación, han llevado
a serios problemas entre el sector laboral y las empresas, esto
ha afectado esencialmente los derechos laborales y humanos de
las mujeres. La fragilidad de nuestra economía está
precisamente en hacer de estas actividades el centro de nuestro
crecimiento, consideramos que no se puede centrar el desarrollo
en actividades especulativas y de capitales golondrina, que en
cualquier momento pueden salir del país. Necesitamos bases
sólidas para el desarrollo, una visión integral,
donde la reconstrucción del tejido productivo es importante,
donde sectores como la agricultura, la industria, la construcción
bien orientada y servicios que apoyan efectivamente la dinámica
económica y social, se constituyan en los ejes de la sostenibilidad
del desarrollo en el largo plazo.
La modernización del Estado y la privatización
Una de las prioridades del gobierno en los últimos años ha sido modernizar el Estado bajo un enfoque privatizador y desregulador de la economía. En estos ocho años hemos visto como activos y servicios del Estado han ido pasando a manos del sector privado, muchas de estas actividades no han redundado en beneficios ni para el Estado ni para la sociedad, (es el caso de la privatización de la banca). La eliminación de los esquemas reguladores han generado serias distorsiones en el mercado afectando a consumidores y productores, la aplicación de mecanismos poco transparentes de privatización ha debilitado la credibilidad de este proceso. Ultimamente en cuanto a la privatización de los servicios públicos como las telecomunicaciones, la energía eléctrica, las pensiones, la de puertos y aeropuertos y otros servicios como la educación y la salud, no está claro las ventajas que obtendría el Estado y la sociedad. Mas bien existe una percepción de los efectos negativos para las mayorías.
El enfoque reducido del gobierno en relación a la modernización del Estado hace necesario una revisión de las acciones tomadas en los útimos años. Creemos necesario que se revise a profundidad la privatización de la banca. Es importante que las nuevas privatizaciones sean mejor estudiadas a fin de ver si éstas son necesarias o es mejor mantenerlas bajo control gubernamental estableciendo los mecanismos regulatorios, incorporando avances tecnológicos y realizando nuevas inversiones para hacerlas más eficientes y eficaces en función de la eocnomía y la sociedad. En este sentido la privatización de las telecomunicaciones debe ser revisada profundamente, la del sistema de pensiones debe ser nuevamente analizada y otras que existen en la agenda gubernamental. Los principios de transparencia, beneficio a la mayoría de la población, de competitividad, de eficiencia en el servicio, de cobertura a la mayoría de la población, deben ser algunos elementos fundamentales a considerar al momento de tomar la decisión de privatizar o no privatizar.
Por último es necesario establecer que privatizar no es
lo mismo que modernizar. En nuestro país ha implicado concentración
y exclusión. Para hablar de modernización del Estado
debemos partir del nuevo papel que éste debe jugar en función
del desarrollo nacional. Por ello consideramos que un Estado moderno
es el que muestra su eficiencia y eficacia de la administración
pública, que prioriza el desarrollo social y la equidad
distributiva, que profundiza en la descentralización, que
crea condiciones de competitividad interna y que apoya la inserción
competitiva de nuestra economía en un mundo globalizado.
La agricultura, la seguridad alimentaria, el acceso a la tierra y la deuda agraria
Durante los últimos años hemos estado ante la presencia de un deterioro persistente del sector agropecuario, como resultado de una serie de factores estructurales y coyunturales, entre los cuales resaltan la aplicación de una política económica y la falta de una política agraria que ha afectado seriamente las tendencias de este sector. En este sentido es fundamental un rediseño de las políticas agrarias y la adecuación de la política económica, a fin de propiciar la transformación productiva del agro y el desarrollo rural.
En relación al sector agropecuario existen varios temas que deben ser considerados para buscar soluciones en el corto plazo. Uno de los temas está referido a la deuda agraria y bancaria, la cual consideramos que debe ser condonada plenamente, ya que ésta se ha convertido en un factor de inestabilidad e inseguridad para la reactivación del agro, especialmente para las cooperativas agropecuarias y los empresarios agrícolas, la revisión detallada de las deudas y su condonación para aquellos que históricamente fueron excluídos y para los que hicieron un uso adecuado, se convertiría en un factor estimulante para las y los productores. Es imposible aceptar, estrategias y políticas gubernamentales que no pretenden resolver el problema de la deuda agraria, y que más bien propician las posibilidades de venta, parcelación y eliminación de las cooperativas agropecuarias. Este objetivo de fondo del gobierno de promover una nueva transferencia de tierra bajo un nuevo esquema concentrador, es inadmisible en el momento actual.
En relación a la seguridad alimentaria es necesario establecer
una estrategia y políticas con un enfoque integral, que
incorpore los componentes de género y medio ambiente, así
como contemple los problemas de la disponibilidad, acceso y utilización
biológica de los alimentos. En relación al tema
del acceso a la tierra, vemos la necesidad de garantizar legalmente
las propiedades transferidas a partir de la reforma agraria y
los acuerdos de paz, así como establecer una política
de tierras y una institucionalidad que promueva el acceso a través
de distintos mecanismos dentro del marco legal y constitucional.
Existe todavía en el campo una buena parte de la población
sin acceso a la tierra, en condiciones de desempleo, que es necesario
enfrentar con acciones que resuelvan definitivamente este problema
histórico estructural. Además se deben crear mecanismos
legales que faciliten el acceso a la tierra a las mujeres rurales,
así como tomar medidas que posibiliten el uso y control
del crédito, la tecnología y la capacidad técnica.
La política fiscal y el IVA
Los cambios implementados en los últimos años en el marco de la política fiscal, si bien puede haber mejorado en parte la situación del déficit fiscal y los tradicionales problemas de la regresividad en la estructura tributaria que sigue afectando a los sectores de ingresos bajos y medios, así como beneficiando a sectores minoritarios que han visto que sus ganancias aportan cada vez menos al presupuesto nacional.
En este sentido es necesario una revisión a profundidad del esquema tributario y presupuestario tanto a nivel nacional como municipal. Por una parte es necesario una modificación de la estructura tributaria orientada a eliminar la regresividad y establecer tasas impositivas que graven más a los que más tienen, es importante también el estudio de nuevas fuentes de ingresos tributarios y mejorar la recaudación tributaria de la renta y del IVA. Es fundamental la revisión de los impuestos pagados por el sistema financiero cuyas ganancias y funcionamiento no aporta al desarrollo nacional.
En relación al impuesto al valor agregado éste debe ser revisado a fin de ver las posibilidades de su reducción, en tanto que permita mejorar el nivel de consumo y estimule la inversión, es posible mejorar la eficiencia en la recaudación y buscar otras fuentes tributarias a fin de cubrir los niveles de ingresos que se dejarían de percibir por su reducción. En el momento actual es importante priorizar la reactivación de la actividad económica y de la demanda.
En cuanto al presupuesto nacional su orientación esencial
a las necesidades sociales y a las actividades que generen las
condiciones de la reactivación es fundamental. El reducir
el gasto público no puede estar sometido al criterio de
eliminar empleos, sino al uso eficiente y eficaz de los recursos
en función del desarrollo. Durante estos años se
han despedido una gran cantidad de empleados públicos,
eliminando ciertas instituciones públicas, pero asimismo
se han creado una gran cantidad de instancias públicas
especializadas, nuevos ministerios y nuevos cargos. Es necesario
revisar si todo esto, tiene un sentido adecuado para avanzar en
el desarrollo o se convierte en cargas fundamentales para el manejo
presupuestario.
Integración Centroamericana y desarrollo regional
Los noventas han significado para la región centroamericana un nuevo impulso al proceso de integración, el énfasis económico y comercial ha privado sobre otros aspectos. Ciertamente las tendencias a la globalización de la economía mundial, los procesos de regionalización, la conformación de bloques comerciales, las nuevas estrategias de las empresas multinacionales, los avances tecnológicos y los crecientes flujos financieros y la inversión de capitales, hace necesario la construcción de una estrategia regional para enfrentar los nuevos retos de un mundo globalizado.
El Salvador se encuentra ante un proceso de integración comercial, financiero y de capitales, que no es suficiente para lograr el desarrollo nacional y regional. En este sentido, es importante considerar los aspectos sociales, ambientales, políticos, etc. que permitan construir una estrategia sustentable de la región en su proceso de inserción mundial. Es difícil pensar que Centroamérica pueda insertarse competitivamente y estratégicamente en este proceso mundial, sino resuelve los problemas socio-económicos, políticos, etc. que han sido una causa permanente de su inestabilidad.
Una estrategia de integración de la región debe
considerar no solamente los aspectos económicos y comerciales,
sino los componentes sociales, políticos, ambientales y
culturales. Es primordial la participación activa, propositiva
y efectiva de la sociedad civil, tanto en la institucionalidad
creada de la integración, así como en todas las
estrategias y mecanismos que se establezcan.
POLITIZACION. Las principales asociaciones empresariales del país
y la Asociación de Banqueros Salvadoreños (ABANSA),
manifestaron, el 19.08, su apoyo a la iniciativa de la Asamblea
Legislativa de interpelar al Presidente del Banco Central de Reserva,
Roberto Orellana Milla; no obstante, expresaron su temor por que
el caso se politizara. El presidente de la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP), Roberto Vilanova, expresó
que así como los espacios democráticos se van abriendo
en el país, los señores diputados deben comprender
esa realidad, de manera que los comportamientos dentro de la interpelación
puedan ser productivos. Por su parte, el presidente de la Cámara
de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal, aseveró
que debe tenerse mucho cuidado, ser responsables y cautelosos
"especialmente los líderes políticos de la
Asamblea para que no vayan a manejar esto como un circo".
Por su parte, el presidente de ABANSA, Archie Baldocchi, consideró
que Orellana Milla ha sido arquitecto de la actual política
monetaria, misma que refleja cierto grado de estabilidad; a su
juicio, la interpelación debe hacerse con cuidado, ya que
podría causar serios problemas en el sistema financiero.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Eduardo Zablah
Touché, afirmó que quienes conocen a Orellana Milla
saben lo que él ha hecho por el país, por lo que
considera que la exposición del funcionario en el Salón
Azul será positiva. A criterio de Zablah Touché
los cuestionamientos sobre el papel del BCR en el caso FINSEPRO-INSEPRO
"se están magnificando porque hay un interés
político muy claro" (LPG 19.08 p.6, LPG
20.08 p.5 y DH 14.08 p.3).
SOLICITAN MEDIACION. Decenas de afectados por el escándalo
financiero de INSEPRO-FINSEPRO se presentaron, el 19.08, a la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),
para solicitar la mediación de esa instancia oficial en
el caso. Los manifestantes se hicieron presentes haciendo sonar
cacerolas y portando pancartas en las que pedían la intervención
de la institución por considerar que el Gobierno fue negligente
en detectar a tiempo el problema. Al final de la reunión,
la Procuradora se comprometió a abrir un expediente en
base a las denuncias a fin de que las investigaciones sobre el
caso se efectúen en orden y sin retrasos (LPG 20.08
p.10).
COMPARTIMENTOS SECRETOS. Las autoridades que intervienen la distribuidora
de vehículos Sabater --empresa vinculada con las irregularidades
efectuadas por las financieras INSEPRO-FINSEPRO--, descubrieron,
el 18.08, una serie de compartimentos secretos en el edificio
de dicha empresa presuntamente desconocidos por los empleados
de la misma. En el "bunker", mostrado a la prensa por
el director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Avila,
se encontró un pequeño lote de armas, abundante
documentación, un dormitorio, una sala de sesiones, una
biblioteca, centenares de cassettes de audio y vídeo --entre
ellos conferencias de prensa del ex presidente Alfredo Cristiani--,
un equipo de televisión de circuito cerrado utilizado,
aparentemente, para controlar el acceso de personas al inmueble,
así como varias declaraciones de rentas de funcionarios
públicos que las autoridades no identificaron (DL
19.08 p.4, DH 20.08 p.4 y LPG 20.08 p.7).
