© 1997 UCA Editores
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Año 17
número 740
enero 8
1997
ISSN 0259-9864
El informe de mitad de periodo del Presidente
Armando Calderón Sol
El papel del sistema financiero en la economía nacional
A propósito de la crisis peruana
La firma de la paz en Guatemala
Pistas para la reconciliación y la paz
Acuerdo de paz firme y duradera
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El informe de mitad de periodo del Presidente
Armando Calderón Sol
El 1 de enero de 1997 el Presidente Armando Calderón Sol
se dirigió a la nación para evaluar el desempeño de
su gobierno a dos y medio de gestión estatal. Cuando
todavía los efectos del desvelo de la noche de fin de año
no habían pasado y cuando todavía resonaban en el ambiente
los mejores deseos que para el nuevo año amigos y familiares se
habían profesado al concluir 1996, los salvadoreños
tuvimos que volver abruptamente la vista a la realidad del país,
pues el discurso presidencial lo hizo inexorable. Y ello no porque el
ciudadano presidente estuviese haciendo un balance objetivo de los
complejos problemas nacionales, sino porque en sus palabras sólo
se dejaban escuchar logros y conquistas en los campos económico,
político y social, obviando graves problemas que la segunda
administración de ARENA ha sido incapaz de enfrentar en la
primera mitad de su mandato.
En el campo político Calderón Sol volvió
una vez más sobre los Acuerdos de Paz, insistiendo en su
cumplimiento. Asimismo, no olvidó, en este punto, el tema de la
þprofundización del modelo democráticoþ, cuyo logro
más relevante es que þhemos llegado a conformar una sociedad con
un alto grado de libertadþ. Ni una palabra sobre la postergada reforma
económica ni sobre los conflictos potenciales que la no
realización de la misma puede encerrar ni sobre el bloqueo
empresarial a la instauración del Foro de Concertación
Económico Social ni, menos aún, sobre la incompetencia
gubernamental para contener la voracidad empresarial. Tampoco el
Presidente de la República creyó oportuno mencionar los
peligrosos obstáculos que ha enfrentado el proceso de
instauración democrática; obstáculos que, en gran
medida, han provenido de las propias esferas estatales desde las cuales
se han promovido comportamientos autoritarios de la más diversa
naturaleza.
A nivel jurídico, lo más importante es el
þfortalecimiento del Estado de derechoþ, lo cual requiere þhacer de la
Policía Nacional Civil una institución que verdaderamente
proteja a la población, con estricto apego a las leyesþ.
¿Cómo se ha logrado esto? Pues el Presidente Calderón
Sol explica que ello se ha logrado aumentando el número de
efectivos policiales, enfrentando drásticamente a la delincuencia
y cumpliendo los compromisos internacionales en el campo del respeto a
los derechos humanos. Sobre este último punto las dudas sobran,
puesto que las obreras en las maquilas o los niños de la calles -
cuyos derechos han sido y son violentados cotidianamente sin que el
Estado haga algo para defenderlos- ponen de manifiesto la debilidad del
discurso del Presidente de la República.
Pero si con la bandera de los derechos humanos el gobierno no
queda en buen pie, peor queda cuando asocia el fortalecimiento del
Estado de derecho con el crecimiento de la PNC y con lo eficaz de la
lucha contra la delincuencia. La policía puede crecer y ser
eficaz en el combate de la delincuencia, pero de ello no se sigue, ni de
lejos, un fortalecimiento del Estado de derecho. Para que ello sea
así la policía, como sostiene Calderón Sol, tiene
que proceder con apego a la ley. Mas no sólo eso: también
tiene que estar impregnada de valores democráticos. Y ello,
ciertamente, no puede darse por seguro. Los excesos de violencia que han
caracterizado a la PNC, así como la presumible existencia de
organismos paralelos en su interior, hacen sospechar de su
vocación democrática. Empero, el Presidente de la
república no dijo ni una palabra sobre esto, al igual que
pasó de largo sobre la corrupción en el seno del
órgano judicial, lo cual es un impedimento para avanzar en la
consolidación de un Estado de derecho.
Sobre la situación económica, el Presidente
Calderón Sol, tras tener un atisbo de sinceridad -al reconocer
que 1996 þfue un año difícil, ya que hemos sufrido un
periodo de desaceleraciónþ- volvió a uno de los lugares
comunes de las valoraciones oficiales: þa pesar de la
desaceleración, la economía creció 3 por ciento en
1996, y todos los indicadores económicos muestran resultados
positivosþ. Por supuesto, no podía faltar la alusión al
ejemplo por excelencia de la bonanza económica nacional: el
sistema financiero, de cuya fortaleza -según el ciudadano
Presidente- debemos sentirnos orgullosos todos los salvadoreños,
þlos trabajadores, los campesinos y los empresariosþ. Esto último
es hasta risible, porque ni los trabajadores ni los campesinos tienen
razones para enorgullecerse de un modelo económico que los hunde
en la miseria; y también lo es porque los grupos empresariales no
se han beneficiado en conjunto y por igual de los logros
económicos, como lo han puesto en evidencia las protestas y
presiones de los agricultores y los industriales.
En el campo social, donde el compromiso del gobierno de
Calderón Sol dice ser þmás profundoþ, los éxitos de
los que hace alarde el Presidente de la República se ubican
únicamente en el sector educativo. Indudablemente es en esta
área en donde sí se puede hablar de un desempeño
encomiable de una instancia estatal, lo cual dice mucho del trabajo y de
la capacidad de la Ministra de Educación, sin cuyo empeño
la reforma educativa no hubiera visto la luz. Justamente la experiencia
del Ministerio de Educación es la excepción que confirma
la regla de un desempeño gubernamental francamente ineficiente.
Como muestra de ello están la Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Ministerio de Obras
Públicas (MOP). De la primera el Presidente Calderón Sol
enumera los proyectos que ha ejecutado y la cobertura de las obras de
agua y alcantarillado. Olvida, sin embargo, el grave hecho de la
contaminación del agua, así como también el del
agotamiento de los recursos hídricos, sobre lo cual ANDA se ha
mostrado totalmente incompetente para dar una solución adecuada.
Del MOP Calderón Sol menciona las obras en carretera realizadas
y en proyecto de realizar, pero no dice una palabra sobre lo inservible
de las carreteras del país ni porqué muchas obras
comenzadas han sido abandonadas una y otra vez.
En otro apartado de su discurso, el Presidente de la
República habló de la þtransformación
institucionalþ, aludiendo a una reforma del sector público que
þsatisfaga las demandas de una sociedad libre, participativa y
solidariaþ. Al respecto, se refirió a la aprobación de la
Ley de la Superintendencia de Telecomunicaciones, los preparativos para
la venta de ANTEL y la reforma al Sistema de Pensiones. De las tres
medidas mencionadas, la más discutida ha sido la que estuvo
encaminada a vender ANTEL. Y ello porque, en el marco de un discurso
oficial que ha identificado modernización con
privatización, el gobierno se ha empeñado obstinadamente
en la venta de la institución de telecomunicaciones, haciendo
caso omiso de las apreciaciones de quienes han señalado el
impacto negativo de un proceso de privatización que tiene en la
mira beneficiar exclusivamente a los sectores empresariales.
Ciertamente, la reforma del sector público en El
Salvador no se ha encaminado a satisfacer las demandas de la sociedad,
sino más bien se ha traducido en desempleo -como lo muestra la
aplicación del decreto 471- y en un encarecimiento creciente de
los servicios básicos. Por supuesto, el Presidente de la
República obvió referirse a ello, porque parece suponer
que las demandas sociales son demandas de servicios eficientes y que, en
consecuencia, ello se resuelve recortando el número de empleados
en el sector público y trasladando los activos estatales a manos
privadas. Sin duda, este es un grave desatino del mandatario y sus
asesores, pues las demandas sociales no son esencialmente por mejores
servicios, sino demandas por empleo, alimentación básica,
vivienda y educación; pero, aunque sí lo fueran, no es
automáticamente seguro que con la reducción de empleos y
la privatización de las entidades públicas ello se logre.
Por último, no podía faltar en el discurso
presidencial la visión hacia el futuro, un futuro þcon
expectativas favorablesþ. En los principales ámbitos de la
realidad socio-económica las perspectivas son favorables, y sus
frutos comenzarán a percibirse en 1997, þen beneficio de todo el
país, que se encamina hacia la modernizaciónþ. Siendo
así las cosas, þes importante dejar de escuchar al pesimismo, que
sólo pretende ver lo malo y no quiere reconocer las virtudes, el
esfuerzo y trabajo que día a día realizan los
salvadoreños, trabajadores, campesinos y empresarios, de los que
saben crear riqueza, empleos y bienestarþ.
Este llamado del Presidente Calderón Sol a dejar a un
lado el pesimismo, pues el mismo estaría motivado por un
afán de ver lo malo -descuidando las virtudes y bondades del
desempeño de su gobierno-, está lleno de malicia. Y ello
porque sugiere que las evaluaciones del desempeño gubernamental
que centren su atención en las debilidades del gobierno, en sus
yerros y su incompetencia, lo harán más por mala voluntad
que por un afán de objetividad y realismo. Sin embargo,
más allá de las simpatías que despierte
Calderón Sol y su gobierno, es claro que los logros presentados
por el primero son más bien ínfimos cuando se examinan a
la luz de los graves problemas irresueltos que tiene el país a
principios de 1997.
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El papel del sistema financiero en la economía nacional
En El Salvador la reprivatización de la banca a partir de
la década de 1990 ha dado paso a dinámicas económicas
novedosas, aunque no por ello favorables, para la consecución del
desarrollo tales como el descollante crecimiento del sector financiero, del
crédito y, con este, de las actividades terciarias. Una
evaluación del comportamiento económico durante el año
1996, empero, sugiere que recientemente se ha suscitado un claro
empeoramiento en relación a las condiciones imperantes en 1995,
especialmente por aspectos como la caída del crecimiento
económico y la ampliación del déficit fiscal.
Lo anterior apunta a que el estilo de crecimiento económico
experimentado no es sostenible ni siquiera en el mediano plazo, pues
está fundamentado en un desmedido incremento de la actividad y de
las márgenes de utilidad del sistema financiero. Entre 1991 y 1995
la actividad de este sector se incrementó en un 82.8%, lo cual lo
ha convertido en el sector económico más dinámico de
la década de los 90. Aún y cuando durante 1996
disminuyó la tasa de crecimiento económico general, el sector
financiero continuó siendo el de mayor crecimiento al grado de que
su índice de actividad se incrementó en 18.7% en un momento
en que el índice general lo habría hecho en sólo 0.6%.
Por otra parte, como se demuestra más adelante, inclusive en
momentos de disminución de las tasas inflacionarias y de
restricción al crecimiento del crédito, se ha experimentado
un incremento en los niveles de utilidad del sistema financiero.
El comportamiento del sector financiero afecta el nivel de
crecimiento económico no sólo debido a su aporte para el
total, sino también por su papel de intermediario entre ahorrantes
e inversionistas. Las políticas de captación de
depósitos y, especialmente, de asignación del crédito
tienen mucho que ver con la actividad económica de los restantes
sectores económicos. En atención a lo anterior, en las
siguientes líneas se hace una evaluación del comportamiento
económico de los últimos años, contrastándola
con el comportamiento de los montos crediticios otorgados por el sistema
financiero.
Cabe tener en cuenta que, al tiempo que el sector financiero ha
sido el de mayor crecimiento durante los últimos años, ha
sido sometido a un proceso de saneamiento y reprivatización de sus
activos. Durante toda la década de los 80, la banca
permaneció en manos del Estado dando lugar a prácticas
ineficientes del más variado signo; sin embargo, en la
década anterior, en que se encontraba en manos privadas, el sistema
financiero enfrentó serios problemas de eficiencia tanto nivel
microeconómico, macroeconómico y social, que se agravaron
durante el siguiente decenio.
En la actualidad, y a juicio de instituciones financieras
internacionales calificadoras de riesgo para la inversión, la
economía salvadoreña presenta muy condiciones atractivas para
la inversión, especialmente porque el sistema financiero
reprivatizado presenta niveles de rentabilidad que inclusive superan los
niveles observados en bancos de los Estados Unidos. Lo anterior se refleja
en el nivel de crecimiento sectorial como en el comportamiento del
crédito y de las tasas de interés.
Hasta 1995, el incremento del crédito de bancos y
financieras alcanzó niveles superiores al 30% anual, privilegiando
especialmente el crédito hacia los sectores comercio y
construcción, los cuales entre los años 1992 y 1995
habrían visto incrementarse su asignación crediticia en un
99.3 y un 35.3 por ciento, respectivamente; el sector industrial en cambio
incrementó su participación en solamente 5.8%; mientras que
el sector agropecuario redujo su monto otorgado de crédito en un
13.3% durante los mismos años.
Desde mediados de 1995, el Banco Central de Reserva (BCR) ha
aplicado una política anti-inflacionaria de restricción del
crédito que habría provocado que al mes de octubre pasado el
crédito solamente hubiera crecido en un 14.9%. Consecuentemente, la
actividad de sectores que durante los últimos años
habían sido los principales receptores del crédito
están experimentando en la actualidad las mayores caídas de
su actividad. El índice del mayor receptor del incremento del
crédito, el comercio, decayó en 2.9%, entre los meses de
septiembre de 1995 y septiembre 1996.
No cabe duda de que el sistema financiero ha desempeñado
un papel activo en la configuración de nuevas características
del modelo económico del país por dos razones fundamentales:
ha contribuido a profundizar la crisis del sector agropecuario y se ha
convertido en el principal polo de acumulación económica de
los últimos años. En efecto, al revisar la composición
del Producto Interno Bruto (PIB), resulta que la mayor participación
ya no es la del sector agropecuario, sino la del sector industrial, pese
a que este último ha experimentado tasas de crecimiento bajas en
relación al comercio y el sector financiero. Este último ha
experimentado las mayores tasas de crecimiento no sólo por el
crecimiento del crédito, sino también debido al manejo de las
tasas de interés, las cuales han llegado a niveles
injustificadamente altos durante los últimos años.
Hasta 1995, la elevada demanda crediticia sobredeterminó
que las tasas de interés se elevaran considerablemente, en un
año en el que los índices inflacionarios se redujeron.
Posteriormente, las tasas de interés promedio han experimentado
tendencias hacia la disminución, pasando las tasas activas de corto
plazo desde un nivel de 19.53%, en octubre de 1995, a otro de 17.31%, en
el mismo mes de 1996, lo cual supone una disminución de 2.21 puntos
porcentuales. Las tasas pasivas de corto plazo, por otra parte,
experimentaron una disminución mucho mayor pasando desde 14.95% a
11.70% en el mismo período, lo cual implica una disminución
3.25 puntos porcentuales.
La consecuencia principal del comportamiento reciente de las tasas
de interés es una ampliación del diferencial entre tasas
activas y tasas pasivas y, evidentemente, una ampliación del margen
de utilidades obtenidos por el sistema financiero nacional; y esto en un
año de recesión económica y bajo nivel inflacionario.
En octubre de 1995, la mencionada diferencia era de 4.58 puntos
porcentuales, mientras que para el mismo mes de 1996 fue de 5.61 puntos
porcentuales, lo cual supone un incremento porcentual de 22.5% en los
ingresos brutos provenientes de las operaciones bancarias.
Los criterios de asignación del crédito aplicados
por la banca privada han mostrado tener sesgo en contra de los sectores
productivos de la economía. Si antes de su nacionalización
el sistema financiero concentraba el crédito en las actividades
más dinámicas (industriales y agropecuarias), actualmente
este continua haciéndolo aunque con la diferencia de que los
sectores privilegiados se encuentran ahora en el sector terciario, el cual
no genera bienes exportables ni divisas.
En el mediano y largo plazo, esta situación podría
comprometer la aparente situación privilegiada del país en
materia de estabilidad macroeconómica, pues -suponiendo ausencia de
remesas familiares y de cualquier otro ingreso externo- se
suscitarían, por ejemplo, desequilibrios de balanza de pagos,
pérdida de reservas internacionales, devaluación de la moneda
e incrementos de la tasa de inflación debido a que no existe un
sector productivo capaz de generar las divisas que proporcionan las remesas
familiares y que actualmente sostienen la economía nacional.
La privatización del sistema financiero ha restaurado
nuevos campos de acumulación para los grandes inversionistas al
tiempo que limita el desarrollo de actividades con potencial de generar
empleo productivo, exportaciones y disminución de la dependencia de
las remesas familiares para mantener una macroeconomía estable. El
manejo del crédito y de las tasas de interés parecen estarse
constituyendo en dos escollos para el desarrollo, mismos que han surgido
exclusivamente del actual estilo de manejo del sistema financiero privado.
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A propósito de la crisis peruana
La violencia, su ejercicio o uso con fines políticos, es
una realidad compleja dentro del entramado de las relaciones
internacionales. El calificarla como execrable, como un
manifestación del más bárbaro de los terrorismos, o
como inevitable y necesaria depende de uno o más de los
siguientes factores: de la adscripción ideológica, del
grupo étnico o cultural al que se pertenece y de la
posición que se ocupa dentro de los intereses político-
económicos mundiales.
El uso de la violencia fue considerado legítimo, por
ejemplo, cuando se utilizó para apresar y llevar a la justicia
estadounidense al ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega; el
pasar por encima de vidas civiles y dejar cuantiosos daños
materiales en la infraestructura del país fue visto como
necesario para ponerle paro a un personaje que había afirmado en
reiteradas ocasiones su disposición de recuperar el control
administrativo del canal marítimo que atraviesa su país,
algo absolutamente intolerable y lesivo para los intereses del orden
mundial en la región. Nadie condenó tampoco usar la
violencia para mantener el control de la zona del cercano oriente, aun
cuando ello implicara que Israel aprobara legislativamente el uso de la
tortura contra sus enemigos apresados por el Shin Bet o diera mano libre
para que sus aguerridos soldados dispararan sus fusiles de asalto contra
adolescentes palestinos armados de piedras y garrotes.
La oposición a estos hechos, el condenar este tipo de
violencia, está fuera de la racionalidad que impera en la comuna
internacional. Aquel que muestra su rechazo a esta lógica es
visto como un sospechoso simpatizante de la facción terrorista a
combatir; por lo cual, candidato a sanciones o a la marginación
internacional -el ejemplo más ilustrativo y actual de ello es el
veto estadounidense contra la candidatura a la presidencia de la ONU de
Boutros Ghali, funcionario que contra la voluntad de los Estados Unidos
emitió una resolución de condena por el bombardeo de
helicópteros israelitas sobre objetivos civiles.
Esta discrecionalidad internacional que tipifica el uso de la
violencia de acuerdo a criterios foráneos a los derechos humanos
más básicos divide a las facciones en pugna en dos bandos:
los terroristas o delincuentes, los que se mantienen fuera de la norma
aceptada en los tres factores ya mencionados, y los guardianes-
castigadores, aquellos que se mantienen dentro de lo aceptado
internacionalmente y que cuando se ven atacados o amenazados por los
primeros pueden ejercer la fuerza legítimamente y sin oprobio.
No es de sorprenderse, pues, que el calificativo de terroristas
haya sido patrimonio exclusivo de los grupos revolucionarios de
América Latina y otras partes del mundo; mientras que las
facciones militares contrarias, las pertenecientes a los
regímenes gubernamentales, se hayan visto excluidas de ello. Lo
que en definitiva diferenció y diferencia a los dos grupos es que
el primero, cometa o no actos que violenten los derechos humanos de la
población civil, es terrorista a priori -su violencia es
injustificada y, por ende, condenable por no ser medio para alcanzar la
norma internacional que rige-, mientras que los segundos, incluso
cometiendo actos de barbarie y terrorismo a ultranza, incluso atentando
contra los valores que dicen defender, se ven librados de cualquier
crítica y son premiados por no dejarse victimar por los que se
mantienen al margen de lo establecido política y socialmente.
Lo hasta aquí dicho es útil para evaluar y
comprender uno de los sucesos internacionales que más
atención ha acaparado durante el último mes: la toma de la
embajada de Japón en Perú a manos del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Perú, la democracia en crisis
La toma de la embajada japonesa en Perú, el 17 de
diciembre de 1996, es un hecho que ha sacudido a la opinión
pública mundial por dos razones. La primera, la acción del
MRTA se da en el marco de un proceso en el cual los movimientos
guerrilleros izquierdistas latinoamericanos o se han extinguido al
entrar sus integrantes a la legalidad política o mantienen un
perfil bajo donde las acciones militares a gran escala han pasado a ser
sustituidas por la negociación y el diálogo; en este
sentido, el audaz asalto del MRTA ha hecho revivir los operativos
guerrilleros que fueron comunes en las décadas de los 60 y 70.
La segunda, la toma, además de involucrar a personajes
de la diplomacia internacional y altos jerarcas del estado peruano,
acaece después de que el Presidente Alberto Fujimori se
había mofado nacional e internacionalmente de poseer un aparato
de seguridad e inteligencia lo suficientemente eficiente como para
llevar cerca del exterminio a los dos grupos guerrilleros del
país: el MRTA y Sendero Luminoso. Los miembros del Túpac
Amaru, a la vez que mostraban con contundencia su capacidad
logística y operativa, ponían en jaque a un gobierno que
hasta la fecha había hecho todos los alardes de fuerza que
permite la arrogancia del poder casi absoluto.
Aunque las exigencias puestas por el escuadrón
emerretista para liberar a los rehenes que todavía restan (un
poco más de 100) han ido ablandándose conforme han pasado
los días y se ha inflexibilizado la posición oficial del
gobierno peruano (el cual se niega a la concesiones y exige la
liberación de los rehenes y la rendición de los
guerrilleros), hay un punto central que se mantiene: el reconocimiento
internacional del grupo como una organización que lucha por
reinvindicaciones sociales -lo que implica no ser tratados como
terroristas- y un cambio en la política neoliberal y autoritaria
de Fujimori. Sobre ambas cosas es necesario realizar algunas
reflexiones.
Aunque pretendan argumentar lo contrario los dirigentes del
MRTA, la toma de la embajada no es solamente una acción
política, es también un acto calculado de terrorismo, pues
en él se han visto involucrados objetivos que no pueden ser
considerados -desde ninguna perspectiva- militares. Sin embargo, la
prensa y la opinión mundial no han reparado en lo que de
político tiene el ataque, en lo que de la realidad peruana dice
una acción tan extrema. Tanto la OEA, la ONU y los países
industrializados no han dudado en calificar el hecho como un þataque a
la democraciaþ, pero es obligatorio preguntarse antes ¿cuál
democracia? ¿acaso existe una mínima democracia en
Perú?
No deja de ser contradictorio el que países de la
comunidad internacional exijan al gobierno peruano no reconocer a los
miembros del MRTA como más que simples terroristas y delincuentes
para los cuales la respuesta idónea es la más
drástica, cuando han pasado por alto que Fujimori ha anulado, si
no aniquilado por completo, las instituciones democráticas
básicas de su país con el fin de mantenerse en el poder.
En consecuencia, el asalto a la embajada sólo puede entenderse
como una coyuntura que obedece a un proceso de años
indiscutiblemente ilegítimo y atentatorio contra la democracia;
la acción del MRTA no es en sí misma una simple crisis que
basta con solucionarla mediante la fuerza o la negociación, es
más bien la expresión de la crisis democrática
peruana que con el silencio internacional ha sido avalada por
años.
Es importante, pues, preguntarse si había otro mecanismo
en Perú para hacerse escuchar y obligar al mundo a reparar en el
hecho de las asfixiantes condiciones democráticas del estado
peruano. Si bien la acción del MRTA es a todas luces el estertor
de un grupo perdido en los esquemas guerrilleros de décadas
pasadas, ello no debe servir de justificación para contemplar al
gobierno de Fujimori como una víctima inocente de una violencia
desproporcionada.
En definitiva, el operativo del MRTA es perfectamente
comprensible en un país en el cual la democracia es el
instrumento y pretexto para afianzar un poder feudal. A su manera, tanto
la violencia del MRTA como el romanticismo del EZLN muestran que en
Latinoamérica el fantasma de los grupos guerrilleros no puede ser
exorcizado mientras la democracia sea simplemente un alegato y una
fachada para disimular las más nefastas prácticas de los
dictadores modernos. Sí, el MRTA es un movimiento de expresiones
terroristas, pero ¿no es también un terrorismo de Estado el
privar a los ciudadanos de medios de expresión alternativos a las
tomas de rehenes o el sabotaje?
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La firma de la paz en Guatemala
Una de las noticias importantes al final del año 1996
nos anunciaba la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, con lo que
llegaban a su fin a 36 años de conflicto armado. La
finalización de la guerra y los esfuerzos por solucionarla pueden
evaluarse como una señal positiva de cambios prometedores para el
vecino país.
Desde el primer acuerdo básico suscrito en Oslo, el 30 de
marzo de 1990, hasta el acuerdo final en Ciudad de Guatemala, el 29 de
diciembre de 1996, pasaron seis años y se firmaron trece acuerdos
entre los que sobresalen la situación de los pueblos
indígenas, reasentamientos para la población desplazada por
el conflicto, el papel del ejército frente a la sociedad
guatemalteca, la investigación sobre graves hechos de violaciones
a los derechos humanos, así como reformas al sistema electoral,
reinserción de los ex combatientes de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG) y el cese de fuego definitivo.
Es necesario reconocer que en los ámbitos en los cuales
se lograron acuerdos éstos son difíciles de implementar en
sociedades como la guatemalteca, dirigida durante décadas por
dictaduras militares. Precisamente, la imposición del poder militar
rompió con las aspiraciones democráticas iniciadas por Jacobo
Arbenz en la década de los cincuenta y desembocó luego en uno
de los conflictos más antiguos de América Latina.
Al examinar los acuerdos firmados el 29 de diciembre pasado,
podemos observar coincidencias con el proceso de paz salvadoreño.
Ciertamente, las figuras jurídicas y políticas pueden ser
diferentes, pero básicamente comparten el objetivo central: sentar
las bases para sociedades democráticas con participación de
amplios sectores y la subordinación del poder militar al civil.
La lectura de los acuerdos de paz en Guatemala podría
conducir a la falacia de que es un proceso idéntico al
salvadoreño. No se puede negar, en este punto, que tienen similitud
de procedimiento técnico; sin embargo, los alcances respecto al
fortalecimiento de la sociedad civil apuntan más a la continuidad
de un proceso para una paz firme y duradera que a unos compromisos
meramente coyunturales.
La estructura de los acuerdos suscritos entre la URNG y el
gobierno de Guatemala podrían evaluarse desde tres elementos
constitutivos: a) acuerdos coyunturales (reconversión,
reasentamiento de la población desplazada por el conflicto, etc.);
b) parte dogmática (redefinición del papel del
ejército); y c) nuevo andamiaje para la vida institucional y
política de Guatemala (el uso de lenguaje multilingüe en la
administración de justicia, la incorporación de compromisos
y acuerdos dirigidos a sectores altamente marginados y excluidos:mujeres
e indígenas)
Precisamente en este tercer elemento hay que considerar las
proyecciones que sobre las atribuciones y misiones de la Asamblea
Legislativa se determinan en los acuerdos : "el debate público de
los asuntos fundamentales", "la representividad del pueblo" y "las
responsabilidades que le corresponden de cara a los otros organismos del
estado". Un paso altamente significativo es la incorporación del rol
de la mujer en la sociedad civil, así como de sus organizaciones.
En lo que se refiere al papel del ejército al frente de la
sociedad y la reducción de sus efectivos, los casos
salvadoreño y guatemalteco comparten algunas coincidencias. En el
caso de Guatemala, la reducción de los efectivos del ejército
en un 33%, tomando como base su "tabla de organización y equipo
vigente" y la reorganización de su despliegue en el territorio
guatemalteco, es importante ya que establece límites y propone
algunos frenos para el despliegue excesivo de poder por parte del estamento
militar. Sin embargo, las atribuciones que se le otorgan al Presidente de
la República para el uso del ejército, cuando la seguridad
pública no pudiese ser garantizada, es peligroso para la
incipiente democracia, pues el acuerdo deja abierta la posibilidad para
interpretaciones y acciones un tanto antojadizas del poder ejecutivo.
Para Héctor Rosada, ex negociador gubernamental, el cambio
es sólo superficial, "Yo siento que cosméticamente el
ejército se lava la cara" . " Tenemos un ejército debilitado,
dolido, que ganó militarmente y que perdió todo el poder
político". agregó. De este modo, las apreciaciones del
negociador gubernamental levantan sospechas sobre la voluntad del
ejército para adecuar su estructura a la nueva coyuntura
guatemalteca.
Con todo, el optimismo está en el ambiente y el hasta ese
momento Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali,
mostró su satisfacción por los resultados del proceso
negociador, señalando que los alcances del mismo son a largo plazo
y garantizan la transición hacia una nueva Guatemala. Ghali se
refirió al mismo como el marco de referencia para el fortalecimiento
de las bases de un estado democrático".
Las transformaciones de orden institucional para permitir la
integración de los ex guerrilleros a la vida civil se presenta con
características similares a los sucedido en El Salvador. Asimismo,
una de las similitudes -y que podría convertirse en el mayor reto
para la URNG- es la creación de un partido político, pues la
reconversión guerrillera podría tener sus sorpresas; la
experiencia salvadoreña ya ha dado muestras de estos errores; resta
esperar que no sea este el caso de Guatemala.
Por otra parte, un elemento diferencial con el proceso
salvadoreño es la incorporación a los acuerdos, como punto
específico, del tema de la "Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas". No cabe duda de que el reconocimiento de los derechos
de esta parte mayoritaria de la población guatemalteca es producto
de la lucha de Rigoberta Menchú y quienes con ella han luchado y
luchan por los derechos de los indígenas. El acuerdo es importante
y representa un avance en cuanto que pretende integrar a la
multifacética población de Guatemala. La definición
del estado guatemalteco como un estado multilingüe, multiétnico
y pluricultural puede señalarse como un primer indicador de este
esfuerzo integrador. Sumado a esto, hay que señalar la reforma del
sistema de justicia para que el mismo se modernice e incluya un
funcionamiento multilingüe, que de paso a una aplicación
más equitativa de la justicia.
Los acuerdos parecen prometedores, pero no se puede obviar que la
cultura de la confrontación, luego de un poco más de tres
décadas de guerra civil, será un obstáculo para la
consecución de una paz duradera. La experiencia salvadoreña
ha mostrado deficiencias, errores de cálculo, falta de
previsión frente a los acontecimientos. Nuestra propia cultura
política esta dificultando el proceso de cambios. La falta de
participación activa de la población, por las propias trabas
del sistema o por la apatía frente a la política, muestran
las dificultades de la transición hacia la democracia.
El drama de la guerra, y esto lo sabemos por nuestra propia
experiencia, dejó en nuestras sociedades huellas permanentes e
imborrables. Los acuerdos entre las partes pueden sentar un
fructífero precedente para encaminar a la sociedad guatemalteca
hacia un cambio radical en las propias visiones de futuro de su
país. La llegada de la paz a Guatemala es trascendental, compartimos
su satisfacción por este logro y deseamos patentizar nuestra
congratulación por ello.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, momentos antes
de la firma del acuerdo sobre cese del fuego definitivo afirmó que
"lo más importante ahora es reconstruir Guatemala". "Esta es una paz
en la que todos nosotros, de una manera u otra estamos involucrados,
algunos como víctimas otros como parte en el conflicto",
agregó. Las palabras de esta luchadora de Guatemala son
símbolo de esta visión sobre el futuro de este territorio
multifacético, centroamericano y latinoamericano, así como
de todos los que creemos que es posible crear sociedades
democráticas, justas y más humanas.-----
Pistas para la reconciliación y la paz
El pasado domingo 5 de enero inició en nuestro país
la XXX Jornada Mundial de la Paz que, en esta oportunidad, fue denominada:
"Ofrece el perdón, recibe la paz". Este es un evento que --a
iniciativa de la Santa Sede-- es organizado acá por las
máximas autoridades eclesiales de la arquidiócesis de San
Salvador. Como en años anteriores, en él participan personas
e instituciones de la llamada "sociedad civil"; además, fueron
invitados e invitadas representantes de los sectores político,
gubernamental, religioso, humanitario, gremial y popular, con el objeto de
analizar el mensaje papal elaborado especialmente para la ocasión.
En esta oportunidad, Juan Pablo II reflexiona --de cara al siglo XXI-- en
torno a un mundo que "anhela la curación", sobre la base del
perdón.
Sin embargo, en el esfuerzo por darle cumplimiento a esa
legítima aspiración en nuestra tierra, nos encontramos que
el camino no es tan sencillo para algunas personas pues, sin duda, el
proceso de acercamiento a una sociedad verdaderamente reconciliada y en paz
--después de todo lo sucedido-- tiene sus exigencias. La primera de
ellas gira alrededor de la verdad y su conocimiento público.
Así lo dice el Papa en el texto citado: "El perdón, lejos de
excluir la búsqueda de la verdad, la exige". Pero además,
existe otra: la justicia. "El perdón --añade en el documento-
- no elimina ni disminuye la exigencia de la reparación, que es
propia de la justicia".
Luego de haber conocido los hechos, reconocido los errores
aplicando la ley para hacer justicia y reparar el daño, es posible
pensar en alcanzar un perdón que nos permita vivir dentro de una
sociedad reconciliada. Pero preocupa que en El Salvador, urgido de un
sincero esfuerzo en ese sentido, se hayan desperdiciado valiosas
oportunidades para ello y no se esté haciendo mucho en la actualidad
a fin de caminar por ese sendero. Con la difícil situación
económica y política que impera actualmente, se corre el
riesgo de que se produzcan peligrosos enfrentamientos, tal como lo menciona
la carta del Pontífice al señalar que una aparente paz puede
llevar a nuevas explosiones de violencia.
Junto a este mensaje, que resulta ser un buen documento para
orientar el esfuerzo hacia la construcción de una sociedad distinta,
en nuestro país también contamos desde hace casi cuatro
años con otra herramienta: el informe de la Comisión de la
Verdad. Como es sabido por las personas que tuvieron el privilegio de
conocerlo --ya que desde el poder se hizo todo lo posible para
descalificarlo y ocultarlo-- dentro de él aparecen diversas
recomendaciones que resultan ser una agenda aceptable en relación
a las medidas que se deben adoptar en este impostergable esfuerzo, el cual
se enfrenta a la necedad propia de quienes --por cargar sobre sus espaldas
una buena parte de responsabilidad en lo que toca a la tragedia vivida
recientemente por el pueblo salvadoreño-- pretendieron dar por
cerrado el tema con un cuestionable "borrón y cuenta nueva".
Con ese informe en unas manos dispuestas a transformar realmente
el país, se podrían empezar a cumplir las recomendaciones
incluidas en el apartado que la Comisión tituló: "Medidas
tendientes a la reconciliación nacional". Hay quienes opinan que se
debía atender primero aquella que trata sobre el impulso del "Foro
de la verdad y la reconciliación", mediante el cual se buscaba
analizar el citado informe, sus conclusiones y recomendaciones, así
como los avances producidos en la materia.
Dicho análisis --según la Comisión--
debía ser realizado "no sólo por el pueblo salvadoreño
como un todo", sino también por "una instancia especial, donde se
reúnan los sectores más representativos de la sociedad y que,
además de los señalados objetivos, alcancen a hacerle
seguimiento al estricto rigor con que se cumplan las recomendaciones". De
haber trabajado plenamente en ese sentido o al menos cumplido lo referente
a la difusión y discusión del documento, se habría
actuado en sintonía con el reciente mensaje papal destinado a
iluminar la construcción de un sociedad distinta, reconciliada y en
paz.
Pero no se quiso avanzar en ese sentido. Tampoco se intentó
hacer otras cosas que sugería la Comisión. No se
construyó, por ejemplo, el "monumento nacional en San Salvador con
los nombres de todas las víctimas del conflicto, identificadas".
Sí acaban de inaugurar uno al soldado salvadoreño; pero
esperemos que el mismo esté dedicado a aquellos que, en su
mayoría, fueron también víctimas por el reclutamiento
forzoso, por la mala preparación que recibían y con la cual
eran enviados rápidamente al combate, por la mala
alimentación que se les proporcionaba, por los malos tratos de sus
jefes, etc. A esos soldados también hay que incluirlos entre las
víctimas, pero hay que distinguirlos de los oficiales que fueron
responsables de ello y también de haber causado tanto dolor entre
la población civil no combatiente que sufrió los embates de
la guerra.
Ni siquiera se decretó --feriado o no-- un día
nacional para recordar a las víctimas de la confrontación
violenta vivida en el país durante casi dos décadas, en sus
diferentes expresiones. Mucho menos se cumplió con algo que, desde
nuestra perspectiva, está por encima de todas las cosas: el
reconocimiento oficial y público "de la honorabilidad de las
víctimas y de los graves delitos de los que fueron víctimas".
Ese reconocimiento no cuesta dinero; sólo requiere de una buena
dosis de voluntad política de aquellos y aquellas que se dicen
cristianos, que reciben al Papa con "bombo y platillo", que gastan enormes
cantidades de dinero para ello, pero que --en la práctica-- hacen
caso omiso de sus orientaciones.
Tras todo lo anterior, es lógico que no se haya indemnizado
a las víctimas por el daño que se les causó
injustamente, pese a que la Comisión de la Verdad sugirió un
mecanismo para financiar el cumplimiento de esa obligación. Y no
podía ser de otra forma, pues los mismos que llenaron el país
de una irracional violencia política e impulsaron la guerra --cada
uno responsable de lo que se hizo desde su lado-- coparon todos los
espacios existentes para intentar alcanzar la paz y los viciaron. En ese
marco se aprobó la amnistía del 20 de marzo de 1993, que fue
el instrumento ilegal mediante el cual se autoperdonaron --por
acción u omisión-- los responsables de tanto dolor y evitaron
que las personas ofendidas pudieran recibir cualquier tipo de
reparación, fuera ésta moral o material.
Sería bueno y saludable, para alcanzar el perdón
social según lo señalado por el Papa, volver a discutir sobre
ese aberrante decreto y lograr que se declare su inconstitucionalidad para
tumbar así el muro que impide, a las víctimas o a sus
familiares, iniciar las acciones legales correspondientes para recibir
justicia. Porque los dolorosos hechos que golpearon a tanta gente en El
Salvador no podían ser amnistiados, según el derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario. Hacerlo significó una bofetada al rostro de la
humanidad entera y continuar aceptándolo --sin hacer nada--
representa cierto grado de complicidad con los criminales.
Las prácticas amplias o sistemáticas de
crímenes tales como el asesinato y la tortura, cometidos en contra
de población civil durante un conflicto armado de carácter
nacional o internacional, o hasta en tiempo de paz constituyen --
según su definición básica-- los crímenes de
lesa humanidad. A ella deben agregarse otros crímenes
específicos: el genocidio, el "apartheid" y la desaparición
forzada. De éste último tipo de delitos, fueron más
de 8 mil las víctimas en El Salvador; asesinadas y torturas, la
cifra sobrepasa las 100 mil personas. Pero, además, en el territorio
nacional se produjeron numerosos crímenes de guerra. Dichos
crímenes, en conflictos armados de carácter no internacional
como el que se dio acá, son aquellas violaciones serias del
artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949 y del
protocolo adicional II de Ginebra de 1977.
El mencionado artículo protege a "las personas que no
participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las
fuerzas armadas y las personas que hayan quedado fuera de combate por
cualquier otra razón". Todas ellas "serán, en toda
circunstancia, tratadas con humanidad y sin distinción alguna de
índole desfavorable".
Según el artículo 4 del Estatuto para el Tribunal
Penal Internacional en Ruanda, cuando se habla de "violaciones serias" nos
estamos refiriendo a lo que sigue. "Estas violaciones incluyen, pero no se
limitan, a las siguientes: (a) violencia contra la vida, salud o bienestar
físico o material de personas, así como los tratos crueles
tales como la tortura, la mutilación o cualquier forma de pena
corporal; (b) castigos colectivos; (c) toma de rehenes; (d) actos de
terrorismo; (e) atropellos contra la dignidad personal, en
específico tratos humillantes y degradantes, violación
sexual, prostitución forzosa y cualquier forma de asalto indecente;
(f) saqueos; (g) sentenciar y ejecutar sentencias sin fallo previo de un
tribunal debidamente constituido, con todas las garantías judiciales
que se reconocen como indispensables por pueblos civilizados; (h) amenazas
de cometer cualesquiera de los actos antes mencionados".
Y, como dice el canto maya citado por la Comisión de la
Verdad en su informe, "todo esto pasó entre nosotros". Y los
responsables de todo eso --de los crímenes de lesa humanidad y de
guerra-- se autorperdonaron pese a que, según el derecho
internacional, no podían hacerlo. Por ejemplo, en los principios de
cooperación internacional en la identificación,
detención, extradición y castigo de los culpables de
crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad --
adoptados por la asamblea general de las Naciones Unidas mediante
resolución 3074 (XXVIII), del 3 de diciembre de 1973-- se dispone
que esos actos, "dondequiera y cualesquiera que fuera la fecha en que se
hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las
personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la
comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas,
enjuiciadas y, en caso de ser encontradas culpables, castigadas".
Además, en la citada resolución, se agrega los
Estados no adoptarán "disposiciones legislativas ni tomarán
medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones
internacionales que hayan contraído con respecto a la
identificación, la detención, la extradición y el
castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes
de lesa humanidad".
Al reflexionar sobre todo lo anterior, no cabe duda que la
sociedad salvadoreña se encuentra ante un gran desafío si es
que realmente quiere llegar a lograr que en ella prevalezca la verdad sobre
la mentira y la justicia destierre por fin a la impunidad en la que se
escudan muchas y muchos. Y en ese marco, sobre todo tras el mensaje de su
Santidad, a la iglesia católica le corresponde desempeñar un
rol importante rol pues la mayoría de la población --su
"rebaño"-- vive desencantada; a cinco años de la firma de la
paz, no tiene en qué ni por qué creer en nada. Las y los
salvadoreños han ido perdiendo la poca confianza que tenían,
tanto en el gobierno como en los diferentes institutos políticos que
más que un símbolo de reconciliación lo son de una
confrontación permanente, interna y externamente, por ambiciones
particulares de poder.
Por eso, es necesario animar a la participación de la gente
y --más que a nadie-- le corresponde a la arquidiócesis
asumir un liderazgo real y efectivo en ese sentido, por contar entre su
rico pasado con experiencias tan fructíferas como las de Luis
Chávez y González, Oscar Arnulfo Romero y Galdámez,
y Arturo Rivera y Damas, quienes fueron coherentes con el mensaje de Juan
Pablo II al dedicar su vida a fomentar la verdad, la justicia y el
perdón, buscando una paz fundada en el respeto a los derechos
humanos de toda la población.
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Transcribimos a continuación el documento final del proceso de
diálogo-negociación entre la URNG y el Gobierno de Guatemala,
suscrito el 29 de diciembre de 1996.
Acuerdo de paz firme y duradera
CONSIDERANDO
Que con la suscripción del presente Acuerdo se pone
fin a mas de tres décadas de enfrentamiento armado en Guatemala,
y concluye una dolorosa etapa de nuestra historia,
Que a lo largo de los últimos años, la
búsqueda de una solución política al enfrentamiento
armado ha generado nuevos espacios de diálogo y entendimiento
dentro de la sociedad guatemalteca,
Que de aquí en adelante empieza la tarea de
preservar y consolidar la paz, que debe unir los esfuerzos de todos los
guatemaltecos,
Que para ese fin el país dispone, con los Acuerdos
de Paz, de una agenda integral orientada a superar las causas del
enfrentamiento y sentar las bases de un nuevo desarrollo,
Que el cumplimiento de estos acuerdos constituye un
compromiso histórico e irrenunciable,
Que para conocimiento de las generaciones presentes y
futuras, es conveniente recoger el sentido profundo de los compromisos
de paz,
El Gobierno de la República de Guatemala y la
Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca acuerdan lo siguiente:
I. CONCEPTOS
1. Los Acuerdos de Paz expresan consensos de carácter
nacional.
Han sido avalados por los diferentes sectores representados en
la Asamblea de la Sociedad Civil y fuera de ella. Su cumplimiento
progresivo debe satisfacer las legitimas aspiraciones de los
guatemaltecos y, a la vez, unir los esfuerzos de todos en aras de esos
objetivos comunes.
2. El Gobierno de la República reafirma su
adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y
proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como
su voluntad política de hacerlos respetar.
3. La población desarraigada por el enfrentamiento
armado tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio
guatemalteco.
El Gobierno de la República se compromete a asegurar su
retorno y reasentamiento, en condiciones de dignidad y seguridad.
4. Es un derecho del pueblo de Guatemala conocer plenamente
la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de
violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno.
Esclarecer con toda objetividad e imparcialidad lo sucedido,
contribuirá a que se fortalezca el proceso de conciliación
nacional y la democratización en el país.
5. El reconocimiento de la identidad y derechos de los
pueblos indígenas es fundamental para la construcción de
una nación de unidad nacional multiétnica, pluricultural y
multilingue. El respeto y ejercicio de los derechos politicos,
culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos,
es la base de una nueva convivencia que refleje la diversidad de su
Nación.
6. La paz firme y duradera debe cimentarse sobre un
desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien
común, que responda a las necesidades de toda la
población. Dicho desarrollo requiere de justicia social como uno
de los pilares de la unidad y solidaridad nacional, y de crecimiento
económico con sostenibilidad, como condición para atender
las demandas sociales de la población.
7. Es fundamental para lograr la justicia social y el
crecimiento económico, la participación efectiva de los
ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores de la sociedad.
Corresponde al Estado ampliar estas posibilidades de
participación y fortalecerse como orientador del desarrollo
nacional, como legislador, como fuente de inversión
pública y proveedor de servicios básicos, como promotor de
la concertación social y de la resolución de conflictos.
Para ello el Estado requiere elevar la recaudación tributaria y
priorizar el gasto hacia la inversión social.
8. En la búsqueda del crecimiento, la política
económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de
exclusión socioeconómica, como el desempleo y el
empobrecimiento, y a optimizar los beneficios del crecimiento
económico para todos los guatemaltecos. La elevación del
nivel de vida, la salud, la educación, la seguridad social y la
capacitación de los habitantes, constituyen las premisas para
acceder al desarrollo sostenible de Guatemala.
9. El Estado y los sectores organizados de la sociedad deben
aunar esfuerzos para la resolución de la problemática
agraria y el desarrollo rural, que son fundamentales para dar respuesta
a la situación de la mayoría de la población que
vive en el medio rural, y que es la mas afectada por la pobreza, las
iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales.
10. El fortalecimiento del poder civil es una condición
indispensable para la existencia de un régimen
democrático. La finalización del enfrentamiento armado
ofrece la oportunidad histórica de renovar las instituciones para
que, en forma articulada, puedan garantizar a los habitantes de la
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz
y el desarrollo integral de la persona. El Ejercito de Guatemala debe
adecuar sus funciones a una nueva época de paz y democracia.
11. La incorporación de URNG a la legalidad en condiciones
de seguridad y dignidad constituye un factor de interés nacional,
que responde al objetivo de la conciliación y del
perfeccionamiento de un sistema democrático sin exclusiones.
12. Las reformas constitucionales contenidas en los Acuerdos de
Paz, constituyen la base sustantiva y fundamental para la
conciliación de la sociedad guatemalteca en el marco de un Estado
de derecho, la convivencia democrática, la plena observancia y el
estricto respeto de los derechos humanos.
13. Las elecciones son esenciales para la transición que
vive Guatemala hacia una democracia funcional y participativa. El
perfeccionamiento del régimen electoral permitirá afianzar
la legitimidad del poder público y facilitar la
transformación democrática del país.
14. La implementación de la agenda nacional derivada de
los Acuerdos de Paz, constituye un proyecto complejo y de largo plazo
que requiere la voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos y el
involucramiento de los Organismos del Estado y de las diversas fuerzas
sociales y políticas nacionales. Este empeño supone una
estrategia que priorice con realismo el cumplimiento gradual de los
compromisos, de forma tal que se abra un nuevo capítulo de
desarrollo y convivencia democrática en la historia de Guatemala.
II. VIGENCIA DE LOS ACUERDOS DE PAZ
15. Al presente Acuerdo de Paz Firme y Duradera quedan
integrados todos los Acuerdos suscritos con base en el Acuerdo Marco
sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por
Medios Políticos, suscrito en la Ciudad de Queretaro,
México, el 25 de julio de 1991 y a partir del Acuerdo Marco para
la Reanudación del Proceso de Negociación entre el
Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,
suscrito en la Ciudad de México el 10 de enero de 1994. Dichos
acuerdo son:
- El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito en
la Ciudad de México el 29 de marzo de 1994;
- El Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones
Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, suscrito en Oslo el 17 de
junio de 1994;
- El Acuerdo sobre el Establecimiento de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las
Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia
que han Causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca,
suscrito en Oslo el 23 de junio de 1994;
- El Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, suscrito en la Ciudad de México el 31 de marzo
de 1995;
- El Acuerdo sobre Aspectos Socieconómicos y
Situación Agraria, suscrito en la Ciudad de México el 6 de
mayo de 1996;
- El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y
Función del Ejército en una Sociedad
Democrática, suscrito en la Ciudad de México el 19 de
septiembre de1996;
- El Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego,
suscrito en Oslo el 4 de diciembre de 1996;
- El Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y
Régimen Electoral, suscrito en Estocolmo el 7 de diciembre de
1996;
- El Acuerdo sobre Bases para la Incorporación
de URNG a la Legalidad, suscrito en Madrid el 12 de diciembre de 1996;
- El Acuerdo sobre Cronograma para la
Implementación, Cumplimiento y Verificación de los
Acuerdos de Paz, suscrito en la Ciudad de Guatemala el 29 de diciembre
de 1996.
16. Con excepción del Acuerdo Global sobre Derechos
Humanos, que está en vigencia desde su suscripción, todos
los acuerdos integrados al Acuerdo de Paz Firme y Duradera cobran formal
y total vigencia en el momento de la firma del presente Acuerdo.
III. RECONOCIMIENTO
17. Al culminar el histórico proceso de
negociación para la búsqueda de la paz por medios
políticos, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca dejan constancia de su reconocimiento a los
esfuerzos nacionales e internacionales que han coadyuvado a la
conclusión del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en Guatemala.
Resaltan el papel de la Comisión Nacional de
Reconciliación, de la Conciliación, de la Asamblea de la
Sociedad Civil, y de la Moderación de las Naciones Unidas.
Valoran asimismo el acompanamiento del Grupo de Países Amigos del
Proceso de Paz de Guatemala, integrado por la República de
Colombia, el Reino de España, los Estados Unidos de
América, los Estados Unidos Mexicanos, el Reino de Noruega y la
República de Venezuela.
IV. DISPOSICIONES FINALES
Primera.- El Acuerdo de Paz Firme y Duradera entra en vigencia
en el momento de su suscripción.
Segunda.- Se dará la más amplia
divulgación al presente Acuerdo, en especial a través de
los programas de educación.
Ciudad de Guatemala, 29 de diciembre de 1996.
POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA
Gustavo Porras Castejón
Otto Pérez Molina, general de Brigada.
Raquel Zelaya Rosales.
Richard Aitkenhead Castillo.
POR LA UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
Ricardo Ramírez de León, (Comandante Rolando
Morán)
Jorge Ismael Soto García, (Comandante Pablo Monsanto)
Ricardo Rosales Román (Carlos González)
Jorge Edilberto Rosal Meléndez
POR LAS NACIONES UNIDAS
Boutros Boutros Ghali.