© 1996 UCA Editores
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Año 17
número 739
diciembre 18
1996
ISSN 0259-9864
1996: un año de transformaciones postergadas
Balance político
Balance económico
Balance socio-laboral
Balance regional
La opinión pública en 1996: los problemas nacionales y la
crisis institucional
Los derechos humanos en 1996
Cronología de 1996
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1996: un año de transformaciones postergadas
A finales de 1991 la primera administración de ARENA y
el FMLN ultimaban detalles para firmar los documentos que
terminarían con doce años de guerra civil y que
sentarían las bases para una reforma política y
económica que contribuyera a superar los desequilibrios
estructurales generadores de los más violentos conflictos que ha
padecido El Salvador en el siglo XX. En enero de 1992 los Acuerdos de
Paz fueron firmados por las partes en conflicto y se inauguró una
de las fases más difíciles del proceso de
transición iniciado a principios de la década pasada.
A los estudiosos del proceso no se les escapaba que la
þsolución intermediaþ conseguida en la negociación dejaba
puntos importantes pendientes. Sin embargo, al calor del protocolo
negociador, el optimismo fue la nota característica del momento,
un optimismo especialmente notorio en la izquierda que en ese momento se
sentía triunfadora en lo que se dio en llamar la
þrevolución negociadaþ. Ahora sí -se pensaba en los
círculos que se sentían comprometidos con la justicia y la
igualdad- el país se estaba poniendo en la ruta de los cambios
estructurales tan largamente esperados, por los que tantas vidas se
habían sacrificado y los que tantas frustraciones habían
dejado en el pasado: la llegada de la izquierda al escenario
político y su acceso a una cuota significativa de poder eran los
requisitos básicos para avanzar hacia aquellos cambios.
Desmontando las bases del þautoritarismo militarþ y
consolidando los logros de la reforma política el camino
estaría despejado para realizar transformaciones a nivel socio-
económico. Esta era la apuesta del FMLN; fue también una
apuesta compartida por muchos de sus seguidores y simpatizantes para
quienes los logros sustantivos de la negociación sólo se
verían después de la consolidación política
del FMLN.
Mientras tanto, la derecha no celebraba con la algarabía
con la que lo hacía la izquierda. No era que se sintiera
þperdedoraþ en la þrevolución negociadaþ, sino que, al parecer,
desde los últimos preparativos para la firma de la paz ya era
consciente, al menos en aquellos de sus miembros de más olfato
político, que los cambios estructurales se pospondrían ad
calendas graecas, puesto que la batalla de la izquierda por alcanzarlos
tendría que sortear obstáculos institucionales,
ideológicos y económicos no previstos por ella cuando
suscribió los Acuerdos de Paz. La derecha quizás era
consciente de que la paz era su victoria; por ello su alegría
tenía más fundamento, aunque fuera menos notoria que la
del FMLN y sus seguidores y simpatizantes.
A cuatro años de firmados los Acuerdos de Paz, la
derecha se alza como la gran ganadora de la postguerra. Pese a las
fricciones internas, políticas y económicas, que han
aparecido en su seno, la amenaza de cambios estructurales en el acceso a
la propiedad y a la riqueza ha desaparecido de su horizonte. Los
enemigos de la derecha son sus propios intereses y la voracidad con la
que los mismos son defendidos; aparte de ello, en la actualidad no tiene
a quien temer, como en las décadas de los 70 y 80 cuando la
legitimidad de sus riquezas y poder estaban el centro de la
discusión.
Si, en la terminología del FMLN, la þcorrelación
de fuerzasþ fue lo que llevó a ambas partes a la mesa de
negociación y lo que condicionó que el FMLN dejara en el
tintero sus exigencias de reforma social y económica para
más adelante, en la postguerra la correlación de fuerzas
se ha ido inclinando a favor de la derecha económica y
política al punto de permitirle enriquecerse sin mayores
impedimentos y apuntalar sus bastiones de poder para intentar una
involución autoritaria.
En un escenario como el descrito, el optimismo que
predominó inmediatamente después de la firma de los
Acuerdos de Paz se ha transformado en un pesimismo desalentador. Los
cambios estructurales quedaron nada más como una bandera y un
sueño del pasado; la confianza en quienes los llevarían
adelante se ha perdido; y la esperanza en un futuro más digno
para los marginados de El Salvador se ha vuelto cada vez más
lejana. Parecería, pues, que de nada sirvieron las dos
décadas de sacrificio popular, los miles de asesinados y
desaparecidos y la destrucción humana y material de doce
años de guerra. ¿Son las cosas así de
dramáticas? ¿O acaso hay que moderar el balance y centrar la
atención en aquello que antes no se tenía y que
sólo después de la guerra se ha vuelto -o comienza a
hacerse- realidad en El Salvador?
Si se revisan detenidamente los Acuerdos de Paz, así
como los documentos preparatorios de los mismos, queda claro que la
reforma política y judicial ocupó un lugar central en la
negociación, mientras que la reforma económica sólo
fue abordada como tema secundario y en aquellos aspectos que
tenían que ver directamente con la transferencia de tierras en
zonas de conflicto y reinserción de los desmovilizados de ambos
ejércitos. Por consiguiente, de lo que se trata es de evaluar
hasta qué punto se ha avanzado en la reforma política y
judicial, y si lo alcanzado es suficiente para dar por consolidada la
institucionalidad democrática que se pensaba iba a lograrse una
vez concluida la ejecución de los Acuerdos de Paz.
En lo que atañe a la reforma política, por
más que uno de sus logros iniciales haya sido la inserción
del FMLN en el sistema de partidos y su participación en las
elecciones de 1994, no se ha profundizado lo suficiente como para dar al
traste con viejos vicios del pasado, como el ejercicio político
demagógico y oportunista, la compra-venta de favores, la
corrupción y el verticalismo partidarios.
Los partidos políticos se han mostrado escasamente
competitivos y pocos dignos de crédito ante el electorado,
así como incapaces de elaborar y proponer proyectos de alcance
nacional. Sus liderazgos son obsoletos y están carcomidos por
intereses de la más baja especie. El pluralismo en el sistema
político no se ha traducido en una mayor calidad de las opciones
electorales, sino que más bien es expresión de divisiones
partidarias motivadas por protagonismos de individuos respaldados por
camarillas ansiosas de obtener beneficios materiales. Es decir, los
partidos no han dado señales claras de haberse embarcado en un
proceso de democratización interna, paso necesario para el
fortalecimiento del sistema político y para el fortalecimiento de
una institucionalidad democratica, sin la cual es imposible pensar,
siquiera para un futuro lejano, en las reformas estructurales pendientes
desde el fin de la guerra.
La reforma judicial también deja mucho que desear.
Dejando de lado el irresuelto problema de la depuración judicial,
es indudable que aquí el punto sensible es el de la seguridad
ciudadana y el papel que juega la Policía Nacional Civil (PNC) en
la misma. La respuesta violenta de la institución policial a
demandas de la sociedad civil ha levantado serias dudas sobre su papel
como sostén importante de la transición
democrática. Con todo, mayores dudas ha levantado la sospecha
fundada en pruebas de que al interior del organismo policial existen
grupos de inteligencia y espionaje al margen de sus instancias de
dirección legalmente establecidas. Y es que si estas instancias
paralelas en el seno de la PNC concentran el suficiente poder y
responden a las órdenes de grupos o individuos ansiosos de una
involución autoritaria nada bueno se puede esperar para el
país.
El año de 1996 fue escenario no sólo del
agotamiento formal de los Acuerdos de Paz, declarados oficialmente como
totalmente cumplidos, sino también de la fortaleza creciente de
los grupos de poder político y económico, los cuales han
consolidado posiciones de fuerza que les están permitiendo
amenazar el avance de la institucionalización democrática.
Qué duda cabe que ya en los Acuerdos de Paz fue postergada la
reforma de las estructuras socio-económicas. Se trató, sin
embargo, de una postergación temporal hasta que la izquierda
canalizara electoralmente el apoyo de quienes la apoyaron durante la
guerra y de quienes se hicieron presentes en la Plaza de los
Mártires (en el centro de San Salvador) para celebrar el cese de
las hostilidades militares.
Pese a lo anterior, en 1996, como en ningún otro
año desde la firma de la paz, se han sentado las bases para que
esa reforma se postergue ad infinitum. Pero también la reforma
política y judicial se ha estancado en aspectos sustantivos como
la depuración de los jueces, la democratización de los
partidos y el fortalecimiento del sistema político. La
superación de estas taras políticas y judiciales
tendrá que esperar para 1997. Quedan como puntos pendientes, cuya
postergación no sólo favorece a quienes se han
atrincherado en posiciones autoritarias, sino que debilita las voces de
quienes desde la sociedad civil rechazan legítimamente el
atascamiento del proceso de cambios políticos y económicos
largamente esperado.
Por último y como complemento esencial de lo anterior,
no se puede dejar de señalar que otro punto irresuelto en 1996 es
el de los supuestos ecológicos de los modelos de desarrollo que
se implementan o se pretenden implementar en el país. Hasta
ahora, la ecología ha sido considerada como una þvariable
externaþ en los proyectos de desarrollo económico social; sin
embargo, El Salvador está llegando acelaradamente a sus
límites ecológicos, más allá de los cuales
es imposible el sostenimiento de cualquier modelo de desarrollo. Dicho
de otra forma, la ecología debe de ser integrada como una
variable fundamental en cualquier propuesta política y
económica con un mínimo de seriedad, pues es ella la que
condicionará en el futuro inmediato las posibilidades de la
economía, la política y la sociedad en nuestro
país.
Los empresarios ciertamente seguirán buscando acumular
riquezas; los políticos seguirán buscando la ansiada cuota
de poder; y la sociedad seguirá luchando por sobrevivir a la
voracidad empresarial, la incompetencia estatal y la violencia, pero
cada uno de esos grupos estarán luchando por nada una vez que el
país colapse ecológicamente. Es por evitar este colapso
por el que tenemos que luchar todos los salvadoreños; esta es una
lucha que sí vale la pena, puesto que en ella se juega la vida
nuestra y la de las generaciones venideras. Esta lucha no puede esperar
a ser postergada por un año más.
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Balance político
El año de 1996 ha sido un año particularmente
difícil para el proceso de instauración democrática
en El Salvador. Los Acuerdos de Paz, sin haber satisfecho totalmente las
expectativas que en ellos se pusieron, fueron oficialmente clausurados,
con lo cual la responsabilidad verificadora de las Naciones Unidas
prácticamente llegó a su fin. Asimismo, mientras que el
gobierno del Presidente Armando Calderón Sol celebraba la
ejecución de lo acordado en Nueva York y Chapultepec, otros
sectores de la sociedad se mostraron más pesimistas con el rumbo
tomado por la transición, llegando incluso a formular la
hipótesis de una posible þinvolución autoritariaþ del
proceso salvadoreño. Y ello no fue gratuito, pues a lo largo del
año se generaron diversas situaciones en las que el alarde de
fuerza y la matonería por parte de las autoridades
gubernamentales fueron la nota característica.
Las tensiones de la transición
y el rol del sistema político
La transición salvadoreña se juega en la
tensión y articulación de los ejes economía de
mercado, sociedad civil y sistema político. Ciertamente, los dos
primeros ámbitos tienen una autonomía y una lógica
propias que muchas veces, por su misma dinámica interna, pueden
entrar en fuerte conflicto entre sí. Es así que se hace
necesario el tercero de ellos para hacer de mecanismo de
intermediación y de resolución de conflictos. Un orden
democrático, en sus mínimos términos, requiere
indudablemente de una economía de mercado fuerte y eficiente, con
la autonomía y la capacidad de innovación que los cambios
en el entorno mundial exigen como conditio sine qua non para alcanzar
una inserción exitosa en el sistema económico mundial.
Pero también requiere de una sociedad civil organizada en sus
diversos niveles de complejidad y de intereses, capaz de hacer sentir
sus demandas de un modo coherente, consciente de sus derechos y
responsabilidades ciudadanas.
Como eje articulador, el sistema político debe hacer eco
de las demandas la sociedad civil, dándoles el cauce
institucional pertinente, presionando para que el aparato estatal
responda adecuadamente a las mismas. Es decir, el sistema
político tiene asignado un rol decisivo en la
consolidación de un orden democrático en El Salvador. Esto
fue reconocido en los mismos Acuerdos de Paz, cuyo contenido esencial
apuntaba a una reforma política en la cual se sentaran las bases
de una institucionalidad democrática para el país.
Sin embargo, el sistema político, para jugar el rol que
le compete en la transición -en lo que la misma reclama de
institucionalización de reglas y mecanismos democráticos-
tiene que llenar una serie de requisitos básicos que lo
fortalezcan y vuelvan eficientes y transparentes sus relaciones con la
sociedad civil. Sin esos requisitos, la consolidación
democrática no sólo no avanzará en la
dirección requerida, sino que estará tanto a marced de las
presiones de los grupos de poder, ya sea que actúen legal o
ilegalmente, como de las amenazas disruptivas de quienes, siendo pobres
y marginados, no encuentren más que en la protesta violenta el
mecanismo idóneo para hacerse escuchar. Y todo ello, obviamente,
hará rondar sobre el proceso la sombra del autoritarismo,
abanderado por quienes, desde las esferas estatales y privadas, estimen
que la coerción simple y contundente es la mejor salida para
garantizar el orden social.
La institucionalización democrática: los requisitos del
sistema político
Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, uno de los
propósitos perseguidos con los mismos era el de terminar con el
autoritarismo militar, para lo cual se consideraba fundamental iniciar
un proceso de institucionalización democrática. Esta
institucionalización exigía una serie de transformaciones
políticas que, una vez alcanzadas, no sólo hicieran
imposible un retorno del autoritarismo, sino que se convirtieran en
requisitos básicos para avanzar en la transición
democrática.
Ciertamente, uno de los requisitos esenciales que debe poseer
un sistema político capaz de potenciar la transición y
capaz de hacer resistencia a la amenaza autoritaria es el pluralismo de
los proyectos políticos que lo constituyen. Para ello es clave la
apertura de aquel a las distintas ofertas ideológicas dispuestas
a insertarse en el mismo y dispuestas a confrontarse competitivamente
entre sí en procesos electorales periódicos, transparentes
y donde cada ciudadano pueda ejercer, sin coacciones ni limitaciones de
ninguna especie, su derecho a votar aquella propuesta que más le
satisfaga.
De este modo, el pluralismo tiene dos caras: aquella que ve
hacia los oferentes (los partidos), los cuales pueden adscribirse a
cualquier ideología o doctrina política, y la que ve a los
compradores (los votantes) que pueden elegir la propuesta
política e ideológica de su preferencia. Los partidos,
pues, en sus diferentes adscripciones ideológicas, son la
expresión de una de las caras del pluralismo. Los votantes son
quienes, al estar en condiciones de optar libremente por uno o varios de
ellos, constituyen la otra.
Pero el pluralismo es insuficiente para apuntalar
sólidamente un orden democrático. Hace falta que el mismo
sea complementado por consultas periódicas (elecciones) que
permitan someter los proyectos políticos a la decisión de
los ciudadanos acerca de cuál de ellos por separado (o en
coalición) es el más adecuado para llevar la
conducción del ejecutivo y tener determinado número de
asientos en el parlamento. Esas consultas, además de ser
periódicas, deben estar respaldadas por mecanismos
técnicos y legales que garanticen que las decisiones ciudadanas
en materia de votación serán respetadas lo más
fielmente posible. Una vez conseguido esto, se tendrán asegurados
los requisitos básicos de un orden democrático, aunque
ello no quiere decir, ni mucho menos, que se hayan agotado todas sus
exigencias, por más que haya quienes reduzcan la democracia a
aquellos elementos.
La democratización interna de los partidos
políticos constituye un aspecto de la institucionalización
democrática al que conviene darle la relevancia debida. Sin una
reglamentación interna que garantice una relaciones horizontales
y una renovación de los cuadros y los liderazgos partidarios en
base a los méritos y la capacidad, los partidos estarán
sometidos a la discrecionalidad de los dirigentes más antiguos o
más ambiciosos, los cuales terminarán sometiendo el
aparato partidario a sus propios intereses, socavando con ello la
legitimidad de la institución e incubando en su seno rivalidades
egoístas y sin sentido.
Como parte de esta democratización, además, se
tiene que resolver el problema tanto de las relaciones existentes entre
los partidos y sus miembros en el parlamento como las que establecen
los partidos políticos entre sí. Sobre lo primero, es
cada vez más aceptado que la independencia de los diputados
respecto de los dictados del partido es algo que tiene que potenciarse,
pues de lo contrario aquéllos terminan desnaturalizando su
función como representantes de los intereses ciudadanos. Sobre lo
segundo, es necesario que los partidos respeten entre sí su
autonomía e independencia, cuidándose cada uno de no
inmiscuirse en los asuntos internos de los demás, por más
que ello les pudiera resultar beneficioso. En caso de darse lo
contrario, las penalizaciones legales no debieran faltar,
aplicándose con contundencia y rigurosidad.
Por último, como parte imprescindible de la
democratización de los partidos -y en consecuencia del
fortalecimiento del sistema político- deben redefinirse y
potenciarse la relaciones de aquéllos con la sociedad civil.
Si el sistema político tiene que hacer de correa de
transmisión entre el aparato estatal y las organizaciones
sociales, los partidos deben salir del ámbito estatal en el que
concentran sus actividades e imbuirse de los problemas cotidianos de los
ciudadanos. Indudablemente se tienen que evitar las tendencias
clientelísticas, así como las prácticas de tipo
populista, puesto que ellas son contrarias a la necesaria
autonomía de los ciudadanos y sus organizaciones. Ello no obsta,
sin embargo, para que las relaciones partidos-sociedad civil se vuelvan
más estrechas, con lo cual ambos -si son bien llevadas esas
relaciones- terminarían fortaleciéndose en su
especificidad.
En definitiva, el sistema político y los partidos que lo
constituyen están llamados a jugar un importante papel en el
proceso de institucionalización democrática
salvadoreño. Para ello, sin embargo, deben cumplirse los
requisitos mínimos señalados antes, sin los cuales ese rol
será jugado de un modo defectuoso o, lo que es peor, se
propiararán desde los mismos partidos y desde el sistema
político condiciones que hagan posible el estancamiento o la
reversión del proceso de instauración democrática.
Sistema político, partidos y sociedad civil
En El Salvador, durante 1996, han sido inocultables las
debilidades de los partidos y del sistema político. Este
último ha sido incapaz de hacer de intermediario entre las
demandas de la sociedad civil y la capacidad estatal para respoder
adecuadamente a esas demandas. Es decir, ha sido notorio el divorcio
entra el sistema político y la sociedad civil, la cual -como los
demuestran persistentemente los sondeos de opinión
pública- no sólo desconfía de los políticos
y la política, sino que reclama mecanismos ajenos a éstos
para resolver sus problemas. Ese divorcio se ha reflejado tanto en los
sondeos de opinión como en la fragilidad de las relaciones entre
los partidos y la sociedad civil, lo cual se ha traducido en la escasa o
nula resonancia de los problemas de esta última en el quehacer
político.
En un año preelectoral como el que está a punto
de finalizar, los actores políticos han estado más
ocupados en definir sus posiciones de poder al interior de los partidos
que en desempeñar eficazmente su función de interlocutores
de la sociedad civil. De hecho, 1996 ha sido un año en el cual
los recambios en las cúpulas partidarias han estado a la orden
del día. Las figuras políticas de siempre han aparecido en
las principales disputas y conflictos que han marcado la vida interna de
los partidos durante el año, sin que, en muchos casos -como en el
PDC e incluso en ARENA-, esas disputas y conflictos hayan dado
señales claras de haberse resuelto definitivamente.
Estos þreacomodosþ partidarios, por estar sobredeterminados por
las ansias de poder y afán de protagonismo de líderes
desgastados políticamente, han puesto de manifiesto cómo
los partidos están más en función de lo que deciden
o esperan sus cúpulas de dirección que en función
de las necesidades de la sociedad; es decir, han puesto de manifiesto
una verdad irrecusable: que los partidos políticos en El Salvador
viven de espaldas a la realidad social, contentándose con que sus
líderes estén satisfechos de su papel como
políticos tradicionales, gozando de buena salud y de los
beneficios que, por negociar entre sí, puedan conseguir.
Cada vez que al interior de las cúpulas no ha habido
acuerdos básicos sobre el reparto de los beneficios a los que se
puede acceder desde la política, en ese momento los conflictos
han estallado, saliendo a la luz pública como recambios
intrapartidarios que o bien nunca llegan a buen término -como en
la democracia cristiana- o bien terminan (temporalmente) con la
subordinación o exclusión de los perdedores -como en el
caso de ARENA con la salida del COENA de Juan José Domenech y la
salida del partido de Víctor Antonio Cornejo Arango-.
La consecuencia obvia de una dinámica política-
partidaria como la descrita ha sido el descrédito de los partidos
ante la sociedad. Y es que si los partidos políticos viven
centrados sobre sí mismos y no ocultan los intereses mezquinos
que se defienden desde ellos, difícilmente la sociedad va a
confiar en los mismos como instancias representativas de los intereses
ciudadanos. Justamente ese descrédito es una de las dimensiones
de la ruptura entre los partidos y el sistema político y la
sociedad civil: si esta última desconfía de los
políticos y la política no intenta en lo absoluto
canalizar sus demandas a través de éstos, sino que opta
por mecanismos alternos para ello, el sistema político (y los
partidos) correrá el riesgo de volverse irrelevante como
instancia mediatizadora, con el subsiguiente debilitamiento de la
instauración democrática.
Porque, en efecto, si el sistema político, por su
descrédito y falta de legitimidad ante la sociedad, no es
percibido como el mecanismo mediador por excelencia en la lógica
þdemandas sociales-respuesta institucionalþ, entonces se está
incubando una falla sustantiva en el proceso de instauración
democrática, falla que de no ser corregida -por ser de la
naturaleza que es- estará abriendo una fisura para que las
demandas sociales se canalicen a través de mecanismos disruptivos
y que las respuestas estatales a las mismas no sean þtraducidasþ por el
sistema político, sino que en directo se canalicen a
través de instancias estatales de control social.
Otra de las dimensiones de la ruptura existente entre los
partidos y el sistema político y la sociedad civil es la que
atañe a la debilidad institucional de los primeros, los cuales
no han encontrado los modos más adecuados y eficaces para
acercarse a la sociedad. Por una parte, los partidos han mostrado
algún tipo de interés por vincularse a la sociedad
motivados por un afán meramente instrumental, es decir, buscando
þbasesþ que puedan ser movilizadas electoralmente cada vez que los
partidos (o sus dirigencias) así lo han estimado conveniente. Los
problemas reales de los ciudadanos y del país -los que tienen
que ver con la probreza creciente, el deterioro ecológico, el
crimen organizado y la violencia- o bien han quedado fuera de las
agendas partidarias o bien han sido asumidos retóricamente o han
sido tomados en cuenta con el fin de reforzar (como ha hecho ARENA con
el tema de la violencia) las tendencias autoritarias presentes en muchos
de ellos.
Por otro lado, el desinterés partidario por los
problemas reales de la sociedad ha sido coherente con unas estructuras
organizativas en las que el verticalismo y la concentración de
las decisiones en manos de una élite dirigente han impedido la
apertura de los partidos no sólo a expresiones divergentes en su
seno, sino hacia propuestas, sugerencias o críticas provenientes
de la sociedad. Es decir, por su propia organización interna, los
partidos han sido incapaces de relacionarse creativamente con esta
última; han sido incapaces de ver a las organizaciones sociales
como interlocutoras a las cuales se debe prestar atención, con
las que deben dialogar y a las que debe potenciar en su autonomía
y especificidad. Si ha habido algún tipo de relación, la
misma ha estado marcada por las pretensiones siempre presentes en los
partidos de manipular y someter a las organizaciones de la sociedad
civil a sus propios intereses.
El año de 1996 ha puesto de manifiesto cómo los
partidos políticos no han mostrado la menor preocupación
por el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
Pareciera que ven en ello una amenaza para sus propias aspiraciones de
poder. Este ha sido uno de los errores más graves cometidos por
los partidos, puesto que la debilidad de la sociedad civil (o la
resistencia de ésta a vincularse con ellos) los ha privado de un
interlocutor necesario no sólo para potenciar sus aspiraciones de
acceder a una cuota significativa de poder, sino para enriquecer sus
propuestas y proyectos económicos, políticos, sociales y
ecológicos. Los partidos han sido incapaces de asumir los
desafíos planteados por la sociedad civil, con lo cual no
sólo han establecido una brecha entre ellos y ésta, sino
que han perdido la oportunidad de salir del letargo al que los ha
conducido su persistente autocontemplación. Es decir, han perdido
la oportunidad de transformarse en las instituciones políticas
que la instauración democrática reclama: competitivas, con
liderazgos honestos y capaces, y abiertas responsablemente a los
desafíos que plantea la compleja realidad social de El Salvador
de fines de siglo.
Las elecciones en perspectiva
A fines de 1996, los dinamismos preelectorales se hicieron
sentir con particular fuerza, sobre todo por los ajustes partidarios
previos a las elecciones de 1997. Se generó, pues, un escenario
socio-político en el cual las apuestas partidarias comenzaron a
decantarse en torno a las estrategias de propaganda más
adecuadas, así como en torno a la selección de las figuras
políticas que podrían garantizar unos resultados
electorales favorables. Y en partidos como el PDC, ARENA y el PCN todas
estas discusiones y readecuaciones se han dado en el marco de crisis
internas insuficientemente resueltas.
Como quiera que sea, en la mira de los partidos está,
antes que democratizarse o fortalecer sus relaciones con la sociedad
civil, el lograr resultados que les sean favorables en las elecciones
del próximo año; lo demás o ha pasado a segundo
término o ha sido -y será- utilizado para potenciar la
campaña electoral. Por consiguiente, habrá que esperar
que las coyunturas preelectoral y electoral se cierren para que los
partidos sí decidan en serio preocuparse por otra cosa que no
sean los beneficios que se obtienen desde el poder. En el futuro
inmediato, pedir a los partidos que introduzcan en sus agendas temas de
discusión en verdad importantes, aunque sea lo más
razonable y lo más deseable, constituye un sin sentido
práctico, dada la forma de proceder seguida hasta ahora por los
mismos. Las elecciones del próximo año y sus
resultados pueden convertirse en un importante punto de partida para que
los partidos políticos se replanteen con honestidad y seriedad su
función dentro del orden democrático que se busca
construir en El Salvador. Como paso previo tienen que valorar con
sinceridad el papel que han desempeñado hasta ahora; asimismo,
tienen que reconocer lo lejos que han estado de desempeñar el rol
que les compete en una sociedad que busca afanosamente ser
mínimamente democrática. Si los partidos no hacen este
necesario ajuste de cuentas consigo mismos, no van a estar dando
señales positivas de estar superando los lastres que los han
marcado durante 1996: la corrupción, el compadrazgo, la compra-
venta de favores y las disputas entre camarillas.
La reconversión de los partidos políticos en la
dirección que hemos señalado -y tomando en cuenta los
requisitos a los que hemos aludido a lo largo de estas notas- es una
necesidad imperiosa para lograr una institucionalización
democrática en El Salvador. Sólo a partir de esa
reconversión es que los partidos podrán dar paso a un
sistema político consistente, legítimo, creíble y
capaz de cumplir eficazmente sus funciones de intermediación
socio-política. De no avanzar por este camino, El Salvador
correrá el riesgo de decantarse peligrosamente hacia la violencia
social disruptiva y el autoritarismo, con lo cual todos perderemos,
especialmente las generaciones venideras a las que dejaremos un
país sin recursos materiales y sin las mínimas tradiciones
de convivencia pacífica y de respeto a la dignidad humana.
En materia electoral, ciertamente, aún queda mucho que
avanzar en El Salvador. Todavía no están suficientemente
depurados los mecanismos técnicos que garantizarán a los
ciudadanos y a todos los partidos por igual que los resultados de las
elecciones serán respetados y que, mejor aún, el proceso
electoral será transparente y limpio. Desde este punto de vista,
los partidos de oposición -especialmente el FMLN- están
forzados a participar en una contienda electoral cuyos componentes
técnicos no son totalmente confiables y, en consecuencia, no
ofrecen las garantías básicas, primero, para que voten
quienes deban hacerlo; segundo, para que lo hagan con la mayor
facilidad; y, tercero, para que los resultados electorales reflejen lo
más fielmente posible su opción política. Las
dificultades para realizar un empadronamiento confiable -del cual hasta
ahora no se tienen cifras globales- y la no implementación del
voto domiciliario constituyen ejemplos importantes de lo mucho que falta
por avanzar en la implementación de un sistema electoral
técnicamente confiable.
Sin embargo, las dificultades técnicas, con ser
importantes, no son lo más difícil de sortear, puesto que
en lo fundamental se trataría de dotar de mejores y mayores
recursos financieros y humanos a las instituciones responsables de ello.
Lo que hasta ahora ha entorpecido la instauración de un sistema
electoral confiable son los intereses políticos de ARENA,
institución que se ha valido de las artimañas más
diversas para impedir no sólo una competencia más
igualitaria entre los partidos políticos, sino que ha bloqueado
aquellas reformas políticas que democratizarían los
resultados electorales, determinando más equitativamente para
cada partido la cuota de poder en el parlamento y los municipios
según hayan sido los votos obtenidos. Es decir, una de las
batallas de ARENA ha sido contra la representación proporcional,
a la cual teme por considerar quizás que una vez implementada se
traducirá en una merma de poder parlamentario y municipal
A la par de esa batalla, ARENA ha impulsado otras luchas
complementarias como el bloqueo al voto domiciliario, lo cual es
fácilmente comprensible, pues -en los cálculos de este
partido- el abstencionismo es una ganancia, sabiendo que cuenta con un
voto duro que, de mantenerse como en el pasado, puede hacer la
diferencia con otros partidos. Es decir, ARENA como un partido fiel a
las tradiciones conservadoras de la derecha teme a la
participación popular masiva, aunque sea solamente para
depositar un voto en las urnas. Además es un partido consciente
de su desempeño gubernamental; consciente de lo nefasto para los
intereses populares de muchas de las medidas económicas y
sociales implementadas por sus dos administraciones; consciente, en fin,
del desgaste que acompaña a un partido de gobierno con las
características del suyo, sumado todo ello a la
corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos
internos que han salido a la luz pública a lo largo del
año.
Así las cosas, los asesores políticos de ARENA
seguramente esperan un þvoto de castigoþ por parte de los sectores
mayoritarios del país. Si este es la lectura, una buena
solución para el partido -aunque no para la
institucionalización democrática del país- es
bloquear la participación electoral masiva de estos sectores. A
la par de esta salida, está otra de mayor alcance: bloquear la
representación proporcional, puesto que de darse ambas los
resultados electorales podrían amenazar la cuota de poder que
ARENA ha logrado mantener desde 1989. Y si ambas no se dan -esa es la
apuesta de ARENA- todo estará bajo control, y en los comicios de
marzo de 1997 no sucederá nada que llene de sobresaltos a la
derecha.
En el otro extremo del espectro político, el FMLN ha
abanderado la lucha por favorecer una participación electoral
masiva de los ciudadanos, así como en implementar la
representación proporcional. Sus cálculos son precisamente
los opuestos a los de ARENA: el FMLN espera que entre más
ciudadanos participen en las elecciones mayores serán sus
posibilidades de hacerse de una cuota de poder en los municipios y el
parlamento, sobre todo si esa votación a su favor se traduce en
una representación proporcional. Pero dados los obstáculos
que tiene ante sí la participación masiva de los
ciudadanos en las elecciones, el FMLN -por lo menos en San Salvador-
parece haber caído en la cuenta que tiene ir a lo seguro, es
decir, a sus þvotantes tradicionalesþ para hacer frente a ARENA.
Como quiera que sea, todo parece indicar que los resultados
electorales de 1997 se jugarán entre ARENA y el FMLN, y que el
resto de partidos ocuparán los lugares de siempre, no
quedándoles más alternativa que sobrevivir aislados o
vincularse subordinadamente a los dos partidos mayoritarios. Estos, por
su parte, parecen confiar en sus þvotantes tradicionalesþ para lograr
resultados favorables: ARENA por desconfiar de una participación
masiva de los ciudadanos y el FMLN por los obstáculos existentes
para que esa participación se haga efectiva. No es seguro que
como están las cosas -dado el descrédito de los partidos y
sus líderes ante la sociedad, y dado el desempeño
político del FMLN-, de darse las condiciones propicias para ello,
los ciudadanos avalen masivamente el proyecto de este último. Es
seguro que no lo harán con ARENA, y eso lo saben sus dirigentes,
pero ello no quiere decir que lo hagan con el FMLN, aunque sus
dirigentes crean fervientemente lo contrario. No basta con que un
partido se proclame como alternativa a un partido desgastado para que
los votantes, a pie juntillas, se decidan por el mismo. Para ello no
sólo tienen que formular proyectos políticos consistentes,
sino convencer al electorado de que esos proyectos se podrán en
marcha. Y en este terreno el FMLN tiene aún mucho que hacer
todavía.
Queda en pie la pregunta de si los þvotantes tradicionalesþ de
ARENA y el FMLN -así como los de los demás partidos- se
comportarán electoralmente como siempre. Si ello es así,
los cálculos políticos serán más o menos
atinados para cada bloque partidario. Si ello no sucede, las sorpresas
se harán presentes, con los debates postelectorales a que las
mismas darán paso. Asimismo, queda como punto pendiente si, pese
a lo bloqueos de ARENA, se va a ampliar la participación
electoral de los salvadoreños, incluyendo tanto a quienes se han
ubicado en las últimas elecciones -pese a no tener mayores
dificultades para asistir a las urnas- entre los abstensionistas como a
quienes se han incorporado recientemente al padrón electoral.
Todo ello puede introducir novedades importantes en los resultados
electorales de 1997. Habrá que esperar hasta entonces para
evaluar en qué medida esas elecciones fueron más de lo
mismo o si se suscitaron cambios en su realización y
consecuencias.
-----
Balance económico
Una revisión del comportamiento macroeconómico
durante el año 1996 muestran tendencias que, en algunos casos,
marcan una clara ruptura con las observadas a lo largo de la década.
Resultan especialmente notables en este contexto la caída del
crecimiento de la actividad económica, la ampliación del
déficit fiscal y la sorprendente reducción del déficit
de la balanza comercial. Por otra parte, en el ámbito social la
situación no ha cambiado notablemente, pues el presupuesto para las
instituciones sociales decayó para 1996, mientras que los
indicadores de desarrollo social mostraron tendencias negativas.
La coyuntura actual muestra signos de agotamiento del esquema de
crecimiento económico experimentado a lo largo de la presente
década y, a la vez, es reflejo de una organización social que
opone obstáculos al desarrollo. Este esquema de crecimiento se ha
fundamentado especialmente en el sector terciario de la economía,
específicamente en las finanzas financiero, el comercio y la
construcción, descuidando la atención de los sectores
agropecuario e industrial los cuales han crecido a tasas inferiores al
promedio.
En gran medida, el crecimiento económico de los años
pasados ha sido posible por la elevada capacidad de consumo resultante del
envío de remesas familiares y del incremento del crédito
otorgado por el sistema financiero. En lo fundamental el incremento del
consumo estimuló el crecimiento de las importaciones de bienes de
consumo realizadas por el sector comercio, sin afectar notablemente la
actividad económica de los sectores industrial y agropecuario. El
sector externo también ha reflejado el ingreso de las remesas
familiares, ya que estas han contribuido a mantener saldos positivos en la
balanza de pagos, aún y cuando -hasta 1995- habría existido
una clara tendencia hacia el crecimiento del déficit de la balanza
comercial.
En el presente balance se expone una visión coyuntural de
la economía salvadoreña para el año 1996, a partir del
examen de la evolución de variables principales tales como
producción, precios, balanza de pagos, déficit fiscal y las
relacionadas con el sector monetario-financiero; sin embargo,
también interesa poner en perspectiva los resultados en materia
macroeconómica, contrastándolos con dos aspectos del
desarrollo que usualmente están excluidos de los balances
económicos, aún y cuando es convencionalmente aceptado que
son dos de los principales obstáculos para el desarrollo: el
desarrollo social y la protección del medio ambiente.
De hecho, en la actualidad, las concepciones de desarrollo
normalmente aceptadas pregonan por el "desarrollo sostenible", el cual
tiene cuatro postulados básicos: alto consumo per cápita por
un tiempo indefinido, lo cual implica un nivel óptimo de
utilización de los recursos naturales; equidad en la
distribución del ingreso; protección ambiental; y,
finalmente, la participación de todos los sectores de la sociedad
en la toma de decisiones.
Tomando en cuenta lo anterior, a continuación se presenta
una evaluación macroeconómica del año 1996 para luego
proceder a examinar cual ha sido el comportamiento de algunos indicadores
sociales durante el mismo año, así como la situación
del medio ambiente y su relación con el proceso de desarrollo.
Producción y empleo
De acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva (BCR) el
crecimiento económico para el año 1996 no será tan
bonancible como el experimentado durante 1995, pues para finales de
año se espera alcanzar una tasa de crecimiento de aproximadamente
3%, lo cual representa solamente la mitad de la obtenida en 1995, cuando
fue de 6%. Sin embargo, de acuerdo al Indice de Volumen de la Actividad
Económica (IVAE) las expectativas de crecimiento podrían ser
mucho menores. Considérese que los últimos datos disponibles
consignan que el IVAE general se incrementó en 0.6% entre los meses
de septiembre 1996 y septiembre 1995, mientras que para el período
septiembre 1994 y septiembre 1995 lo habría hecho en un 8.6%.
Todos los sectores económicos han experimentado una marcada
reducción del crecimiento de su índice respectivo, aunque
algunos sectores aún observan tasas considerables de crecimiento.
Los sectores que mayor crecimiento habrían experimentado son el
financiero, electricidad y, por primera vez, el agropecuario; mientras que
los sectores que han experimentado una contracción son el comercio
y la administración pública.
En lo tocante al comportamiento del empleo, el BCR se conforma con
presentar el comportamiento de la cantidad de afiliados al Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), los cuales no constituyen un
indicador confiable del nivel de empleo de la economía, porque el
mismo no depende solamente del nivel de producción, sino
también de su cobertura, la cual es esencialmente urbana. Sin
embargo, aún ateniéndose al comportamiento del número
de afiliados al ISSS, resulta claro que durante 1996 se ha experimentado
un incremento mucho menor al observado entre 1995, pues se ha pasado de una
tasa de crecimiento de 8.3% a otra de 0.5%. En términos absolutos,
durante 1996 el número de afiliados solamente al ISSS creció
en 1,788 personas mientras que, de acuerdo a las cifras y tasas de
crecimiento poblacional consignados en el IV Censo de Población, la
Población Económicamente Activa (PEA) urbana se
incrementó en aproximadamente 10 veces esa cantidad (17,798
personas) durante este período. Evidentemente estaríamos ante
un incremento de cerca de dos puntos porcentuales en el desempleo urbano.
Precios y salarios
Al igual que la producción, los precios han evidenciado un
comportamiento notablemente diferente al evidenciado durante el año
pasado al disminuir notablemente su tasa de crecimiento, al menos hasta el
mes de noviembre que es para el último mes que se conocen datos. Sin
embargo cabe apuntar que este tendencia ha resultado de las reducciones en
el Indice de Precios al Consumidor (IPC) experimentados a partir del mes
de septiembre pasado.
De acuerdo a datos de la Dirección General de
Estadística y Censos (DIGESTYC) para el pasado mes de agosto la tasa
de inflación acumulada habría alcanzado ya el 8.3%, con lo
cual esta se habría colocado a niveles similares a los observables
para el mismo mes del año pasado y dentro del rango establecido por
el gobierno en su programa monetario-financiero (de 8% a 10%). Teniendo en
cuenta la experiencia de años pasados, lo que cabía esperar
a ese momento sería que a final del año la inflación
superara a la observada en 1995, la cual fue de 8.3%. Empero, la realidad
es que durante los meses siguientes el comportamiento del IPC cambió
totalmente e inició una etapa de decrecimiento tal que en septiembre
el IPC cayó en un -0.6%, en octubre se incrementó en un 0.1%
y en noviembre experimentó una nueva disminución de -0.6%.
Lo anterior implicó una reducción de 1.2% en la
inflación acumulada que determinó que para el mes de
noviembre la misma fuera de 7.1%.
La interpretación oficial de este comportamiento se centra
en la marcada reducción de los precios de los alimentos
experimentada durante los últimos meses; pese a ello, aún
puede argumentarse que en realidad los alimentos son los que más
incrementos de precios han experimentado durante el año. Hasta el
mes de noviembre, las tasas de inflación acumulada de los diferentes
componentes del IPC fueron los siguientes: vivienda 5.2%, vestuario 1.4%,
misceláneos 5.4%; y alimentos 10.9%.
Esta dinámica no es nueva porque, a excepción de
1995, los últimos cuatro años ha sido notable el mayor ritmo
de crecimiento de los precios en el rubro de alimentos; ello se evidencia
con mayor claridad a partir de una revisión del crecimiento de los
índices de los diferentes rubros que componen el IPC durante el
período diciembre 1992-octubre 1996: vestuario y servicios
relacionados creció un 21.5%; misceláneos 32.3%; vivienda
44.8%; y alimentos, bebidas y tabaco 62.2%. El comportamiento de estos
rubros y su participación ponderada en el IPC determinaron que la
inflación general del período fuera de 46.4%.
Como contrapartida, los salarios mínimos se han mantenido
inalterados durante el presente año, pese a que no se experimenta
un incremento en este rubro desde el mes de agosto de 1995. Desde esa fecha
a la actualidad, los salarios mínimos reales han continuado
deteriorándose a causa de la inflación pasando desde un valor
de 8.75 a otro de 7.94 para noviembre último. Lo anterior implica
que ha habido un deterioro de 4.9% en los salarios mínimos reales.
La situación empeora aún más si se considera
que la mayoría de trabajadores que reciben un salario mínimo
se encuentran en situación de pobreza, lo cual implica que la mayor
parte de sus salarios (o la totalidad) se dedica a la adquisición
de los productos que enfrentan los mayores índices inflacionarios:
los alimentos; consecuentemente, el deterioro de los salarios
mínimos reales es mayor que el que puede estimarse a partir del IPC
por reflejar este menores tasas de inflación que el rubro alimentos.
Sector externo
El hecho más desconcertante en esta área ha sido sin
lugar a dudas la reducción del déficit de la balanza
comercial reflejado en las últimas cifras disponibles y
correspondientes al mes de octubre. Lamentablemente, esta no es ninguna
señal alentadora, pues como se establece a continuación la
reducción del mencionado déficit obedece más bien a
los efectos de la caída de la tasa de crecimiento de la
producción.
Entre los períodos enero-octubre 1995 y enero-octubre 1996
se reportó una reducción de aproximadamente 12.8% en el saldo
de la balanza comercial, resultado atribuible primordialmente a una
contracción de las importaciones en -1.6%. La disminución del
déficit habría sido mayor si las exportaciones hubieran
observado un comportamiento similar al de años anteriores cuando se
reportaban incrementos del orden de 30%, pero la realidad es que entre los
períodos mencionados solamente hubo un incremento de 9.5% en las
exportaciones.
Al examinar la composición de las importaciones resulta
notable que estas han disminuido fundamentalmente debido a la caída
de las importaciones de bienes de capital, los cuales cayeron en 17.1% lo
cual equivale a un monto de 109 millones de dólares, las
importaciones de bienes intermedios disminuyeron en un 0.4% que equivale
a 4.3 millones de dólares y los bienes de consumo disminuyeron en
0.2% equivalentes a 1.1 millones de dólares. Así puede
afirmarse que la reducción de las importaciones totales no ha sido
provocada por una reducción de las importaciones de bienes de
consumo, sino por una caída de las importaciones de bienes de
capital y, consecuentemente, de la inversión.
Las exportaciones, por su parte, tampoco ofrecen perspectivas
alentadoras para la economía nacional: las exportaciones
tradicionales sólo crecieron 0.2% (500 mil dólares); mientras
que las no tradicionales lo hicieron en 3.6% (17.3 millones de
dólares); el mayor incremento de las exportaciones fue aportado por
la maquila, pues el incremento de sus exportaciones fue de 19.2% (103.4
millones de dólares). Lo anterior implica que la maquila
explicó un 85% del incremento de las exportaciones.
No se cuenta con datos actualizados de la balanza de capital, pero
se sabe que para 1996 se espera un nuevo incremento en las Reservas
Internacionales Netas del BCR y de las remesas familiares, lo cual
estaría reflejando que, pese a la permanencia del déficit de
la balanza comercial, existe un elevado nivel de transferencias (remesas)
y un superávit de la balanza de capital que permiten compensarlo.
Sector público
El déficit del sector público ha experimentado un
impresionante crecimiento entre los meses enero-octubre de 1995 y los
mismos meses de 1996 pasando de un nivel de 252.1 millones de colones a
otro de 929.6 millones de colones, lo cual implicaría un incremento
de 470.2%. Este comportamiento ha obedecido al mayor incremento
experimentado por los egresos totales, especialmente en relación a
los ingresos totales. Estos últimos crecieron en un 6.7%, es decir,
643.6 millones de colones; mientras los egresos crecieron en 19.4%, es
decir, 1824.3 millones de colones.
Cabe destacar que los ingresos totales perdieron su
dinámica de crecimiento debido en gran parte a la caída de
la actividad económica. Esto explica el porque pese a que se
incrementó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 10% a 13%, durante
este año no se ha reportado un incremento sustancial en las
recaudaciones de este impuesto. Entre enero-octubre 1995 y enero-octubre
1996, únicamente se ha registrado un incremento de 17.2% (652.9
millones de colones), mientras que entre los mismos meses de 1994 y 1995
se reportó un incremento de 43.2% (1143.4 millones de colones).
Por otra parte los impuestos a las importaciones han seguido una
tendencia similar a la experimentada por las importaciones, esto es, hacia
la disminución. Entre enero-octubre 1995 y los mismos meses de 1996
se reportó una disminución de -15.8% (225.3 millones de
colones), lo cual contrasta con el hecho de que entre los mismos meses de
1994 y 1995 se reportó un incremento de 16.7% (203.8 millones de
colones).
En lo tocante al comportamiento de los egresos es importante notar
que pese a que estos mantuvieron una dinámica de crecimiento en
relación a 1995, llegando a observar un incremento de 19.4%. Esta
última situación añadida a la caída de los
ingresos es lo que explica la ampliación del déficit fiscal.
Evolución de algunos indicadores sociales
En lo tocante a la situación social su evolución
tampoco llenaría las expectativas del desarrollo debido
principalmente a que los indicadores de desarrollo humano y gasto social
muestran un comportamiento negativo mientras que, por otra parte, la
pobreza sólo ha podido ser aliviada a través de una masiva
emigración hacia los Estados Unidos y el envío de remesas
familiares. Cabe mencionar aquí que el Indice de Desarrollo Humano
(IDH) es un indicador del estado de la salud y educación en los
diferentes países del mundo para un momento determinado, para lo
cual evalúa variables como la esperanza de vida, la tasa de
alfabetización de adultos, la tasa de matriculación y el
Producto Interno Bruto real per cápita.
De acuerdo a los dos últimos informes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador no avanzó ni
retrocedió en la clasificación de desarrollo humano, pues se
mantuvo en la misma posición: la 115. Sin embargo, si consideramos
que según el informe de 1994 la posición ocupada por El
Salvador era la 112, es evidente que se ha suscitado una notable
caída en el nivel de desarrollo humano. El Salvador se encuentra
así cada vez más cerca de ser clasificado como uno con un
desarrollo humano bajo, e incluso se considera menos desarrollado que otros
países centroamericanos como Costa Rica, Guatemala y Honduras que
ocupan los lugares 31, 112 y 114 dentro de la clasificación del IDH.
Por otra parte, el gasto social para 1996 reflejó una
disminución en relación a 1995, pasando desde un nivel de
25.63% a otro de sólo 24.35%. Es decir, todos los rubros
considerados dentro del área de desarrollo social sufrieron
disminuciones exceptuando el de Trabajo y Previsión Social. Areas
de interés crucial como la Educación, Salud y Vivienda vieron
reducirse su participación en el total del presupuesto de la
nación para 1996.
En lo tocante al comportamiento de la pobreza es insoslayable el
hecho de que, de acuerdo a estadísticas oficiales, durante los
años 1994 y 1995 se habría registrado una reducción
promedio de 6.09% en la pobreza total, 1.1% en la relativa y de
aproximadamente 4.99% en la absoluta. De esta forma la pobreza relativa
para 1995 fue de 29.30%, la pobreza absoluta fue de 18.23% y la pobreza
total alcanzó el 47.53% de las familias. Considerando que para 1994
la pobreza total fue de 52.42%, estaríamos ante una reducción
de cerca de 5 puntos porcentuales en la pobreza.
Desafortunadamente este comportamiento se explica más en
función de cambios en la metodología para el cálculo
de la pobreza que en cambios en la dinámica de exclusión
económica que ha caracterizado históricamente al país.
La inclusión de las remesas familiares dentro de los ingresos
conlleva la clara intencionalidad de reducir las cifras de pobreza.
Así las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples
incluyeron desde 1993 el rubro de "remesas familiares" dentro de los
ingresos familiares, con lo cual se registró una disminución
inmediata de los niveles de pobreza en el país que se ha prolongado
a lo largo de los años en la medida que la remesas familiares
tienden a aumentar. De hecho la citadas encuestas reconocen que el objetivo
general del módulo "remesas familiares" es "Mejorar la
captación del Ingreso y medir el peso que las remesas tienen en la
Economía Familiar" agregando que "permite conocer la
distribución de las remesas en la adquisición de bienes de
consumo... subsanando en gran medida las necesidades de muchos hogares y
dinamizando la economía salvadoreña."
Situación económica y medio ambiente
A diferencia del desarrollo social, una temática que ha
sido tradicionalmente aislada del ámbito de la evaluación
económica ha sido la protección del medio ambiente.
Aún con las actuales tendencias internacionales por incorporar este
tema en el campo del desarrollo en El Salvador, su importancia aún
no es considerada en su verdadera dimensión.
En El Salvador existen indicadores que dan cuenta de altos niveles
de deterioro de los suelos, disminución de la cobertura forestal,
contaminación y agotamiento de los mantos acuíferos,
polución del aire, etc.; los cuales sin lugar a dudas inciden sobre
la salud de la población y pueden llegar a incidir sobre las
diferentes variables macroeconómicas. Las formulaciones
teóricas para incorporar el deterioro del medio ambiente al
análisis económico han dado paso al surgimiento de
planteamientos microeconómicos que relacionan la calidad ambiental
con la producción y a la teoría de las "cuentas verdes" que
persigue incorporar los recursos naturales a la contabilidad nacional.
Un claro ejemplo de la relación entre economía-medio
ambiente en El Salvador, aunque no el único, puede encontrarse en
el caso del cultivo del algodón en donde la alteración del
ecosistema de la planicie costera dio paso a la proliferación de
plagas, al uso intensivo de pesticidas, a la contaminación de los
recursos naturales y, posteriormente, a la inviabilidad del cultivo del
algodón. Lo anterior afectó negativamente la
producción, el empleo, las exportaciones y la balanza comercial.
En la actualidad la forma en que se utilizan los recursos
naturales podría llegar a inviabilizar muchas actividades
económicas como la agricultura, la generación de electricidad
e inclusive aquellas que se desarrollan en el ámbito urbano y que,
por cierto, son las que han impulsado el crecimiento económico
durante la presente década. La construcción irreglamentada,
por ejemplo, contribuye al deterioro del suelo y de los recursos forestales
a la vez que impermeabiliza los mantos acuíferos de los cuales se
abastece la capital.
Conclusiones
Durante 1996, el ámbito macroeconómico se ha
caracterizado por tendencias encontradas: en primer lugar una
reducción del crecimiento económico y un incremento del
déficit fiscal que contrastan fuertemente con dinámicas
aparentemente más positivas como la reducción del
déficit de la balanza comercial y de la tasa de inflación.
Sin embargo, en general el balance del comportamiento macroeconómico
es negativo, pues la reducción del déficit de la balanza
comercial obedece a la caída del crecimiento económico, a la
reducción de las importaciones de bienes de consumo mientras que en
realidad los precios de los alimentos han sufrido incrementos mucho mayores
que los reflejados por el IPC.
Por lo anterior, parece claro que el crecimiento basado en los
sectores comercio, financiero y construcción ha demostrado ya su
inviabilidad en el mediano y largo plazo no sólo porque compromete
la estabilidad macroeconómica, sino también porque tampoco
da señales de ser una solución para las problemáticas
de la exclusión social y la dinámica de degradación
ambiental; más bien amenaza con potenciarlas.
Es importante destacar que hasta ahora la única fuente
sólida de crecimiento con estabilidad ha sido el envío de
remesas familiares; más aún puede afirmarse que estas han
contribuido también a aumentar el consumo de las familias más
desfavorecidas. Así, puede afirmarse que en un contexto de
liberalización económica las remesas familiares han orientado
en gran medida el comportamiento de los sectores económicos,
estimulando el consumo importado y las actividades conexas al mismo.
La liberalización económica no debe concebirse como
un objetivo superior al desarrollo; más bien debería
considerarse como un medio para alcanzarlo. Consecuentemente, en el caso
de El Salvador es de principal interés fomentar un modelo
económico que no solamente busque liberalizar la actividad
económica y mantener la estabilidad macro sino también que
persiga los grandes objetivos del desarrollo sostenible para lo cual es
totalmente necesaria la participación activa del Estado.
INDICADORES ECONOMICOS SELECCIONADOS
-----------------------------------------------------------------
1995 Var.
1996 Var.
-----------------------------------------------------------------
Actividad económica
Septiembre
Indice de Volumen de la
Actividad Económica IVAE 155.0 8.6 156.0 0.6
Trabajadores cotizantes
ISSS 383,382 8.3
385,160 0.5
Precios
Noviembre
Inflación acumulada 11.2 7.1
Sector público
Octubre
Ingresos fiscales 9,641.4 22.3 10,285.0 6.7
Gastos más concesión
préstamos 9,390.3 15.0
11,214.6 19.4
Superávit o déficit
global 251.1 -190.1 -929.6 -470.2
Sector externo
Octubre
Saldo balanza comercial -1390.5 32.1 -1212.8 -12.8
Exportaciones totales 1387.6 34.8 1520.1 9.5
Exportaciones tradicionales 370.9 30.6 382.7 3.2
Exportaciones no tradicio-
nales y maquila 1016.7 36.4 1137.4 11.9
Importaciones totales 2778.1 33.4 2732.9 -1.6
Bienes consumo 646.2 37.3 645.1 -0.2
Bienes intermedios 1026.5 24.3 1022.2 -0.4
Bienes de capital 696.5 32.1 577.1 -17.1
Maquila 408.9 58.3 488.5 19.5
-----------------------------------------------------------------
Fuente: Banco Central de Reserva. Indicadores Económicos de Corto
Plazo. Noviembre de 1996.
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Balance Socio-laboral
Tomando en cuenta las tendencias de 1995, en lo que al
área socio-laboral respecta, era de esperarse que para el
año recién finalizado la dinámica del proceso de
privatización y modernización del Estado pasara a ser el
centro de atención de la vida pública del país. Si
bien la violencia delincuencial era ya desde 1995 un asunto obligatorio
a tratar, todo apuntaba a que en 1996 la confrontación entre las
gremiales de las instituciones estatales a ser privatizadas y el
gobierno en funciones se agudizaría aún más por la
puesta en marcha del proyecto de privatización heredado de la
administración Cristiani.
Sin embargo, la temática en cuestión fue excluida
y sustituida de las agendas de discusión por el tópico de
la lucha en contra de la delincuencia común y organizada
emprendida por el gobierno a lo largo del año. No es que no
existieron manifestaciones públicas de las gremiales sindicales
en contra del avance del proceso de privatización; al contrario,
la dinámica sindical en contra de la misma llegó a su
máxima expresión con la formación de la
þCoordinadora popularþ a finales de año. El punto es que si bien
el proceso de privatización de las más importantes
entidades estatales entró durante 1996 a una fase
difícilmente reversible, la actividad desarrollada por las
organizaciones sindicales para denunciar las negativas consecuencias
laborales y económicas que de él se desprenderían a
futuro quedó totalmente sepultada y minusvalorada por la
intensificación de la violencia delincuencial, la minuciosa
cobertura que a ella prestaron los medios y las polémicas
soluciones que al problema de la delincuencia pretendió dar el
gobierno.
Tanto la administración Calderón Sol como los
medios de comunicación, al reducir sus listas de temas a tratar
en discusión pública, lograron que durante 1996 el
único problema aparentemente visible, y por lo tanto el
único al que hubo que buscar inmediata solución, fuera el
de la delincuencia generalizada, alejando con ello de la palestra
pública otros puntos con efectos tal vez no tan a corto plazo
como éste, pero sí con graves repercusiones para la
sociedad en general al mediano y largo plazo.
Para el gobierno, las ventajas políticas de esta
desviación de la atención pública hacia un solo
punto en el horizonte de la vida de la sociedad civil salvadoreña
son más que evidentes. Por un lado, las manifestaciones de
repudio por parte de algunos actores sociales ante los proyectos en
marcha del gobierno (las maquilas, por ejemplo) han pasado casi
desapercibidas; por el otro, los conatos de solución llevados a
cabo en 1996 para frenar la delincuencia han permitido en cierto grado
aliviar la crisis de legitimidad y credibilidad por las que ha
atravesado y está atravesando el gobierno a raíz de los
continuos escándalos de corrupción y la aplicación
de medidas económicas lesivas para los intereses de las
mayorías populares.
Así, lo que pudo haberse convertido en un triunfo para
la administración arenera, se constituyó en una de las
más evidentes manifestaciones de su ineptitud para llevar a buen
término las expectativas de la sociedad salvadoreña. Lo
que pretendía ser un triunfalista combate contra la delincuencia
se transformó en realidad en un tortuoso itinerario de medidas
equivocadas, peligrosas y de matices claramente autoritarios.
Ciertamente, sería disparatado realizar un
análisis de la importancia y gravedad del problema delincuencial
en relación con el éxito o fracaso de una campaña
gubernamental que buscaba ganar o recuperar capital político; la
delincuencia y sus expresiones son reales, de ello dan cuenta las
abultadas cifras de asesinatos, asaltos y secuestros de 1996. Empero,
por las consecuencias que para la sociedad en general ha significado el
yerro o acierto de esta campaña es necesario reparar en este
punto, sin dejar de lado por ello las problemáticas que de una u
otra manera la campaña anti delincuencial volvió
secundarias. En las siguientes líneas se analizarán,
además de aquella, los puntos que en el año que ha
finalizado fueron de mayor trascendencia para la sociedad
salvadoreña, a saber: la posición de los sindicatos en
torno a la privatización, la corrupción gubernamental y la
problemática del medio ambiente.
Desatinos en la lucha contra la delincuencia
Ya en 1995 era innegable que el problema de la delincuencia se
cernía como una mancha voraz que amenazaba con hundir a la
sociedad salvadoreña en un mare magnum de violencia e inseguridad
ciudadana. Los esfuerzos de la incipiente Policía Nacional Civil
(PNC) podían poco o nada contra una violencia delincuencial
desatada a toda escala y en todo lugar. A tal grado esta
situación que ya a principios de 1996 en el imaginario colectivo
del país se había cimentado la idea -propiciada por las
reiteradas afirmaciones de los funcionarios del gobierno y la labor de
los medios de comunicación en la difusión de los hechos
delincuenciales- que la delincuencia era un problema de proporciones
gigantescas generado espontáneamente después de la guerra.
Con ello empezaba a tomar cuerpo una justificación
axiomática que luego determinaría las
características de las soluciones que se aplicaron para tratar de
dar respuesta a la situación: el extremismo de las medidas a
tomar para erradicarla estaba justificado por el extremismo de una
violencia delincuencial sin causas y orígenes visibles.
Como es evidente, desde un inicio quedó fuera de
discusión el tema de las causas de la delincuencia; el
delincuente quedó definido como un ser que surgiendo ex nihilo
atacaba con irracional violencia a hombres y mujeres con independencia
de su extracción social y edad. Contra él, al estar
apartado de la ley de la sociedad civil y el Estado, era pues
absolutamente legítimo y válido actuar sin contemplaciones
o matices. Cualquier tipo de responsabilidad con las causas
estructurales que permiten y generan la delincuencia en general
quedó de raíz descartado.
Teniendo en cuenta el anterior marco, una fecha clave para
entender la serie de palos de ciego que como respuesta a la delincuencia
dio el gobierno es el 4 de marzo. En esta fecha, en una medida adoptada
por consenso, los empresarios y comerciantes de Usulután
anunciaron que, como forma de presión para que el gobierno
prestara atención a la problemática, tomaban la
decisión de realizar de manera irrevocable un paro de labores
generalizado. En los días posteriores, el paro, primer precedente
de una manifestación civil organizada contra la negligencia del
gobierno en la lucha contra la creciente criminalidad, fue apoyado por
los sectores empresariales y agricultores de los departamentos de San
Miguel, La Unión, Morazán y San Vicente, así como
por la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños.
Las respuestas emanadas del sector gubernamental ante el paro
de los comerciantes perfilaron lo que a lo largo del año
sería la mentalidad oficial frente a la delincuencia: primero, la
solución al problema pasaba por el incremento en el número
del cuerpo policial y el endurecimiento de las leyes; segundo, los
actores sociales podían ser reducidos a tres: los þbuenosþ -el
gobierno y las entidades encargadas de combatir la delincuencia-, los
þmalosþ -los que delinquen- y las þvíctimasþ de los delincuentes
que en un þfrente comúnþ podrían ser incluidos dentro de
los primeros. En menos de un mes y gracias a la manifestación de
los empresarios -que para muchos analistas no fue más que un
chantaje contra la administración de Calderón Sol- se
inició un þclamor popularþ -canalizado a través de la
prensa escrita y la televisión, y sustentado por la mentalidad
simplista y maniquea oficial- que exigía la puesta en
práctica de medidas tajantes y contundentes, entre ellas: la
movilización del ejército a las calles y las áreas
rurales, la formación de grupos de vigilancia vecinal, la
aprobación de leyes emparentadas con la Ley del Talión y
la restauración de la pena de muerte.
El primer fruto del paro empresarial en occidente fue la no
menos que vertiginosa y apresuradísima formulación y
aprobación, el 19 del mismo mes, de la þLey transitoria de
emergencia contra la delincuencia y el crimen organizadoþ; quedando en
espera la aprobación de la þLey de Defensa Socialþ, la cual fue
finalmente abandonada por sus aberraciones constitucionales y dejos
abiertamente persecutorios y totalitarios.
El alegato utilizado por los responsables de la
aprobación de la Ley de Emergencia fue que el sistema judicial
salvadoreño necesitaba de mecanismos que permitieran, e incluso
volvieran obligatorio, el apresuramiento de los procesos en contra de
los delincuentes con la finalidad de emitir de forma rápida y
eficaz sanciones condenatorias y así poner tras las rejas a
þtodos los delincuentes del paísþ. A pesar del júbilo
general con que dicha ley fue recibida, no tardaron en surgir voces
críticas -como la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, el FMLN e incluso los jueces- que señalaron la
incongruencia de la novel ley y la realidad judicial salvadoreña,
la inconstitucionalidad de muchos de sus artículos y lo poco
efectivo que ella sería al largo plazo.
Habiendo transcurrido nueve meses desde la aprobación de
la ley, la complicada realidad delincuencial del país ha mostrado
la magnitud del desatino gubernamental, ya que no sólo no se
freno la intensidad de ella, sino, lo que es peor, el desconocimiento y
difícil aplicación de la ley atascó el de por
sí ineficiente sistema judicial salvadoreño. La
inexperiencia de policías casi adolescentes, la cruda
situación de los centros penitenciarios, el cúmulo de
procesos penales pendientes fueron factores que al no ser tomados en
cuenta impidieron el funcionamiento de una ley formalmente
inconstitucional y prácticamente irreal.
Sólo la magnitud de las expectativas puestas por la
población en el desempeño del gobierno en lo que a la
solución de la delincuencia respecta permiten explicar el
porqué, a pesar de las dificultades y vacíos
intrínsecos de la ley de emergencia, no se retrocedió en
su aplicación. Haberlo hecho habría significado aceptar un
burdo error de apresuramiento y falta de visión política;
es decir, habría significado aceptar la ineptitud de los
funcionarios gubernamentales y sus pocos velados intereses de satisfacer
el vox populi aun cuando ello solamente llevara a un escandaloso fracaso
y al retroceso en la débil instauración democrática
del país.
Habiendo tropezado en su primer intentona sólida de
aplacar el fenómeno delincuencial, las entidades de seguridad
pública dieron un siguiente paso: la puesta en marcha del
proyecto de Juntas de Vecinos, mismo que en teoría buscaba, entre
otras cosas, la prevención del delito a través de la
colaboración de los ciudadanos con los cuerpos policiales.En su
momento, el grueso de las críticas en su contra se centró
en la posibilidad de que las juntas de vecinos se transformaran en
estructuras de control político a la manera de la desaparecida
Organización Democrática Nacionalista (ORDEN),
organización paramilitar de extrema derecha, fundada y controlada
por el gobierno pecenista en la década de los setentas.
Para evaluar la validez de las críticas de los
principales detractores del proyecto, mismas que llevaron -apoyadas
fundamentalmente por los señalamientos de la Organización
de las Naciones Unidas para la Verificación de los Acuerdos de
Paz (ONUV)- a la cancelación definitiva del mismo, es útil
hacer una revisión somera de algunos de los documentos
fundacionales del proyecto y resaltar los puntos que por su
interpretación pudieron prestarse a dotarlo de matices represivos
y persecutorios.
En los documentos se definen las Juntas de Vecinos como
þorganizaciones cívico-sociales formadas por personas naturales
de reconocida honradez y responsabilidad, trabajadoras y de buena
conducta, de preferencia aquellas que permanecen más tiempo en su
residenciaþ. La justificación de las juntas se encontraba en þel
crecimiento delincuencial que azota nuestro paísþ que
hacía necesario þque la ciudadanía participe activamente
en este tipo de organizaciones... las cuales estarán coordinadas
por el Viceministerio de Seguridad Pública a través de la
PNCþ. Los objetivos a buscar por la Juntas de Vecinos eran: þ1) que el
ciudadano con su participación, contribuya a la seguridad y
tranquilidad de su familia y conservación de sus bienes; 2) que
con la participación ciudadana la seguridad pública
esté en una permanente revisión para su buen
funcionamiento; y 3) que la seguridad pública a través del
proceso sea: servicio, orden y seguridad para la ciudadanía (el
énfasis es del documento).
A lo anterior se añade que las redes entre las distintas
juntas de los departamentos þson la base para el control e
información que la Junta de Vecinos aporta a la Seguridad
Públicaþ y que la estrategia a seguir es la de þcomunicar
inmediatamente a la autoridad competente sobre: a) sospechosos o
hechores de delitos;[...] b) movimientos sospechosos en contra de la
Seguridad del Estado; c) listado de personas anti-sociales de la
comunidadþ.
Analizando lo anterior, es de señalar, en primer lugar,
que en los documentos se dejaba a libre interpretación lo que
había de entenderse por personas þhonradas y de buena conductaþ;
teniendo en cuenta que desde cánones conservadores -los que
tienden a regir en nuestro medio- una persona de este tipo se identifica
con los empresarios y los comerciantes, y con aquellos individuos que
guardan una relación de absoluto respeto -por no decir de
sumisión y apoyo- con los dictámenes emanados del gobierno
central, el perfil hubiera sido llenado exclusivamente por los sectores
de derecha y pro gubernamentales de la comunidad. Además, hablar
de personas que puedan permanecer en sus residencias es hablar de los
sectores pudientes de las comunidades. El ideal de la agrupación
era, en este sentido, política y económicamente
excluyente.
En segundo lugar, que las juntas tuvieran como uno de sus
objetivos principales el mantener un orden y una seguridad
pública no definidos previamente, pudo haberse convertido en la
práctica en la persecución, o al menos en el control, de
aquellas personas o agrupaciones cuyas actividades políticas
estuvieran al margen de la ideología tolerada por el gobierno. Si
a esto se añade el que una de las tareas de las juntas hubiera
sido el comunicar y elaborar listados sobre personas non gratas para la
comunidad, de þcomportamiento nocivoþ, es claro que en el documento se
sentaban las bases, aunque de manera no explícita, para la
formación de una organización de inteligencia y espionaje
capaz de penetrar en cada uno de los municipios del país.
En definitiva, pese a lo que de buena voluntad pudo haber en el
proyecto, su cancelación definitiva, más que un mal para
una sociedad sumida en la crisis por la delincuencia -como expresaron el
Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, y el Presidente
Calderón Sol-, constituyó el certero aborto de una
criatura que pudo haber derivado hacia los esquemas represivos de la
extinta ORDEN; ello no sólo por los vacíos y
ambigüedades del proyecto o por el precedente mismo de aquella
organización, sino en mayor medida por el récord
autoritario con que ha tendido a manejarse el gobierno de
Calderón Sol frente a sus adversores y críticos.
Mientras una de las soluciones propuestas por el gobierno
había sido abandonada en la antesala de su aprobación,
otra seguía siendo obstina e ineficazmente tratada de llevar a la
práctica y una tercera cancelada por su potencial persecutorio,
la sociedad salvadoreña se veía sacudida por una
seguidilla de dantescos crímenes colectivos y la salida a la luz
pública del secuestro de Andrés Súster, miembro de
una de las familias más pudientes del país. En este clima
de exacerbación de la violencia y el temor ciudadano, el
þejemploþ guatemalteco del fusilamiento de dos individuos acusados de
asesinato y violación permitió llevar a discusión
oficial el asunto del restablecimiento de la pena capital para castigar
delitos mayores. Con la anuencia de los sectores de derecha del
país y el bochornoso apoyo de un clamor popular ansioso de
venganza y soluciones tajantes, en octubre de este año, con la
aprobación legislativa de la reforma constitucional necesaria
para llevar a efecto la pena de muerte, era cerrado con broche de oro un
proceso de lucha anti delincuencial absolutamente miope, separado de la
realidad y de gravísimo potencial de reversibilidad contra la
sociedad salvadoreña.
Movilización social y privatización
En una tendencia que tiende a incrementarse, durante 1996 el
número de manifestaciones públicas y la actividad misma de
sindicatos o gremiales de trabajadores paso casi desapercibida. Con
esto no se afirman que no existieron paros o bloqueos de calles y
carreteras convocados por grupos específicos con intereses muy
particulares, porque sí que los hubieron (las acciones de hecho
de AEGES, por ejemplo). Lo que se afirma es que la manifestación
pública continuada en pos de exigencias laborales o
reinvindicaciones de amplio beneficio social ha casi desaparecido de la
vida social del país.
Un ejemplo de la extinción de este tipo de
movilización social es el ocurrido con la radical
disminución de la actividad de los sindicatos de las maquilas. La
dura política aplicada por el gobierno para frenar y restar
méritos a las denuncias de violaciones sistemáticas a los
derechos de los trabajadores de las maquilas, el revés sufrido
por el movimiento sindical ante el súbito cambio de bando de los
dirigentes de FENASTRAS (hasta principios de 1996 el principal sindicato
que operaba al interior de las zonas francas) y el fracaso rotundo de
las dos comisiones estadounidenses que pretendían comprobar in
situ las denuncias de abusos laborales, enmudecieron, hasta casi llevar
al silencio absoluto, las voces de los agremiados a los sindicatos. En
el caso de las maquilas, al contrario de lo pretendido por el gobierno,
el cese de las denuncias de las paupérrimas condiciones laborales
se debió menos a una elevación de la calidad de
éstas que a la incapacidad de los sindicatos de encontrar maneras
alternativas de reagruparse y reformular sus estrategias de lucha
sindical.
Al margen de intentos aislados o provenientes de grupos
extranjeros defensores de los derechos laborales, los sindicatos
salvadoreños de las maquilas se han visto rebasados por una
escala de negociación obrero-patronal que ha vuelto obsoletas las
antiguas estrategias sindicales de expresión. Por ejemplo, no se
ha comprendido aún que en la negociación es casi
inútil discutir con el maquilador extranjero o nacional en lugar
de hacerse presente, del modo que sea, en el país de origen de la
transnacional para la cual estos trabajan; no han sabido tomar
experiencias de países en los cuales ante los abusos de los
maquiladores se ha sustituido el tradicional piquete o huelga en las
puertas de la maquiladora por la publicación de una página
de denuncia en Internet, un medio donde los riesgos de la
represión policial o el silenciamiento por parte de la prensa
oficial nacional se vuelven inexistentes.
La única muestra más o menos consistente de una
movilización social que no se redujera a una situación
coyuntural (como fue el caso de la huelga en el sistema judicial) o a
una búsqueda de los intereses de la propia agrupación (los
arrebatos histéricos y egoístas de AEAS a lo lardo del
año) es la que se ha dado en torno al agresivo plan de
privatización de las entes estatales emprendido por el gobierno
desde el 95 y que para fines del 96 se encontraba ya en la fase de venta
de activos de ANTEL.
En lo que se refiere a la respuesta de los sindicatos ante la
privatización, se pueden observar dos tendencias: una de
protesta, la de los sindicatos y organizaciones agrupadas bajo la
Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) y otra
de aprobación, la de los sindicatos de orientación pro
gubernamental y más cercana a las líneas empresariales,
entre ellos: FESINCONSTRANS, ACOPAI Y OSILS.
Al observar la manifestación convocada por la UNTS, el
Comité para el Debate Nacional por la Paz (CPDN) y la
Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El
Salvador (FEASIES) en conmemoración del primero de mayo,
más que de una afluencia masiva que superara a la de 1995, puede
hablarse de una manifestación rica en diversidad y
pluriparticipación. En ella fue posible observar como
participantes a organizaciones tan variadas como FENASTRAS, ASTTEL,
ATCEL, ATMOP, ANDES, el FMLN y ANPECOVAL, entre otros; entidades que a
finales de 1996 conformaron una agrupación que de manera conjunta
colaborarían para luchar contra el proceso de
privatización..
A pesar de esta diversidad de agrupaciones, el grupo que las
unifica manifestó dos puntos comunes a todas. En primer lugar, un
reclamo al gobierno por la caída en el nivel de vida de los
salvadoreños y por el aumento de la pobreza, los que
tendrían por causas: bajo poder adquisitivo como efecto de la
inflación, reducción en la calidad de los servicios
públicos y aumento de los niveles de subempleo y desempleo
(según la UNTS, un 51% de la fuerza laboral se ubicaría
dentro del sector informal de la economía y un 15% estaría
desempleada). En segundo lugar, una protesta por la pretensión
gubernamental de privatizar ANTEL, lo cual, según las distintas
organizaciones, redundaría en una elevación de las tarifas
cobradas por el servicio y en la perdida de un patrimonio público
que generaba ganancias en las suficientes proporciones (se habló
de 500 millones de colones en ganancias netas al año) como para
reinvertir eficazmente en proyectos de desarrollo social.
En definitiva, se denunció la venta de una
institución que le pertenecería al pueblo y no a sus
gobernantes; proponiéndose como alternativa, por una parte, la
modernización de la institución y no su
privatización y, por otra, la sustitución de un manejo
político de la misma por uno responsable y coherente con las
expectativas y necesidades del pueblo salvadoreño. Este discurso,
aunque con pequeñas matizaciones, fue el mismo para todas las
organizaciones participantes en el grupo en cuestión.
Por su lado, el sector sindical de línea pro
gubernamental y pro empresarial se posicionaba, a través de un
comunicado de prensa emitido en el mismo mes, por una defensa de la
privatización de las entidades públicas, "entendiendo que
esto [la privatización] es fundamental e indispensable para el
desarrollo de nuestro país y para enfrentar con éxitos la
inserción de nuestro país en la globalización
económica", y por la "reconversión" de los distintos
actores sociales hacia la formación de un "instrumento de unidad"
que lleve a feliz término lo primero. Se señalaba,
además, la necesidad de establecer mecanismos que hicieran
posible la transparencia en el proceso de privatización,
así como la ratificación de convenios de trabajo que
garantizaran el equilibrio y la falta de conflicto entre los sindicatos,
los empresarios y el gobierno en la búsqueda conjunta del
desarrollo y el bienestar del país.
Como es fácil observar, el anterior discurso a la vez de
repetir la consabida argumentación oficial del gobierno para
llevar a cabo la privatización, pretendía plantear
soluciones a la conflictividad laboral desde la colaboración y
unificación de criterios entre los empresarios, los sindicatos y
el gobierno. Lo que de crítica pudo contener este discurso se
diluyó en la falta de observancia del impacto real que
podría tener en el nivel de vida de los salvadoreños la
privatización de los servicios públicos y en el plantear
el proceso como una necesidad de primer orden, por lo cual ineluctable.
Sumado a lo anterior, se dio por supuesto que la privatización,
la lógica empresarial y la gestión del actual gobierno
coinciden en el interés por el bienestar de las mayorías
de El Salvador, haciendo énfasis por ello sólo en la
adecuación e inteligencia de los mecanismos para lograrlo y no en
lo posibles intereses ocultos en éstos.
Con todo y lo bien intencionada que pudo tener la
movilización abanderada por la UNTS en contra de la
privatización, es obvio que sus denuncias han ido perdiendo vigor
ante el apabullante y aparentemente indetenible proceso en
mención. La incipiente þCoordinadora popularþ emerge a la luz en
un momento en que ya poco o nada se puede hacer frente a la
privatización de ANTEL; su tarea, por lo tanto, deberá
enmarcarse en el señalar oportuna y eficazmente las desviaciones
de la cristalinidad prometida por el gobierno en el proceso de venta de
activos de la entidad estatal, y en el asegurarse de que si la venta de
las empresas del Estado continua se esté presto a recoger
experiencias de la apertura a la inversión privada de ANTEL con
el fin de evitar y corregir errores en la privatización de las
que restan. De lo contrario, la nueva organización estará
destinada a la infuncionalidad y la mera argumentación
retórica.
Corrupción y proteccionismo gubernamental
Uno de los ganchos electorales con los cuales se impulsó
la campaña a la presidencia de Calderón Sol fue la de la
lucha frontal y sin distingos de ninguna especie contra la
corrupción. Sin haber pasados aún dos años
después de su elección, en enero de 1996 se iniciaba un
proceso judicial en contra de cinco funcionarios municipales, todos
pertenecientes a ARENA, por cargos de falsedad ideológica y
falsificación de certificaciones. La captura y conato de
procesamiento judicial contra estos cinco imputados fue el primero de
una serie de hechos similares en los que ediles areneros eran
señalados de cometer actos de corrupción (con pruebas
contundentes y verificables, según las declaraciones de la PNC y
la Fiscalía de la República), capturados y posteriormente
liberados por supuestas irregularidades en los procedimientos
policiales.
Hasta finales de 1996 se habían contabilizado más
de 30 alcaldes contra los que se levantaban cargos de corrupción
y ejercicio ilícito de funciones. El hecho de que ninguno de
ellos pudiera ser llevado a juicio, pese a las numerosas acusaciones,
testigos y evidencias materiales, dio por sentado que ARENA
prefería optar por sus intereses políticos en desmedro de
la justicia y los bienes de la comunidad. ARENA a lo largo del
año no sólo se afanó en proteger a sus funcionarios
acusados de corrupción mediante la obstaculización de los
procesos que se les seguían (léase hermetismo,
ocultamiento de pruebas y presiones a la Corte Suprema de Justicia y la
PNC), sino que, yendo aun en contra de las más elementales normas
de justicia y democracia, aprobó un polémico decreto
gracias al cual todos los miembros de los concejos municipales pasaban a
gozar de fuero constitucional; es decir, quedaban exentos de que les
fueran aplicados los procedimientos judiciales y policíacos
normales sin la mediación previa de la Corte Suprema de Justicia.
Con la aprobación del decreto el partido ARENA
mató dos pájaros de un sólo tiro: por un lado,
silenció las acusaciones de persecución política
que habían emitido los alcaldes capturados en contra de la
cúpula de la institución política; se
mantenía artificialmente, pues, la unidad granítica de la
que se había hecho gala desde los inicios del partido. Por otro
lado, se aseguraba que ningún funcionario municipal pudiera ser
capturado sin aviso previo, garantizándose así que los
hechos no salieran a la luz pública o que cuando menos el
imputado pudiera ser puesto sobre aviso y el partido preparara la
situación a su conveniencia. El decreto si bien puso a salvo a
una multitud de ediles sospechosos de corrupción fue
también una explícita aceptación de culpa y, peor
aún, una muestra de que la aplicación de la justicia
encontraba sus límites en los terrenos políticos de ARENA.
Sin embargo, es necesario hacer énfasis en el hecho de
que la aprobación del decreto no se dio sino después de
pasados cuatro meses de la captura y liberación de los primeros
cinco funcionarios municipales y la acusación pública de
corrupción sobre tres más de ellos. Es decir, el decreto
no surgió, como en primera instancia se podría creer, de
un afán de proteger a los ediles (tómese en cuenta que en
un principio los principales funcionarios areneros dieron su
aprobación y mostraron su beneplácito ante las primeras
capturas); el decreto surgió más bien para evitar que se
desatara una tormenta de mutuas acusaciones de corrupción al
interior del mismo partido.
El decreto se constituyó, por ende, en una manera de
enfriar los ánimos de un grupo de funcionarios areneros que
habían afirmado explícitamente su intención de no
servir de chivos expiatorios de una corrupción gubernamental que
alcanzaba a altas e importantes personalidades del partido; por lo
tanto, no sólo se acepto la culpabilidad de la mayoría de
los ediles en actos de corrupción, sino también la de
otras personalidades claves de la administración arenera. Desde
ese momento la corrupción se presentó como un vicio
enclavado en lo más hondo de la administración de ARENA y
cuyo destape significaba el desentrañar una práctica
generalizada y de grandes proporciones.
Los casos de corrupción sucedidos en el otorgamiento de
la licitación de la elaboración y mercadeo de los
directorios públicos en ANTEL, a mediados de 1996, y el desfalco
millonario del FIS a manos de su presidenta, Norma de Dowe, a finales
del mismo, mostraron contundentemente que el caso de los ediles no era
único ni excepcional, así como también que la
justificación arenera de que las acusaciones de corrupción
obedecían a un afán de difamación de enemigos
políticos externos al partido era más que falsa. Tanto en
el caso de ANTEL como en el del FIS las acusaciones de
administración fraudulenta y peculado recayeron sobre dos
personajes que hasta el momento se consideraban sin tacha y ajenos a las
vicisitudes y mezquindades de la lucha política; sobre personajes
de relevante vida pública y sobre los que se había
depositado la máxima confianza.
Si en los procesos en contra de los ediles fue posible
argumentar errores de escogitación por desconocimiento de la
persona que ocupaba el cargo, en estos dos casos fue imposible. La
corrupción en las altas esferas del partido ARENA, aún en
los individuos de más sólida reputación, se
consolidó como un hecho innegable y, para desgracia de los
intereses del partido, inocultable. Como se hizo costumbre durante 1996,
los procesos de investigación en torno a estos dos nuevos casos
fueron rápidamente congelados, silenciados y olvidados.
Medio ambiente
Como en años anteriores, durante 1996 el tema del
problema ambiental estuvo casi totalmente ausente de la agenda
gubernamental de prioridades, a no ser como una manera de utilizar el
asunto con fines puramente electorales y políticos (y aun en este
caso se atentó más contra el medio ambiente de lo que se
le protegió; sirva de ejemplo el proyecto del Parque de los
Pericos).
Este descuido estatal del problema ambiental contrasta con el
casi apocalíptico estado de los recursoso naturales de nuestro
país. Sirvan de muestra los siguientes datos: cada año
desaparecen aproximadamente 4 mil 500 hectáreas de bosque
producto de la urbanización y la tala de árboles con fines
comerciales, agrícolas y de uso doméstico (tómese
en cuenta que la tasa de reforestación ronda las 560
hectáreas por año, de las cual menos del 60 por ciento
fructifica); en tan sólo 40 años se generó el 67
por ciento de la deforestación del país; únicamente
un 12 por ciento de El Salvador posee cobertura boscosa, de la cual,
según el Programa Salvadoreño de Investigación
sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, habría que restar un 6
por ciento compuesto por vegetación arbustiva y cultivos de
café; se estima que en 26 años la población total
del país se duplicará, en 8 las zonas boscosas
habrán desaparecido y antes del 2020 los mantos acuíferos
se agotarán.
Pese a que este desastre no es nuevo ni desconocido, sin
embargo ha sido hasta este año que se han empezado a presentar
conflictos sociales serios por la posesión o explotación
de recursos naturales, siendo el caso más alarmante el del agua.
Como es evidente, la calidad y la cantidad de agua con que se
cuenta para suplir el servicio depende directamente de la
preservación de la vegetación y las áreas boscosas,
el caudal y la pureza de los ríos y la precipitación
pluvial de la estación de lluvia de todos los años. Si a
los datos de deforestación ya presentados se añade el
hecho de que más del 60 por ciento de los ríos del
país han sido declarados "muertos" (sin posibilidad alguna de
explotación) o poseen un elevado grado de contaminación,
es evidente que la situación ha pasado hace mucho tiempo de ser
preocupante a ser gravísima y desastrosa. Muestra de ello es el
hecho del permanente estado de racionamiento del servicio de agua
potable que experimentan gran parte de los salvadoreños.
Contrario a las declaraciones de ANDA, la escasez del líquido
obedecería más al acelerado agotamiento y
contaminación de sus fuentes naturales, que a problemas
técnicos y de conexión. Puesto que de no ser así,
tendría ANDA que explicar cómo es que supuestas tareas de
reconexión y mantenimiento que exigen la suspensión
temporal del servicio hacen casi permanente la falta de un servicio
ininterrumpido en la mayoría de barrios y colonias de clase media
y baja. El intento de justificar la mala calidad del servicio de agua
potable desde aspectos puramente técnicos y económicos
(superables de una forma u otra a corto o mediano plazo) estaría
obviando la causa más estructural del problema, por ello la
más difícil y cara de solventar.
No hace falta ser alarmista, la realidad ya lo es en suficiente
grado, para prever los dramáticos efectos sociales que el
próximo agotamiento de los mantos acuíferos traerá
consigo. Como un posible adelanto de ellos basta hacer memoria del
violento enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y un
grupo de pobladores del municipio de San Ramón, Cuscatlán,
que se oponían a que el manantial de su lugar de residencia fuera
utilizado por ANDA para abastecer a cuatro poblaciones vecinas. Muestra
de que esta situación no es un caso aislado, sino la
generalización de un problema, es que las disputas en torno a la
posesión y derecho de uso de los manantiales de agua potable son
cada vez más frecuentes; por ejemplo, los casos del "Pescadito de
Oro" en Sonsonate y el de la usurpación de la Zona de Recarga El
Playón.
Como ha sido posible observar a lo largo del año, el
problema ambiental, lejos de ser algo que aguarda amenazador en un
futuro lejano, es una realidad a la cual tuvo que habérsele
buscado solución hace mucho tiempo atrás. El olvido y el
desinterés por sanearla empiezan a dar sombríos frutos. La
hora cero del medio ambiente en El Salvador, y con ella la de los
salvadoreños, está a punto de llegar. Su retraso, o cuando
menos la disminución de la magnitud de sus consecuencias,
dependerá de la implementación de un plan global y
técnicamente acertado de reforestación y protección
de los recursos naturales; de la aprobación sin postergaciones de
una Ley Ambiental que responda realmente y sin retrasos a la
situación del país; y de una inversión seria, por
parte del gobierno y la empresa privada, en el medio ambiente
salvadoreño, es decir, en la viabilidad del país
Conclusiones
Este ha sido un año sombrío para la sociedad
salvadoreña y la instauración de la democracia en ella.
Por una parte, los esfuerzos gubernamentales por frenar una galopante
delincuencia no sólo obtuvieron poco o ningún resultado,
sino que conmovieron e hicieron tambalear el proceso de
instauración democrática. Medidas tales como la Ley de
Emergencia contra la Delincuencia o la reinstauración de la Pena
de Muerte son muestras de la inexistencia de un plan integral y apegado
a la realidad para combatir la delincuencia en general. En un ansia
populista de satisfacer las exigencias de fuego y sangre de un pueblo
atemorizado y desválido ante un enemigo formidable, el gobierno
se lanzó a una carrera a tientas en la cual el autoritarismo y la
revancha más burda fueron caballos de batalla. El fortalecimiento
de mecanismos disciplinarios al interior de la PNC, la rápida
solución de la sobrepablocación de los centro penales, la
persecusión de la violencia no simplemente delincuencial, sino en
todos sus espectros, fueron puntos que o no se pudieron visualizar para
combatir la delincuencia o se evitó verlos para proceder por la
vía fácil del garrote y la masmorra.
Por otra parte, la matonería y prepotencia mostrados por
el gobierno para resolver las exigencias emanadas de la sociedad civil
hicieron que este año la mayoría de las agrupaciones
sociales se avocaran a las medidas de hecho (tomas de edificios,
huelgas, obstaculización de arterias) como primer mecanismo para
hacerse escuchar. El diálogo y la concertación fueron
sustituidos por la presión y la justa de fuerzas. De continuar
esta tendencia, no sería desatinado esperar para el 97 que la
violencia mostrada por AEGES y la anarquía de AEAS pasaran a ser
calcadas por otras organizaciones, perdiéndose así la poca
estabilidad social lograda después de la guerra.
Finalmente, aunque bochornosos, los casos de corrupción
que salieron a la luz pública este año no sorprendieron a
nadie. En especial si se toma en consideración que ellos son
naturales cuando un partido se mantiene por períodos consecutivos
en la presidencia, posee la propiedad de la mayoría de los
poderes estatales, se enfrenta a una endeble oposición
política y su estructura interna incentiva el hermetismo y el
verticalismo. Pero es de consideración la abultada cifra de
funcionarios areneros que pudieron ser identificados con datos y
señas por su participación en hechos ilícitos; ello
da pie a pensar o que la corrupción es tan generalizada que es
imposible ocultarla o que los mecanismos investigativos de la
Fiscalía General de la República y la PNC han alcanzado
la madurez necesaria como para hacer vulnerable al instituto
político. Para bien de la sociedad sería ideal lo segundo,
pero su constatación se dará hasta el momento en que se
logre emitir una sanción condenatoria contra algún
funcionario arenero acusado de corrupción; meta que aún
está muy lejos de realizarse.-----
Balance regional
Al concluir el año de 1996, la región
centroamericana ha sido escenario de constantes cumbres presidenciales,
visitas de algunos jefes de Estado y presidentes de fuera del área.
En buena medida, ello ha estado motivado por el interés de
fortalecer el proceso de integración regional, el cual
posibilitaría mejores condiciones de vida para los habitantes del
Istmo y el reforzamiento de la estabilidad alcanzada en los últimos
años.
El año de las cumbres
Entre las reuniones celebradas, merece especial atención
la XVIII Cumbre de Presidentes de Centroamérica, celebrada en
Montelimar, Nicaragua, los días 8 y 9 de mayo, cuya finalidad era
la de acordar una serie de medidas para hacer del Istmo un atractivo
destino turístico para el resto del mundo. A la misma, además
de la participación de los mandatarios centroamericanos,
asistió como invitado especial el Presidente de Alemania, Roman
Herzog.
Dentro del plan de acción surgido en esta cumbre, uno de
los puntos de mayor relevancia es el de convocar, en un plazo de 90
días, a un foro de alto nivel a las máximas autoridades de
Turismo, Migración, Aduanas, Salud, Agricultura y Policía,
con el fin de plantear recomendaciones para la facilitación del
turismo en la región.
En el contexto de la cumbre, los empresarios del sector
turístico salvadoreño dieron a conocer a los presidentes del
área una propuesta para incentivar el turismo en la región.
En ella plantearon, entre otros puntos: una política de cielos
abiertos y un recorte en las tarifas de viajes aéreos. Hasta el
momento, tal propuesta no ha prosperado y, por el contrario, los
mandatarios han guardado absoluto silencio sobre la misma. En la misma
línea, meses después de finalizada la cumbre se
conoció que la aerolínea española IBERIA estaba
solicitando a TACA International se le concediera recoger pasajeros de
Miami con destino a El Salvador, pero tal petición no obtuvo una
respuesta favorable. Ante lo sucedido es importante destacar que lo que
hasta ahora ha existido en la región es un monopolio hegemonizado
por la comapañía TACA International -que a su vez aglutina
al resto de compañías centroamericanas en una
corporación-, lo cual le ha permitido a ésta sacar el mayor
provecho posible no sólo con una política de cielos
restringidos, sino también con tarifas sumamente elevadas que no
corresponden con la distancia o el tiempo de vuelo hacia los lugares
respectivos.
Empero, pese a lo antes señalado, se conoció que en
el primer Foro de Política Aérea Centroamericana, celebrado
entre el 28 y 30 de noviembre en Tegucigalpa, Honduras, los cinco
representantes de gobierno y de los sectores turísticos del
área, decidieron abrir los cielos centroamericanos al turismo
internacional, condicionando tal apertura a un acuerdo recíproco por
parte de otras naciones y a la firma de acuerdos bilaterales entre el Istmo
y los países interesados.
Entre los acuerdos alcanzados están los siguientes: a)
cielos abiertos entre Centroamérica, Estados Unidos y Canadá;
b) cielos abiertos en reciprocidad con otros países; c)
liberación de vuelos charters; d) concesionar puertos y aeropuertos;
e) creación de una política turística; f)
uniformación de las políticas aéreas de la
región; g) desregulacción el mercado aéreo
centroamericano; y h) participación del sector privado en el
diseño de las políticas aéreas.
Otra de las Cumbres que merece especial atención es la de
Tuxtla Gutiérrez II, en la que los mandatarios de
Centroamérica y México se reunieron en San José, Costa
Rica, los días 15 y 16 de febrero, para discutir la creación
de una zona de libre comercio en Mesoamérica con el fin de propiciar
un desarrollo sostenible en el conjunto de países de la
región.
La finalidad de esta reunión ya se había establecido
en la Cumbre de Tuxtla Gutiérrez I, celebrada en enero de 1991, en
Chiapas, México, en donde se estabeció, como fecha para
alcanzar la meta señalada, el 31 de diciembre de 1996. Fecha que no
va a ser cumplida debido a que se distorsionó el espíritu de
Tuxtla I, cuando se posibilitó que algunos países negociaran
bilateralmente. Este fue el caso de Costa Rica, quien suscribió un
tratado con México desde el 1 de enero de 1995, y Nicaragua, que a
la fecha en que se celebró la cumbre de Tuxtla II ya tenía
negociado el 95% de su convenio. Por lo tanto, habrá que esperar
hasta que todos los países de la región hayan negociado con
México sus tratados comerciales; éstos serán
unificados en uno solo en fecha todavía pendiente.
En lo que respecta a los logros alcanzados, están los
siguientes: a) impulsar novedosas facilidades de pago y la reducción
de la deuda a varios países de la región; b) atender, bajo
una perspectiva integral, las causas y manifestaciones del fenómeno
migratorio -a partir del reconocimiento de su dimensión regional y
de los factores estructurales de carácter económico y social
que lo generan-; y c) avanzar hacia nuevas formas de cooperación
entre los países del área para combatir la pobreza, el
narcotráfico y delitos conexos, el tráfico de armas y el
crimen organizado que tanto afectan a la región. Asimismo, para
hacer realidad lo acordado, la declaración de Tuxtla II contempla
el compromiso por parte de los gobiernos de las naciones de reunirse cada
dos años, eligiendo para ello una sede distinta dentro de la
región.
En lo que toca al supuesto beneficio que traería consigo
Tuxtla II -a saber, el que Centroamérica tenga acceso directo a un
mercado de 92 millones de habitantes y a su vez México a uno de 30
millones-, la realidad apunta hacia otra dirección, ya que el
intercambio comercial entre ambas partes siempre ha sido deficitario para
el Istmo centroamericano, y después de los acuerdos de Tuxtla
Gutiérrez I ese desequilibrio se ha vuelto aún más
adverso para la región.
Según revelan estudios de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), la inversión
mexicana hacia Centroamérica ha sido mucho mayor en los
últimos cuatro años que en los 30 anteriores. Es decir, en
los años comprendidos entre 1960 y 1989 la inversión
ascendió a 100.26 millones de dólares, mientras que en el
período 1990-1994 ésta fue de 124.10 millones de
dólares, para llegar a un total de 224.36 millones en 1995. Ello
apunta a que el mayor beneficiado del intercambio comercial entre las
partes ha sido siempre México (Proceso, 710).
Avances y retrocesos del proceso de integración
Por otra parte, el tema de la integración centroamericana
fue uno de los más importantes en este año, ello no
sólo por la fuerza que ha venido tomando a partir del año de
1990, sino porque de la integración depende en gran medida el futuro
económico, político, social y cultural de la región.
Uno de los avances experimentados en torno a este tópico
fue la firma del Tratado sobre Seguridad Democrática en
Centroamérica, suscrito en Tegucigalpa, en diciembre de 1995, con
notables reparos de Costa Rica y Panamá, los que abogaron por
reducir las fuerzas armadas y los presupuestos militares.
Un segundo avance que merece ser mencionado lo constituyen los
acuerdos en materia de cooperación suscritos por la región
y los gobiernos de Canadá, Chile, Japón y Corea del Sur,
así como también el financiamiento de un proyecto para
resolver el problema de la eliminación de minas dejadas en la
región como secuelas de los conflictos centroamericanos, el cual
será auspiciado por Canadá y Japón. Además de
lo apuntado, se logró que Chile y Corea del Sur aceptaran
incorporarse al Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) como socios extraregionales. Por su parte, Chile
lo hizo abriendo una línea de crédito de 20 millones de
dólares al BCIE. Respecto a Corea del Sur, no se precisó el
monto de su participación en tal institución, mas resta
esperar que su aporte sea significativo y que pueda traducirse en un mayor
interés de las empresas coreanas no sólo en el desarrollo
económico y social de centroamérica, sino en el modo en que
sus capitales operan en empresas como las maquilas (Proceso, 725).
En lo referente a los obstáculos que experimenta la
integración del Istmo, no debe olvidarse lo planteado por la
Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales
Centroamericanas (FECAICA), quienes presentaron en octubre, a los
cancilleres y Ministros de Economía, un documento de ocho
páginas. En el mismo, los empresarios piden no proseguir con el
proceso de desgravación en el techo arancelario, ya que a su
criterio los mandatarios no han precisado otras fuentes de recursos
alternativos que puedan paliar la reducción de los ingresos fiscales
como consecuencia de la desgravación arancelaria. Asimismo, aseguran
que el 20% de la tarifa arancelaria no representa en modo alguno una
protección efectivamente alta, y ello porque la producción
centroamericana básicamente está representada por materias
primas e insumos, cuyos niveles arancelarios oscilan en 5, 10 y 15%.
Un segundo obstáculo es el concerniente al comercio de la
región y las exportaciones a países que presentan graves
problemas en las aduanas, pues esto demanda una interconexión vial,
integración de puertos y la modernización de las aduanas con
normas más o menos armonizadas. Actualmente, en lo que atañe
a transporte, la región centroamericana se encuentra en una gran
desventaja, precisamente porque -en comparación con otras regiones-
se encuentra por debajo de los estándares mundiales. Con respecto
a los problemas de aduanas, se debe buscar armonizar los sistemas
centroamericanos con los mejores del mundo, porque en las aduanas
centroamericanas se tardan entre 5 horas y dos días para dejar pasar
a un furgón, mientras que en otros países dicho
trámite se hace en menor tiempo.
Centroamérica se encuentra con otro reto a superar; este
consiste en hallar la manera de formular la integración regional de
modo que se asegure la conservación ecológica. Este ha sido
un compromiso asumido por los presidentes de la región en lo que se
llamó la Alianza para el Desarrollo Sostenible, suscrita en Managua,
en 1994. Sin embargo, hasta este momento, no se está dando respuesta
a tal problema de manera eficiente. Asimismo, en la XX Reunión de
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD),
celebrada en Panamá y que concluyó el 14 de junio, organismos
de cooperación internacional como la Unión Europea (EU),
Holanda, países escandinavos, México y Estados Unidos se
comprometieron a dar a Centroamérica unos 400 millones de
dólares en los próximos tres años para programas de
conservación de la biodiversidad. Mientras tanto, el gobierno
mexicano comunicó su decisión de ofrecer al Istmo el 20% de
la factura petrolera que paga a ese país para proyectos de
conservación ambiental. Estas ayudas deberán ser invertidas
en la conservación de los bosques por medio de un "corredor
biológico" que se extenderá desde México hasta
Panamá.
Pese a lo apuntado, se debe enfatizar que los esfuerzos anteriores
no son suficientes para solucionar el problema de la conservación
del medio ambiente, puesto que además se debe tomar conciencia y
medidas en torno a la contaminación que genera la basura, el
plástico y otros materiales que no son biodegradables.
Adicionalmente, la producción y contaminación de la basura
tiende a afectar los mantos acuíferos; y esa contaminación
en su gran mayoría es provocada por las grandes fábricas que
forman parte del sector industrial. Además de la necesidad de
ejercer un control sobre las fábricas que producen desechos
tóxicos, es ineludible el regular el desmedido crecimiento de la
construcción de viviendas que ya se ha llevado consigo gran parte
de los bosques o áreas que pudieran haberse considerado como reserva
ecológica (Proceso, 714).
Por otro lado, cierto es que la integración regional tiene
que ser potenciada, pero la misma debe garantizar el desarrollo para todos
y no para unos pocos como ha sido hasta ahora. Por el contrario, organismos
como la Secretaría Permanente del Tratado General de
Integración Económica Centroamericana (SIECA), lejos de
proteger los intereses de los sectores industriales al interior de la
región, han planteado una integración que es poco
cuestionadora del capital transnacionalizado, el cual, a través de
las grandes instituciones financieras internacionales como el BM y el FMI,
impone las reglas del juego económico, con los consecuentes
condicionamientos políticos y culturales. No obstante las
críticas hechas al planteamiento de la SIECA, lo cierto es que el
Istmo ha experimentado un crecimiento macroeconómico, pero ello no
significa que tal crecimiento sea equitativo, es decir, que beneficie a las
grandes mayorías que viven en la región.
En definitiva, de lo que sí se puede estar seguro es que
si bien hay que admitir la existencia de cierto crecimiento
económico, éste más bien ha redundado en la
concentración de la riqueza en pocas manos y, por ello, en la
obstaculización de la democracia económica y social.
Guatemala: elecciones y paz
En Guatemala, el año de 1996 se vio marcado por dos
procesos fundamentales: primero, el electoral; y, segundo, el de
pacificación. Las elecciones presidenciales se cerraron el 7 de
enero, en 2a. ronda electoral, resultando ganador el candidato Alvaro
Arzú del Partido de Avanzada Nacional (PAN), quien obtuvo el 51.22%
de los votos válidos (671,354 votos); a diferencia de él, su
oponente Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG),
logró el 48.78%, esto es 639,404 votos. Como evidencian el
número total de votos escrutados, las elecciones estuvieron
caracterizadas por el abstencionismo, cuyo índice, según el
Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue de 65.31%, frente a una asistencia
de 34.69%, cifras que superaron las obtenidas en la 1a. ronda electoral.
En el proceso de pacificación, se avanzó sobre los
últimos "temas sustantivos" como son: a) el acuerdo sobre la
"situación socio-económica y agraria en Guatemala"; b)
acuerdo sobre el "Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del
Ejército en una Sociedad Democrática" (Proceso, 728). El
gobierno de Alvaro Arzú anunció, el 28 de octubre, el
aplazamiento de la ronda de diálogo-negociación que
había de realizarse el 29 del mismo mes en la ciudad de
México, luego de conocerse que la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG) era responsable del secuestro de la empresaria Olga
Alvarado de Novella. Reanudándose las conversaciones el 9 de
noviembre. Posteriormente, se firmaron los siguientes acuerdos operativos
de la agenda: a)"cese al fuego definitivo"; b) þReformas Constitucionales
y Régimen Electoral"; y, c) "Reinserción de los combatientes
a la vida legal".
En el proceso de pacificación es de rendir méritos
a la notable y firme decisión del presidente Arzú de concluir
con la guerra. Esto se ha manifestado en los esfuerzos que el mandatario
guatemalteco ha realizado desde el inicio de su administración.
Salta a la vista la fuerza y la seriedad con la que se ha manejado el
diálogo-negociación por parte de su gobierno.
Honduras: depuración militar
El panorama hondureño estuvo caracterizado por el proceso
judicial que se inició en julio de 1995, a manos de la
Fiscalía de los Derechos Humanos, en contra de diez militares,
acusados de haber participado en la desaparición y asesinato de seis
estudiantes universitarios en 1982; así como también por la
misteriosa muerte de seis presuntos agentes de inteligencia militar (G-2)
que se presume participaron en violaciones a los derechos humanos en el
pasado. Pese a las pruebas existentes, la Corte de Apelaciones de
Tegucigalpa consideró a los imputados como amparados por la
amnistía aprobada en 1991. Resta esperar el fallo que emitirá
la Corte Suprema de Justicia en el sentido de si confirmará o
revocará la resolución, es decir, si se favorecerá la
impunidad militar o se hará justicia a las víctimas. De ello
dependerá el grado de credibilidad que la institución
jurídica tenga en el presente y futuro de la nación y en el
resto de la región centroamericana.
El Salvador: problemas fronterizos
Por otra parte, en la región fronteriza de Honduras con su
vecino El Salvador no dejaron de suscitarse incidentes que generaron
ciertas tensiones entre ambas naciones. De hecho, se dio a conocer que la
Procuraduría salvadoreña instaló una oficina
provisional en una zona de los ex bolsones con la finalidad de conocer la
problemática relacionada con los derechos fundamentales y el
abandono de que han sido objeto las familias salvadoreñas. Por lo
demás, se conoció que en la reunión sostenida en marzo
entre las Comisiones Jurídicas Binacionales de El Salvador y
Honduras hubo un retroceso en la solución a que eventualmente se
había llegado, debido a que la Comisión de Honduras
presentó una propuesta que contradice los consensos logrados en
reuniones previas, al reconocer únicamente los derechos de aquellos
que tengan la nacionalidad hondureña por nacimiento o
naturalización. Esto es contrario a los avances logrados en la
reunión de octubre de 1995 en Tegucigalpa, en la que se había
acordado, por consenso de El Salvador y Honduras, que los pobladores de
seis ex bolsones podían elegir libremente su nacionalidad.
Nicaragua: privatización y elecciones
El año de 1996, se caracterizó en Nicaragua por dos
temas: la privatización y el proceso electoral. El primero de ellos
toca directamente a las instituciones que, como el caso de la empresa
estatal de telecomunicaciones de Nicaragua (TELCOR), serán
privatizadas. El argumento del que se ha valido el gobierno de ese
país para justificar la privatización de las instituciones
estatales es que ello traerá consigo grandes beneficios para el
pueblo nicaragüense. La privatización de TELCOR forma parte de
un proyecto de globalización que se apoya en buena medida en el
desarrollo de las telecomunicaciones, pues éstas facilitan
transacciones entre agentes económicos ubicados en diferentes partes
del mundo.
El segundo de los temas es el proceso electoral, el cual estuvo
marcado por: a) los obstáculos que enfrentó el proceso de
cedulación ciudadana, con el cual se pretendía elaborar el
registro electoral; b) el retraso en la definición de los candidatos
y las alianzas entre los partidos políticos; c) el incumplimiento
por parte del ejecutivo de otorgar a los institutos políticos la
asignación monetaria correspondiente para desarrollar la
campaña electoral, que tenía como límite el mes de
julio y que se les entregó hasta en agosto; d) las elecciones
celebradas el 20 de octubre para elegir al Presidente y Vicepresidente de
la república, diputados nacionales, departamentales y al Parlamento
Centroamericano, entre otros.
Cerca de 2.4 millones de ciudadanos en capacidad de emitir su voto
eligieron a las nuevas autoridades que han de gobernar durante los
próximos años ese país. Resultando ganador y, en
consecuencia, próximo presidente de Nicaragua el liberal Arnoldo
Alemán. Estas elecciones estuvieron caracterizadas por muchas
anomalías; sin embargo, fueron legitimadas por los observadores
internacionales, quienes en ningún momento cuestionaron el proceso.
Costa Rica: crisis económica y laboral
Al finalizar 1996, el panorama costarricense estuvo marcado por
la crisis económica y laboral. La crisis que enfrentó la
economía de ese país se caracterizó por el mayor
estancamiento que ha experimentado desde 1982. La prueba de ello se refleja
en el Producto Interno Bruto (PIB), el cual si bien creció en 2.5%
en 1995, este año apenas creció en 1%; contrastando ambos
datos con el 4.5% alcanzado en 1994, tal como lo señaló la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en su informe titulado: "Costa Rica: evolución
económica durante 1995".
Por lo anterior, es claro que la economía costarricense
sufrió un estancamiento que lejos de apuntar hacia su
recuperación se encaminó hacia una mayor agudización,
precisamente en la medida en que el país se alejó de la meta
inicial de reducir el déficit fiscal en 0.5 %, establecida por el
gobierno en convenio con el FMI, en el cual además se
proyectó un déficit que oscilaría entre 3 y 3.4 % al
finalizar 1996.
Por otra parte, la administración de José
María Figueres enfrentó una realidad de conflictos laborales,
de manera particular los ocurridos en la provincia de Limón; en
donde la policía mantuvo desde una fuerte vigilancia hasta varios
enfrentamientos con la finalidad de evitar paros generales por parte de los
sindicatos y las organizaciones populares, quienes exigieron al gobierno
que cumpliera con los compromisos de mejoras sociales y económicas.
Resta esperar que estas y otras situaciones que se han dado en Costa Rica
puedan ser superadas, no olvidando que están en juego los intereses
de las grandes mayorías de ese país.
Reflexión final
En definitiva, en 1996 la realidad centroamericana se ha mostrado
en toda su complejidad económica, social, política y
cultural. Cada país en particular ha tenido que enfrentar
obstáculos importantes en la difícil tarea de la
pacificación y la democratización; y en su conjunto, la
región se las ha visto con el permanente desafío de la
integración, misma que se crucial para los países
centroamericanos se encaminen por la ruta del desarrollo económico-
social.
Un logro indudable es la conciencia cada vez más
generalizada entre las clases dirigentes y la sociedad civil de que la
integración es un requisito ineludible para que los países
del área avancen firmemente hacia mejores niveles de crecimiento y
de equidad; es decir, que sin la cooperación intrarregional el
futuro de los países de la región no tiene mayores
perspectivas de ser mejor que en la actualidad. Ciertamente, todavía
hay resistencias absurdas, sobre todo aquellas que apelan a nacionalismos
trasnochados para entorpecer la puesta en marcha de aquellos mecanismos que
viabilizarían la integración; hay también recelos bien
fundados sobre la voracidad de los grupos empresariales de algunos
países, los cuales verían en la integración una
oportunidad más para enriquecerse.
Con todo, la integración, si fundamenta en criterios de
equidad para los países del área, apuesta por un
desarrollo ecológicamente sostenible y tiene como meta
última el bienestar de los sectores mayoritarios de la
región, será una meta a alcanzar antes del fin del
milenio. En 1996 apenas se ha comenzado a despejar el camino para que
ello sea una realidad; empero, falta mucho por hacer, faltan muchos
intereses por superar y falta mayor determinación de quienes,
desde el poder político y económico, pueden impulsar el
proceso.
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La opinión pública en 1996: los problemas nacionales y la
crisis institucional
En términos de pensamiento social y de opinión
pública, hay que decir que 1996 se destacó en tres
áreas, dos de ellas por su predominio generalizado en la
opinión ciudadana y una de ellas por su casi ausencia de la
consideración pública - al menos a nivel del
salvadoreño común. Así, los dos temas que
dominaron la agenda salvadoreña durante 1996 son los ya
clásicos problemas de violencia y economía. De hecho,
estas cuestiones no son privativas del período que acaba de
terminar sino que, dadas las condiciones en que se ha desarrollado el
país desde la firma de los Acuerdos de paz, vienen estando
presentes en la conciencia salvadoreña por largo tiempo. Lo que
caracterizó 1996 fue más bien un aumento en la
percepción de tales problemas, dejando poco espacio para la
consideración de otras problemáticas nacionales -
probablemente no menos importantes - , y mucho menos para el
interés de la dinámica política salvadoreña,
aún a pesar de que 1996 constituía un año pre-
electoral. Este constituye el otro lado de la moneda, en el sentido de
que la mayoría de los ciudadanos no parecieron interesarse en
absoluto por la política, lo cual ha tenido efectos especialmente
contundentes en el nivel de apoyo de la población a sus
instituciones políticas y hacia su gobierno.
En todo caso, durante el último año bisiesto del
milenio, los salvadoreños estuvieron más preocupados por
la capacidad económica de su bolsa que, a juicio de la
población y contrario a las versiones gubernamentales,
pareció disminuir; a la vez que estuvieron asustados a causa de
una creciente percepción sobre la violencia delincuencial en la
sociedad urbana y rural salvadoreña. Estas circunstancias no
sólo mantuvieron alejada la atención de los ciudadanos
de la dinámica política del país sino que
contribuyeron a profundizar un peligroso desdén por la
institucionalidad política, la cual alcanzó el nivel
más bajo de simpatía popular de la postguerra y
probablemente de la historia moderna de El Salvador.
La violencia delincuencial
El porcentaje de salvadoreños que identificó la
delincuencia o alguna de sus manifestaciones como el principal problema
del país, alcanzó casi el 65 por ciento en 1996, esto
es, dos de cada tres ciudadanos señalaron al crimen de manera
espontánea como la principal dificultad nacional (ver Proceso
710) . Esta constituye la más alta proporción de
respuestas asignadas a la delincuencia en la historia los sondeos de
opinión pública del IUDOP. Dicha tendencia refleja el
nivel de ansiedad que ha alcanzado la población por un problema
muchas veces percibido como irresoluble. Sin embargo, el mismo sondeo de
opinión cursado en el mes de mayo del año que
recién finaliza señaló que la relación de
familias víctimas de hechos delincuenciales habría
disminuido en comparación con mediciones hechas en años
anteriores. Efectivamente, el 26.4 por ciento de las familias
consultadas a mediados de 1996 dijo haber sido víctima del
crimen en comparación con el 35 por ciento promedio obtenido en
años pasados. Estos resultados sugieren que - sin dejar de ser
un problema grave - lo que ha crecido para 1996 no es la delincuencia en
sí misma sino más bien la percepción que los
salvadoreños tienen de ella como problema. Aunque no se puede
negar que la violencia en este año adoptó modalidades
terribles en la recurrencia a las masacres de grupos familiares enteros
(una forma que recuerda a los operativos bélicos) y en los
enfrentamientos callejeros de jóvenes pandilleros, el cambio
fundamental en la dinámica de violencia de este año parece
haberse dado más a nivel cualitativo que en un aumento de la
misma a nivel cuantitativo.
En tal sentido, en el aumento de la percepción de la
violencia criminal como problema compartido durante 1996 estarían
actuando otros factores más allá de la simple prevalencia
del fenómeno. Y es que el año en cuestión fue un
período especialmente fértil para cierto tipo de
periodismo nacional que encontró en la crónica roja un
campo muy productivo en la tarea de atraer a las masas, ya asustadas
por las condiciones de inseguridad ciudadana.
A pesar de que la criminalidad comenzó a ser
señalada como un asunto de preocupación nacional por los
salvadoreños justo desde la firma de la paz, parece que los
medios de comunicación no repararon en la misma sino hasta hace
un par de años, luego de que la agenda política
perdió rentabilidad en términos de audiencia noticiosa. En
1996, la página roja ocupó la titularidad de la mayor
parte de noticieros y publicaciones informativas del país,
muchas veces exacerbando la noticia y añadiendo un morbo
sensacionalista que inclusive estuvo ausente en la noticias durante la
guerra. Un análisis de las encuestas realizado a mediados del
año sobre la influencia de la prensa en la opinión
pública mostró, a diferencia de otros temas, que los
periódicos y los noticieros de televisión influyen
directamente en la percepción que tienen los salvadoreños
sobre la gravedad del problema delincuencial. En otras palabras, entre
más atención se preste a las noticias, la
percepción sobre la violencia delincuencial será mayor.
Esto implica que mucha de la ansiedad que predominó en la
opinión pública salvadoreña en 1996 ciertamente ha
estado fundamentada sobre una base real, pero ha sido aumentada hasta
niveles de casi desesperación gracias al decidido y constante
ejercicio de la prensa.
En esta campaña de alarma toma parte también la
administración gubernamental. Frente al problema del crimen ,
1996 se caracteriza por ser el año en que el gobierno lleva a
cabo una cruzada antidelincuencial subrayando la gravedad del problema
en una sucesión de medidas - la mayor parte descoordinadas entre
sí -, que inicia con la campaña para aprobar la Ley de
Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado y termina con
la aprobación del primer paso para reinstalar la pena de muerte
en el país; medidas que al final sólo consiguen dar la
impresión a la ciudadanía de que el problema de la
violencia no tiene solución. Las disposiciones para combatir la
delincuencia se toman apelando al þclamor popularþ, el cual ciertamente
es masivo pero superficial. La mayoría de los
salvadoreños estuvo de acuerdo con la promulgación de las
medidas para combatir el crimen pero no todos esperaban que las mismas
fueran efectivas para contrarrestar el problema; ello indicaba que
muchos ciudadanos se sentían en la obligación de apoyar
cualquier cosa que se presentara como alternativa para detener la
agobiante ola criminal aunque no estuvieran seguros de su eficacia. Al
apoyo de tales medidas, sin duda, contribuyeron también hechos
que impactaron en la opinión pública: el secuestro del
joven Súster, la aplicación de la pena capital para dos
condenados en Guatemala, las repetidas masacres de familias,
etcétera. El mismo paro de labores en Usulután como
protesta por los niveles de delincuencia fue un suceso que surge de la
ciudadanía. Todos estos hechos fueron hábilmente
manejados por las autoridades para justificar la promulgación de
las medidas antidelincuenciales.
Sin embargo, la ausencia de un plan maestro para combatir la
violencia que integre, dé sentido y metas claras a las
políticas del gobierno y la dependencia de la conciencia
pública de la prensa, provocó que al final del año
1996 fuese percibido como un período perdido en la lucha contra
la delincuencia. De hecho, en el sondeo de evaluación anual,
más del 80 por ciento de los salvadoreños afirmó
que la violencia delincuencial había aumentado en 1996;
además, la misma investigación reveló que un
porcentaje importante de la ciudadanía considera el mantenimiento
del crimen como uno de los principales fracasos del actual gobierno.
Estas percepciones sobre la situación de criminalidad en
El Salvador no sólo tuvieron repercusiones sobre los sentimientos
compartidos de inseguridad pública, sino también
alentaron. mantuvieron y justificaron en ciertos sectores de la
población, actitudes en contra de la institucionalidad del
país. Actitudes que mucha gente piensa que son cosa del pasado en
virtud del proceso sociopolítico por el que ha atravesado la
nación, pero parecen haberse revitalizado en la dinámica
social del 96.
La ansiedad por la percepción de una escalada sin freno
de la violencia delincuencial y la sensación de un agotamiento
de los recursos convencionales para hacerle frente han provocado que
muchos ciudadanos en 1996 acentúan sus convicciones de que las
formas institucionales no son útiles para resolver los
problemas. En un sondeo cursado en agosto de 1996, casi la mitad de los
consultados estuvo de acuerdo con que þla gente tiene el derecho a tomar
la justicia por su propia manoþ cuando el gobierno no proporciona
justicia y seguridad; es más, otros resultados de la misma
encuesta señalaron que más de un 40 por ciento de los
salvadoreños desobedecería una ley con la cual no
está de acuerdo y resolvería sus problemas antes que
esperar por soluciones legales (ver ECA, 576). En este sentido, hay
razones para pensar que al terminar 1996, frente a la percepción
de la inoperancia de las instituciones para resolver uno de los
problemas más graves, cada vez hay más ciudadanos
tentados a pasar por alto las normas de la precaria institucionalidad
salvadoreña.
Estos datos no sólo ilustran unas posturas que parecen
haber crecido en el año que recién termina, sino
también ayudan a explicar las dificultades que ha encontrado el
gobierno para someter a ciertos sectores e impartir justicia en otras
áreas en su intento por imponer cierto nivel de orden urbano y
social.
La economía
La visión de la economía salvadoreña como
un problema grave es un producto exclusivo de la opinión
popular; algo que definitivamente no es compartido por el gobierno. Si
algo caracterizó a 1996 es la creciente y profunda brecha de
contradicción entre el discurso gubernamental y la opinión
popular sobre la economía del país. Mientras la
administración de Calderón Sol utilizaba sus mejores
recursos para presentar las posibilidades del þmilagro económicoþ
salvadoreño, los ciudadanos señalaban con más
intensidad la gravedad del problema financiero en los aspectos de
inflación, desempleo y pobreza, como su principal
preocupación sólo después de la delincuencia. En
un sondeo cursado a mediados de 1996 para evaluar la gestión del
gobierno después de dos años de trabajo, el 61 por ciento
de los consultados afirmó que la situación del país
había empeorado con la gestión gubernamental; y el 40 por
ciento identificó aspectos de índole económico
entre los principales fracasos del gobierno. Para finales del
año, la encuesta de evaluación de 1996 reveló que
más de la mitad de los salvadoreños considera que su
economía familiar ha empeorado durante el período que
finaliza.
Contrario a su comportamiento respecto al problema de la
delincuencia, frente al cual el gobierno afirmó actuar siguiendo
el clamor popular, el Ejecutivo hizo caso omiso a las constantes
peticiones públicas para que revisara su política
económica. Un ejemplo de eso ha sido la política de
privatización de ciertas entidades públicas. Una encuesta
del IUDOP reveló en junio que sólo el 25 por ciento de la
población apoyaba la privatización de las administraciones
de telecomunicaciones y electricidad; en cambio, un 55 por ciento
estaba en contra y un 20 por ciento no tenía una opinión
al respecto.
Esta indiferencia del gobierno para someter su política
económica a discusión y cambios, cuando no su triunfalismo
hablando de los logros en materia financiera nacional, ha sido
interpretada por la población como una señal
inequívoca de que la política económica no va a
modificarse sustancialmente y que su situación financiera
particular probablemente empeore en el futuro. En respuesta, en 1996
muchos salvadoreños comenzaron a retirar su simpatía y
lealtad de las instituciones políticas que eligieron para
gobernar al país y han acrecentado el conjunto de
población que se siente defraudada por el sistema
político, al cual no ven capaz de resolver sus inveterados pero
urgentes problemas. Quizás de manera no tan conciente, los
salvadoreños han estado asumiendo el hecho de que sus
políticos, de que su sistema y de que la institucionalidad
existente, no son muy útiles para consolidar un proyecto
nacional que realmente resuelva los grandes problemas nacionales y
lleve al país al tan ansiado desarrollo; esto porque las
decisiones no dependen siquiera de quienes ellos escogieron para
gobernarlos sino de sectores o fuerzas que no terminan de estar claras a
los ojos de la población. Todo ello lleva a la desconfianza en la
mayoría de las instituciones nacionales. En estas
circunstancias, para muchos ciudadanos más vale asegurar los
intereses propios e inmediatos y desatenderse de los proyectos
nacionales que hacer presencia en un sistema que sigue dando muestras de
favorecer sólo a ciertos intereses.
La institucionalidad política
Al igual que los puntos anteriores, el fenómeno de
desconfianza en las instituciones del país y el desinterés
ciudadano por la dinámica política del país, no son
aspectos que hayan aparecido precisamente en el año que termina.
Más bien, la particularidad de 1996 es que durante este
período, las actitudes de indiferencia hacia la esfera
política nacional y de escepticismo hacia las instituciones
políticas y gobernantes encontraron un campo muy fértil en
la conciencia del salvadoreño promedio.
Frente a la percepción de la incapacidad del sistema
social, en su conjunto, para lidiar con los problemas más
agobiantes que se le han venido planteando a la sociedad
salvadoreña, los ciudadanos han ido convenciéndose - no
sin mucha inquietud - de que sus instituciones políticas, sobre
todo las que están más vinculadas con el statu quo son las
que merecen menos credibilidad de todas. Los sondeos realizados por el
IUDOP a lo largo de 1996 mostraron que la confianza en la mayoría
de las instituciones salvadoreños alcanzó los niveles
más bajos en la historia de medición de la opinión
pública en este país centroamericano. La presidencia, la
Asamblea Legislativa, los partidos políticos y la Corte Suprema
de Justicia - precisamente aquéllas instituciones vinculadas con
la dirección del Estado y el país - reciben los
más bajos puntajes de confianza popular; mientras que entidades
como la iglesia católica, los medios de comunicación, y la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos -
instituciones no vinculadas directamente al Estado - , aunque no reciben
una opiniones completamente favorables, acogen un nivel de confianza
mucho mayor que las instituciones oficiales. La simpatía popular,
entonces, no está dirigida a las instituciones que de alguna
manera representan a los ciudadanos, o que ellos eligieron para hacerlo,
sino que está depositada en las entidades que, de una u otra
manera, han sido vistas como más capaces de entender y ayudar a
la población con sus problemáticas más
básicas.
Esto ha planteado un problema muy serio de legitimidad del
sistema a los ojos del ciudadano común. En la última
encuesta del año, la UCA preguntó a los
salvadoreños sobre el rumbo del país: cerca del 85 por
ciento de los consultados dijo que el país necesita un cambio y
sólo el 11 por ciento afirmó que la nación va por
un buen camino. En estas condiciones, no es extraño entonces
encontrar que cada vez más ciudadanos pasarían por alto
las normativas sociales y los preceptos legales para solucionar sus
cuestiones.
La crisis de credibilidad en las instituciones del país
ha tenido también un concordante impacto en la disposición
ciudadana a participar políticamente, al menos como lo dispone el
sistema. El año que recién finaliza þtropezóþ con
el nivel más alto de indiferencia hacia los partidos
políticos y hacia el proceso electoral que tomará lugar en
1997. No sólo mucha gente no quiere saber de las próximas
elecciones, ni le interesa el resultado de las mismas, sino que mucha
gente que durante años se ha presentado como militante muy activa
de sus instituciones partidarias ha comenzado a abandonarlas sin tener
claro o siquiera interesarse por acudir a otro partido.
Lo anterior explica que a finalizar el año y cuatro
meses antes de las elecciones legislativas y municipales, casi dos
terceras partes de la población no tengan un partido
político de preferencia y que, a pesar de una amplia gama de
oferta partidista, sólo dos instituciones retengan las mayor
parte de las intenciones de voto. Lo anterior explica también
que el partido gobernante, con una amplia capacidad electoral en los
últimos diez años, se encuentre a finales de 1996
tratando de mantener precariamente su ventaja, no por efecto de un
crecimiento de otros grupos partidarios, sino por un considerable
desgaste como producto de su gestión al frente del gobierno.
Los salvadoreños parecen haber finalizado el año
sin encontrar razones que les estimulen a participar en un sistema que,
a su forma de ver y a pesar de la intensidad de los problemas
nacionales, no ha sido capaz de proporcionar la seguridad ciudadana y la
justicia necesarias para asegurar cierta estabilidad; que ha sido
indiferente a los reclamos por cambiar una política
económica que es vista como causante de la incapacidad
doméstica y nacional para alcanzar mejores niveles de vida.
Muchos ciudadanos quedaron convencidos en 1996 de que su sistema
político no favorece a nadie más que a los
políticos mismos y, por tanto, ya no están dispuestos a
seguir apoyándolo. El problema es que con lo anterior se pueden
crear para los períodos venideros, las condiciones para el
surgimiento de alternativas de dirección nacional que, surgidas
de la pretendida transición democrática y con el apoyo
pasivo de la población, se conviertan en un sistema que niegue
parte de los logros alcanzados con la consecución de la paz.
Muchos ciudadanos están convencidos de que el
país þtocó fondoþ en 1996 y se les hace difícil
pensar que el estado de cosas pueda empeorar aún más en
los años subsiguientes. Aunque esa visión pueda ser muy
discutible, lo cierto es que tal forma de percibir la situación
probablemente contribuya a que los salvadoreños decidan que es el
momento de tomar el control sobre su propio destino y que lo hagan
teniendo presente la historia compartida que ya no debe volver a
repetirse. Todo depende de la medida en que los salvadoreños
hayamos comprendido el valor de la paz con justicia y democracia. --
---
Los derechos humanos en 1996
Introducción
Caracterizado más por las sombras que por sus luces en lo
que al respeto a los derechos humanos se refiere, el año que acaba
de finalizar debe ser examinado con mucho cuidado. ¿Por qué?
Pues porque a estas alturas --cinco años después de haber
terminado la guerra-- ya deberían estar funcionando en forma
aceptable las tres instituciones que el venezolano Pedro Nikken, desde el
primero de sus informes como experto independiente de las Naciones Unidas
para El Salvador, calificó como "vitales" para el desarrollo de una
convivencia armónica en nuestro país. Pero, lastimosamente,
las cosas no han caminado en ese sentido y aún nos encontramos muy
lejos de poder presumir ante el mundo de contar con un cuerpo de seguridad
pública verdaderamente confiable y un sistema judicial en marcha.
Les falta mucho, aún, a la Policía Nacional Civil
(PNC) y al órgano Judicial para generar los necesarios niveles de
confianza entre la población que la animen a ser parte de su proceso
de consolidación, mediante el uso constante de dichas instituciones.
Lo que sí destaca de manera positiva son los esfuerzos que --desde
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)--
realiza la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés, pese
a que éstos han tenido que enfrentar la injustificable actitud de
aquellos sectores, oficiales o no, que equivocadamente se empeñan
en verla como una adversaria cuya labor debe ser impedida o, en el "mejor
de los casos", controlada.
Vista de manera conjunta, esta fragilidad de la institucionalidad
salvadoreña en la materia no es un buen augurio para 1997 y lo que
falta para arribar al nuevo siglo, sobre todo cuando la observación
internacional en nuestro territorio se redujo a su mínima
expresión durante el último mes del año que
terminó hace unos días.
Quizás todo lo anterior no ameritaría un juicio tan
severo si no viniéramos de donde venimos y en el país no
estuvieran sucediendo los hechos graves que, a lo largo de 1996,
mantuvieron a casi toda la población en una situación
totalmente insoportable e inaceptable, tanto por la cantidad de brutalidad
que se produjo como por todo lo que en él se ha invertido --antes
y después de la guerra-- para intentar hacerlo diferente. Pero como
creemos que todavía sigue siendo posible intentar cambiar el rumbo,
consideramos que la contribución de este balance anual debe darse
mediante el examen objetivo de lo que realmente está sucediendo en
el país y la capacidad actual de las tres instituciones para
enfrentar con éxito los desafíos que se les plantean.
1. Violencia y violaciones a los derechos humanos
Independientemente de lo que sostengan en el exterior quienes se
esfuerzan por incrementar todavía más sus ya enormes
ganancias, la mayor parte de las y los salvadoreños vivió --
durante todo el año pasado-- sumida en la angustia diaria de
pensarse potencialmente la siguiente víctima de una espiral de
violencia incontenible, en medio de una situación de inseguridad que
trascendió la esfera de lo personal para llegar a sentirse realmente
mal también en lo económico, político y legal si es
que alguna vez hubo cierta mejoría en estos últimos niveles.
Fuera de aquellas personas que por su nivel económico
pudieron comprar una relativa seguridad personal --pagando guardias
privados o utilizando su poder para que el Estado vigilara sus zonas
residenciales, negocios, centros educativos y lugares de diversión--
casi toda la gente en El Salvador no pudo disfrutar de una verdadera
tranquilidad a lo largo del año. Ello debido a que se enteró
--por haberlo conocido directamente o por el "amarillismo" de la prensa--
sobre alguno o algunos de los cerca de ocho mil homicidios que como
promedio anual se cometen en el país de 1994 a la fecha,
según datos proporcionados por la Fiscalía General de la
República (FGR). Quizás durante 1996, al observar lo
sucedido, podría esperarse una cantidad mucho mayor de este tipo de
muertes; a eso habría que agregar las personas lesionadas o
amenazadas de cualquier forma y por cualquier motivo.
A todo lo anterior se refirió de manera clara y con
suficiente razón la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES)
cuando iniciaba el año, en la víspera de la segunda visita
del Papa a nuestro país. Sobre la misma problemática que
abordaron en enero de 1996, durante el mes de octubre los jerarcas
católicos volvieron a hacer pública su preocupación
pero en un tono notablemente más intenso, a raíz de las
matanzas realizadas en esos días después de que
paradójicamente --argumentando que era la única manera de
frenar la violencia-- el Parlamento dominado por el partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA) acababa de ampliar la aplicación
de la pena de muerte a ciertos delitos graves del fuero común, en
espera de su ratificación por parte de la siguiente legislatura y -
-sobre todo-- de los votos que en las próximas elecciones le hacen
falta para seguir controlando la Asamblea Legislativa y el país.
Sin duda, vale la pena recordar lo que dijeron los obispos en sus
dos cartas pastorales. En enero expresaron lo siguiente: "Los problemas
sociales persisten con dramática gravedad, haciendo muy
difícil la vivencia cotidiana de la paz. Porque no podemos estar en
paz cuando la extrema pobreza, la inseguridad y el desempleo golpean con
tanta crueldad a tantas hermanas y hermanos... No es posible vivir en paz
si la muerte acecha en los recodos de los caminos y en las calles de la
ciudad". En octubre, la CEDES se pronunció con una claridad
superior. "Si en aquel momento de entusiasmo por la inminente visita de
Juan Pablo II --dijeron los integrantes de la Conferencia-- nuestras
palabras pudieron parecer exageradas, lo sucedido durante las
últimas semanas indicaría más bien que nos quedamos
cortos. En efecto, los hechos que atentan contra la paz y la tranquilidad
de las familias, desafían nuestra esperanza".
Lo anterior resulta ser el marco global de una situación
que, sin duda, es muy poco alentadora para una población que viene
de sufrir una generalizada violación a sus derechos fundamentales
durante las décadas de los setenta y ochenta, debido a la crisis
política y la guerra que la golpearon de maneara inmisericorde. Ante
el fenómeno tan grave y complejo como el que estamos viviendo en la
actualidad, no podemos ni debemos seguir "explicándonos" las cosas
con argumentos tales como el de las "secuelas del conflicto armado" o sus
"tendencias inerciales", como acostumbran a sostener personajes que no han
ayudado en nada a enderezar el rumbo del país en lo que al respeto
a los derechos humanos corresponde.
Continuar sosteniendo tesis como las anteriores resulta demasiado
arriesgado, sobre todo cuando la realidad nos está mostrando y
demostrando que --además de los hechos de violencia común e
independientemente de las razones-- en el país se continúan
cometiendo violaciones a los derechos y libertades de las personas,
principalmente desde las instituciones estatales que deberían ser
sus garantes. De ello dio cuenta la señora procuradora para la
defensa de los derechos humanos cuando, en cumplimiento de su
obligación constitucional, presentó ante el Parlamento su
informe de labores correspondiente al período comprendido entre el
1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996.
Cuando se refirió al registro y verificación de las
denuncias que se recibieron en la institución, dentro del
capítulo del citado documento dedicado a la tutela de los derechos
humanos, la doctora de Avilés sostuvo que la cantidad de las quejas
"recibidas y el número de actos ilegales o arbitrarios registrados
desde el último informe presentado a la Asamblea Legislativa a la
fecha, han dejado al descubierto la fragilidad de los avances logrados en
los últimos años en materia de protección legal de las
personas y lo imperioso que es para el Estado salvadoreño continuar
realizando esfuerzos que tiendan a fortalecer las instituciones que, como
esta Procuraduría, tienen atribuciones de tutela de los derechos
humanos".
Cabe destacar que --según ese informe-- entre junio de 1995
y marzo de 1996, la PDDH registró 3 mil 577 denuncias de las cuales
187 tenían que ver con violaciones al derecho a la vida, 901 con
violaciones al derecho a la libertad personal, 861 con violaciones al
derecho a la integridad personal, 730 con violaciones al derecho a un
debido proceso legal y 354 contra la seguridad y privacidad personales. Las
544 denuncias restantes tenían que ver con violaciones a otro tipo
de derechos.
Durante el período en cuestión, las
responsabilidades estatales quedaron establecidas de la siguiente manera:
2 mil 50 expedientes abiertos contra agentes de la PNC, 777 contra miembros
del órgano Judicial y 370 contra elementos pertenecientes al
órgano Ejecutivo, con la inclusión de las entidades
autónomas dentro de este último. Cabe señalar que,
además, la PDDH señala la responsabilidad de "sujetos no
identificados pertenecientes a grupos ilegales armados" en 115 ocasiones.
Pese a que aún no existe un documento oficial en nuestras
manos, la PDDH hizo un esfuerzo por dar a conocer --al cierre del
año-- datos objetivos que terminan de ilustrar lo que está
sucediendo en nuestro país a estas alturas, después de tanto
dinero y esfuerzos invertidos en él. Según informes de
prensa, la institución recibió --entre enero y octubre de
1996-- 11 mil 277 denuncias de las cuales solamente 3 mil 721 fueron
admitidas; las 7 mil 556 restantes fueron objeto de orientación y
acompañamiento que, según voceros de la Procuraduría,
en la mayoría de los casos se convirtieron posteriormente en
violaciones los derechos humanos en lo que al debido proceso administrativo
se refiere.
2. La Policía Nacional Civil
En diciembre de 1995, con el apoyo de la Unión Europea y
la colaboración del Instituto Universitario de Opinión
Pública (IUDOP), el IDHUCA impulsó la realización de
una encuesta en diciembre de 1995. De la valoración hecha entonces
sobre la PNC en su lucha contra la delincuencia, surgieron cosas como las
siguientes: entre muy mala y mala el 24.3%, regular para el 26.7% y buena
según el 41% de las respuestas; el 3.6% se inclinó por
calificarla de muy buena. Desde nuestra perspectiva, el panorama no estaba
del todo mal pero tampoco era para echar "las campanas al vuelo" sin
más: en conjunto, de buena para arriba la calificó el 44.6%
y de regular para abajo el 51%. Cuando las personas entrevistadas
compararon al actual cuerpo de seguridad con la extinta Policía
Nacional, apareció esto: mejor el 48.6%, igual el 26.3% y peor el
18%.
Dicha encuesta reveló además, entre otros
resultados, dos apreciaciones que consideramos sumamente interesantes. La
primera: el 37.9% de las respuestas tendían a considerar que sus
agentes eran honestos, el 35% sostenía que eran corruptos y un 2.7%
decía que dentro del cuerpo habían de ambas clases de
elementos. La segunda: que las dos acciones más importantes para
mejorar la situación actual de la institución debían
ser elevar la calidad de la formación de sus miembros (38.8%), por
un lado, y, por el otro, su depuración inmediata (11.6%); estas dos
opiniones sumaban más del 50% y únicamente el 8.7% de las
personas encuestadas se inclinaron por aumentar el número de
agentes.
Lo anterior es el resultado de lo que la gente podía
percibir a partir del accionar cotidiano de la PNC durante 1995. Qué
más quisiéramos que estar, a estas alturas, afirmando con
certeza que las cosas mejoraron en relación a lo que sucedió
en ese año. Y es que, al menos desde nuestro lugar en la sociedad,
todavía queremos tener un cuerpo de seguridad que --tal como se
establece en el primer artículo de su ley orgánica-- proteja
y garantice "el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las
personas"; que prevenga y combata "toda clase de delitos"; que mantenga "la
paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad tanto en el
ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos
humanos".
Pero no; en 1996 la situación no se modificó para
bien; por el contrario, quizás empeoró. Siguiendo con el
balance de la PDDH, nos encontramos con lo que a continuación se
detalla. De las 3 mil 721 denuncias que admitió la
Procuraduría, 2 mil 86 se referían a hechos presuntamente
cometidos por elementos de la PNC. De esa forma, se debe entender que el
56.06% de la responsabilidad en las violaciones cometidas y registradas por
la PDDH a lo largo de 1996 se adjudican a ese cuerpo que, teórica
y legalmente, debería garantizar el respeto a los derechos y
libertades fundamentales de la población. Cabe destacar que 113 de
las denuncias contra la PNC tenían que ver con violaciones al
derecho a la vida; de ellas, 45 tratan de muertes consumadas, 28 de muertes
fallidas y 40 tienen que ver con amenazas de muerte.
De por sí preocupante lo anterior, la situación se
agrava al observar la actitud de la cúpula de la seguridad
pública frente a los señalamientos que se le hacen. Hasta
quien es considerado el más moderado de los jefes policiales y
formalmente el principal de ellos --Rodrigo ávila-- dedica mucho de
sus esfuerzos a intentar justificar lo injustificable. Testigos somos de
su autoproclamación, durante un evento público organizado por
la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo
Social (FUNDASPAD) en enero de 1996, como el "defensor general de la PNC"
frente a lo que el considera "ataques injustos contra la
institución".
Fiel a ese papel, el joven ingeniero --metido ahora a director
general de la PNC-- salió al paso de los señalamientos hechos
por la PDDH al final del año y sostuvo que, en algunos de ellos,
podía estar involucrado personal que ya había sido puesto a
la orden de los tribunales. Según ávila, "la mayoría
de los casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos contra la
Policía, son interpuestos por delincuentes que han sido detenidos
o sorprendidos in fraganti y con eso tratan de atenuar su situación"
(La Prensa Gráfica, 20.12.1996, p.46-A).
Lástima grande que este funcionario piense y actúe
así pues, por citar un solo ejemplo, William Antonio Gaitán
Ayala no era ningún delincuente y el señor Carlos
Gaitán, su padre, tampoco. Este último, honesto y ejemplar
ciudadano, fue quien denunció ante la PDDH la violación al
derecho a la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque el 4 de enero
de 1996, William Antonio murió abatido por los disparos que le
hicieron miembros de la PNC en San Salvador. Desde entonces, este padre de
familia se encontró --solo y lleno de dolor-- ante un camino del
cual tenía algunas referencias pero que nunca había
transitado: el de la mentira, la impunidad y la arbitrariedad
institucionales.
En su resolución sobre este caso, emitida a finales del mes
de julio, la señora procuradora dio "por establecida la
violación al derecho humano a la vida, por muerte arbitraria
consumada en perjuicio de William Antonio Gaytán Ayala".
Además, afirmó que se había establecido "la
violación al derecho humano al honor y a la dignidad en perjuicio
del joven Gaitán Ayala y su familia". En el mismo documento,
señaló "como responsables directos de la violación y
cesación del derecho humano a la vida de la persona mencionada al
agente Miguel Hageo Palacios Contreras y al motorista Narciso Gabriel
Escamilla, ambos de la Unidad de Emergencia 121 de la Policía
Nacional Civil de esta ciudad (San Salvador), y a la Policía
Nacional Civil en lo que institucionalmente le corresponde, siendo
ésta asimismo responsable de la violación al derecho al honor
y a la dignidad".
Además de los señalamientos anteriores, la
señora procuradora hizo diversas y atinadas recomendaciones sobre
el caso. Al juez quinto de lo Penal, encargado de la causa, le pidió
"agilizar la depuración del proceso..., analizando a fondo las
circunstancias del delito y sus partícipes, para emitir una
ajustada, objetiva e imparcial valoración..." Cabe mencionar que
este funcionario judicial tipificó el crimen como un homicidio
culposo cuando, a todas luces, se trató de una ejecución
arbitraria. Entre otras cosas, la doctora de Avilés también
recomendó que la PNC entregara a la familia doliente una justa y
debida indemnización, cosa que hasta la fecha no se ha realizado.
Es más; los autores del crimen disfrutan de una absoluta impunidad
que los ampara, al punto que --según testimonio del padre de la
víctima-- continúan laborando en la institución.
En el marco de los cuestionamientos hechos a la PNC durante 1996,
cabe señalar que en el mes de diciembre se conoció
públicamente un informe elaborado por un "grupo de asesores
internacionales" al servicio de la institución, en relación
a las deficiencias de su división de investigación criminal
(DIC). Dentro de las fallas que se incluyen, destacan las siguientes: no
se aplica un plan estratégico; no existen procedimientos adecuados,
tanto en lo referente a su organización interna como en lo que toca
a sus operativos; es muy poco el apoyo que recibe de la dirección
general del cuerpo y de la subdirección general operativa.
Además, en ese documento se advierte que existen problemas
de personal en cuanto a su reclutamiento y estabilidad de su destino; hay
poca coordinación interinstitucional con la FGR y el órgano
Judicial; no existe suficiente calidad para lograr un verdadero y eficaz
liderazgo de sus mandos medios; se observan limitaciones serias en la
formación profesional; no se elabora y centraliza la
información como es debido, ni se transmite al resto de las
divisiones operativas; se adoptan decisiones basadas en razones
políticas y no técnicas; es poca relación y
coordinación con la Academia Nacional de Seguridad Pública.
El estudio mencionado también incluyó una serie de
recomendaciones, dentro de las cuales resaltan las que a
continuación se detallan: formar un equipo que conduzca la
reorganización de la DIC; diseñar un plan estratégico
para ello y desarrollarlo; elaborar el "Manual de Política y
Procedimientos"; crear canales, fluidos y permanentes, de
comunicación con la dirección general y la
subdirección general operativa; establecer el perfil del
investigador y de sus jefes; volver a evaluar el personal actual y evaluar
al que se incorpore en adelante.
Frente a esos señalamientos, el ingeniero ávila
adoptó la actitud acostumbrada: se puso a la defensiva.
Descalificó el documento por ser "viejo" y acusó a un miembro
de la institución por haberlo --según él-- entregado
al periódico que lo publicó; esto último, fue
desmentido por el rotativo. Pese a la posición de ávila, el
último informe de quien fue secretario general de las Naciones
Unidas hasta el 31 de diciembre de 1996, Boutros Boutros-Ghali, coincide
en mucho con los cuestionamientos que aparecieron en el periódico
el 3 de diciembre y que el director general de la PNC desautorizó;
cabe destacar que el documento de la ONU trata sobre el examen que los
representantes del organismo internacional hicieron en torno a la
situación del país durante un período muy reciente:
entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 1996.
Ghali también se refirió a la necesidad de
establecer "una capacidad de investigación criminal, profesional y
científica en las divisiones y los departamentos especializados de
la Policía Nacional Civil, la División de
Investigación Criminal y el Departamento para la
Investigación del Crimen Organizado". Además, para el ahora
ex secretario general de la ONU, se deben "reforzar las instituciones del
sector de la seguridad pública mediante una amplia
reestructuración que confiera una mayor coherencia a las
políticas gubernamentales"; dicha reestructuración
debería tener "presente que la eficacia de las fuerzas de
policía depende de un estricto proceso de selección y
capacitación de los aspirantes a ingresar en la Academia (Nacional
de Seguridad Pública), y de la capacitación evaluación
y selección permanentes de los agentes que prestan ya sus servicios
en los órganos especializados de la Policía Nacional Civil".
Un tema al cual se ha referido de manera reiterada Ghali, es el
del fortalecimiento de los mecanismos de control interno de la PNC. En ese
marco, dentro de su último informe sobre El Salvador, éste
dijo lo siguiente: "Las medidas destinadas a revitalizar la Oficina del
Inspector General de la Policía Nacional Civil, de conformidad con
las recomendaciones de los consultores técnicos internacionales,
permitirán que el órgano ejerza una supervisión
efectiva de la PNC, promoviendo con ello el respeto del público
hacia las fuerzas de policía". Por ello, al momento de dar a conocer
el documento, personeros de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Verificación --conocida como ONUV-- dijeron que estaba pendiente un
pronunciamiento del inspector general de la PNC sobre estos temas.
Víctor Valle, quien ocupa ese cargo, respondió
inmediatamente que no tenía nada que contestar a los funcionarios
internacionales. Consideramos que eso no es cierto; pero si no le responde
a ellos, al menos debería decirle algo a la gente que no ve en
él a la persona capaz de cumplir con un papel decoroso al frente de
la inspectoría. Su perfil, a lo largo de 1996, ha sido "belicoso"
en lo que a las y los periodistas se refiere, por ejemplo, pero muy
tímido para enfrentar con energía los problemas al interior
de la institución.
Rápidamente la población ha ido perdiendo su
confianza en él, sobre todo después de los hechos que
tuvieron que ver con su publicitada "amenaza" de renuncia en junio, cuando
pretendió mostrarse "digno" ante el subdirector general de la PNC
y sólo consiguió devaluar la figura de la inspectoría.
De esa manera, no ha sido posible que desde esa importante
institución se vigilen y controlen eficientemente "las actuaciones
de los servicios operativos y de gestión del cuerpo, así como
lo referente a los derechos humanos, procurando la observancia de los
mismos en todo procedimiento o servicio policial", tal como reza el segundo
artículo de su reglamento.
No obstante las repetidas críticas que ha recibido el
cuerpo policial a lo largo del año, sus responsables informaron que
durante ese período fueron desmanteladas 107 bandas de delincuentes
que operaban de manera organizada en todo el país. De las
estadísticas ofrecidas por la PNC, se desprende que ésta
realizó 28 mil 519 capturas; de ese total, según la
institución, alrededor de mil personas pertenecían a las
mencionadas bandas. Sería beneficioso, tanto para el cuerpo
policial como para la población que la observa, dar a conocer los
detalles de este esfuerzo que debería recibir el reconocimiento del
público pero también tendría que ser verificado por
la sociedad para evitar que --en el desarrollo del mismo-- se cometan
arbitrariedades contra las personas que, independientemente de las
circunstancias, tienen derechos que deben ser respetados por la
Policía según su mandato constitucional.
Especial atención debería brindarse a la
recomendación de Ghali incluida en su último informe, en el
sentido de poner fin al régimen de acuartelamiento del personal
policial pues --en palabras del hoy ex secretario general de la ONU--
ésta medida "será una contribución especialmente
válida al fortalecimiento del carácter civil de las fuerzas
de policía, y a la mejora de las relaciones entre la policía
y la comunidad". Ello, sobre todo cuando --en una encuesta realizada por
el IUDOP entre julio y agosto de 1996-- descubrimos que la opinión
de la gente coloca a la PNC como la institución que mejor defiende
sus derechos humanos en la comunidad (21.1%), en un marco en el cual la
mayoría (59%) se inclina por decir que ninguna lo hace o que no
sabe.
1. El órgano Judicial
Según el artículo 172 de la Constitución,
concierne "exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal,
mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, así
como en las otras que determine la ley". Para el cumplimiento de las
funciones que legalmente se encuentran establecidas, el órgano
cuenta con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cámaras de
segunda instancia, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz.
De tal manera que, en este tema, no se puede decir que las cosas mejoraron
sólo por el hecho de que se integró --hace más de dos
años-- una nueva Corte, bajo reglas del juego diferentes; tampoco
se debe afirmar que no ha cambiado nada por el hecho de que en la
"llanura", la población usuaria del sistema judicial continúa
quejándose de su ineptitud, corrupción y burocracia.
La percepción de la gente encuestada entre julio y agosto
por el IUDOP en relación a esta materia, debe ser considerada al
momento de hacer esta parte del balance anual. Un 35.9% respondió
que estaba muy satisfecha o algo satisfecha con el trabajo de la CSJ; poco
o nada satisfecha se encontraba el 51.4% y el resto --12.8%-- dijo que no
sabía. Al intentar conocer cuán justas eran las decisiones
de la Corte, el resultado fue el siguiente: el 38.1% dijo que no lo eran;
el 34.7% dijo que sí; el 14.4% no quiso responder y el 12.8% no se
decidió por ninguna de las opciones. Frente al 47.1% que sostuvo que
el sistema judicial salvadoreño era corrupto, sólo el 11.2%
se inclinó por decir que era honesto; el 32.1% afirmó que
habían funcionarios de ambos tipos y el 9.2% dijo que no
sabía.
Según el sondeo, el 60% de las personas sostuvo que las y
los jueces del país se encuentran controlados por el poder
político; apenas el 14.7% expresó que no; del resto, el 20.2%
prefirió no responder y el 5.1% no se decidió. Consecuencia
lógica y preocupante de todo el panorama anterior --dentro del cual
destaca el elevado porcentaje de personas que desconfían de la
administración de justicia nacional-- es el hecho de que el 46% haya
respondido afirmativamente cuando se le preguntó si estaba de
acuerdo con "hacer justicia por su mano propia", ante la incapacidad
gubernamental; el 44.4% dijo que no estaba de acuerdo y el 9.7% se
ubicó entre quienes no respondieron o que no se decidieron por una
u otra postura.
En un estudio realizado a finales de 1996, se establecieron los
principales vicios que --a estas alturas-- han colocado a la
administración de justicia salvadoreña en una
situación que sólo puede tipificarse como crítica y
que, sin duda, inciden mucho para generar la visión negativa que de
ella tiene la población mayoritaria. El primero: el de la impunidad
que se produce cuando en la sociedad se cometen delitos de diversa
índole sin que sus autores sean ubicados y debidamente sancionados.
El segundo: los numerosos formalismos que, en lugar de agilizar,
obstaculizan y estancan el desarrollo de los procesos. El tercero: la
morosidad; es decir, cuando los encargados de hacer cumplir la ley no
acatan los términos establecidos por ésta para realizar
determinadas actuaciones. El quinto: el congestionamiento de expedientes
acumulados sin que éstos sean tramitados.
A lo anterior, deben agregarse otras deficiencias que --sin ser
propias del órgano Judicial-- afectan y dificultan el impulso de una
pronta y cumplida impartición de justicia en El Salvador.
éstas son: el celo institucional, la confusión de la
prioridad en la investigación y las dificultades legales para
impulsar dicha investigación en forma adecuada. El mencionado "celo"
incidió mucho y muy negativamente en esta materia durante 1996,
principalmente en lo que toca al desarrollo de la dirección
funcional de la investigación del delito por parte de la FGR frente
a la poca disposición de la PNC para permitirlo; también tuvo
expresiones públicas y poco edificantes --sobre todo en octubre--
a través de las repetidas y cada vez más agrias
recriminaciones lanzadas por el ministro de seguridad pública al
órgano Judicial y las reacciones de algunos funcionarios de este
último ante los señalamientos que les hacían.
En el citado informe de Ghali sobre la situación
salvadoreña, éste destacó la aprobación de "las
reformas constitucionales y jurídicas". Asimismo, se
manifestó esperanzado por la pronta aprobación de un nuevo
Código Procesal Penal, sin imaginar que ello se logró el 3
de diciembre sólo después de haberle introducido al documento
final varios cambios en relación al proyecto que se venía
discutiendo previamente.
Pero, por diversas razones, el optimismo del aún secretario
general de la ONU era muy relativo al momento de elaborar su informe. Al
referirse a las reformas en materia penal, sostuvo que --pese a que
consideraba que se habían cumplido algunas recomendaciones de la
Comisión de la Verdad con ellas-- éstas "no serán
completas hasta tanto no se hayan aprobado el nuevo Código Penal y
la Ley Penitenciaria (norma que aportaría soluciones a la
difícil situación de los establecimientos penitenciarios del
país)". Y abundó de la siguiente manera: "es de esperar que
antes de que finalice la actual legislatura se habrá conseguido
cumplir plenamente las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Asimismo, está pendiente la aprobación por la Asamblea de la
Ley de Procedimientos Constitucionales, la Ley Orgánica Judicial y
los nuevos códigos penales militares".
"El éxito de las reformas --sostuvo Ghali después
de haberle dado seguimiento al proceso salvadoreño desde que se
firmó la paz hasta el final de su mandato-- dependerá en alto
grado de los progresos en la depuración de jueces y oficiales
judiciales, que todavía es insuficiente. Se observa también
una persistente falta de coordinación entre los jueces, los fiscales
y los agentes de policía. Este problema, que tiene efectos nocivos
para el funcionamiento del sistema judicial en general, ha empeorado
durante el período a que se refiere el informe por los repetidos
enfrentamientos entre el sector judicial y el Ministerio de Seguridad
Pública".
4. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Ya lo manifestamos al principio: de las tres instituciones
examinadas, es ésta la que genera entre la población un
sentimiento mayor de confianza. Lo decimos desde el IDHUCA a partir de
nuestra cercanía con un trabajo de la PDDH que --por encima de
algunas deficiencias y limitaciones que existen y son reconocidas-- se
identifica poco a poco, cada vez más, con el encomiable esfuerzo
de la persona que se encuentra al frente de la institución desde
marzo de 1994: la doctora de Avilés. Pero lo más importante
es que también lo reconocen las y los salvadoreños;
así lo confirman los datos que a continuación ofrecemos,
extraídos de la encuesta que realizó el IUDOP entre julio y
agosto de 1996.
Al ser preguntada sobre el trabajo desarrollado por la PDDH, el
67.3% de las personas entrevistadas expresó una opinión
favorable; desfavorable dijo el 9.3% y el 23.4% no respondió o no
se decidió en ningún sentido. Cuando se le interrogó
sobre la calidad de las declaraciones hechas por la PDDH, el 54.5% dijo que
sí eran justas; el 18.9% contestó que no; el 18.9% no
respondió y el 12% no se decidió. Finalmente, el 21.7% de la
población entrevistada dijo que tenía mucha confianza en la
institución; el 31.3% sostuvo que tenía algo de confianza;
el 26.2% que era poca la confianza que le inspiraba y el 10.4% no
tenía nada de confianza en ella.
Lo dicen, además, las personas que sólo en ese
lugar han encontrado una luz de esperanza en su doloroso esfuerzo por
vencer la impunidad que se mantiene en el país. Un ejemplo de ello
es el caso de las familias García Prieto, Gaytán y Vilanova
cuyos hijos fueron arrebatados de forma violenta y arbitraria, en hechos
acaecidos entre 1994 y 1996 con la participación directa o indirecta
de agentes del Estado, ya sea policiales o judiciales.
Estas personas dolientes estuvieron el pasado jueves 19 de
diciembre en el despacho de la señora procuradora, para expresarle
su gratitud y sobre todo brindarle un reconocimiento explícito y
público por la labor que, al frente de la institución,
está desarrollando. De igual manera, le manifestaron el deseo que
tienen de apoyarla en su valiente gestión contra la impunidad y en
favor de la legalidad, e hicieron un llamado a la población para que
denuncie en la PDDH cualquier hecho que afecte el goce de sus derechos y
libertades fundamentales.
El esfuerzo que desde hace casi dos años desarrolla la
doctora de Avilés, también fue reconocido de diversas formas
por la comunidad internacional de diversas formas a lo largo de 1996. Lo
hizo el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos;
también el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo
Democrático al entregarle, el 19 de noviembre y por medio del nuevo
embajador de Canadá en El Salvador, la mención
honorífica del premio "John Humphrey a la libertad"; de igual
manera, lo reconocieron los "defensores del pueblo" de Latinoamérica
y el Caribe, quienes la instalaron en el consejo directivo del Instituto
Internacional del Ombudsman para que los represente; finalmente,
funcionarios de Suecia, Noruega, Dinamarca y Holanda estuvieron presentes
en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en San
Salvador, el 5 de diciembre, durante la primera reunión del llamado
"Grupo de amigos de la procuradora para la defensa de los derechos
humanos".
El mismo Ghali, en el informe citado, sostiene que antes de
éste había señalado la lentitud que percibía
en los progresos que se estaban dando dentro de la PDDH en lo referente a
"la elaboración y publicación de resoluciones"; sin embargo,
durante "los últimos meses --afirma-- se han logrado notables
avances en este campo, y es de esperar que se complementen mediante un
mecanismo idóneo que dé seguimiento al cumplimiento de las
resoluciones" emitidas por la institución. Con esta
apreciación del ahora ex secretario general de la ONU, el IDHUCA
coincide plenamente: se ha mejorado cuantitativa y --sobre todo--
cualitativamente en lo que a la emisión de resoluciones se refiere,
pero a la PDDH le falta todavía profundizar su capacidad de
seguimiento en lo que corresponde al cumplimiento de las mismas por parte
de las y los funcionarios que han recibido recomendaciones puntuales.
También se debe expresar que la doctora de Avilés
enfrenta el reto de institucionalizar el funcionamiento de la PDDH; sabemos
que se están haciendo esfuerzos, pero queda mucho camino por andar.
Eso se advierte en los resultados de la encuesta que realizó el
IUDOP entre julio y agosto del año recién finalizado. Cuando
en ella se preguntó a la gente sobre la institución que mejor
defiende los derechos humanos a nivel nacional, la Procuraduría
resultó ser la que ocupó el primer lugar con un 28.7% de las
opiniones a su favor; cuando se preguntó cuál era la
institución que mejor defendía los derechos humanos a nivel
de las comunidades, la PDDH apareció colocada en el tercer lugar con
el 11.5%. Esos datos --desde nuestra óptica-- revelan que ha sido
muy grande el impacto que ha tenido, a través de los medios masivos
de difusión, la destacada actuación de la señora
procuradora; pero también nos muestran que a la institución
todavía no ha hecho sentir de forma plena su presencia cotidiana y
eficiente en las localidades.
Otro de los retos que se le plantean a la señora
procuradora y a su institución, es el de romper esa especie de cerco
o aislamiento que algunos funcionarios estatales les han tendido o han
pretendido tenderles. A eso se refiere Ghali en su documento, cuando
sostiene que es importante que la PDDH "actúe de manera coordinada
y complementaria con otros órganos del Estado". Pero no se queda
ahí; además, agrega lo siguiente: "Es de esperar que
también otros funcionarios públicos hagan todo lo posible
para entender la legitimidad y la pertinencia de esta institución
para el fortalecimiento del Estado de Derecho".
Conclusión
El año que finalizó hace unos días,
además de lo apuntado antes en este balance, no fue muy favorable
para la mayor parte de la población en otros aspectos. A lo largo
de 1996 observamos cómo se publicitaron indicadores de un
crecimiento macroeconómico que, en la vida diaria de esa
población, no se tradujeron en beneficios reales y --por el
contrario-- para algunos sectores sociales generaron más pobreza.
También fuimos testigos de la imposición de leyes
demagógicas o contrarias a los intereses mayoritarios, fruto de un
quehacer legislativo cada vez más parecido a las prácticas
autoritarias que en el pasado cerraron espacios y abrieron puertas a la
confrontación violenta. De igual manera recordamos --porque se
dieron de nuevamente-- aquellas sucias maniobras oficiales para favorecer
a determinada fuerza política, pensando y maquinando de cara a las
próximas elecciones.
¿Qué nos queda? Lo que menos podemos hacer es
cruzarnos de brazos, pretender aislarnos o no sentirnos parte de una
situación que --de no corregirse a tiempo-- se puede agravar de una
manera muy peligrosa. Nos corresponde, entonces, participar consciente y
activamente para conocer las instituciones estatales que son fruto de la
experiencia dolorosa de un pueblo que --sin duda-- no puede volver a vivir
otra tragedia similar o peor que la que acaba de pasar, la cual se
superó mediante el diálogo y la negociación apoyados
por la comunidad internacional.
Al dar a conocer las misiones y el funcionamiento de la PNC y de
su inspectoría general, de la PDDH y del órgano Judicial,
estaremos más cerca de lograr que la población se acerque a
estas instituciones, las utilice para solucionar sus conflictos y logre que
--poco a poco-- sus miembros se mantengan dentro del marco de la legalidad
para convertirlas en la base de una institucionalidad legítima,
capaz de garantizar la vigencia real de los derechos y libertades
fundamentales de toda la gente, independientemente de su posición
social, sexo, religión o edad.
En esa búsqueda, no podemos permitir que se amenace
constantemente a la persona que intenta con valentía --al frente de
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos-- contribuir
a que en El Salvador exista una administración pública
respetuosa de la persona humana; tampoco es posible aceptar que, por esa
actitud inclaudicable, se le "castigue" recortándole el presupuesto
de la institución que preside en rubros tan sensibles e importantes
como son los de sus resoluciones y la labor educativa. La paradoja es esa:
mientras la señora procuradora recibe reconocimientos dentro y fuera
del país por su encomiable labor, el gobierno decide estrangular
económicamente a la PDDH. Es esa una triste prueba de lo mucho que
falta por andar para acercar lo que se dice en los discursos y lo que se
hace en la práctica.
Ya casi se acaba el acompañamiento especial que, desde
finales de los años setenta, la comunidad internacional le ha
brindado al país en materia de derechos humanos. A estas alturas
cabe citar, nuevamente, a Pedro Nikken. "La búsqueda de la paz --
concluía en su último informe como experto independiente de
la ONU en nuestra tierra-- se tradujo en una obra de dimensión
histórica, que ya no pertenece a quienes la diseñaron y
negociaron, sino que es patrimonio común del pueblo
salvadoreño". Es cierto: las nuevas instituciones o aquellas que
fueron renovadas son nuestras y de nadie más; para terminar de
derrotar la guerra y ganar de verdad la paz, apropiémonos de ellas
y hagamos que funcionen pues --de ahora en adelante-- va a ser muy
difícil que vengan de fuera a "regañar" a quienes, en favor
de un interés particular o de grupo, pretenden
arrebatárnoslas.
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Cronología de 1996
Enero
03. El Tribunal Nacional de Honor del Partido Demócrata
Cristiano expulsa al Secretario General, Ronal Umaña y
suspende por un año a seis altos dirigentes.
04. Unos 150 ex trabajadores del Ministerio de Obras Públicas -
encabezados por sindicalistas de la Asociación de
Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (ATMOP)-
ocupan las instalaciones de la Catedral Metropolitana de San
Salvador en protesta por la aplicación del decreto 471.
10. Miembros de la División de Investigaciones Criminales
(DIC), arrestan a 3 alcaldes y un ex-jefe edilicio del oriente del
país, a quienes se les imputan los cargos de falsedad
material al extender documentos públicos.
11. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cierran el
portón de catedral sitiado por miembros de la
Asociación de Trabajadores de Obras Públicas
(ATMOP).
12. Luego de negociaciones, los sindicalistas de ATMOP desalojan la
Catedral Metropolitana.
13. Miembros del Tribunal de Honor del PDC impiden a los miembros de
la "nueva clase política", encabezada por Ronal
Umaña, el ingreso a su sede del partido.
16. 18 jefes municipales de La Unión inician un paro indefinido
de labores, en solidaridad con sus colegas de oriente acusados de
actos fraudulentos.
17. Un equipo de abogados designados por el Organo Ejecutivo y el
Consejo Ejecutivo de ARENA (COENA) trabaja en la
elaboración de una legislación que impida a la
policía capturar alcaldes con prepotencia e irrespeto.
19. Los miembros del directorio nacional del PDC integran un tribunal
de honor específico para que conozcan la resolución
emitida por el Tribunal Nacional de Honor, que suspendió
al Secretario General, Ronal Umaña, y sancionó a
otros dirigentes.
23. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
ordena levantar las órdenes de detención giradas
contra tres alcaldes y un ex jefe edilicio del oriente del
país.
25. Ex empleados del Ministerio de Obras Públicas (MOP),
afectados por la aplicación del Decreto 471, obstaculizan
el paso vehicular frente a la Feria Internacional para protestar
por el retraso del pago de sus indemnizaciones.
31. El staff de médicos residentes del Hospital Rosales pide
la destitución de su Directora, Mabel Fisher, dadas las
reformas que pretende implementar a la ley de salud. La
petición es apoyada por estudiantes de la Universidad de
El Salvador, quienes ocupan un tramo de la 25 Avenida Norte.
Febrero
02. Legalizan el Partido Demócrata (PD) ante el Tribunal
Supremo Electoral (TSE).
03. La Conferencia Episcopal de El Salvador realiza varios cambios en
el Seminario Mayor, siendo destituido como rector el P. Luis
Alonso Coto, así como los principales miembros del cuerpo
de formadores sacerdotales.
05 Inauguran el ejercicio militar "Fuertes Caminos 96", en el cual
participan miembros del ejército de los Estados Unidos y
El Salvador.
08. Llega el Papa Juan Pablo II a El Salvador.
11. El Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle,
asegura que él como pastor de la Iglesia Católica
local tiene el compromiso de lograr la paz social, para dar
continuidad al mensaje de paz del Papa Juan Pablo II.
12. El Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Jorge
Eduardo Tenorio, revela que de un total de 63 jueces de Paz
evaluados por esa instancia más de la mitad serán
suspendidos en sus cargos y otros 11 serían removidos por
una serie de anomalías.
- El Obispo auxiliar de San Salvador, Mons. Gregorio Rosa
Chávez revela que los gastos invertidos en la visita del
Papa Juan Pablo II podrían ascender a unos 8.8 millones de
colones.
- En visita evaluatoria de la ejecución de los Acuerdos de
Paz, el Subsecretario de Asuntos Políticos de la ONU,
Alvaro de Soto, dijo sentirse alentado por los avances observados
en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, salvo en el punto de
la reinserción de ex combatientes a la vida civil y
productiva.
15. Sale a la luz pública la disputa de tres asociaciones de
ex agentes de la desaparecida Policía Nacional (PN) por la
administración de 6 inmuebles valorados en 10 millones de
colones, actualmente en manos del Ministerio de Defensa.
16. Un grupo de magistrados de Cámara, jueces de lo Penal y de
Paz del país externa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
su disposición de renunciar masivamente, poniendo a
disposición sus cargos a efecto de viabilizar el proceso
de depuración judicial.
18. El Partido de Renovación Social Cristiano (PRSC), realiza
su convención general para elegir a las nuevas autoridades
que regirán el nuevo instituto político, nombrando
a Abraham Rodríguez, como Presidente, y al rector de la
Universidad Tecnológica, Mauricio Loucel Director Nacional
General.
19. Miles de habitantes de Sonsonate se ven afectados con un paro de
transporte realizado por empresarios de autobuses
interdepartamentales, quienes protestaron por el exceso de
competencia desleal por parte de microbuses y pick ups.
- Jueces de paz de San Salvador, Sonsonate y La Libertad piden a la
Corte Suprema de Justicia que la evaluación realizada por
el Consejo Nacional de la Judicatura se declare sin valor.
20. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol,
anuncia un programa de reforzamiento de infraestructura carcelaria
que incluye la rehabilitación de los penales de
Metapán y Cojutepeque.
- Un grupo de 856 reos de la Penitenciaría Occidental de
Santa Ana inicia una huelga de hambre como medida de
presión para exigir mejoramientos en sus condiciones. A la
vez, amenazan con incendiar el penal y tomarse como rehenes a las
visitas.
- Los empresarios de autobuses interdepartamentales de Sonsonate
levantan su paro de labores.
- La Asociación de Empresarios de Transporte de Pasajeros
(ATP) realiza un paro para presionar al Viceministerio de
Transporte a que realice un control de microbuses piratas y pick
ups y reasignación del subsidio del diesel, entre otros.
23. La Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATP) pone fin
al paro de transporte.
25. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Warren Christopher,
llega al país en el marco de una gira latinoamericana.
27. Warren Christopher concluye su visita a El Salvador,
después de revelar que la Administración Clinton
contempla dar paridad a las naciones de la Cuenca del Caribe,
respecto a los beneficios que ofrece el Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica (NAFTA).
28. El secretario general de la "nueva clase política" del PDC,
Ronal Umaña, pide al Tribunal Supremo Electoral, excluir
al magistrado Eduardo Colindres del debate en torno a la pugna que
existe en ese instituto político.
- Altos funcionarios del gobierno salvadoreño rechazan un
posible condicionamiento de un donativo de diez millones de
dólares de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(USAID) a El Salvador a cambio de reformas en la
legislación electoral.
29. La Asamblea Legislativa ratifica un polémico
préstamo de 215 millones de dólares destinados a
proyectos de expansión de CEL.
Marzo
04. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) respalda un dictamen emitido
por el Tribunal Nacional de Honor del PDC de suspender a siete
miembros de la Comisión Política Nacional, entre
ellos a Ronal Umaña.
06. Carlos Romero Alfaro, alias "Zaldaña", presunto implicado
en el asesinato del ex comandante del FMLN, Francisco Velis, es
llevado al Juzgado Segundo de lo Penal, después de haber
sido extraditado desde Estados Unidos.
13. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol,
se reune de emergencia con los tres órganos del Estado para
revelarles la política estatal en contra de la
delincuencia.
14. Los sectores comercial, agropecuario y de transporte de
Usulután realizan un paro de labores como medida de
protesta ante la creciente criminalidad.
15. El presidente de la República, Armando Calderón Sol,
propone la Ley de Emergencia contra la Delincuencia y Crimen
Organizado.
17. El Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle
apoya la Ley de Emergencia propuesta por el gobierno para combatir
la delincuencia.
19. Con los votos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido
de Conciliación Nacional (PCN), Partido de
Renovación Social Cristiano (PRSC), Convergencia
Democrática (CD) y Movimiento de Unidad (MU) es aprobada
la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el
Crimen Organizado.
20. La Asociación de Juezas de El Salvador adversa las nuevas
leyes para frenar la delincuencia, por considerar que las mismas
transgreden las convenciones internacionales .
26. La Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El
Salvador (MINUSAL) manifiestan su oposición ante la Ley de
Emergencia.
27. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
objeta la aprobación de la Ley de Emergencia.
- El Presidente Calderón Sol desestima las críticas
contra la legislación antidelincuencial, asegurando que
ésta responde a las exigencias de la ciudadanía.
28. El presidente de la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Jorge Zablah-
Touché, muestra su apoyo a la legislación
entidelincuencial aprobada por el gobierno.
30. Entra en vigencia la nueva Ley de Protección al Consumidor.
Abril
09. El PD acusa al Gobierno de la República de imcumplir el
Pacto de San Andrés, anunciando su inclusión al
bloque de partidos que buscan convertirse en una opción de
centro.
10. La policía desaloja con gas lacrimógeno a 156
familias que integraban la comunidad Nuevo Amanecer, en San
Bartolo, Ilopango.
14. El Comisionado Presidencial para la modernización del
sector público, Alfredo Mena Lagos, presenta ante la
Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Privatización
de Entes Estatales.
16. Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) detienen al
coronel retirado René Ernesto Auerbach Ortiz
presumiblemente involucrado en la venta y legalización de
autos robados.
- La Presidenta del Organo Legislativo, Gloria Salguero Gross,
informa que el partido ARENA está dispuesto a pagar una
multa de 10 mil colones impuesta por el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) por haber utilizado un arreglo musical con el tema de "La
Macarena" con fines propagandísticos antes de iniciar la
campaña electoral.
- Un centenar de agremiados a la Asociación de Trabajadores
de Telecomunicaciones (ASTTEL), obstaculiza el tráfico
vehícular frente a las instalaciones de ANTEL San Miguelito
para mostrar su desacuerdo con la privatización de la
institución.
17. Más de 40 empresarios salvadoreños, miembros de ASI,
ANEP, UDES y la Asociación Cafetalera, hacen pública
la conformación del Movimiento Patriótico contra la
Delincuencia (MPCD).
18. El gobierno salvadoreño anuncia la exención del 65%
de la deuda agraria y crediticia de más de 80 mil
campesinos.
- El jefe de la Misión Reducida de Observadores de Naciones
Unidas (MINUSAL), Ricardo Vigil, anuncia la salida irrevocable del
organismo para el 30.04.96.
19. Miembros del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) presentan un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de Emergencia.
25. Estalla un coche bomba sobre la Residencial Sierras de Santa
Elena, lugar de residencia del ex presidente Alfredo Cristiani.
26. Miles de campesinos de los sectores reformado y tradicional
bloquean varias calles de San Salvador para exigir la
condonación total de la deuda agraria.
29. Se hace efectiva sin violencia la orden administrativa de captura
contra Dagoberto Adolfo Araujo, alcalde de La Libertad (por el
Partido ARENA,) sobre quien pesan los cargos de negociaciones
ilícitas y usurpación de atribuciones.
30. Es conformada la Oficina de Naciones Unidas para la
Verificación (ONUV), en sustitución de la
Misión de Naciones Unidas en El Salvador (MINUSAL).
Mayo
1. Se conmemora, con manifestaciones y concentraciones de
organizaciones sindicales y partidos políticos, el Día
Internacional del Trabajo, siendo el rechazo del proceso
de privatización la principal proclama de los
trabajadores.
- El Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Boutros Ghali, formula objeciones a la Ley de
Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado.
- La Fiscalía General de la República pide la
detención de la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán,
Zoila Navas de Aguilar, al encontrarse un faltante de más
de medio millón de colones en su alcaldía.
04. Las fuerzas armadas de Honduras anuncian el refuerzo de sus tropas
en la frontera con El Salvador.
- Un reporte del Instituto de Medicina Legal señala que
durante el primer trimestre del año se reportaron un promedio
de 22 personas muertas por día en nuestro país en
acciones violentas.
07. El Ministro de Defensa, Jaime Guzmán Morales, descarta que
el desplazamiento de tropas hondureñas hacia la frontera
constituya una amenaza a nuestro territorio.
08. Arriba al país el presidente de Argentina, Carlos Menem.
1. El Presidente Menem y el Presidente Calderón Sol suscriben
una declaración conjunta y firman acuerdos en materia de
integración latinoamericana.
14. Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales de la Asamblea Legislativa deciden reformar el
artículo 415 del Código Procesal Penal, con lo cual
los alcaldes municipales podrán gozar del privilegio
procesal.
- Pequeños empresarios de San Miguel realizan una marcha de
protesta por las principales calles de la ciudad, en protesta en
contra un supuesto "acoso fiscal" por parte del Ministerio de
Hacienda.
16. La Asamblea Legislativa aprueba, con los votos de ARENA, PDC y PCN
un fuero especial para los alcaldes y miembros de los concejos
municipales que se vean involucrados en delitos oficiales.
19. La "vieja guardia" del PDC elige tres nuevos organismos de
dirección y a Carlos Ernesto Claramount como su Secretario
General.
20. Unos mil trabajadores y campesinos marchan por las principales
calles de San Salvador, en protesta por la privatización
de ANTEL. Los sindicalistas son acompañados por comunidades
que respaldan a la Asociación de Radios y Programas
Participativos (ARPAS), que reclaman la legalización de 11
emisoras comunales.
23. Explota una bomba que daña el edificio de Seguros e
Inversiones (SISA), compañía cuyo accionista
mayoritario es el ex presidente Alfredo Cristiani.
26. Mons. Fernando Sáenz Lacalle condena el atentado
terrorista suscitado en el edificio de Seguros e Inversiones
(SISA).
27. La Asociación de Empresarios de Autobuses
Salvadoreños (AEAS) y la Asociación de Empresarios
del Transporte de Pasajeros (ATP) llevan a cabo un paro de
transporte.
Junio
01. El Presidente Calderón Sol anuncia doce medidas
económicas relacionadas con política tributaria,
crediticia y de inversión pública, en el marco de
su segundo año de gobierno.
05. El Presidente Calderón Sol revela que el Banco
Interameriano de Desarrollo (BID) financiará parte de los
mil millones de colones que su gobierno invertirá en la
construcción de obras de infraestructura pública,
anunciadas durante el discurso del segundo año de gobierno.
13. Alrededor de 115 procesos judiciales e investigaciones
administrativas en los Tribunales de Hacienda y Fiscalía
General de la República permiten detectar un faltante
superior a los 15 millones de colones en varias alcaldías
municipales.
16. Capturan a 4 estudiantes de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional (UES), a quienes se les atribuye ser los
responsables de los atentados en la Residencial Santa Elena y el
Edificio SISA.
- La Federación Nacional Sindical de Trabajadores
Salvadoreños (FENASTRASS) acusa a Estados Unidos de estar
detrás de las denuncias sobre violaciones de los derechos
laborales en las empresas maquileras instaladas en la
región centroamericana.
17. Reos del penal de Santa Ana anuncian la "lotería de la
muerte" e inician una huelga de hambre en protesta por el
hacinamiento.
- 6 supuestos miembros de la Sombra Negra, implicados en varios
ajusticiamientos de delincuentes, son puestos en libertad mediante
una resolución de la Cámara Segunda de lo Penal de
San Salvador.
18. El Subsecretario Adjunto para Asuntos Políticos de las
Naciones Unidas (ONU), Alvaro de Soto, completa una apretada
agenda de trabajo para evaluar el cumplimiento de los Acuerdos de
Paz.
19. El Inspector General de la Policía Nacional Civil (PNC),
Víctor Valle, presenta su renuncia, por supuestas
diferencias con el Subdirector de Operaciones de la
institución policial, Rolando García.
20. La Asamblea Legislativa ratifica cinco reformas constitucionales,
que se refieren al habeas corpus, detención administrativa,
indemnización por errores judiciales y función de
Policía Rural de la PNC.
- El alcalde de La Libertad, Dagoberto Adolfo Araujo Funes, queda
en libertad, luego de cancelar una fianza por medio millón
de colones.
- La Fiscalía General de la República manifiesta su
desacuerdo con la decisión del Juzgado Segundo de Hacienda
que deja en libertad al alcalde de La Libertad, Dagoberto Araujo.
25. Líderes de los reclusos del Penal de Santa Ana muestran
encapuchados a cuatro reos elegidos con la "lotería de la
muerte", amenazando con ajusticiarlos si el gobierno no atiende
sus demandas para mejorar las condiciones del centro
penitenciario.
26. Un grupo clandestino, identificado como Fuerza Nacionalista "Mayor
Roberto D'Abuisson" (FURODA), emitie un comunicado en el que acusa
de "desestabilizadores" a miembros de partidos políticos
de oposición, de la Iglesia y de organizaciones civiles.
1. Los reclusos de la penitenciaría "La Esperanza" se unen a
las protestas de sus compañeros del penal de Santa Ana, y
piden a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa que
busquen una solución pronta a sus demandas.
28. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprueban con dispensa de
trámite, hasta un año para que entren en vigencia
todas las disposiciones contenidas en los reglamentos de
Tránsito y Transporte.
- Víctor Valle revoca su renuncia, decidiendo mantenerse al
frente del organismo verificador de la actividad policial.
29. Los partidos ARENA, PDC y PCN ratifican como Presidente de la
Corte de Cuentas a Rafael Hernán Contreras.
30. Mons. Fernando Sáenz Lacalle pide a los reclusos del penal
de Santa Ana que abandonar su amenaza de practicar la "loteria de
la muerte".
Julio
02. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a
través de su Presidente, Ernesto Vilanova, presenta el
Manifiesto salvadoreño.
03. Ocho reos de la penitenciaría de Santa Ana se cosen los
labios para radicalizar la huelga de hambre general,
sumándose a aproximadamente 800 reos que protestan porque
no les han sido atendidos sus planteamientos.
- Más de un centenar de ex paramilitares, aglutinados en la
Asociación de Ex Combatientes y Víctimas de Guerra
(AEGES), ocupa las instalaciones del Departamento de
Atención a Desmovilizados y Lisiados de la Fuerza Armada
(DADELIFA) exigiendo la inclusión de los patrulleros
cantonales y defensa civiles en los beneficios de los Acuerdos de
Paz.
04. El Presidente Calderón Sol advierte que no cederá
ante las demandas de los reclusos de Santa Ana.
05. Desconocidos asesinan al cafetalero Mauricio Alberto Ruffatti
Ruffatti.
07. Agentes de la PNC decomisan las armas de guerra que estaban en
poder del personal de vigilancia de ANTEL.
08. Elementos de seguridad de ANTEL ocupan las instalaciones
Administrativas, en el Centro de Gobierno, en protesta por el
decomiso de sus armas.
- Los reclusos del penal de Santa Ana suspenden temporalmente las
medidas de presión, luego de que el Organo Ejecutivo se
comprometiera a elaborar el anteproyecto de ley en el que se
contemplan la media pena, libertad condicional y la
agilización de los procesos.
09. Más de 200 miembros de la seguridad de ANTEL, que fueron
previamente desarmados por la PNC, reciben el anuncio de su
despido.
- Manuel Córdova Castellanos es nombrado como nuevo Fiscal
General de la República, en sustitución de Romeo
Melara Granillo.
11 El gobierno salvadoreño lamenta la decisión del
Departamento de Estado de Estados Unidos de cancelar la visa de
ingreso a ese país al presidente de Colombia, Ernesto
Samper.
12. Francisco Elías Valencia, Director de CoLatino es capturado
por agentes de la PNC, haciendo efectiva una orden de captura en
su contra por el delito de difamación en perjuicio del
policía Rafael González Garciaguirre.
- El Presidente de la Asociación de Periodistas de El
Salvador (APES), Renán Alcides Orellana, condena la
detención de Francisco Elías Valencia.
- Los presidentes de Centroámerica y Chile acuerdan en Costa
Rica crear una comisión de "alto nivel" que comience a la
mayor brevedad negociaciones para un acuerdo de libre comercio de
bienes y servicios, incluyendo turismo, promoción de las
inversiones y cooperación.
15. Un grupo de supuestos militares jóvenes
salvadoreños, denominado "Comando Estratégico de
Liberación Nacional Juventud Militar Arce", amenaza con dar
un golpe de Estado al Presidente Calderón Sol si
éste no destituye a varios funcionarios que, según
la advertencia, están implicados en el "crimen
internacional".
16. Más de un centenar de estudiantes de Medicina de la
Universidad de El Salvador (UES), que se encuentran prestando
servicio externo, ocupan por varias horas la calle frente al
Hospital Rosales.
18. Con 69 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprueban
por unanimidad la Ley de la Carrera Policial.
23. Diferentes organizaciones no gubernamentales juramentan a 150
promotores electorales.
26. Miles de simpatizantes del FMLN, se concentran en el Gimnasio
Nacional þAdolfo Pinedaþ para inaugurar el Foro de Sao Paulo,
coordinado por este instituto político.
29. Graves disturbios se suscitan en las cercanías del parque
Hula Hula, cuando vendedores ambulantes apoyados por miembros de
maras y huelepegas se enfrentaron con la Policía Nacional
Civil (PNC).
Agosto
02. Se recibe una llamada anónima en el edificio de Credomatic
en la que se advierte de la existencia de una bomba en sus
instalaciones.
03. Se recibe una llamada anónima sobre la existencia de bombas
en el Almacén Simán, de la colonia Escalón,
Juzgados de Paz de Ahuachapán, edificio de SISA y en la
Despensa de Don Juan de La Libertad.
- La fracción legislativa de ARENA presenta una pieza de
correspondencia al pleno legislativo para que los fondos asignados
por el gobierno a la deuda política sean auditados y se
ejerza un control que impida el movimiento de dinero proveniente
del narcotráfico al interior de los partidos
políticos.
04. Se recibe una llamada anónima sobre la existencia de una
bomba en las instalaciones de Canal Dos de televisión.
05. Se recibe una llamada anónima sobre la existencia de una
bomba en el hospital de Pro-Familia.
06. Se recibe una llamada anónima sobre la existencia de bombas
en los hospitales de San Bartolo, Zacamil, Militar,
Salvadoreño, San Rafael y San Juan de Dios.
- El Sistema Nacional de Emergencia (SISNAE) procede a la
evacuación del personal médico, paramédico
y enfermos, de ocho hospitales públicos y privados, luego
que se recibieran diversas amenazas de bomba.
08. El Coordinador General de ARENA, Victor Antonio Cornejo Arango,
pide en conferencia de prensa, la renuncia del presidente del
Comité Ejecutivo de ARENA (COENA), Juan José
Domenech.
09. Es presentado al pleno de la Asamblea Legislativa el proyecto de
Ley de Telecomunicaciones, que incluye un controversial
Régimen Especial para Radio y Televisión.
10. El Coronel Sigifredo Ochoa Pérez confirma la existencia de
división al interior de Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA), al tiempo que califica al COENA de verticalista.
11. Mons. Fernando Sáenz Lacalle declara que no existe
división al interior de la Iglesia Católica,
atribuyendo las separaciones de instructores y estudiantes del
seminario sacerdotal San José de la Montaña a
"problemas artificiales".
13. La Juventud del PCN exige la renuncia del Secretario General de
ese instituto, Ciro Cruz Zepeda.
15. Una petición para que se retire el fuero constitucional al
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Domingo
Méndez, es presentada a la Asamblea Legislativa por el
apoderado legal de Mauricio Antonio Valiente Berdugo, quien
responsabiliza a Méndez por la pérdida de 18
millones de colones.
18. Miembros de ARENA, autodenominados "areneros puros", se reunen en
una finca, ubicada en las cercanías de Ilobasco,
Cabañas, para externar su descontento con la
actuación de la dirigencia de ese instituto
político.
20. El Presidente de ARENA, Juan José Domenech, asegura que no
serán reformados los estatutos del partido.
21. Se da a conocer un Informe del Secretario General de las Naciones
Unidas, Boutros Ghali, sobre el Estado de la Aplicación de
los Acuerdos de paz.
- El Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, califica
de "inexacto e incompleto" el informe de Boutros Ghali, en el que
advierte su preocupación porque la PNC se encamine hacia
el "autoritarismo".
22. La petición de antejuicio formulada a la Asamblea
Legislativa contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia,
José Domingo Méndez, fue denegada por
decisión unánime de todas las fracciones
políticas.
25. El FMLN realiza una convención departamental para elegir
a los candidatos a diputados por San Salvador.
28. El Alcalde capitalino, Mario Valiente, pide la aplicación
de la pena de muerte a los secuestradores del jóven
Andrés Abraham Súster.
29. Con 54 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprueba el Decreto
de Ley de Veda Nacional que pretende propiciar en el país
áreas naturales que posibiliten la investigación
científica, la recreación y turismo, además
de contribuir a la regulación del clima y
preservación de los mantos acuíferos.
31. El Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, juramenta
22 juntas de vecinos de igual número de municipios del
departamento de San Miguel, que tendrán como fin ayudar a
combatir la delincuencia colaborando con la PNC.
Septiembre
01. La Procuración de la Fiscalía General de la
República da a conocer la falsificación y
duplicación de billetes de lotería elaborados tanto
con el papel de seguridad como en la propia máquina
impresora de la Lotería Nacional de Beneficencia.
02. El Presidente Calderón Sol juramenta al vocero
presidencial, Eduardo Torres, y el secretario privado para asuntos
jurídicos, Guillermo Avila Qüehl.
- Directivos de la Asociación de Industriales
Químicos-Farmacéuticos de El Salvador se presentan
a la Asamblea Legislativa para reunirse con la Comisión de
Protección al Medio Ambiente y Salud Pública, a fin
de denunciar la creciente ola de contrabando y
falsificación de medicamentos.
04. El Obispo de Santiago de María, Rodrigo Orlando Cabrera,
revela que un vehículo BMW que utilizó durante meses
el Presidente del COENA, Juan José Domenech, ingresó
en forma fraudulenta al país.
- Al menos cien trabajadoras de la empresa maquiladora GABO se
concentran frente a la Embajada de Corea para exigir la
intervención de esa sede diplomática, a fin de que
les cancelen un mes de salario, que la empresa les adeuda, luego
de cerrar las instalaciones.
- Llegan al país dos miembros del Buró de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos,
con el fin de analizar las condiciones laborales en las maquilas
textileras.
05. Los empresarios de las rutas de autobuses que viajan hacia el
departamento de Sonsonate piden al Viceministerio de Transporte
que les autorice un alza tarifaria de un colón, aduciendo
que el mal estado de las vías les ocasiona gastos
adicionales.
- La periodista de La Prensa Gráfica, Liliana Fuentes Monroy,
denuncia en San Miguel, ante la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, haber sido ofendida por Juan
José Domenech, durante el entierro del empresario Sigfred
Guth.
- El Banco Mundial aprueba un préstamo a El Salvador por
211.2 millones de colones, como parte de la financiación
de un plan de reforma burocrática.
06. El Secretario General del Partido Liberal Democrático
(PLD), Kirio Waldo Salgado, afirma que la justicia de Guatemala
realiza investigaciones judiciales contra Juan José
Domenech.
08. Juan José Domenech pone su cargo a disposición del
COENA), asegurando que existe una conspiración
internacional en su contra.
11. La Asociación de Empresarios del Transporte Público
de Pasajeros (ATP) decide romper la alianza suscrita en mayo con
la Asociación de Empresarios de Autobuses
Salvadoreños (AEAS), por considerar que ésta
última defiende únicamente sus intereses y no los
del sector de transportistas.
- Con 44 votos es aprobada la Ley de Telecomunicaciones.
13. La fracción legislativa de ARENA declara que lanzará
el reto a los partidos de oposición para que respalden la
reinstauración en el país de la pena de muerte.
15. La residencia del hijo del militar retirado, Sigifredo Ochoa
Pérez, es atacada por un sujeto, que en estado de ebriedad,
disparó tres veces contra la puerta, sin dejar
víctimas.
17. El Presidente Calderón Sol se pronuncia a favor de la
aprobación e implementación de la pena de muerte.
18. El Ministerio de Defensa devuelve, por orden judicial, 5 inmuebles
valorados en unos 50 millones de colones a dos cooperativas de los
desmovilizados de la extinta Guardia Nacional.
19. El Secretario General de las Naciones Unidas para Asuntos
Políticos, Alvaro de Soto, informa que el Presidente
Armando Calderón Sol, se comprometió a disolver y
suspender las denominadas "Juntas de Vecinos".
21. El Movimiento Patriótico contra la Delincuencia (MPCD) y
el Club Rotario de San Salvador inica una campaña a nivel
nacional que pretende despistolizar al país, ofreciendo
bienes de consumo a cambio de armas de fuego.
- La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador se muestra
cautelosa ante la propuesta de la pena de muerte.
23. El Presidente Calderón Sol ratifica el compromiso adquirido
ante las Naciones Unidas de disolver las juntas de vecinos.
24. Se realiza en San Salvador el XI Congreso Nacional de Alcaldes
organizado por la Corporación de Municipalidades de la
República de El Salvador (COMURES).
26. Una comisión de la Asociación de Trabajadores del
Organo Judicial (ASTOJ) asiste a las instalaciones de la Corte
Suprema de Justicia con el fin de ser recibidos por los
magistrados y discutir un aumento salarial.
27. Hugo Barrera afirma que el Presidente Calderón Sol nunca
prometió al Subsecretario de las Naciones Unidas que las
juntas de vecinos serían disueltas.
29. En Asamblea General Ordinaria, los miembros del COENA, nominan
oficialmente a las diputadas, Mercedes Gloria Salguero Gross y
Carmen Elena Calderón de Escalón, como Presidenta
y Vicepresidenta del COENA, respectivamente. Mientras se efectuaba
la asamblea, unos 200 simpatizantes de Víctor Antonio
Cornejo Arango, incluyendo ex funcionarios y alcaldes se
concentraron en las afueras del Hotel El Salvador para exigir su
ingreso al evento, petición que les fue negada.
Octubre
04. Luego de un operativo realizado por la PNC, fueron capturados 39
presuntos delincuentes pertenecientes a 4 bandas, dos de ellas
conocidas como "El Chino" y "La Niña". Mientras tanto, el
Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera,
responsabilizó a la Corte Suprema de Justicia por los actos
perpetrados por las bandas.
06. Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) colocan la
mayoría de sus cuadros en las planillas de alcaldes y
diputados, juramentados durante la Cuarta Convención
Nacional del FMLN.
08. Docentes de la Universidad de El Salvador (UES) inician un paro
indefinido de labores, debido a la negativa de aumento salarial,
pese a lo acordado previamente con el gobierno.
- Es asesinado el ex dirigente del FMLN, Francisco Antonio
Manzanares Mojarás, por elementos de la Policía
Nacional Civil (PNC).
10. Es aprobada la ampliación de la Pena de Muerte con 48
votos a favor.
- La Corte Suprema de Justicia resuelve en Corte Plena el declinar
la invitación del Presidente Calderón Sol para que
los miembros de la Sala de lo Constitucional se reunieran con
magistrados del Consejo de Seguridad, a fin de aclarar posibles
diferencias.
14. El Presidente Calderón Sol acepta oficialmente la renuncia
de la directora de la Secretaría de Reconstrucción
Nacional (SRN) y del Fondo de Inversión Social (FIS), Norma
de Dowe.
15. El jefe del Departamento de Investigación del Crimen
Organizado (DICO), Subcomisionado Armando de Jesús
Ramírez Martínez, y otros tres miembros de esa
institución fueron detenidos por agentes de la
Delegación Centro por estar acusados de diversos delitos
en perjuicio de un comerciante y una mujer.
- El diputado Alfonso Aristides Alvarenga se autoproclama como
Secretario General del PDC, asumiendo la responsabilidad de
unificar el partido y resolver pronto la crisis interna del
instituto político.
16. La Corte de Cuentas de la República revela un informe en
el que se responsabiliza al consejo de Administración del
FIS de utilizar ilegalmente 18 millones de colones.
- La Presidenta del FIS, Norma de Dowe, refuta el contenido del
informe de auditoría presentado por la Corte de Cuentas de
la República.
17. Un grupo de desmovilizados del ejército y de la guerrilla
se enfrentan con agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden
de la Policía Nacional Civil (PNC) en las inmediaciones de
la Asamblea Legislativa, en el marco de una marcha para exigir del
gobierno beneficios derivados de los Acuerdos de Paz.
18. Se disipan las diferencias surgidas entre el ministro de Seguridad
Pública, Hugo Barrera, y el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia, Domingo Méndez, a raíz de los
señalamientos del primero en contra del Organo Judicial.
21. El Presidente Calderón Sol juramenta a María Teresa
de Rendón como Directora del Consejo Directivo del Fondo
de Inversión para el Desarrollo Local de El Salvador, nueva
corporación estatal que sustuirá al FIS.
22. Miembros de la División de Investigación Criminal
(DIC) capturan a Mauricio Arnulfo Cornejo Rivas acusado de robar
mobiliario de oficina, valorado en más de 100 mil colones,
propiedad de la Fundación de Veteranos de Guerra.
24. El Ministro de Agricultura y Ganadería, Oscar Manuel
Gutiérrez, presenta su renuncia.
25. El Viceministro de Justicia, Raúl Somoza Alfaro, presenta
su renuncia.
28. El Presidente Calderón Sol juramenta como nuevo Ministro
de Agricultura y Ganadería a Ricardo Quiñónez
Avila.
29. El Jefe del Departamento de la Academia de Seguridad
Pública, Subinspector Luis Alonso Vizcarra, es asesinado
por sujetos desconocidos.
- El Presidente del Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR),
Jaime Alvarez Gotay, presenta su renuncia.
Noviembre
04. El Presidente Calderón Sol anuncia posibles incrementos en
el combustible, los cuales se aplicarán con el objeto de
ampliar la cobertura de subsidio de diesel para las unidades de
buses del transporte público.
- El Presidente Calderón Sol juramenta a Vilma Isabel
Hernández de Calderón como Viceministra de
Agricultura y Ganadería; a José Luis Trigueros como
Viceministro de Hacienda; a y Roberto Alejandro Sorto Fletes como
Viceministro de Inversión y Crédito público,
dependencia de Hacienda.
09. El jefe del Departamento de Investigación contra el Crimen
Organizado (DICO), Subcomisionado Armando de Jesús
Ramírez Martínez, es puesto en libertad.
12. Dos de los secretarios generales del Partido Demócrata
Cristiano anuncian una tregua de 12 días, hasta eligir
nuevas autoridades.
- Víctor Antonio Cornejo Arango renuncia a ARENA con el
propósito de incorporarse al PCN.
14. El Tribunal Supremo Electoral abre expedientes al Alcalde de San
Salvador, Mario Valiente, a los partidos FMLN y PRSC y a 6
candidatos, a quienes se les investigará si han violado o
no el Código Electoral al difundir propaganda antes del
plazo legalmente estipulado.
18. El Presidente Calderón Sol niega un aumento para la Fuerza
Armada en el Presupuesto General de la Nación para 1997.
- Miembros del sindicato de trabajadores del Ministerio de Hacienda
inician un paro de labores en protesta por la detención de
6 empleados de dicha cartera de Estado, acusados de participar en
la supuesta legalización de automóviles robados.
19. El Alcalde de San Salvador, Mario Valiente, es proclamado como
candidato de ARENA para reelegirse en ese cargo.
- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
desestima los procesos de amparo promovidos por Ronal Umaña
y otros dirigentes del PDC, reconociendo a Carlos Claramount como
Secretario General del partido.
21 La Asamblea Legislativa destituye al Magistrado del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Eduardo Colindres, del PDC.
22. La mayoría de fracciones legislativas, excepto el FMLN,
aprueban una serie de reformas al Código Electoral.
24. El PDC realiza una Convención Nacional para elegir a su
Secretario General.
- El partido Convergencia Democrática celebra su
convención departamental de delegados de San Salvador, para
elegir a sus candidatos a alcaldes y diputados a participar en las
elecciones de marzo.
25. El Presidente Calderón Sol presenta el plan gubernamental
de reforma al sistema de pensiones.
27. El Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, denuncia la
"existencia del crimen organizado en el Organo Judicial".
28. Unos 5 mil 600 trabajadores de ANTEL paralizan sus labores en
protesta por la posible aprobación de la Ley de
Privatización.
29. Es aprobada la Ley de Privatización de ANTEL.
- El empresariado salvadoreño reacciona con
satisfacción ante la aprobación de la Ley de
Privatización de ANTEL.
- La Corte Suprema de Justicia rechaza "enfáticamente" las
denuncias del Ministro Acosta Oertel, sobre nexos del Poder
Judicial salvadoreño con el crimen organizado y pide a la
Fiscalía General que inicie una investigación al
respecto.
30. El Ministro de Obras Públicas, Jorge Sansivirini, presenta
su renuncia.
- Un grupo de pedecistas proclama a Ronal Umaña como
Secretario General del PDC.
Diciembre
01. En Convención realizada en la sede del PDC, Carlos
Claramount es nominado Secretario General del partido.
02. Dirigentes de las asociaciones de radiodifusores y publicistas
advierten que presentarán un proceso de
inconstitucionalidad contra algunas disposiciones del
Código Electoral.
- Un informe elaborado por un grupo de asesores internacionales no
identificados revela deficiencias en el interior de la
División de Investigación Criminal (DIC).
- El ex magistrado del TSE, Eduardo Colindres, presenta un recurso
de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia.
3. El Viceministro de Seguridad Pública, Jorge Alberto
Carranza, y el Director de la Academia Nacional de Seguridad
Pública (ANSP), Mario Bolaños, hacen públicas
sus objeciones ante el informe de los asesores internacionales
sobre deficiencias al interior de la DIC.
- Varias decenas de miembros de la Asociación de Empresarios
de Autobuses Salvadoreños (AEAS) se desplazan por las
arterias de mayor circulación en San Salvador como medida
de presión para mostrar su desacuerdo con la
discusión del nuevo Reglamento de Transporte Terrestre.
- Los empleados judiciales del Centro Judicial de San Salvador
inician un paro de labores en protesta por el incumplimiento de
la entrega de un bono equivalente a 3 mil 300 colones aprobado
previamente por la Corte Suprema de Justicia.
- El Viceministerio de Transporte concede a las gremiales de
transporte público de pasajeros un plazo de 30 días
para estudiar el Reglamento de Transporte Terrestre.
4. El PCN revela que 7 diputados de ARENA, entre propietarios y
suplentes, más de 40 alcaldes y algunos gobernadores
departamentales pasarían a engrosar sus filas. Empero ARENA
niega dicha información.
- Es aprobado el Código Procesal Penal.
- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) revela que los dueños
de los medios de comunicación y agencias de publicidad
están exentos de sanciones por difundir propaganda
electoral ilegal, descartando otra reforma al Código
Electoral.
5. Con 54 votos a favor, los diputados de ARENA, PDC y PCN aprueban
el Presupuesto General de la Nación y la Ley de Salarios
correspondientes a 1997.
- El coronel Sigifredo Ochoa Pérez visita a la Presidenta de
ARENA, Gloria Salguero Gross, para conversar sobre su posible
reactivación dentro de ARENA.
- Mediante un comunicado oficial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
anuncia sanciones para aquellos empleados del Organo de Justicia
que se encuentran en paro.
08. El FMLN autoriza a los miembros de la junta municipal de San
Salvador a pactar alianzas estratégicas con otros
institutos políticos buscando ganar la alcaldía de
San Salvador.
09. El director de la PNC, Rodrigo Avila, asegura que los
únicos que podrían salir beneficiados con el paro
de labores en los tribunales de justicia son los delincuentes.
10. Los partidos Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), Convergencia Democrática
(CD) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) anuncian su apoyo
al ex diputado Héctor Silva para lanzarlo como candidato
a la alcaldía capitalina.
11. Los casi 300 trabajadores de los tribunales de justicia de Santa
Ana levantan el paro de labores que mantenían en apoyo a
ASTOJ.
13. Finaliza el paro en el Ministerio de Justicia, luego de diez
días de suspensión de labores, tras el compromiso
del Ministro José Domingo Méndez de reunirse con
los trabajadores y atender sus demandas.
- Es aprobada la nueva ley de Educación Superior, como parte
del proceso de reforma educativa, con los votos de todas las
fracciones legislativas representadas en la Asamblea Legislativa.
- Gloria Salguero Gross es ratificada por el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) como nueva Presidenta del Consejo Ejecutivo de
ARENA (COENA).
14. Asamblea Legislativa aprueba nuevas reformas electorales, entre
las que se encuentran la supresión de las franjas de
propaganda electoral, así como la postergación de
la fecha para inscribir coaliciones.
15. El Presidente Calderón Sol informa que la presencia de la
Oficina de Naciones Unidas para la Verificación (ONUV) ya
no es necesaria en el país y que esta se retira al final
del presente mes.
- Empleados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inician un paro de
labores de carácter indefinido por la falta de pago de
horas extras.
16. El presidente Calderón Sol pide una investigación
en el Ministerio de Salud por irregularidades en el mismo durante
la gestión de Lisandro Vázquez Sosa.
17. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoce a Ronal Umaña
como Secretario General del PDC.
21. El Partido Demócrata (PD) efectúa un acuerdo
electoral con el PDC para las elecciones de diputados y alcaldes.
- Es aprobada Ley de Pensiones con los votos de ARENA, PDC y PCN.
22. El TSE rechaza recurso de inconstitucionalidad de Carlos Ernesto
Claramount en el que éste solicita revisión de las
resoluciones que reconocen a Ronal Umaña como Secretario
General del PDC.
27. Son definidas tres coaliciones de partidos políticos para
las elecciones de diputados y alcaldes.
29. FMLN presenta su nómina de candidatos a diputados por el
departamento de La Libertad, así como para consejos
municipales.
31. La ONU cierra la oficina de ONUV en el país cuando
aún falta por cumplir parte de los acuerdos de paz en
materias de reinserción de ex combatientes a la vida civil,
programa de transferencia de tierras y los asentamientos humanos.