© 1996 UCA Editores
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Año 17
número 736
noviembre 27
1996
ISSN 0259-9864
¿Reacomodos políticos o crisis institucional?
Los problemas de la democracia intrapartidaria
La privatización de ANTEL en perspectiva
La muerte de Manzanares Mojarás: ¿hecho
político o delincuencial?
Obstáculos y avances en el proceso de diálogo-
negociación en Guatemala
Sobre política criminal
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¿Reacomodos políticos o crisis institucional?
La coyuntura electoral de 1997 dio inicio desde hace varios
meses. La misma ha configurado un escenario sobre el cual vale
la pena reflexionar en orden a ir ganando claridad sobre ese
importante plano de la realidad nacional que es el ámbito
político.
Ante todo, una dinámica que ha cobrado relevancia y
que seguramente la cobrará aún más es la
que atañe a la propaganda electoral. En efecto, pese a
las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la
materia, ARENA no desaprovechó oportunidad para hechar
a andar, al margen de la legislación electoral, su
campaña política. Así, el partido de
derecha, aprovechando sus estrechas vinculaciones con el gobierno
y con la celebraciones que éste debe sancionar
oficialmente, ha venido haciendo una campaña electoral
ilegal que lo ha puesto en ventaja sobre el resto de partidos
políticos que o bien no se dieron cuenta de la maniobra
de ARENA o fueron cómplices de la misma o bien estaban
más ocupados en sus conflictos internos como para prestar
atención a la voracidad política de la
derecha.
Pese a las acusaciones que se hicieron a otros partidos, en
el terreno de la propaganda electoral, ARENA ha sacado la mayor
ventaja que le ha sido posible con anterioridad a los plazos
estipulados por el TSE. Esa ventaja seguramente se
fortalecerá una vez que se inicie el periodo legal de
propaganda electoral y cuando ARENA, sin cortapisas de ninguna
especie, pueda inyectar todos los recursos a su alcance para
þconvencerþ al electorado de que el cambio para mejorar ofrecido
en los pasados comicios no fue un fraude. Habrá que
esperar una saturación política de los medios de
comunicación, cuyos espacios van a ser copados por el
despliegue de colores y la música pegajosa de ARENA y
, en menor medida, por la propaganda más gris y menos
sofisticada de los partidos de oposición.
Vaya desafío el de los partidos que pretender ser
alternativa de cambio político: tienen que crear espacios
publicitarios atractivos desde criterios estrictamente
mercadotécnicos con un partido que puede contratar a los
mejores especialistas en marketing y que cuenta para ello con
recursos ilimitados. Y aquí no hay nada más que
hacer, sino jugar con esas reglas: es la dimensión
mercantil de la democracia política que quienes han
aceptado como mecanismo de acceso a una cuota de poder
político no pueden evadir.
Sobre el trasfondo de una campaña política
iniciada antes de lo legalmente establecido, se han venido
suscitando una serie de cambios institucionales en los partidos
políticos, los cuales pudieran ser leídos como
reacomodos partidarios en vistas de las próximas
elecciones. Es decir, la dinámica interna de los
partidos -marcada por disputas en los liderazgos, renuncia a
determinadas militancias e incorporación a otras,
convenciones y congresos- serían algo normal y no
tendrían nada de extraño en una coyuntura
electoral.
Sin embargo, visto más críticamente, la
dinámica partidaria en nuestro país no parece
obedecer primariamente a las exigencias que plantea la coyuntura
política, sino a una crisis interna de los partidos
políticos que expresa, más allá de las
disputas de poder y los compadrazgos entre camarillas, una
crisis institucional del sistema político. Es este
último el que debe sometido a un profundo examen tanto
para evaluar sus debilidades más sustantivas como para
haciendo aquellas correcciones que sean necesarias.
Como paso previo para ello es preciso caer en la cuenta de
lo obsolteto de las estructuras de los partidos políticos.
Son obsoletas reglas de organización interna y
también los son sus liderazgos. La centralización
excesiva de poder en manos de camarillas que se rotan en los
puestos de dirección y que en virtud de ello gozan de los
privilegios del poder intrapartidario es algo que tiene que ser
denunciado y corregido. De esto no escapan ni los partidos de
derecha ni los de centro ni los de izquierda: es urgente renovar
las dirigencias y crear mecanismos de acceso a los puestos de
dirección que faciliten la llegada de quienes tienen
mejores capacidades y habilidades, y que al mismo tiempo impidan
que quien llega a un puesto de dirección pueda y quiera
enquistarse aeternum.
Las agudas crisis por las que han pasado ARENA y el PDC se
explican en buena medida por lo premoderno de sus estructuras
organizativas y por la disputa de cuotas de poder entre
camarillas. Y si bien el primero de estos partidos ha logrado
sortear temporalmente sus conflictos y el segundo no da
señales de salir del impasse en que se encuentra, ambos -
al igual que los demás institutos políticos-
tienen pendiente el problema de su democratización
interna.
Asimismo, la democratización de los partidos
políticos pasa por una clarificación de la
relación entre los diputados y la institución
partidaria a que pertenecen. Al menos en teoría, los
diputados deberían mantener una cierta autonomía
respeto de sus partidos a la hora de tomar decisiones que
atañen a la sociedad y en la cuales su criterio
último debería ser el bien común. En la
realidad suceden las cosas más absurdas: o los diputados
obedecen ciegamente los dictados del partido, como sucede con los
parlamentarios de ARENA, o diputados de otros partidos se alejan
de las directrices de estos últimos no para reafirmar su
independencia, sino para someterse a los dictados de otro
partido, generalmente de ARENA, que les ofrece mayor seguridad y
beneficios políticos y económicos.
Si los partidos políticos no superan estos y otros
vicios, el sistema político no podrá cumplir a
cabalidad su función de intermediación entre las
demandas de la sociedad civil, las instancias estatales
responsables de atender esas demandas y los grupos empresariales,
quienes no sólo plantean sus propias demandas, sino que
pueden aportar recursos para los sectores sociales más
desprotegidos.
Ante ello se impone la necesidad de que tanto la
oposición política como el sector obrero adopten
estrategias que estimulen la discusión, formulación
y adopción de esquemas de modernización del Estado
que ofrezcan alternativas a la privatización y que persigan
no solamente seguir tendencias mundiales, sino la promoción
del desarrollo económico y social.-----
La muerte de Manzanares Mojarás: ¿hecho
político o delincuencial?
Los hechos
El 9 de octubre los medios de comunicación informaron
que el día anterior había sido asesinado el ex
dirigente del FMLN Francisco Antonio Manzanares Mojarás. De
acuerdo a las primeras declaraciones brindadas, el día de
los hechos, por presuntos testigos, Manzanares Mojarás y el
sargento de la PNC, Edgar Barahona -presunto amigo de la
víctima-, se encontraban en las proximidades de una cabina
telefónica, cerca de la residencia del primero, en la
colonia Satélite del departamento de San Miguel, cuando
aparecieron dos automóviles con vidrios polarizados y las
placas cubiertas. De los automóviles se bajaron 5 hombres
vestidos de civil, con chalecos antibalas y botas militares,
identificados por los testigos como miembros de la División
de Investigación Criminal (DIC) de la PNC, quienes sitiaron
a Manzanares. Repentinamente uno de ellos, sin mediar palabras,
disparó contra éste, ocasionándole la muerte,
y dejando herido a su acompañante. Asimismo, los testigos no
sólo revelaron que un miembro de la DIC grabó el
hecho con una cámara de video, sino que sus
acompañantes les advirtieron que "no fueran a declarar".
La DIC reportó el suceso como un accidente de
tránsito y procedió a llevar al cadáver de
Manzanares al Instituto de Medicina Legal, donde los forenses
indicaron que la muerte del ex combatiente se debió a un
disparo en la región occipital derecha del cráneo
producto de un disparo de un fusil M-16.
El mismo día, Rolando García, Subdirector de
Operaciones de la PNC, viajó a San Miguel y explicó
que los agentes investigaban un caso de extorsión ocurrido
en Ahuachapán y que, en la colonia Satélite, se
había programado la entrega del dinero por parte de las
víctimas. Según el funcionario policial, los miembros
de la DIC habían montado un operativo encubierto para
capturar a los extorsionistas y cuando descubrieron que
éstos recogían el paquete con el dinero les ordenaron
detenerse, pero aparentemente hubo resistencia por parte de los
sujetos dando lugar a que los agentes les dispararan. Según
García Herrera, la confusión sobre la forma en que
ocurrió el hecho se debió a que en el Hospital San
Juan de Dios, cuando llevaron al occiso, también
habían varias personas víctimas de un accidente de
tránsito y los médicos creyeron que Manzanares
Mojarás era pasajero de uno de los vehículos.
El 11, el cabo Guillermo Ernesto Linares Carranza (miembro de
la DIC) compareció ante el tribunal 1o. de Paz de San Miguel
como presunto asesino de la víctima, el detenido sostuvo que
disparó en defensa propia porque Manzanares Mojarás
lo amenazaba con un arma de fuego. "Yo admito que la
reacción fue rápida, pero si no disparaba, me iba a
matar", declaró. Mientras tanto, la viuda de Manzanares,
Rosa Aminte de Manzanares, afirmó que su esposo le
había comentado que desde hacía 3 meses varios
policías habían llegado a buscarlo a su casa y que
había recibido amenazas. Por su parte, el padre del muerto,
Francisco Manzanares, aseguró que la muerte de su hijo se
debió a motivos políticos.
Las últimas pesquisas han incluido una serie de
citatorios de testigos presenciales del hecho y miembros de la
policía a los tribunales, así como el vídeo
presentado por la Policía; las mismas, empero, lejos de
esclarecer el hecho le han llevado a un mayor estancamiento.
Consideraciones
El caso, aún no esclarecido, ha generado una serie de
polémicas en cuanto a si debe ser visto como el "lamentable
final de una investigación y un procedimiento policial" -tal
como en sus declaraciones ha sostenido hasta ahora el Subdirector
de la PNC- o si, por el contrario, el mismo debe entenderse como
una ejecución sumaria con motivaciones políticas.
Más allá de las razones que pudieron llevar a la
consumación de los hechos, lo cierto es que el uso de la
prepotencia y la fuerza al desarrollar un operativo policial parece
haberse vuelto la regla y no la excepción. De ser cierto que
sin mediar palabras el agente de la DIC le disparó a
Manzanares Mojarás, la víctima habría muerto
desconociendo los cargos que se le imputaban. Más
aún, si el disparo del agente de la DIC fue en defensa
propia ¿por qué disparar a la cabeza y no a las piernas
u otra parte del cuerpo a fin de inmovilizar al "delincuente"?
Lo preocupante de todo esto es en manos de quién
está la sociedad, pues por un lado miembros de la PNC
parecen estar involucrados en un caso de extorsión, mientras
que, por otro lado, ellos mismos se las arreglaron para tomar la
justicia en sus manos, debilitando aún más la
confianza que la población pueda tener en el cuerpo
policial. A la confusión que han puesto de manifiesto los
medios en torno al caso, se ha sumado la confusión -real o
ficticia- existente en los organismos de justicia del país.
Como se ven las cosas, la impunidad parece ser la sombra que
terminará por dejar en el olvido este violento asesinato.
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Obstáculos y avances en el proceso de diálogo-
negociación en Guatemala
Luego de conocerse que la Unidad Revolucionara Nacional
Guatemalteca (URNG) era responsable del secuestro de la acaudalada
empresaria Olga Alvarado de Novella, el gobierno de Alvaro
Arzú anunció, el 28 de octubre, el aplazamiento de la
nueva ronda de diálogo-negociación que se
realizaría entre el gobierno y la URNG el 29 de octubre en
la ciudad de México. Y que la continuidad de este quedaba
sujeto hasta que la guerrilla diera una explicación
justificada del hecho.
Por su parte, la comandancia de la guerrilla admitió en
un comunicado que hizo público en México la
participación de un comando de la Organización
Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), grupo perteneciente a la
URNG, en el secuestro de la empresaria.
Asimismo, el 7 de noviembre se supo que horas después de
que Gaspar Illom, cuyo verdadero nombre es Gonzalo Asturias,
anunciara su retiro de la mesa de negociaciones, el Presidente
Arzú decidió reanudar las reuniones de diálogo
aplazadas. De ese modo, entre el 9 y 11 de noviembre se reanudaron,
en México, las conversaciones entre el gobierno de Guatemala
y la URNG. En la reunión se trató,
básicamente, la búsqueda de un acuerdo sobre el cese
de fuego definitivo.
El 23 de noviembre, Ismael Fernández, de 76
años, fue asesinado por un grupo de quince hombres armados
que incursionaron en su hacienda, ubicada en Colomba Costa Cuca,
Quezaltenango, y se identificaron como miembros de la URNG.
Demás está decir que este asesinato se suma a cerca
de doce denuncias registradas por la prensa de ataques perpetrados
en los últimos días por presuntas organizaciones
guerrilleras.
La justificación que presentó la URNG ante la
necesidad de explicar los hechos ocurridos en torno al secuestro de
la empresaria, fue puesta de manifiesto a través de un
comunicado, en el que atribuyó el secuestro a Rafael
Valdizón, ahora ex "comandante Isaías", quien al
mando de una unidad urbana perpetró el "repudiable" hecho
sin autorización ni conocimiento de la
organización. Además, la URNG confirmó en el
comunicado "su compromiso indeclinable de seguir actuando de buena
fe y con plena responsabilidad en el proceso de
negociación", reconociendo "la madurez y seriedad con que ha
actuado el gobierno".
Entre tanto, el Presidente Arzú reunió a su
gabinete de seguridad el 30 de octubre, para estudiar el comunicado
de la URNG. Luego de esta reunión, como miembro del gabinete
de seguridad, el coordinador de la gubernamental Comisión
para la Paz (COPAZ), Gustavo Porras, afirmó que las
negociaciones de paz con la URNG continuarán "aplazadas, no
suspendidas". Sobre éste mismo punto, el mediador de
Naciones Unidas en las negociaciones de paz, el francés Jean
Arnault, consideró que éste es el momento "más
delicado" que ha enfrentado el proceso de diálogo, aclarando
que aun cuando "en los últimos días hemos pasado
momentos sumamente difíciles... existe la voluntad de
superar los diferendos".
En un gesto de aparente voluntad política, Gonzalo
Asturias renunció para superar el aplazo del diálogo-
negociación y que de esta manera se pudieran reanudar las
conversaciones con el gobierno, "conciente de que la
situación creada con motivo del secuestro de la
señora de Novella ha supuesto un gran golpe a la
credibilidad del proceso y afectado el clima de confianza entre las
partes". "Como comandante en jefe de la ORPA, e integrante de la
comandancia general de URNG, en medio de esta tormenta, con toda
libertad y serenidad, he planteado ante mis hermanos de la
comandancia general, y ellos lo han aceptado, mi retiro de la mesa
de negociaciones, como un gesto de mi parte para contribuir a
allanar dificultades y garantizar condiciones ecuánimes y
favorables en la culminación del proceso",
añadió Asturias.
El mismo día en que fue conocida la
decisión de Gonzalo Asturias, la administración
Arzú, en un comunicado oficial de ocho líneas enviado
a los medios de prensa, señaló que teniendo presente
que existían las condiciones políticas indispensables
para el retorno a las conversaciones y que era su decisión
continuar con las mismas. En el comunicado hizo un llamado a la
COPAZ para que solicitara al moderador de la ONU, Jean Arnault,
para que convocara a una nueva ronda de conversaciones "a la mayor
brevedad posible". De esta manera, quedaba superado uno de los
mayores obstáculos que ha enfrentado el diálogo-
negociación guatemalteco.
En la reunión celebrada entre el 9 y 11 de noviembre se
logró avanzar en las negociaciones para la búsqueda
de un acuerdo sobre el cese de fuego definitivo. La reunión
se desarrolló sin mayores obstáculos, según lo
declarado por el moderador de la ONU, quien sostuvo que "en la mesa
de negociaciones existe muy buen ambiente para continuar el
diálogo de paz y no se ha registrado ningún
problema". Sobre este mismo punto, Pablo Monsanto afirmó que
"en la URNG estamos satisfechos porque hemos reiniciado la
negociación con buen ánimo y ésta ha sido
altamente positiva".
En lo que se refiere al asesinato de Ismael Fernández
del que se responsabiliza a la guerrilla, el Departamento de
Información y Divulgación del Ejército (DIDE)
dijo desconocer el hecho. Incluso, el Ejército descarta que
se trate de un grupo guerrillero y que más bien se puede
tratar de grupos de delincuentes comunes que se aprovechan del
momento político que vive Guatemala. Mientras que la URNG,
el 25 de noviembre, a través de Pablo Monsanto,
rechazó la participación y responsabilidad de la URNG
en dicho asesinato, y señaló que hay grupos
interesados en obstaculizar el proceso y desprestigiar a la
guerrilla.
Ante la explicación dada por la URNG sobre el secuestro
de la empresaria guatemalteca, no es válido recurrir al
argumento que el mismo es responsabilidad del ex "comandante
isaías", quien habría actuado sin su
autorización y conocimiento. Ello pone en peligro la
credibilidad política que en alguna medida ha ganado en la
mesa de negociaciones la URNG. Más aún, esta
organización debería de preocuparse por ganar mayor
credibilidad, pues la misma les hace falta no sólo dentro
sino fuera de Guatemala.
Probablemente, en ciertos sectores de la URNG no existe la
firme convicción y la suficiente decisión de acabar
con la guerra. Ello explicaría porqué algunos
miembros al interior de sus filas no pueden ser controlados, y
gozando del amparo de la organización recurren al secuestro
o se involucran en otro tipo de actividades violentas que no hacen
más que dañar la tan deteriorada imagen de la URNG.
Teniendo esto presente, la justificación dada por la
guerrilla ha sido insuficiente. Afortunadamente, se logró
salvar la situación por la que atravesó el
diálogo-negociación, porque con la renuncia de
Gonzalo Asturias se propició el camino para que se retornara
a la mesa de negociación. Esto debe interpretarse como una
decisión política oportuna, que puso de manifiesto su
deseo de las partes para que el proceso pueda llegar a felíz
término.
A lo anterior hay que añadir la notable y firme
decisión del presidente Arzú de concluir con la
guerra. Esto está avalado no solamente por lo acontecido
últimamente, sino por los esfuerzos que el mandatario
guatemalteco ha hecho desde el inicio de su administración.
Salta a la vista la fuerza y la seriedad con la que se ha manejado
el diálogo-negociación por parte de su gobierno.
En fin, en lo que respecta a la búsqueda de un acuerdo
sobre el cese al fuego definitivo, no debe olvidarse que en este
punto las partes han venido desarrollando, desde marzo del presente
año, un esfuerzo a iniciativa de la URNG de cese de fuego
unilateral que gradualmente ha sido respetado por el
Ejército. Aunque el acuerdo sobre el cese al fuego
definitivo será firmado el 4 de diciembre en Oslo, Noruega.
Sobre los últimos acontecimientos de asesinatos y
extorsión a los hacendados que se han venido produciendo a
manos de hombres armados -quienes se han hecho pasar por
militantes de la URNG-, existe la presunción que
éstos pertenecen a grupos de delincuentes comunes que operan
aprovechandose de la situación que se vive en Guatemala; o
en el peor de los casos podrían ser parte de aquellos
sectores descontentos del Ejército y/o las llamadas
Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que están
empeñados en que los acuerdos de paz no funcionen, dejando
en mala posición a la URNG y entrampando
políticamente al gobierno. -----
Sobre política criminal
Hace unos días, la doctora Victoria Marina Velásquez
de Avilés dijo --en una entrevista por televisión--
que en nuestro país es necesario contar con un
diagnóstico objetivo sobre el fenómeno criminal que
ahora aflige a la población mayoritaria y que,
además, se debe diseñar una política nacional
adecuada para enfrentarlo. El conductor del programa le
comentó a la señora procuradora para la defensa de
los derechos humanos que, según el ministro de Seguridad
Pública, eso ya existe; la funcionaria le respondió
que, a su entender, en la actualidad sólo se cuenta con un
documento que acaba de ser elaborado por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública (CNSP) y que, recientemente, fue entregado
al señor presidente de la República. Pese a las
grandes posibilidades que tiene de aportar en la materia, por la
especificidad de su cargo, la doctora de Avilés aún
no conoce ese texto; con mayor razón, nosotros tampoco lo
conocemos.
Sobre la "defensora del pueblo" en El Salvador --a
propósito de su figura, por cierto cada vez más
importante-- cabe traer a cuenta la paradoja en la que le toca
vivir: dentro del país se le amenaza a ella y a su familia;
fuera de éste, recibe merecidos reconocimientos. Sin dudar,
sostuvo que esos intentos por intimidarla no la harán
retroceder en su compromiso con la población, ya que cuenta
con la "protección" de ésta y el apoyo de la
comunidad internacional. Para muestra, tenemos la mención
honorífica del premio "John Humphrey a la libertad",
otorgado por el Centro Internacional de Derechos Humanos y
Desarrollo Democrático, que le entregó el
recién acreditado embajador de Canadá en nuestro
país el pasado martes 19 de noviembre.
Además, la doctora de Avilés acaba de ser
seleccionada para integrarse al consejo directivo del Instituto
Internacional del Ombudsman, representando a Latinoamérica
y el Caribe. Finalmente, se sabe que Suecia, Noruega, Dinamarca y
Holanda han formado el llamado "Grupo de países amigos de la
procuradora para la defensa de los derechos humanos", cuyos
delegados llegarán al país en los próximos
días a fin de oficializar ese esfuerzo mediante el cual se
busca secundar el valioso trabajo que desarrolla la funcionaria y
garantizar en lo posible su seguridad.
Comentado lo anterior, volvamos al tema que nos ocupa. Que no
estemos enterados de la propuesta del CNSP sobre algo que nos
interesa a todas y todos, por tratarse de una materia tan sensible,
no tiene que extrañarnos; así se acostumbra decidir
si se hacen o no las cosas en El Salvador: sin contar con la
participación de la gente. Si nos lamentamos
públicamente por ello o se nos ocurre reclamar, no faltara
quien diga --para "consolarnos" o intentar callarnos-- que la
misión de dicha instancia es la de "aconsejar" al
mandatario. Y es correcto; sin embargo, ello no excluye la
posibilidad de fomentar el mayor involucramiento posible de la
sociedad salvadoreña, principalmente cuando la
discusión tiene que ver con la tranquilidad y el verdadero
desarrollo humano de sus integrantes.
Sabemos que el secretario de las Naciones Unidas para Asuntos
Políticos, doctor Alvaro de Soto, durante su última
visita a El Salvador en septiembre declaró lo siguiente: "El
presidente (de la República) me ha informado que acaba de
recibir un documento muy serio y ponderado que ha sido elaborado
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual
contiene un diagnóstico y un programa de trabajo en donde se
establecen las bases para una estrategia de seguridad
pública..." Pero hasta ahí. De Soto también
dijo que "en este esfuerzo deben involucrarse todas las fuerzas
vivas del país".
Por un "desconocimiento de causa" --involuntario, por cierto--
y porque coincidimos con el funcionario de la ONU en lo que
respecta a la necesidad de participar para construir una
convivencia social diferente, partimos de que en nuestra tierra
aún no existe una política criminal adecuada y que,
desde nuestro espacio, debemos aportar en ese sentido. Para ello
nos apoyaremos, fundamentalmente, en importantes reflexiones hechas
sobre el tema por Alberto Martín Binder, catedrático
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires.
El doctor Binder ha formulado y respondido lo que él
considera las diez preguntas básicas sobre política
criminal, que ahora socializamos. La primera y más elemental
de ellas: ¿qué es? "La política criminal --
sostiene el experto argentino-- es un sector de las
políticas que se desarrollan en una sociedad,
predominantemente desde el Estado. Ella se refiere al uso que
hará ese Estado del poder penal; es decir, de la fuerza o
coerción estatal en su expresión más radical.
La política criminal es, en síntesis, el conjunto de
decisiones, instrumentos y reglas que orientan el ejercicio de la
violencia estatal (coerción penal) hacia determinados
objetivos". Cuando se interroga si es una ciencia o no, encontramos
que es "una política o un conjunto de políticas" que,
sin embargo --por ser parte de la realidad-- "es posible una
aproximación científica a ella".
¿Para qué sirve? Como señala Binder, al
igual que "toda política, la política criminal se
orienta según finalidades, objetivos y metas. La
política criminal nunca tiene objetivos totalmente
independientes; en realidad, ella es una política de segundo
nivel ya que sirve de soporte o para fortalecer a otro tipo de
políticas (económica, social, ambiental, familiar,
etc). No obstante, también existen ciertos objetivos
autónomos de la política criminal: ellos se
relacionan con los límites al poder penal y se fundan en la
necesidad de establecer una política criminal respetuosa del
ser humano. Por eso, la política criminal tanto desarrolla
como limita la coerción penal. En la síntesis que se
produzca entre las necesidades de desarrollo del poder penal y los
límites autoimpuestos a ese poder penal, la política
criminal adquiere su verdadera configuración
política". Cuando la política criminal desarrolla,
cumple su función expansiva; cuando limita, cumple su
función de contención.
¿Cómo regula al poder penal? "Fundamentalmente, la
política criminal determina los conflictos en los que
intervendrá el poder penal y regula la intensidad de ese
poder (principio de selectividad), así como los instrumentos
y el modo (reglas) como esos instrumentos se utilizarán
(principio de múltiple articulación)". Y,
¿cuál es el principio de selectividad? "El Estado no
usa o reacciona con el poder penal en todos los conflictos; al
contrario, siempre el poder penal se utiliza menos que otros
recursos y se preconiza la ®mínima¯ utilización
posible del poder penal (principio de mínima
intervención o ®ultima ratio¯). El poder penal es selectivo
y la política criminal orienta esa selectividad". Entre los
ejemplos de esa selectividad, Binder incluye los siguientes:
"sólo algunas conductas están tipificadas como
delitos y otras no, aun cuando pueden ser dañosas; el
proceso penal sólo se ocupa de ciertos casos y de otros no;
la policía investiga algunas denuncias y otras las
desestima; los presos son tratados de diversos modos, etc."
Otra pregunta sobre la materia: ¿qué es la
múltiple articulación de la política criminal?
"El poder penal --sostiene el catedrático argentino-- se
manifiesta de diversos modos. En principio se articula mediante
canales directos y manifiestos (penas, procesos, policía,
cárceles, etc). Este es el sistema penal manifiesto.
También se articula a través de muchos canales
indirectos aunque esos canales indirectos son también
manifiestos (por ejemplo: medios de comunicación ,
políticas administrativas, registros de antecedentes,
controles informales difusos, etc). Este es el sistema penal
indirecto. Por último, puede ocurrir que el poder penal se
canalice a través de prácticas ilícitas
(torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales,
policía de "gatillo fácil", etc). Este es el sistema
penal oculto. La política criminal, a través de sus
dos funciones básicas (expansión y contención
del poder penal) se vincula con estas múltiples
articulaciones del poder penal".
¿Se puede hablar de sólo una política
criminal en determinada sociedad? Depende, dice Binder. "El uso del
poder penal --explica más ampliamente-- está sometido
a las reglas de la puja política Los distintos grupos y
sectores políticos tratarán de influir en la
®formulación¯ y en la ®configuración¯ de la
política criminal, cada uno de ellos según sus
propios objetivos, finalidades y concepciones políticas. En
este sentido, se puede hablar de diferentes políticas
criminales, según los distintos grupos sociales que las
promuevan. En cambio, si nos referimos a la síntesis final
que resulta de esa puja (síntesis que surgirá de los
acuerdos políticos o de la hegemonía de un sector)
sí podemos hablar de una sola política criminal".
¿Qué se quiere decir cuando se habla de
"formulación" y "configuración" de la política
criminal? La respuesta: Son los niveles en los que se instala "la
puja política por la utilización del poder penal". El
de la formulación es donde se define "en qué casos y
qué medios utilizará el poder penal, cuáles
serán sus instrumentos y sus reglas (por ejemplo: cuando se
discute si tal conducta debe ser penada o no y con qué
intensidad). El de la "configuración" es el nivel que se
refiere al "funcionamiento concreto de las instituciones encargadas
de canalizar el poder penal (policía, justicia,
cárceles, etc)". Sostiene Binder que "nunca coinciden
enteramente la formulación y la configuración de la
política criminal, y ellas están en una
relación dialéctica de mutua influencia".
Cuando pregunta cómo se relaciona la política
criminal con la democracia, nos encontramos con la siguiente
contestación: "Tiene una relación directa, ya que el
modo como el Estado haga uso del poder penal es uno de los
indicadores más precisos de la profundidad del sistema
democrático en una sociedad y el grado de respeto a la
dignidad de todas las personas, que es la base esencial del
concepto democrático". Relacionada con lo anterior, la
última de las diez interrogantes se refiere a los
indicadores de una política criminal democrática.
¿Cuáles son?
Según el jurista, los principales son los que a
continuación se detallan. En primer lugar, tenemos lo que se
llama el "principio de mínima intervención": la
"restricción del uso del poder penal a los casos
verdaderamente graves"; o sea: "aquellos que causan el mayor
daño social o afectan bienes reconocidos universalmente como
básicos para el desarrollo de la persona humana". En segundo
lugar, habla del "reconocimiento de límites absolutos para
el ejercicio del poder penal": el "principio garantístico"
para los ámbitos penal, procesal y penitenciario.
Después menciona, como un indicador importante, la
"transparencia en el ejercicio del poder penal", lo que debe
entenderse como "la lucha proscripción y lucha contra el
sistema penal oculto".
Debe agregarse, también, la "máxima
judicialización del ejercicio del poder penal"; es decir: el
"monopolio jurisdiccional" de éste. Además, las
instituciones que ejercen dicho poder penal deben estar sometidas
a un control específico y dentro de ellas tienen que existir
mecanismos de participación ciudadana. Finalmente, Binder
establece otro indicador fundamental: el trato humanitario a los
presos.
Es a la luz de todos los elementos anteriores que debe
abordarse la discusión en torno a la existencia o no de una
política criminal en El Salvador, así como la calidad
de la misma desde la perspectiva de un Estado democrático de
Derecho fundado en la vigencia real de los derechos humanos. Como
se puede observar, en nuestro país hay mucha tela que cortar
al respecto y pensamos que así como están las coasas
--mientras no se propicie una discusión seria y responsable
entre la sociedad sobre el tema-- el futuro de sus habitantes corre
mucho peligro.-----
ARANGO VA AL PCN. Víctor Antonio Cornejo Arango, miembro del
partido ARENA, renunció al mismo para incorporarse al
Partido de Conciliación Nacional (PCN), revelaron fuentes
políticas el 12.11. Cornejo Arango dijo que su
dimisión fue obligada, debido a que la dirigencia de ARENA
no tomó en cuenta sus planteamientos que a su juicio eran
para el beneficio del partido. "Lamento salirme de ARENA pero me vi
obligado", insistió. Antes de dejar ARENA, el disidente
había dado un plazo de 15 días al COENA, para que lo
incorporaran a esa instancia. El plazo venció el 09.11.
También se retira del partido el ex director de la
Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente, Horacio
Ríos, y varios alcaldes, quienes acusaron a ARENA de
verticalismo en la toma de decisiones y carencia de mecanismos
para consultar las bases. La Vicepresidenta de ARENA, Carmen Elena
Calderón de Escalón, felicitó a Cornejo
Arango, por su decisión de retirarse de ese instituto
político y buscar albergue en otro. Este último
había conversado, antes de ingresar a las filas del PCN, con
los secretarios generales del Partido Liberal Democrático
(PLD), Kirio Waldo Salgado, y Movimiento de Solidaridad Nacional,
Edgardo Rodríguez. Mientras tanto, el PCN confirmó el
13.11 la incorporación de Víctor Antonio Cornejo
Arango a este instituto político. El Secretario General del
PCN, Ciro Cruz Zepeda, dijo que el ex miembro de ARENA y su grupo
se incorporan al partido en forma incondicional, es decir, sin
exigir ningún puesto en el cuadro de dirección.
Además aseguró que el ingreso de los disidentes de
ARENA se produce porque no hay espacios en los otros institutos
políticos y porque son "pecenistas" que vuelven al partido,
debido a que muchos de ellos se fueron para ARENA en años
anteriores (LPG 13.11 p.9-a, DH 13.11 p.3, EM 12.11 p.3).-----
AMENAZAS DE MUERTE. Las amenazas de muerte de las que ha sido
objeto la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos,
Victoria Marina de Avilés, provienen de sectores que no
creen en la paz, declaró el 20.11 el Director de la PNC,
Rodrigo Avila, quien, además, aseguró que se
redoblará la seguridad de la funcionaria. Avila
manifestó sentirse preocupado por las amenazas de muerte
hacia la funcionaria de los Derechos Humanos, quien la segunda
semana de noviembre denunció tales hechos. Las amenazas
consistieron en llamadas telefónicas a la Procuradora
advirtiéndole de secuestrar y violar a dos de sus hijas, o
atentar contra sus empleados, incluyendo delegados departamentales
distribuidos a nivel nacional. Mientras tanto, la Presidenta de la
Asamblea Legislativa, Gloria Salguero Gross, lamentó tal
situación e insistió en la aplicación de la
pena de muerte, como única salida al flagelo de la
delincuencia. La presidenta del Parlamento dijo que esas acciones
son cosas del pasado, las cuales ya no tienen espacio en el nuevo
sistema democrático que se intenta construir en el
país. Salguero Gross sostuvo que sólo con la
implementación de la pena de muerte se lograría
paralizar el alto índice delincuencial y las violaciones
verbales y de todo tipo que tienen alarmada a la población.
Asimismo, la Federación de Asociaciones y Sindicatos
independientes de El Salvador (FEASIES) manifestó su apoyo,
reconocimiento y solidaridad a la Procuradora y a su grupo
familiar, e invitó a la Comunidad Internacional a generar un
mayor acercamiento y vigilancia sobre el acontecer diario que viven
los salvadoreños (DL 21.11 p.3).-----
DESTITUYEN A COLINDRES. Con el apoyo de los diputados de ARENA, la
fracción legislativa del PDC destituyó mediante
votación el, 22.11, al representante del Tribunal Supremo
electoral, Eduardo Colindres. La votación se efectuó
durante la sesión plenaria, en la cual se obtuvieron 51
votos a favor, 41 correspondientes al partido ARENA. La
moción para destituir a Colindres fue presentada por
Mélida Villatoro, del PDC, quien expuso que la
destitución era necesaria debido a que éste ha
sostenido una conducta errática en su cargo. Según
Villatoro, Colindres ha utilizado empleados del TSE para otros
fines y ha ejercido parcialidad durante su gestión, en
detrimento de los asuntos internos del PDC. Mientras tanto, Carlos
Claramount, del PDC, expresó que la destitución de
Colindres viene a dar al traste con los deseos de
reunificación del partido. Para Claramount, el apoyo de
ARENA a la moción del PDC evidencia que el partido de
gobierno "ha dejado de ser un actor tras bambalinas en los asuntos
internos", del PDC. El político no descartó que en el
futuro haya medidas disciplinarias contra los miembros del partido
que propiciaron la destitución de Colindres. Por su parte,
el magistrado del TSE, Félix Ulloa, señaló que
el hecho siembra incertidumbre al interior del Tribunal, por cuanto
la Asamblea Legislativa tomó una decisión arbitraria
en contra de un miembro de este organismo independiente sin haberlo
sometido primeramente a un juicio justo o a una evaluación
de su trabajo. Técnicos del TSE consideraron que el apoyo de
ARENA en la destitución de Colindres tiene que ver con un
respaldo decidido a Umaña (LPG 23.11 p.6-a, EM 22.11 p.3).-
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LEY DE TELECOMUNICACIONES. Miembros del partido Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de
organizaciones no gubernamentales presentaron el 25.11 un recurso
de inconstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones, aprobada
recientemente por diputados de ARENA. Orlando Quinteros, diputado
por el FMLN, dijo que la presentación del recurso se da
porque en esencia la ley viola el artículo 110 de la
Constitución de la República en el que se
señala que es obligación del Estado "regular y
vigilar los servicios públicos prestados por empresas
privadas y la aprobación de sus tarifas". A juicio de
Quinteros, los artículos 4, 7, 19 y 20 de la Ley de
Telecomunicaciones contradicen este mandato constitucional, pues
dan libertad a los operadores a negociar libremente los recursos
esenciales en cuanto a precios, condiciones e interconexión.
Martínez señaló que las tarifas por el
servicio telefónico, aun sin haber pasado a manos privadas,
se ha incrementado en un 100%. El político también
señaló que la mayoría de la población
no sólo debe absorber este incremento, sino que está
expuesta a más aumentos en las tarifas, conforme se
consolide la privatización de la Administración
Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). El FMLN señala que
esta ley, al dar base a las privatizaciones y sobre todo, la de
ANTEL, violenta el Artículo 101 de la Constitución,
que impone al Estado la obligación de hacer leyes en favor
de los intereses y el bienestar económico de todos los
salvadoreños, cuando se garantiza "que el orden
económico debe responder esencialmente a principios de
justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del
país" (DL 25.11 p.3, LPG 26.11 p.28-a y DH 26.11 p.13).-
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REFORMA A PENSIONES. A través de cadena nacional de radio y
televisión, el Presidente de la República, Armando
Calderón Sol, presentó, el 25.11, el plan
gubernamental de reforma al sistema de pensiones. El Presidente
presentó los resultados de un diagnóstico realizado
al actual sistema previsional "en crisis", así como la
"solución histórica" diseñada por su gobierno.
En su discurso, Calderón Sol aclaró que el proceso de
reforma no contempla la eliminación ni la
privatización de los actuales regentes, INPEP e ISSS. El
mandatario puntualizó en que la adopción de las
reformas es urgente en vista de las "tristes realidades del sistema
actual de pensiones". Asimismo, hizo alusión a la supuesta
quiebra en que se encuentra al sistema previsional, el cual, en sus
26 años de funcionamiento, ha atravesado por 119
modificaciones que no han sido suficientes para solventar los
problemas creados por el factor demográfico que amenaza con
establecer, en los próximos 7 años, una
relación de 5 trabajadores por cada pensionado. El
mandatario aseguró además que con los cambios
aumentarían las pensiones mínimas, que se
establecerían ajustes anuales para todo pensionado y que
extenderían los aumentos de pensiones a los familiares de
los jubilados fallecidos. La ley contempla, sin embargo, que las
pensiones más grandes disminuirán su monto.
Aclaró, sin embargo, que la reforma de pensiones no
implicará modificaciones para los pensionados actuales o los
que están próximos a jubilarse, pero a éstos
les prometió que seguirán recibiendo sus pensiones.
(LPG 26.11 p.8-a, DH 26.11 p.2, 26 y 27).-----
DESMIENTE INCREMENTO. El presidente de la República, Armando
Calderón Sol, dijo, el 18.11, que en el Presupuesto 1997 no
aparece ningún aumento para la Fuerza Armada, como lo han
venido especulando algunos sectores. Calderón Sol, sin
embargo, no entró en detalle sobre algunas críticas
de la oposición en lo que respecta al rubro militar. "Decir
que se está incrementando el presupuesto de la Defensa no es
correcto ni es la verdad", reiteró Calderón Sol.
Diputados de diferentes partidos políticos expresaron
recientemente que existen posiciones favorables hacia otorgar una
asignación extra a los 885.6 millones de colones que
contempla el presupuesto para el próximo año, con la
condición que dicho aumento sea empleado para incrementar el
salario de los soldados, excluyendo de ello a los mandos medios y
altos de la institución castrense. No obstante,
Calderón Sol recalcó que la voluntad del Gobierno se
expresa en el monto asignado, tal y como lo ha presentado el
Ministerio de Hacienda. "Todos conocen la voluntad del Gobierno y
la aceptación de los diputados (sobre el presupuesto)", dijo
el mandatario al reiterar que el rubro asignado al Ministerio de
Defensa es "exactamente igual al del año pasado y del
antepasado". "No es cierto (lo del incremento), la
información es inexacta", dijo. Por otro lado, al ser
consultado sobre la pena de muerte ligado con el VII aniversario de
los jesuitas, congregación que a pesar del asesinato de 6 de
sus miembros objetó la ley, Calderón Sol dijo que
había que definir dos situaciones, calificando el caso de
los jesuitas como "un vulgar asesinato, condenable, que no tiene
nada que ver con la intención de los que quieren la pena de
muerte" (LPG 19.11 p.22-a y DL 18.11 p.1).-----
POLEMICAS REFORMAS. El 22.11 la mayoría de fracciones
legislativas, exceptuando al FMLN, aprobaron una serie de reformas
al Código Electoral. Entre las reformas electorales
aprobadas figura la que se refiere a cancelar la deuda
política a todos aquellos institutos nuevos que presenten el
total de votos válidos autorizados por el TSE después
de las elecciones. Partidos políticos como PUNTO y PLD
indicaron, el 22.11, que desde el momento que fueron aceptados como
partidos legalmente inscritos ante el TSE, entre los derechos que
adquirieron se encuentra implícito el acceso a la deuda
política. En este sentido, argumentaron que es
inconstitucional la reforma al Código Electoral, por medio
de la cual restringen el acceso a la deuda política a las
nuevas instituciones que carezcan de representantes en la Asamblea
Legislativa y Concejos Municipales. Mientras tanto, para el
secretario general del Movimiento Unidad, Jorge Martínez,
"con las enmiendas aprobadas se pretende cerrar la
participación de la población en política, lo
que pone en riesgo la credibilidad de los procesos electorales".
Por su parte, Juan José Martell, de Convergencia
Democrática, criticó la forma precipitada y
atropellada en que se tomaron las decisiones, mientras que el
representante de ese instituto político ante la Asamblea,
Jorge Villacorta, fue uno de los que respaldó que se impida
el acceso de partidos nuevos a la deuda política.
Finalmente, Roberto Lorenzana del FMLN se pronunció ante el
pleno legislativo porque se concediera el adelanto de la deuda
política a los partidos inscritos recientemente, calificando
de un error político el hecho que a las puertas de las
elecciones se tome una decisión de tal magnitud (LPG 23.11
p.4-a). -----
CONVENCIONES PARTIDARIAS. El Partido Demócrata Cristiano
(PDC) realizó, el 24.11, una Convención Nacional para
elegir sus nuevas autoridades. Mediante votación se
pretendía elegir al Secretario General, Carlos Claramount
logró 114 votos, Ronal Umaña 108 y Arístides
Alvarenga 5. Debido a que ninguno de los candidatos alcanzó
los dos tercios que demandan los estatutos. Claramount y
Umaña reflejaron una igualdad de fuerzas al interior del
partido y después de sostener conversaciones a puertas
cerradas, acordaron suspender la convención y dejarla
abierta para el 01.12. La convención se caracterizó
por histéricos debates, señalamientos personales y
una serie de calificativos denigrantes. Una de las figuras
criticadas fue la diputada Rosa Mélida Villatoro, al parecer
por impulsar la destitución del Magistrado por el PDC ante
el Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Colindres,
disposición que contó con el respaldo de ARENA.
Mientras tanto, el partido Convergencia Democrática
celebró, el 24.11, su convención departamental de
delegados de San Salvador, para elegir a sus candidatos a alcaldes
y diputados a participar en las elecciones de marzo. Durante el
evento, no se eligió el candidato a la Alcaldía de
San Salvador, a la espera que se conforme un bloque de
oposición que presente un candidato único que
enfrente a Mario Valiente, de ARENA, según explicó
el miembro del directorio de la Convergencia Democrática,
Irvin Rodríguez. Este último sostuvo que actualmente
se están realizando conversaciones con el FMLN, Movimiento
de Unidad y PD para elegir a un solo candidato capaz de competir
con Valiente, añadiendo que se estudia la posibilidad de
apoyar la candidatura de Herman Schlageter que ya fue electo por el
Movimiento de Renovación (LPG 25.11 p.6-a, DH 25.11 p.15, EM
25.11 p.2).