UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



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año 17

número 735



noviembre 20

        1996   



ISSN 0259-9864



ARENA no habla de economía

La economía en el tercer trimestre de 1996

El modelo de desarrollo (en formación) de integración

competitiva 

El presupuesto militar: obstáculo al desarrollo del

país

La bendita detención provisional



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                ARENA no habla de economía



    El Banco Central de Reserva asegura que los índices

macroeconómicos siguen siendo saludables. Incluso predice

una inflación acumulada menor de lo previsto para finales de

este año. No obstante el significado positivo de estos

anuncios periódicos, éstos cada vez son menos

creíbles, porque la realidad cotidiana del país es

otra cosa muy distinta. Si los índices a los que recurre el

Banco Central de Reserva para mostrar su buen desempeño

pretenden reflejar la realidad salvadoreña en alguna medida,

los que maneja están muy alejados de ésta o, en

realidad, esos índices son positivos a costa del deterioro

de la misma. Es tanta la diferencia entre la realidad y las

estadísticas del Banco Central de Reserva que algunos dudan

de la veracidad de sus cálculos.

    De todas maneras, los altos funcionarios del banco nos tienen

acostumbrados a estos anuncios periódicos, en los cuales

repiten invariablemente que la economía salvadoreña

es sana y sólida. Pero si esto es así, ¿por

qué el gobierno y ARENA en particular no recogen este

supuesto éxito en su discurso político? ¿Por

qué no explican las presuntas bondades que las

estadísticas estarían mostrando? Es curioso que un

logro tan relevante no sea realzado por los políticos del

partido gobernante.

    La respuesta es sencilla. ARENA no se atreve a decir a la

población que la situación de la economía

nacional es saludable y próspera. El gobierno repite

cautelosamente las afirmaciones del Banco Central de Reserva, pero

sin dar demasiadas explicaciones. Habría que explicar, por

ejemplo, por qué disminuye el crecimiento económico

y no se generan nuevos empleos, mientras los índices

macroeconómicos son positivos. Es decir, la estabilidad

macroeconómica se mantiene aunque la economía no

crece ni crea empleos nuevos. La economía salvadoreña

no goza de tan buena salud como sus responsables principales aducen

en público.

    Las medidas anunciadas con carácter inmediato por el

presidente Calderón el 1 de junio pasado, orientadas a

resolver algunos de los problemas más graves, se

implementaron a medias y tardíamente, y debían ser

complementadas por otras medidas de mediano plazo que no se

adoptan. Dicho en otras palabras, el gobierno de ARENA no tiene

respuesta para enfrentar la recesión económica y

detener el deterioro de las condiciones de vida de la

mayoría de la población.

    Quizás por eso habla de "milagro" económico, una

intervención maravillosa que no acaba de producirse, pero

que de darse, resolvería bastantes problemas

económicos y sociales -según los cálculos de

los directores de la política económica. Pareciera

que el gobierno de ARENA ha renunciado a dirigir los destinos de la

economía nacional, dejando su futuro en manos de los grandes

consorcios internacionales. Conseguida la estabilidad

macroeconómica -la condición fundamental-, ahora

sólo queda esperar las buenas noticias de la

inversión masiva del capital transnacional; pero pudiera ser

que este "milagro" no ocurriese o su impacto fuese menor del

calculado.

    ARENA no se atreve a hablar de la recesión

económica, ni explica la contradicción entre los

índices macroeconómicos positivos y la realidad

cotidiana de la mayoría de la población, sino que

promete un þmilagroþ, que no depende de su voluntad ni de su poder.

Tampoco se atreve a reconocer que está dispuesta a entregar

el país al gran capital transnacional. El más

nacionalista de los partidos políticos es el que menos

piensa en El Salvador a la hora de plantearse su desarrollo

económico y social. Por la cuenta que le trae, ARENA guarda

silencio sobre estas realidades nacionales.

    Como no puede hablar de la grave situación

económica del país, se concentra en el tema de la

delincuencia y en las medidas que dice adoptar para combatirla, de

manera particular en el endurecimiento de los procedimientos

penales, y en concreto, en la reimplantación de la pena de

muerte. Sin embargo, el problema es tratado con gran ligereza y las

decisiones que se toman al respecto obedecen más a los

intereses políticos partidistas que a una

preocupación real por la violencia que golpea a la sociedad.

El gobierno de ARENA carece de un plan coherente para enfrentar la

delincuencia. Ni siquiera tiene clara la relación entre

violencia y delincuencia. De todas maneras, a nivel de discurso,

ARENA no muestra la misma preocupación ni la misma

determinación para enfrentar la pobreza creciente y el

deterioro de los servicios sociales.

    Al olvidarse de la economía nacional y concentrarse en

la delincuencia, ARENA procede con buena inteligencia

política. Silencia sus puntos débiles e insiste en

otros que, además de ser importantes para la opinión

pública, no representan grandes costos políticos.

Esto le permite presentarse como un partido político

preocupado por el bienestar de la población, que tiene

solución para uno de sus problemas principales. La crisis se

presentará cuando se constate que tampoco tiene respuesta

para enfrentar la inseguridad ciudadana. Pero, de momento, ARENA

saca buen provecho de lo que las encuestas de opinión

pública señalan como una de las preocupaciones

mayores de la población. Así, toma lo que le interesa

y deja de lado aquello que no le conviene, desviando la

atención de la crisis económica y social.

    Esto quiere decir que ARENA estudia con atención los

resultados de las encuestas de opinión. En público

las ataca e intenta desautorizarlas; pero, en privado, las toma en

serio y saca sus propias conclusiones. Sin duda, una de

éstas es que no le conviene hablar de pobreza y desempleo,

no obstante ser una de las preocupacions principales de la

opinión pública y sí de la delincuencia, en

cuyo combate puede hacer promesas creíbles

momentáneamente.

    No estaría de más que el presidente

Calderón evaluara rigurosamente el desempeño de su

gabinete económico a partir de los resultados obtenidos en

relación con el deterioro de las condiciones de vida de las

mayorías. Sería igualmente bueno que hiciera

público los criterios de su evaluación y, por

supuesto, sus conclusiones. Lo mismo se podría recomendar

para las demás carteras de Estado.

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        La economía en el tercer trimestre de 1996



    El pasado 12 de noviembre el Presidente del Banco Central de

Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla, presentó su informe

económico correspondiente al tercer trimestre de 1996 el

cual tradicionalmente se centra en el comportamiento de las

más importantes variables macroeconómicas, tales

como la producción, precios, sector externo y

déficit fiscal. Estos informes ciertamente son rutinarios;

sin embargo, lo que en esta ocasión distingue al informe

coyuntural es que muestra una marcada tendencia hacia el

desequilibrio macroeconómico (especialmente en lo tocante

a las finanzas públicas) y una profundización de la

recesión económica. Sin duda que esta

dinámica es lo más destacable del informe del BCR,

pero no debe soslayarse tampoco un hecho sorprendente: la

reducción del déficit de la balanza comercial.

    De acuerdo el Presidente del BCR, se perciben señales

de que el país está ante un inminente proceso de

recuperación de los niveles de crecimiento debido,

primero, al ciclo normal del ciclo de la economía, "porque

es en el cuarto trimestre que salen las cosechas agropecuarias, y

por otro lado, por las fiestas navideñas que siempre traen

una actividad comercial mayor". Por otra parte, en lo tocante al

comportamiento de la balanza comercial expresó que este

fue satisfactorio, pues se logró reducir su déficit

en base a un incremento de las exportaciones y una

reducción de las importaciones.

    Frente a estas valoraciones resulta de interés hacer

un balance económico de los primeros 9 meses de 1996, en

orden a destacar el notable cambio en el comportamiento de las

variables macroeconómicas experimentado durante el

presente año, especialmente en lo tocante al

comportamiento de la producción y el sector externo.

Adicionalmente no es ocioso preguntarse cuál ha sido el

efecto de las políticas de emergencia anunciadas en junio

pasado por el Presidente de la República, Armando

Calderón Sol.

    En primer lugar, en relación a la tasa de crecimiento

del Producto Interno Bruto los datos del BCR establecen que este

se situará en un rango de entre 3 y 4 por ciento, lo cual

implica una nueva reducción de las proyecciones de

crecimiento que anteriormente se situaban en un mínimo de

4 por ciento. Ateniéndose al comportamiento del Indice de

Volumen de la Actividad Económica lo más probable

es que el nivel de crecimiento se sitúe inclusive por

debajo del 3 por ciento, pues hasta agosto pasado este se

habría incrementado en tan sólo 0.8 por ciento en

relación al mismo mes del año pasado, en cambio

entre agosto de 1994 y agosto de 1995 el IVAE se

incrementó en un 8.8 por ciento. 

    En segundo lugar, el comportamiento de los precios

reflejaría que durante los nueve primeros meses de 1996 se

habría logrado contener el proceso inflacionario observado

durante el año anterior y aún durante los primeros

meses del presente año. Así, la tasa de

inflación entre septiembre de 1996 y septiembre de 1995

habría sido de 8.7 por ciento, mientras que la

correspondiente al período septiembre 1994 y septiembre

1995 habría sido de 12.0 por ciento. Incluso de acuerdo a

la información proporcionada por el BCR durante el mes de

septiembre pasado se registró una disminución del

Indice de Precios al Consumidor por el orden del -0.6 por ciento.

    Por otra parte, en lo tocante al sector externo es

importante destacar nuevamente que se reportó una

inusitada reducción del déficit de la balanza

comercial, lo cual vino a romper la tendencia observada a lo

largo de las últimas dos décadas. Lo anterior

podría ser una buena noticia de haberse conseguido en base

a un incremento de las exportaciones tradicionales o no

tradicionales y a una reducción de importaciones no

necesarias o de consumo. Desafortunadamente la realidad es que el

mejoramiento de la balanza comercial en realidad no refleja

solvencia del aparato productivo, sino más bien que la

recesión económica también está

afectando la demanda de importaciones y la oferta de

exportaciones. 

    La reducción de 2.9 por ciento en las importaciones

experimentado entre enero y septiembre de 1996 y el mismo

período de 1995 ha sido producto de un drástica

reducción de las importaciones de capital que cayeron en

un 17.8 por ciento, los importaciones de bienes de consumo se

redujeron únicamente un 3 por ciento. Lo anterior implica

que las importaciones han disminuido fundamentalmente debido a

una drástica caída de la inversión y en

mucha menor medida debido a una reducción del consumo o

importaciones no necesarias. Consecuentemente, el BCR no puede

afirmar que la caída de las  importaciones era anticipable

y que lo "vemos como algo positivo".

    Siempre en relación al sector externo resulta notable

mencionar que las exportaciones totales se incrementaron en un 8

por ciento, las exportaciones tradicionales lo hicieron en un 0.9

por ciento, las no tradicionales lo hicieron en un 4.6 por ciento

y las de maquila alcanzaron una tasa de crecimiento de 17.6 por

ciento. Cabe mencionar aquí que las exportaciones de

maquila fueron las que más aportaron al total (41.4 por

ciento), seguidas de las exportaciones no tradicionales (32.5 por

ciento) y las tradicionales (26.1 por ciento). La evidencia

anterior muestra que el incremento de las exportaciones ha sido

posible gracias a la expansión de las exportaciones de

maquila, las cuales se caracterizan por ser producidas en

empresas internacionales ubicadas en zonas francas, con bajo

efecto multiplicador, deficientes condiciones laborales y alta

inestabilidad.

    Finalmente, en relación al comportamiento del sector

público destaca una reaparición del déficit

fiscal lo cual, aunque no marca una ruptura con las

dinámicas de los últimos años, si debe

considerarse como una señal de alarma para las autoridades

económicas. Entre los períodos enero-septiembre

1995 y enero-septiembre 1996 el saldo de las finanzas

públicas pasó desde un superávit de 361

millones de colones a un déficit de 282.6 millones de

colones. Este cambio obedeció a un incremento de los

rubros "gastos más concesión neta de

préstamos" que excedió con mucho el incremento

obtenido en los ingresos totales del gobierno. Cabe destacar

aquí que la tendencia hacia el déficit fiscal ha

sido permanente pese a las políticas de

estabilización de las finanzas públicas; lo cual

podría deberse a que estas no han estado en capacidad de

reducir el gasto público, únicamente de aumentar

los ingresos aunque en una cuantía insuficiente para

obtener superávits de las finanzas públicas

sostenibles en el tiempo.

    Resulta evidente que el contexto macroeconómico

actual no refleja aún los supuestos efectos positivos que

teóricamente tendría el plan económico de

emergencia de doce puntos presentado por el Presidente de la

República el 1 de junio pasado. En gran parte lo anterior

se debe a que el gobierno, nuevamente, ha incumplido sus

ofrecimientos y solamente ha iniciado la ejecución de

cuatro de las doce medidas anunciadas: el plan de inversiones

públicas, retraso de la desgravación arancelaria,

exención de IVA a bienes de capital y reintegro de 6% a

las exportaciones no tradicionales. 

    Las restantes medidas no han sido ejecutadas aún

(Proceso, 725) y aunque lo fueran estas no tendrían

efectos apreciables sobre la producción sino hasta en el

mediano plazo (por ejemplo el incremento de los créditos

para la micro y pequeña empresa, el plan de

recuperación agropecuaria, el programa nacional de

competitividad, la promoción del país en el

exterior, etc.) lo cual, empero, no implica que estas no sean

necesarias.

    El balance económico del tercer trimestre de 1996

refleja que la recesión económica aún no ha

tocado fondo, que tampoco se han logrado avances significativos

en la estabilización de las finanzas públicas y que

la reducción de la brecha comercial se debe en realidad a

una reducción de las actividades de inversión.

Asimismo resulta claro que, pese al optimismo inicial del sector

empresarial, las medidas emergentes anunciadas por el gobierno no

han logrado recuperar los niveles de crecimiento.

    La recuperación económica necesariamente pasa

por una reactivación de los sectores fundamentales de la

economía, la cual a su vez requiere de una

redefinición de la asignación del crédito y

una reducción de las tasas de interés. Este

último aspecto es uno de los ofrecimientos no cumplidos

por el gobierno que debería recibir atención

especial.-----

         

    El modelo de desarrollo (en formación) de 

           integración competitiva 



         Rafael Guido Béjar

             Departamento de Sociología 

     Universidad Centroamericana José Simeón

Cañas





    Las propuestas para impulsar las actividades

económicas que se conviertan en los ejes principales de

acumulación y del desarrollo social del país han

sido variadas y numerosas en la década de los 90. En una

primera fase, junto a los programas de ajuste estructural, se

trazaron líneas para impulsar el modelo de

promoción de las exportaciones con base en los productos

no tradicionales. Luego surgieron otras como las zonas francas,

el turismo, el comercio y los servicios (en especial los

financieros), el relanzamiento de la industria regional y, cada

vez con mayor fuerza, la vuelta a la tierra con la agroindustria.

Ninguna por sí sola ha mostrado la energía

suficiente para "mover" al país.

    Cada una de estas proposiciones ha sido o es apoyada por

diferentes grupos empresariales. Se ha dado entre ellos distintos

tipos de acercamiento y han buscado entendimientos favorables con

el gobierno. Esto ha significado la búsqueda de diferentes

compromisos y, sobre todo, de diversos recursos políticos

para disponer de los medios financieros, técnicos, de

infraestructura, organizacionales, etc. En torno a estas

propuestas y el dominio de los recursos se han dado variadas

aproximaciones entre las élites empresariales: por un

lado, pugnas y alejamientos, disputas y rivalidades; por otro,

afinidades, negociaciones y pactos que dejan ver, paulatinamente,

las orientaciones del nuevo modelo de desarrollo.

    Hasta el momento, aún no hay una definición

precisa, aunque pueden ya observarse algunos rasgos que conforman

la base del modelo en formación. Posiblemente, el

más importante es la conformación --entre la pugna

y la cooperación-- de la alianza socio-política de

conducción del nuevo modelo. Su principal idea y

motivación es integrar la vida nacional a la com-

petitividad globalizada para lo cual impulsa, y estos son los

rasgos más visibles del patrón de desarrollo

embrionario, la desnacionalización, la desin-

dustrialización, la desregularización

económica y laboral y la desprotección social. A la

primera se le llama privatización, a la segunda in-

tegración industrial y a las dos últimas

flexibilización; a todas en conjunto modernización.





Las bases del modelo

    Sobre estas tendencias se construirá el aparataje

productivo, comercial y de servicio que logre articularse, y se

reconstruirán las bases materiales del Estado. La tenden-

cia hacia la desindustrialización es visible en las

reacciones de ANEP y ASI que ven en la falta de programas de

reconversión industrial, en la eliminación de

incentivos y medidas proteccionistas para la industria

doméstica, en las iniciativas económicas de aper-

tura, signos claros de la renuncia a construir una industria

completa e integrada nacionalmente. 

    El "Manifiesto salvadoreño" de ANEP es un programa

industrializador de un grupo     --en exclusión hasta el

momento-- en busca de una alianza y de la fuerza política

que no encuentra, también hasta el momento, en el resto de

grupos económicos fuertes que se orientan a la (en for-

mación) alianza en el poder. Como en otros países

latinoamericanos, ciertas ramas industriales, las que muestren

capacidad y vocación para este tipo de integración,

se reconvertirán en áreas de especialización

de las grandes empresas globalizadas. Las que no puedan man-

tenerse en la competencia desaparecerán --según las

reglas del liberaldarwinismo. No quedarán ni los mercados

vecinos que han mantenido en funcionamiento a la industria

nacional, pues éstos estarán en las redes de la

industria internacional.

    La tendencia desnacionalizadora está ya muy avanzada.

La banca está en manos privadas desde hace ya varios

años y otras empresas estatales se preparan para con-

vertirse en propiedad de las grandes compañías

internacionales y sus socios nacionales. La estructura legal y

financiera están ya establecidas. En esta tendencia, como

en la anterior, se han producido las diferencias más

importantes entre las élites salvadoreñas. Muchas

de ellas quedaron excluidas en la distribución de los

recursos bancarios y ahora otras han llegado a controlar los

mecanismos de privatización para que no ocurra, al menos,

la distribución en la forma anterior.

    La desregulación económica y laboral tam-

bién están muy adelantadas. Las regulaciones no

sólo están en desuso sino que ya están

siendo sustituidas por otras más adecuadas al movimiento

global de la economía. Entre las nuevas formas de

contratación real de la fuerza laboral, la nueva legalidad

y los nuevos organismos del trabajo, tiene lugar la flexibiliza-

ción del trabajo que deja en desprotección a

grandes contingentes laborales. La protección social que

no esté en función de estas nuevas formas or-

ganizativas está desapareciendo ante la angustia y

desesperación de las masas que en forma limitada se

beneficiaban de esas estructuras en extinción.



La alianza conductora en formación

    Las élites más competitivas y

dinámicas, más fuertes, del país han llegado

a constituirse en fuerza política fáctica, han

definido y redefinido sus elementos de dirección, sus

repertorios de movilización y lucha, sus objetivos y

metas. Sobre todo han logrado apoderarse de importantes sectores

del partido de gobierno y de estado, a los cuales aunan sus

recursos en el mercado y su poder corporativo y de conduc-

ción sectorial para impulsar y potenciar la contienda por

la hegemonía frente a las otras élites

económicas y políticas y frente a lo que llaman

nación.

    Dos élites socio-políticas liberales dominan

la escena estatal y el patrón de desarrollo del

país. Una basada más fuertemente en el agro, en las

actividades cafetaleras, cerealeras y ganaderas --naturalmente

con ramificaciones en sectores bancarios y exportadores. Otra

descansando más en el sector financiero y comercial, con

ramificaciones en la industria más relacionada con las

transnacionales y también en el agro. 

    Ambas están enfrascadas en fuertes pugnas y luchas

intestinas, pero sus intereses globales las llevan a la colabora-

ción obligada por la coyuntura y los requerimientos

internacionales de estabilidad entre los grupos políticos

más importantes. Durante un año entre estos grupos

mediaron una serie de hechos encubiertos, como amenazas, asaltos

y bombas a casas particulares y empresas, secuestros,

movilizaciones de grupos y sectores descontentos en el interior

del país, etc. En la convocatoria del FMI y BM en

Washington hicieron causa común y avanzaron en la

constitución interna de cada grupo como alianza confiable

ante los inversionistas internacionales.

    Las diferencias entre las élites son de todo tipo, en

especial en cuanto a la competencia por los recursos materiales y

de poder y en la cual los financistas han llevado la delantera.

Pero los agrario/liberales centran sus diferencias en las luchas

en contra de los monopolios que impiden la liberalización

real de los mercados y, por tanto, de la competencia. Ellos

tratan de eliminar sus desventajas destruyendo los monopolios

estatales, el monopolio bancario y el monopolio privado de

grandes empresas, como la más importante la transpor-

tación aérea centroamericana. 

    Este grupo liberal ha logrado controlar puestos  importantes

para la política del sector agrario del Estado, como lo

muestran los cambios ministeriales más recientes, pero

también controla el área de la modernización

del Estado, léase la privatización de los bienes

estatales. Sería interesante conocer los planes que tienen

para compatibilizar el atraso de las relaciones sociales y

productivas en el agro con las tareas de modernización que

se basan en la tecnología y la competitividad. Tam-

bién como resolverán las necesidades de protec-

ción estatal de muchos de sus grupos agrarios.

    El otro grupo liberal, "¿liberalmonopolistas?" como los

acusa la otra élite, controlan el área

económica y financiera del Estado y del mercado,

así como otras instancias públicas. El peso en la

industria, el comercio y los servicios transnacionalizados es

visible. Su importancia internacional ha sido mostrada en los

años anteriores como en la actualidad al ser referentes

claves para los inversionistas transnacionales. Ninguno de los

dos grupos, hasta el momento, muestran preocupación por

preservar e impulsar una industria nacional. También

sería importante conocer cómo este grupo armoniza

la actividad monopólica con los requerimientos de la

liberalización económica y la competitividad de la

globalización.

    Frente a los liberales, fuera del Estado y fuera del pacto

liberal, en una posición desventajosa, se encuentran los

grupos que denominaremos desarrollistas (sin el menor sentido

peyorativo, sino por las relaciones proteccionistas con que han

funcionado con el Estado desarrollista), los que se formaron en

el período del desarrollo de sustitución de impor-

taciones y que tras un largo y arduo proceso de treinta

años habían logrado diferenciarse de los sectores

rurales. De nuevo, aquellos les han ganado ventaja al

transformarse con mayor velocidad e incorporarse a la industria

transnacional a través de un proceso de reconver-

sión industrial aún no iniciado por los desarrollistas.

    Estos grupos empresariales, al igual que la mediana y la

pequeña empresa, requieren de un Estado proteccionista por

un tiempo más prolongado, mientras logran la reconver-

sión industrial. Necesitan de verdaderas políticas

industriales y líneas de incentivos. La mayor parte de

élites políticas opositoras se sitúan en

esta tendencia desarrollista al ubicar sus propuestas y

soluciones muy cercanas a las concepciones estatistas del desar-

rollo.

    Es importante conocer como estos grupos estructuran sus

estrategias para lograr los recursos materiales y de poder para

avanzar en su desarrollo, y como diseñarán las

formasde aproximación a las élites

hegemónicas en este período de acomodos de los

diferentes grupos al nuevo patrón de desarrollo en for-

mación.-----

    

   El presupuesto militar: obstáculo al desarrollo del

país





                  Oscar Martínez Peñate

          Departamento de Sociología

      Universidad Centroamericana José Simeón

Cañas







De la dictadura a la república

    Aunque históricamente se ha hablado de que El Sal-

vador ha sido una República, esto es cuestionable cuando

la población no ha ejercido el derecho soberano de elegir

libremente a sus gobernantes, cuando el poder político ha

estado limitado en un reducido grupo económicamente

dominante y cuando en la persona del "presidente" de turno se han

concentrado los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y

Judicial.

    Se ha dicho que la Fuerza Armada vivirá mientras viva

la República y si en El Salvador no ha habido

República, entonces no ha tenido razón de ser la

existencia de la Fuerza Armada en el país. Y si la oligar-

quía y los militares le han llamado a la dictadura

República, quiere decir que en este momento, en que se ha

iniciado el proceso de democratización en El Salvador, si

se camina supuestamente a la democracia y este término es

antónimo de dictadura, ya no es necesario que exista la

Fuerza Armada para guardar y mantener en pie la dictadura, porque

el país se enrumba hacia la democracia.

    Si en El Salvador se habla de Estado de derecho, se debe de

comenzar con el "respeto de todos, a la autoridad de la ley", tal

y como lo afirman los ministros de la defensa de Guatemala, El

Salvador y el comandante en jefe de la fuerzas armadas de Hon-

duras. Pero los principales transgresores de la ley y del Estado

de derecho son y han sido los militares, por excluirse de la

aplicación del derecho y la igualdad. Al respecto, John

Kenneth Galbraith, premio nobel de economía, nos dice que:

"El sector militar, lamentablemente, se ha convertido en

núcleo de poder. Decide el tipo de armas y el

número de fuerzas que debe tener y cuenta con el

suficiente poder político para asegurarse los fondos

necesarios. Otra vez estamos aquí ante una democracia

imperfecta".



La Fuerza Armada, súper ministerio del ejecutivo

    En El Salvador, el Ministerio de la Defensa es un

súper poder que se impone no solamente sobre el Ejecutivo,

sino incluso sobre el Legislativo. Se supone que todas las

instituciones del Estado están obligadas a presentar un

presupuesto en el que se especifique claramente en qué

invertirán los recursos, con el fin de que la solicitud y

aplicación del presupuesto sea transparente. No obstante,

el presupuesto de los militares en El Salvador es un top secret,

y, en lugar de que el mismo se disminuya, año con

año experimenta aumentos significativos, sin saber que

eude claro para qué se hacen, precisamente para ocultarle

a la opinión pública su monto real.

    A pesar de que es la población la que paga con sus

impuestos el astronómico presupuesto a la Fuerza Armada,

ésta le oculta a los contribuyentes en qué se gasta

los millones que reciben cada año.





                           CUADRO No.1

         CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA FUERZA ARMADA

                  DE EL SALVADOR (EN MILLONES)





           þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ        

              AñO                          COLONES                          DóLARES            

 

                                             ES                               USA                

           þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ        

                                                                                         

              1981                       179.444.270                       20.507.916           

                                                                                                

              1993                       866.483.700                       99.026.708           

                                                                                                

              1996                       885.623.435                      101.214.106           

                                                                                                

           þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ       



FUENTE: Diario Oficial, San Salvador, Tom.269, No.242, 23 de diciembre de 1980, p.4.

        Diario Oficial, San Salvador, Tom.317, No.237, 23 de diciembre de 1992, p.3.

        Diario Oficial, San Salvador, Tom.329, No.238, 22 de diciembre de 1995, p.4.





De la guerra a la paz y de la paz a la guerra

    Es de hacer notar que actualmente la Fuerza Armada tiene un

presupuesto mucho mayor que el que tenía cuando

había guerra en el país y estaba constituida por

sesenta mil hombres y ahora tiene treinta mil efectivos; aunque

esto no es seguro, puesto que como no se conoce el presupuesto no

se puede afirmar si realmente son treinta mil los miembros de la

institución armada. 

    La Fuerza Armada de El Salvador no tiene un presupuesto de

paz sino de guerra. Además de ser un obstáculo al

desarrollo del país, es incongruente en el contexto

internacional, puesto que los países industrializados

tienden a disminuir el presupuesto militar. A nivel

centroamericano, el istmo dejó de estar en crisis y,

además, El Salvador, al igual que los demás

países de Centro América, está tomando

medidas concretas para profundizar la integración

centroamericana, mientras que las líneas fronterizas se

desdibujan cada vez más. 

    Un estudio elaborado por el Centro para la Paz, de la

Fundación Arias, fundado por el ex presidente de Costa

Rica, Oscar Arias, plantea, entre otros puntos, que "el

país de       mayor crecimiento del presupuesto [militar]

a nivel centroame  ricano es El Salvador, a pesar de la dis-

minución de efectivos militares, como parte de los Acuer-

dos de Paz de 1992".

    El Ministro de Defensa de El Salvador justifica el presu-

puesto de la Fuerza Armada con el siguiente argumento: "la

Defensa Nacional es el servicio primordial para que las

demás actividades del país funcionen adecuadamente.

Lo que se invierte en defensa nacional es necesario y justo para

el bien del país, independientemente de las circunstancia

en que se encuentre la nación".

    Lo primordial en este país en que todos los sal-

vadoreños tengan salarios justos y decorosos, trabajo,

seguridad pública, educación, vivienda y salud. La

Fuerza Armada es únicamente primordial para el poder

económico y para los militares mismos. El presupuesto del

Ministerio de Defensa serviría mejor si se destinara a

satisfacer las urgentes necesidades de la población, es

decir, en algo útil y beneficioso como es impulsar el

desarrollo económico y social.

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            La bendita detención provisional



    Recientemente se llevó a cabo en nuestro país

la IV JORNADA IBEROAMERICANA EN DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL Y

DERECHO ADMINISTRATIVO, con la participación de ilustres

juristas nacionales y extranjeros. En esta ocasión se

abordaron temas tales como: "Fundamentos Constitucionales de la

Teoría de Delito", "Responsabilidad Penal de las Personas

Jurídicas", "La Detención Provisional y la

aplicación de otras Medidas Cautelares", etc. siendo

éste último el tema de mayor controversia y de los

que generó más expectativas debido a su vital

importancia en el momento histórico que vive nuestro país.

    En efecto, debido a la falta de información que

prevalece en el ambiente jurídico-político en

general y a muchas interpretaciones erróneas de diversos

medios informativos sobre la detención provisional, se

percibe cierto repudio público hacia su suspensión,

en determinados casos, por parte de la Corte Suprema de Justicia

cuando conoce el proceso constitucional del hábeas corpus.

La opinión de la mayoría de salvadoreños y

salvadoreñas en este controvertido tema es terminante: la

Corte Suprema de Justicia está actuando irresponsablemente

al dejar en libertad a muchos delincuentes que más tarde o

más temprano vuelven a delinquir. El problema de esta

interpretación es sencillo pero preocupa, ya que se emite

opinión -a veces pública- sin comprender realmente

los alcances y contenidos de dichas resoluciones; sin saber con

conocimiento de causa el significado de la detención

provisional como medida cautelar; sin hacer una

interpretación extensiva de nuestra Constitución;

sin entender que los tratados internacionales ratificados por

nuestro país son ley de la República a tenor de lo

que establece su artículo 144; etc. En vista de lo

anterior, trataremos de explicar qué es una medida

cautelar, dentro de las cuales encontramos a la detención

provisional, con el objeto de que la ciudadanía en general

tenga parámetros ciertos de evaluación del trabajo

de la actual C.S.J. Sin embargo, hay que ser objetivos y agregar,

sin temor a equivocarnos, que dentro de todo este panorama

jurídico existe otro problema que sí es respon-

sabilidad única y exclusiva de los Magistrados de la Sala

de lo Constitucional: no miden con la misma vara a todos los

ciudadanos.

    Para solucionar en alguna medida la primera

problemática antes señalada explicamos, en primer

lugar, en qué consiste la detención provisional

como medida cautelar, para luego, en segundo lugar, entrar al

análisis de las consecuencias procesales de su uso in-

debido. Debemos tener bien claro que la detención

provisional es una medida cautelar personal por coerción.

Y es que las medidas cautelares pueden ser de tipo patrimonial

(ejemplo, la fianza) y de tipo personal, como es el caso de la

detención provisional, que dicho sea de paso sufre diver-

sas denominaciones en leyes procesales penales de

Iberoamérica, pero todas referidas a un mismo instituto:

medida cautelar provisional durante la tramitación de un

proceso penal, que se ha producido como síntesis del

conflicto social, apareciendo como necesidad para evitar el

retardo en la administración de justicia y la

aplicación de la futura pena.

    Habiendo entendido lo anterior, hay que pasar a decir

firmemente que nuestros jueces pueden y deben de hacer una

interpretación extensiva y no literal de los

artículos 12 y 13 de nuestra Constitución, tomando

en cuenta, por otro lado, los tratados internacionales vigentes

para el país, que son un complemento de la parte

dogmática de dicha Constitución. Así, se

llagaría a la conclusión que la detención

provisional no es la única alternativa que tienen cuando

dentro del término de inquirir estiman que hay

mérito para que continúe el informativo de ley cor-

respondiente o cuando al clausurar la fase de instrucción

elevan a plenario la causa. La detención provisional o la

libertad que establecen los artículos constitucionales

citados no son más que los dos extremos, pudiendo nuestros

jueces, vía aplicación de tratados internacionales

o jurisprudencia, determinar otro tipo de medida cautelar, como

podría ser un arresto domiciliar, el pago de fianza, etc.

Es decir, pues, que la detención provisional no es de

aplicación automática, mucho menos es la regla

general como lo entienden los juzgadores y el público en

general. Esta aplicación lleva a que nuestras

cárceles -en donde no se hace diferencia entre los

procesados y los condenados- estén cada vez más

saturadas y aumente el número de reos sin condena.

    Ahora bien, la medida cautelar de la detención

provisional tiene varios fines, uno de ellos es evitar la fuga

del procesado, pues permite su presencia en el proceso;

además, asegura el éxito de la instrucción

evitando la obstaculización de algunos actos de inves-

tigación. Impide, por otra parte, la reiteración

delictiva, asignándosele de esta forma una función

de prevención. En este punto, cabe mencionar que muchos

opinan que con ella se asegura el orden social y se evita la

reiteración. A la luz de la Doctrina, podemos determinar

también ciertas características de la medida

cautelar de la detención provisional, siendo la primera de

ellas la Jurisdiccional, lo cual significa que ésta

sólo puede ser adoptada por el órgano Judicial

competente (Art. 13 Cn.). La Segunda característica es la

instrumentalidad, pues está supeditada a un proceso penal

en trámite (Art. 247 Pr. Pn), por lo que debe, conse-

cuentemente, finalizar con dicho proceso. Es de tomar en cuenta

que ambas características encuentran su sostén en

la existencia de un proceso. Es importante, además, deter-

minar la provisionalidad de esta medida: provisionalidad no es

igual a temporalidad, aunque la implica. La detención

provisional está supeditada a la concurrencia de un evento

y no a un plazo; aunque doctrinariamente se sostiene que no puede

exceder de 1 año para delitos menos graves y de 1

año 8 meses para delitos graves.

    La tercera característica es la obediencia a la Regla

Sic Stantibus, característica cuyo significado es que las

reglas o medidas obligan manteniéndose así las

cosas, es decir, que la detención provisional se revoca o

podrá ser sustituida cuando varíen las razones que

justifiquen su adopción, lo que implica exámenes

periódicos (algo que no permite nuestro actual

código procesal penal). La cuarta es la Homogeneidad, esto

es, que la detención provisional es homogénea con

la pena la prisión, pero no significa que sean consecuen-

cia: los detenidos deben y tienen que ser tratados de desigual

manera que los condenados y al computar el plazo de la pena de

prisión, no se puede hacer atribuyéndose igual

calidad a los días de detención y de

prisión, tal como lo establece el actual código

penal, ya que se vuelve una pena anticipada. No implica, pues,

identidad con la prisión.

    En fin, muchos aseguran que en vista de sus fines y sus

características, sólo con la detención

provisional se puede satisfacer la seguridad social, tran-

quilizando a la ciudadanía sin embargo, creemos que no

puede reconocerse sólo por ello, sin ver los verdaderos

requisitos de una medida cautelar, más, cuando se trata de

la más grave de ellas, la privativa de la libertad. En

efecto, para que nuestros jóvenes no infrinjan los

tratados internacionales ratificados por El Salvador, al

adoptar -sobre las demás de tipo personal y, por supuesto,

sobre las de tipo real- la medida cautelas privativa de libertad,

deben de razonar y justificarla ampliamente, y no sólo

adoptarla de plano. Y es que a nivel doctrinario, legal y

jurisprudencial se establecen dos presupuestos básicos

para su adopción: el Fomus Boni luris o Apariencia del

Buen Derecho y el Periculum in Mora o Peligro de Fuga. El primero

de ellos nos dice que tiene que haber elementos de juicio

suficientes -no meras especulaciones sino, por el contrario,

sospechas que descansen sobre una base fáctica suficiente,

para no caer en arbitrariedades- que lleven a tener por

establecidos los extremos procesales (cuerpo del delito y

participación delincuencial), artículo 247 Pr. Pn.

En la detención provisional, pues, se necesita de un hecho

previo (Principio de Legalidad); se necesita  una

imputación delictiva (el hecho debe reunir las

características de delito, no ser falta); y, por

último, la imputación del mismo a persona

determinada.

    El segundo presupuesto que hay que tomar en cuenta es el

peligro de Mora Judicial por fuga del imputado o Periculum en

Mora, no obstante que la legislación secundaria vigente

(código procesal penal, artículo 247) no lo mira

como un requisito. Este presupuesto posee, como establece la

doctrina y la jurisprudencia salvadoreña elementos

objetivos y subjetivos. Los primeros relativos a la gravedad del

delito -en base a la pena- y circunstancias del hecho;

habrá peligro de fuga cuando el delito por el que

está siendo procesado el sospechoso esté sancionado

con pena de prisión a más de 6 años. Los

segundos relativos a los antecedentes penales y policiales del

imputado; el arraigo; la posibilidad de vivir en el extranjero; y

a la moralidad.

    El juez, pues, está obligado a valorar y razonar caso

a caso los presupuestos de la medida cautelar, y eso es lo que

controla la Corte Suprema de Justicia cuando se excita su

jurisdicción a través de la pretensión

constitucional que va implícita en la petición de

hábeas corpus. En efecto, la Sala de lo Constitucional

vela porque los jueces al adoptar la medida cautelar de la

detención provisional contra un imputado, lo hagan sin

vulnerar las garantías constitucionales a que todo in-

dividuo tiene derecho. En esta tarea, la C.S.J aplica los

tratados internacionales vigentes para nuestro país y

establece que la detención provisional, como medida

cautelar que es, no es la regla general, sino la

excepción, y su adopción debe ser razonada y

justificada, de lo contrario, resuelve que se sustituya dicha

medida y se deje en libertad al imputado previa fijación

de otra medida cautelar distinta de la privativa de libertad que

asegure su comparecencia al juicio y la aplicación de la

probable condena a prisión. Pero hay que tener mucho

cuidado al leer esto, ya que una resolución de la Corte en

ese sentido no implica un sobreseimiento, puesto que el

hábeas corpus no es un recurso ordinario como muchos creen

o interpretan, incluso algunos de nuestros jueces. Lo

único que establece la Sala de lo Constitucional -ya que

no es un tribunal de instancia que entre a valorar prueba vertida

en el juicio, labor exclusiva de la jurisdicción

común- es que se sustituya una medida cautelar por otra

distinta de la detención provisional, por no estar

justificada al momento de su adopción, sin perjuicio de

que en el transcurso del proceso pueda volver a adoptarse,

siempre y cuando se reúnan todos sus requisitos y

esté razonada debidamente por los jueces.

    Lo anterior, definitivamente es un paso adelante que da la

actual Corte y que no debe ser criticado por los medios masivos

de difusión, autoridades administrativas y la ciudada-

nía en general, ya que está obligando a nuestros

juzgadores a aplicar tratados internacionales vigentes para el

país y a razonar sus resoluciones, de conformidad al

artículo 489 Pr. Pn. y sigs.

    Sin embargo, y como ya es tradición en todos los

ámbitos de la vida nacional, por otro lado se da un paso

atrás, el cual sí es criticable desde todos punto

de vista: La Corte Suprema de Justicia no en todos los casos

resuelve de la misma manera. Será por razones

políticas, será por falta de uniformidad de

criterios, tal vez por miedo insuperable o por pago de favores,

no se sabe; sin embargo, aunque sus causas sean anónimas,

sus consecuencias sí son palpables y graves, puesto que se

vulnera un principio constitucional básico: todos somos

iguales ante la ley.

    De nuestra parte, y como conclusión, no nos queda

más que esperar que este comentario contribuya un poco a

lograr una administración de justicia cristalina y a

generar una opinión pública más objetiva en

su crítica, es decir, que cuestione el que la Corte no

mida con la misma vara a todos los ciudadanos -que es lo que nos

desvela- y no que ponga en tela de juicio, por ignorancia y falta

de información, la aplicación de tratados

internacionales en materia de Derechos Humanos que pueden llevar

a solucionar muchos problemas graves en materia penal y procesal

penal.-----

ACEPTAN FORMAR COMISION. Las gremiales de empresarios del

transporte aceptaron el 18.11 la formación de una

comisión verificadora del subsidio de diesel y negaron

haber manifestado oposición al respecto. El Presidente de

la Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS), Genaro

Ramírez, aseguró que ellos consideran oportuno que

una instancia vigile paso a paso el proceso de asignación

con el fin de evitar cualquier tipo de irregularidades y

señalamientos posteriores hacia los empresarios. "Nosotros

los que adversamos es nuestra participación en la

Comisión Verificadora, pues consideramos que es

irrelevante y no es nuestro papel", dijo Ramírez,

aclarando que es el gobierno quien debe realizar dicha tarea. La

instancia verificadora, surgió a propuesta del

Viceministerio de Transporte, Julio Valdivieso, luego que el

gobierno dispusiera asignar diesel a cerca del 50 por ciento de

unidades del transporte colectivo urbano. Por su parte, la

Asociación de Empresarios del Transporte de Pasajeros de

Autobuses (ATP) dio también su visto bueno a la existencia

de un ente verificador, pero, a diferencia de AEAS, los

representantes de esta gremial si pidieron su par-

ticipación en la misma. El Presidente de ATP,

Héctor Bonilla, aseguró haber llegado a un acuerdo

con las autoridades de Transporte respecto a que ellos sí

integrarán la Comisión Verificadora. Bonilla

expresó que si bien dan el visto bueno a la

verificación en la entrega de diesel, no están de

acuerdo que, a excepción de la Fiscalía General de

la República o la Corte de Cuentas, instituciones ajenas

al sector formen parte de esa comisión (DH 19.11 p.9).----

-

DELIMITAN PROPAGANDA ELECTORAL. El Tribunal Supremo Electoral dio

a conocer el 15.11 un reglamento conteniendo los límites

de la propaganda que impulsarán los partidos

políticos o coaliciones, el acceso a los medios de

comunicación y el horario de transmisión. El

documento, que fue entregado a los partidos políticos es

el mismo que se utilizó en las elecciones generales de

1994. El normativo se denomina "Reglamento para la propaganda

electoral" y tiene por objeto delimitar los mensajes que los

partidos y coaliciones difundirán durante la

campaña de diputados y alcaldes, previo a las elecciones

de marzo de 1997. Según el Código Electoral, la

campaña para diputados emp ieza 60 días antes de

las elecciones, y la de alcaldes, 30. Es decir, el 15 de enero y

14 de febrero respectivamente. El reglamento establece la forma

de contratación técnica y equitativa de espacios,

por tiempos de transmisión a través de estaciones

radio-televisivas, evitando la saturación de los medios.

También se prohibe a los partidos el uso de mensajes

subliminales y, a los medios, el cobro diferenciado de tarifas.

En el documento se establecen limitantes a los partidos,

principalmente en lo que se refiere a los plazos de inicio de la

propaganda y respeto del honor y moral de la vida privada de los

candidatos o líderes políticos vivos o muertos. Se

prohíbe a los partidos o coaliciones mensajes que

injurien, difamen o calumnien. A su vez, el documento prohibe el

uso de recursos del Estado para fines propagandísticos;

mientras que los curas, pastores, militares, policías o

funcionarios públicos no deberán hacer propaganda

(LPG 16.11 p.7-a).-----

DESMIENTE RENUNCIA. El ministro de Seguridad Pública, Hugo

Barrera, desmintió el 18.11 los rumores sobre su renuncia

y negó que su administración haya ignorando las

órdenes del Presidente Armando Calderón Sol sobre

paralizar la juramentación de Juntas de Vecinos.

Representantes de partidos de oposición dijeron tener

conocimientos de que Barrera sería removido de su cargo, y

sustituido por el actual ministro del Interior, Mario Acosta

Oertel, lo cual fue negado por los asesores de comunicaciones de

Barrera. El Ministro de Seguridad atribuyó los rumores a

intereses partidarios por la proximidad de las elecciones, aunque

eludió responsabilizar a institutos políticos en

particular. Asimismo, aclaró que el Plan de Juntas de

Vecinos, gestado e impulsado por el Ministerio de Seguridad

Pública, ha sido paralizado porque "el Presidente de la

República ordenó que se diera por terminado".

Mientras tanto, durante una conferencia, ofrecida el 18.11 en

Casa Presidencial, el Presidente de la República, Armando

Calderón Sol, manifestó que el Gobierno "no

esté jugando" con el compromiso adquirido con las Naciones

Unidas sobre paralizar este plan, y que si las Juntas de Vecinos

continuaban organizándose el Gobierno podría tomar

medidas enérgicas. Aunque no se refirió

específicamente a Barrera, Calderón Sol

explicó que no se contemplan cambios en el Gabinete de

Gobierno para el mes de diciembre, pero aclaró que

constantemente efectúa una evaluación sobre el

trabajo de los titulares, y que puede hacer uso de sus facultades

presidenciales para sustituirlos (LPG 19.11 p.22-a).

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