© 1996 UCA Editores
año 17
número 733
noviembre 6
1996
ISSN 0259-9864
Elecciones cuestionadas
Situación de la industria maquilera
Los medios y la difusión de la violencia
Evaluación de la Integración Centroamericana
Los retos para combatir la violencia
¿Quién le cree a la PNC?
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Elecciones cuestionadas
Las recién pasadas elecciones en Nicaragua cuestionan
seriamente la creencia de que este mecanismo democrático
estaba logrado en la región después de décadas
de guerras internas. Se daba por hecho que las elecciones
podían garantizar la alternancia en el poder del Estado en
los países centroamericanos. Pero las elecciones
nicaragüenses muestran que lo que se pudo haber avanzado en la
consolidación de este mecanismo ha retrocedido a la
década de los setenta. Paralelamente, los índices
económicos también han retrocedido varias
décadas.
No obstante las declaraciones de los organismos
internacionales encargados de vigilar el proceso, que aseguran su
limpieza, los triunfadores no emergen claramente. Sobre el proceso
electoral pesan múltiples señalamientos de fraude,
desde el funcionamiento irregular de las mesas receptoras de votos
hasta el hallazgo de votos válidos en poder de uno de los
contendientes principales. Las irregularidades han sido tantas que
dos semanas después de los comicios aún no ha sido
posible declarar firme ningún resultado.
El fracaso del proceso electoral para determinar
democráticamente quiénes gobernarán Nicaragua
en los próximos años se debe no sólo a la
incapacidad evidente del órgano responsable de organizar las
elecciones, sino a algo todavía mucho más grave: a no
permitir el acceso al poder del Estado a aquellos partidos
considerados de izquierda, que puedan poner en peligro el orden
establecido. Estos partidos pueden participar, pero no triunfar. El
poder real del Estado no estaría en disputa en las
elecciones. Así, las elecciones corren el peligro de
convertirse en un mecanismo para legitimar el ejercicio del poder
por parte de aquellos partidos que representan a los grandes
intereses económicos nacionales e internacionales,
aceptables para los organismos financieros multilaterales y para el
gobierno de Estados Unidos. Las elecciones son buenas para
legitimar a la derecha y excluir a la izquierda, de la misma manera
que en el pasado sirvieron para legitimar a las dictaduras
militares y excluir a la oposición. Al no haber posibilidad
o disposición para dirimir el ejercicio del poder real del
Estado, son unas elecciones antidemocráticas.
Los observadores internacionales y Estados Unidos constataron
el sinnúmero de irregularidades que pone en entredicho la
legitimidad de las elecciones nicaragüenses, pero no lo pueden
reconocer, porque eso significaría repetir un ejercicio
engorroso y caro y sobre todo porque no desean que los sandinistas
accedan al poder del Estado. Las elecciones nicaragüenses
fueron organizadas de tal manera que el Frente Sandinista de
Liberación Nacional no pudiera triunfar. Pareciera que para
ello, cualquier recurso fue considerado válido.
Estados Unidos rompió su neutralidad formal e intervino
abiertamente en los asuntos internos de Nicaragua al declarar
repetidamente que el candidato sandinista no era demócrata
y, por lo tanto, si era electo, resultaría inaceptable para
Washington. Los nicaragüenses han experimentado en carne
propia lo que es un gobierno inaceptable para Estados Unidos.
Otro que rompió con su neutralidad también
formal fue el arzobispo de Managua, el cardenal Obando, quien
aparte de bendecir públicamente al candidato liberal de sus
preferencias, utilizó el púlpito para advertir que
los sandinistas eran traicioneros y asesinos como la serpiente que
ataca mortalmente a quienes cuidan de ella. Las intervenciones del
arzobispo son extremadamente importantes porque es la persona con
mayor prestigio y credibilidad de Nicaragua. El arzobispo de
Managua puso su inmenso poder social -ampliamente reconocido,
cultivado y venerado- al servicio del partido político
respaldado por Washington y el gran capital.
Comprensiblemente, Estados Unidos, el arzobispo y los
observadores internacionales dan por válidas las elecciones
nicaragüenses aun sin conocer los resultados oficiales y
pasando por alto las irregularidades y el fraude verosímil.
No es necesario ser sandinista para reconocerlo. En realidad, los
sandinistas no son ni mejores ni peores que el Partido Liberal de
Alemán. En cuanto partido legítimamente reconocido,
el FSLN tiene los mismos derechos electorales que cualquier otro.
La emotividad no debe impedir juzgar objetivamente el proceso
electoral, aun en el caso de que la derecha hubiese ganado
legitímamente.
Lo que es bueno para los intereses del capital y de Estados
Unidos y para salvar la imagen de los organismos internacionales
dedicados a verificar elecciones no lo es para la democracia, la
cual está demostrando sus límites, pues no todos
pueden acceder al poder del Estado, sino sólo aquellos que
gozan del beneplácito de los grandes poderes mundiales. La
voluntad popular es un simple pretexto que hay que tomar en cuenta
sólo cuando coincide con tales intereses. En nombre de una
estabilidad mal entendida se está socavando uno de los
pilares del régimen democrático y con ello se
está abriendo de nuevo la puerta a soluciones no
democráticas ni políticas.
Aunque en nuestro país la institución electoral
tiene más peso que en Nicaragua, las elecciones en este
último país no deben pasar desapercibidas. El
gobierno y su partido se negaron a reformar el sistema electoral,
contrario a lo que habían prometido, para no favorecer el
voto mayoritario de la ciudadanía, que considera una amenaza
potencial para su continuidad en el poder legislativo y municipal.
La organización de las elecciones del 16 de marzo
próximo muestra retrasos, presupuesto insuficiente y falta
de transparencia. La desorganización electoral es un
elemento que también favorece a los partidos mayoritarios.
Hay, pues, indicios preocupantes que cuestionan la limpieza
del proceso electoral salvadoreño. Por eso, el FMLN anuncia
que no aceptará la participación de observadores
internacionales que únicamente sirven para legitimar la
falta de transparencia y las prácticas
antidemocráticas del gobierno y ARENA. No obstante que las
elecciones puedan ser legítimas, lo más probable es
que sean poco democráticas y quienes resulten electos
tendrán, de hecho, una representatividad muy limitada. ARENA
podría retener el poder en la asamblea y en los gobiernos
locales, pero la democracia no saldrá bien parada.
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Situación de la industria maquilera
Durante los últimos años la maquila de ropa ha
pasado a ser uno de las principales actividades económicas
del país y a la vez una de los principales sectores
generadores de exportaciones. Al mismo tiempo, la maquila es
producto de los primeros pasos en el proceso de apertura
económica del país y que en realidad tiene
dimensiones mundiales.
Una de las facetas de la globalización es el
surgimiento de inversiones transnacionales que se orientan hacia el
aprovechamiento de las ventajas comparativas con las que cuentan
los diferentes países. En el caso de El Salvador, este
proceso se ha concretizado en el aprovechamiento de la mano de obra
en actividades que no requieren de altos niveles de
calificación laboral, especialmente aquellas relacionadas
con la maquila de ropa.
Es así como en la presente década se ha
registrado una marcada tendencia hacia el incremento de la
producción, empleo y exportaciones de la maquila, aunque
conjugada con un marcado incremento de los conflictos laborales
originados por el irrespeto de las leyes laborales vigentes en el
país. Esta situación ha provocado ya la visita de al
menos dos misiones del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos. En ambos casos ha sido factor común la necesidad de
constatar las condiciones de trabajo en las empresas de maquila de
ropa y muy especialmente la presencia de mano de obra infantil.
En la actualidad fuentes relacionadas con la industria de la
confección sostienen que se ha experimentado una
disminución de la actividad de la maquila, similar a la
experimentada por los restantes sectores económicos. Lo
anterior plantearía severas restricciones para el modelo de
liberalización económica que el gobierno pretende
implementar, al sugerir que inclusive la aparente ventaja
comparativa derivada de la mano de obra abundante y barata en
realidad no existe. Lo anterior debido a que existen otros
países en los cuales la mano de obra con baja
calificación es más barata que la salvadoreña.
En las siguientes líneas se busca presentar una
evaluación coyuntural de la industria de la maquila
mostrando algunos posibles factores explicativos de la misma y
además destacando como esta situación refuerza la
hipótesis de la necesidad de reorientar la política
de fomento de las exportaciones y la política
económica en general.
Importancia de la maquila
Desde su resurgimiento a principios de la presente
década la actividad de la maquila ha experimentado un ritmo
ascendente que la ha llevado, de representar un 18.3% de las
exportaciones en 1991, a representar un 39.5% en 1995. Por otra
parte, en esta industria también se ha experimentado un
marcado incremento de la demanda de mano de obra, al grado que los
puestos de empleo se han multiplicado hasta llegar a representar
cerca de un 3% de la Población Económicamente Activa
del país.
Estos dos factores son, sin lugar a dudas, los dos aportes
más importantes que pueden atribuirse a la actividad de la
maquila: generación de exportaciones y puestos de empleo.
Pero existen algunas restricciones de estos aportes. En primer
lugar, debe tomarse en cuenta que los puestos de trabajo generados
por la maquila son de baja remuneración (perciben el salario
mínimo aproximadamente) y ofrecen condiciones de trabajo
inestables; en segundo lugar, los efectos de la actividad de la
maquila sobre el sector externo en realidad no se limitan a la
generación de exportaciones, sino también de
importaciones. En relación a lo anterior, datos del Banco
Central de Reserva (BCR) establecen que en 1995 la maquila
exportó 5,475 millones de colones, pero al mismo tiempo
importó 4,366.1 millones de colones, lo cual implica que la
maquila significó una entrada de divisas de sólo
1,108.9 millones de dólares.
Por otra parte, en lo tocante a las finanzas públicas
las maquilas en realidad representan un sacrificio fiscal para el
Estado, pues este deja de percibir los impuestos que normalmente se
impondrían a una industria común (impuesto sobre las
ganancias, IVA, impuesto a las importaciones, etc.).
Desaceleración de la maquila y escenario externo
De acuerdo a personeros de la Asociación
Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC),
en el transcurso de 1996 la maquila ha disminuido notablemente su
ritmo de crecimiento al grado que habría pasado de 46% en
1995 a sólo 12% en los primeros diez meses de 1996.
Aparejada a esta situación habría estado una
reducción de los puestos de trabajo en el sector que
habría implicado pasar desde un nivel 65,000 empleos en 1995
a sólo 45,000 en 1996; es decir, una reducción de
aproximadamente 20,000 empleos equivalentes a un 1% de la
Población Económicamente Activa.
De acuerdo a las mismas fuentes esta situación obedece
al traslado de varias empresas hacia países que cuentan con
"mano de obra más barata, como Honduras y México"; al
grado que mientras en El Salvador la mano de obra se cotiza en
U$1.10 la hora, en México sólo llega a U$0.48,
mientras que en Honduras a U$0.50. Según la ASIC, en el
último año, mientras en el país la
población empleada por la maquila se redujo en 20,000
personas, en el sur de México se crearon 125,000 nuevas
plazas en esta misma actividad económica.
Adicionalmente al menor costo de su mano de obra, El Salvador
se ve en clara desventaja en relación a países que
han sufrido devaluación de su moneda y que presentan una
situación geográfica que facilita el acceso al
mercado de los Estados Unidos.
Conclusiones
Hasta 1995, la maquila se había convertido en una de
las principales fuentes de generación de empleo. En la
actualidad, esta tendencia se habría revertido al grado de
haber disminuido drásticamente su personal empleado y haber
experimentado una disminución en su crecimiento. La
desaceleración de la maquila no responde a la
política económica del gobierno, sino más bien
a la cambiante situación del mercado internacional; ante la
cual la política de promoción de exportaciones tiene
muy poco que aportar.
Considerando las condiciones de nuestros competidores
externos, resulta claro que en el mediano plazo la reducción
en la actividad de la maquila podría ser inclusive mucho
mayor que la experimentada hasta ahora. Ateniéndose a la
lógica neoliberal, la forma de mitigar la emigración
de la inversión en la maquila sería proceder a una
devaluación del colón y a una reducción del
salario mínimo; lo cual obviamente provocaría mayor
inflación, menores salarios nominales, caída de los
salarios reales e incremento de la pobreza. Resulta claro, pues,
que el modelo de globalización económica
podría en realidad resultar sumamente desventajosa de ser
aplicado sin mayores contemplaciones, tal y como el gobierno
pretende.
Un plan de desarrollo fundamentado en las posibilidades de la
apertura económica plantea elevados niveles de incertidumbre
que incluso pueden llegar a poner en peligro el crecimiento y la
estabilidad económica. Aún y cuando no se trate de
inversiones financieras especulativas, la inversión
internacional es sumamente sensible a cambios en las ventajas
comparativas de los países.
Los casos exitosos de inserción en la economía
mundial (países del sudeste asiático) han pasado por
diferentes estadios antes de adoptar medidas más radicales
de apertura económica. Por ejemplo, los niveles de
educación de la población trabajadora se elevaron con
el objetivo de atraer inversiones en actividades que requieren
mayor calificación de mano de obra y, por lo mismo, son
mejor remuneradas. En cambio, en El Salvador se ha procedido
primero a la apertura económica para luego promover la
superación educativa de la población.
La situación actual de la maquila y de la
economía en general sugieren que es necesario reorientar la
política económica hacia polos de crecimiento
más estables tales como la agricultura e industria lo cual
supondría sin duda revertir o al menos retrasar el proceso
de apertura económica.
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Los medios y la difusión de la violencia
En menos de tres semanas han ocurrido tres asesinatos
colectivos que han consternado y preocupado a gran parte de la
población salvadoreña. El hecho de que estos se
hayan sucedido en tan poco tiempo y que en cada uno de ellos se
utilizara una violencia totalmente desmedida y brutal (con claras
muestras de sadismo) ha causado una generalizada ola de
opiniones, en la cual la percepción de fondo es que la PNC
posee poca o nula capacidad para encontrar a los hechores de
actos criminales y refrenar una violencia que ya ha llegado al
paroxismo.
Los tres casos, ocurridos entre la última semana de
octubre y las primeras de este mes, arrojan un saldo total de 19
muertos, entre ellos nueve menores de edad. Pese a la diferencia
de localidades (el primero en San Salvador y los dos
últimos en Sonsonate) los asesinatos tienen varias cosas
en común. En primer lugar, las circunstancias no permiten
suponer que el móvil primario fuera el robo, al cual le
correspondería el homicidio como medio, sino más
bien ha sido éste último el fin de la actividad de
los hechores (se ha especulado mucho sobre la posibilidad de
"vendettas" personales).
En segundo lugar, teniendo como referentes los arrestos de
ex-combatientes de guerra sospechosos de haber participado en
asesinatos colectivos anteriores y la forma en que han operado
los autores de los casos en mención, cabe la posibilidad
que los grupos que cometieron estos homicidios estén
compuestos en su mayoría por veteranos del conflicto
armado, tanto de la guerrilla como de la fuerza armada.
Finalmente, la manera violentísima e indiscriminada
en que fueron atacados niños y ancianos no deja de
recordar la manera en que operaban los batallones élites
de la Fuerza Armada contra la población civil sospechosa
de apoyar o formar parte de los asentamientos guerrilleros
durante la guerra; es decir, la saña y el grado de
violencia utilizada por los hechores en estos casos
podrían ser interpretadas como una herencia directa del
conflicto armado en El Salvador.
En las líneas que siguen se analizará el papel
que han jugado los medios en la difusión de estos hechos y
la responsabilidad que ellos tendrían en la manera en que
es percibida por los espectadores.
Desde que la delincuencia y los hechos de violencia hicieron
su irrupción en la vida del país luego de la
guerra, se ha discutido mucho sobre el papel de los medios en su
cobertura y difusión. Se ha criticado el que los medios,
tanto escritos como televisivos, no sólo se limitan a
informar al público sobre este tipo de situaciones (algo
en sí legítimo), sino que lo hagan dotando a los
hechos de un matiz de morbosa y sangrienta teatralidad. Se ha
señalado que los prensa escrita y los noticieros
televisivos se han obsesionado por notificar minuciosamente sobre
los casos más truculentos, pasando con ello de la labor
periodística seria y objetiva al amarillismo y
sensacionalismo más burdos. Se ha acusado a los medios,
pues, de buscar en la violencia cotidiana que experimenta el
país un instrumento para provocar el morbo y la insana
curiosidad popular y así elevar las ventas y los ratings
de audiencia.
Como respuesta a lo anterior, el jefe de información
de uno de los principales rotativos del país
publicó, a raíz de las masacres, un artículo
en el que pretendía defender el derecho de los medios a
dar cobertura y amplio despliegue a los asesinatos y hechos
violentos que se dan continuamente en la sociedad. Por ser uno de
los primeros intentos -si no el primero- de justificar
explícitamente la labor de los medios con respecto a la
violencia, es útil mostrar las flaquezas argumentativas
del artículo.
En primer lugar, el articulista parte de que los medios
"transmiten no crean los hechos de sangre", por lo que su
cobertura no sería negativa; sin embargo, obvia que el
problema no está en el hecho de la transmisión,
sino en el cómo se transmiten: una cosa es notificar que
un hombre fue asesinado en un atraco armado y otra describir
cuantas puñaladas recibió, en que partes del
cuerpo, cual era la expresión de su rostro, etc. El autor
no parece percatarse que la transmisión de los hechos que
realizan los medios dista mucho de ser inmediata; parece no saber
que la transmisión está mediada por criterios
editoriales, por la selección misma del hecho, por los
adjetivos utilizados para describir o narrar una
situación, entre otros.
En segundo lugar, se afirma que esta cobertura obedece a dos
objetivos: el de informar al público y el de ejercer
presión sobre la PNC y los procesos judiciales que se le
siguen a los criminales arrestados para la rápida
resolución de los casos. Añadiendo que para cumplir
este último es de alguna manera válido -aquí
se acentúa la confusión del artículo-
añadir "algunas gotas de amarillismo que dan mayor
realismo pero que, además, provocan aversión y
repudio, pero no con la intención de provocar...la
morbosidad y mucho menos 'naturalizar' el crimen". Es decir, a
criterio del autor, el amarillismo manifestado en los medios -que
realmente está lejos de ser administrado en "gotas"-, se
justifica por la inoperancia del sistema policial y de justicia;
empero el autor no logra aclarar de qué manera este
amarillismo supuestamente dosificado cumpliría con el
objetivo de ejercer presión y no provocaría, por el
contrario, la naturalización del crimen y "'llevar a
cierto protagonismoþ a los asesinos".
Por descuido o por ignorancia el autor pierde de vista dos
cosas importantes: a) que estudios realizados en el país
de los mass media, Estados Unidos, indican que el sensacionalismo
de los medios ha provocado la naturalización de la
violencia en los adolescentes y niños, y que,
además, esta obsesiva cobertura de los asesinatos y sus
hechores ha llevado a que ello sea utilizado por algunos
individuos para escapar del anonimato propio de las grandes
urbes; el asesinar a alguien ha sido el medio preferido de
ciertos desequilibrados para acaparar fugazmente la
atención de miles de ojos ávidos de la violencia
que exponen los noticieros, el medio adecuado para alcanzar la
subjetividad que niega una sociedad fría y
despersonalizada. En este sentido, los medios estarían
generando indirectamente -o al menos incitando a cometer- los
hechos que tan ávidamente buscan informar.
b) Que una tarea informativa verdaderamente constructiva
para el estado de la justicia en el país no se logra a
través de la presión al sistema mediante el
amarillismo, sino más bien por medio de un ejercicio
periodístico que ahonde en los orígenes y causas de
la violencia, que descubra las modalidades de ésta a nivel
político, laboral y económico (las políticas
económicas que exacerban las condiciones de pobreza de
buena parte de la población, por ejemplo), que se preocupe
por presentar las opiniones y propuestas de todos los sectores de
la sociedad para solucionarla.
Hasta el momento los medios, tal vez pretendiendo presionar
al sistema tal como afirma este articulista, han logrado hacer
cuajar la idea en la población de que el actual clima de
violencia es insolucionable, por lo cual las medidas extremas
como por ejemplo la pena de muerte o los linchamientos populares
(algo que tarde o temprano habrá de hacer su
aparición) son alternativas a las que irremediablemente
hay que recurrir. Los medios con su incesante bombardeo y con su
muy particular forma de retratar la violencia han deformado,
pues, el fenómeno. El insistir en la inutilidad de la PNC
y los órganos encargados de aplicar la justicia lleva a
que la solución a la violencia se busque de manera alterna
a estas dos instituciones; es en este sentido que la labor ha
sido más destructiva que constructiva.
En definitiva, los recientes asesinatos colectivos han
servido para que los medios ratifiquen la supuesta necesidad de
medidas radicales; al presentarse la situación y la
actividad de los hechores como algo completamente irracional y
espontáneo se deja a un lado que estas prácticas
podrían provenir de la falta de interés en impulsar
programas que rehabilitaran psicológicamente a los
combatientes instruidos en el exterminio indiscriminado de
personas; se deja de lado que estas prácticas
podrían ser el reflejo magnificado de la negativa de los
agentes sociales a dialogar y ser tolerantes con posiciones o
intereses contrarios a las suyos.
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Evaluación de la Integración
Centroamericana
Entre el 15 y 16 de octubre se celebró, en San
Salvador, una Reunión de cancilleres y Ministros de
Economía de Centroamérica a la que asistieron los
cancilleres de Honduras, Delmer Urbizo; Nicaragua, Ernesto Leal;
Costa Rica, Fernando Naranjo; el Ministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein; y el Viceministro de
Relaciones Exteriores de El Salvador, Victor Manuel Lagos. Los
Ministros de Economía de Guatemala, Mauricio Wurmser;
Honduras, Fernando García; El Salvador, Eduardo Zablah;
Costa Rica, León Desanti; y el Viceministro de
Economía de Nicaragua, Eduardo Belli. El secretario
general del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), Roberto Herrera; y el de la Secretaría Permanente
del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), Haroldo Rodas Melgar.
La reunión trató, entre otros puntos, los
siguientes: evaluar el proceso de negociación de los
países de la región, para el establecimiento de
tratados de libre comercio con México y Chile, así
como las relaciones entre la Comunidad de Estados del Caribe
(CARICOM); la cooperación que los gobiernos de
Centroamérica sostienen en forma recíproca; definir
la posición que Centroamérica llevará a la
Cumbre Iberoamericana de Presidentes y jefes de Estado, que se
realizará el 10 y 11 de noviembre en Chile; y la Cumbre de
las Américas sobre el desarrollo sostenible, que
será celebrada del 5 al 7 de diciembre, en Bolivia;
conocer un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) sobre el proceso de integración centroamericana.
En esta misma reunión, los presidentes de las
cúpulas industriales del área, que forman la
Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales
Centroamericanas (FECAICA), entregaron a la asamblea un documento
de ocho páginas, en el que afirman claramente los graves
males que ha traido consigo el manejo que se ha hecho con la baja
de aranceles.
Avances y obstáculos
Dentro de los avances alcanzados que se deben considerar
está el acuerdo de los Ministros de Economía, que
apunta a la unificación de criterios para el Tratado de
Libre Comercio con Chile, tal como lo reveló el Ministro
de Economía salvadoreño, Eduardo Zablah, quien
además señaló que no se hará efectivo
a corto plazo porque "los recursos humanos de los Ministerios de
Economía no son tan amplios como para tener tantos frentes
abiertos a la vez". Sobre ese mismo tema, el canciller de
Honduras, Delmer Urbizo Panting, manifestó que la
región centroamericana debe acelerar su espacio
geográfico para establecer el libre comercio con
países como México y Chile, porque "con la
globalización que se está experimentando, no
podemos quedarnos a la zaga". Todo lo cual se ha hecho en aras de
incorporar a la región como bloque ante el concierto de
naciones.
En lo que se refiere a los obstáculos del proceso de
integración, es importante señalar que los informes
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la
Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) recomiendan la necesidad de reducir los organismos
creados en el contexto de la integración. De hecho, el
estudio fue realizado a pedido de los Presidentes
centroamericanos, que buscan según manifestó el
Ministro Zablah, "revisar cuántas organizaciones y
oficinas existen en Centroamérica que tienen que ver con
la integración, y definir cuantas son necesarias y
cuáles hay que arreglar y cuáles no". Al respecto,
el canciller de Costa Rica, Fernando Naranjo,
señaló que "hay que revisar los organismos de la
integración porque muchos de ellos nacieron hace muchos
años en condiciones políticas y económicas
diferentes y hay que actualizarlos y simplificarlos".
Por su parte, en el documento de FECAICA se afirma que un
obstáculo en materia de integración es la baja de
aranceles. En el mismo, los empresarios piden "no proseguir con
el proceso de desgravación en el techo arancelario".
Más aún, para éstos, los mandatarios no han
precisado otras fuentes de recursos alternativos que puedan
paliar la reducción de los ingresos fiscales como
consecuencia de la desgravación arancelaria. Asimismo,
aseguran que el 20% de la tarifa arancelaria no representa en
modo alguno una protección efectiva alta, y ello porque la
producción centroamericana básicamente está
representada por materias primas e insumos, cuyos niveles
arancelarios oscilan en 5, 10 y 15%.
En esa misma perspectiva, FECAICA no sólo
destacó que los aranceles juegan un papel importante en
las negociaciones que Centroamérica realiza con terceros
países, especialmente con México, sino que hizo un
llamado para que se tome muy en cuenta el papel que juega el
arancel en materia económica, evitando así las
"distorsiones competitivas". Los industriales insistieron en que
la apertura comercial que se realizó entre los años
1990 a 1993 trajo consigo consecuencias negativas para las
economías de la región, lo cual se constata tanto
en la crisis que enfrentra gran parte del sector productivo, como
en el crecimiento de la brecha comercial. En ese período,
el déficit de la balanza comercial de Centroamérica
creció en 1,922 millones de dólares, esto es,
sufrió un incremento del 93%.
Consideraciones
En lo señalado por el Ministro Zablah no es
válido argumentar solamente que son pocos los recursos
humanos con los que cuenta la región, sino se trata de
tener presente que, si se va a negociar con México y
Chile, se debe tener claro en qué condiciones se negocia,
porque si ello ciertamente abre nuevos mercados para las
economías de la región, no quiere decir que
automáticamente todo se convierte en un beneficio para los
países centroamericanos.
En esa misma perspectiva, no debe tomarse a la ligera lo
expresado por el canciller hondureño Urbizo Panting,
referente a la aceleración de las economías de
Centroamérica para incorporarlas a la globalización
y que no se queden en la zaga, pues no se trata solamente de
incorpar nuestras economías a la globalización para
avanzar automáticamente en el desarrollo económico
y social. Lo mismo cabe decir de la integración, sobre la
cual pesa una pespectiva reduccionista-economicista que deja de
lado que los mayores beneficiados son los sectores financiero y
comercial, mismos que están ligados al capital
transnacional.
Ciertamente, la integración regional tiene que ser
potenciada, pero la misma debe garantizar el desarrollo para
todos y no para unos pocos. Por lo demás, organismos como
la SIECA, lejos de proteger los intereses de los sectores
industriales al interior de la región, nos han planteado
una integración que es poco cuestionadora del capital
transnacionalizado, el cual, a través de las grandes
instituciones financieras internacionales como el BM y el FMI
imponen las reglas del juego económico, con los
subsiguientes condicionamientos políticos y culturales.
En definitiva, la forma en que se ha manejado la apertura
comercial en Centroamérica ha puesto a los sectores
productivos en completa desprotección. Queda la tarea a
los organismos responsables como la SIECA de realizar un estudio
técnico completo que evalúe con la mayor seriedad
posible las consecuencias que ha traído consigo la
apertura comercial en las relaciones desarrolladas con sus socios
y no socios comerciales.-----
Los retos para combatir la violencia.
A juzgar por las informaciones de la prensa nacional y por
las declaraciones de los políticos, las autoridades
públicas y los líderes de opinión
pública, pareciera que nadie, o al menos muy poca gente en
este país, sabe qué hacer con el problema de la
violencia. Esto es especialmente cierto en el caso del gobierno
cuya Cruzada Nacional contra la Delincuencia y sus acciones en
dirección de aprobar la pena de muerte y de endurecer las
leyes en contra de los delincuentes constituyen las únicas
medidas, o al menos las más visibles, diseñadas
para contrarrestar la violencia. Sin embargo, ni el gobierno ni
aquéllos que escribiendo o criticando en los espacios de
opinión afirman que lo que hace falta a nuestra sociedad
es "recuperar los valores perdidos", han dedicado tiempo a un
estudio sistemático del problema de la violencia en El
Salvador. Más bien, la mayoría de cosas que se
proponen públicamente parten del sentido común
más olímpico, muchas veces impregnado por un
revanchismo social al estilo del "ojo por ojo" y sin mayores
razones que las de acabar con todo lo que pudiera resultar
peligroso.
Es impresionante encontrar cómo aún
después de cuatro años de que los
salvadoreños comenzaran a señalar crecientemente el
problema de la violencia, no existen siquiera registros fiables y
sistemáticos sobre la prevalencia de la violencia y los
delitos, ya no se de diga estudios o investigaciones
epidemiológicas o sencillamente de magnitud de la
violencia. Y más impresionante aún es la facilidad
con la cual se promulgan decretos -que son presentados como parte
de un plan- sin ninguna base comprobada y sin proyecciones de
consecuencias.
En estas condiciones es necesario recordar y subrayar -por
enésima vez- que el problema de la violencia en el
país no se reduce a la cantidad de personas asaltadas a lo
largo del territorio nacional; el problema de la violencia tiene
que ver con un estado de agresividad exacerbada que permea todos
los ámbitos sociales de la vida nacional y cuyas
expresiones más terribles se están convirtiendo en
algo habitual, tanto como cotidiana sigue siendo la muerte en
esta sociedad.
Por ello, el combate de la violencia debe partir de acciones
sistemáticas, planificadas y controladas, no de
expresiones de buenos deseos o "buenos valores". El primer reto,
ya impostergable, para combatir la violencia en este país
lo constituye, como ya se ha señalado en este semanario,
la implementación de estudios exhaustivos sobre la
violencia y sus manifestaciones. Ello implica la creación
de instrumentos eficientes de seguimiento epidemiológico,
de identificación de los factores de riesgo para cada zona
geográfica del país y de los entornos urbanos;
implica también un examen riguroso de los registros de
violencia de tal manera que permita su validación y
estandarización bajo criterios e indicadores medibles; el
estudio de la violencia significa también una
estimación de los recursos y programas que efectivamente
se invierten en el combate de la violencia misma, lo que gastan
los salvadoreños de manera pública o privada en
protegerse y cuánto de eso es realmente efectivo para
detener la violencia y cuánto de eso en realidad
sólo contribuye a subir un escalón más en la
espiral de agresiones sociales. Un estudio sistemático
sobre el problema permitiría vislumbrar qué zonas
del país necesitan una atención más
eficiente en términos de recursos de protección y
de seguridad pública y qué tipos de recursos con
los más adecuados para cada zona. Por ejemplo, una
investigación objetiva sobre un programa de combate a la
delincuencia probablemente señalaría el
índice de efectividad de los números
telefónicos para denuncias en un país con un 80 por
ciento de la población sin teléfono. Asimismo,
señalaría la conveniencia de destinar recursos
para la protección de la población en una zona
plagada de masacres antes que destinarlos para proteger cosechas
agrícolas.
La importancia de estudiar el problema se fundamenta en su
potencial para la definición de políticas
efectivas en contra de la violencia y constituye un reto
primordial en una sociedad que no ha logrado comprender a la paz
como un estilo de vida a todo nivel, no sólo
político. Sin embargo, esperar a cumplir con el primer
reto no puede justificar la falta de acciones más
coherentes para atacar la violencia. Los estudios realizados en
otros lugares señalan una serie de aspectos que usualmente
están asociados a la violencia dentro de una sociedad. Un
examen rápido -pero no menos riguroso- sugiere que tales
aspectos están presentes también en el
fenómeno salvadoreño. Estos son: un sistema de
marcada marginación y exclusión social, un entorno
psicosocial que posibilita la agresión, la falta de
eficiencia en los sistemas de seguridad pública y
justicia, la permisividad hacia el uso y portación de
armas, y el elevado consumo de alcohol y drogas. Así, los
retos para combatir la violencia se deberían encaminar
hacia la atención de esos aspectos bajo una visión
integral.
La violencia no se combate reduciendo la pobreza per se,
mucho menos se combate confinando o eliminando a los pobres; la
violencia se enfrenta reduciendo la marginación social de
las mayorías. La violencia se combate en la medida en que
la sociedad abre espacios de participación legal y
legítima que permitan a los ciudadanos tener un control
aceptable sobre su entorno y sobre su destino social. Ciertamente
la marginación está ligada a la pobreza, pero
está comprobado que la violencia como la que vive el
país en la actualidad, no surge como un intento de obtener
recursos financieros para vivir, sino como un intento de
recuperar espacios de poder social que permitan tener cierto
nivel de control sobre la vida y que de otra forma no se
obtendría. Este es un gran reto, el cual está
ligado a la tarea de que los salvadoreños "des-aprehendan"
que el uso de la violencia es efectivo para resolver conflictos y
para lograr sus metas. Ello está ligado al problema de la
salud psicosocial de la población: un entorno injusto que
excluye a muchos y que beneficia a pocos genera mecanismos
ideológicos de descalificación que mutila, que
deshabilita a las mayorías para poder sostenerse.
El siguiente reto es, entonces, re-habilitar
psicosocialmente a la población, no en el sentido de
terapia ocupacional sino en el sentido de devolverle su valor
como personas con derechos, intereses y necesidades propias que
deben ser satisfechas desde la base. En esto participa
también las posibilidades de justicia en la sociedad. Ante
todo, es necesario erradicar la impunidad de los sistemas de
seguridad pública y de justicia. Todos los ciudadanos
deben tener en la práctica los mismos derechos y el Estado
debe garantizar eso por todos los medios, más aún
con los débiles y desposeídos. Es ilusorio pensar
que medidas como la pena de muerte van a ser efectivas en
combatir la delincuencia si el sistema no es capaz de atrapar a
los que cometen los delitos más graves en contra de la
sociedad; en estas condiciones el Estado terminará matando
sólo a los que puede agarrar quienes son los que
cometieron los delitos menores y que tienen menos recursos para
evadir el sistema.
Los anteriores son los retos estructurales -puestos de
manera simple-, pero existen otra serie de aspectos que hay que
enfrentar y son fundamentales en la lucha contra la violencia.
Estos elementos son quizás más tangibles de
abordar, pero no dejan de ser temas duros. En primer lugar, hay
que despojar a los civiles del armamento. Es ridículo que
mientras se desarrolla una campaña de recolección
de armas de fuego a través de un intercambio, se
estén instalando nuevas armerías para proveer a la
gente de recursos de armamento en buenas condiciones. Al final se
está creando un círculo de reciclaje de armamento
del que sólo se benefician los comerciantes, pues las
armas terminan regresando a aquéllos que las quieren
usar. Un país que ha vivido bajo distintos tipos de
violencia durante más de dos décadas y que le ha
costado más de cien mil muertes no puede darse el lujo de
seguir alimentando los odios con los instrumentos para consumar
muertes. En segundo lugar, se deben imponer controles sobre el
consumo de alcohol y estupefacientes. La totalidad de
investigaciones sobre violencia han demostrado la estrecha
relación entre agresión y dopaje; las informaciones
locales sobre las circunstancias que han rodeado a las recientes
masacres señalan también la presencia del alcohol
entre los agresores. Contrario a la tendencia internacional de
controlar el consumo de alcohol y drogas mediante impuestos,
vedas al consumo en lugares públicos o venta libre, en El
Salvador se debe enfrentar una rebaja a los impuestos de las
bebidas alcohólicas y la venta casi sin restricciones de
las mismas. No se puede combatir la violencia con una
combinación tan explosiva como armas y alcohol.
En cualquier caso, los retos para combatir la violencia son
grandes y complejos, pero el problema exige que las acciones sean
tomadas de manera integral y cuidadosa. Ante todo, es
básico comprender todas las facetas del problema y
abordarlo desde esa integralidad.
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¿Quén le cree a la PNC?
Don Carlos Gaitán era un ciudadano común,
dedicado a su familia y a su trabajo, sin mayores problemas que
aquellos que le toca enfrentar a una persona en similares
condiciones. No vivía económica y socialmente mal.
Aunque día a día --al igual que la mayoría
de la gente en este país-- sentía que el costo de
la vida se encarecía cada vez más, no se encontraba
en una situación crítica: contaba con los recursos
necesarios para mantener su casa. Además, era aceptado por
las familias vecinas; incluso, con algunas de ellas había
entablado relaciones de amistad. Sí sabía del clima
de violencia y el ambiente de inseguridad que se respiraban en el
país --leía, veía y escuchaba a
través de los medios masivos de difusión-- pero
nunca había tenido un problema grave en ese sentido. En
resumen, por decirlo de alguna manera, era "aceptablemente
feliz"... hasta el 4 de enero de 1996.
Ese día, la vida de don Carlos cambió
radicalmente. ¿Cuál fue la causa? Su hijo de
dieciséis años de edad, William Antonio
Gaitán Ayala, murió abatido por los disparos que le
hicieron miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) en
San Salvador, cerca de la plaza Perú, ubicada sobre la
avenida Olímpica. A partir de entonces, este padre de
familia se encontró --solo y lleno de dolor-- ante un
camino del cual tenía algunas referencias pero que nunca
había transitado: el de la mentira, la impunidad y la
arbitrariedad institucionales. ¿En qué
circunstancias murió el joven William Antonio? Carlos
Ernesto Forero Borowiec, actualmente detenido en el Centro Penal
"La Esperanza", declaró a personeros de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDH)
lo siguiente: "que el día de los hechos se conducía
en el vehículo que le habían prestado para probarlo
y que fue a traer a JUAN CARLOS MARTINEZ, a JORGE ALBERTO (Romero
Hernández) y a WILLIAM ANTONIO GAITAN a quien asegura no
conocía. En momentos en que transitaban por la
prolongación de la Alameda Juan Pablo II, un
vehículo policial les ordenó detenerse, orden a la
que él desobedeció, pues JUAN CARLOS llevaba un
cigarro de marihuana. Al encontrarse a la altura del Mirador, los
policías les comenzaron a disparar, por lo que huyó
hasta el lugar en donde finalizó la persecución, al
estallarle la llanta. Manifiesta que los policías no
pararon de dispararles y porsteriormente los capturaron
llevándolos a la DIC (división de investigaciones
criminales de la PNC)".
El relato anterior --con el subrayado y las
mayúsculas-- es parte de la resolución que la PDH
emitió el 26 de julio del año en curso, la cual fue
presentada públicamente hace unos días por la
señora procuradora, doctora Victoria Marina
Velázquez de Avilés, en compañía de
algunos miembros de su consejo consultivo e importantes
funcionarios de la institución. Aparte de Forero Borowiec,
quien según información periodística
confesó pertenecer a una banda de "robacarros", las otras
tres personas que se conducían en el auto eran menores de
edad.
Uno de esos jóvenes, Jorge Alberto Romero
Hernández, declaró en el proceso judicial que
"cuando el vehículo policial les ordenó detenerse
el que manejaba no se quiso detener, por lo que el joven
Gaitán le pidió que obedeciera, pero lo que hizo
fue acelerar, y que a las dos cuadras empezaron a dispararles,
por lo que él se agachó y Gaitán le
cayó encima luego de los primeros disparos. Cuando el
vehículo se detuvo y lograron salir, los policías
les continuaron disparando, y el se tiró al suelo pero
después optó por correr con los otros dos;
después que capturaron a Forero, él se subió
a un bus junto a Juan Carlos (Martínez) en el que fueron
finalmente detenidos, y fueron interrogados sobre el paradero de
las armas, sin embargo agrega que ninguno de ellos portaba
alguna".
La PDH sostiene que la declaración judicial del joven
Romero Hernández concuerda con lo que, posteriormente,
éste manifestó a sus delegados; también
coincide con los relatos de los agentes involucrados. Dice la
resolución de la Procuraduría que éstos
"admitieron que cuando salieron del vehículo les
dispararon a los perseguidos, pero que los disparos se hicieron
al aire". Además, la PDH afirma lo siguiente: "Se pudo
comprobar que el Motorista ESCAMILLA, y el Agente Palacios no
participaron en la persecución a pie, sino que se
dirigieron hacia el vehículo".
¿Quiénes son "el Motorista ESCAMILLA, y el
Agente Palacios" mencionados y por qué se destaca que --en
lugar de ir tras los jóvenes que huían-- fueron
hacia el auto que acababan de perseguir? Pues porque esos dos
"servidores públicos" son los que dieron muerte a William
Antonio Gaitán Ayala. A continuación, con la
resolución de la Procuraduría, veamos cómo
se desarrolló el trágico acontecimiento que nos
ocupa.
Lo que sigue también es una transcripción fiel
del texto: "Al solicitarle datos al Cabo JOSé SANTOS
RODRíGUEZ ONI 00573 de la unidad 121, este le
informó que había participado en la
persecución junto a los agentes MIGUEL PALACIOS CONTRERAS
ONI 03294, CARLOS ALBERTO OSORIO VASQUEZ ONI 07280 Y NARCISO
GABRIEL ESCAMILLA ACOSTA ONI EA00295. Agregó que no
habían encontrado armas en el vehículo".
La PDH sostiene que las "declaraciones rendidas por los
agentes policiales en el Tribunal, coinciden en señalar
que el día de los hechos fueron avisados por parte del
sistema de Emergencias 121 que por la Prolongación de la
Alameda Juan Pablo Segundo circulaba un vehículo robado a
la señora CAMPOS DE AQUINO, reportado como robado el
día 2 de enero de 1996". Además, el cabo
Rodríguez dijo: "Al ordenarle detener la marcha no lo
hizo, y a la altura de la 7a Calle Poniente se oyeron disparos
supuestamente provenientes del vehículo perseguido por lo
que se optó por dispararles a las llantas" Cabe decir que
este subrayado sí es nuestro, porque se vuelve interesante
al fijarnos en lo que dijo el juez que hizo la inspección:
"En cuanto al vehículo, el parabrisas trasero estaba
totalmente quebrado, así como el vidrio de la puerta
trasera izquierda, y dos disparos en el vidrio delantero".
Después de conocer la "mala puntería" de los
policías --pues apuntándole a las llantas,
según dicen, pegaron numerosas veces en otros partes del
auto-- sigamos leyendo la versión del cabo
Rodríguez: "Al estallarle una de ellas (de las llantas) y
detenerse los sujetos se bajaron y fueron capturados momentos
después, notando que en el interior del vehículo
había un cadáver por lo que se dio aviso al 121.
Agregaron que cuando se hizo la inspección del Laboratorio
no hallaron ningún arma, ignorando ellos que se
habían hecho".
"Del reconocimiento practicado al cadáver --sostiene
la PDH-- se pudo determinar que la causa de la muerte fue herida
penetrante de tórax producida por proyectil de arma de
fuego, presentando orificios de entrada de proyectil en el quinto
y octavo espacio intercostal, ambos sin tatuaje de
pólvora, y uno más a nivel del cuello. La autopsia
determinó que el proyectil que impactó el cuello y
que quedó alojado, fue disparado de atrás
hacía adelante, y los del tórax que también
quedaron alojados, de derecha a izquierda, ligeramente de
adelante hacia atrás, y hechos a una distancia no mayor de
cincuenta centímetros".
Y sigue la resolución citada: "De los análisis
de los proyectiles encontrados al cadáver del joven
Gaitán, se pudo determinar que el que le ocasionó
la muerte según la autopsia, o sea el que impactó
en el cuello, fue disparado por el agente MIGUEL HAGEO PALACIOS
CONTRERAS que portaba una Sub Ametralladora Tamae tipo Saf
Calibre 9 mm, y los otros dos, por el Motorista de la Unidad,
NARCISO GABRIEL ESCAMILLA, quien portaba un revólver
Taurus Calibre 38 mm. Se pudo comprobar que el Motorista hizo
ocho disparos, pues siendo su arma de una capacidad de seis
tiros, pudo hacerlos porque manifiesta haberla recargado".
Hasta aquí, pues, queda establecido que Palacios
Contreras disparó su arma durante la persecución
desde el "radiopatrulla" y que uno de esos proyectiles
penetró en el cuello de William Antonio. Los otros dos
proyectiles que causaron la muerte del joven salieron del arma
del conductor del auto policial y se hicieron a corta distancia.
Quiere decir que, tras haberse detenido el vehículo
perseguido y después de haber recargado su arma,
encontrándose William Antonio dentro del mismo --herido y
quizás agonizando-- el chófer Escamilla le
disparó a quemarropa.
¿Qué debieron hacer entonces los otros
policías que participaron en una operación iniciada
con una razón legítima y legal, pero que durante su
desarrollo degeneró en una ejecución arbitraria de
un menor de edad? Pues detener a Escamilla y a Palacios
Contreras, para después reportar lo que realmente
había sucedido. Pero no; se hizo lo contrario y
todavía más, con el propósito de encubrir a
los responsables de esta nueva violación al derecho a la
vida.
Al revisar la resolución de la PDH, encontramos lo
siguiente: "En el proceso 25-96 iniciado sobre averiguar la
muerte del joven GAITAN, por parte del Juzgado 13ø de Paz, consta
que la inspección del hecho se llevó a cabo a las
veinte horas y diez minutos del día de los hechos. Cuando
se hicieron presentes, el vehículo se encontraba con las
cuatro puertas abiertas, poniendo de manifiesto el Juez
según su expresión textual, que había
presencia de agentes de la D.I.C. y peritos del Laboratorio de
Investigación Científica del Delito de la P.N.C.
los cuales se encontraban realizando sin ninguna previa
autorización del suscrito Juez, órgano competente
de la Administración de Justicia, experticia de prueba de
campo en el vehículo y en el cuerpo de una persona, ya
fallecida, hasta el momento no identificada". Obviamente, es
nuestro el subrayado.
Y la resolución de la PDH continúa de la
siguiente forma: "Agrega el Juez que las vainillas que se dice
fueron encontradas, habían sido retiradas por los miembros
del Laboratorio de Investigación Científica del
Delito sin autorización alguna, por lo que él no
podía afirmar y verificar el calibre ni la cantidad de las
mismas... Sobre el reconocimiento del cadáver, manifiesta
que lo pudo realizar hasta que los peritos policiales terminaron
su experticia sin autorización. Constató que se
encontraba en el asiento trasero con dos impactos de proyectil de
arma de fuego en la región de la pared lateral del
tórax, y un impacto en la región occipital".
Las diligencias extrajudiciales instruidas contra Forero
Borowiec --reporta la PDH-- "fueron remitidas por la
División de Investigación Criminal de la
Policía Nacional Civil al Juzgado Décimo Quinto de
Paz. En las mismas aparece que los menores JORGE ALBERTO ROMERO
HERNANDEZ y JUAN CARLOS MARTíNEZ QUINTANILLA fueron
consignados a las bartolinas municipales como imputados del
delito de robo y tentativa de homicidio y remitidos el día
5 del presente año, al Departamento del Menor Infractor de
la Fiscalía General de la República. Las
diligencias policiales incluyeron análisis
dactiloscópico. El análisis de la región
dorsal y palmar superior de las manos del cadáver de
WILLIAM ANTONIO GAITáN AYALA practicado por la
Policía, sin intervención judicial,
determinó positivo en ambas manos, lo que según el
dictamen podría ser por haber disparado o manipulado arma
de fuego, o por haber estado cerca o en un ambiente donde se
disparó un arma de fuego". Este subrayado también
es nuestro, sobre todo porque queremos destacar que
posteriormente se realizó una experticia por parte del
juzgado décimo quinto de paz de San Salvador, cuyo
análisis químico arrojó un resultado
negativo en el dorso y en la palma de ambas manos del
cadáver.
Pese a todo lo anterior, cuando la causa pasó al
juzgado quinto de lo penal de San Salvador y se decretó la
detención del chófer Escamilla y del agente
Palacios, el juez calificó el delito como "homicidio
culposo" --es decir, sin intención-- y excarceló a
los imputados a solicitud de la defensa. Eso contradice la
resolución de la PDH, mediante la cual se establece que en
los hechos hubo --por parte de la Policía-- imprudencia,
temeridad, falta de respeto a los derechos humanos, prepotencia e
irresponsabilidad. A todo eso, cabría agregar todo el
esfuerzo institucional por encubrirlos; dentro de dicho esfuerzo,
además, se deben considerar el informe de la unidad de
control de la PNC y la actitud pasiva de la inspectoría
general del cuerpo policial.
Este es un resumen de los acontecimientos que cambiaron la
vida de don Carlos Gaitán. Ahora, además de
trabajar para procurar el sustento diario de su familia, se
encuentra buscando --con sus limitados recursos, pero con una
férrea voluntad-- que se haga justicia. El suyo es uno de
los ejemplos de un ciudadano con valor, dispuesto a todo para
limpiar la imagen de su hijo y la de su familia que fueron
dañadas por las mentiras institucionales que se lanzaron
para "justificar" la ejecución del joven. Por su tragedia
y la forma cómo actuó la PNC, don Carlos ya no cree
en ella. ¿Y Usted?
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ALZA DE GASOLINA. El Presidente de la República, Armando
Calderón Sol, pidió el 04.11 una "conciencia
solidaria" a los salvadoreños que poseen
automóviles, ante los futuros incrementos al combustible
que se aplicarán con el objeto de ampliar la cobertura de
subsidio de diesel para las unidades de buses del transporte
público. El Presidente califica el aumento en el costo de
la gasolina como una solución "salomónica" para
enfrentar las voraces demandas de diesel de los buseros a cambio
de no aumentar los pasajes. "Sabemos que los subsidios
distorsionan, que no son la panacea ni la solución al
problema, pero en este momento hemos accesado al subsidio de los
buses en aras del bolsillo de los más pobres de El
Salvador", aseveró. Calderón Sol también se
refirió al incremento de las tarifas en los microbuses del
transporte colectivo, y señaló que esto será
permitido porque el Estado no puede ampliar el subsidio del
combustible hacia ese sector. "Este es un paso que no se
quería dar, creemos que es necesario ante el colapso de
toda la industria del transporte, creo que es un esfuerzo del
Gobierno de la República y del pueblo salvadoreño
ante la situación que se está viviendo a nivel
nacional con el transporte". Al ser consultado si el incremento
en los combustibles no generaría un "efecto de cascada"
sobre los productos de la canasta básica e
incrementaría sus precios, el mandatario se limitó
a exponer que el país no es productor de petróleo y
que ello implica estar sujeto a su precio internacional. Aunque
el mandatario no especificó el porcentaje que será
agregado a la gasolina, ni la fecha en que sería aplicada
la medida, sostuvo que la decisión es la más
"acertada" (LPG 05.11 p.3-a y DH 05.11). -----
CONSIDERACIONES ANTE ALZA COMBUSTIBLE. El Viceministro de
Comercio e Industria, Rolando Alvarenga, reveló el 04.11
que el subsidio de diesel otorgado a los empresarios de autobuses
públicos "ya no es viable", debido a que durante 10
años, la ayuda se ha elevado, mientras los transportistas
siguen pagando 1 colón 70 centavos por galón. El
subsidio fue impuesto desde 1981, cuando el empresario de
autobús pagaba por el diesel 1.30 colones y un civil 4.75
colones, dijo Alvarenga, al comparar que, en 1986, el
transportista canceló 1.92 colones, al igual que en la
actualidad, con la excepción que un particular pagó
en 1986 6.95 y hoy 11.10 colones. El Viceministerio
añadió que en los últimos 3 años, los
montos de subsidio se han incrementado: en 1994 se
subsidió un total de 180 millones, en 1995 183 millones de
colones y para este año se estima será de 150
millones, lo que implicó un aumento de 67 millones de
colones, en comparación a lo subvencionado en 1995.
"Sentimos que este sistema ya no es viable. ¿Cuánto
se gastará en los próximos años si se
aumenta el subsidio, los precios internacionales y el sobrecargo
a la gasolina?, eso es absurdo", recalcó. El funcionario
advirtió que conceder subsidio a un mayor número de
buses causará efectos inflacionarios en la economía
nacional, los cuales aún no han sido medidos. Mientras
tanto, Jorge Villacorta, diputado del partido Convergencia
Democrática, expresó "no estamos convencidos que
sea el método más eficiente de darle diesel a los
dueños de autobuses. Hay 3 compañías que
tienen un oligopolio de la gasolina y RASA, que pertenece a las
Shell y ESSO, tienen el monopolio del proceso de refinamiento.
Queremos ver si es posible que también esta gente
contribuya a financiar el transporte" (LPG 05.11 p.3-a y DH 05.11
p.13). -----
MAS CAMBIOS EN EL GABINETE. Cinco nuevos miembros del gabinete de
Gobierno fueron juramentados el 04.11 por el Presidente de la
República, Armando Calderón Sol, quien
reafirmó que los nombramientos surgen de una estrategia de
depuración de funcionarios públicos y a raíz
de los nuevos cargos que exige la modernización del
Estado. Calderón Sol juramentó a los licenciados
Vilma Isabel Hernández de Calderón como
Viceministra de Agricultura y Ganadería, José Luis
Trigueros como Viceministro de Hacienda; asimismo, el ingeniero
Roberto Alejandro Sorto Fletes asumió el cargo de
Viceministro de Inversión y Crédito público,
dependencia de Hacienda. Como Secretario de Reconstrucción
Nacional (SRN) fue juramentado el ingeniero Wilfredo Rosales
Escobar, y como Superintendente de Valores, el licenciado Oscar
Pérez Merino. Durante la juramentación, llevada a
cabo en el salón de honor de Casa Presidencial,
Calderón Sol reafirmó que los nombramientos surgen
de la estrategia de evaluaciones aplicada a los funcionarios en
ejercicio, que podrían ser removidos de sus funciones si
así fuere necesario, y también para promover los
nuevos cargos que exige la modernización del Estado. En
este contexto, se explican las salidas de José Ernesto
Escobar y Eduardo Montenegro, viceministros del MAG y Hacienda,
respectivamente, y se oficializa el Viceministerio de
Inversión y Crédito Público creado con la
finalidad de brindar mayor atención a las posibles
inversiones extranjeras. Sobre el puesto de viceministro de
Justicia, luego de la renuncia de Raúl Somoza Alfaro,
Calderón Sol informó que la vacante será
ocupada por el doctor Vicente de Jesús Machado, a quien se
le tomaría la protesta en su nuevo cargo el 07.11 (DH
05.11 p.7).-----
SATURACION DE REOS. La Policía Nacional Civil (PNC) y las
autoridades de los diferentes centros de reclusión del
país están enviando en forma apresurada, notas a
todos los juzgados de la República para que se abstengan
de enviar reos, debido a la saturación en que se
encuentran. Esta situación ha motivado que el Ministerio
de Justicia agilice el traslado de reos al recién
inaugurado penal de Santa Ana, donde antes funcionaban las
bodegas del INCAFE. El Viceministro de Justicia, Raúl
Somoza Alfaro, quien fungió en el cargo hasta el 31.10,
dejó elaborado el listado de estos reos y
únicamente está pendiente del traslado. Jueces
consultados señalaron que el problema se resolverá
momentáneamente, debido a que diariamente ingresan al
sistema más reos de los que salen, porque la
Policía no puede dejar de capturar delincuentes, ni los
jueces evitar la aplicación de la ley. El Vice ministerio
de Justicia considera que debe existir coordinación,
porque si los jueces tampoco cumplen con la agilización de
los procesos, las cárceles se llenarán de reos sin
sentencia. El jefe de la Sección de Diligencias de la
Unidad de Emergencia 121, subinspector Héctor Abel Tobar,
notificó a los tribunales de San Salvador que "por orden
superior y en vista de tener excedidas una cuarta parte de su
capacidad las bartolinas de la unidad, no se recibirán
reos en depósito en esta base". Nicolás Campos
Rafael y Antonio Domingo González, Director y Subdirector,
respectivamente, de la penitenciaría "La Esperanza"
(Mariona) también han reportado a los juzgados su
preocupación por la sobrepoblación que enfrentan.
"Si bien es cierto que el penal está dividido en sectores,
ninguno de ellos ofrece la seguridad necesaria para presumir que
a un interno no puede ocurrirle alguna desgracia, pues
éstos tienen acceso a todos los sectores",
señalaron (LPG 30.09 p.5-a).-----
CAUSAS EN RETARDACION JUSTICIA. De acuerdo con un informe del
Ministerio de Justicia, dentro de las causas que retardan la
justicia -y que reflejan un serio problema para la
Procuraduría General de la República- se puede
mencionar el mal seguimiento a los procesos judiciales y la
ausencia de defensores públicos para reos pobres durante
los juicios. El documento indica que, durante 1995, las
actividades de seguimiento de los detenidos fueron muy escasas,
en particular las visitas carcelarias. Asimismo, muy pocas veces
los defensores estatales apelan en favor de los detenidos o
presentan recursos de exhibición personal ante la Corte
Suprema de Justicia, en caso de existir irregularidades en los
procesos. Estas afirmaciones en cifras revelan que las visitas
carcelarias por defensor son de catorce al año, los
recursos de apelación interpuestos son dos anuales,
mientras que los recursos de casación presentados
sólo son tres. La información del Ministerio de
Justicia es apoyada por las críticas de algunos jueces,
quienes señalan que la actitud pasiva de los defensores es
una de las causas para la lenta depuración de los
procesos. Además, consideran que esas irregularidades
violan el derecho constitucional de las personas de contar con un
defensor desde el momento de su captura. La Jueza 14a. de Paz,
Gloria de Funes, afirmó que el defensor de turno
sólo asiste al reo cuando éste rinde su
declaración; sin embargo, cuando se realizan los
reconocimientos de reos, los defensores no se presentan, pese a
haber sido informados. Asimismo, la Jueza 15a. de Paz, Nora
Montoya, consideró que el Estado debe revisar el
presupuesto de la instituciones tales como la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos y Fiscalía de la
República a fin de que apoyen al sector de Justicia (DH
05.10 p.9).-----
DECLARACIONES DEL MANEQUE. El crítico de la actual
cúpula del partido ARENA, Antonio Cornejo Arango, no
descartó el 30.10 establecer una alianza con diferentes
institutos políticos con miras a lograr cargos en el
espectro nacional en las próximas elecciones de diputados.
El político manifestó que, a partir del 26.10,
dió un plazo de 15 días a los dirigentes del
partido para que permitan su ingreso en el COENA. La
petición "no es una exigencia intransigente",
afirmó durante entrevista telefónica. "Estamos
actuando responsablemente en respuesta a la petición de
las bases", añadió. De lo contrario,
mencionó la posibilidad de establecer coaliciones con
otros partidos con miras a los comicios a realizarse en marzo.
Cornejo Arango aseguró haberse reunido en los
últimos días con dirigentes del Partido Liberal
Democrático (PLD), Movimiento de Unidad y Partido Pueblo
Libre. En cuanto al plazo que dio al COENA, el "Maneque"
explicó que tal decisión fue tomada en vista de que
hace más de 8 meses está "pidiendo espacio" para
ingresar al mismo, el cual ha sido completamente bloqueado. No es
necesario, indicó, que se reformen los estatutos del
partido para permitirle el ingreso. "Si simplemente alguno de
ellos renunciara, yo podría optar por ese cargo",
manifestó. Si el COENA decide llevar a Juan José
Domenech como candidato a diputado por la plancha nacional,
desalentará a la mayoría de areneros, ya que no
tiene el respaldo suficiente, aseguró. Calificó
además como un "suicidio político" permitir la
reelección del alcalde Mario Valiente, ya que ARENA se
"expondría" a perder su "precioso bastión
político" como lo es la comuna capitalina (LPG 31.10 p.63-
a, EM 30.10 p.2, DH 31.10 p.69).
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