© 1996 UCA Editores
año 17
número 732
octubre 30
1996
ISSN 0259-9864
Cruzada contra la delincuencia y pena de muerte
Gobierno y empresa privada: ¿visiones opuestas sobre la
situación económica?
Nuevo escándalo de corrupción: el caso del FIS
Guatemala: diálogo-negociación a prueba
El marco conceptual de la violencia
¿Borrón? ¿Cuenta nueva?
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Cruzada contra la delincuencia y pena de muerte
La lucha contra la delincuencia viene siendo desde hace varios
meses el caballito de batalla de las autoridades de nuestro
país. El Presidente de la República, Armando
Calderón Sol, y el Ministro de Seguridad Pública,
Hugo Barrera, son las cabezas visibles de la ofensiva que se ha
iniciado en los círculos gubernamentales con el
propósito de enfrentar un problema -el de la violencia
delincuencial- que está dando lugar a un clima de terror
generalizado entre los distintos sectores sociales.
Las las modalidades que ha cobrado este tipo de violencia no
son para cruzarse de brazos: a las prácticas "tradicionales"
de criminalidad (asaltos armados, secuestros, robos callejeros,
etc.), que por sí mismas han alcanzado índices desde
todo punto de vista intolerables, se han sumado otras
prácticas violentas con un claro componente
patológico que no se puede dejar de lado, como lo muestran
los asesinatos colectivos (en los que niños de brazos,
adolecentes y ancianos son masacrados con lujo de barbarie) que han
comenzado a volverse comúnes en El Salvador. ¿Hasta que
punto este segundo tipo de violencia es "delincuencial" y hasta
qué punto no lo es? Si no es puramente delincuencial,
¿de qué tipo de violencia se trata? ¿Cómo
enfrentarla eficazmente? Estas son algunas de las interrogantes que
deberían hacerse quienes se preocupan por el auge
delincuencial en el país. Porque ante el preocupante
incremento de la criminalidad, así como ante la diversidad
de sus modalidades, las respuestas simples no garantizan en lo
absoluto ni su prevención ni su control ni mucho menos su
erradicación.
La ofensiva antidelincuencial lanzada por las autoridades
gubernamentales tiene cuando menos dos limitantes: la primera es
que reduce la violencia imperante a "violencia delincuencial",
presuponiendo que en cada caso criminal existe como móvil
buscar apropiarse de los bienes de la víctima (bienes que no
tienen porqué ser estrictamente materiales), por lo cual el
ejercicio de fuerza que hace el víctimario es puramente
instrumental-racional: utiliza determinados medios para alcanzar
sus fines, cuidándose de que aquéllos no desborden
hacia prácticas que pongan peligro la consecución de
éstos. En segundo lugar, si la violencia es tipificada como
delincuencial, las medidas para enfrentarla tienen que ser de
naturaleza "antidelincuencial", lo cual quiere decir instrumental-
punitivas. Se trata aquí, en lo que atañe a la
sanción o castigo, de un criterio proporcionalidad: al
delincuente hay que castigarlo en un grado tal que compense el
daño causado a sus víctimas y a la sociedad. En lo
que se refiere a la seguridad de que ese castigo va a ser aplicado,
se trata de tecnificar los mecanismos de investigación y de
movilización judicial-policial de modo que éstos sean
lo más eficaces posible. El combate contra la violencia,
cuando esta es reducida a violencia delincuencial, se resuelve con
criterios cuantitativos. Según sea el crimen, así
será la sanción penal. Y, resuelto eso, habrá
que incrementar el número de efectivos policiales para
garantizar que cada criminal reciba el castigo correspondiente a su
delito. La fórmula en simple: es la fórmula del
Presidente Calderón Sol y del Ministro Barrera; es
también la fórmula de los 48 diputados que decidieron
reformar la Constitución política para ampliar la
aplicación de la pena de muerte a los casos de
violación, secuestro y homicidio agravado.
En efecto, con la pena de muerte, el delincuente
vendría a compensar con su propia vida el haber violado,
secuestrado o asesinado. Siendo esta la pena máxima, los
demás castigos irían descendiendo en intensidad hasta
llegar a las sanciones menos fuertes. Cada delincuente
recibiría lo suyo, y precisamente esa certeza se
convertiría -para quienes aceptan la lógica de la
proporcionalidad- en un disuasivo importante para contener la
propensión al crimen. En el límite, el mayor
disuasivo sería la certeza de que en determinados actos
criminales el castigo puede ser la pérdida de la propia
vida.
Pero ¿qué sucede cuando, pese al imperio de esa
lógica, la criminalidad sigue en aumento? ¿Qué
sucede cuando, pese a la vigencia de la pena de muerte, los
asesinatos, las violaciones y los secuestros no disminuyen?
¿Qué decir de esa violencia que, al menos
aparentemente, no tiene un sentido instrumental-racional, pues
excede con creces aquellos objetivos que presuntamente se
buscarían?
Estas y otras interrogantes han salido a la luz pública
en más de una oportunidad. En ellas se trasluce que el
problema de la violencia es un fenómeno complejo, en el cual
la violencia delincuencial es una de sus dimensiones. Por
consiguiente, reducir las medidas para enfrentarlo a mecanismos
puramente punitivos es un desatino mayúsculo, sólo
explicable por las urgencias gubernamentales de encontrar
"soluciones" rápidas y simples a los complejos problemas del
país. El castigo, moderado o extremo, como respuesta al auge
de la violencia es la solución más fácil, pues
ahorra a las autoridades gubernamentales la penosa tarea de
elaborar un diagnóstico serio sobre las causas de la misma,
así como sobre los mecanismos más adecuados para
prevenirla y contenerla en sus distintas modalidades.
A lo anterior se debe agregar algo más: la
"solución" no sólo sirve para colmar una demanda de
seguridad que proviene de la sociedad, sino para reforzar las
tendencias autoritarias de un Estado controlado por la derecha. Una
cosa es innegable: la vida cotidiana de los salvadoreños
está en permanente amenaza y el Estado es el único
responsable de revertir esa situación. De ello no se sigue,
sin embargo, que las medidas estatales deban decantarse
exclusivamente hacia la coerción o, peor aún, que los
dirigentes gubernamentales se aprovechen de una demanda social
impostergable para reforzar sus pretensiones autoritarias.
Una cruzada contra la delincuencia es necesaria, y en la misma
debemos involucrarnos todos los salvadoreños que le hemos
apostado a la democracia. Empero, más sustantivamente, hay
que lanzar una campaña contra la violencia en todas sus
manifestaciones y modalidades. Contra la violencia delincuencial,
sí; pero también contra la violencia estatal, la
violencia empresarial y, en general, la violencia social que permea
la cotidianidad familiar, escolar y laboral. Ello requiere un
diagnóstico epidemiológico completo y riguroso sin el
cual las medidas para combatir el problema de la violencia
seguirán pecando de una simplidad imperdonable.
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Gobierno y empresa privada: ¿visiones opuestas
sobre la situación económica?
Las dimensiones del crecimiento de la producción parece
ser el problema económico más importante en la
actualidad, no sólo para las autoridades gubernamentales,
sino también para las gremiales empresariales. Prueba de
ello son las medidas emergentes para la reactivación de la
economía anunciadas por el Presidente de la
República, Armando Calderón Sol, y los reiterados
llamados de las gremiales empresariales para adoptar
políticas de reactivación del sector agropecuario y
de protección para el sector industrial.
La preocupación inicial se ha convertido en la
actualidad en un claro enfrentamiento entre personeros del gobierno
y de las gremiales empresariales, enfrentamiento en el cual se
trata de dirimir quién de los dos es el culpable del actual
proceso de recesión económica y crecimiento de los
precios.
No cabe duda que este debate poco o nada aportará para
adoptar las medidas necesarias para superar la actual etapa de
crisis económica; sin embargo, revela algunas
dinámicas que bien pueden contribuir a aclarar cuáles
son las verdaderas causas de la caída del crecimiento
económico y el incremento reciente de los precios. Por otra
parte, es una de las pocas ocasiones en que funcionarios
gubernamentales señalan prácticas empresariales que
fomentan incrementos injustificados en los precios.
La especulación de precios ha sido una de las causas
más importantes de desestabilización
económica, con o sin controles de precios. Los casos
recientes más notables han sido la introducción del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la elevación de las
tarifas de los servicios básicos a partir del segundo
semestre de 1992 y el incremento del IVA en 1995.
Al margen de la discusión de los objetivos de
crecimiento económico y estabilización de precios se
encuentra la problemática del tipo de crecimiento que ha
venido generándose en los últimos años. Llama
la atención el hecho de que aunque durante los
últimos cinco años se creció a tasas
relativamente altas, no se ha incrementado el empleo productivo y,
por el contrario, se ha estimulado el crecimiento de sectores
productores de bienes no transables tales como el financiero y la
construcción.
En las siguientes líneas se busca retomar algunos de
los señalamientos vertidos tanto por el gobierno como por la
empresa privada en torno a la crisis económica para intentar
aclarar cuáles son algunas de sus causas. Como se trata de
mostrar a continuación, existen señales que
podrían estar revelando un temprano fracaso por incorporar
el país al proceso de globalización económica.
La polémica sobre "desaceleración y precios"
Como se mencionó al principio, la preocupación
mayor en la actualidad es cómo recuperar los niveles de
crecimiento de 6% observados para el año 1995, especialmente
considerando que, de acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), los
pronósticos de crecimiento para el próximo año
son de sólo 4%. Tanto el gobierno como el sector empresarial
tiene su propia impresión al respecto.
De acuerdo al Ministro de Hacienda, en la actualidad llama la
atención el hecho de que, pese a la desaceleración
económica, persistan altas tasas inflacionarias lo cual se
debería a "que una mayoría de los empresarios
salvadoreños, contrariamente a lo que hacen las empresas en
países desarrollados, suben sus precios en lugar de bajarlos
cuando se reduce la demanda... para mantener un cierto volumen de
utilidades cuando el volumen de ventas cae".
Adicionalmente, el Ministro señaló que el
impacto se magnifica cuando existen excesos de inventarios "porque
hay muchos costos asociados con mantener inventarios,
particularmente las tasas de interés". Según la misma
fuente "la desaceleración terminará más
rápido en la medida en que las empresas comprendan que para
vender más es necesario bajar los precios".
En oposición a lo anterior, la Asociación
Salvadoreña de Industriales (ASI) expresó
públicamente que "no es responsabilidad del sector privado
el alza de precios", pues cuando las "ventas se reducen... lo que
se hace es reducir el precio de la mercancía, y no
incrementarla como erróneamente interpreta el [Ministro de
Hacienda]". Según la ASI, "la inflación es
responsabilidad estricta de un problema de política
monetaria y fiscal que se deriva del gasto público". Similar
valoración adoptó la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP).
Algunas características del crecimiento
En un contexto donde se pretende abrir la economía
nacional al proceso de globalización vale la pena
preguntarse qué es lo que el proceso implica y cuáles
son las potencialidades del país para una inserción
exitosa.
Una de las principales implicaciones de la
globalización es la libre movilidad de los factores de
producción (capital y mano de obra), es decir, la
posibilidad de hacer uso irrestricto de cualquier factor de
producción en cualquier parte del mundo. La
implicación que para el desarrollo tiene lo anterior es que
abre la posibilidad de la ejecución de inversiones
extranjeras en países que no cuentan con recursos propios,
pero que cuentan con ventajas comparativas. En esa medida
podría esperarse un crecimiento de la inversión, la
producción, el empleo, los ingresos y del nivel de
desarrollo.
En el caso de El Salvador, las ventajas comparativas parecen
residir ya no en su potencial agropecuario, sino más bien en
su mano de obra barata y en las altas tasas de rentabilidad
ofrecidas por el sector financiero. De esta forma, la globalizacion
lejos de producir mayores empleos productivos e ingresos
estaría estimulando el crecimiento de la actividad de la
industria de la maquila y del sector financiero, los dos de
conocidas desventajas para el desarrollo. La maquila de ropa se
caracteriza por utilizar la mano de obra local pagando el salario
mínimo, o incluso menos, y ofreciendo precarias condiciones
de trabajo; mientras que el crecimiento del sector financiero tiene
menor impacto sobre el empleo y los ingresos que el crecimiento del
agro o la industria.
En cambio, el sector financiero tiene gran incidencia sobre
las inversiones y costos de los sectores agropecuario e industrial
a través de la tasa de interés. Tal como lo
señaló el Ministro de Hacienda, la tasa de
interés sobredetermina tanto los costos de las empresas como
los precios al consumidor a la vez que incide sobre las decisiones
de inversión. La privatización del sistema bancario
desarrollada a principios de esta década ha estado asociada
a un rápido crecimiento del sector financiero, en gran parte
debido a un inmoderado crecimiento de los márgenes de
intermediación financiera (tasas activas menos tasas
pasivas).
Con esta modalidad de crecimiento, no puede esperarse mantener
un nivel de crecimiento estable, pues además de que el
crecimiento del sector financiero se opone al crecimiento de los
sectores productivos, existen elevadas posibilidades de
movilizaciones rápidas de capital, muy comunes en
actividades como la maquila y las inversiones financieras.
Conclusiones
Existe una clara incidencia de las políticas
empresariales sobre el crecimiento de los precios al consumidor, si
no por la vía descrita por el Ministro de Hacienda,
sí por la vía de la especulación de precios
ante medidas de política económica.
Algunas causas internas de la desaceleración del
crecimiento económico son las altas tasas de interés
activo y de intermediación financiera que se agencian los
bancos. De aceptar las versiones del Ministro de Hacienda, resulta
claro que existe necesidad de que el Estado regule las tasas de
interés en aras de favorecer disminuciones en los precios,
estimular la inversión en los sectores productivos y romper
el ciclo vicioso recesión económica-incrementos de
precios.
El crecimiento basado en sectores productores de bienes no
transables responde grandemente en la política desarrollada
por el gobierno: mantenimiento de un tipo de cambio real
sobreestimado, privatización de la banca y mantenimiento de
elevadas tasas de interés. Adicionalmente, las tasas
inflacionarias también se han visto influenciadas por
diferentes políticas gubernamentales tales como la
introducción del IVA y las alzas en las tarifas de los
servicios básicos.
La actual coyuntura económica se explica no sólo
por las políticas de precios de las empresas, sino
también por el modelo económico que ha venido
configurándose a lo largo de la década; en esa
medida, la superación de la misma pasa no sólo por
una revisión de las políticas de fijación de
precios de las empresas sino también por una revisión
y reformulación de la política económica.
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Nuevo escándalo de corrupción: el caso del FIS
Cuando en noviembre del año pasado el Vicepresidente
de la República, Enrique Borgo Bustamante, hizo oficial la
hasta entonces especulada unificación entre el Fondo de
Inversión Social (FIS) y la Secretaría de
Reconstrucción Nacional (SRN), algunos analistas
señalaron el peligro de una politización, a favor
de ARENA, de los proyectos y de los fondos que manejaba el FIS.
Si se toma en cuenta que el FIS disponía de cantidades que
rondaban los 500 millones de colones, no era descabellado, pues,
vaticinar un uso político de ellos (con motivaciones
electorales, por ejemplo) o, lo que es peor, que fueran
fácil objeto de corrupción (Proceso, 686).
A pesar de que estos señalamientos fueron afirmados
con énfasis durante la huelga que realizaron ciento
cincuenta empleados del FIS durante el mes en cuestión,
luego de que se concluyera el paro laboral ni las autoridades del
FIS ni los funcionarios del partido ARENA se preocuparon por
aclarar o responder sobre la índole de los lineamientos
que a futuro orientarían la actividad del FIS. Al parecer
de los miembros de ARENA, la unificación era ya un hecho
felizmente realizado bajo la dirección de Norma de Dowe,
Presidenta de ambas instituciones, y ante lo cual sólo
restaba la aprobación de la Asamblea Legislativa para
hacerlas de facto una sola institución.
El 14 de este mes, cuando ya la Asamblea había
aprobado la interrelación del FIS y la SRN para dar paso
al nuevo ente institucional que los asimilaría (Fondo de
Desarrollo Local) y cuando todo permitía suponer que Norma
de Dowe pasaría automáticamente a dirigir la
institución naciente, sale a la luz pública que la
funcionaria había presentado su renuncia al Presidente
Calderón Sol. Aunque los motivos de la dimisión no
fueron en un principio precisados, era claro que la renuncia
estaba oficialmente aceptada y que como muestra de ello ya se
había estipulado que sería la actual Viceministra
de Relaciones Exteriores para la Promoción y
Cooperación Internacional, María Teresa de
Rendón, la que llenaría la plaza vacante.
Contradictoriamente, el día siguiente Calderón
Sol pedía públicamente a de Dowe que reconsiderara
su renuncia, puesto que aún no habían sido
finalizados los programas que estaba bajo su cargo. Al mismo
tiempo la funcionaria declaraba a los periodistas que dejaba su
puesto porque consideraba que se había presentado el
"momento oportuno" para hacerlo. La simpleza de los argumentos
permitía pensar, como se comprobó después,
que debajo de la renuncia, la aceptación oficial de ella y
el contradictorio llamado a una reconsideración
yacía un complejo juego de intereses políticos. El
que una funcionaria que tenía un largo y aparentemente
exitoso curriculum al interior de la burocracia gubernamental
renunciara en un momento en que las condiciones no le
podían ser más favorables, despertaba la sospecha
de que se estaba tratando de ocultar un escándalo
político de grandes proporciones. Esta intuición
fue confirmada en los días siguientes.
El 16 de octubre fue dado a conocer por los diputados de la
oposición un informe de auditoría de la Corte de
Cuentas donde se responsabilizaba al Consejo de
Administración del Fondo de Inversión Social por la
utilización ilegal de 18 millones 87 mil 800 colones.
Según el informe, un número importante de empleados
y altos ejecutivos del FIS habían experimentado
desproporcionados aumentos a sus salarios antes de renunciar y
acogerse de manera irregular al decreto 471 en diciembre del
año pasado. El incremento salarial, justo antes de la
cesantía, habría servido para que estos empleados
pudieran recibir exorbitantes indemnizaciones económicas,
algunos de ellos de más de 800 mil colones. El informe
reveló que un estudio de las nóminas de empleados
permitía observar que algunos de los que se "retiraron"
fueron recontratados el mismo día a petición de la
Presidenta del FIS, Norma de Dowe.
El mismo día en que era conocido el informe, ARENA,
como ya es rutina en casos de corrupción
gravísimos, se pronunciaba por una minuciosa
investigación de las irregularidades del FIS que
permitiera deducir responsabilidades. Por su lado, Orlando
Quinteros, diputado del FMLN, acusaba al Presidente
Calderón Sol de haber ocultado el informe de la Corte de
Cuentas para darle la oportunidad a de Dowe de renunciar y evitar
así el escándalo en ciernes. Como respuesta a la
situación, el 17 el gobierno publicaba un comunicado
oficial en el que pretendía aclarar su posición
ante la renuncia de Dowe. En el mismo se afirmaba que la
funcionaria sólo había renunciado a su puesto en la
SRN, puesto que en el FIS su labor había concluido luego
de la aprobación de la ley de creación del Fondo de
Desarrollo Local. Además se confirmaba la
postulación de María Teresa de Rendón para
el puesto que abandonaba de Dowe y se finalizaba con una
exaltación de la labor desempeñada por la hasta
entonces Presidenta de la SRN y haciéndole un llamado para
que continuara en su cargo "hasta cerrar la exitosa etapa de
cumplimiento de los Acuerdos de Paz y liquidar la SRN".
En los días subsiguientes, tanto la de Dowe como los
funcionarios areneros se dedicaron a tratar de desmentir y restar
objetividad al informe presentado por la Corte de Cuentas. Los
argumentos utilizados por la primera para montar su defensa
fueron principalmente dos. El primero, el proceso que llevo a
despedir y luego recontratar a los empleados del FIS no
obedeció a la aplicación tergiversada del decreto
471, sino a "un proceso de reingeniería" que no
suprimió las plazas (objetivo medular del Decreto 471) y
que buscaba deshacerse de los empleados no gratos,
"bochincheros". El segundo, la decisión de despedir,
indemnizar y recontratar de inmediato a un centenar de
trabajadores fue tomada colegiadamente por el Consejo Directivo
del FIS y unilateralmente por ella.
Es a simple vista notable la fragilidad e incoherencia de
los argumentos. En primer lugar, de Dowe pierde de vista que
afirmar que no se aplicó el 471 suma mayor irregularidad y
problematicidad a la situación, puesto que no se aclara
cómo entonces es que se pudo premiar con tan exageradas
indemnizaciones a unos empleados que serían contratados
después; sólo el régimen de excepción
del 471 permitiría excusar los cuantiosos montos pagados a
los empleados "retirados" (para entender el mecanismo del Decreto
en mención ver Proceso, 683).
En segundo lugar, no se da una razón seria y
creíble para justificar un "proceso de
reingeniería" que despide, indemniza y contrata a un mismo
empleado; de Dowe, tal vez sin pretenderlo, sólo le da un
nombre técnico a un proceso evidente de corrupción
y compadrazgo. Finalmente, el hecho de que decida no asumir su
responsabilidad como mando superior en el escándalo y pase
la factura a todo el Consejo del FIS no es una defensa, sino
más bien un síntoma de desesperación. De
Dowe al parecer ha pretendido salvarse haciendo de la
responsabilidad de toda la institución, y no sólo
suya, la corrupción descubierta. Esto refuerza y da mayor
credibilidad al informe de la Corte de Cuentas, ya que el gesto
desesperado de la ex presidenta del FIS proviene de la
imposibilidad de ocultar por otros medios lo que ya ha salido a
la luz pública.
En lo que respecta a los funcionarios de ARENA, la defensa
de la ex funcionaria la han hecho acusando a la Corte de Cuentas
de que la publicación del informe obedece a un afán
de venganza por la aprobación de la reforma a la Ley de la
Corte de Cuentas -que le da poder a otros magistrados para vetar
o hacer revisiones a las decisiones del Presidente de la Corte- y
el rechazo de un refuerzo presupuestario solicitado por la
institución. A juicio de los diputados areneros, autores
de ambas acciones, el Presidente de la Corte de Cuentas, Rafael
Hernán Contreras, estaría instrumentalizando al
ente contralor para presionar al partido en el poder en orden a
alcanzar sus intereses particulares. Está de más
decir que lo que se critica no es el informe mismo y sus
conclusiones, sino más bien el hecho de que se haya
publicado o proporcionado a la oposición. Como de Dowe,
los funcionarios areneros se han mostrado incapaces de rebatir el
informe.
Concluyendo, el caso de corrupción en el FIS deja
claro que cuando se juntan capital y administración
arenera -antes de Dowe no existían referentes de
corrupción en el FIS- el saldo es siempre de
aprovechamiento y corrupción. Al parecer, y tal como se
está revelando en la administración de ARENA, no
existe un non plus ultra en lo que a corrupción se
refiere; cuando se pensaba que luego de Majano y los alcaldes no
se podría llegar a más, el caso del FIS marca
contundentemente una nueva escala en el robo a manos de
personeros del gobierno, una corrupción que ya es
generalizada, irreprimible y escandalosa.
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Guatemala: diálogo-negociación a prueba
Luego de conocerse que la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG), por medio de Rafael Augusto Valdizón
Muñoz (alias comandante "Isaías") estaba implicada
en el secuestro de la acaudalada empresaria Olga Alvarado de
Novella, el gobierno de Alvaro Arzú, por medio del
Ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, anunció
el 27 de octubre la suspensión del diálogo-
negociación que se reanudaría el 29 de octubre en
la ciudad de México, entre el gobierno y la URNG.
La empresaria fue secuestrada el 25 de agosto, en la ciudad
de Guatemala, cuando transitaba en su vehículo por una de
sus céntricas avenidas; fue interceptada por varios
hombres armados, quienes la sacaron en su silla de ruedas y la
introdujeron en el carro que conducían, llevándola
con rumbo desconocido. Posteriormente, exigieron un rescate de 6
millones de dólares.
Sobre el caso de Rafael Augusto Valdizón
Muñoz, alias comandante "Isaías", medios de prensa
informaron que fue capturado el 19 de octubre por las fuerzas de
seguridad de Guatemal, a las cuales confesó que
tenía en su poder a la señora de Novella. Asimismo,
se le decomisaron documentos de la URNG sobre la
reinserción de los alzados en armas a la vida civil, tema
que se ha discutido en las dos reuniones realizadas en octubre y
una carta escrita por la secuestrada, que sería entregada
a la familia. Por lo demás, la misma fecha en que se hizo
público el aplazamiento de la reanudación del
diálogo-negociación entre el gobierno y la URNG, el
comandante "Isaías" fue canjeado por la empresaria
secuestrada.
Ante los hechos antes descritos, el Ministro Mendoza
calificó la implicación del "comandante
Isaías" en el secuestro como una violación a los
acuerdos de Derechos Humanos suscritos por las partes que en la
mesa de negociación pretenden concluir con el conflicto
armado. Asimismo, funcionario aseguró que el canje se
realizó "por razones eminentemente humanitarias y ante el
creciente riesgo de muerte de la señora de Novella, se
tomó la decisión de intercambiar a este sujeto por
la anciana plagiada hecho que se concretó el domingo
logrando la liberación con vida de la víctima". Por
su parte, la URNG no ofreció declaración y/o
explicación alguna sobre las imputaciones que se le han
hecho en torno al secuestro de la empresaria.
Mientras tanto, para el Arzobispo de Guatemala,
Monseñor Próspero Penados, era lamentable que se
hubiese suspendido el diálogo-negociación, aunque
dijo confiar en que tal acontecimiento no fuese un
obstáculo para la firma del acuerdo final de paz, que se
tiene previsto para el 15 de diciembre. En esta misma
perspectiva, el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG),
lamentó también la decisión del gobierno de
suspender la ronda de negociación.
Probablemente, en el seno de la URNG, los acuerdos firmados
hasta la fecha no sean convincentes para todos sus militantes,
presentando problemas difíciles entre ellos. Ello
explicaría de alguna manera porqué se ha seguido
recurriendo al secuestro o en porqué aparecen algunos de
sus miembros involucrados en este tipo de acontecimientos.
Así las cosas, es muy importante que la URNG brinde
una explicación no sólo a nivel nacional, sino
también internacional sobre su responsabilidad en dicho
secuestro. El proceso guatemalteco demanda fortalecer la
credibilidad entre las partes. De no tomar en cuenta esta
situación, la URNG estaría dando al traste con la
la cuota de confianza alcanzada en estos momentos.
No debe olvidarse que, en medio de las opiniones y
aún de la crisis que se pueda generar en el
diálogo-negociación, la paz surgirá de los
acuerdos con los que se pretende concluir la guerra. Asimismo, se
debe tener presente que existe un acercamiento entre las partes
que debe ser potenciado y que los acuerdos de paz van a
posibilitar que se abra en Guatemala un abanico político
con una importante dósis de tolerancia y pluralismo, hasta
hoy inexistentes.
Lo ocurrido ha hecho emerger el peligro de la desconfianza;
sin embargo, el reto político que enfrentan el gobierno de
Arzú y la URNG, una vez que se haya incorporado a la vida
pública legal, es conseguir la participación de
grandes sectores del pueblo guatemalteco que tanto urge y demanda
que la paz se haga una realidad; una paz fundada en el respeto de
los derechos humanos, sobre todo de aquellos ciudadanos que sido
violentados en ellos durante la última década.
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El marco conceptual de la violencia
Elvio Sisti
Consultor PROLIS/UE
La violencia, al igual que otras dimensiones de la vida
humana, debe leerse en sus los niveles de significación
instrumental y existencial. El nivel instrumental no presenta
complicaciones conceptuales; verdaderamente no requiere de un
marco conceptual particular. Así como se sabe que, al
llegar el invierno, con el aumento de la contaminación del
agua aumentan las enfermedades diarréicas, utilizando la
misma lógica lineal, de causa-efecto, se sabe que con el
aumento del consumo del alcohol, la tenencia de armas,
tráfico de drogas, aumento de necesidades
económicas insatisfechas, etc., aumentan las muertes y
lesiones producidas por actos de violencia.
Y no basta con detenerse en este punto, pues los factores
culturales también se incorporan a una lectura
instrumental de la violencia. Si nos trasladamos en EEUU, desde
los estados del noreste hasta los del sur, comprobaremos que, con
el aumento de los patrones socio-conductuales y actitudinales
propios de la llamada "cultura del rifle", aumenta el
número de homicidios y heridos por bala. Se puede rastrear
a lo largo de la historia, que los pueblos dedicados al pastoreo
de ganado se agredieron mas frecuentement que los que se ocuparon
de la agricultura. A mediados de siglo, la antorpóloga
Margaret Mead estudiaba como, en la Polinesia, algunos grupos
exaltaban las conductas y gestos rudos en el trato cotidiano,
mientras que otros, geográficamente muy cercanos,
procedían de forma inversa. Actualmente es de abundante
difusión periodística, el hecho generalizado, en
muchas culturas africanas, de mutilar a las niñas.
Castigos considerados inhumanos por nosotros, se asumen en
determinados ámbitos culturales como procedimientos de
buena educación. Cualquier hombre del medioevo que se
cruzara con una mujer sola, en el campo, consideraría una
cuestión de honor violarla. Y la lista de ejemplos se
haría interminable.
Cuando hacemos una lectura exclusivemante instrumental de la
violencia, nunca llegamos a construir un marco conceptual para
comprenderla. En su lugar yuxtaponemos factores como los
señalados, hasta configurar mecánicamente, un
mosaico multifactorial, desprovisto de una dinámica
estructural, y que más que explicativo resulta
justificativo; más que transformador de macrosocial tiende
a servir tecnocráticamente para la conservación del
orden establecido. Así se llega al concepto de
"predictores", tal como la idea ha sido desarrollada en la
psicología social estadounidense acutal. Su
utilización nos permite proveer, por ejemplo, que si un
adolescente es negro, ha sido abusado y maltratado, vive en un
barrio marginal, ha consumido drogas, carece de apoyo parental
estable, y ha perdido regularidad en la escuela, tiene casi un
100% de probabilidades de ira a parar a la cárcel, en los
próximos diez años, condenado por delitos
violentos.
A partir de allí se abre dos caminos
epistemológicos, a saber: el de la teoría del
aprendizaje social de la violencia como modelo psicosocial
más moderno, que se impuso sobre el de la
frustración-agresión, de la clásica escuela
de Yale; el de los epidemiólogos de la violencia, que
proponen actuar sobre la "caja negra" de la violencia, sin
demorarse a investigar su interior. Si una variable estudiada se
correlaciona positivamente con la violencia se presume una
causalidad extrínseca, y se hace abstracción de la
dinámica subjetiva, al interior de las personas.
Desde el enfoque de la salud mental de base, vemos la
violencia bajo perspectiva que permite apreciar el interés
por su significado existencial en la integración
dinámica de la subjetividad personal. Cobra entonces
importancia el estudio de la violencia para comprender mejor la
salud mental y el desarrollo humano, buscando su
contextualización socio-cultural.
El marco conceptual de la salud mental de base supera la
visión mecánica de suma o resta de factores
epidemiológicos, considerados linealmente, para entrar a
la circularidad de las dinámicas intra e inter-humanas,
que integran la codificación de la vida cotidiana con la
relacionalidad propia del ejercicio de poder social (visto como
la necesidad-capacidad de interactuar con el entorno humano para
asumir roles sujetivantes) y con la estructuralidad
sistémica de la violencia, investigada ampliamente por
Ignacio Martín-Baró.
La salud mental de base, dirigida a la rehabilitación
de roles que dan sentido a los proyectos de vida, favorece la
investigación de la funcionalidad de la violencia, tanto
para el sistema macrosocial, como para el individuo, incorporando
la sinergía de la descalificación sistémica,
como forma de violencia estructural, contra la integración
de la subjetividad personal y la consecuente aparición de
productos culturalizados de resistencia a la negación
estereotipante de la calidad de sujetos.
Con el marco conceptual de la salud mental de base
adquirimos la posibilidad de readecuar la significación de
la familia a la nueva situacionalidad creada por la influencia
determinante de los mass media. A partir de aquí
podría contribuirse a definir al grupo primario familiar
en torno a su acción de contención hacia el poder
desbordante del sistema macrosocial, como asignador de roles,
antes que como el clásico mecanismo socializador
(contención hacia adentro) ahora en evidente crisis.
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¿Borrón? ¿Cuenta nueva?
En El Salvador, casi todas las personas que lo habitan
están cada vez más horrorizadas ante los espantosos
hechos de violencia que se han suscitado durante los
últimos días. Casualidad o no, parece que esos
actos de barbarie aumentaron considerablemente tras la
decisión parlamentaria de iniciar el proceso para ampliar
la aplicación de la pena de muerte a cierto tipo de
delitos. De los hechos sangrientos recientes, destaca entre ellos
el de tres mujeres y cuatro menores asesinados en el Reparto
Valle Nuevo, Ilopango. No vamos aquí a seguir detallando
cómo se realizó ese hecho ni el de la otra familia
ejecutada en un cantón de Sonsonate. Ya mucho se
habló de ello en periódicos, radio y
televisión. Más que seguir contribuyendo a difundir
impotencia y frustración, mejor intentemos reflexionar
sobre el por qué de estas matanzas y el cómo
empezar a superarlas en serio.
Al ubicar los elementos constantes que surgen de las
condenables ejecuciones colectivas sucedidas en el territorio
nacional después de la guerra, descubrimos
rápidamente que las realizan grupos de sujetos
"desconocidos" y con armas de "grueso calibre", muchas veces con
uniformes militares y el rostro cubierto; en casi todas ellas se
ha descartado el robo como móvil y --cuando han habido
capturas-- nos encontramos con individuos que combatieron durante
la guerra.
Si a lo anterior se agrega que --cuando se intenta indagar--
cada vez es más difícil ubicar personas dispuestas
a rendir su testimonio porque "nadie vio ni oyó nada", la
conclusión a la que llegamos es una: en todo esto tiene
mucho que ver la impunidad que se ha mantenido en el país
y que, incluso, quizás se ha incrementado tras la firma de
la paz. ¿Por qué? Por varias razones; una de ellas:
no haber enfrentado con responsabilidad los hechos de violencia
que golpearon a tanta gente en el pasado reciente. Por el
contrario, la "solución" que se le quiso dar fue la del
muy arriesgado "borrón y cuenta nueva".
De ahí que, en este país, sean innumerables
las personas que quedaron insatisfechas al no haber tenido ni
siquiera la oportunidad de que se admitiera públicamente
la honorabilidad de sus muertos; mucho menos tuvieron la
posibilidad de que se reconociera oficialmente la verdad que
ellas sí conocían y se juzgara a los responsables
de su dolor. Y qué decir de aquellas familias que cargan
la amarga pena de seguir buscando a un ser querido, detenido y
desaparecido forzadamente durante esos años, o que
continúan reclamando alguna información sobre el
lugar donde se encuentran sus restos.
A todas esas personas afectadas se les impuso una
decisión arbitraria. A ninguna de ellas se le
consultó --antes o después del decreto-- si estaba
de acuerdo o no con la amnistía general que se recetaron
los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos
y al derecho internacional humanitario, cometidas en todo El
Salvador desde los años setenta y hasta el fin de la
guerra.
Cuando la Comisión de la Verdad en su documento final
se refirió a las necesarias medidas para alcanzar la
"reconciliación nacional", afirmó lo siguiente: "Un
paso ineludible, cargado de amargura, es la observación y
el reconocimiento de lo que ocurrió y que no debe
repetirse nunca jamás". Y añadió: "La
Comisión recibió el difícil encargo de
esclarecer hechos significativos de esa realidad, que espera
haber cumplido en los términos de este Informe. No basta,
sin embargo, con la verdad para alcanzar la meta de la
reconciliación nacional y la reunificación de la
familia salvadoreña".
"El perdón --sostuvo muy claramente-- es
indispensable. No un perdón formal, que se limite a no
aplicar sanciones o penas, sino fundamentado en la
determinación universal de rectificar la experiencia
pasada y en la certeza de que esa rectificación no
será completa si no se pone énfasis sobre el
porvenir más que sobre un pasado que, por hechos
abominables que exhiba, ya no se puede recomponer... Con todo,
para alcanzar la meta del perdón, es necesario detenerse a
considerar ciertas consecuencias que se coligen del conocimiento
de la verdad sobre los graves hechos que en este Informe quedan
descritos. Una de ellas, acaso la más difícil de
encarar dentro del actual contexto del país, es la de
satisfacer los requerimientos de la justicia. Estos
requerimientos apuntan en dos direcciones. Una es la
sanción de los responsables. Otra es la reparación
debida a las víctimas y a sus familiares".
Pero aquí, entre los sectores políticos y de
poder --incluidos sus nuevos actores-- no hubo disposición
real para asumir con seriedad esas reflexiones tan valiosas.
Mucho menos fueron atendidas con responsabilidad las
recomendaciones hechas en lo relativo a la reparación
moral y material de las personas afectadas o a la creación
de un foro para que el pueblo salvadoreño --gran
víctima de tantos atropellos a su dignidad-- pudiese
asimilar la verdad contenida en el documento de la
Comisión y participar, activa y conscientemente, en la
búsqueda de un perdón nacido de adentro, al ser
otorgado sin imposición alguna.
De haber existido suficiente voluntad política para
caminar en este sentido, pensando honestamente y con
preocupación en el porvenir según lo planteado por
la Comisión de la Verdad, ¿cómo estaría
ahora El Salvador? No sabemos con exactitud, pero seamos
atrevidos e intentemos imaginar el posible escenario. En primer
lugar, no habría tanta gente en las localidades cargando
el dolor y la amargura de haber tenido alguna victima en su
familia sin haber recibido justicia. En segundo lugar, se
habría iniciado --con paso seguro-- el proceso para
derrotar la impunidad.
Como no se tuvo el valor para enfrentar de esa manera una
situación tan compleja --y mientras no exista prueba en
contrario-- tenemos sobradas razones para pensar que la violencia
actual que conspira contra todo lo bueno que hasta ahora se haya
podido conseguir, tiene mucho que ver con eso. Al no haber
buscado y adoptado la mejor solución, como la que
ofreció la Comisión de la Verdad, quedaron las
puertas abiertas para que la gente dé salida a su rabia y
frustración haciendo justicia por mano propia; con cientos
de miles de armas a flor de tierra y con más
resentimientos a flor de piel, es posible pensar que ahora --en
buena medida-- estemos presenciando un ajuste de cuentas en la
base, allá donde las decisiones cupulares no hicieron
más que acrecentar la cólera y el resentimiento, en
lugar de poner los fundamentos para construir una sociedad
fraterna y en paz.
Para la Comisión, de lo que se trataba era "de pasar
de un universo de confrontación hacia otro de serena
asimilación de cuanto ha ocurrido para desterrarlo de un
porvenir signado por una nueva y solidaria relación de
convivencia y tolerancia". Pero no; se pudo hacer y, sin embargo,
no se hizo. Por esa y otras razones, en la hora actual las y los
salvadoreños estamos al borde del precipicio o
quizás nos encontramos dentro de él, inmersos en
una espiral de violencia que --de continuar-- nos puede llevar al
fracaso total. Las recientes expresiones de brutalidad son
sólo una muestra del ambiente de inestabilidad que se vive
en el país durante un período de "post-guerra" que
no acaba de terminar, después de casi cinco años de
haberse firmado el acuerdo de Chapultepec.
Irrespeto absoluto a la vida y la verdad, desconcierto y
temor entre la población, inseguridad, ineficiencia de las
instituciones y una grave exclusión social y
económica son las principales condiciones negativas que se
quieren obviar cuando, en el exterior, algunos sectores intentan
presentar a El Salvador como el modelo de paz, democracia y
respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la realidad nos
presenta una sociedad sumamente disgregada en la que, por lo
general, cada quien vela por sus propios intereses y donde --a
primera vista-- la gente se va quedando sólo con dos
opciones: agachar la cabeza con "resignación" y esperar "a
ver qué pasa", o salir a vengarse violentamente por los
atropellos que sufre cometidos por quienes --sintiéndose
siempre impunes-- mandan a matar o agreden por cualquier motivo,
sea éste personal, económico o político.
Después de haber luchado y entregado tanto por tener
algo distinto en este país --una nueva institucionalidad y
una convivencia digna-- no podemos dejar que la violencia y la
impunidad terminen siendo las ganadoras. Son muchos las matanzas
que han tenido lugar, antes y después de la guerra; pero
la de Valle Nuevo tiene un especial significado: ese tipo de
barbarie y deshumanización ya llegó a las orillas
de San Salvador cuando, paradójicamente, delegaciones
oficiales y privadas se dedican a ofrecer el país para que
los inversionistas extranjeros lo compren. Pero ni siquiera eso
van a poder conseguir, mientras el clima de violencia e
inseguridad siga en aumento.
Pensando en elevar los niveles de respeto a los derechos
humanos de la población entera y no en el beneficio de los
sectores de poder económico y político --
únicos "ganadores" con esa pretendida venta del
país-- debemos salir de la insoportable situación
en la que nos encontramos. Ya fallaron los planes "caminantes",
encaminados más a cuidar los grandes cafetales;
también se ha demostrado la ineficacia de la ley de
"emergencia" y --como muchos anunciaron-- tampoco se logró
algo con la amenaza de aplicar la pena de muerte. Ya en otras
ocasiones, nos hemos preguntado sobre la medida que sigue:
¿estado de sitio? ¿ley marcial? ¿"toque de queda"?
No sería extraño escuchar en el recinto
parlamentario, dentro de poco y de cara a las cercanas
elecciones, cualquiera de esas "salidas" en boca de algún
representante del partido que apadrinó las desatinadas
disposiciones antes mencionadas.
De igual forma, nos interrogamos: ¿por qué no se
han impulsando políticas integrales adecuadas y acciones
efectivas --derivadas de aquéllas-- para enfrentar los
problemas de violencia, impunidad e inseguridad, sabiendo que
muchas ya fueron recomendadas por la Comisión de la
Verdad? ¿por qué no se trabaja en serio para depurar
y fortalecer las instituciones estatales, sobre todo aquellas
encargadas de investigar, perseguir y sancionar los delitos?
Ojalá no sea cierto que, en el fondo, lo que se quiere es
llevar a la población a un nivel de desesperación
tan grande para obligarla a que "pida", a que "exija" y
"aplauda", a que "elija" en 1999 una "mano dura" --civil o
militar-- para "poner orden, sin importar el costo".
¿Será que al querer imitar el llamado "milagro
chileno", hay quienes están invocando a un "santo"
parecido a ese que lo realizó en aquel país?
Desde nuestra óptica, no se debe permitir que vayan
por ahí las cosas. Pensemos que la sangre derramada por
tantas víctimas no se "borra" por decretos y que, mientras
no se haga lo correcto, la "cuenta nueva" de muertes en El
Salvador seguirá creciendo. De una vez por todas, lo que
hay que hacer es lograr que se aplique la ley sin
distinción alguna, para atacar a fondo la impunidad y
enfrentar el fenómeno de la delincuencia en sus diversas
expresiones.
Nosotros también pensamos que El Salvador puede ser
un modelo, pero no ese que nos presentan los sectores interesados
en tener un "producto de exportación" para vender el
país con todo y su gente. En el modelo que nosotros
creemos es el de un país que vive en paz porque en
él se imparte justicia, se practica la democracia y se
respetan los derechos humanos. Nuestro país puede y debe
llegar a ser eso, pero hay que empezar a construirlo desde las
victimas de las violaciones a sus derechos humanos, sobre todo en
lo relativo a su seguridad personal y a la falta de justicia. Con
sus experiencias cotidianas y la participación activa de
éstas, debemos comenzar a forjar una experiencia nacional
verdaderamente exitosa que podamos lucir dentro y fuera de El
Salvador. -----
SIGNOS RECESIVOS EN ECONOMIA. Mientras la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) asegura que existen signos
recesivos en la economía salvadorña, que de no
corregirse podrían ocasionar crisis en la estabilidad
macroeconómica del país, el Presidente
Calderón Sol insistió, el 21.10, en que "no hay
signos recesivos". Calderón Sol enfatizó en rueda
de prensa que nadie está hablando de signos recesivos. Al
contrario, dijo, se está saliendo de la
desaceleración económica. "Creo que golpear con
informaciones negativas, es provocar más la
desaceleración", enfatizó Calderón Sol,
quien pidió a todo el mundo "más sensatez y
optimismo". De acuerdo al mandatario "hablar de
desaceleración y recesión, es totalmente
inconsecuente con la realidad que estamos viviendo", ya que
según él la economía está repuntando
y se acerca la época de mayor recolección y
generación de empleo. "Estas curvas son coyunturales en el
proceso económico salvadoreños y tendremos una
reactivación distinta en todos estos meses".
Calderón Sol invitó a todos los sectores a que
cambien de actitud en la óptica de visualizar las cosas en
el país, ya que en el exterior existe un enfoque de
admiración para El Salvador, por lo que vaticinó
"viene una etapa distinta, diferente, de inversión, de
generación de empleo y producción; por lo que
exhortó a fomentar la producción competitiva,
puesto que sólo exportando e identificando los nichos de
alianzas comerciales es que podremos salir adelante",
agregó. "Quien dice que no hay rumbo económico en
nuestro país, es porque no entiende de economía, ya
que por el contrario, si algo tiene este gobierno es que
sí sabemos lo que estamos haciendo y hay un rumbo
definido", agregó (DH 22.10 p.27, DH 24.10 p.16 y LPG
28.10 p.18-a).-----
REFORMAS EDUCATIVAS. La Ministra de Educación, Cecilia
Gallardo de Cano, confirmó el 22.10 enviar a la Asamblea
Legislativa un anteproyecto de la nueva Ley General de
Educación. Por el momento, el anteproyecto contempla la
creación del bachillerato general de 2 años y el
técnico vocacional de 3 años que incluye las
áreas de administración de empresas, contabilidad,
salud, industrial, agrícola y otros. Estos mismos
bachilleratos en su versión nocturna tendrán una
duración de 3 años el general y 4 años el
técnico vocacional. La ley obliga a los centros educativos
a plasmar en los prospectos el derecho de pago de
matrícula y las colegiaturas del año, en las que
será terminantemente prohibido establecer nuevos sistemas
de cobro durante el año. Los incrementos en las
colegiaturas deberán contar con el respaldo de una
asambela general de padres de familia, pues de lo contrario no
tendrán validez y la institución se hará
acreedora de sanciones desde amonestaciones públicas o
privadas, cierres y multas cuyo monto definirán los
diputados. Establece también que la educación en
las escuelas públicas será gratuita hasta el tercer
grado, y después, para las familias con más de un
niño en los grados siguientes, se pagará una sola
cuota por familia siempre que éste haya sido aprobada por
el Ministerio. Contiene los sistemas de evaluación del
aprendizaje y una serie de disposiciones más, y deja la
atribución al Presidente de la República para
elaborar el Reglamento General de la presente Ley (LPG 23.10 p.7-
a, LPG 24.10 p.8-a).-----
CAPTURAN EX DIRIGENTE DE ADEFAES. Fuentes de la División
de Investigación Criminal (DIC) capturaron el 22.10 a
Mauricio Arnulfo Cornejo Rivas, ex presidente de la
Fundación de Veteranos de Guerra y Asociación de
Desmovilizados de la Fuerza Armada de El Salvador (ADEFAES),
acusado de robar mobiliario de oficina, valorado en más de
100 mil colones, propiedad de la Fundación. Fuentes de la
DIC aseguraron que la actual Junta Directiva de la
Fundación de Veteranos de Guerra, acusaron al detenido de
haberse robado gran cantidad de mobiliario de oficina, entre
éste una computadora donada a la Fundación por la
Embajada de Gran Bretaña. La dirigencia también
denunció a Cornejo Rivas de haber malversado fondos por
más de 300 mil colones; sin embargo, la Policía no
ha recopilado suficientes pruebas en contra del imputado. Cornejo
Rivas aseguró que la denuncia interpuesta por sus
compañeros era injusta, puesto que el mobiliario se
encuentra en su casa, debido a que en la misma iba a funcionar el
organismo demandante. "Me siento apenado en la situación
en que me encuentro, yo nunca traté de quitarle nada a la
Fundación y lo que han hecho mis compañeros no
tiene nombre" dijo el imputado. Agregó que nunca
malversó fondos, porque nunca entró dinero a la
Fundación. El ex presidente de ADEFAES, tras tener
diferencias con los directivos de la Asociación, se
retiró de esa agrupación y creó, junto con
otros desmovilizados, la Fundación de Veteranos de Guerra.
Empero, la actual Junta Directiva de la Fundación le
retiró de su cargo en agosto de 1996, alegando supuestas
anomalías en el manejo de los fondos (LPG 23.10 p.8-a, DH
23.10 p.9).-----
CRISIS FINANCIERA EN FUNDAPAZ. Una grave crisis económica
que se muestra en la falta de fondos para gastos administrativos
y de gestión sufre la Fundación para la Paz
(FUNDAPAZ), que podría efectuar un préstamo de 160
mil colones para menguar el déficit financiero.
Según cálculos revelados en un informe oficial, la
entidad requiere de 195 mil 357 colones para cumplir con sus
obligaciones de los próximos 3 meses, los cuales
podrían ser superados en unos 9 mil 642 colones, si se
cumple un riguroso plan de recolección de fondos. El
documento revela que algunos de los miembros fundadores de la
entidad trabajarán hasta diciembre, pero se expone que la
fecha se puede reprogramar dependiendo de los resultados de la
gestión financiera. La iniciativa, elaborada por miembros
de FUNDAPAZ, se denomina "Propuesta y recomendaciones del
comité encargado de cuestiones financieras y sostenimiento
de FUNDAPAZ". Se sugiere, para el cumplimiento de las metas, en
la primera fase de la propuesta, el cobro de pagos de la
membresía a todos los integrantes de la Fundación.
También se advierte de gestiones para buscar donaciones
extraordinarias y urgentes de parte de la empresa privada,
empresas y personas altruistas. Según revela el documento,
se ha pensado solicitarle financiamiento al gobierno, para
iniciar la ejecución del decreto ejecutivo No. 151540 en
el ramo de educación, en el que se le otroga a FUNDAPAZ la
coordinación nacional del programa "cultura de Paz". A
largo plazo, FUNDAPAZ, de acuerdo al documento,
establecerá un fideicomiso a través del cual
solicitará la cooperación de personas altruistas
nacionales y extranjeras, al tiempo que se cobrará por el
uso de proyectos como el parque de la paz, el centro de
documentación y un museo (LPG 24.10 p.35-a)-----
TRANSFORMARAN SEMA. La Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES), que aglutina a 38 organizaciones ambientalistas,
rechazó el 23.10 la propuesta del Gobierno en convertir a
la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA) en
Viceministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales
dependiente de la cartera del Interior. "No estamos de acuerdo
con eso, porque la problemática ambiental no tiene nada
que ver con las actividades que desarrolla el Ministerio del
Interior, expresó el presidente de UNES, Angel Ibarra. A
juicio de la UNES, esta posición gubernamental no refleja
más que la falta de voluntad de gobierno por abordar,
adecuademente, el tema ambiental, según Ibarra "porque se
le está poniendo a SEMA dentro de una estructura
burocrática que terminará por hacerla ineficiente
para velar por la protección de los recursos naturales del
país". Añadió que ésta
Asociación reitera la necesidad de que el gobierno retome
la propuesta que le hicieron meses atrás de otorgarle a
SEMA un rango ministerial, con el objeto de establecer
vínculos con otros ministerios, obtener fuerza
política, capacidad de convocatoria, iniciativa de
recursos para impulsar su trabajo. Por su parte, el diputado de
oposición Miguel Espinal, del PRSC, declaró el
23.10 que convertir a SEMA en Viceministerio fortalece a la
institución del medio ambiente, pero aseguró que el
debate no debería ser si se convierte o no en
Viceministerio, sino más bien, si el Gobierno demuestra
estar dispuesto a respaldar leyes y restricciones
drásticas para proteger al medio ambiente (LPG 24.10 p.47-
a).-----
CAMBIOS EN GABINETE. Los cambios dentro del gabinete de gobierno
no han terminado y se conocerán a corto plazo,
reveló el 28.10 el Presidente de la República,
Armando Calderón Sol, al juramentar como nuevo Ministro de
Agricultura y Ganadería a Ricardo Quiñónez
Avila, quien sustituye a Oscar Manuel Gutiérrez.
Calderón Sol, sin especificar qué carteras
tendrán cambio de autoridades, confirmó que se
está evaluando el trabajo del Viceministro de Agricultura,
José Ernesto Jaimes, de quien se dice sería
sustituido por la economista Vilma de Calderón. El
Presidente enmarcó las modificaciones dentro de un proceso
de "reevaluación" de su gestión, ya que "nos
acercamos a la mitad del período de gobierno". "Nos
proponemos una mayor eficiencia, y manifiesto esto por algunos
comentarios en la prensa nacional a raíz de los cambios en
el gabinete de gobierno", expresó el mandatario
refiriéndose, a la renuncia del Viceministro de Justicia,
Raúl Somoza Alfaro, la ex presidenta del FIS, Norma de
Dowe, y el ex ministro de Agricultura, Oscar Manuel
Gutiérrez. Estas 3 dimisiones de ejecutivos de gobierno se
hicieron públicas en menos de 15 días, pero
Calderón Sol negó que haya inestabilidad en el
gabinete. "En todas partes puede cambiarse a funcionarios de la
administración y esto no implica ni estabilidad ni grave
problema". Según Calderón Sol, en la
decisión de sustituir al Ministro de Agricultura,
influyeron las permanentes quejas y críticas de algunos
sectores agropecuarios. "Sobra decir argumentos, es de
conocimiento público esa situación y la Presidencia
ha recogido esas evaluaciones y demandas de los sectores
involucrados", admitió (LPG 29.10 p.2-a)-----
ALERTA POR DELINCUENCIA. En el marco de la Conferencia
Iberoamericana sobre Reforma Judicial, la cúpula del
sector justicia, entre quienes se encuentran el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Domingo Méndez; el Ministro de
Justicia, Rubén Mejía Peña; el Fiscal
General de la República, Manuel Córdova; el
Procurador General y el Presidente del Consejo Nacional de la
Judicatura, coincidieron el 28.10 en la necesidad de proponer
medidas conjuntas, tendientes a combatir con mayor eficacia el
auge delincuencial. Los funcionarios señalaron la
necesidad de que todos los sectores de la sociedad tomen
conciencia de su papel ante el combate de la delincuencia. Los
fenómenos delincuenciales, como las masacres que han
conmovido a la sociedad en las últimas semanas,
"sólo indican que es un verdadero problema dictar una
legislación que pueda reprimir de inmediato la
delincuencia, según las expectativas justas del
país", sentenció Méndez, en alusión a
la ineficacia de la Ley de Emergencia. La Corte Suprema de
Justicia ha reiterado que, a la vez que se tiene que combatir la
delincuencia, se deben atacar las causas y la raíz que
generan la delincuencia agregó Méndez. Este
además recordó que la pena de muerte es una medida
que ha dado resultados en algunos países y en otros no. En
Guatemala, donde la pena máxima por delitos graves es la
muerte, continúan los horrendos crímenes (LPG 29.10
p.3-a).
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