© 1996 UCA Editores
año 17
número 727
septiembre 25 de 1996
ISSN 0259-9864
El fraude de la pena de muerte
La muerte como espectáculo
Situación de la balanza comercial
Fracasa el proyecto de las Juntas de Vecinos
¿Son los evangélicos tan conservadores?
¡¡Qué viva la impunidad!!
El fraude de la pena de muerte
La publicidad dada a un joven secuestrado casi un
año y al fusilamiento de dos guatemaltecos fueron los
pretextos utilizados para intentar introducir de nuevo la
pena de muerte en la legislación salvadoreña.
ARENA insiste en restablecer la pena de muerte como medio
eficaz para combatir el crimen.
El recurso a la pena capital implica que la ley de
emergencia, que tenía idéntico
propósito, habría fracasado casi un año
después de estar en vigencia. En su oportunidad se
advirtió que esa ley era políticamente vistosa,
pero prácticamente ineficaz para combatir el crimen.
Ahora, utilizan los mismos argumentos de entonces, pero para
justificar el restablecimiento de la pena de muerte.
Supongamos, sin embargo, que dicha pena fuera
constitucionalmente permitida, a qué secuestrador o
asesino ejecutarían. Probablemente a ninguno, porque
exceptuando una banda de secuestradores capturada muy
recientemente, nadie más ha sido detenido y llevado
ante la justicia. Quedan los violadores, pero sólo los
pobres, cuyo nivel educativo es muy bajo, como el caso de los
dos campesinos analfabetos fusilados en Guatemala, es decir,
los violadores que tienen medios o influencias no son
procesados.
Esto quiere decir que la pena de muerte no ofrece
solución alguna al auge del crimen. El punto clave
está en la falta de investigación policial y
judicial. En un país donde los secuestradores pueden
retener a sus rehenes durante casi un año y donde,
además, pueden actuar y cobrar rescates libremente;
donde los asesinos cuentan con la protección de la
misma policía o con la complicidad del sistema
judicial; donde la corrupción es promovida por los
mismos funcionarios que deben cuidar de los bienes del Estado
y donde a quienes son cogidos infraganti se les permite huir,
las penas, por muy severas que sean, son absolutamente
inútiles. Si los políticos y en particular los
diputados están tan comprometidos con el derecho y la
justicia, que comiencen por investigar por qué la
policía y los jueces no investigan, que pidan cuentas
a ambos por su incapacidad manifiesta y escandalosa.
La campaña a favor de la pena de muerte no
sólo está relacionada con las próximas
elecciones, pues los partidos siempre buscan temas que les
puedan acarrear votos, sino que, además, responde a la
ideología de ARENA. Mucho extremismo y mucha
severidad, pero muy poca inteligencia para comprender los
problemas sociales, escasa sensibilidad ante el sufrimiento
y, en una palabra, mucha inhumanidad. ARENA siempre ha
pensado que puede solucionar los problemas del país
recurriendo a medidas de fuerza.
Aparte de todo esto, todavía no se ha comprobado
que la pena de muerte sea un mecanismo idóneo para
contener la delincuencia. En Guatemala, pese a la
espectacular ejecución de dos violadores, se ha vuelto
a repetir el crimen. La pena de muerte satisface el
interés de aquellos políticos que quieren
ganarse la admiración de la opinión
pública, mostrándose duros e inflexibles ante
el delito, cuando en realidad son incapaces de formular y
ejecutar una estrategia consistente y eficaz.
Los diputados que defienden la pena de muerte alegan que
es un clamor popular. Sin duda, la mayor parte de la
población quisiera que algunos criminales fueran
castigados con la pena capital; pero este apoyo mayoritario
obedece al desamparo en que se encuentra y a su impotencia,
porque ninguna institución estatal defiende sus
derechos. En realidad, lo que la población desea es
que el Estado cumpla con su obligación de garantizarle
su seguridad y administrar justicia. Si pide la pena de
muerte es por desesperación y por dar rienda suelta a
uno de sus instintos más primitivos.
Si la pena de muerte se restablece porque así lo
reclama la opinión pública, por qué no
bajan el impuesto al valor agregado, por qué no
subsidian los granos básicos y facilitan el
crédito blando para la agricultura y los medianos y
pequeños empresarios, por qué no suben el
salario mínimo y garantizan los derechos laborales en
las maquiladoras, por qué no detienen la
privatización, medidas que la mayoría de la
población también exige. Ya conocemos de
antemano la respuesta de los diputados. Así, pues,
están a favor de reimplantar la pena de muerte porque
conviene a sus intereses políticos y a sus ideas
decimonónicas sobre criminología y derecho
penal. En realidad, el sentir y pensar de la población
les tienen sin cuidado, excepto cuando se trata de conseguir
el voto, tan necesario para continuar medrando en
política.
La pena de muerte satisface los instintos más
primitivos de la vindicta pública, pero ni repara los
daños causados ni genera bienestar social ni eleva la
moral pública. La ejemplaridad que buscan sus
promotores no es más que espectacularidad para
alimentar el morbo de la sociedad. Esto no quiere decir que
no se deban buscar mecanismos para combatir la delincuencia
y la violencia, pero debe hacerse recurriendo a medidas menos
dramáticas y más eficaces, incluso en su
dimensión punitiva, para corregir a los criminales en
aquello que sea posible o para prevenir que cometan nuevos
delitos.
Ejecutar al delincuente públicamente es un
espectáculo macabro, que en nada contribuye a
humanizar la sociedad. Al contrario, la insensibiliza
más todavía. Esta clase de espectáculos
sólo sirve para desquiciar más a una sociedad
ya de por sí bastante inhumana y amoral. Pero los
promotores de la pena capital consideran que le prestan un
gran servicio legalizando estos asesinatos supuestamente
ejemplarizantes. Recurrir a la pena de muerte en estos
momentos es una salida fácil para lavarse las manos de
la propia responsabilidad y para desviar la atención
pública de la problemática de la
privatización de las telecomunicaciones y las
divisiones de ARENA.
Algunos diputados invocan el sentimiento religioso del
pueblo salvadoreño en su afán por encontrar
argumentos justificativos de la pena de muerte. Así,
después de confesar cándidamente una
religiosidad poco sincera, alegan que la pena de muerte
está aprobada por Dios y el catecismo de la Iglesia
católica. Ninguna de las dos afirmaciones es cierta,
puesto que se apoyan en lecturas parciales y, por lo tanto,
incompletas de la Sagrada Escritura y del magisterio
eclesial.
Quienes argumentan con la Biblia acuden invariablemente
al Antiguo Testamento, donde, ciertamente, se aplicó
la pena de muerte, pero también se practicó la
poligamia -reyes como David y Salomón tuvieron muchas
mujeres-, la usurpación de bienes y territorios, la
inferioridad de la mujer, el sacrificio de animales, la
violación de derechos fundamentales como cuando
Saúl puso como condición a David para
entregarle a su hija que le trajera varios centenares de
prepucios filisteos. Si el argumento religioso de quienes
están a favor de la pena de muerte se apoya en el
Antiguo Testamento, entonces, los testigos de Jehová
también tienen fundamento de sobra para sostener sus
creencias sobre el no uso de la sangre.
Los cristianos sabemos desde hace mucho tiempo que el
Antiguo Testamento debe ser leído e interpretado desde
el Nuevo. Y en éste, Jesús liberó de la
ejecución segura a una mujer encontrada en adulterio
y que, según la ley de Moisés, debía
morir apedreada. La liberó para darle una oportunidad
para la conversión y porque ninguno de quienes se
disponían a matarla estaba limpio, sino que eran
hipócritas que aplicaban la ley para oprimir a los
débiles en provecho propio.
En varios pasajes del evangelio, cuando los
discípulos quieren impedir la pasión de
Jesús, incluso recurriendo a la fuerza, éste
los reprende duramente y se somete a un juicio amañado
por la autoridad legítima de entonces, se deja
torturar y asesinar legalmente. Si bien Mateo afirma que
Jesús vino para que se cumpliera la ley, Pablo
sostiene que por su muerte y resurrección estamos
libres de ella. Con Jesús la ley de Moisés
quedó abolida para siempre y con ella, la pena de
muerte. Por lo tanto, el cristiano, urgido por el
espíritu de Jesús, debe oponerse a la pena de
muerte.
El catecismo católico, en efecto, aprueba la
aplicación de la pena de muerte en casos
excepcionales. Sin embargo, en la encíclica Evangelio
de la vida, Juan Pablo II afirma que tales excepciones son
prácticamente inexistentes. El Papa no sólo no
admite la pena de muerte, sino que siempre pide clemencia
para aquellos condenados que van a ser ejecutado -aunque por
lo general los gobiernos rechazan sus peticiones.
Así, pues, no existen argumentos sólidos
y consistentes para justificar la pena de muerte. A quienes
además se confiesan cristianos hay que recordarles que
además de estar terminantemente prohibido matar lo
está tomar el nombre de Dios en vano.
La muerte como espectáculo
El viernes 13 de septiembre fueron fusilados en Guatemala
dos ciudadanos de ese país, quienes fueron declarados
culpables de la violación y asesinato de una niña
de cuatro años. Los medios de comunicación
salvadoreños dieron amplia cobertura al momento crucial
de la condena, y de ese modo prácticamente todos -
niños, jóvenes y adultos- pudimos presenciar
cuando el pelotón de fusilamiento hizo las descargas de
rigor sobre la humanidad de los condenados, así como el
desplome de los cuerpos de éstos. Se trató de una
muerte ascéptica, sin pedazos de miembros esparcidos por
los aires como en las películas de acción a las
que nos tiene acostumbrados el cine de Hollywood. Lo grotesco
de la muerte violenta -sangre, miembros destrozados- no
apareció por ninguna parte; todo sucedió como si
la muerte real fuese menos espectacular y sangrienta -
más aceptable, más llevadera- que la muerte de
ficción.
En las fotografías tomadas por la prensa y en los
videos de la televisión ha quedado plasmado, como hecho
frío y ajeno, el momento de la ejecución. Una y
otra vez la escena ha sido llevada a la pantalla de la
televisión y la prensa la ha recordado, y cuanto
más ello ha sucedido más nos hemos ido
acostumbrando al hecho, es decir, éste se ha ha ido
convirtiendo en algo que es parte de nuestra cotidianidad, en
algo con lo que podemos convivir sin mayor preocupación.
Después de todo, ver a dos seres humanos caer abatidos
por ráfagas de fusil no es tan trágico como
pudiera parecer a primera vista: los dos guatemaltecos, como lo
han mostrado "objetivamente" la televisión y la prensa,
murieron con la mayor simplicidad y limpieza.
Todos hemos sido testigos de la muerte dos hombres;
más aún, todos podemos opinar con la mayor
naturalidad sobre la misma, poniéndonos a favor o en
contra. Los medios no han "enseñado" que la muerte no es
algo del otro mundo, sino algo para ver en familia, sentados en
un sillón, mientras descansamos, almorzamos o cenamos.
No hay tragedia ni dolor, sólo espectáculo y
diversión. Los medios no sólo nos quieren
convertir en espectadores de la muerte, sino que pretenden que
como tales decidamos si es legítimo o no condenar a
alguien a morir. Y nosotros, asumiendo nuestra condición
de asistentes al show montado por los medios, estamos prestos
a decir "de acuerdo" con la pena de muerte. No tenemos problema
para ello, pues los medios han (de)formado nuestra
opinión haciéndonos creer que lo doloroso es
indoloro y que la tragedia es comedia.
Por supuesto que el espectáculo en torno a la
muerte de los dos condenados guatemaltecos tiene su
dimensión política. No sólo se tiene que
convencer a todo el mundo que la ejecución por un
pelotón de fusilamiento es totalmente ascéptica,
sino que por su simplicidad y contundencia es la medida
más eficaz para combatir la delincuencia y la
criminalidad. El razonamiento es simple: los delincuentes, una
vez que caigan en la cuenta que la muerte les espera con
seguridad por cometer determinadas fechorías
(violación, secuestro, asesinato), se
autocontrolarán, ya que el temor a ser fusilados
será más fuerte que su afán por delinquir.
Quienes no se autocontrolen serán eliminados, con un
método simple, eficaz y económico. El crimen
disminuirá tanto por el "temor" que envolverá a
los delincuentes como por la "limpieza" que se hará de
quienes no se contengan pese a la amenaza de ser penalizados
con la muerte.
Este es el razonamiento del Presidente Armando
Calderón Sol, quien -casi inmediatamente después
del fusilamiento de los guatemaltecos- clamó por la pena
de muerte como mecanismo de persuación que
ayudará a los delincuentes a "meditar y reflexionar"
sobre las consecuencias de sus fechorías.
Calderón Sol ha sido secundado por los diputados de
ARENA, quienes han pedido no sólo aplicar la medida -
misma que está contemplada en el Artículo 22 de
la Constitución Política para penalizar delitos
de orden militar-, sino ampliarla hasta abarcar el homicidio
agravado, el secuestro y la violación. A este coro de
voces se sumó Ronal Umaña, quien -apelando a la
doctrina social de la Iglesia- afirmó tajantemente estar
a favor de la pena de muerte "para los violadores de
niños". En la misma línea, la posición del
líder de la "nueva clase política" fue avalada
por el Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Saénz
Lacalle, quien sostuvo que "si algún país no
tiene los sufientes recursos como para poderse defender de la
delincuencia, no sería inmoral ni amoral que tenga la
pena de muerte en su legislación".
Existe un clamor a favor de la pena de muerte que se
irradia desde los sectores políticos y religiosos de
derecha. A ese clamor no son ajenos los medios de
comunicación, los cuales se han tomado la tarea de crear
en la conciencia colectiva el mito de la pena de muerte como
"solución" adecuada para la ola delincuencial que abate
al país. La eficacia de los medios está siendo
avalada por el clima de opinión que se va imponiendo en
la sociedad: cada vez más salvadoreños se
manifiestan en favor de la medida y son menos los que pueden
ofrecer un argumento contrario que pueda ser defendido sin
parecer antipopular.
Vox populi, vox Dei: así quieren clamar el gobierno
y los grupos de derecha del país. Es decir, quieren
apelar a la opinión popular -una opinión
prefabricada por la arremetida de los medios- para poner en
práctica una medida que en lo absoluto es la
solución para la criminalidad y la delincuencia.
Ciertamente, es una salida fácil para el gobierno; una
salida que le permite blandir, sobre quienes son considerados
como la escoria de la sociedad, su brazo autoritario. Y ello
sin la menor contemplación y con el consentimiento de
los ciudadanos. Pero que sea lo más fácil para el
gobierno no quiere decir que sea lo mejor para la sociedad, por
más que ésta apoye masivamente la medida.
El gobierno quiere hacer pasar por democracia la
apelación a la decisión de la mayor parte de
salvadoreños en favor de la pena de muerte. Eso no es
democracia ni mucho menos, pues una cosa es la "voluntad de
todos" y otra muy distinta la "volutad general": mientras que
aquélla apunta a los deseos del mayor número,
esta última tiene que ver con lo que es mejor para la
mayoría en orden a la humanización de la
sociedad. En El Salvador, que la mayoría clame por la
pena de muerte -y que el gobierno apele a ese deseo para
implementarla- no es señal de democracia, sino de
deshumanización masiva. De lo que se trata en realidad
es de caer en la cuenta de si con una medida de esa naturaleza
la sociedad salvadoreña se humanizará o se
deshumanizará, si se fortalecerá o se
denigrará moralmente.
Pareciera que nos movemos en la segunda dirección,
esto es, en la línea de la deshumanización y la
denigración moral. Que una sociedad tenga que llegar a
la eliminación física de sus miembros pone de
manifiesto lo precario de sus mecanismos de justicia. Que una
sociedad tenga que amenazar de muerte a los transgresores del
orden revela la debilidad de mecanismos de control social
alternativos a la pena de muerte. Lo que es peor, sin embargo,
es que nadie se evergüence de que las cosas tengan que ser
así. El tener que matar a un ser humano, por más
horrendo que haya sido su crimen y por más que esa
muerte esté avalada por la sociedad, debería
llenarnos de tristeza y bochorno. Pero, por el contrario, nos
parece lo más normal; tal es la degradación moral
a la que hemos llegado. Con la ayuda de los medios, hemos
trivilizado la muerte de esos a quienes consideramos enemigos
de nuestros bienes y de nuestras familias. Estamos seguros de
que con su exterminio todos viviremos felices.
No hay que perder de vista que estar en contra de la pena
de muerte no es estar a favor de la delincuencia. Pero estar en
contra de ésta no significa estar a favor de
aquélla, especialmente porque no está claro
cómo la amenaza de muerte va a detener el crimen cuando
muchos de los que se involucran en actividades ilegales ya han
aprendido a convivir con la muerte. Tampoco está claro
como esa amanaza puede contener a quienes se saben con el poder
y las influencias suficientes para evadir esa u otras medidas
que pueda tomar el Estado en su contra. Sobran argumentos
éticos y políticos para rechazar la pena de
muerte. Sólo esquemas mentales autoritarios pueden
justificar una medida de esa naturaleza. Sólo unos
medios de comunicación faltos de ética pueden
tomarse la tarea de alimentar el morbo popular haciendo de la
muerte un espectáculo.
Situación de la balanza comercial
Uno de los principales cuestionamientos para la
efectividad de la política económica de los dos
últimos gobiernos ha sido la incapacidad de erradicar la
tendencia hacia la profundización del déficit de
la balanza comercial. Desde 1990 hasta 1995, este
déficit se ha incrementado en un 149%, como resultado de
un desigual incremento de exportaciones e importaciones.
Mientras que las exportaciones crecieron en un monto
equivalente a los 1,079 millones de dólares -lo cual
implica un crecimiento porcentual de 185%- las importaciones lo
hicieron en 2,089.9 millones de dólares, para un
incremento porcentual de 166%. De esta forma, aunque
porcentualmente las importaciones crecieron menos que las
exportaciones, en términos absolutos crecieron mucho
más, originando con ello la profundización del
déficit comercial señalada.
De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), durante los
primeros meses de 1996 esta tendencia tan arraigada parece
haber cedido, al grado de que el déficit de la balanza
comercial, entre los meses de enero y agosto de 1996 y el mismo
período de 1995, se habría reducido en 16.9%, lo
cual de acuerdo a las mismas fuentes obedecería a una
disminución de la tasa de crecimiento de las
importaciones y a un incremento de la tasa de crecimiento de
las exportaciones. Ello configura, a juicio del BCR, una
"sólida situación externa".
En las siguientes líneas se hace una
revisión del comportamiento reciente del saldo de la
balanza comercial de cara a fenómenos como la
proliferación de la industria de la maquila, la
terciarización de la economía y, más
recientemente, la recesión económica. Para ello
se analiza la composición de las exportaciones e
importaciones, para luego examinar posibles vinculaciones entre
el comportamiento de la balanza comercial con el actual proceso
de recesión económica por la cual atraviesa el
país.
Al revisar el comportamiento de las exportaciones llama la
atención el marcado incremento de la
participación de las exportaciones de maquila, las
cuales pasaron de representar un 18.3% del total de
exportaciones en 1991 a representar un 39.5% del mismo total
para 1995. Similar porcentaje se obtuvo para el primer
trimestre de 1996 (38.4%). Consecuentemente, la
participación de las exportaciones tradicionales y no
tradicionales ha sufrido una clara reducción pasando de
37.7% a 25.6% y de 43.9% a 25.6% entre 1991 y 1995,
respectivamente.
Estos datos revelan que en realidad la mayor parte del
crecimiento de las exportaciones obedece al elevado dinamismo
mostrado por la industria de la maquila. El crecimiento
atribuible a la producción de exportaciones
tradicionales y no tradicionales ha sido mucho más
modesto, al grado que en ausencia de las exportaciones de la
maquila el déficit de la balanza comercial para 1995
habría sido mucho más elevado; cerca de un 39%
más que el nivel mostrado hasta ahora. Sin embargo, como
se verá más adelante, el aporte de la maquila es
mucho menor cuando se introducen las importaciones generadas
por este sector.
Es en este contexto que se ubican los señalamientos
del sector privado en torno a las magros resultados de la
política de promoción de exportaciones que los
dos últimos gobiernos afirman haber desarrollado a lo
largo de la década. El señalamiento más
reciente ha sido el vertido por voceros de la
Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT),
según el cual la actividad del sector exportador se ha
estancado, pese a los programas gubernamentales de fomento de
exportaciones.
Por su parte, las importaciones también revelan una
marcada influencia del comportamiento de la industria de la
maquila, al grado que ha ésta venido elevando su
participación en las importaciones hasta alcanzar un
14.9% del total para 1995. Como contrapartida de esta
situación, las importaciones de bienes de consumo han
disminuido su participación desde 26.4% a 23.7% entre
1992 y 1995; mientras que, en el mismo periodo, las de los
bienes intermedios habrían pasado desde 42% a 36.3%. Los
bienes de capital, en cambio, habrían aumentado su
participación desde 23.2% a 25.2%, en gran parte debido
al crecimiento de los bienes demandados por el sector
transporte.
Para los primeros meses la composición de las
importaciones se ha mostrado diferente, especialmente debido a
un incremento de la participación de la maquila en el
total de las importaciones hasta alcanzar un nivel de 17.2% del
total de las mismas para el primer trimestre de 1996. Otras
tendencias notables para principios de año han sido una
disminución de la participación de las
importaciones de bienes de capital y de los bienes de consumo
en el total y un incremento de la correspondiente a las
importaciones de bienes intermedios.
De acuerdo a postulados teóricos y modelos
econométricos, el comportamiento de las exportaciones e
importaciones se explica grandemente por el comportamiento de
la producción; si, como es el caso, la producción
reduce su crecimiento también las exportaciones,
importaciones y, consecuentemente, la balanza comercial se
verán afectadas. En efecto, el relativamente lento
crecimiento de la producción agropecuaria e industrial
y la reciente recesión general han contribuido
también a que las exportaciones tradicionales y no
tradicionales no crezcan a un ritmo superior. El crecimiento
económico centrado en el sector financiero, comercio y
construcción no ha contribuido a diversificar la base
exportadora tal como los últimos gobiernos se lo
propusieron.
Por otra parte, durante este año las importaciones
han experimentado una tendencia hacia la reducción de su
crecimiento, en buena medida por la misma reducción de
la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Es
así que coincidentemente con los anuncios del BCR sobre
la reducción de las expectativas de crecimiento
económico también se estén registrando
tendencias hacia la disminución del crecimiento de las
importaciones, inclusive de bienes de consumo, pues el sector
comercio también resiente la crisis.
Sin temor a caer en el pesimismo, puede afirmarse que los
recientes anuncios de una reducción del déficit
de la balanza comercial reflejan, más que una
"sólida situación externa", una situación
de crisis por dos razones: primero, el incremento de las
exportaciones obedece fundamentalmente al incremento de la
actividad de la maquila; y, segundo, la reducción en el
crecimiento de las importaciones obedece grandemente a una
reducción de la tasa de crecimiento de la
producción.
La participación de la maquila en el sector externo
debe ser examinada con mayor detenimiento, pues aunque esta se
presenta como la mayor productora de exportaciones, al mismo
tiempo es una formidable demandante de importaciones, lo cual
no necesariamente equivale a sus exportaciones. Así, por
ejemplo, aunque durante 1995 la maquila generó un total
de 5,745.9 millones de colones, simultáneamente
consumió 4,366.1 millones de colones; es decir que su
aporte final para el saldo de la balanza comercial en realidad
fue de sólo 1,379.8 millones de colones (un 37% de las
exportaciones tradicionales).
La situación deficitaria de la balanza comercial ha
venido manteniéndose sin mayores traumatismos debido a
un incremento de los ingresos de capital; son estos los que
permiten incrementos sostenidos de las Reservas Internacionales
Netas (RIN). En un escenario donde se excluyan las remesas
familiares, donaciones y empréstitos, El Salvador se
encontraría ante una situación de pérdida
de RIN, procesos de devaluación del tipo de cambio y
altos niveles inflacionarios.
La política económica del gobierno debe ser
replanteada para incidir de forma más clara sobre el
sector externo, pues hasta ahora este depende de factores
externos como la inversión en maquila y los flujos de
capitales. Lo anterior es complementario de posturas que
también propugnan por una reorientación del
crecimiento económico hacia los sectores industrial y
agropecuario.
El comportamiento reciente de la balanza comercial, aunque
supone una ruptura con la tendencia de los últimos
años, no es una señal de que la política
económica esté surtiendo sus efectos en
términos de afianzamiento de la estabilidad
macroeconómica. Aún y cuando el país se
encuentre con estabilidad en el sector externo y crecimiento de
las RIN, es de primordial importancia crear una infraestructura
productiva propia capaz de hacer frente a una virtual
desaparición de los flujos de capital y de los de la
maquila, los cuales por cierto no son descartables ni en el
mediano ni en el largo plazo.
Fracasa el proyecto de las Juntas de Vecinos
Uno de los mayores problemas que surge ante situaciones
desesperadas es que ante ellas se opte por soluciones
desatinadas, inmediatistas y de fácil reversibilidad
contra la sociedad. Una muestra patente de este tipo de
situaciones es el asfixiante clima de violencia que impera en
el país. A la peligrosidad que implica el simple hecho
de circular por las calles de la urbe, se ha intentado
responder de muchas y variadas maneras, entre ellas: el aumento
y fortalecimiento de los cuerpos policiales, la ley de
emergencia contra la delincuencia y la ley para la defensa
social -esta última abandonada por su carácter
represivo y discriminatorio. Estas medidas no sólo han
mostrado su ineficacia para frenar el flagelo de la
delincuencia, sino que a la vez han hecho tambalear los pocos
logros alcanzados en materia de democracia.
El empeño mostrado por la administración
Calderón Sol para aprobar y dar seguimiento a este tipo
de medidas es explicable cuando se observa el capital
político-electoral que se juega en ellas. Avalar el
endurecimiento de la leyes o la capacidad coercitiva de los
cuerpos encargados del orden es dar gusto a las demandas de una
población que exige soluciones tajantes y, por lo tanto,
una manera fácil de granjearse las simpatías del
electorado en general. Este afán inocultablemente
proselitista, que en ocasiones raya con el más burdo de
los populismos, ha dado dos nuevos frutos en lo que va de este
año: la discusión sobre la reinstauración
de la pena capital y la aplicación del proyecto de
Juntas de Vecinos, impulsado por el Ministerio de Seguridad
Pública.
Aunque de manera separada, estas dos políticas de
combate a la delincuencia tocan dos de los axiomas
implícitos en el trato dado a aquellos individuos que
transgreden las normas y leyes de la sociedad: la
exclusión y la prevención. Desde su surgimiento
la cárcel fue contemplada como la institución
social utilizada para excluir de la sociedad a aquellos sujetos
que violaran la constitución establecida. Luego, se
añadió a la función primaria de
exclusión la tarea de reeducar a los presidiarios en
vistas a su posterior reinserción en la sociedad. En
este sentido, la cárcel sólo cumple su labor
ideal cuando es capaz de excluir a un ciudadano para devolverlo
a la sociedad de manera que respete las normativas
comportamentales aceptadas. En El Salvador el sistema
penitenciario no es capaz de satisfacer ni una ni la otra cosa;
ni los centros penales cuentan con los suficientes recursos
como para excluir a todos los delincuentes del país ni
están diseñados de tal forma que garanticen la no
reincidencia del que delinque -es esta una de las razones del
fracaso de la ley de emergencia contra la delincuencia. A
partir de esto se entiende el énfasis puesto por el
gobierno en la aprobación de la pena de muerte: a falta
de los recursos y la voluntad necesarios para modernizar y
poner a la altura de las necesidades al sistema penitenciario,
se opta por la muerte del delincuente, por la exclusión
definitiva e irrevocable que prescinde de la reeducación
y, por supuesto, de la prevención del delito. La
cárcel, entonces, se vuelve innecesaria, los
delincuentes que no puedan ser excluidos provisionalmente lo
serán definitivamente.
En lo que toca a la puesta en marcha del proyecto de
Juntas de Vecinos, mismo que en teoría buscaba, entre
otras cosas, la prevención del delito a través de
la colaboración de los ciudadanos con los cuerpos
policiales, el grueso de las críticas en su contra se
centró en la posibilidad de que las juntas de vecinos se
transformaran en estructuras de control político a la
manera de la desaparecida Organización
Democrática Nacionalista (ORDEN), organización
para-militar de extrema derecha, fundada y controlada por el
gobierno pecenista en la década de los setentas.
Para evaluar la validez de las críticas de los
principales detractores del proyecto -principalmente la
Organización de las Naciones Unidas para la
Verificación de los Acuerdos de Paz (ONUV) y los
políticos de la oposición- es útil hacer
una revisión somera de algunos de los documentos
fundacionales del proyecto y resaltar los puntos que por su
interpretación podrían prestarse a dotarlo de
matices represivos y persecutorios.
En los documentos se afirma que la creación de este
tipo de agrupaciones þes el acto más serio en lo que
respecta a la reconciliación, democratización y
confraternización de los salvadoreños,
después de la firma de los Acuerdos de Pazþ. Siendo
definidas éstas como þorganizaciones cívico-
sociales formadas por personas naturales de reconocida honradez
y responsabilidad, trabajadoras y de buena conducta, de
preferencia aquellas que permanecen más tiempo en su
residenciaþ. La justificación de las juntas se encuentra
en þel crecimiento delincuencial que azota nuestro paísþ
que hace necesario þque la ciudadanía participe
activamente en este tipo de organizaciones...las cuales
estarán coordinadas por el Viceministerio de Seguridad
Pública a través de la PNCþ. Los objetivos a
buscar por la Juntas de Vecinos serían: þ1) que el
ciudadano con su participación, contribuya a la
seguridad y tranquilidad de su familia y conservación de
sus bienes; 2) que con la participación ciudadana la
seguridad pública esté en una permanente
revisión para su buen funcionamiento; y 3) que la
seguridad pública a través del proceso sea:
servicio, orden y seguridad para la ciudadanía (el
énfasis es del documento).
A lo anterior se añade que las redes entre las
distintas juntas de los departamentos þson la base para el
control e información que la Junta de Vecinos aporta a
la Seguridad Públicaþ y que la estrategia a seguir es la
de þcomunicar inmediatamente a la autoridad competente sobre:
a) sospechosos o hechores de delitos;[...] b) movimientos
sospechosos en contra de la Seguridad del Estado; c) listado de
personas anti-sociales de la comunidadþ. Por otra parte, los
documentos señalan que la convocatoria para formar parte
de las juntas debe formularse de la siguiente manera. þEl Sr.
Alcalde o Alcaldesa Municipal; en primer lugar como
representante de la Sociedad Civil y en segundo lugar como Jefe
de la comuna, invita a personas naturales y jurídicas
que representen en el municipio: fuerzas productivas,
comerciales, culturales [...], gremiales de servicio,
políticas y comunales; teniendo especial cuidado de no
invitar a personas u organizaciones de comportamiento nocivo en
la comunidadþ.
Sobre los puntos reseñados pueden hacerse las
siguientes reflexiones:
1) en los documentos se deja a libre interpretación
lo que ha de entenderse por personas þhonradas y de buena
conductaþ; teniendo en cuenta que desde cánones
conservadores -los que tienden a regir en nuestro medio- una
persona de este tipo se identifica con los empresarios y los
comerciantes, y con aquellos individuos que guardan una
relación de absoluto respeto -por no decir de
sumisión y apoyo- con los dictámenes emanados del
gobierno central, el perfil sería llenado exclusivamente
por los sectores de derecha y pro gubernamentales de la
comunidad. ¿Qué pasaría entonces con los
sectores
independientes o de la oposición? Además, hablar
de personas que puedan permanecer en sus residencias es hablar
de los sectores pudientes de las comunidades. El ideal de la
agrupación es, en este sentido, política y
económicamente excluyente.
2) Que las juntas tengan como uno de sus objetivos
principales el mantener un orden y una seguridad pública
no definidos previamente, podría haberse convertido en
la práctica en la persecución, o al menos en el
control, de aquellas personas o agrupaciones cuyas actividades
políticas estuvieran al margen de la ideología
tolerada por el gobierno; tolerancia que como ya se ha visto en
repetidas ocasiones es muy estrecha. Si a esto se añade
el que una de las tareas de las juntas sería el de
comunicar y elaborar listados sobre personas non gratas para la
comunidad, de þcomportamiento nocivoþ, es claro que se
están sentando las bases, aunque de manera no
explícita, para la formación de una
organización de inteligencia y espionaje capaz de
penetrar en cada uno de los municipios del país.
En definitiva, pese a lo que de buena voluntad pudo haber
en el proyecto, no es un disparate afirmar que las Juntas de
Vecinos pudieron haber derivado hacia los esquemas represivos
de la extinta ORDEN; ello no sólo por los vacíos
y ambigüedades del proyecto o por el precedente mismo de
aquella organización, sino en mayor medida por el
récord autoritario con que ha tendido a manejarse el
gobierno de Calderón Sol frente a sus adversores y
críticos. La delincuencia ciertamente es un problema
agudo y de nefastas consecuencias, pero ello no implica que en
su solución puedan desgastarse los pilares del orden
democrático. La prevención del delito y la
exclusión del delincuente ha de pasar primero, como
condición necesaria para frenar el fenómeno, por
el ataque de las causas estructurales que permiten la violencia
y el desprecio a la vida. De lo contrario nada se logra.
¿Son los evangélicos tan conservadores?
La historia reciente de América Latina proporciona
desgraciadamente argumentos suficientes para considerar que las
llamadas sectas evangélicas constituyen grupos
intrínsecamente conservadores o incluso reaccionarios en
el ámbito social y político. A lo sumo, se
podría conceder que ciertos grupos pretenden mantenerse
ajenos a la política. Pero la evidencia empírica
desmiente en la mayor parte de los casos esta preten-
sión: las agrupaciones evangélicas de
carácter "evangelical", pentecostal y neopentecostal (a
diferencia de las iglesias protestantes históricas) han
obedecido frecuentemente a instrucciones emanadas de la derecha
religiosa norteamericana (estrechamente vinculada a la adminis-
tración Reagan), han boicoteado la organización
popular de izquierdas, y se han aliado abiertamente con las
dictaduras militares más violentas y sanguinarias del
Continente. Sin embargo, puede que ésta no sea toda la
historia.
En El Salvador, según una encuesta de IUDOP, el
porcentaje de cristianos evangélicos alcanza un 17.8% de
la población [ECA 563 (1995), p. 851]. La encuesta se
refiere a "sectas de protestantes", sin hacer distinción
explícita entre iglesias protestantes históricas,
agrupaciones evangélicas y sectas para-cristianas como
los Testigos de Jehová, los Mormones o los Adventistas.
Pues bien, según otra encuesta del IUDOP [IUDOP, Informe
55 (1996), p. 40], este 17.8% de evangélicos no
tendría unas intenciones de voto netamente conser-
vadoras. Mientras que, de cada 100 católicos, 19.9
pretenden votar a ARENA, solamente 15.8 evangélicos
tienen esa misma intención de voto.
Sin embargo, son más los católicos que se
inclinan por el FMLN (un 6.6% frente a un 4.9% de
evangélicos). ¿A dónde van entonces las inten-
ciones de voto de los restantes evangélicos? Algunas se
dirigen al PDC (2.2% de evangélicos frente a 1.8% de
católicos), pero no tanto a "otros partidos" (4.1% de
católicos frente a sólo 2.7% de
evangélicos). Entre los evangélicos predomina, en
cambio, la intención de no votar a nadie (29.9% frente
a 26.6% de católicos), de mantener su opción en
secreto (17.4% de evangélicos frente a 16.4% de
católicos) o de declarar que no sabe a quién
votará (27.2% frente a 24.5% de católicos). En
definitiva, los evangélicos parecen no diferir sen-
siblemente de los católicos en su orientación
política, y las diferencias no indican claramente una
orientación conservadora, sino a lo sumo un cierto "cen-
trismo" y apoliticismo.
¿Cómo explicar estos hechos? Indudablemente, la
constelación de fuerzas religiosas, políticas y
sociales actuantes en la década pasada ha cambiado
sensiblemente en los últimos años. Por una parte,
las fuerzas políticas estadounidenses que ostensible-
mente financiaron y utilizaron a las iglesias
evangélicas no sólo fueron desplazadas (al menos
parcialmente) de la administración nortemamericana, sino
que su anticomunismo visceral ha perdido su razón de ser
ideológica. Por otra parte, la organización
congregacional de varias agrupaciones evangélicas
favorece la autonomía de las iglesias locales, y la
posibilidad de distanciarse respecto a sus iglesias-madre en
Estados Unidos.
En el ámbito católico, los impulsos
desatados por la teología de la liberación se
hallan en franco retroceso, tanto en las bases como en la
jerarquía, que hoy se alía abiertamente con las
fuerzas económicas y políticas que hace
años favorecieron el asesinato de numerosos
líderes eclesiales católicos. Mientras que la
teología de la liberación ha permanecido como un
movimiento fundamentalmente clerical, los movimientos
evangélicos han tendido a crear iglesias laicas con una
teología bíblica popular. Frente al verticalismo
característico de la mentalidad católica, las
iglesias evangélicas pueden inclinarse no sólo
hacia un autoritarismo carismático, como en la
década pasada, sino también hacia valores
democráticos.
Un factor decisivo es la composición social de los
grupos evangélicos, los cuales se sitúan fun-
damentalmente en el estrato social medio-bajo, obrero, rural y
marginal. Mientras que el 79.1% de la clase alta se declara
católica, solamente un 7% se confiesa evangélica.
En cambio, el 20.6% de los obreros, el 21.7% de la
población marginal, y el 19.5% de los habitantes del
campo se declaran evangélicos [ECA 563 (1995), p. 852].
Aunque en un momento inicial las agrupaciones
evangélicas hayan servido a estrategias de contrainsur-
gencia o se hayan limitado a proporcionar un consuelo y una
seguridad frente a la explotación y la represión,
su misma composición social puede hacer evolucionar a
estos movimientos hacia posiciones políticamente
más progresistas. En realidad, el origen de los
movimientos evangélicos no se explica solamente por la
actividad misionera o conspirativa de los Estados Unidos.
Los evangélicos supieron responder a las in-
quietudes religiosas de los pobres cubriendo ciertos espacios
a los que la organización clerical del catolicismo no
podía alcanzar. En una época en que el catolicis-
mo vuelve a perseguir la alianza con el Estado y la
creación de una nueva cristiandad, los evan-
gélicos tienen nuevas oportunidades para abarcar los
espacios libres dejados por el catolicismo. A diferencia de la
década pasada, hoy no serán solamente los
espacios religiosos, sino también los espacios
políticos.
¡¡Qué viva la impunidad!!
Quizás algunas personas recordarán que, hace
aproximadamente un año, Benjamín Cuéllar
del IDHUCA y un abogado que entonces colaboraba con la
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES),
Luis Romeo García, fueron objeto de un atentado en las
instalaciones de nuestra universidad (Proceso, 680). Afor-
tunadamente, el hecho no tuvo consecuencias fatales que
lamentar y fue posible detener a uno de los delincuentes;
éste, inmediatamente, fue puesto a la orden del juzgado
octavo de lo Penal de San Salvador. Dicho tribunal
realizó la primeras diligencias para esclarecer el hecho
pero, al poco tiempo, se declaró incompetente por
razones geográficas y remitió la causa al juzgado
segundo de lo Penal de Nueva San Salvador, departamento de La
Libertad.
Estando ya el proceso donde actualmente se encuentra, se
logró que la Fiscalía General de la
República (FGR) nombrara dos de sus representantes para
que --de manera específica-- atendieran el caso. Dichos
representantes del Ministerio Público, en afán de
proteger los intereses de los ofendidos, comenzaron su labor
realizando las investigaciones pertinentes con el
propósito de encontrar una respuesta al por qué
del hecho delictivo pues --al analizar la forma en que fue
perpetrado-- éste no tenía las carac-
terísticas de un acto llevado a cabo por simples
delincuentes comunes; al contrario, es válido pensar que
lo realizó un grupo organizado que tenía
órdenes precisas y contaba con una vasta experiencia en
este tipo de actividades. Pero la labor de la Fiscalía
se vio burlada cuando el pasado jueves 12 de septiembre, el
señor juez segundo de lo Penal de Nueva San Salvador
emitió una resolución favoreciendo al imputado.
La Oficina de Asistencia Legal (OAL) del IDHUCA ha
vigilado todo el desarrollo del proceso que se instruye contra
Edwin Alfredo Aguilar Guzmán, quien es el individuo que
fue capturado el 4 de octubre de 1995 en horas de la noche,
cuando se retiraba de la universidad; este sujeto se encuentra
acusado de haber participado --junto a otros tres o cuatro
sujetos más que nunca fueron detenidos-- en la comi-
sión de los delitos de robo en grado de tentativa y
privación de libertad en perjuicio de las dos personas
mencionadas, las cuales trabajan en la defensa y
promoción de los derechos humanos.
Con base al seguimiento que la OAL-IDHUCA le ha dado a
este caso y a partir de la última decisión del
juez sobre el mismo, podemos reflexionar brevemente en
relación a la forma cómo se ha diligenciado
judicialmente y las deficiencias que continúan existien-
do en el país para enfrentar eficazmente el
fenómeno delincuencial, sobre todo cuando en deter-
minados casos se advierte la existencia de motivaciones
bastante "oscuras".
En algunas de sus partes, la citada resolución del
juez dice lo que sigue: "el imputado antes mencionado no tiene
antecedentes penales hasta la fecha, así como tam-
bién presenta constancias de buena conducta que se han
incluido en el presente proceso, por lo que a juicio del
suscrito juez no existe por parte del imputado peligro de fuga
u otra causa que en dado momento puede imposibilitar la
continuación del proceso y posteriormente la
ejecución del fallo, por lo que puede sustituirse la
medida privativa de libertad por otras medidas cautelares".
"Por todo lo anterior --se agrega textualmente--, el
suscrito juez, de conformidad al artículo 144 de la
Constitución de la República y en la
aplicación de los tratados internacionales como lo son
el artículo XXVI de la Declaración Americana de
los Derechos Humanos, así como el artículo 9.3
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
procede a sustituir la medida cautelar de privación de
libertad". De esa manera, en lugar de la detención de
Aguilar Guzmán el juez determinó aplicar las
siguientes medidas: fianza de mil colones y "caución
juratoria", que no es más que la promesa que hace el
imputado de presentarse al juzgado cuando así se le
requiera; además, debía contar con una "persona
abonada de solvencia moral y económica", a fin de
garantizar dicha comparecencia.
Vistas hasta aquí las cosas y de manera super-
ficial, no hay críticas que hacer; por el contrario,
desde este espacio hemos promovido la utilización del
derecho internacional de los derechos humanos para mejorar
internamente la impartición de justicia y se ha cues-
tionado el hacinamiento en los centros penales como una de las
circunstancias que cuestionan la calidad del sistema peniten-
ciario salvadoreño. Sin embargo, el asunto que nos ocupa
no es tan sencillo pues se han cometido una serie de errores
que --consciente o inconscientemente-- pueden favorecer la
impunidad y, más aún, tener consecuencias
lamentables.
Tras la referida resolución del juez segundo de lo
Penal de Nueva San Salvador, la FGR --mediante sus fiscales
específicos-- presentó un escrito que, entre
otras cosas, dice literalmente: "Que con fecha dieciocho de los
corrientes, se nos notificó la resolución de
folios 209, proveída a las nueve horas con treinta
minutos del día doce de los corrientes, por medio de la
cual se ha concedido la sustitución de la medida
cautelar Prisión Preventiva, por otras medidas
cautelares que señala al final de la resolución;
providencia judicial con la cual no estamos conformes, por lo
que venimos a presentar RECURSO ORDINARIO DE REVOCATORIA, con
base en los artículos 513 y 514 Pr.Pn."
Al leer lo anterior, sobresale un hecho: el juez en
cuestión notificó su decisión a la
institución del Ministerio Público sólo
después de haber transcurrido seis días desde que
liberó al imputado. Eso es grave, pues representa una
violación al plazo que establece el artículo 104
del Código Procesal Penal para la realización de
dicha diligencia. "Las resoluciones judiciales --reza dicho
artículo-- se notificarán dentro de las vein-
ticuatro horas de dictadas". Al darse cuenta tardíamente
que no se cumplió con esa obligación, la Fis-
calía cuestionó la transparencia de la
decisión judicial. El problema es mayor cuando se
observa que el encargado de administrar justicia no es-
cuchó la opinión de la institución del
Ministerio Público para resolver; por ello, la FGR
reclamó en los siguientes términos: "Es
preocupante para la representación fiscal que este
tribunal haya emitido esta resolución de considerables
consecuencias procesales, ignorando a la parte fiscal".
Se debe considerar que estas medidas cautelares, susti-
tutivas de la prisión, tienen por objeto "asegurar la
presentación del imputado cuando fuere revocado el auto
que le concediera la libertad provisional", según lo
establece el artículo 254 Pr.Pn. Si eso es así,
¿por qué la Fiscalía habla de "considerables
con-
secuencias procesales" en este caso?
La respuesta se encuentra en el escrito de sus agentes,
cuando le solicitaron al juez la revocatoria de su
decisión. Primero porque "su Señoría no ha
tomado en cuenta que el procesado, aun estando detenido
trató de obstaculizar la investigación, cuando en
su indagatoria de folios 156-157 niega su participación
y señala testigos inexistentes, como KAREN
VERóNICA HERNáNDEZ, que se ha probado a folios
189 que jamás ha trabajado en CREDISA, tal como lo
menciona el procesado; y si esto es así, mucho
más podría entorpecer la investigación
estando en libertad sin ninguna restricción impuesta por
este tribunal".
En segundo lugar porque, como se lee en los últimos
renglones del párrafo anterior, Aguilar Guzmán
está en libertad "sin ninguna restricción
impuesta" por el juez: pese a que las medidas cautelares se
decretaron mediante la resolución del 12 de septiembre,
ninguna de ellas se ha cumplido. En el expediente solamente
consta que el mismo día que las dictó, el juez
puso en libertad al imputado. Lo anterior denota que la mayor
preocupación ha sido liberar al individuo y no garan-
tizar su presencia en el tribunal cuando así se requiera
para el buen desarrollo del proceso. De esta manera, sin
mayores problemas este tipo puede abandonar el país o,
estando dentro de él, dejar de presentarse al tribunal;
por venganza o por cualquier otra razón, solo o acompa-
ñado, también puede tratar de causarle
daño a los ofendidos, a las personas que lo detuvieron,
a quienes declararon en su contra y lo reconocieron en rueda de
reos.
"La prisión preventiva de las personas que hayan de
ser juzgadas --dice el numeral 3, artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos-- no debe
ser la regla general, pero su libertad podrá estar
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia
del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento
de las diligencias procesales y, en su caso, para la
ejecución del fallo" (obviamente, el subrayado es
nuestro).
La FGR cuestiona la actuación del juez a partir de
la misma norma internacional que éste citó para
justificar su resolución. Los señores fiscales
sostienen que es esa "la disposición que Usted no ha
observado, ya que no consta en el proceso que se le haya dado
cumplimiento a ninguna de las medidas cautelares supuestamente
impuestas; pues a fs. 209 consta la resolución que
cuestionamos, a fs. 210 la orden de libertad, a fs. 211 la
constancia de libertad del procesado; y el último folio,
212 contiene la notificación hecha al fiscal adscrito de
éste tribunal sobre la misma resolución; por lo
que en el presente hecho a juzgar será su
Señoría el responsable de la comparecencia del
procesado el día del juicio o a las demás
diligencias en que sea ordenada la comparecencia de
éste; salvo que ésta resolución sea
revocada al constatar las irregularidades ya señaladas".
A todo lo anterior debe agregarse que el juez no consi-
deró el profesionalismo con que actuaron los delincuen-
tes, ya que el acusado operó en compañía
de otro sujeto armado en las instalaciones del IDHUCA y dos o
tres más en el estacionamiento, esperando dentro de un
vehículo. Durante casi cuarenta minutos mantuvieron
aislados e incomunicados a los ofendidos que previamente
habían amarrado, vendado y amordazado. Aguilar
Guzmán era el que daba las órdenes, sabía
a quién debía buscar --preguntó
"¿quién es Benjamín?"--, conocía sus
movimientos y rutina; incluso, cortó la única
línea telefónica directa mientras estuvo
registrando el interior del Instituto.
No obstante todo lo anterior, el juez se limitó a
valorar la carencia de antecedentes penales y la buena conducta
del acusado en el centro de reclusión donde estuvo desde
octubre de 1995, cuando los aspectos ya mencionados nos hacen
presumir que el sujeto no es un delincuente inofensivo sino,
por el contrario, un tipo peligroso que actuó enviado
por alguien. ¿Será esa misma persona que lo
contrató, la que --además-- le garantizó
que iba a salir libre en poco tiempo, tal como acaba de
suceder? ¿será, también, esa misma persona la
que pagó los diversos defensores particulares que asistieron
a Aguilar Guzmán desde el momento que fue puesto a
disposición de la justicia? ¿será la misma que,
haciendo uso de posibles influencias, logró que el
delincuente no estuviera en el Penal "La Esperanza" (Mariona)
porque "corría peligro su vida?
Es una lástima que todo el trabajo realizado
durante años para promover y difundir el conocimiento
del derecho internacional de los derechos humanos entre los
funcionarios judiciales, a fin de lograr su aplicación
adecuada en el ámbito interno, se vea burlado al
presentarse casos como éste. No es el único, pero
es un buen ejemplo de la forma cómo las normas se
aplican de manera incorrecta, para favorecer intereses par-
ticulares o de ciertos sectores que se resisten al necesario
cambio que debe producirse en nuestra sociedad y que nos debe
conducir a la superación de la impunidad.
DEBATEN PENA DE MUERTE. La iniciativa de ley para reformar el
artículo 27 de la Constitución de la
República, en orden a ampliar la aplicación de la
pena de muerte, será discutida la última semana
de septiembre en el seno de las comisiones de Legisla-
ción y Puntos Constitucionales y la de Justicia y
Derechos Humanos, se informó. La pieza de correspon-
dencia presentada el 19.09 por el jefe de fracción de
ARENA, Juan Duch, consiste en la modificación del
artículo 27 de la Constitución de la
República, a fin de que permita la imposición de
la pena capital para los delitos de homicidio agravado,
secuestro y violación, "cuando se dedujere una mayor
perversidad en el hecho", por parte del delincuente. Asimismo,
propone la eliminación de la limitante constitucional de
la cadena perpetua, la cual se presenta como un recurso que
permita la conmutación de la pena de muerte "siempre y
cuando existan atenuantes válidas para evitarla". Ante
la propuesta, Duch se manifestó confiado en que no se
contravendrán tratados internacionales, en caso de que
este castigo sea adoptado, e insistió en que existen
claúsulas para que un país renuncie a los mismos.
Sin embargo, el diputado por el PDC, Arturo Argumedo, ar-
gumentó que la delincuencia es un fenómeno
social, y que debe combatirse desde esa perspectiva. Adicio-
nalmente, señaló que, por el momento, el sistema
judicial, con sus deficiencias, no podría ser garante de
juicios justos para los hechores. De igual forma, el Director
de la PNC, Rodrigo Avila, aseguró el 19.09 que "para
pensar en una pena tan drástica como es la pena de
muerte, se debe de pensar en una administración de
justicia más eficiente y moderna". "Si a una persona se
le impusiera dicha pena, con este sistema actual, el castigo se
alargaría a unos diez años, después de
haber cometido el hecho", aclaró (LPG 20.09 p.6-a, EM
20.09 p.2 y DL 19.09 p.3).
EVALUACION DE ACUERDOS. El Secretario General de las Naciones
Unidas para Asuntos Políticos, Alvaro de Soto,
expresó el 20.09 su satisfacción por el avance
que ha tenido el cumplimiento de los acuerdos de paz en nuestro
país, al tiempo que destacó la firme
disponibilidad del Gobierno por finiquitarlos a la menor
brevedad. Dentro de las áreas que han experimentado
avances, mencionó el Programa de Transferencia de
Tierras, al igual los asentamientos humanos rurales, cuyo
procedimiento está en negociación y al parecer
todo camina en forma ordenada. "El Presidente me ha informado
que acaba de recibir un documento muy serio, que ha sido
elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública,
el cual contiene un diagnóstico y programa de trabajo,
en donde se establecen las bases para una estrategia de
seguridad pública, lo cual me parece muy alentador pues
pondera la necesidad de un mecanismo para enfrentar la ola
delincuencial y esa es una buena señal de la seriedad
con que está trabajando el Gobierno por consolidar un
verdadero Estado de Derecho", manifestó. Por otra parte,
el funcionario de la ONU informó que el Presidente
Armando Calderón Sol se comprometió a disolver y
suspender las denominadas "Juntas de Vecinos". De Soto
expresó que en una intensa reunión, en la que se
discutió lo concerniente a las Juntas de Vecinos, el
mandatario se comprometió a que el proyecto no se
desarrolle. De Soto aseguró que las juntas de vecinos no
prosperarán, pues se teme que en un momento dado sean
manipuladas para fines que no son los originales de su sur-
gimiento, tales como fines políticos (DL 20.09 p.3 y EM
20.09 p.3).
DISOLVERAN JUNTAS DE VECINOS. Luego que el Secretario General
de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Alvaro de
Soto, expresara el 20.09 su desacuerdo con la creación
y funcionamiento de las Juntas de Vecinos, el Presidente de la
República, Armando Calderón Sol, ratificó
el 23.09 el compromiso adquirido ante las Naciones Unidas de
disolverlas. El Presidente sostuvo que se llegó a la
conclusión de la necesidad de que toda la ciudada-
nía participe en contrarrestar el flagelo del crimen
pero no formando organizaciones independientes a las ya
establecidas. "Hemos quedado en que esta participación
no puede buscarse a través de estructuras independien-
tes, creo que eso sería un error, sino que debe hacerse
con toda la institucionalidad que ya tiene el país",
afirmó. Asimismo enfatizó que la par-
ticipación podría hacerse por medio de los
concejos municipales y de las comunidades, descartando las
juntas de vecinos creadas por el Ministerio de Seguridad
Pública. "Hemos creído que ésta es la
participación que debemos de provocar, porque si no se
busca la colaboración ciudadana, no se puede hacer
frente a este grave problema de la criminalidad en nuestro
país", sostuvo. Sin embargo, el Viceministro de Seguri-
dad Pública, Alberto Carranza, negó que las
juntas sean grupos paramilitares, sino "organizaciones de
vecinos que buscan su desarrollo y autoprotección
acompañando a la PNC en su quehacer diario" (LPG 24.09
p.6-a).
DISOLUCION GENERA POLEMICA. Mientras que el Presidente de la
Comisión del Interior y Seguridad Pública del
Organo Legislativo, Juan Ramón Medrano, externó
no aceptar ni rechazar las Juntas de Vecinos iniciadas en julio
de 1995, pronunciandose por la búsqueda de un nexo entre
la PNC y la sociedad; el Ministro del Interior, Mario Acosta
Oertel, lamentó el 20.09 la determinación de
finiquitar el proyecto, por considerar necesaria la
búsqueda de una forma de combatir la delincuencia. El
ministro fustigó que la ONU "esté yendo
más allá de su mandato", señalando que la
intención -con el planteamiento de las juntas- es
justificar su estadía en el país hasta
después de diciembre. "Los acuerdos de Paz se van a
consolidar en la medida que las Naciones Unidas se retire de El
Salvador", dijo. Acosta agregó que "al señor de
Soto le vendieron una especie de preocupación más
allá de la realidad", al sostener que "si bien es cierto
que las juntas de vecinos pueden asociarlas a la extinta
Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) en
el pasado, yo me di cuenta que están formados por gente
de ideología heterogénea". Mientras tanto el
diputado por ARENA, Renato Pérez, insistión en
que de no ser por ORDEN, en el pasado "no se habría
detenido en el país la expansión del comunismo".
"No se por qué la jauría de izquierda se ha
lanzado sobre las juntas de vecinos, hablando que puede ser un
ORDEN del pasado, dijo al aseverar que es la oposición
la que trata de dar un matiz político a las referidas
estructuras civiles. Finalmente, para el diputado del FMLN,
Eduardo Linares, el compromiso de acabar con las juntas de
vecinos es positivo, aunque el problema de la delincuencia es
serio y necesita de la ayuda de la ciudadanía (LPG 21.09
p.2-a y LPG 21.09 p.3-a).
DISCUTEN PERMANENCIA DE ONUV. El Presidente de la
República, Armando Calderón Sol, sostuvo el 23.09
que los acuerdos de paz, están casi concluidos y lo que
falta por finiquitar "es risible". El Presidente en-
fatizó que el cumplimiento de los acuerdos se encuentra
en una fase terminal, por lo que ya no sería necesario
extender el mandato de la oficina verificadora. "La
situación de ONUV en El Salvador ya no tiene mayor
sentido, es tan mínimo, que ya podríamos pasar a
otra fase de verificación", expresó el gober-
nante. El Presidente dijo que aún no se ha definido la
situación de ONUV, pero que podría cambiarse por
un viaje a El Salvador cada cierto tiempo de un enviado del
secretario general, Boutros Ghali. Sin embargo, el dirigente
del FMLN Schafik Handal, declaró que espera que se apoye
una prórroga del mandato de la ONUV, previsto para
concluir en diciembre. Mientras el gobierno considera que la
pemanencia de observadores de la ONU no es necesaria para
verificar los aspectos sin cumplir del tratado de paz, la ex
guerrilla propugna que la misión prorrogue la es-
tadía de sus oficinas hasta después del 31 de
diciembre, fecha límite para finiquitar los acuerdos,
conforme a la última recalendarización para
supervisar aspectos inconclusos tales como acuerdos en
seguridad pública y reformas judiciales. Por su parte,
el viceministro de Seguridad Pública, Alberto Carranza
manifestó su inconformidad por la verificación
que la ONU mantiene sobre la seguridad pública. "Creemos
que ya el tema de los Acuerdos de Paz está más
que solventado", sostuvo (LPG 19.09 p.3-a y LPG 24.09 p.38-a).