© 1996 UCA Editores
año 17
número 725
septiembre 11
1996
ISSN 0259-2864
¿Depuración en la derecha?
Evaluación del plan de emergencia del gobierno
Maquilas, desarrollo económico y condiciones laborales
Reunión de presidentes de Centroamérica y Corea del
Sur
La Asamblea Legislativa y
la elección de los funcionarios públicos
Medios de comunicación y transición política
(II)
El asesinato de Guth Zapata
Las maquilas de nuevo en la mira
¿Depuración en la derecha?
Las elecciones de 1997 ya están a la vista; estamos en
una coyuntura en la que los partidos políticos tienen
que concentrar sus mejores esfuerzos en el fortalecimiento
institucional, y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se
está proyectando como un partido carcomido por los
conflictos internos, las pugnas de poder y la corrupción.
Desde hace un buen rato ARENA ha venido mostrando que su unidad no
es tan sólida como el discurso anticomunista o las
campañas publicitarias hicieron creer. Ahora, como en
ningún otro momento de la historia de la institución,
los intereses encontrados que cohabitan en su interior han salido,
con inusitadas crudeza y virulencia, a la luz pública.
En el ojo de la tormenta está Juan José
Domenech, quien se ha visto forzado a presentar su renuncia a la
presidencia del COENA en virtud de su presunta complicidad en
hechos criminales de mediana y gran envergadura. Es decir, Domenech
-dejando de lado su lenguaje soez que podría ser tomado como
parte del folklor nacional- ha sido implicado tanto en el maltrato
físico y verbal a periodistas como en el tráfico de
drogas y automóviles, y la evasión de impuestos, esto
último a partir de una alianza entre los supermercados La
Despensa de Don Juan -propiedad de Domenech- y Superselectos, a
cuya Junta Directiva fue incorporado el dirigente arenero.
No cabe duda de que la renuncia de Domenech no obedece
inmediatamente a su implicación en los delitos
señalados; otras figuras de la derecha han sido involucradas
en hechos de igual o mayor gravedad, y han seguido gozando de la
confianza y la protección del partido. Incluso no
sería tan acertado afirmar que a Domenech se le ha pasado la
mano en sus negocios ilícitos, por más que su
conducta sea la más alejada de lo que cabría esperar
de un dirigente político con sus reponsabilidades ante el
país y ante los grupos empresariales. ¿Qué es,
pues, lo que ha puesto a Domenech en la mira de la opinión
pública? ¿Qué es, en definitiva, lo que
está detrás de su renuncia?
Ante todo, veamos cuál es la actitud asumida por
Domenech. Pues bien, éste ha negado su complicidad en
actividades ilícitas y ha atribuido las investigaciones
periodísticas que lo involucran en las mismas a una
campaña en su contra y en contra del partido. Es decir, el
ex presidente del COENA se considera una víctima de una
maniobra política, aunque no llega a decir taxativamente
quién o quiénes están detrás de ella.
Su renuncia -como buen arenero- es para no dañar al partido
y para enfrentar civilmente las acusaciones que se le hacen.
De pronto, entonces, pareciera como si Domenech se hubiese
quedado solo, como si hubiese sido abandonado.
Paradójicamente, quien dijo "cobarde jamás
seré, los tengo bien puestos", quien tuvo en sus manos las
riendas del partido político más fuerte del
país, es alguien que clama por lástima, alguien que,
por aquello de los estereotipos del macho, anunció su retiro
del COENA ante un grupo de mujeres del partido. Vaya ineptitud
política. Con ese gesto, Domenech -aclamado por las mujeres
areneras como "Conejo", una y otra vez- no sólo puso en
práctica un mecanismo de presión política que
mostró su debilidad e incompetencia, sino que
contribuyó a alimentar la percepción de que ARENA
está mal por dentro y que sus dirigentes no tienen capacidad
de conducir la institución. Domenech ofreció una
prueba más de que el partido está dividido; y lo hizo
con una falta de tacto sólo esperable de alguien que se
comporta en política como un comerciante.
Ha sido la falta de tino en sus diversas actividades lo que
llevó a Domenech a ser foco de atención
pública. Imposible no seguirle la pista a una figura
política de su jerarquía de la que se sospecha no
paga IVA, maltrata a los periodistas, aparece implicado en la
negociación ilícita de un vehículo o enfrenta
una demanda judicial en Guatemala por narcotráfico. Son tan
notorias y regulares sus actividades fuera de orden que no se
requiere de ninguna estrategia de desprestigio, especialmente
diseñada en su contra, para sacarlas a la luz
pública.
Su falta de tacto y su ambición desmesurada han puesto
a Domenech en serios aprietos. Pero también han puesto en
serios aprietos al partido, que, si bien ha tolerado a miembros
ambiciosos y/o ineptos políticamente, ello ha sido bajo el
entendido que éstos atenderían el llamado al orden y
a la moderación cuando así fuese requerido. Y, como
por una especie de acuerdo interno, cuando alguien ha transgredido
las normas que imponen los intereses y la disciplina partidaria, la
pérdida de respaldo institucional no se ha hecho esperar. Al
parecer, pues, Domenech pasará a engrosar las filas de los
descontentos de la derecha; la gran mayoría de ellos
autoproclamados fundadores de ARENA y cercanos colaboradores del ex
mayor Roberto D'Aubuisson.
Cierto, quizás Domenech no sea mucho peor que otros
miembros de ARENA que aún gozan de la protección del
partido. Más aún, se puede sugerir la
hipótesis de que no son las actividades ilícitas per
se las que han puesto a Domenech en la difícil
situación en la que se encuentra, sino el modo cómo
se quizo llevar de encuentro a quienes sienten que el partido es
suyo y está para protegerlos. Es decir, al ex presidente del
COENA se le pasó la mano con quien no debía; y ahora
tiene que enfrentar el peso y el poder de aquellos con quienes
quizo rivalizar.
De este modo, estamos ante una medida de saneamiento
institucional que responde más a los intereses internos del
partido y de los grupos que lo controlan que a un compromiso real
de la derecha con la justicia y la legalidad. De no ser porque
poderosos intereses económicos y políticos así
lo exigen, seguramente Domenech no se hubiera visto forzado a
presentar su renuncia y continuaría gozando del amparo
partidario. Con todo, no deja de ser importante que las actividades
ilícitas de una figura tan importante en las filas de la
derecha sean objeto de debate público. Es una forma eficaz
de combatir la prepotencia, la matonería y la impunidad.
ARENA debe poner sus barbas en remojo. El partido se ha
debilitado con los escándalos de corrupción y de
tráfico de influencias que han perseguido a sus miembros
durante los dos últimos años. Los problemas que lo
han sacudido durante las semanas recién pasadas debilitan
aceleradamente su imagen como partido fuerte y capaz de impulsar un
proceso de desarrollo nacional. Sus miembros más
lúcidos debieran reflexionar seriamente si todos estos
conflictos y pugnas internas no son síntomas de una
necesidad impostegrable de renovación y de
democratización internas.
Evaluación del plan de emergencia del gobierno
El pasado 1 de junio, en su discurso de segundo año de
gobierno, el Presidente Armando Calderón Sol ofreció
implementar un conjunto de doce medidas tendientes a "fortalecer la
economía y mantener altas tasas de crecimiento, que nos
abran el camino al desarrollo y mejoren las condiciones de vida del
pueblo". Buena parte de estas medidas fueron sugeridas por la
empresa privada para superar los problemas de recesión
económica y reaparición y agravamiento de los
desequilibrios macroeconómicos; pero hasta ahora las medidas
no han sido implementadas y desde la fecha en que fue pronunciado
discurso presidencial la crisis económica se ha
profundizado.
Sin embargo, más preocupante que lo anterior es que las
medidas ofrecidas no demuestran estar diseñadas de forma que
promuevan el "desarrollo y mejoren las condiciones de vida"; de las
doce medidas únicamente dos abordan la problemática
del desarrollo social al ofrecer planes de inversión en
"infraestructura y el área social", pero en la
práctica el gobierno se ha concentrado únicamente en
la ejecución de obras de infraestructura al grado que, de
acuerdo al Ministro de Hacienda, es el Ministerio de Obras
Públicas el encargado de la ejecución del programa de
inversiones originalmente diseñado para estimular el
desarrollo social.
Las medidas emergentes han sido diseñadas con la
finalidad de atender las necesidades de la empresa privada sin
reparar mucho en los resultados sobre la satisfacción de las
necesidades básicas. Las mismas se concentran en aspectos
como la eliminación de las ganancias al capital,
depreciación acelerada de los activos fijos, retraso de la
desgravación arancelaria, reactivación agropecuaria,
promoción de liquidez monetaria y reducción de las
tasas de interés, privatización del manejo de los
fondos de pensiones, reintegro del 6% para las exportaciones no
tradicionales y eliminación del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) para los bienes de capital.
Aún así, el gobierno ha retrasado la
ejecución de los ofrecimientos presidenciales y
desencadenado la inconformidad de la empresa privada, tal como
ocurría ya en el período anterior al discurso
presidencial del 1 de junio. Es en este escenario que personeros
del gobierno dieron a conocer la presentación ante la
Asamblea Legislativa de un decreto de reforma de la ley del IVA
mediante el cual se exoneraría del pago del mencionado
impuesto a las importaciones de bienes de capital. Al mismo tiempo,
se reiteró que esta medida estaría acompañada
por el reintegro de 6% para las exportaciones de productos no
tradicionales.
En honor a esta coyuntura resulta de interés verificar
el cumplimiento de los ofrecimientos presidenciales del 1 de junio,
revisar brevemente las implicaciones de las dos nuevas medidas
anunciadas y establecer cuáles son las políticas
necesarias para estimular un verdadero proceso de mejoría en
la satisfacción de las necesidades básicas de la
población; pues, como se trata de mostrar a
continuación, el camino del desarrollo económico y
social aún requiere de modificaciones más profundas
en la política del gobierno.
Resulta destacable que de los ofrecimientos presidenciales
únicamente se encuentran en ejecución cuatro: el plan
de inversiones públicas, retraso de la desgravación
arancelaria, exención de IVA a bienes de capital y reintegro
de 6% a las exportaciones no tradicionales. Las restantes medidas,
ocho en total, se encuentran aún en suspenso y estas son:
eliminación del impuesto a las ganancias de capital y
depreciación acelerada de los activos físicos;
incremento de los créditos para la micro y pequeña
empresa; plan de recuperación agropecuaria; programa
nacional de competitividad; promoción del país en el
exterior; reducción de tasas de interés, cobros y
comisiones por servicios bancarios; aceleración del proceso
de modernización del sistema de pensiones; y, finalmente,
destinar el producto de la privatización a los gastos en
infraestructura y en el área social.
En la práctica, no se han implementado aún la
mayoría de las medidas ofrecidas por el gobierno, y de las
cuatro que sí han recibido atención una aún no
está en vigencia y otra solamente esta siendo cumplida a
medias. La eliminación del IVA a los bienes de capital
entrará en vigencia hasta dentro de quince días
aproximadamente, mientras que el plan de inversiones
públicas está concentrado solamente en el área
de infraestructura lo cual ha generado mayor desatención del
área social.
Por otra parte, y como se mencionó al principio, las
medidas implementadas apuntan a favorecer más a la empresa
privada que a los sectores que no están satisfaciendo
adecuadamente sus necesidades básicas; las dos medidas que
actualmente se promocionan son claros ejemplos de ello: la
eliminación del IVA a las importaciones de bienes de capital
favorece solamente a aquellas empresas (establecidas o por
establecerse) que necesiten invertir en bienes de capital; por otra
parte, el reintegro de 6% a las exportaciones no tradicionales
favorece solamente a aquellas empresas dedicadas a la
producción de aquel tipo de exportaciones.
Aún y cuando se hubiera ejecutado la mayor parte de los
doce puntos ofrecidos por el Presidente de la República ello
no generaría una situación más favorable para
el desarrollo social, porque las medidas que contemplan
inversión en el área social son únicamente dos
(plan de inversión pública y la utilización de
los fondos de la privatización en el área social) y
estas son las menos privilegiadas en el plan de acción.
La realidad es que el anuncio del plan de emergencia de
Calderón Sol no ha provocado cambios ni siquiera en las
señales económicas que se perciben desde hace
más de un año. Los últimos meses la meta de
crecimiento económico fue reducida por el Banco Central de
Reserva desde 5% a 4%, el déficit fiscal ha reaparecido,
persiste la tendencia hacia la profundización del
déficit comercial y el crecimiento de los precios se ha
elevado por encima de los niveles proyectados por el gobierno.
En este contexto no cabe duda de la necesidad de implementar
políticas de reactivación del sector privado, pero al
mismo tiempo debe destacarse que ello no garantiza la
superación definitiva de la crisis económica, pues
debe estar acompañado de mejorías en el nivel de
satisfacción de las necesidades básicas de la
población o, dicho en otros términos, de una
reducción en el nivel de la pobreza.
Dentro de la política del gobierno debe considerarse en
su verdadera dimensión la grave problemática de la
insatisfacción de las necesidades sociales. En esta
línea, resulta de primer orden retomar los ofrecimientos
presidenciales contenidos en el plan de desarrollo social en el
cual se consigna la intención de incrementar el gasto social
hasta elevarlo a un 50% del total del presupuesto nacional y a
invertir prioritariamente en las áreas de la
educación y la salud.
Adicionalmente, es necesario fomentar la creación de
puestos de empleo productivo que generen niveles crecientes de
empleo e ingresos. En este sentido, y debido a la incapacidad del
mercado para ello, es necesario la participación del Estado
en la creación de las condiciones necesarias para
incrementar este tipo de inversiones y para garantizar la
rentabilidad de estas empresas. Lo anterior aunque
implicaría una clara intervención del Estado en la
economía, no sería nada nuevo para este gobierno pues
dentro de su plan de doce medidas esta situación es
introducida claramente, aunque con un claro sesgo en favor de los
intereses de la empresa privada.
A más de tres meses de los ofrecimientos
presidenciales, la mayoría de estos aún no se
concretizan, y aunque lo hagan ello no garantiza la
superación de los obstáculos para el desarrollo por
estar enfocados principalmente a superar problemas coyunturales de
crecimiento económico. En este punto resalta nuevamente la
necesidad de que se formule un plan de desarrollo económico
y social de más largo plazo y en el cual se equilibren los
objetivos del crecimiento económico con los del desarrollo
social.
Maquilas, desarrollo económico y condiciones laborales
Cuando se revisa el historial de las operaciones de las
industrias maquileras en El Salvador se enfrenta un hecho
aparentemente paradójico: por un lado, un crecimiento de tal
magnitud que lleva a considerarla como el rubro de mayor
generación de empleo en el nivel formal y el que ocupa el
primer lugar en las exportaciones; y, por el otro, la industria que
se perfila como la más inestable y la más violadora
de los derechos laborales de los trabajadores. Esta doble cara ha
llevado a que sea defendida a capa y espada por los funcionarios
gubernamentales y los empresarios, pero a la vez condenada por los
institutos de la defensa de los derechos humanos y algunos sectores
de la oposición y los sindicatos. La prolongación de
esta problematicidad, la falta de una convergencia entre el
desarrollo apabullante de la industria y la verificación de
condiciones laborales dignas, muestra la incapacidad o
desinterés de establecer mecanismos efectivos de
negociación interinstitucionales; es decir, de mecanismos
que reuniendo las expectativas del sector gubernamental, los
sindicatos, los empresarios maquiladores y los trabajadores sea
capaz de mediar para dar solución a los conflictos entre las
partes.
En lugar de lo anterior, cuando el irrespeto del Código
de Trabajo se ha vuelto escandaloso, lo que ha sucedido es que el
gobierno y los empresarios han formado un frente común que
mostrando los indicadores oficiales de generación de empleos
de la industria se niega a ceder un ápice frente a los
intentos de los trabajadores, organizados o no, de obligar
legislativamente a las maquilas a respetar sus derechos o, cuando
menos, a reconocer que efectivamente estos son violados
continuamente. La ambigüedad y debilidad de los sindicatos
-cuando no se han puesto cínicamente del lado de los
empresarios- ha permitido que esta dinámica se
perpetúe.
De las propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa para
reglamentar y controlar la operación de las maquilas en el
país -entre ellas la de obligar a las maquiladoras a
presentar una fianza para cubrir las indemnizaciones y salarios de
los trabajadores en caso del cierre o quiebra de la empresa- la
única que hasta la fecha ha sido aprobada, la
única que ha logrado atravesar el tamiz de los vetos
oficiales, es la que se corresponde al Decreto Ejecutivo
número 37: la formación de una Comisión de
Tratamiento y Prevención de Conflictos, que integrada por
representantes de los ministerios de Trabajo, Economía,
sector laboral y empresarios operará en las zonas francas
para resolver a corto plazo los conflictos que se presenten en
ellas. Aunque alentadora, la formación de tal
Comisión aún no da señales que permitan
afirmar que su operatividad pase del nivel puramente formal y logre
obtener resultados reales y concretos. Las anteriores
experiencias de formación de comisiones, donde ha imperado
la defensa de los propios intereses sobre la necesidad del
diálogo y la concertación (sirvan de ejemplo la
disolución de la Comisión de Alto Nivel que mediaba
en el conflicto del transporte público y el estrepitoso
fracaso del Foro de Concertación Nacional), hacen patente
que su creación podría obedecer más a un
interés de dar largas a los problemas y evitar que las
denuncias de las trabajadores salieran a la luz pública,
quedándose éstas al interior de la comisión,
que a un afán real de concretar soluciones. En este sentido,
el avocarse a este mecanismo tendría una doble utilidad:
hacer gala de que en el país se responde desde las pautas de
una democracia, pese a que este ejercicio democrático sea
totalmente inocuo e ineficaz, y al mismo tiempo preservar el estado
actual de cosas.
En este contexto, en el cual la operación de las
maquilas se ha mantenido incólume de sanciones y
reformulaciones gracias a la protección del sector
gubernamental, los esfuerzos más prometedores para cambiar
la situación han venido del extranjero, del Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos y de organizaciones internacionales
relacionadas con la industria de la confección y los
derechos humanos.
Esto, como es de esperar si se consideran las líneas
ideológicas del partido en el poder y su prurito de conceder
mayor importancia a los indicadores económicos que a las
condiciones reales, ha sido condenado inmediatamente como
intervencionismo internacional y como un conjura extranjera para
acabar con las fuentes de empleo que la industria de la maquila
proporciona a El Salvador. Para el gobierno y los empresarios, el
interés que se oculta en las denuncias a nivel internacional
de graves violaciones a los derechos de los trabajadores
salvadoreños en las maquilas es el de cerrar
compañías con el fin de repatriar a las
fábricas a sus lugares de origen, principalmente Estados
Unidos.
La demonización de las dos comisiones que han visitado
el país para verificar las condiciones laborales in situ (la
primera en noviembre del año pasado y la
segunda en los primeros días de este mes) se basa en dos
presupuestos. El primero, en el país las anomalías en
las maquilas no dejan de ser más que þviolaciones
normalesþ -tal como expresó el Ministro de Trabajo, Eduardo
Tomasino-, por lo que lo único que se perseguirían
serían þfines políticosþ de desprestigiar al
país y al gobierno frente a la inversión extranjera;
el segundo, los asuntos internos deben de ser manejados
internamente, se cuenta con la capacidad necesaria como para
solucionar los conflictos sin recurrir a la ayuda o el apoyo
foráneo.
Con respecto al primer supuesto, hay que admitir que la
última visita de los delegados del Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos se enmarca dentro del actual contexto
electoral de esta nación. Por ello, el emprender una
campaña de verificación del cumplimiento de los
derechos laborales en aquellos países donde se elaboran
artículos para compañías estadounidenses, es
plausible de ser interpretado como una estrategia del equipo de
Bill Clinton que tiene por objetivo el atraer votantes para su
reelección. En este sentido, sí podría
hablarse de algún fin político en las visitas de las
comisiones, pero de aquí no puede seguirse que
efectivamente se busque cerrar fuentes de empleo o aislar al
país de la inversión extranjera. Por otro lado, el
calificar de þnormalesþ a las violaciones de los derechos
laborales -aparte de ser ofensivo en sí mismo puesto que
ningún tipo de irrespeto a los derechos de la persona es
þnormalþ ni mucho menos tolerable- es insostenible cuando la
tendencia de los empresarios de las maquilas a abandonar el
país sin indemnizar o cancelar los salarios de los
trabajadores, lejos de disminuir, aumenta constantemente.
En lo que toca al segundo supuesto, por la misma índole
del funcionamiento de las maquilas, la solución de los
conflictos que se suscitan a su interior sólo puede
llevarse a buen término mediante una negociación que
supere las fronteras de la nación que las acoge. Cuando ni
los dueños de las maquilas ni los propietarios de
las empresas que contratan sus servicios son nacionales, es
evidente que la única manera de obligarlas a cumplir con los
derechos laborales es respaldando la legislación de la
nación anfitriona con una legislación internacional
que controle sus operaciones, sea cual sea el país a donde
lleguen para utilizar su mano de obra. De lo contrario, y tal
como ya ha sido verificado en El Salvador, la alternativa de los
empresarios maquiladores y las compañías que los
contratan frente a los problemas que se deriven de irrespetar tal
o cual derecho laboral será la de trasladarse a otro
país con legislaciones más permisivas o gobiernos
menos preocupados por hacerlas cumplir. Por lo tanto, aun cuando
los sindicatos nacionales de las maquilas estuvieran fortalecidos
y poseyeran habilidad política, aun cuando el gobierno se
mostrara más interesado en el bien de sus ciudadanos que en
las exigencias de las empresarios extranjeros, aun cuando existiera
una legislación nacional robusta, de no existir un acuerdo
internacional que vele por la eticidad y responsabilidad del
comportamiento de las empresas internacionales es vano esperar
condiciones dignas de trabajo o, mucho menos, impedir la
volatilidad que hasta la fecha sigue caracterizando a las maquilas.
La Asamblea Legislativa y
la elección de los funcionarios públicos
Oscar Martínez Peñate
Departamento de Sociología
Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas"
Elección de funcionarios públicos
La Asamblea Legislativa tiene la potestad de elegir algunos de
los funcionarios públicos de alta jerarquía y para
ello utiliza algunos procedimientos, requisitos y
condiciones que garantizan la acertada elección. Entre
estos, se pueden señalar los siguientes:
- Que los candidatos sean propuestos públicamente por sus
respectivos gremios y asociaciones profesionales;
- Sin vínculos partidarios;
- Nivel académico adecuado;
- Capaces y eficientes;
- Solvencia moral;
- Profesionales con antecedentes de honorabilidad;
- Estudio de los antecedentes y atestados de los candidatos;
- Entrevistas;
- Audiencias;
- Evitar el continuismo;
- Despolitizar las instituciones;
- Elegirlos con mayoría calificada de los dos tercios de
los diputados electos.
En El Salvador, a falta del establecimiento de procedimientos,
requisitos y condiciones para la elección de los candidatos
a ocupar funciones públicas, así como por
la ausencia del perfil que deben de cumplir los funcionarios
públicos de alta jerarquía, se han cometido errores.
Los partidos políticos ARENA, PDC, PCN y el Movimiento
Auténtico Cristiano (MAC) propusieron, en 1993, a personas
de solvencia moral dudosa para ocupar los cargos de Procurador
General, Fiscal General de la República y al Presidente de
la Corte de Cuentas.
Entre ellos, el más publicitado en los medios de
comunicación fue el caso de Lázaro Tadeo Bernal,
propuesto para Procurador General. Las principales asociaciones de
mujeres de El Salvador se pronunciaron en los siguientes
términos: "pero es alarmante y denota falta de seriedad el
nombramiento del Dr. Lázaro Tadeo Bernal, como Procurador
General de la República, ya que dicho señor fue
procesado en el Juzgado 9o de lo Penal de San Salvador, por golpes
y agresión en la señora Marlene Concepción
Gómez, compañera de vida de dicho profesional y madre
de sus hijos; precisamente como respuesta a la solicitud que dicha
señora le hiciera para que cumpliera con sus obligaciones
alimenticias de padre. Señores!, burlarse de una mujer
denota débiles principios morales, incumplir con sus deberes
de padre es aún más grave, pero responder con golpes
a la demanda del cumplimiento de esos deberes, tendría que
ser causa justificada, para descalificarlo totalmente como
candidato a dicho cargo" (La Prensa Gráfica, 14-07-1993).
Al no establecer un mínimo de requisitos que deben de
llenar los funcionarios públicos se puede caer
fácilmente en la corrupción e ineficiencia de la
administración pública, además de poner a las
instituciones al servicio de intereses económicos,
políticos e ideológicos, lo cual perjudica los
intereses de la mayoría de los ciudadanos y del país.
Napoleón Rodríguez Ruiz señala y pregunta lo
siguiente: "algunos sectores del órgano Judicial
continúan funcionando con corruptos. ¿Cómo un
delincuente juzgará a otros delincuentes?" (Co-Latino,
10-10-1996).
CUADRO No.1
EN EL SALVADOR SE LES PREGUNTO A TRES MAGISTRADOS
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
¿CUAL FUE LA INCIDENCIA DE LOS PARTIDOS POLíTICOS PARA
ELEGIR A LOS MAGISTRADOS Y HASTA QUE PUNTO FUE O NO EL RESULTADO
DE COMPONENDAS NEGOCIACIONES O CABILDEOS ENTRE LOS PARTIDOS?
Mauro Alfredo Bernal Silva
Presidente de la Sala de lo Contencioso administrativo
R/ Pues eso he.... las negociaciones, cabildeos, arreglos entre
partidos siempre se dan verdad? y ojalá el resultado sea lo
mejor para lo que el pueblo quiere verdad?, pero yo creo que
mientras no hay un partido que tiene el predominio en el
órgano Legislativo, que él puede decidir todo porque
tiene suficientes votos, pues los arreglos siempre van a ser
necesarios y no hay que verlos como algo negativo; pues en este
caso claro que hubo arreglo, hubo arreglo, porque y fue
público, porque de esos dos grupos que hemos hablado algunos
tenían marcado interés en que determinadas personas
por su trayectoria en el quehacer judicial quedaran integrando la
Corte verdad? y, al final entiendo yo, que esa lista que
quedó definitiva fue el producto del consenso, fue el
producto del acuerdo, o sea que ese o no digamos (sic) que hubo
cuotas que el vaya (sic), el frente y los demás partidos
tomaron cierto número de Magistrados y que ARENA por su lado
tomó otro número, no yo no creo que se haya llegado
a esos detalles, por he... conocí un poco como estaba
negociando allí, y más bien se trataba de priorizar
pues; cada uno de los dos grupos tenían sus preferencias,
digamos en esa lista que hacían de 30 cada uno, bueno
había un orden de preferencia verdad?, y entonces al final
repito no es que agarraron tal número cada uno de los
grupos, pero si tiene que haberse hecho la elección de
acuerdo a esas prioridades que ellos establecen.
José Enrique Argumedo
Magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional
R/ Realmente tuvo que haber negociación, pero no
componendas; porque ya la componenda es, yo te doy a éste,
tú me das a éste, para que éste haga esto y lo
otro, o sea, eso ya son componendas y ya implica compromiso.
Negociación si tuvo que haberla, pues, tratamos de
escoger a los que mejor convienen
Amilcar Amaya
Magistrado de la Cámara de lo Civil
R/ Mire, yo creo que no es que se pueda hacer un relato sobre
esto. La capacidad de elección de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, los tiene la Asamblea Legislativa, no
como antes, que era a propuesta del Presidente, ahora es,
según los listados que les manda el Consejo Nacional de la
Judicatura y la Federación de asociaciones de Abogados, pero
en todo caso, la elección les corresponde a ellos, a los
diputados, es decir, le corresponde al organismo político
por excelencia, que es la Asamblea, ahí están
representados todos los partidos políticos y todas las
corrientes políticas, de manera que, lo que ocurrió,
fue lo que ocurre en todos los países del mundo, en todas
las Asambleas Legislativas, el forcejeo político, eso fue
todo, emperzaron los diferentes sectores políticos: por un
lado ARENA, por el otro lado el FMLN, por otro la Democracia
Cristiana y, empezaron a echar pulsos, a forcejear (sic) y porque
este tipo de elecciones se mezcla, desgraciadamente como es un
órgano político, se mezcla con otros intereses.
Los diputados dicen por ejemplo: tú quieres este
magistrado?, tú que me das a cambio por él?, que me
das?, nosotros queremos esta otra cosa; ahí estuvo mezclado
un sin fin de cosas en esa elección, un sin fin de intereses
políticos en la elección de la Corte, es decir,
ahí habían intereses por hasta lo del IVA, cobraron
después con el IVA, los partidos políticos y
así, es pues, es una Asamblea Legislativa, en todos los
países del mundo eso no debe extrañar a nadie que en
todos lo países del mundo, los congresos, los parlamentos,
las asambleas tienes esos forcejeos de tipo político, porque
aún cuando se diga que no, la Corte Suprema de Justicia es
un órgano político, basta con darse cuenta que el
Presidente de la Corte es el presidente de un órgano del
Estado, es un órgano político, de manera que no puede
ser ajeno a su elección todos los forcejeos
políticos, así que no es nada de extrañar, lo
que si es de extrañar es el tiempo, todos esperábamos
que la elección pudiera ser reñida, que pudiera ser
negociada oFuente: Entrevistas realizadas durante el mes de mayo y
junio de 1996, en la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador.
Según la Constitución Política de El
Salvador, en el Art.131, numeral 19, la Asamblea Legislativa esta
facultada para: "elegir por votación nominal y
pública a los siguientes funcionarios: Presidente y
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y
Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal
General de la República, Procurador General de la
República, Procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos y Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura".
En nuestro país, se deja por fuera la aprobación
por parte de la Asamblea Legislativa del nombramiento de
Embajadores, Cónsules, funcionarios y representantes
plenipotenciarios ante organismos internacionales, Ministro de la
Defensa y Presidente del Banco Central de Reserva.
La administración pública en manos de la clase
política
Los altos funcionarios públicos electos por la Asamblea
son parte de una lógica orientada a perpetuar el continuismo
y repartir entre los partidos políticos el "pastel", a
través de sus militantes, lo cual permite encubrir la
corrupción y que los funcionarios respondan al
interés partidario en detrimento del interés de la
sociedad salvadoreña. Así, "se ha consumado el
continuismo de un desprestigiado esquema de reparto
ilegítimo de puestos (Fiscalía, Corte de Cuentas y
Procuraduría General) entre ARENA, PCN y PDC, pero siempre
con un control y una subordinación real de esos cargos al
partido en el gobierno que se encuentra desesperado por tapar a
toda costa la denuncia y enjuiciamiento de los casos de
corrupción, evasión fiscal, falsificación de
documentos, lavado de dólares y el narcotráfico y de
otros delitos contra la hacienda pública" (Comunicado del
FMLN, 10-97-1996).
Por otra parte, en El Salvador, es en la Comisión
Política de la Asamblea, donde realmente se eligen a los
funcionarios públicos de alto nivel, para posteriormente
ratificarlo en la votación del pleno. Los miembros de la
Comisión Política le prohíben y ocultan a la
población civil y a los medios de comunicación
conocer los detalles de las discusiones, "arreglos o componendas"
entre los partidos políticos para la elección de los
funcionarios. Y cuando ello es discutido en plenaria se hace a
altas horas de la noche o primeras horas de la madrugada con el
objetivo que no haya periodistas, sociedad civil ni testigo alguno
y todo quede en "familia". En este sentido, "la Asamblea
Legislativa ha convertido en una tradición las plenarias
nocturnas para negociar la elección de aquellos funcionarios
que la Constitución le faculta" (La Prensa Gráfica,
06-07-1996). Incluso, se ha llegado el extremo de que la
"negociación" a puertas cerradas de las fracciones de los
partidos políticos de la Asamblea sean reemplazadas por la
"negociación" únicamente entre los secretarios
generales de los partidos políticos representados en el
parlamento.
Este tipo de negociaciones se convierten en contubernios entre
los partidos políticos en donde la sociedad ignora
qué es lo que realmente se negocia: compra de votos;
compadrazgos; reparto de funcionarios según el número
de diputados que tenga cada partido; no realizar investigaciones
sobre casos de corrupción en donde estén implicados
altos dirigentes políticos; o tráfico de influencias.
"Garantizar que los funcionarios que elija la Asamblea Legislativa
van a ser los que el país necesita es algo
prácticamente imposible, porque eso implicaría que
los partidos políticos y, principalmente, el partido
mayoritario [enfocaran] la elección de éstos
funcionarios de cara al desarrollo del país y de la
democracia, y no a sus intereses partidarios o a componendas entre
partidos políticos" (Co-Latino, 13-06-1996).
Los candidatos a ocupar los altos puesto públicos
deberían ser llamados a comparecer ante una comisión
legislativa correspondiente, para entrevistarlos y que cada uno
presente su plan de trabajo. De esta manera pondrían en
evidencia su conocimiento e idoneidad para el cargo. Asimismo, esta
reunión debería ser realizada "a puertas abiertas"
con la presencia de los medios de comunicación y de
representantes de la sociedad civil. Y esto porque la Asamblea
Legislativa no da muestras de transparencia a la nación
cuando elige a las más altas autoridades de las
instituciones del Estado. El procedimiento de encerrarse para
decidir obstaculiza el proceso de participación plena y
activa de la sociedad civil, lo cual es un obstáculo para el
avance del proceso de democratización.
En definitiva, la clase política del país frena
y "prohíbe" prácticamente la participación y
decisión de la sociedad civil en asuntos de su
interés. La clase política se reserva el derecho de
imponer a los altos funcionarios, quienes en la mayoría de
los casos son militantes políticos, con lo cual impide que
lleguen a ocupar estos cargos personas capaces de la sociedad
civil, para hagan contrapeso a los abusos de los políticos
y de los funcionarios estatales. Al no permitir la
participación de la sociedad civil en la propuesta de
candidatos y en el acceso a la discusión para su
aprobación, se está fomentando e institucionalizando
un autoritarismo por parte de la clase política, cuya
complicidad con ARENA es totalmente condenable.
Reunión de presidentes de Centroamérica y Corea
del Sur
Los días 3, 4 y 5 de septiembre se celebró en
Guatemala una reunión entre los presidentes de
Centroamérica y Corea del Sur. A la mismaque asistieron los
mandatarios de Guatemala, Alvaro Arzú; Honduras, Carlos
Roberto Reina; El Salvador, Armando Calderón Sol; Costa
Rica, José María Figueres; Corea del Sur, Kim
Young-Sam; y la Vicepresidenta de Nicaragua, Julia Mena.
La reunión, que fue convocada por el Presidente
Arzú, se enmarca en el contexto de una gira por Chile,
Argentina, Brasil y Perú efectuada por el jefe de Estado
coreano. Asimismo, el encuentro se centró principalmente en
las relaciones de amistad y cooperación de la denominada
"era del Pacífico que viene con el siglo XXI" entre el
país asiático y la región.
Cabe resaltar que la visita del Presidente de Corea del Sur
-que es la primera en Centroamérica y el resto de la
región- se enmarca en ese esfuerzo de estrechar las
relaciones entre ese país y la región
centroamericana, lo cual se ha concretado en la creación del
llamado Foro de Diálogo y Cooperación.
Logros alcanzados
Es importante destacar que la creación del Foro de
Diálogo y Cooperación sienta las bases para
fortalecer las relaciones entre Corea del Sur y los países
del istmo. Tal pretensión se evidenció en el discurso
de Young-Sam, quien afirmó que "ahora se ha preparado una
sólida base para ampliar las relaciones de carácter
bilateral a la dimensión muntilateral".
Adicionalmente, el presidente coreano prometió que, a partir
de ese encuentro, su país cooperaría más
cercanamente con los países centroamericanos, enfatizando
que las relaciones se basarían en valores universales como
la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz, a lo
cual se sumaría una intensificación de la
cooperación económico-comercial. En esta
línea, otro logro importante del encuentro fue el ingreso
del país asiático como socio extrarregional del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Presidente Alvaro Arzú, por su parte, indicó
que Young-Sam manifestó su respaldo al proceso de paz
guatemalteco y su apoyo a la integración económica y
comercial que impulsa la región. Asimismo, se mostró
complacido por los avances en materia de integración y el
rumbo por el que se encamina el área centroamericana.
Consideraciones
Pese a los acuerdos alcanzados en la cumbre de mandatarios se
debe tener en cuenta lo señalado por la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA), que
afirma que las exportaciones regionales hacia Corea del Sur
alcanzaron el año pasado los 17.7 millones de
dólares, mientras que las importaciones llegaron a los 127.6
millones de dólares, sin incluir a Panamá. Por su
parte, el gobierno coreano afirmó que sus exportaciones a
los seis países del área en 1995 fueron de 2.570
millones de dólares; en contrapartida, las importaciones
alcanzaron los 460 millones de dólares. Esos datos muestran
por sí mismos la inexorable necesidad de replantear las
relaciones económico-comerciales de Centroamérica con
Corea del Sur.
Los presidentes centroamericanos no deben perder de vista el
déficit que enfrentan nuestros países en lo que se
refiere a la balanza comercial en las actuales relaciones con el
país asiático. Es decir, se debe tener presente que
no solo se trata de buscar y/o atraer nuevas inversiones para el
istmo, sino en qué condiciones se tiene que hacer. No
está demás señalar que las actuales
inversiones coreanas -entiéndase las plantas textiles
operadas en Centro América, conocidas como "maquilas"- no
han sido hasta hoy más que explotación de mano de
obra barata, en un clima creado por los incentivos que se conceden
a las inversiones extranjeras.
Finalmente, en lo que respecta a la aceptación de Corea
del Sur a ser socio extrarregional del BCIE no se precisó el
monto de su participación en tal institución. Queda
por esperar que su aportación sea significativa y que ello
se traduzca en un mayor interés de los empresarios coreanos
no sólo en el desarrollo económico y social de
Centroamerica, sino en el modo en que sus capitales operan en
empresas específicas, como las maquilas.
Medios de comunicación y transición
política (II)
Decir que los medios de comunicación
salvadoreños han sido uno de los sectores más
favorecidos con los Acuerdos de paz, como lo exponíamos en
la entrega anterior de esta serie (Proceso, 721), puede parecer
bastante evidente; pero no así la idea de que los medios de
comunicación han sido en buena medida conductores del
proceso de transición política nacional. La tesis de
que los Medios se han beneficiado de las nuevas condiciones
políticas puede ser constatada viendo la
proliferación y el nivel de audiencia de los noticieros
televisivos y de programas de debate -la última encuesta del
IUDOP reveló que el 43.3 por ciento de los
salvadoreños ve noticias por televisión todos los
días; y además presenciando el esfuerzo de los
equipos de prensa por profesionalizarse y tecnificarse -lo cual no
siempre ha llevado a un tratamiento objetivo de la
información. Sin embargo, el provecho obtenido de los Medios
no sólo viene dado en términos de mayores libertades
para ejercer el derecho a la expresión y a la
información, o en el hecho de contar con mayor audiencia con
sus respectivos efectos en las arcas de los empresarios de
comunicación, sino sobre todo en el hecho de que junto a un
mayor público el poder de llegar a la población es
significativamente grande, mayor que el de cualquier instancia
nacional. En esto se fundamenta la capacidad de los Medios para
conducir la transición salvadoreña.
El sondeo hecho por el IUDOP en julio y agosto revela que la
población posee más confianza en la prensa
televisiva, radial y escrita - en ese orden - que en las
instituciones encargadas de regir los destinos nacionales: la
Presidencia, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de
Justicia. La prensa disputa la confianza del público con la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la
Policía Nacional Civil, pero está muy por encima de
los tres poderes del Estado salvadoreño, y en tal sentido
tiene mucha más aceptación que tales instituciones.
Esto es lo que ha dado a la prensa la posibilidad de conducir, de
manera indirecta, la transición política
salvadoreña.
Si existe alguna duda sobre las posibilidades políticas
de los medios de comunicación salvadoreños en la
actualidad, basta con prestar atención a la coyuntura
nacional en torno a la renuncia del presidente del partido ARENA,
Juan José Domenech. La dimisión del presidente del
partido más fuerte del país se da en un momento en
que los dos periódicos de mayor circulación del
país publican informes y declaraciones que involucran a
Domenech en varios asuntos delicados: irregularidades legales en
la adquisición de un auto de lujo, prepotencia y
agresión en contra de periodistas, y acusaciones de
participar en actividades de narcotráfico. Así, la
renuncia es presentada como respuesta a la actitud de los
periódicos de divulgar tales informaciones.
En este caso, como en otros menos evidentes, la prensa no
sólo ha establecido la agenda de debate nacional sino que
también ha provocado, con mayor o menor efectividad, que ese
debate o discusión nacional provoque cambios institucionales
importantes y cree coyunturas políticas muy ligadas al
proceso de transición. Ahora, los medios de
comunicación, en especial la prensa, basados en la confianza
y credibilidad que la población ha depositado en ellos,
tiene la capacidad de decidir e impulsar cambios sociales a
través de su posibilidad de alterar la opinión
pública y, con ello, la manera en que los
salvadoreños ven e interpretan la realidad: el cumplimiento
de los Acuerdos de paz, la transición política, las
reformas al sistema de justicia y el proceso de
democratización.
En este punto es que hay que señalar algo. La
discusión sobre la importancia de los Medios en El Salvador
usualmente se concentra en la mayor o menor libertad de prensa y de
expresión vigente en el país, permitida por las
autoridades nacionales; sin embargo, muy rara vez este debate
sobre el ejercicio de las libertades se concibe en términos
de la disposición de los propios Medios para permitirse y
permitir tales libertades.
El enorme potencial de influencia que poseen los medios de
comunicación actualmente induce a preguntarse no tanto por
qué tantas libertades les son permitidas a la prensa sino
qué tantas libertades se permiten los Medios a sí
mismos y en función de qué intereses: los intereses
del público en general, de las mayorías o los
intereses de sólo ciertos sectores.
Con mayor o menor consenso, la discusión nacional sobre
la libertad de la prensa en el país parece encontrar un
acuerdo común: los Medios gozan ahora de un mayor respeto a
su ejercicio profesional que el que han tenido jamás, y
aunque tal libertad no es total ya no es posible afirmar que este
país carece de la libertad de prensa por efecto de
limitaciones del Estado. Sin embargo, muchos sectores vinculados a
los Medios están empeñados a seguir concentrando el
debate público solamente en esa dirección ignorando
- con cierta intencionalidad - el punto sobre la misma libertad que
se permiten los medios de comunicación. En este sentido, no
sería erróneo afirmar que la prensa tiene la
suficiente autonomía para decidir por sí misma el
tipo y la cantidad de información que brinda al
público nacional.
Y es que el punto básico detrás de esto es si
los medios de comunicación salvadoreños, junto con su
especialización tecnológica, han logrado
especializarse profesionalmente de manera tal que son capaces de
ser objetivos, formativos y democráticos. En otras palabras,
el punto es qué tanto el ejercicio de los Medios responde a
una ética profesional en la cual prevalecen las necesidades
e intereses de la sociedad salvadoreña, entendiendo
básicamente que ésta es todavía
estructuralmente injusta y terriblemente violenta; o qué
tanto los Medios permanecen anclados a un ejercicio que favorece
por lo general sólo a los intereses de pequeños
sectores.
La pregunta fundamental es ¿los medios de
comunicación son capaces de investigar, documentar e
informar al público de cualquier suceso de importancia
nacional con la misma intensidad que lo hacen comúnmente
aún cuando el hacerlo implique enfrentarse a grupos de poder
o ir en contra de ciertos intereses económicos vinculados a
la empresa de comunicación misma?
Detrás de esa respuesta está una consideración
ética sobre la función de los Medios. Así
como la prensa es capaz de informar sobre ciertas actividades
indebidas de los personajes públicos y cuestionar a los
funcionarios por algunas actividades, así la prensa y los
Medios deben de ser capaces de informar debidamente y cuestionar
públicamente a todos aquéllos que no cumplen con las
tareas que el cargo merece. Así como los Medios
señalan con firmeza a los funcionarios con acciones
ilícitas, así los Medios deben de tener la capacidad
de señalar con la misma firmeza a aquéllas
instituciones que están envueltas en actividades del crimen
organizado o narcotráfico.
La prensa tiene una responsabilidad muy grande en esta etapa
de transición. La confianza que los salvadoreños
están depositando en ella se basa, en un principio, en la
capacidad de pedir cuentas a los dirigentes nacionales y
funcionarios públicos a nombre del ciudadano común.
En la medida en que la actividad de la prensa alcance la misma
altura ética que la que ha logrado en términos
tecnológicos, en esa medida su impacto en la
transición será beneficioso. Los Medios pueden ser
vigilantes efectivos del proceso político salvadoreño
en la medida en que su quehacer periodístico se fundamente
en los valores de la verdad, democracia, la justicia y la
tolerancia.
El asesinato de Guth Zapata
Un hecho más de violencia ha venido a incrementar los
niveles de inestabilidad y temor que existen en la sociedad
salvadoreña. Nos referimos al asesinato de Siegfried Guth
Zapata, sobrino del presidente de ARENA, Juan José Domenech,
y hermano de Arthur Guth, ex presidente del Banco de Tierras.
Guth Zapata murió después de que fue atacado por
dos sujetos desconocidos que se conducían en una motocicleta
y que lo interceptaron a la altura del redondel Alberto Masferrer,
en la colonia Escalón. El auto de la víctima
presentaba, por lo menos, ocho impactos de bala.
Pese a que no se sabe con certeza el móvil del
asesinato, la forma en la que sucedieron los acontecimientos hace
suponer que éste no es un caso más de la delincuencia
común ni de la organizada que buscan un beneficio
económico. Esos males que afectan al país,
según parece, no están tras este caso ya que no hubo
robo, ni secuestro.
La víctima, en ocasiones anteriores, había sido
amenazada de muerte. Así, el conjunto de hechos alrededor
del crimen apuntan hacia otro rumbo: es muy posible que haya sido
realizado por los grupos armados ilegales que actúan por
otras motivaciones, fundamentalmente políticas, o que se
alquilan para ejecutar personas por encargo a fin de solventar
disputas personales de diverso tipo. Hay quienes se animan a pensar
que se realizó con el propósito de atemorizar a las
personas que, de algún modo, estaban relacionadas con Guth
Zapata.
En un intento por desenredar un poco la telaraña
alrededor del caso, conectando el hecho con el parentesco entre la
víctima y el alto dirigente del partido en el poder,
observamos que este caso se presenta en el momento justo en el que
El Salvador se encuentra próximo a celebrar las elecciones
para alcaldes y diputados; también se produce en medio de
las disputas más serias que han surgido públicamente
en el seno de lo que hasta hace poco, parecía ser la
"familia" política más unida: la "arenera". Esto nos
hace suponer, por tanto, que este crimen -podrían existir-
intereses ocultos relacionados con estos temas.
Hechos condenables como el que ahora nos ocupa, además,
traen a cuenta épocas que algunos creían superadas;
épocas en las que los procesos electorales estaban marcados
por una serie de incidentes y atentados que impedían la
realización de los comicios en forma democrática.
Experiencias oscuras plagadas de violaciones flagrantes a los
derechos políticos, a la libertad de expresión y al
respeto de otros derechos fundamentales como la vida, la libertad
y la seguridad de las personas; experiencias que dejaron mucho
temor y desconfianza entre la gente.
Según se advierte, este asesinato no le va a causar
temor al tío de la víctima. "A estas alturas del
campeonato -dijo el máximo dirigente de ARENA- creo que nada
nos puede intimidar". Admiramos su valentía, pero esa
posición no ayuda mucho para tranquilizar a las y los
salvadoreños que esperan emitir su voto en un ambiente
tranquilo y seguro para así elegir libremente a las personas
que -desde sus puestos- tomarán las decisiones que
afectarán bien o mal a la población en los
próximos tres años.
Más valientes serían los de ARENA y sus
dirigentes si reconocieran que es necesario cumplir con las
recomendaciones del Grupo Conjunto que investigó a los
"escuadrones de la muerte" y dieran los pasos para ello; mayor
compromiso con el futuro demostrarían si, en lugar de
rechazar los señalamientos del secretario general de la ONU
en materia de seguridad pública, las tomaran en serio y con
humildad se pusieran las condiciones para superar las deficiencias.
Es necesario y urgente erradicar este tipo de acciones
criminales de una vez por todas, realizando una
investigación a fondo en este caso y en otros similares como
el de las familias García Prieto y Vilanova, Vélis,
Kalhber, Cromeyer y tantas otras historias anónimas de dolor
y muerte después de la guerra. Ello, con el fin de encontrar
tanto a los hechores materiales como los intelectuales de estos
actos ilegales. De lo contrario, se pone en peligro, no sólo
la realización de las votaciones sino también el
proceso de democratización que vive el país.
Las maquilas de nuevo en la mira
El problema en las empresas maquileras, al parecer, ha vuelto
a ser un dolor de cabeza para los inversionistas extranjeros y para
el gobierno salvadoreño. Eso es lo que parece, ahora que
acaban de estar en el país algunos representantes del
Buró de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo de
los Estados Unidos, que vinieron a constatar las condiciones
laborales de las mujeres y el trabajo infantil en las "zonas
francas" del país.
La llegada de esta comitiva obedeció a las constantes
denuncias realizadas por sindicatos nacionales y extranjeros,
quienes acusaron a algunos dueños de esas empresas por no
cumplir con las leyes laborales del país y cometer graves
violaciones a los derechos humanos de sus empleadas y empleados.
Desde su arribo, a El salvador, estos nuevos "señores
feudales" -los dueños de las maquilas- encontraron en
él un "paraíso" con mano de obra barata que no pueden
encontrar en otros países. Aunado a eso, está el
hecho de que aquí se les ofrecen concesiones enormes como,
por ejemplo, la excensión del pago de impuestos.
La necesidad de que existan fuentes de trabajo en nuestro
país es más que obvia, pero eso no significa que se
deba pasar por encima de la dignidad y el respeto de las y los
salvadoreños que, diariamente, acuden a laborar en las
"zonas francas" para poder llevar sustento a sus familias.
Es lamentable pero no extraño que en nuestro territorio
-y específicamente en las "zonas francas"- se estén
dando casos de maltrato y violaciones de los derechos humanos y que
sean, precisamente, extranjeros los que ahora vengan a investigar
si se están cumpliendo o no las leyes, cuando los primeros
interesados en buscar las soluciones en este tipo de casos
tendrían que ser las instancias estatales que dieron su aval
para que, desde hace algunos años, estas empresas pudieran
instalarse aquí.
Dicen que "para muestra un botón" y en nuestra realidad
sobran. Un ejemplo de la falta de garantías que tienen las
y los trabajadores en nuestro país es lo que le
ocurrió a 400 trabajadoras de la maquiladora "Gabo S.A de
C.V" que fue cerrada por su propietario Jong Suck Kang, debido a
que -según él- tenía problemas
económicos por los cuales no podía seguir operando.
Hasta el momento, el propietario de esta empresa - quien se dice
ya voló a su tierra- no ha respondido a los compromisos
laborales que tiene pendientes, pues no ha pagado salarios ni
indemnizaciones a sus empleadas. Y así, el presidente de la
Asociación Salvadoreña de la Industria de la
Confección (ASIC), Francisco Escobar Thompson, se atreve a
sostener -antes que nadie se pronuncie en ese sentido dentro del
Estado o la delegación estadounidense- que "no hay nada
anormal" en ese sector.
En casos como estos, es cuando se debe escuchar la voz de los
"padres de la Patria", quienes deben demostrar que -si bien en el
pasado se permitieron graves atropellos a los trabajadores- ahora,
en el nuevo El salvador del cual presumen, no se puede tolerar que
se sigan dando de una manera impune.
Los empresarios, tanto extranjeros como nacionales, deben
tener mucho cuidado con los pasos que darán de ahora en
adelante, pues se encuentran en la mira de la comunidad
internacional; de seguir lucrándose a costa de la
explotación de las obreras salvadoreñas
tendrán que rendir cuentas de su proceder.
El país, en estos momentos, urge de una nueva Ley de
Zonas Francas y Recintos Fiscales ya que la actual es obsoleta y no
responde a las necesidades de las y los empleados, que deben
trabajar en condiciones injustas y recibiendo un trato degradante.
DOMENECH RENUNCIA A PRESIDENCIA COENA. El presidente de ARENA, Juan
José Domenech, puso el 07.09 a disposición su cargo
como Presidente del Comité Ejecutivo de ARENA (COENA),
asegurando que exite una conspiración internacional en su
contra por parte de personas a las que se rehusó a
identificar y que pretenden dividir y debilitar al partido de cara
a las elecciones de marzo de 1997. "Señores miembros del
COENA, pongo mi cargo de Presidente a disposición de
ustedes, porque creo que si me van a seguir atacando a mí,
no es justo que el partido sufra y sea denigrado", expresó.
Domenech enfrenta acusaciones sobre la adquisición
ilícita de una automóvil de lujo, supuestas
vinculaciones con narcotráfico y lavado de dólares en
Guatemala y la denuncia de agresión física que
hiciera a una periodista de La Prensa Gráfica. En
conferencia de prensa, el político dijo que renunciaba no
por miedo o cobardía, sino porque desea despojarse de su
"cachucha de presidente de la fuerza más envidiada de
nuestro país" para defenderse como hombre, padre y para
limpiar su nombre. El presidente del COENA se comparó con el
fundador del partido Roberto D'Abuisson, de quien dijo muchas veces
se apartó del instituto político y "supo ser
inteligente". "Lo hago por lo que él nos
enseñó (D'Abuisson), por haber recorrido todo El
Salvador a la par de él, y como dijo "una mancha más
al tigre no importa, hay que apartarse para que el resto siga".
Mientras tanto, la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria
Salguero Gross, tomará temporalmente el cargo; sin embargo,
la diputada expresó que espera "estar el mínimo
tiempo posible" en el mismo por el trabajo que desempeña en
la Asamblea, negando enfáticamente que en su partido exista
una crisis interna y que la renuncia de Domenech sea el
síntoma más fuerte de la división (LPG 08.09
p.2, DH 09.09 p.14 y 3-a EM 09.09.96 p.2).
REACCIONES ANTE RENUNCIA. El Presidente de la República,
Armando Calderón Sol, se solidarizó con el presidente
de ARENA, Juan José Domenech, que puso el 08.09 su renuncia,
e hizo suya la denuncia del político, en el sentido de ser
"víctima de toda una conspiración". Ha sido
víctima de toda una agresión y seguirá siendo
víctima, como todos los areneros". "Todos los días
nos hacen una agresión injusta, pero esa es la libertad de
expresión que defendemos", agregó Calderón Sol
al alabar la decisión de Domenech. "Quiero que Juan
José Domenech sepa que lo admiramos y respetamos", dijo al
expresar que el retiro de Domenech "es la mejor clase de civismo".
Calderón Sol se refirió a "políticos bajos y
viles" provenientes de fuerzas políticas fraccionadas, que
"tratan de dividir y agredir" al partido oficial. El mandatario
resintió que se haga "mal uso" de la libertad de
expresión, aunque dijo ser garante de ésta. "Es
preferible que se abuse de ella, a que no exista", dijo. Mientras
tanto, en torno a las declaraciones de Calderón Sol, el jefe
de Fracción del FMLN, Gerson Martínez, le
calificó de "poco inteligente", por acusar de éstos
males a las fuerzas democráticas, aumentando de ésta
forma a deteriorar todavía más su credibilidad". Para
el diputado, "queda al desnudo el inminente desquebrajamiento y la
decadencia interna que sufre el partido oficial". Martínez
dijo que la renuncia deja en evidencia dos cosas "ocultar la
raíz de sus propios problemas y el responsabilizar de su
crisis moral a las fuerzas políticas democráticas"
(LPG 08.09 p.3-a, DH 09.09 p.14 y DL 09.09 p.3).