© 1996 UCA Editores
año 17
número 723
agosto 28
1996
ISSN 0259-9864
La Policía Nacional Civil nuevamente en la mira
Incrementos en los precios de los granos básicos
Crisis económica y conflicto laboral en Costa Rica
El rol del Poder Legislativo en la política exterior
La Policía Nacional Civil nuevamente en la mira
En su último informe sobre el proceso
salvadoreño, el Secretario General de la ONU, Boutros Ghali,
tras una evaluación no del todo positiva de la seguridad
pública y del sistema de justicia del país,
advirtió que la Policía Nacional Civil "ha iniciado
su camino al autoritarismo". Como no podía ser para menos,
las apreciaciones de Ghali generaron una inmediata reacción
en el Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, quien
calificó de "inexacto e incompleto" el informe del
Secretario General. "Estimo muy en lo particular que posiblemente
las informaciones no son del todo exactas", dijo Barrera, al tiempo
que consideró que Ghali está "mal informado" sobre el
quehacer de la seguridad pública en el país, pues
"hay un poco de exageración en la tónica" que se ha
utilizado para calificar la actuación de la PNC. "Acepto -
continuó Barrera- que la Policía es una autoridad y
como tal debe ejercer esa obligación, pero de ahí,
pasar a un término que estamos abusando de la autoridad lo
rechazo rotundamente". Entre tanto, el Director de la PNC,
Rodrigo Avila, más moderado que Barrera, sostuvo que algunos
de los señalamientos del Secretario General "no son
ningún secreto para nosotros", añadiendo que el
informe "es bastante viejo y del que se habló bastante hace
algunos meses". "De cualquier manera -sostuvo- muchas de las
situaciones que apuntan las Naciones Unidas son constructivas para
nosotros, y tomamos de manera muy positiva lo que el informe pueda
decir".
En el parlamento se ventilaron opiniones encontradas a
propósito del documento de la ONU. "Pediremos la
opinión de la PNC en torno al informe publicado, pues
consideramos que confirma todo lo planteado, respecto de los abusos
que comete el cuerpo de seguridad", afirmó Eduardo Linares,
diputado del FMLN. Mientras que Julio Gamero, de ARENA, dijo no
estar de acuerdo con el informe del Secretario General, pues la ONU
ve al país desde la óptica de los Acuerdos de Paz y
no entiende que El Salvador necesita una "policía fuerte,
dura, que castigue a la delincuencia". En opinión del
diputado Gamero, "no estamos para que organismos internacionales
nos vengan a poner fechas. Somos el Primer Organo del Estado y nos
daremos el tiempo necesario para dar una Ley que beneficie los
intereses de los salvadoreños, no los de un organismo
internacional".
A las voces anteriores se sumó la del Presidente
Calderón Sol, quien afirmó que el informe de la ONU
"carece de objetividad y está elaborado en un lenguaje
confuso... y dubitativo que se presta a malas interpretaciones".
Más aún, según el Presidente habría que
a que la ONU emitiera una "verdadera evaluación sobre los
Acuerdos de una manera objetiva, con un lenguaje claro y más
contundente, donde se señale claramente qué es lo que
se ha cumplido y que no, pero con nombre y apellido". En cuanto a
las críticas a la PNC, Calderón Sol advirtió
que se están haciendo todos los esfuerzos y "que
jamás vamos a tener instituciones perfectas, ni la ONU puede
garantizárnoslo dándonos un modelo".
No cabe duda de que el proceso de instauración
democrática en El Salvador tiene que sortear importantes
obstáculos. Una vez más, el Secretario General de la
ONU ha llamado la atención sobre aquellos peligros
más graves que se ciernen sobre el proceso
salvadoreño. Atribuir sus advertencias a una "mala
información" o tildar de "confuso" el lenguaje utilizado es
pretender desviar la atención de los problemas de seguridad
pública que tienen entre manos no sólo las
autoridades gubernamentales, sino los ciudadanos de este
país. Tanto el Ministro de Seguridad como el Presidente
Calderón Sol deberían estar más abiertos a
considerar los obstáculos que aún presenta la
consolidación de una institución policial que pueda
ser sostén y garantía de un orden democrático.
Actitudes como las del diputado Gamero son insostenibles, pues
el proceso salvadoreño no hubiese avanzado sin el apoyo de
la ONU, mismo que, ahora como antes, sigue siendo necesario. Si la
Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado, debe
cumplir las funciones que le competen con la responsabilidad y la
autonomía requeridas, y no estar subordinada a las
decisiones del ejecutivo. Escudarse en el estatus de la Asamblea
Legislativa -"somos el Primer Organo de Estado"- para entorpecer el
cumplimiento de los compromisos internacionales del gobierno, o
para justificar el deficiente desempeño de los legisladores,
constituye una enorme irresponsabilidad que pone serios reparos a
la pretensión del parlamento de elaborar leyes que respondan
a "los intereses de los salvadoreños".
El Secretario General de la ONU tiene suficientes razones para
preocuparse por la seguridad pública y por las tendencias
autoritarias que se hacen sentir en la Policía Nacional
Civil. Existen abundantes ejemplos y experiencias que demuestran
que la advertencia de Ghali no es producto de una "mala
información" o de una apreciación puramente
subjetiva. Ciertamente, en El Salvador es necesaria una
policía "fuerte, dura, que castigue a la delincuencia", pero
es necesario también que esa policía sea
creíble y goce del respeto y la confianza de los ciudadanos.
Las extintas Policía Nacional, Guardia Nacional y
Policía de Hacienda fueron fuertes y duras, pero eran
temidas por la población, sus estructuras estaban
diseñadas para generar terror y sus miembros no
entendían más que de utilizar la fuerza y la
violencia en contra de quien fuera declarado sospechoso de "alterar
el orden". Una Policía Nacional Civil moldeada al estilo
de los desaparecidos cuerpos de seguridad no debería ser
aceptada ni defendida por nadie en este país. Se tiene que
defender su facultad constitucional de ejercer la coacción
allí dónde ello sea requerido, en las dosis
necesarias y con la mayor eficacia, y ello porque no puede haber en
El Salvador una instancia distinta de la policía con derecho
a utilizar la fuerza para garantizar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, defender la facultad constitucional de la
policía para usar la fuerza, no es defender la
corrupción policial, el maltrato a testigos o las
arremetidas extremadamente violentas contra grupos de personas que
plantean demandas al Estado. Y es que si el uso eficiente de los
mecanismos de coacción, en el combate del crimen organizado
o de las bandas de forajidos que controlan carreteras y poblados
del país, es algo que no cabe cuestionar y ante lo cual
más bien hay que pedir a la policía mayor
drasticidad, sí hay que preocuparse por la proclividad a los
excesos de violencia policial ante quienes no son ni forajidos ni
criminales organizados.
Incrementos en los precios de los granos básicos
Desde el mes de mayo pasado los precios de los alimentos han
experimentado una marcada tendencia hacia el alza que los ha
llevado a niveles inusuales. Paradójicamente, esta alza de
los precios no se traduce en mayores ingresos para los productores,
pues la producción de granos básicos (maíz,
maicillo, arroz y frijoles) es desarrollada por los sectores
campesinos, quienes se cuentan entre los sectores que subsisten
bajo condiciones de pobreza extrema.
La producción de granos básicos es una de las
actividades en las que se evidencian más claramente las
contradicciones entre el libre juego de las fuerzas del mercado y
el bienestar social. De permitirse que los precios se determinen
por el libre juego de la oferta y la demanda se registraría
un fuerte incremento de los mismos que reduciría el ingreso
real de las familias y sus condiciones de vida; aunque en el otro
extremo podría incrementar fuertemente los ingresos de los
sectores campesinos. En muchos países desarrollados, existe
una política estatal definida para solventar esta
contradicción: se otorgan subsidios a los precios al
productor para volver rentable la producción de alimento y,
al mismo tiempo, ofrecer precios bajos a los consumidores.
En El Salvador el caso es muy diferente, pues el Estado,
aunque práctica una política de importaciones de
granos básicos, no siempre logra contener el crecimiento de
sus precios y en ningún caso logra garantizar precios
rentables para los productores. En las siguientes líneas se
busca contextualizar el reciente fenómeno de alzas en los
precios de los granos básicos, considerando que la
producción y comercialización de alimentos afectan no
sólo los precios, sino también la situación de
pobreza.
Comportamiento de los precios y reacciones gubernamentales
Desde el mes de junio, los precios del frijol y del
maíz han venido experimentando fuertes tendencias hacia el
alza al grado que, según la Dirección General de
Economía Agropecuaria, entre el mes de junio y mediados del
mes de agosto, la libra de frijol pasó de un xprecio de 6.25
colones a otro de 9.50, lo cual supone un incremento de 52%;
mientras, la libra de maíz pasó de un precio de 1.50
colones a 2.25 colones, lo cual significó un incremento del
50%.
Esta situación se ha reflejado claramente en los datos
ofrecidos por la Dirección General de Estadística y
Censos, los cuales evidencian que, a partir del mes de mayo, el
rubro de alimentos se convirtió en el principal catalizador
del crecimiento de los precios. Para el mes de mayo la
variación de precios del rubro "alimentos, bebidas y tabaco"
fue de 1.8%, mientras que para los meses de junio y julio fue de
3.9% y 3.3%, respectivamente. En cambio, el índice general
de los precios para los meses de mayo, junio y julio fue de 0.7,
1.5 y 1.6 por ciento, respectivamente; es decir que fue inferior en
todos los casos a las tasas de crecimiento de los precios de los
alimentos. Lo anterior implica que, en conjunto, el resto de rubros
del Indice de Precios al Consumidor (IPC) experimentaron tasas de
inflación relativamente bajas comparadas con los alimentos
e inclusive con el índice general.
Detallando aún más en el rubro de alimentos, es
notable que dentro del rubro mencionado son los subrubros de
"cereales y sus derivados" y "vegetales y legumbres" los que
más rápidamente han elevado sus precios, al grado que
sólo para el mes de junio se estimó que lo hicieron
en 8.4 y 19 por ciento, respectivamente.
Es pertinente destacar aquí que los precios de los
alimentos tradicionalmente han sido los más propensos a
fenómenos inflacionarios al grado que, entre diciembre de
1992 y julio de 1996, estos habrían experimentado una
inflación acumulada de 61.02%, en tanto que los rubros
vivienda, vestuario y misceláneos fueron sometidos a tasas
de 42.02, 21.61 y 31.67 por ciento, respectivamente. Por el
momento, el incremento en el precio de los alimentos ha contribuido
mucho a que para el mes de julio se cuente con una inflación
acumulada de 6.6%, lo cual pone en duda el logro de la meta del
Programa Monetario y Financiero de obtener una tasa inflacionaria
ubicada en un rango de entre 7% y 9%.
Ante este incremento en los precios diferentes funcionarios
gubernamentales han afirmado que este se debería
principalmente a un fenómeno "estacional". Según
personeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el
alza en los precios de los granos básicos se debe a una
escasez temporal de los mismos en el mercado nacional, y que
será superada gradualmente con importaciones provenientes el
misma área centroamericana y con la recolección de la
próxima cosecha nacional. Lo cierto es que en este momento
los precios reflejan la escaza oferta doméstica de granos
básicos.
La crisis en la producción de granos básicos
Tradicionalmente la producción de granos básicos
no ha sido uno de los sectores con mayores estímulos para
crecer, y ello se refleja perfectamente en el comportamiento de su
producción y de las importaciones. A manera de ejemplo,
considérese que la producción de granos
básicos de la cosecha 1994/95 será inferior en 10.3%
a la obtenida para la cosecha 1990/91. Adicionalmente, puede
establecerse que la cosecha de maíz de 1994/95 será
inferior en un 4.4% a la obtenida para la cosecha 1980/81 (14
años antes).
Por otra parte, los precios al productor y al consumidor de
los granos básicos reflejan la existencia de considerables
márgenes de ganancia para los transportistas y comerciantes,
lo cual va en detrimento de los ingresos de los productores.
Actualmente los precios de los granos básicos no se
constituyen en un estímulo para la producción de los
mismos, y esta se mantiene únicamente porque representa la
fuente de autoconsumo que permite la subsistencia de la
economía campesina, la cual funciona mayormente al margen de
la lógica de la libre empresa.
Precios de los alimentos y la pobreza
La pobreza se calcula en base al valor de la canasta
básica ampliada, la cual comprende los rubros de alimentos,
vivienda, vestuario y misceláneos; todas las familias que no
perciben lo necesario para adquirir esta canasta ampliada se
consideran en situación de pobreza relativa. Aquellas
familias cuyo ingreso no les permite adquirir ni siquiera la
canasta básica de alimentos se considera que se encuentra en
situación de pobreza absoluta.
De acuerdo a estas definiciones resulta claro que un
incremento en los precios de los alimentos implica un incremento de
la pobreza relativa, pero especialmente de la pobreza absoluta. De
hecho, el esquema de crecimiento de los precios observado durante
los últimos años ha colocado grandes presiones para
el incremento de la pobreza absoluta.
Sin embargo, los precios de los alimentos no solamente
influyen incrementando la pobreza de los consumidores, sino
también la de los productores, pues pese a que se suscitan
incrementos de precios éstos no son lo suficientemente
elevados como para elevar considerablemente los ingresos de los
sectores campesinos.
Un área de política económica y social
obligada para un gobierno que está realmente interesado en
el combate de pobreza es la producción y precios de los
granos básicos. No puede dejarse al libre mercado la
producción de granos básicos, pues hasta ahora es
ello lo que explica la inseguridad alimentaria del país, la
proliferación de la pobreza rural e, incluso, el
comportamiento del Indice de Precios al Consumidor. Así como
el libre mercado no garantiza una reducción de los niveles
de pobreza y justifica la intervención estatal, así
también en el campo de la producción de alimentos
también se requiere una intervención deliberada del
Estado otorgando subsidios que vuelvan atractivos los precios de
los granos básicos para el productor y que, al mismo tiempo,
mantengan bajos los precios al consumidor.
En torno al nuevo informe de Boutros Ghali
Desde sus inicios, las relaciones entre la Misión de
las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) y el gobierno de
Calderón Sol se han caracterizado por ser de tipo amor-odio.
El paso de uno a otro polo ha estado determinado por la
índole de los contenidos de los informes que ha presentado
periódicamente, desde el inicio de su estadía en el
país, ONUSAL. Se ha hecho costumbre que si en los informes
se refleja una visión del país que puede ser de
utilidad para la gestión del gobierno abunden por
consecuencia los abrazos, los apretones de manos y las sesiones de
fotografías donde se muestra con algarabía la sin par
fraternidad entre los funcionarios gubernamentales y el organismo
internacional; en cambio, si el informe de turno señala los
atrasos y errores en el proceso de transición
democrática del país, es de esperar que el gobierno
acuda a sus más gastados argumentos nacionalistas -þEl
Salvador no puede permitir la ingerencia extranjera en sus asuntos
internosþ- y pase de su anterior etapa de camaradería a una
donde abunda el ataque personalizado y la diatriba. Así, en
este polo de la relación, no se discuten la validez o
coherencia de los señalamientos, sino más bien la
personalidad y autoridad del que los hace patentes; se obvia, pues,
lo realmente importante, el quid del asunto: los avances o
retrocesos en el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz .
El 21 de este mes, salió a la luz pública el
último Informe Oficioso del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre el Estado de la Aplicación de los
Acuerdos de Paz en El Salvador, presentado al Consejo de Seguridad,
y que cubre el período comprendido entre el 1o. de mayo y el
20 de julio de 1996. El informe, basado en los datos aportados por
la Oficina de las Naciones Unidas para la Verificación
(ONUV) en El Salvador, toca cinco puntos: seguridad pública;
derechos humanos y sistema judicial; cuestiones económicas
y sociales; cuestiones electorales, y programas de asistencia
técnica. Como ha sucedido en anteriores ocasiones, los
señalamientos del presente documento han desatado
polémicas y críticas por parte del sector
gubernamental y otras instituciones de la sociedad.
El nuevo informe de Boutros Ghali
Como ya se dijo, el documento toca cinco puntos, en cada uno
de los cuales el Secretario General de la ONU, Boutros Ghali,
realiza de manera breve un balance donde resalta tanto los
progresos alcanzados como los obstáculos y retrocesos en el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz; de los cinco puntos caben
destacar lo siguientes:
a) en lo que respecta a seguridad pública, el punto que
más agrias discusiones ha provocado, Ghali ve como
único avance -al menos el único que reconoce
explícitamente- la aprobación, el 18 de julio de este
año, de la Ley de la Carrera Policial, lo cual
significaría, pese a su demora, þun paso muy positivo en el
proceso de pazþ. Por lo demás, el Secretario General observa
que persisten las dificultades que impiden þconsolidar el sector de
seguridad pública de conformidad con el modelo establecido
en los Acuerdos de Paz þ; dificultades que þobedecen a los
diferentes conceptos de seguridad pública que tienen los
encargados de formular políticas en esa esferaþ. Debido a
esto continuaría latente el peligro de que þla PNC pudiera
perder su identidad de institución al servicio de la
comunidad y pasara a ser un nuevo instrumento de poder proclive al
autoritarismo y que no rinde cuentas al públicoþ, amenaza de
la que ya se estarían presentando señales crecientes.
Además de esto, Ghali señala otros problemas no menos
preocupantes: la falta de operatividad y concreción de
objetivos del Consejo Nacional de Seguridad Pública; las
dificultades que ha debido hacer frente la consolidación de
la oficina del Inspector General de la PNC, y la debilidad que se
percibe en el funcionamiento de los mecanismo de control interno de
la PNC.
b) en lo que toca a los derechos humanos, el informe resalta
positivamente el desempeño de la Procuraduría
Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos en la
consolidación y buen ejercicio del Estado de Derecho; sin
embargo, critica la lentitud en þla elaboración y
publicación de resolucionesþ -medio por el cual la
Procuraduría expresa su posición oficial sobre
asuntos concernientes con los derechos humanos-, a la vez que
insinúa la falta de þpropuestas concretas para la
solución de problemasþ. Sobre el sistema judicial, se
señala, þa pesar de los esfuerzos de la Corte supremaþ, el
escaso progreso en la reforma judicial: la depuración de los
jueces, y la falta de coordinación entre el sistema judicial
y la policía, lo que estaría obstaculizando el
combate contra la delincuencia común y organizada.
c) llama la atención que pese a que Ghali realiza en el
informe importantes observaciones sobre el Programa de
Transferencia de Tierras, el Fondo de Protección para
Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado y la
Reforma Electoral, la discusión se ha centrado en los dos
puntos anteriormente reseñados. Se han obviado de la
discusión los siguientes señalamientos: 1) el
Programa de Transferencia de Tierras no podrá darse por
concluido antes de las fechas establecidas en la
calendarización; 2) no se ha avanzado en la
definición de los beneficiarios del Fondo de
Protección (lo que se traduciría en una þcausa de
posible desestabilizaciónþ), y 3) la aprobación de
las propuestas más importantes de la Reforma Electoral
(votación por zona de residencia, emisión de un
documento único y la representación proporcional en
los gobiernos municipales, entre otros) no ha prosperado debido a
la oposición en contra de las reformas al interior de la
Asamblea.
La falta de atención que ha prestado el gobierno a
estos puntos podría intentar explicarse a partir de la
siguiente hipótesis: aunque las observaciones de Boutros
Ghali sobre seguridad pública son acertadas y contundentes,
ellas no agregan nada nuevo al conjunto de críticas de las
que ha sido objeto la PNC en los últimos meses; por ello, el
insistir en ellas ayudaría a desviar la atención de
problemas no menos graves, pero sobre los que se ha insistido con
menor denuedo. En este sentido, que el gobierno discutiera o
rebatiera la totalidad del informe sacaría a la luz que,
contrario a lo que afirma Calderón Sol, el Programa de
Transferencia de Tierras no está finalizado; que los
retrasos en la Reforma Electoral beneficiarán al partido
ARENA de cara a las próxima elecciones, y que pese al
potencial de conflicto que reside en el incumplimiento de los
acuerdos que benefician a los lisiados y discapacitados se ha hecho
poco o nada por resolver su situación.
En resumen, la visión general del informe da poca
cabida al optimismo; aquellos puntos de vital importancia para el
fortalecimiento de la democracia y el proceso de paz han sido o
dejados de lado o entorpecidos por los responsables de llevarlos a
buen término. En cuanto a la actitud de los personeros del
gobierno ante el documento, se muestra con nuevo vigor su falta de
madurez y apertura a la crítica, ya que no solamente no se
acepta de principio ninguna de las observaciones de Ghali, sino que
se responde poniendo en duda sus capacidades y la objetividad de su
enfoque. El informe, entonces, ha sido útil en un doble
sentido: muestra la debilidad de las instituciones sobre las que
descansa la posibilidad de instaurar la democracia y, sin
pretenderlo, dejar ver cuan lejos están de cuajar las
más elementales normas de comportamiento democrático
en las actitudes de los que nos gobiernan.
Crisis económica y conflicto laboral en Costa Rica
La actual crisis que enfrenta la economía costarricense
está caracterizada por el mayor estancamiento que
experimenta desde 1982. Prueba de ello es el fuerte impacto que se
refleja en los siguientes aspectos: el Producto Interno Bruto
(PIB), que creció en 2.5 por ciento en 1995, este año
apenas crecerá 1 por ciento, en contraste con el 4.5 por
ciento en el año de 1994, como lo señala la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) en su informe titulado: "Costa Rica:
evolución económica durante 1995".
En declaraciones hechas por el presidente de la Cámara
de Comercio, Carlos Federspiel, éste aseguró que las
ventas internas cayeron casi en un 40 por ciento durante el primer
semestre del presente año. Asimismo, señaló
que, en lo que respecta al empleo, el 45.3 por ciento de los
propietarios de negocios no contrató más personal en
dicho período, sino más bien el 24.5 por ciento
redujo los empleados, situación que a juicio de la
Cámara de Comercio se mantendrá durante la segunda
mitad del año. Al ser preguntado en relación a sus
perspectivas sobre el comportamiento de la economía en el
segundo semestre del año en curso, Federspiel
respondió que la mayoría de comerciantes no esperan
cambios en el crecimiento productivo ni que se experimente baja
alguna en la inflación. Tal pesimismo se entiende a la luz
de la disminución de la actividad productiva en un 1.8 por
ciento durante la los meses de enero a junio pasados, y una
inflación acumulada en ese mismo período de 9.74 por
ciento.
En el ámbito económico, el único sector
que experimentó un crecimiento sostenido fue el de
exportación. Pese a ello, los comerciantes consideraron la
posibilidad de que el gobierno y el Congreso agilicen a la mayor
brevedad la aprobación de proyectos de ley en lo que se
refiere a la reforma tributaria, la concesión de obras
públicas, la apertura de monopolios estatales y el control
de la deuda interna que supera los 2 mil millones de dólares
y, que entre enero y junio, creció alrededor en un 52 por
ciento, según lo expresó el Ministro de Hacienda,
Francisco de Paula Gutiérrez.
Por lo anterior, es claro que la economía costarricense
sufre un estancamiento, que lejos de apuntar hacia su
recuperación se encamina hacia una mayor agudización,
precisamente en la medida que el país se aleja de la meta
inicial de reducir el déficit fiscal en 0.5 por ciento
establecida por el gobierno en convenio con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Proyectando un déficit que
oscilará entre 3 y 3.4 por ciento al finalizar 1996.
Por otra parte, la administración de José
María Figueres, enfrenta una realidad de constantes
conflictos laborales, de manera particular el que se viene dando en
la provincia de Limón. En esta provincia, la policía
mantuvo el 24 de febrero una fuerte vigilancia, en el principal
puerto de Costa Rica, con la finalidad de evitar un paro general
decretado el pasado jueves 22 por los sindicatos y organizaciones
populares.
Los dirigentes del movimiento que convocó a la huelga
exigen al gobierno de Figueres que de cumplimiento a los
compromisos de mejoras sociales y económicas. La Iglesia
Católica, que respalda las demandas de los trabajadores,
hizo un llamado a las autoridades para que den solución a la
problemática de los trabajadores de Limón.
El rol del Poder Legislativo en la política exterior
Oscar Martínez Peñate
Departamento de Sociología
Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas
Autorizar al presidente para que viaje al extranjero
La Asamblea Legislativa tiene entre sus funciones autorizar la
salida del Presidente de la República hacia otros
países, siempre y cuando éste explique y justifique
los motivos y razones del viaje y el tiempo de duración de
la estancia en el extranjero, o el período que comprenden
las gestiones internacionales propuestas.
La solicitud de autorización para viajar al extranjero
puede regir incluso hasta por un período determinado que
puede ser un año después de haber terminado sus
funciones como Jefe del Ejecutivo. Ello con el propósito,
entre otros, de que el ex presidente pueda evadir sanciones penales
por delitos graves que pueda haber cometido en el ejercicio de sus
funciones.
En la Constitución Política se supone que deben
establecerse sanciones a la no observancia de esta norma por parte
del Presidente o por realizar actividades y gestiones ante
gobiernos u organismos internacionales distintos a los que el pleno
legislativo hubiese aprobado.
La autorización implica que los diputados conozcan,
evalúen y otorguen su beneplácito si están de
acuerdo con las gestiones diplomáticas que realice el
Presidente. La autorización conlleva el objetivo de que los
Poderes Ejecutivo y Legislativo coordinen la política
exterior que más le conviene a la nación. De esta
manera, se garantiza que la política exterior no sea
realizada por el Presidente a título personal, sino en
representación oficial del país y como sujeto de
derecho internacional.
La Constitución Política de El Salvador, en el
Art.158, dice lo siguiente: "se prohíbe al Presidente de la
República salir del territorio nacional sin licencia de la
Asamblea Legislativa".
Ratificación de tratados
Otro de los mecanismos de control y coordinación de la
política internacional del país lo constituye la
ratificación de una tratado, es decir, de un "acuerdo entre
sujetos de derecho de gentes destinado a producir ciertos, efectos
de derecho" (Charles Rousseau, 1971) y regido por el derecho
internacional. En sentido amplio podemos decir que es "todo acuerdo
concluido entre miembros de la comunidad internacional"(Ibid).
La ratificación es un control sobre el Ejecutivo para
que éste no incurra en hechos diplomáticos que puedan
afectar el interés de la nación o poner en peligro la
soberanía, la independencia y la autodeterminación
del país.
También con la ratificación, el Poder
Legislativo y Ejecutivo coordinan las relaciones internacionales,
para que éstas sean congruentes con la política y el
ordenamiento jurídico interno del Estado. "La
práctica de la ratificación, es relativamente
moderna, arranca desde la Revolución Francesa, o sea, con la
organización democrática del Estado" (César
Sepulveda, 1984).
La ratificación es una competencia exclusiva del Poder
Legislativo. "El sistema descansa en la idea democrática del
control de la política internacional por el poder
legislativo y reduce el papel del poder ejecutivo, que no es sino
un simple negociador del tratado" (Claude-Albert Colliard, 1978).
Los tratados son firmados por el Ejecutivo, pero para que
entren en vigencia, tengan autoridad, adquieran fuerza
jurídica, constituyan ley de la República y sean
obligatorios para los Estados es necesario que la Asamblea
Legislativa los ratifique, es decir, que el pleno vote a favor para
su aprobación; en términos de derecho internacional
se le denomina a esta acción legislativa
®ratificación¯, que no es otra cosa que la
confirmación de las gestiones, negociaciones o
redacción del texto por el Poder Ejecutivo.
Con la ratificación, el tratado se convierte en ley en
el país. Para el caso de El Salvador, el tratado entra en
vigencia después de haber transcurrido ocho días de
la publicación del decreto de la ratificación en el
Diario Oficial.
Una nación puede expresar a la comunidad internacional
su voluntad de obligarse por un tratado ya sea por
ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, según sea el caso.
En resumen, la ratificación de tratados es el acto
mediante el cual un estado confirma y aprueba oficialmente los
términos de un tratado. Aunque normalmente es un acto
ejecutivo, la ratificación se lleva a cabo por cada
signatario de un tratado de acuerdo con sus procesos
constitucionales. Ordinariamente esto requiere el consentimiento de
una o más cámaras de la legislatura nacional" (Plano
y Olton, 1980).
Según la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, en el Art.14, el cual trata sobre el consentimiento
en obligarse por un tratado manifestado mediante la
ratificación, la aceptación o la aprobación,
dice lo siguiente:
"1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
se manifestará mediante la ratificación:
a) cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe
manifestarse mediante la ratificación;
b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han
convenido que se exija la ratificación;
c) cuando el representante del Estado haya firmado el tratado
a reserva de ratificación; o
d) cuando la intención del Estado de firmar el tratado
a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes
de su representante o se haya manifestado durante la
negociación.
2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
se manifestará mediante la aceptación o la
aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la
ratificación".
Las reservas a los tratados
Es necesario aclarar que la ratificación es un acto de
aprobación pero, asimismo, el pleno legislativo puede
improbar el tratado presentado por el Ejecutivo; de igual forma,
los diputados están en su derecho y libertad de formularle
reservas como condición de la ratificación.
Las reservas, según la costumbre internacional, se le
hacen únicamente a los tratados multilaterales, puesto que
en los tratados bilaterales, por ser una negociación entre
dos, no hay mayores problemas para dirimir aspectos en los que no
están de acuerdo ambos Estados. "En un tratado bilateral no
se concibe la reserva, ya que desemboca en una
transformación del tratado de manera puramente unilateral"
(Claude-Albert Colliard, 1978).
En los tratados multilaterales, por ser varios los Estados
involucrados, es necesario que los países puedan formular
reservas sobre aspectos secundarios del documento en los que no
estén de acuerdo; ello permite dejar abierta la posibilidad
para que otros Estados formen parte del Tratado.
La convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, en el Art.2 literal d), nos da una definición de
reserva que reza de la siguiente manera: "se entiende por ®reserva¯
una declaración unilateral, cualquiera que sea enunciado o
denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar,
aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto
de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado".
Si bien la Asamblea Legislativa puede hacer reservas, ello no
significa que no se encuentren reglamentadas las limitaciones que
impone el derecho internacional público. La
ratificación es una acto de aprobación, pero
también la Asamblea tiene la libertad de improbarlo, incluso
con con algunas reservas que se le hagan al tratado.
Las reservas pueden consistir en la no aceptación de
algunas partes del texto, lo que significa que tendrá fuerza
de ley sólo lo que no haya sido objeto de reservas; de igual
forma, si las reservas son modificaciones o declaraciones
interpretativas de alguna(s) cláusula(s) del tratado, estas
cláusulas modificadas como parte integral del tratado
también tendrán fuerza de ley en el país. Las
reservas aceptadas sólo serán obligatorias para el
que las efectúe.
Sin embargo, no se pueden efectuar cualquier tipo de reservas,
pues existe una reglamentación en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, contemplada en el Art.19.
"Un Estado podrá formular una reserva en el momento de
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al
mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por el
tratado;
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que
se trate; o c) que, en los casos no previstos en los apartados a)
y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del
tratado".
Este rol de la Asamblea Legislativa en la política
exterior ha permitido la participación en la misma de todos
los diputados y, en particular, ha conducido a que la
Comisión legislativa de Relaciones Exteriores adquiera un
papel muy importante y hasta cierto punto determinante en su
conducción, en cuanto que el dictamen que ella emite tiene
repercusiones en la decisión que se tome en la plenaria.
Además, a través de esta comisión, la Asamblea
ejerce una mejor fiscalización y control de la
política exterior del Ejecutivo.
De tal forma que hoy en día no es extraño ver a
diputados de la Asamblea Legislativa que acompañan a
delegaciones o a misiones diplomáticas en las negociaciones
o redacciones de textos de tratados internacionales ni tampoco
observar delegaciones legislativas de países que tratan de
resolver litigios fronterizos, como el caso de El Salvador y
Honduras en el problema de los llamados "bolsones" fronterizos.
"Los legisladores y las autoridades ejecutivas comparten así
la responsabilidad de la dirección y de los resultados de
las negociaciones diplomáticas" (Duchacek Ivo, 1976).
"Esta importancia ha hecho... que, en ciertas ocasiones, los
Senadores ostenten una representación institucional cuando
viajen al extranjero, y hasta es posible que el Presidente les
encomiende alguna misión delicada que el Senador
habrá de cumplir con un espíritu no partidista,
procurando tener en cuenta lo que es percibido como el
®interés de la nación¯"(Cotarelo y Guerrero, 1978).
Maras y cultura þurbano-informático-consumistaþ
Elvio Sisti
Consultor de PROLIS-UE
Es común ahora oir decir que la sociedad está
transformándose. Pero cuando se dice o se oye decir,
usualmente se piensa en un plano puramente de acontecimientos. Se
piensa, por ejemplo, en la renovación de la moda de las
personas del futuro. Entonces así como es posible imaginar
a nuestros padres detrás de sus antiguas radios de
válvulas, es posible también imaginar a las futuras
generaciones frente a sus súper computadoras y aparatos de
televisión, seguramente holográficos. También
se da por descontada la renovación de las ideas
coherentizadoras de las representaciones sociales de la gente.
Sin embargo, pareciera ser que no estamos preparados para
asumir el cambio de la gente misma, como conjunto social al cual
pertenecemos. O, dicho de otra forma, a admitir nuestro cambio como
parte de esa totalidad humana que está en constante
movimiento. Nos resulta más fácil proyectar o
descubrir nuestros cambios, antropológicamente hablando, en
referentes colectivos exteriores. Los que se convertirán en
malos referentes si los cambios en gestación tienen una
representación social negativa. El fenómeno de las
þmarasþ constituye un ejemplo de éso.
La carta de presentación de las maras es su elemento
cultural. Pensamos en una mara cuando nos imaginamos a un grupo de
jóvenes vestidos con ropa muy holgada, tatuados, usando
zapatos deportivos, algún arma escondida, y haciendo
señas con las manos. En su entorno físico se pueden
ver grafitis de cierto estilo psicodélico, que demarcan un
territorio...mítico como su razón para lucha
violentamente contra un enemigo, también mítico (þlos
que se meten con el barrioþ, þlos enemigos de la razaþ, þla juraþ,
etc.). En este entorno estético-cultural se cultivan
diversas dinámicas psicosociales, muchas basadas en el uso
de la violencia y en infinidad de rituales de reaseguramiento de la
identidad y también de la afectividad.
Pronto descubriremos que los patrones estéticos
señalados no son atributos exclusivos de grupitos llamados
þmarasþ, sino nuevas fisonomías culturales extendidas a los
sectores culturales afines (jóvenes de minorías
marginales en sociedades ricas o de maplias capas descalificadas y
excluídas en países distorsionados en su desarrollo)
de toda la región. En otras palabras, la dimensión
cultural trasciende a las maras; se corresponde a un
fenómeno más global (o þglobalizadoþ, para usar la
terminología þpolíticamente correctaþ). El componente
cultural del fenómeno de las mara, con sus interesantes
variedades locales, es parte de lo que llamaremos naciente cultura
urbano-informático-consumista de la región. La
dinámica psicosocial de la maras, que incluye la violencia
y la delictividad, se hace cada vez más compleja
diversificada (principalmente por las respuestas institucionales al
problema), pero se integra a una cultura que nos cubre a todos. No
nos choca la apariencia de una mara porque provenga de otra cultura
sino, precisamente, porque se arma con elementos antinormativos de
nuestra propia macro-cultura. Si bien el entorno cultural del
proceso es inmensamente más amplio que el simple problema
delincuencial, lo alarmante es que, en la realida actual, tiende
dialécticamente a þdelincuenciarseþ, como indica, por
ejemplo, el cambio actitudinal hacia los jefes de de mafias, vistos
como empresarios audaces; o las nuevas representaciones sociales de
las relacionws de poder y de consumo; donde el éxito en la
adquisición de poder y consumo justifican la
violación a los derechos humanos y cualquiee forma de vida
personal; siendo lo delictivo una cuestión de habilidad, no
de valores.
Parece hasta cierto punto ridículo escandalizarse por
la presencia de las maras, como si se tratara de engendros
patológicos; cuando, en realidad, forman parte de nosotros,
es decir de nuestra cultura urbano-informático-consumista.
A esta cultura pueden seguírsele otros rasgos llamativos y
preocupantes, como: la þurbanizaciónþ cultural de todo el
espectro poblacional de la nación; la
þmagapolizaciónþ de los ámbitos ciudadanos; las
þguerras míticasþ entre grupos sin proyectos de futuro; el
consumismo compulsivo y desidentificante; la degradación
medioambiental; el auge de los fundamentalismos; las
prácticas de ornamentación corporal masculina
(tatuajes, pendientes, rapados); la diversisficación e
intensificación de las adicciones. Todo en el marco de una
medievalización de la integración social . Donde
amplos sectores quedan cautivos de un micromundosin proyectos de
futuro, sobreviviendo sin más identidad que el enfrentarse
entre sí, destructivamente, en el aquí y en el ahora.
Porque fuera de la þaldeaþ psicológica inmediata, la vida es
una aventura. Cada grupo refugiándose en su espacio que
logra amurallar, como transacción trágica entre el
eludir la locura de negarse como ser humano y el escapar al
aniquilamiento físico. La macrocultura urbano-
informático-consumista facilita los diversos materiales, que
se constituyen en especie de sellos de los procesos de
descalificación y exclusión, concretos y
particularizados para determinados lugares.
La falta de ejercicio del poder social, entendido éste
como la realización de las propias necesidades humanas
básicas a través de la interacción con el
entorno humano, y con ello la imposibilidad de generar cambios que
permitan el aprendizaje de la realidad contextual, compulsan a la
imposición de cambios simbólicos, absurdos desde un
punto de vista objetivo, pero que a toda costa marcan un hito para
la subjetividad personal, reemplazando el ejercicio de poder social
por la violencia del poder físico, como única
posibilidad de sobrevivir psicológicamente, de tener un Yo
(þsumamos puntos cuando les damos verga...þ - dicen en las maras),
que son al mismo tiempo síntomas del grave subdesarrollo yoico.
En síntesis, las maras extraen sus
características culturales de los aspectos antinormativos,
pero no antisistema, de la nueva cultura urbano-informático-
consumista, que compartimos todos. Más bien sirven al
sistema, basado en la descalificación excluyente, al
autodescalificarse y autoexcluirse. La alarma social surge no por
el fenómeno en sí, sino por su ineficiencia socio-
estructural, cuantificada en su producto derivado, la violencia
delincuencial. éste constituye, de alguna manera, la
þsuciedadþ, ahora insostenible, del þvertebralþ proceso de
exclusión. GHALI VUELVE A LA CARGA (II)
Conociendo la incapacidad interna para controlar la
actuación del personal policial, el panorama se complica
cuando el secretario general habla de las "graves dificultades para
consolidar la oficina del Inspector General de la PNC";
dificultades que --según él-- "se agravaron con la
renuncia del propio Inspector General a fines de junio". Sin
mayores explicaciones de fondo, dicho funcionario regresó a
su cargo a los pocos días; Ghali se atreve a pensar que ese
puede ser "un indicio de que algunas de esas dificultades
podrán superarse". Sin embargo, nosotros no compartimos esa
confianza. ¨Por qué?
Pues, porque desde que nació y hasta la fecha --ni con
el primer inspector ni con su sustituto-- esa institución ha
dado muestras de una labor decidida y eficaz en el cumplimiento de
su misión: "vigilar y controlar las actuaciones de los
servicios operativos y de gestión del cuerpo, así
como lo referente a los Derechos Humanos" (artículo 8, Ley
Orgánica de la PNC). Y mientras esperamos que se arreglen
las cosas al interior de la inspectoría, la población
salvadoreña sigue sin contar con un mecanismo nacional que
observe el funcionamiento de la Policía --fuera de los
señalamientos que reiteradamente le hace la procuradora para
la defensa de los derechos humanos-- y que además haga uso
de sus facultades para corregir las fallas que detecte.
No se pueden dejar de mencionar las cosas que el secretario
general califica positivamente. Entre ellos destaca la reciente
aprobación de la Ley de la Carrera Policial, para regular
"la estructura profesional de la PNC". Se dice en el documento que,
no obstante haber estado "sujeta a demoras considerables", dicha
aprobación "refleja el consenso entre las partes en los
acuerdos de paz a que se llegó con la asistencia de los
buenos oficios de MINUSAL. Pero aún quedan ciertos
impedimentos que se deben superar en esta materia "para aclarar y
armonizar el estatuto jurídico del sector de la seguridad
pública".
Tal como pintan las cosas, el panorama está bastante
complicado y eso no lo descubrimos con el último informe del
señor Boutros-Ghali. Desde hace algún tiempo lo
sabemos quienes, desde siempre, hemos estado pendientes de los
acontecimientos relacionados con esta materia e interesados en no
dejar que se tiren a la basura tantos esfuerzos realizados en aras
de mejorar. Con una conducción deficiente de la seguridad
pública y sin posibilidades de garantizar que los errores y
las arbitrariedades se investiguen y sancionen, que es como estamos
actualmente, se vuelve más urgente buscarle salida a la
situación. Y la hay.
Independientemente de que, hasta el momento, el Consejo
Nacional de Seguridad Pública (CNSP) no ha satisfecho las
"expectativas a que dio lugar su establecimiento" --como se dice en
el informe que nos ocupa-- es éste uno de los recursos que
aún no ha sido explotado. "Las demoras en el comienzo de las
operaciones del Consejo --dice Ghali-- han hecho que sus funciones,
mandato y objetivos todavía no hayan sido objeto de una
definición clara".
Con interés y esperanza, el secretario general de la
ONU piensa que "el programa de trabajo del Consejo, que ha de darse
a conocer próximamente, responderá a estos
interrogantes y contendrá un esbozo de las medidas que le
permitirán reaccionar en forma eficaz a los problemas que
motivaron su creación". Pero, como ha sucedido tantas veces
en este país desde que se firmó la paz, no siempre se
cumplen los compromisos; por ello, le corresponde a la
población --organizada o no-- estar pendiente de los pasos
que vaya dando dicha institución y presta a colaborar con
ella pues, de lo contrario, va a terminar siendo un poco menos que
nada.
En lo que toca al tema de los derechos humanos y el sistema
judicial, se destaca "la importancia de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos en la tarea de alentar el
mantenimiento del imperio del derecho, de manera coordinada y
complementaria con la de otros organismos estatales". Para Ghali,
"esta institución debe mejorar su capacidad de
elaboración y publicación de resoluciones".
Estamos conscientes que la opinión de la gente sobre la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDH)
es buena; los resultados de la última encuesta del IUDOP
(Proceso, 722) son una prueba de eso. Pero hay que ser claros: una
buena dosis de esa confianza que expresa la población es
producto de la figura y actuación de la señora
procuradora. Es ella quien ha mostrado --durante un año y
cinco meses en el cargo-- claridad para establecer un compromiso
real con la defensa de los derechos humanos y valentía para
enfrentar los grandes retos que le plantea su coherencia con tal
compromiso; sin embargo, el funcionamiento de la institución
a su cargo no es el mejor y a una parte de eso se refiere Ghali.
Los problemas que impiden una actividad más eficiente
de la Procuraduría no se van a solucionar con la propaganda
en los periódicos, que es a lo que tiende mucho --
quizás para justificar su buen sueldo-- un conocido
funcionario internacional metido en la PDH. Para que la
institución se consolide es importante que su personal siga
el ejemplo de entrega que proyecta la señora procuradora. Lo
anterior no quiere decir que, fuera de la doctora Victoria de
Avilés, al interior de la PDH no exista nadie más con
compromiso y desarrollando una actividad aceptable; el problema es
que son pocas y pocos.
Además, en aras de alcanzar su real
consolidación, la Procuraduría requiere con urgencia
un diagnóstico objetivo del estado en que se encuentra --el
cual nunca saldrá del despacho de ese personaje dizque
encargado del "fortalecimiento institucional"-- y también
debe ubicar los desafíos más importantes a enfrentar
con decisión y capacidad. Contra este esfuerzo,
impostergable para garantizar que la PDH se convierta en la
conciencia social de nuestro país, conspira la poca
disposición del Ejecutivo para asignarle los recursos
necesarios y suficientes.
Dice Ghali en su informe que la ratificación de
diversos artículos constitucionales y la
reformulación de otros por la Asamblea Legislativa es "un
progreso significativo", pero aún está pendiente la
aprobación de otros "instrumentos judiciales adecuados y
efectivos" para enfrentar la delincuencia. Lo anterior debe
interpretarse como una alusión velada a la inadecuada e
inefectiva ley de emergencia aprobada en marzo de 1996. Con
seguridad señala que la depuración judicial
perdió "su impulso inicial" y "prácticamente se ha
paralizado". Además, advierte que la descoordinación
entre jueces, fiscales y policías no favorece a la lucha
contra los delitos comunes y el crimen organizado.
Entre las observaciones finales, Ghali recapitula destacando
la necesidad de intensificar los esfuerzos a fin de hacer realidad
las recomendaciones del Grupo Conjunto para la investigación
de grupos armados ilegales con motivación política.
De igual forma, advierte que es necesario consolidar a la PNC "de
conformidad con el modelo establecido en los acuerdos de paz",
ampliar el proceso de consolidación de la PDH e impulsar la
pronta aprobación de los proyectos de Código Penal,
Procesal Penal y Ley Penitenciaria.
Ante este informe, un grupo de organismos de la sociedad civil
que trabajan en la defensa y promoción de los derechos
humanos, entre ellos el IDHUCA, se pronunció de la siguiente
forma:
1. Los señalamientos críticos que se hacen a la PNC
no son nuevos. En su documento del 23 de abril de 1996, Ghali
mencionó las deficiencias de ese cuerpo de seguridad y, sin
embargo, muchas de sus recomendaciones para superarlas aún
no se cumplen. Nos preocupan mucho las reacciones oficiales de
rechazo inmediato a las observaciones que se hacen en esta materia.
Esas reacciones viscerales de resistencia a las críticas, se
vuelven más inquietantes cuando se trata de asuntos tan
importantes como la conducción de la seguridad
pública y la incapacidad de los mecanismos internos y
externos de vigilancia y control disciplinario de la PNC,
principalmente en lo que se refiere a los derechos humanos. De
seguir por ese camino, después será mucho más
difícil superar los males que poco a poco se van enraizando
dentro del nuevo cuerpo policial.
Pasadas esas primeras reacciones oficiales, esperamos que las
recomendaciones hechas por Ghali tengan eco en las altas esferas
gubernamentales para rescatar la PNC y garantizar niveles adecuados
de seguridad a la población. En este punto, es necesario que
el Consejo Nacional de Seguridad Pública asuma un papel
más activo y protagónico, acorde a las exigencias de
una realidad cada vez más preocupante.
2. En cuanto a los derechos humanos y el sistema judicial, en el
país aún queda mucho por hacer pues los pasos dados
hasta el momento son lentos e insuficientes; con ellos no se ha
logrado superar las violaciones a los derechos a la vida, a la
integridad física, a la seguridad personal y al acceso a la
justicia, entre otros.
La sociedad entera se encuentra dentro de un ambiente de
inseguridad y miedo, ante los constantes hechos de violencia que se
registran a diario en todo el país. La ola de secuestros y
asesinatos se ha intensificado y ahora, más que nunca, se
necesita una Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos fuerte, institucionalmente sólida, que tenga la
capacidad de emitir las resoluciones adecuadas y darles el
seguimiento debido. Ello, con el objeto de impactar al resto de la
administración pública para que cumpla con su deber
de garantizar el respeto a la seguridad de las personas, sin dar
pasos atrás en lo referente a la vigencia de sus otros
derechos y libertades. También, es fundamental que la
Procuraduría desarrolle su capacidad para proponer
iniciativas creativas en esa materia.
La administración de justicia sigue mal y el atraso en
la aprobación de las reformas a los Códigos Penal y
Procesal Penal y Ley Penitenciaria --junto a la vigencia de la ley
de emergencia contra la delincuencia-- aumentan la situación
crítica dentro de las cárceles. Los reclusos han
desistido, por el momento, de realizar medidas de presión en
espera de que sus peticiones sean escuchadas y que, por fin, se
logre la agilización de los casos pendientes de estudio. De
no ser resueltas justamente estas demandas, se corre el riesgo de
que rebrote con más fuerza la violencia al interior de los
centros penitenciarios.
3. Es vital que las observaciones de Ghali sean conocidas y
discutidas ampliamente por los organismos sociales y la
población en general, pues los acuerdos de paz son producto
del esfuerzo y sufrimiento de todas y todos los
salvadoreños. Por tanto, se debe considerar su
opinión al momento de tomar decisiones cuyas consecuencias
les afectarán. Aunando esfuerzos se puede llegar a los
nuevos y necesarios compromisos para enfrentar los problemas
más urgentes; de lo contrario, estaremos ante el peligro de
que se sigan adoptando medidas erradas que no cuentan con el aval
de la población.
4. Se debe tener presente que, dentro de poco tiempo, en El
Salvador ya no habrán observadores internacionales. Esta
situación obliga a todas y todos a involucrarnos en la
vigilancia estricta y propositiva del funcionamiento institucional,
principalmente de la PNC, la PDH, el órgano Judicial y el
resto del Ministerio Público. Sólo así
lograremos asegurar que los esfuerzos hechos durante tantos
años y por tanta gente no hayan sido vanos; de otra manera,
siempre estaremos ante el peligro de un rotundo fracaso cuyas
consecuencias nadie las desea.