© 1996 UCA Editores
año 17
número 722
agosto 21
1996
ISSN 0259-9864
Concentración de las comunicaciones
Privatización, incrementos tarifarios en la energía
eléctrica y endeudamiento externo
La coyuntura actual en Nicaragua
Atribuciones jurisdiccionales de la Asamblea Legislativa
Los salvadoreños opinan sobre el sistema de justicia y los
derechos humanos
Ghali vuelve a la carga (I)
Un listón amarillo por Andrés
Concentración de las comunicaciones
Un sector importante de los medios de comunicación se
opone a pagar un impuesto adicional por el uso del éter que
la propuesta de ley de telecomunicaciones establece. Los partidos
políticos de la oposición la recibieron con recelos,
porque el gobierno se reserva a discreción el derecho para
propagar mensajes en cadenas nacionales de radio y
televisión. La asociación más fuerte de
radiodifusión se encuentra dividida, las grandes empresas
aceptan pagar el nuevo impuesto, mientras que las medianas y
pequeñas se resisten. Mientras tanto, el gobierno piensa que
ha elaborado un proyecto de ley que evitará la
arbitrariedad, el compadrazgo y la manipulación
política.
Según éste, las leyes del mercado, en las cuales
se fundamenta presuntamente el anteproyecto, permitirán
superar estos vicios. El anteproyecto considera como uno de sus
logros mayores proponer el mercado competitivo como criterio
último de la administración de la
comunicación. De esta manera piensa garantizar el acceso en
igualdad de condiciones, la transparencia en el otorgamiento del
derecho de explotación de un bien estatal y el uso racional
y eficiente del espectro radioeléctrico. A nadie escapa que
el acceso a dicho espectro se ha caracterizado por la arbitrariedad
y las influencias políticas y, precisamente, eso es lo que
ha permitido, entre otras cosas, la conformación de
monopolios de la comunicación, impidiendo a otros el acceso
al cual también tienen derecho. Sin embargo, el mercado
competitivo no es la solución.
Uno de los presupuestos fundamentales de la ley presentada
afirma la propiedad del Estado sobre el espectro
radioeléctrico. De aquí se deriva que las emisoras de
radio y televisión paguen un impuesto anual, de acuerdo a su
poder emisor. Así, los derechos del Estado quedarían
satisfechos. Pero, entonces, por qué no se aplica el mismo
criterio del mercado al derecho que se reserva el gobierno para
establecer cadenas nacionales de radio y televisión. El bien
común sólo se puede invocar legítimamente en
caso de catástrofe natural, epidemia u otra calamidad, pero
no en los casos de invasión, sedición,
rebelión o de þgraves perturbaciones del orden
públicoþ, porque la cadena nacional es utilizada para
impedir la difusión libre de información contraria al
gobierno. Las emisoras tampoco debieran ser encandenadas para
lanzar þun mensaje de interés nacionalþ, lo cual, en
realidad, deja abierta la puerta para que el gobierno transmita,
libre de derechos, sus mensajes políticos.
La coherencia con el criterio del libre mercado, fundamento de
la ley, exige que el gobierno, como cualquier otro agente, contrate
con las emisoras el tiempo de transmisión. La libertad de la
audiencia para escuchar o ver lo que parezca y la de las emisoras
para transmitir sin intromisiones gubernamentales se encuentra
amenazada por el derecho que el gobierno se reserva. Si la libertad
es tan importante como el anteproyecto declara, lo menos que se le
puede pedir es que sea consecuente con sus principios. Para
transmitir sus mensajes, el gobierno cuenta con la radio nacional.
Estos no deben ser impuestos por medio de cadenas nacionales, sino
que también deben entrar en el esquema del mercado libre y
competitivo, donde la calidad y la credibilidad son cruciales para
captar la audiencia.
En nombre de la libertad de mercado, el anteproyecto pretende
asegurar el acceso al espectro radioeléctrico
equitativamente. En realidad, su distribución actual no
será modificada por muchas décadas, siempre y cuando
las emisoras paguen el impuesto establecido. Esto quiere decir que
las pequeñas, que a duras penas sobreviven, serán
sacadas del mercado por su incompetencia. Las frecuencias libres
podrán ser cedidas (subastadas), entonces, a los que
realmente puedan pagarlas. Por esta razón, las grandes
empresas de la comunicación aceptaron rápidamente la
propuesta gubernamental. En consonancia con su lógica
mercantilista, el anteproyecto sólo considera las emisoras
comerciales, es decir, quedan fuera las radios comunitarias, las
confesionales y las culturales. La perspectiva gubernamental es
exclusivamente comercial.
No se puede hablar de acceso equitativo al espectro cuando
existen empresas que poseen más de una emisora, impidiendo
el acceso a otros. Estas empresas de la comunicación son las
que imponen la línea publicitaria y la orientación
ideológica de la programación. Un anteproyecto de ley
democrático no debiera permitir la concentración de
las frecuencias. De esta manera, el monopolio estatal es sustituido
por el privado, lo cual contradice la intención
antimonopólica del anteproyecto. Aparentemente, algunos
grandes capitales, que han descubierto recientemente los enormes
beneficios económicos y políticos potenciales de este
monopolio, estarían interesados en el negocio de la
comunicación.
Las insistentes protestas de transparencia, objetividad y
honestidad con las que se quiere emprender la privatización
de la comunicación no son creíbles. Y no lo son, en
primer lugar, porque el anteproyecto de ley sólo se apega al
mercado cuando le conviene, porque tiende a favorecer a los grandes
a costa de los medianos y pequeños, y porque no considera
intereses sociales vitales. ANTEL ni siquiera puede garantizar el
secreto de las comunicaciones. Todos sabemos que los
teléfonos y otros medios de comunicación se
encuentran intervenidos, que las comunicaciones son escuchadas y
luego utilizadas políticamente. Todo ello sin la orden
judicial respectiva. Ni el gobierno ni la presidencia de ANTEL
tienen solvencia para garantizar uno de los derechos
constitucionales más importantes de los ciudadanos.
Indudablemente, las comunicaciones tienen una dimensión
mercantilista, pero además comprende elementos sociales y
culturales que sólo un gobierno ideológicamente ciego
puede pasar por alto. Sin embargo, la propuesta no es tan
neoliberal como parece. Sus contradicciones muestran su verdadera
intención. De aprobarse tal cual ha sido presentada, la ley
aumentará la exclusión y ofrecerá menos
oportunidades.
Privatización, incrementos tarifarios en la energía
eléctrica y endeudamiento externo
El reciente anuncio de un nuevo incremento en las tarifas de
la energía eléctrica ha provocado reacciones
encontradas, inclusive al interior del mismo gobierno.
Evidentemente, ello se debe a la sensibilidad del Indice de Precios
al Consumidor (IPC) ante cambios en las tarifas de la electricidad,
lo cual complicaría aún más la actual
coyuntura de recesión económica e incremento de las
tasas inflacionarias. Después que el Presidente de la
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río
Lempa (CEL), Guillermo Sol Bang, anunció un próximo
incremento de 16% en las tarifas de la electricidad, se conocieron
los pronunciamientos del Ministerio de Economía y de la
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador los cuales
expresaron su desacuerdo con la medida, la cual consideran
innecesaria.
En realidad este incremento estaba previsto desde 1994 y se
enmarca dentro de un plan de incrementos escalonadas de las tarifas
y de la privatización de las empresas públicas la
cual supone como condición previa la creación de
incentivos para inversionistas potenciales, especialmente altos
niveles de rentabilidad.
Unos pocos días antes de que se anunciara el nuevo
incremento tarifario, se celebró en San Salvador un
encuentro entre diferentes ministros de los países
centroamericanos y representantes de empresas relacionadas con la
explotación energética y el sistema financiero de
Estados Unidos. El objetivo de la reunión fue la
promoción de la imagen de las empresas generadoras y
distribuidoras de energía eléctrica del área
centroamericana. Los resultados de esta reunión han venido
a reforzar la percepción de que el gobierno está
empeñado en privatizar las empresas públicas,
aún y cuando ello pueda suponer mayor endeudamiento externo,
grandes incrementos de tarifas y que el Estado renuncie a un
notable incremento de sus ingresos provenientes de las empresas por
privatizar.
A continuación se muestra como, en nombre de la
privatización de la generación y distribución
de la energía eléctrica en El Salvador, el gobierno
está adquiriendo mayores niveles de endeudamiento externo,
fomentando incrementos inmoderados en las tarifas y acelerando los
procesos inflacionarios.
Expansión energética y deuda externa
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la
privatización de las compañías de servicios
básicos es la necesidad de aumentar las escalas de
operaciones, lo cual sólo podría ser logrado con el
concurso de la empresa privada.
Sin embargo, en El Salvador la privatización de la
compañía de energía pretende hacerse sobre la
base de un importante incremento de la inversión en la
infraestructura hidroeléctrica financiado por
empréstitos contratados por el gobierno. De acuerdo al
Presidente de CEL, entre los proyectos de expansión
energética se cuenta la ampliación de la capacidad
instalada de dos represas, y además se contempla la
construcción de otras obras hidroeléctricas sobre el
cauce del río Lempa.
Desde 1994, se conoce que para realizar estos programas de
desarrollo hidroeléctrico se pretenden contratar diferentes
créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El
año pasado se conoció la contratación de un
préstamo por U$215 millones, aunque, de acuerdo al
Presidente de CEL, la infraestructura hidroeléctrica
requiere de una inversión de U$1,872 millones, equivalentes
a 16,454 millones de colones (aproximadamente un 111% del monto del
presupuesto general de la nación para 1996).
Los ajustes tarifarios
Desde que se iniciaron las negociaciones con el BID se
levantaron fuertes polémicas al interior de la Asamblea
Legislativa debido a los ajustes tarifarios que eran contemplados
en las cartas de intención presentadas por el gobierno.
Según aquellas, para acceder a los fondos del BID y cumplir
con las obligaciones que de ello emanarían, el gobierno se
comprometió a observar un plan de ajustes tarifarios.
De acuerdo al plan presentado por CEL se contemplaban
incrementos en las tarifas energéticas de la siguiente
manera: para 1994 se proyectaba un incremento del 30%, para 1995 un
incremento adicional del 25% y para 1996 otro de 16%. Exceptuando
el último incremento previsto, hasta la fecha se ha cumplido
con la calendarización diseñada, no sin que ello
desatara fuertes discusiones al interior de la Asamblea
Legislativa, las cuales, empero, no impidieron la
implementación de los incrementos tarifarios.
El año pasado se registró un nuevo incremento en
las tarifas de energía eléctrica a mediados del
año y a los pocos meses, con motivo de la
ratificación de un préstamo de 215 millones de
dólares por parte del BID, se anunció el
próximo incremento de 16% que es el que CEL pretende
implementar próximamente.
Inflación y tarifas eléctricas
Resulta claro que los incrementos en las tarifas de la
energía eléctrica está estrechamente
relacionado con un incremento en el costo de la canasta
básica. De acuerdo, a la Dirección General de
Estadística y Censos (DIGESTYC) la electricidad y los
combustibles representan un 3.8% del valor de la canasta
básica utilizada para el cálculo del IPC.
Adicionalmente, y tal como lo señaló en su
oportunidad la Cámara de Comercio e Industria de El
Salvador, el incremento en las tarifas de la electricidad implican
también incrementos en los costos de las empresas y,
consecuentemente, incrementos en los precios de los productos y
servicios.
Los incrementos en el precio de la electricidad
tendrán, pues, efectos directos e indirectos en los precios
resultado de su ponderación en el IPC y de su
participación en la estructura de costos. Aunque no se
conoce la cuantía exacta de estos efectos puede
señalarse que, considerando la experiencia de años
pasados, son de consideración. Por ejemplo, a partir de
mediados de 1995 los incrementos de las tarifas de la electricidad
explicaron grandemente el incremento del IPC y la obtención
de tasas inflacionarias superiores a las programadas por las
autoridades económicas
Consideraciones
La privatización parece querer realizarse aún y
cuando ello tenga consecuencias negativas tales como el incremento
de la deuda externa y de las tasas de inflación. Aunque se
argumenta que la privatización abastecerá al Estado
de fondos para financiar el gasto público, aún no se
define con certeza como la privatización
contrarrestará sus efectos colaterales.
El caso de la privatización de la electricidad muestra
claramente como el gobierno pretende favorecer la actividad de la
empresa privada con la venta de los activos públicos. Los
costos de los programas de expansión energética
serán asumidos por el Estado, mientras que los beneficios -
una vez privatizadas las empresas públicas- serán
cosechados por la empresa privada, especialmente transnacional.
Inclusive se está contemplando un plan de ajustes
tarifarios que asegura de antemano la rentabilidad de las empresas
de la energía eléctrica, lo cual es condición
indispensable para su privatización y, a la vez, es causa de
mayores niveles inflacionarios y empeoramiento de las condiciones
de vida.
A contrapelo de las valoraciones gubernamentales, resulta
claro que la privatización no será beneficiosa para
los sectores mayoritarios. En consecuencia, de ser implementada,
debe ser acompañada de una normatividad clara que defina la
forma en que se compensarán sus efectos negativos.
La coyuntura actual en Nicaragua
La coyuntura actual que recorre Nicaragua refleja la crisis
que vive este país. Prueba de ello son los últimos
acontecimientos ocurridos recientemente, entre los que destaca la
petición de aplazar las elecciones que deben realizarse el
próximo 20 de octubre. Tal reacción es muestra del
inconformismo que se cierne sobre el ambiente político
electoral, especialmente por el incumplimiento por parte del
ejecutivo de otorgar a los institutos políticos la
asignación correspondiente para desarrollar la
campaña electoral, justamente porque el plazo para la
entrega de los fondos a los partidos tenía como
límite el 19 de julio. Sin embargo, a una semana del inicio
oficial del proceso el 2 de agosto, los partidos todavía no
habían recibido su cuota asignada.
Asimismo, el retraso significa que los partidos
políticos más pequeños no están en
capacidad de competir contra los tres agrupaciones que tienen
mayores posibilidades que son: la Alianza Liberal, de derecha; el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de
izquierda, y el Proyecto Nacional, de centro. Ello, como lo
expresó la aspirante presidencial de la Alianza Popular
Conservadora, Miriam Arguello "sin dudas ha dañado nuestra
campaña. Hay tres tigres llenos de millones contra todos los
demás que no tienen ni un centavo". Así pues, la
actual coyuntura electoral que vive este país no está
dando paso a la estabilidad que esperan los nicaragüenses.
Los partidos en desventaja sugieren -que para poder corregir
estos vicios que muestra el proceso electoral, que debe comenzar el
22 de agosto- que todas las instituciones políticas
participantes hayan recibido para esa fecha sus fondos
correspondientes. Asimismo, propusieron que la primera ronda de
elecciones sea iniciada el 17 de noviembre, fijando el 15 de
diciembre como fecha para una segunda ronda en caso de ser
necesario. Ante estas inquietudes, la Presidenta del Consejo
Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya, señaló
que los comicios todavía están vigentes para la fecha
en principio acordada: no obstante, señaló un posible
cambio en la fecha.
Por su parte, el jefe de la Misión de Observadores de
la Organización de Estados Americanos (OEA), Oscar
Santamaría, fue enfático al afirmar que "las
elecciones deben ser en la fecha programada", afirmación que
hizo luego de haber sostenido una reunión con la Presidenta
del CSE. Además, hizo manifiesto que existe una actitud
positiva tanto por parte del CSE como del ejecutivo para resolver
dicha situación.
Las encuestas más recientes de opinión
pública dan como favoritos para ganar los próximos
comicios al candidato de Alianza Liberal, Arnoldo Alemán, y
del FSLN, Daniel Ortega. De ser así, cabe esperar que se
continúe con lo que hasta hoy ha venido arrastrando consigo
el proceso político de dicho país, pues ninguno de
los candidatos representan la opción más adecuada
para superar la polarización política que vive
Nicaragua. Ciertamente, en este país es importante es el
proceso electoral, pero más importante es descubrir nuevas
posibilidades de gobierno que respondan a las exigencias y
necesidades de esta nación centroamericana.
Por otra parte, la coyuntura también ha estado marcada
por el fracaso en las negociaciones entre México y
Nicaragua. Según reveló el Ministro de
Economía, Pablo Pereira, el fracaso en las negociaciones fue
responsabilidad de México, que no quiso abrir su mercado a
los productos agropecuarios provenientes de Nicaragua. Por esto, a
juicio de Pereira "no puede haber ningún acuerdo". Por lo
demás, cabe recordar que Costa Rica firmó un acuerdo
con México, pero tuvo problemas con las exportaciones de
azúcar. Ello debe llevar a reflexionar tanto a Nicaragua
como al resto de países del istmo acarca de cuán
beneficioso puede ser un acuerdo con este país si, por lo
mostrado hasta la fecha, la mayor parte de ventajas no han sido
para la región.
Atribuciones jurisdiccionales de la Asamblea Legislativa
Oscar Martínez Peñate
Departamento de Sociología
Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas"
Jucio político o acusación constitucional
La Asamblea Legislativa tiene entre sus funciones determinar
si procede admitir las acusaciones de cualquier persona que haya
sido afectada injustamente por algún ministro u otro
funcionario público de alta jerarquía en el Estado.
La acusación también puede ser planteada
después que el funcionario haya cumplido con el
período del cargo, pero siempre que los perjuicios o
infracciones los haya cometido durante el desempeño de sus
funciones; esto último, por supuesto, deberá estar
estipulado en Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, en el
cual se especifiquen, entre otros puntos, el lapso durante el cual
puede ser acusado y la prohibición de que el acusado pueda
salir de país sin previa autorización de la Asamblea
Legislativa.
A los funcionarios en mención se les puede demandar,
entre otras cosas, por haber violado o dejado de cumplir las leyes
y la Constitución Política, comprometer la
soberanía y seguridad del Estado, no cumplir con los deberes
que el cargo le imponga, traición a la patria,
malversación de fondos públicos, estafa, cohecho,
soborno, sedición, falsa declaración fiscal y fraude
fiscal.
Si la demanda es aceptada, se establece el procedimiento
conocido como juicio político, acusación
constitucional o impeachment en contra del funcionario y procede
inmediatamente la suspensión de las funciones del acusado.
El juicio político busca prevenir que las personas que
demanden a los funcionarios públicos de alto nivel pasen
directamente en los tribunales, de tal forma que la Asamblea
Legislativa determinará la pertinencia de cada caso, "a fin
de evitar que día tras día todos los particulares que
se sientan injustamente afectados por una resolución
ministerial inicien juicios indemnizatorios en contra de ellos"
(Alan Bronfma, 1991). De esta manera se protegen los intereses y
derechos de la sociedad civil, del Estado y del funcionario mismo.
"Determinados delitos de ciertas personas (ministros,
parlamentarios, jefe de Estado, etc.) sólo pueden ser
juzgados con previa autorización del Parlamento y a aveces
con intervención en el tribunal de una comisión
parlamentaria" (Juan Ontza, 1983).
Si se acuerda establecer un juicio político, la
Asamblea analizará las pruebas de la parte acusadora y
acusada y los documentos que las acompañen, igualmente
escuchará a ambos y pasará luego a rendir finalmente
un informe; asimismo, si la Asamblea encontrara méritos para
la formación de causa del funcionario, su proceso
pasaría ipso facto al Poder Judicial para ser juzgado de
acuerdo con las leyes para que responda por los daños y
perjuicios causados al Estado y/o particulares y se
declarará automáticamente la destitución en su
cargo, con la subsiguiente pérdida del fuero constitucional.
Cuando el funcionario público renuncia de su fuero,
entonces de forma inmediata su caso es tramitado en los juzgados o
tribunales pertinentes y si éstos giran orden de
prisión el funcionario será suspendido de su cargo y
se le priva del desempeños de funciones públicas,
sean estas por elección popular o no, por un período
determinado.
En El Salvador, la función jurisdiccional de la
Asamblea Legislativa se denomina antejuicio y está
estipulada en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa en
Capítulo V, mientras que en la Constitución
Política lo está en los artículos 236 y 237.
Art.236: "el Presidente y el Vicepresidente de la
República, los Diputados, los Designados a la Presidencia,
los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras
de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte de
Cuentas de la República, el Fiscal General de la
República, el Procurador General de la República, el
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Presidente
y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y los representantes
diplomáticos, responderán ante la Asamblea
Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan".
Art.237: "desde que se declare por la Asamblea Legislativa o
por la Corte Suprema de Justicia, que hay lugar a formación
de causa, el indiciado quedará suspendido en el ejercicio de
sus funciones y por ningún motivo podrá continuar en
su cargo. En caso contrario se hará culpable del delito de
prolongación de funciones. Si la sentencia fuere
condenatoria, por el mismo hecho quedará depuesto del cargo.
Si fuere absolutoria, volverá al ejercicio de sus funciones,
si el cargo fuere de aquellos que se confieren por tiempo
determinado y no hubiere expirado el período de la
elección o del nombramiento".
La Constitución Política no especifica los tipos
de delito de manera general ni mucho menos de forma
específica. Por lo que se deja una "puerta" de salida a
delitos que cometan los funcionarios públicos de alta
jerarquía en El Salvador; igualmente el procedimiento para
la ejecución del proceso del juicio político es tan
general que rima en lo vago, lo que puede dar lugar a muchas
interpretaciones en ausencia de una reglamentación precisa.
En este mismo sentido, a pesar de la diferencia observada en
la Constitución Política, existe confusión o
ignorancia entre algunos diputados de la Asamblea Legislativa de El
Salvador en lo que se refiere al significado de la
interpelación y del antejuicio.
El diputado Roberto Viera manifiesta que él, junto con
otros diputados, "presentamos en el seno de la Asamblea, una
petición de ®Interpelación¯ del Ministro de Hacienda,
la respuesta de los representantes del partido de Gobierno fue
negativa, aduciendo que el Sr. Ministro no ha cometido
ningún delito y que lo único que se quiere es show
político" (La Prensa Gráfica, 25-09-1995).
Esta confusión o ignorancia de parte de los diputados
del partido oficial sirvió de pretexto para no interpelar al
Ministro de Hacienda. Estas actuaciones realizadas por
desconocimiento -o con conocimiento pero con actuación de
mala fe- impiden la coordinación de trabajo entre el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo, además que obstaculizan la
función de control político el cual es una
característica de vital importancia de la Asamblea
Legislativa.
Inhabilidad y renuncia del Presidente
Le corresponde a la Asamblea Legislativa declarar la
inhabilidad del Presidente de la República en ejercicio o
del Presidente electo, cuando exista algún impedimento
físico o mental que no permita el cabal cumplimiento y
desarrollo de sus respectivas funciones. "El impedimento debe ser
de tal naturaleza, que inhiba al Presidente a presentar su
renuncia, no esté en condiciones de hacerlo o no quiera
formalizarla. Esta facultad supone, por lo tanto, una
actuación de oficio del Senado, incluso sin el conocimiento
o aún en contra de la voluntad de aquél. Constituye,
pues, una forma mucho más rápida y eficaz de
destitución que la derivada de la aprobación de una
acusación constitucional" (Emilio Urquiaga, 1990).
Para el caso de El Salvador, la Constitución
Política, en el Art.131, numeral 20, señala como
atribución a la Asamblea Legislativa: "declarar, con no
menos de los dos tercios de votos de los Diputados electos, la
incapacidad física o mental del Presidente, del
Vicepresidente de la República y de los funcionarios electos
por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen
unánime de una Comisión de cinco médicos
nombrados por la Asamblea".
De igual forma, le corresponde a la Asamblea aceptar o
rechazar la dimisión del Presidente de la República,
previo análisis y examen de las razones que él
esgrima, con el propósito de precisar y determinar si los
motivos están fundados y lo ameritan.
En este punto, la Constitución Política de El
Salvador es ambigua y sólo se limita a enunciar en el
Art.131, numeral 15, como atribución de la Asamblea
Legislativa lo siguiente: "resolver sobre renuncias interpuestas y
licencias solicitadas por el Presidente y el Vicepresidente de la
República y los Designados, previa ratificación
personal ante la misma Asamblea".
Los salvadoreños opinan
sobre el sistema de justicia y los derechos humanos
El 32.1 por ciento de los salvadoreños está poco
satisfecho con el trabajo que ha desempeñado la Corte
Suprema de Justicia después de dos años de
gestión, según revela el último sondeo n
acional del Instituto Universitario de Opinión
Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas" de San Salvador,
auspiciado por la Unión Europea y por la Universidad
Cristiana de Texas. La encuesta efectuada entre el 13 de julio y el
9 de agosto del presente año, con una muestra nacional de
1,199 adultos de zonas urbanas y rurales de los catorce
departamentos de la república, revela también que el
19.3 por ciento de los consultados está nada satisfecho con
el trabajo de la Corte; mientras que el 29.3 por ciento está
algo satisfecho y un 6.6 por ciento está muy satisfecho con
el trabajo del máximo órgano de justicia en el
país.
La pesquisa de opinión pública
señaló, sin embargo, que cerca del 40 por ciento de
los consultados que conoce a la Corte Suprema de Justicia tiene
una impresión favorable de la misma, mientras que el 24.8
por ciento tiene una actitud desfavorable y el 27.2 por ciento
tiene una actitud ambivalente (ni favorable ni desfavorable). El
resto de consultados prefirió no responder a la pregunta.
Preguntados sobre las resoluciones de la Corte Suprema de
Justicia, un poco más de la tercera parte de la
población, esto es, el 38.1 por ciento de los consultados
piensa que el máximo tribunal no emite sus fallos de manera
justa; mientras que un 34.7 por ciento sí cree que las
decisiones de la Corte son hechas de manera correcta. De hecho, en
otra opinión, el 39.7 por ciento de los ciudadanos afirma
que los jueces salvadoreños no toman en cuenta los puntos de
vista de todas las partes antes de tomar un decisión;
mientras que el 32.2 por ciento piensa que sí lo hacen y
cerca de un 27 por ciento prefirieron no responder a la pregunta o
se mostraron indecisos.
Lo anterior está relacionado con una opinión
expresada por más de la mitad de los consultados (57.4 por
ciento), según la cual las personas que dirigen el
país y las encargadas de impartir justicia, realmente no
están preocupadas por lo que le sucede al ciudadano
común salvadoreño.
Para el 60 por ciento de los encuestados, la mayoría de
los jueces están sujetos al control político,
mientras que el 14.7 por ciento sostuvo que los jueces no
están atados políticamente y el resto de consultados
declinó opinar al respecto. Sin embargo, el 58 por ciento de
los salvadoreños piensa que los funcionarios públicos
no deberían actuar siguiendo los intereses del partido que
los colocó en el puesto; en cambio, un 24.7 por ciento
piensa que sí y el resto se abstuvo de expresar su
opinión.
A los salvadoreños se les pidió que
identificaran lo que describe mejor al sistema de justicia
salvadoreño: honesto o corrupto. Aunque casi la tercera
parte de los consultados (un 32.1 por ciento) afirmó que el
sistema está conformado tanto por personas honestas como
corruptas, casi la mitad (el 47.1 por ciento) sostuvo que el
sistema de justicia salvadoreño es corrupto, mientras que
una pequeña proporción, el 11.6 por ciento, dijo que
era honesto. Un 9.2 por ciento se negó a ofrecer su parecer
al respecto.
Todo lo anterior ayuda a entender una de las opiniones
más polémicas recogidas por el presente sondeo y que
resulta muy preocupante en la actual situación del
país. Cerca de la mitad de los consultados, esto es, el 46
por ciento de la población sostiene que "ya que el gobierno
no proporciona justicia y seguridad, la gente tiene el derecho a
tomar la justicia por la propia mano". Sin embargo, casi la otra
mitad, el 44.3 por ciento, está en desacuerdo con esa
postura, dejando sólo a un casi 10 por ciento indeciso o sin
opinión al respecto.
Derechos humanos
Para el 23.6 por ciento de los salvadoreños, el derecho
humano que en la actualidad necesita protegerse más es el
derecho a la vida, mientras que un 21.4 por ciento de los
ciudadanos piensa que los derechos del niño son los que
necesitan ser mejor atendidos. Otros ciudadanos señalaron el
bienestar social, el respeto a las libertades civiles, el respeto
a la dignidad humana y la protección de los más
débiles, entre otros, como los derechos que necesitan de
mayor protección.
Así, a los ciudadanos consultados se les pidió
que señalaran la institución que defiende mejor los
derechos humanos tanto a nivel nacional como a nivel comunitario.
El 28.7 por ciento de los consultados piensa que la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la
institución que mejor defiende los derechos humanos a nivel
nacional, seguida de la Comisión de Derechos Humanos con el
10.3 por ciento y la PNC con el 7.9 por ciento; sin embargo, un
17.4 por ciento afirmó que ninguna institución
defiende los derechos humanos a nivel nacional. Esta
proporción es aún mayor cuando se trata de la defensa
de los derechos humanos a nivel comunitario. Más de la
tercera parte de los salvadoreños sostuvo que ninguna
institución defiende los derechos humanos en su comunidad de
vivienda, mientras que el 21.1 por ciento señaló a la
PNC y el 11.5 por ciento a la PDDH.
Sobre este tema se preguntó a los salvadoreños
sobre el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos. El 67.3 por ciento de los consultados que conocen
la PDDH posee una opinión favorable del trabajo de la misma;
en cambio, el 9.3 por ciento tiene una valoración negativa;
el 17.3 por ciento se mostró indeciso y el resto no quiso
dar su opinión. Sin embargo, más de la mitad de los
consultados (el 53.9 por ciento) evalúa como muy importante
el trabajo de la Procuraduría; un poco más de la
tercera parte lo define como algo importante (37.4 por ciento) y
solamente el 5 por ciento piensa que la labor de la PDDH es nada
importante; el resto se abstuvo de contestar.
En tal sentido, para el 54.5 por ciento de los
salvadoreños, las declaraciones de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos se dan de manera justa;
mientras que el 19.6 por ciento no cree que las declaraciones de la
PDDH sean bien equilibradas. Un 12 por ciento se mostró
indeciso y el 14.5 por ciento prefirió no responder a la
pregunta.
La confianza en las instituciones
El sondeo realizado por el IUDOP recogió también
el nivel de confianza de los ciudadanos en algunas instituciones
del país cuyo papel es fundamental en la dinámica del
proceso de transición salvadoreño, incluyendo a los
medios de comunicación. Según los resultados, la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los
noticieros de la televisión reciben el mayor nivel de
confianza popular con un 21.7 por ciento y un 22.3 por ciento de
personas expresando mucha confianza respectivamente; mientras que
la Policía Nacional Civil, los noticieros radiales y la
prensa escrita acogen un nivel intermedio de confianza del
público. Las instituciones que, por el contrario, muestran
el nivel más bajo de confianza entre los salvadoreños
son precisamente las instancias del Estado. La Fuerza Armada y los
tres poderes del Estado - Corte Suprema de Justicia, Asamblea
Legislativa y Ejecutivo - reúnen los más altos
porcentajes de población indicando que no tienen confianza
alguna en tales instituciones.
Resumiendo, el sondeo realizado por el Instituto Universitario
de Opinión Pública de la UCA en julio del presente
año, muestra que la población está lejos de
tener un opinión favorable acerca del sistema de justicia
luego de dos años de gestión de la Corte Suprema.
Buena parte de los salvadoreños sigue viendo a la Justicia
de este país como corrupta y muy vinculada al poder
político; lo cual, aunado a la poca credibilidad en la
mayoría de las instituciones gobernantes, tiene efectos
peligrosos en la actitud hacia la institucionalidad del país
- tal es el caso del 46 por ciento de ciudadanos que estaría
dispuesto a tomarse la justicia por la propia mano. Es en este
contexto que los salvadoreños señalan el respeto a la
vida como el derecho más importante y ubican a aquellas
instituciones percibidas como protectoras de la misma, la PDDH y la
PNC, como las más confiables dentro del aparato estatal,
junto a la prensa nacional de televisión, radio y
periódicos.
Ghali vuelve a la carga (I)
El último informe del secretario general de las
Naciones Unidas, conocido públicamente hace unos
días, es muy claro al expresar la que constituye
quizás la principal de sus preocupaciones sobre nuestro
país en este momento: la "aplicación de los elementos
pendientes de los acuerdos de paz se está llevando en un
contexto difícil". ¨Por qué? Pues porque en "los
últimos meses ha habido una reanudación de los
incidentes de violencia característicos del período
de conflicto armado". De continuar éstos --afirma Boutros
Boutros-Ghali-- "supondría un grave retroceso en el proceso
de paz". Por eso, se ha esforzado en presentar un panorama completo
y objetivo del estado en que se encuentra el cumplimiento de dichos
compromisos, a partir de cinco aspectos: seguridad pública,
derechos humanos y sistema judicial, cuestiones económicas
y sociales, cuestiones electorales y, finalmente, programas de
asistencia técnica.
Las reacciones oficiales no se hicieron esperar; sobre todo
aquellas provenientes de las personas que tienen a su cargo la
seguridad pública. No se podía esperar menos: era
lógico por ser éste el primer tema que se aborda en
el documento y porque además resulta ser, junto al de la
impartición de justicia, el que mayor cuestionamientos
recibe. Y dichas actitudes se explican aún más cuando
se observa que Ghali, de entrada y en forma directa, pone el dedo
en la llaga al adjudicarles el grueso de la responsabilidad en
relación a la situación en que se encuentra la
Policía Nacional Civil (PNC).
"Durante el período que se examina", del 1 de mayo al
20 de julio de 1996, el secretario general sostiene que la PNC "ha
logrado notables progresos profesionales en el desempeño de
sus responsabilidades". Pero --continúa-- dichos logros "se
han visto empañados en cierta medida por las dificultades
que persisten para consolidar el sector de seguridad pública
de conformidad con el modelo establecido en los acuerdos de paz".
Tales dificultades son fruto de --léase bien-- "los
diferentes conceptos de seguridad pública que tienen los
encargados de formular políticas en esa esfera".
Eso no es nuevo. En el balance anual que hizo nuestro
Instituto sobre la situación de los derechos humanos en 1995
se habló en el mismo sentido. "Hay quien explica el
inadecuado desempeño de la PNC --sostuvimos entonces--
porque muchos miembros de los viejos cuerpos policiales pasaron a
formar parte de ella; hay quien considera nocivo el haberla
integrado con un 20% de ex combatientes del FMLN y otro tanto igual
de ex agentes de la PN; por último, está quien piensa
que --por encima del origen de sus miembros-- la PNC está
mal debido a que la cúpula de la seguridad pública no
actúa en forma acertada y que, por el contrario, ha
permitido o fomentado las arbitrariedades y la impunidad. Como sea,
el balance de la PNC no es satisfactorio desde la óptica de
su mandato y quedan muchos problemas por superar" (Proceso, 691).
En el informe especial que el año pasado
solicitó el presidente de la República a la
Misión de las Naciones Unidas (MINUSAL) sobre el tema y que
fue conocido a finales de septiembre de 1995, ya se había
mencionado algo que --casi un año después--
continúa igual o quizás peor: "persiste el riesgo...
de que la PNC pudiera perder su identidad de institución al
servicio de la comunidad y pasar a ser un nuevo instrumento de
poder proclive al autoritarismo y que no rinde cuentas al
público, de lo cual hay señales crecientes".
A propósito, cabe mencionar que --después de
analizar varios hechos de violación a los derechos humanos
cometidos por miembros de la PNC-- en este mismo espacio sostuvimos
lo siguiente: "Sin duda, a pesar de los propósitos
contenidos en los acuerdos de paz y en su ley orgánica, la
PNC no ha comenzado a funcionar con pie derecho y es bastante lo
que el gobierno tiene que ver en eso. Pero aún es tiempo de
evitar que, por acción u omisión, se continúe
desnaturalizando esta institución creada después de
tanto sufrimiento y sacrificio del pueblo salvadoreño. Para
eso, debemos convertirnos en vigilantes permanentes de su accionar,
a fin de garantizar que ésta sea realmente respetuosa de los
derechos humanos". "HAY QUE ESTAR ALERTAS CON LA PNC", titulamos
ese comentario que apareció publicado el 13 de abril de 1994
(Proceso, 606).
Además de las cosas que preocupan al IDHUCA desde hace
más de dos años y que aún se mantienen,
probablemente en un nivel superior, últimamente tuvieron
lugar otros hechos que dieron generaron los señalamientos de
Ghali en su último informe sobre la seguridad pública
de nuestro país. Entre esas "señales crecientes" de
una peligrosa desviación hacia el autoritarismo por parte de
la PNC se encuentran las siguientes: "las circunstancias en que se
produjo la renuncia del Inspector General de la PNC", las
"dificultades... para aplicar algunas de las recomendaciones
formuladas por los asesores técnicos internacionales y las
persistentes dificultades entre las diferentes instituciones del
sector". En ese sentido, el funcionario da cuenta de que aún
están pendientes de cumplimiento "varias de las cuestiones
mencionadas" en el informe que, el 23 de abril de 1996,
envió a la Asamblea General de la ONU.
En ese estado, la situación se torna más
problemática al descubrir que ni la unidad de control ni la
unidad de investigación discplinaria y el tribunal
disciplinario recibieron la aprobación de la
observación internacional. El informe habla claramente de su
"debilidad" y es más explícito cuando apunta que
"sigue siendo evidente la falta de coherencia entre las diversas
instancias que participan en el proceso disciplinario". De esta
manea, vemos que no existen mecanismos internos en la PNC capaces
de vigilar y sancionar a sus miembros.
Un listón amarillo por Andrés
El 28 de septiembre de 1995, Andrés Abraham Suster se
dirigía a su colegio. Inocente, no se imaginaba entonces que
sería una víctima más de la ola de secuestros
que abate a nuestro país. Eran las 7 de la mañana
cuando varios hombres armados secuestraron al joven de apenas 16
años de edad, en las cercanías de Santa Tecla. Han
pasado 328 días desde que sucedió ese hecho y,
según parece, el contacto de la familia con los individuos
que aún tienen en su poder al muchacho se perdió
desde hace varios meses. Pese a que el secuestro de Suster ha sido
quizás el más prologando de todos los que han tenido
lugar en nuestro país después de la guerra, son
muchas las personas que han sido objeto de este tipo de atropellos
y han sufrido, además, maltrato y otros daños a su
integridad personal; lamentablemente, no son pocas las que han
perdido hasta la vida.
Todas estos casos constituyen verdaderos dramas, no
sólo para las víctimas del secuestro sino
también para sus familias que sufren, día a
día, pensando cómo estarán sus parientes: si
comen, si duermen, si no los están maltratado, si
estarán vivos o ya murieron... Sumados a otros innumerables
hechos graves de violencia que afectan a la población
entera, al mantenerla sumida en un insoportable clima de
inseguridad y temor, han llegado a convertirse en la
continuación de la tragedia nacional que --en la
práctica-- no acabó con la finalización de la
guerra.
Según datos de un periódico matutino, en la
actualidad existen más de 75 bandas de secuestradores bien
organizadas operando en todo el territorio nacional, principalmente
en los departamentos de La Unión, Usulután y Santa
Ana. Algunas están integradas por ex combatientes, tanto del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) como de la Fuerza Armada. Lo que aumenta su peligrosidad es
que la mayoría de ellas cuentan con armamento abundante y
sofisticado, sus integrantes están acostumbrados a matar y
actúan --en gran medida-- por encargo. Lo anterior se vuelve
todavía más grave cuando estos grupos criminales
operan amparados en la falta de seguridad y el alto grado de
impunidad que existen en nuestro país.
Las principales víctimas directas de estos hechos
delictivos son empresarios, propietarios de líneas de
autobuses y profesionales; no se escapan sus familiares, sobre todo
las y los menores de edad. En fechas recientes hasta el clero
católico fue golpeado, como sucedió en el caso de
José Cándido Ramírez, párroco de la
Iglesia Santa Catalina, en la ciudad de Usulután, quien
permaneció ocho días en cautiverio mientras sus
captores exigían la cantidad de dos millones de colones a
cambio de su libertad.
Tal parece que el negocio de los secuestros se volvió
uno de los más rentables, pues la mayoría de los
grupos que los realizan piden cantidades de dinero sumamente
elevadas que, en muchos casos, las familias de las víctimas
no poseen. Sin duda, este panorama resulta muy angustiante para la
mayoría de las y los salvadoreños que, con o sin
recursos económicos, pueden resultar afectados por hechos de
este tipo pues --para colmo de males-- los delincuentes no
distinguen clase o sector social.
Aunque de alguna forma se puedan generar expectativas
alentadoras con acciones policiales como la recientemente efectuada
en el departamento de Sonsonate, aún es muy grande el
sentimiento de indefensión que existe entre la gente. Esos
operativos espectaculares y exitosos son necesarios y --por lo
tanto-- deben recibir un justo reconocimiento si realmente se han
producido tal como se publicitan; pero no son suficientes. Deben ir
acompañados de otras acciones que, en conjunto, se
conviertan en la política integral del Estado
diseñada para combatir eficientemente el fenómeno
delincuencial; política que --entre sus objetivos--
debería contemplar el ataque frontal a las causas que lo
originan y las condiciones que favorecen su sostenimiento
creciente.
En este sentido, se hace cada vez más urgente que las
autoridades --tanto las judiciales como las de los órganos
Ejecutivo y Legislativo-- tomen cartas en el asunto; pero esas
cartas deben ser aquellas que realmente resulten beneficiosas para
la gente, no las que sean fruto de conveniencias particulares.
Deben ponerse en los zapatos de tantas familias que han sido
víctimas del dolor y la desesperación que provocan
estos hechos; familias que, solamente, ansían el regreso de
sus familiares. Es justo que se otorgue la importancia debida a
esta problemática y que se investiguen a fondo todos los
casos para acabar, desde la raíz, con un problema que --de
seguir creciendo-- puede generar mayores niveles de violencia en el
país.
Mientras tanto, solamente nos queda rogar a Dios por
Andrés Abraham y todas las demás personas
anónimas que permanecen en cautiverio, para que regresen a
su hogar sanos y salvos. También pedimos al Creador que
ilumine a este pueblo para que, de una vez por todas, se decida a
hacer suyas las instituciones del Estado para buscar --por esos
medios-- el camino adecuado que nos lleve a la sólida
construcción de un país realmente seguro.
ASDER RESPALDA NUEVA LEY. La Asamblea General de la
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)
resolvió, el 15.08, aceptar las tarifas propuestas en el
anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones para radiodifusoras y
televisoras, en una sesión que acabó con la renuncia
de varios miembros, entre ellos los propietarios de las radios
"UPA", "Clásica" y "El Mundo". "Se van a hacer los pagos de
la forma en que la comisión negoció con el gobierno",
manifestó el presidente de ASDER, Andrés Rovira. Tony
Saca, miembro de la Junta Directiva de la asociación,
manifestó que ASDER apoyaba "la mayoría del
régimen especial", salvo en algunos puntos, de los cuales
informarán a la Comisión de Economía y
Agricultura del Parlamento, cuando los parlamentarios citen a la
Comisión Negociadora de la gremial. Según ASDER, a
pesar del pago, conseguirán seguridad empresarial y
podrán traspasar a sus hijos las frecuencias. El grupo de
los asambleístas que no estaba de acuerdo con dar el aval al
pago de tarifas estipuladas en el anteproyecto de Ley de
Telecomunicaciones sostuvo que nunca habían pagado por el
uso del dial. "Existe el temor de estar en contra del gobierno",
expresó Mike Centeno, propietario de "Radio Doble C", de
Usulután. Los empresarios consideran que "la ley no
sólo gravará más a la industria, sino
también cerrará espacios", considerando que los
gravámenes a la industria harán desaparecer a muchas
pequeñas radiodifusoras, especialmente a aquéllas que
están fuera de ASDER. Mientras tanto, las radioemisoras no
afiliadas a ASDER sostienen que la gremial negocia con el gobierno
a espaldas del resto de estaciones radiales (DH 16.08 p.7 y LPG
17.08 p.5-a). EXIGEN REFORMAS AL COENA. Miembros del partido ARENA,
autodenominados "areneros puros", se reunieron el 18.08 en una
finca ubicada en las cercanías de Ilobasco, Cabañas,
para externar su descontento con la actuación de la
dirigencia de ese instituto político. Durante el evento, al
que asistieron aproximadamente 600 personas, los "areneros puros"
pidieron nuevamente la renuncia del actual presidente de ARENA,
Juan José Domenech, y de otros miembros del COENA,
así como la celebración de elecciones primarias, por
considerar que han dirigido mal a ese instituto político; no
obstante, externaron su apoyo al Presidente de la República,
Armando Calderón Sol. "Los areneros tenemos la
obligación de apoyar a nuestro Presidente, para que termine
el período; no puede ser que por un grupo de asesores que no
sean areneros, él esté actuando de una manera como no
debería ser", expresó Víctor Antonio Cornejo
Arango, considerado como el "legítimo líder", de las
personas reunidas. Horacio Ríos, ex-presidente de la
Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA) y ex-diputado
de ARENA, también apoya a Cornejo Arango e hizo ver la
necesidad de que las comunidades locales elijan a sus candidatos y
líderes para que no sean impuestos por el COENA. "Las
transformaciones a los estatutos de ARENA deben hacerse para que
sean las bases quienes elijan a sus autoridades locales para "que
los dirigentes tengan respeto por los demás",
señaló Cornejo Arango (DH 19.08 p.15 EM 19.08 p.3 DL
19.08 p.4 LPG 19.08 p.24-a). NO SE MODIFICARAN ESTATUTOS. El Presidente de ARENA, Juan
José Domenech, aseguró el 20.08 que no serán
reformados los estatutos del partido ya que los principios
filosóficos del instituto político están
claros y definidos. Domenech salió así al paso de las
declaraciones de Víctor Antonio Cornejo Arango, quien
abogó por una reforma de los estatutos y allanar el camino
a la realización de elecciones primarias para la
eelcción de los miembros del COENA. El COENA sostuvo, el
20.08, una reunión ordinaria con los 14 directores
departamentales y con los directores de los diferentes sectores que
integran el partido, en la que Domenech recibió el apoyo de
las juntas y los distintos sectores para que continuara en la
presidencia. Domenech negó que en la sesión se haya
tratado sobre los señalamientos hechos por Cornejo Arango.
La reunión, a juicio del político, fue para tratar
sobre la campaña "victoria 97", que desarrollará el
partido de cara a las elecciones municipales y legislativas de
marzo de 1997. Sin embargo, dentro de la misma fueron notorias las
posiciones en contra de Cornejo Arango y sus seguidores, a quienes
los areneros trataron de "traidores y difamadores". Por su parte,
el ex miembro del COENA, Roberto Angulo, aseguró que las
bases del partido ya saben cuáles son los estatutos que les
rigen, por lo que "se mantendrán", "o nos gusta el partido
como es, o nos salimos a hacer otro", apuntó (LPG 21.08 p.6-
a). AMPLIACION DE PROGRAMA EDUCATIVO. Con el fin de ir erradicando la
violencia desde la niñez, el Ministerio de Educación
ha invertido 2 millones de colones para la implementación de
un programa alternativo contra esta práctica en varios
centros educativos de la Zona Oriental. "Creemos que la escuela
puede convertirse en el eslabón trascendental que rompa con
el círculo de la violencia en el país",
declaró el 19.08 la Ministra de Educación, Cecilia
Gallardo de Cano. El programa que inició hace 6 meses,
financiado con fondos de la AID y ejecutado por la Fundación
Pro Educación Especial (FUNPRES), ha fortalecido la
autoestima de los alumnos y cambiado el criterio de castigo de los
padres, por lo que se pretende ampliar a todo el territorio
nacional, pues actualmente abarca sólo 25 municipios del
país. El presidente de FUNPRES, Manuel Arrieta,
explicó que las comunidades educativas de 151 escuelas
públicas, pertenecientes a los departamentos de San Miguel,
Usulután, Morazán y La Unión, son las que
están beneficiándose con este programa "Respuesta
Creativa al Conflicto" (RCC). De acuerdo con FUNPRES, el RCC es un
programa que pretende prevenir la violencia estudiantil y
enseña al educador, padre de familia, alumno y a la persona
en general, técnicas para fortalecer la autoestima, la
cooperación y la comunicación, permitiéndole
dar soluciones distintas y creativas a los conflictos del entorno.
El programa se desarrolla en dos etapas: básico y avanzado.
La tercera semana de agosto se inició la segunda fase, en la
cual se está estudiando la forma de adquirir y
enseñar habilidades para la solución creativa de
conflictos y la formación de los equipos de mediación
(DH 20.08 p.29 y LPG 20.08 p.8-a). PNC: "HACIA EL AUTORITARISMO". Las Naciones Unidas advirtieron que
la PNC podría convertirse en un cuerpo "inclinado al
autoritarismo y reacio a rendir cuentas a la sociedad". La PNC "ha
iniciado su camino al autoritarismo", señaló el
Secretario General de la ONU, Boutros Ghali, en un informe sobre la
aplicación de los Acuerdos de Paz en el país basado
en los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Verificación (ONUV), entre el 01.05 y 20.07 de 1996. Ghali
reconoce que la corporación ha logrado notables progresos en
el desempeño de sus responsabilidades, pero lamenta que
"esos progresos se han visto empañados por dificultades para
consolidar el sector de Seguridad Pública". Esas
dificultades, según el análisis de Ghali, obedecen a
los diferentes conceptos sobre seguridad pública que tienen
los encargados de formular políticas sobre la misma. La ONU
señala como primer indicativo de lo anterior la reciente
renuncia frustrada del Inspector General de la Policía,
Víctor Valle, quien, a juicio del organismo, enfrentó
dificultades para la aplicación de algunas de las
recomendaciones formuladas por los asesores técnicos
internacionales en materia de seguridad pública. Asimismo,
el informe señala su descontento por la resistencia de la
PNC a la evaluación total de la Unidad de Mantenimiento del
Orden (UMO). Otro cuestionamiento surgió a partir de la
debilidad del funcionamiento de los mecanismos de control interno
de la PNC. Con todo, señala como positivo la
aprobación de la Ley de la Carrera Policial, aprobada el 18
de julio, la cual regula la estructura profesional de la PNC y
refleja el consenso entre las partes que firmaron los Acuerdos de
Paz (DH 20.08 p.6). REFORMAS EN SUSPENSO. El anteproyecto con el que se pretende
modificar la Ley Orgánica del Fondo de Inversión
Social (FIS), para volverlo de transitorio a permanente, ha
generado polémica por la supresión de dos
artículos que dispensarían a la institución de
presentar un estado de liquidación financiera. Diputados del
partido ARENA opinaron que la liquidación no es necesaria
por cuanto se trata de una "elevación" del FIS hacia un
nivel corporativo, que englobaría a los proyectos de
desarrollo local impulsados por el gobierno, municipalidades y
organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, los diputados de
oposición consideraron que se trata de la creación de
una nueva instancia, que necesita rendir cuentas antes de ser
disuelta. La posición fue adversada por el diputado de
ARENA, Gerardo Suvillaga, quien indicó que ha habido una
mala interpretación del anteproyecto de Ley y un
cuestionamiento innecesario hacia el FIS, que durante sus primeros
años fue considerado como un ejemplo de
administración en Latinoamerica por parte de su principal
financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Suvillaga
dejó entrever ambiguamente que el anteproyecto considera una
fusión del FIS con la Secretaría de
Reconstrucción Nacional, ambas encabezadas por la licenciada
Norma de Dowe. "El FIS no desaparece, sólo se extiende",
agregó al expresar que ese es el motivo por el cual no
está obligado a realizar una liquidación, pues su
administración se encontrará bajo otro régimen
de contraloría. La diputada por el PD, Sonia
Aguiñada, insistió que la figura del FIS se
está tomando de base para montar una figura distinta, que
podría utilizar la implementación de proyectos
sociales con fines políticos y electorales, por lo que la
supresión de los artículos que hablan de la
liquidación atiende a la intención de obviar
críticas sobre un mal desempeño, o para encubrir un
manejo viciado de fondos (LPG 15.08 p.6-a). PIDEN ANTEJUICIO. Una petición para que se retire el fuero
constitucional al Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
José Domingo Méndez, fue presentada el 15.08 a la
Asamblea Legislativa por el apoderado legal de Mauricio Antonio
Valiente Berdugo, quien le responsabiliza por la pérdida de
18 millones de colones. Según el abogado Willy Béndix
Cornejo, Méndez habría incurrido en varios delitos en
perjuicio del patrimonio de Valiente Berdugo, a quien
administró propiedades inmuebles, títulos, valores,
pasivos y acciones por 10 años, mientras éste se
encontraba fuera del país. Méndez reaccionó el
15.08 rechazando las acusaciones calificándolas de infamia.
Los diputados de todas las fracciones políticas reaccionaron
desde cautelosos a solidarios con Méndez. La mayoría
dijo advertir en el caso razones intencionalmente políticas,
que podrían llevar como fin la desestabilización del
Organo Judicial, el desprestigio peronal de Méndez o el
bloqueo a futuros planes de reelección como Presidente de la
CSJ. El diputado por el PDC, Arturo Argumedo, admitió tener
conocimiento previo sobre el caso planteado, agregando que la
intención podría ser política, observando que
la Asamblea deberá revestirse de la prudencia necesaria para
no ser instrumentalizada. El jefe de la fracción legislativa
del FMLN, Manuel Orlando Quinteros, puntualizó que es obvia
la intencionalidad de dañar a la CSJ, atribuyendola a
sujetos "que aún suspiran por la anterior
administración" que a diferencia de la actual no es
"guardiana de la impunidad". De igual manera, señaló
que hubo elementos del gobierno "interesados" en que la
petición fuera difundida, aun antes de que ésta
hubiese sido introducida a la Asamblea Legislativa (LPG 16.08 p.6-
a). DESCARTAN REFORMA ELECTORAL. La Subcomisión Electoral
Legislativa, que estudió la propuesta de reformas al
Código Electoral, descartó el 20.08 la
aplicación del voto domiciliar y del documento único
de identidad para las elecciones de 1997, argumentando que ya queda
muy poco tiempo para echar a andar esas iniciativas. El diputado
José Daniel Vega Guerra, de la Subcomisión,
explicó que el análisis se concluyó sin
mayores frutos, y que de las propuestas hechas por la
Comisión Presidencial, sólo sobrevive la
representación proporcional en los concejos municipales;
esta última, será estudiada por la Comisión
Política de la Asamblea, que será en definitiva la
que decida si se aprueba o no. Para el diputado David Acuña,
del Movimiento de Unidad, el problema de las reformas tuvo su
origen en el hecho de que ARENA, no tiene interés en las
reformas al Codigo Electoral. La reforma al Código,
entonces, será básicamente en lo administrativo. Por
ejemplo, se ha acordado en la Subcomisión reducir el
número de dependencias del TSE de 10 a 6, y se ha pasado
para estudio de la Comisión Política, lo relativo a
las atribuciones del Tribunal como cuerpo colegiado. Mientras
tanto, de las propuestas, la de la proporcionalidad en los concejos
municipales -que mereció en principio un rechazo claro de
parte de ARENA- fue cambiada por una posible inclusión de un
concejal del partido mayoritario de la oposición. Por su
parte, la jefa de la fracción del PDC, Rosa Mélida
Villatoro, observó que eso es mejor que nada, ya que
permitiría cierta vigilancia del quehacer municipal (LPG
21.08 p.6-a).