© 1996 UCA Editores
año 17
número 721
agosto 14
1996
ISSN 0259-9864
¨Divisiones en ARENA?
La formación de una "Corporación de
Municipalidades"
¨Avanzamos hacia la democratización de los medios de
comunicación?
El veto y la interpelación legislativa
Medios de comunicación y transición política
(I)
Cuidado con las malas "juntas"...
¨Divisiones en ARENA?
ARENA se presentó, desde su fundación, como
un partido cuya unidad granítica no podía ser
puesta en cuestión por nada ni nadie. Durante la
década de los 80, el partido transitó de ser una
organización político-militar escuadronera a ser
una institución político-partidaria, cuyos recursos
económicos le permitieron forjarse una imagen distinta a
la que tuvo en sus oscuros orígenes. El lema "Patria
sí, comunismo no", todavía repetido con fanatismo
por los miembros de ARENA en reuniones y congresos, expresaba,
más allá de cualquier diferencia entre ellos, la
disposición de la derecha para mantenerse unida ante su
enemigo más temido y todo lo que se le pudiera asociar.
Es decir, en la derecha, el temor al comunismo era más
fuerte que cualquier conflicto de interés grupal o
personal que pudiera suscitarse en sus filas. Primero, el auge
organizativo de los sectores populares -en el BPR, el FAPU, las
LP-28, el MLP-; y, después, el fortalecimiento de las
organizaciones guerrilleras, no sólo agudizaron ese temor,
sino que afianzaron la vocación de clase de los sectores
dominantes del país.
El fin de la guerra hizo desparecer como referente
práctico el fantasma del comunismo. La derecha se
quedó sin el enemigo que le obligó a aglutinarse
durante dos décadas. A nivel ideológico, las taras
del discurso anticomunista de los años 80 poco a poco han
ido perdiendo vigencia, si bien existen todavía grupos y
personajes que viven aún con los viejos fantasmas.
Sólo para los más necios -para los cuales "libertad
se escribe con sangre"-, el FMLN sigue siendo el enemigo de la
"patria" y de los "verdaderos salvadoreños", y, por tanto,
sus miembros y simpatizantes no merecen vivir. Pero, dejando de
lado a quienes todavía abanderan viejas cruzadas, las
huestes de la derecha, una vez terminada la guerra, se dedicaron
a lo suyo: unos a trabajar en sus empresas en el marco de la
legalidad y otros a negocios ilícitos, amparados en el
poder del partido y el control gubernamental ejercido por
éste.
Como no podía ser para menos, una vez desaparecido
el enemigo que los mantenía cohesionados, los grupos de
poder económico dieron rienda suelta a sus propios
intereses, tratando cada uno de lograr la mejor posición
respecto de los demás. El partido, que hasta entonces
había logrado mantener su unidad por encima de los
intereses de los individuos y grupos representados en su seno,
comenzó a resentir las disputas y roces entre
éstos. Así, la unidad partidaria se ha visto
amenazada una y otra vez durante esta postguerra: el consenso en
torno a los dirigentes ya no es tal, en cuanto que figuras que
han sido marginadas de la conducción del partido -figuras
que ocuparon un lugar destacado en la formación de ARENA-
cuestionan abierta y públicamente la legitimidad de los
actuales líderes de la institución política.
Este es el marco en el que se inscriben las declaraciones de
Víctor Antonio Cornejo Arango -uno de los fundadores de
ARENA y ex secretario de la Asamblea Legislativa, cuando esta fue
presidida por Roberto D'Abuisson-, quien ha lanzado duras
críticas al COENA y a su Presidente, Juan José
Domenech. Antes, Sigifredo Ochoa Pérez hizo
públicas sus diferencias con la cúpula del partido;
después, fue inocultable que Raúl García
Prieto amenazaba con convertirse en portavoz de la disidencia
arenera, lo cual se resolvió con su incorporación
al COENA; desde hace varios meses, Rafael Angel Alfaro ha
utilizado espacio en la prensa para criticar el modo como es
llevada la institución política. La actitud de
Cornejo Arango, pues, es parte del malestar que reina en algunos
círculos de la derecha no sólo por la forma como
es conducido el partido, sino por la conducción
gubernamental.
¨Qué es lo que pide Cornejo Arango? Principalmente,
pide la renuncia de Domenech, ya que éste "no tiene la
capacidad suficiente para gobernar la dirigencia". Más
aún, para Cornejo Arango "si el partido ARENA no acepta
la renuncia de Juan José Domenech, como la de las
demás personas que están dañando el partido,
nos veremos obligados a realizar otras actividades de mayor
envergadura".
Ante esta petición, revestida de una amenaza no tan
velada, las reacciones de la dirigencia de ARENA han sido
contradictorias, como contradictorios son los intereses de
quienes sostienen al partido. Mientras que para el Presidente
Calderón Sol las críticas son positivas, en cuanto
que "la discusión y la polémica es buena, [ya que]
es a través de las ideas y del diálogo permanente
y constante que podemos hacer y construir un mejor país",
Domenech -negando cualquier división en las filas
areneras- respondió directamente a la exigencia de Cornejo
Arango, afirmando que no renunciaría ya que piensa
"cumplir con el voto unánime de todos los delegados de la
última convención". Una posición más
realista -o más resignada ante lo inocultable- fue la de
Mario Valiente quien admitió como posible un
división en ARENA, "porque hay gente que puede pensar que
efectivamente el partido se puede dividir; miren lo que
pasó con la Democracia Cristiana, ojalá eso no le
vaya a suceder a ARENA, por el bien de El Salvador"
Más allá de las críticas que puedan
hacer determinadas figuras partidarias -críticas que
pueden ser leídas como motivadas por el resentimiento o
la ambición de poder-, lo cierto es que la unidad
granítica de ARENA amenaza con resquebrajarse
estrepitosamente. Cada vez más el partido se muestra
incapaz de mantener la cohesión interna de sus cuadros,
así como el carácter absolutamente interno de las
diferencias que pudieran suscitarse en su seno. Esta
dinámica, de cuajar en una democratización del
partido, puede ser positiva para el país, en cuanto que
si hemos de ser dirigidos por la derecha lo más deseable
es que ésta sea competitiva, transparente y honesta.
Hasta ahora, la derecha ha carecido casi absolutamente de
los dos últimos aspectos, y menos del primero de ellos en
razón de los recursos casi ilimitados de los que ha
dispuesto. Pero, en cuanto transparencia y honestidad, la derecha
política salvadoreña deja mucho que desear: ARENA
ha sido un partido cerrado a la crítica pública,
el partido de los autoproclamados "verdaderos
salvadoreños", cuyos mecanismos de funcionamiento interno
y de captación y menejo de recursos financieros ha estado
vedado a la sociedad; es por ello que ahora provocan tanto
revuelo sus conflictos internos. La corrupción
también se ha enquistado en sus filas, como lo han
revelado los escándalos que sobre la misma han surgido en
los dos últimos años o las sospechas de
corrupción en ANTEL cuando la institución estuvo
presidida por Domenech.
La formación de una "Corporación de
Municipalidades"
Dentro de la política de modernización del
Estado, la propuesta de sustituir el Fondo de Inversión
Social (FIS) y la Secretaría de Reconstrucción
Nacional (SRN) por una Corporación de Municipalidades ha
sido el dato más reciente. Actualmente, se discute en la
Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de Creación
de la Corporación de Municipalidades. Hasta ahora, el FIS
y la SRN han estado ligadas a la ejecución de la mayor
parte de la estrategia social de los dos últimos
gobiernos, aunque en sentido estricto sus proyectos no han sido
enteramente dedicados a la compensación social.
De acuerdo a la Presidenta del FIS y, a la vez, Secretaria
de Reconstrucción Nacional, Norma de Dowe, "esta
corporación es un salto de calidad al desarrollo, pues se
dejará de lado la etapa de la compensación y se
dará paso a la etapa del desarrollo y generación
de riqueza en cada municipio". Como se trata de argumentar a
continuación, ello implicaría, entre otras cosas,
obviar que los esfuerzos de compensación social han sido
insuficientes y, por tanto, que no existe una base de capital
humano adecuada para impulsar el desarrollo.
El FIS surgió en 1990 como la institución que
se encargaría de desarrollar una estrategia de
compensación social financiada por empréstitos del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que, inclusive,
llegó a ser considerado como un modelo a seguir en otros
países latinoamericanos. La SRN, en cambio, surgió
como resultado de los Acuerdos de Paz, con la función
específica de ejecutar el Plan de Reconstrucción
Nacional, por lo cual la SRN no fue una institución creada
con la finalidad de ejecutar programas de compensación
social en sentido estricto, pero sí con funciones
marginales de satisfacción de las necesidades
básicas.
La sustitución de estas dos instituciones, pues,
tiene implicaciones tanto sobre la compensación social
como sobre el cumplimiento pleno de los Acuerdos de Paz. Desde
que se inició el proceso de ajuste estructural, la
compensación social se presentó como la forma de
mitigar los efectos negativo de las medidas económicas
sobre los sectores de menores ingresos; sin embargo, los alcances
de la política desarrollada hasta ahora a través
del FIS no han tenido la envergadura adecuada para las
dimensiones de la problemática y, con su posible
desaparición, parece que las políticas de
compensación social correrán igual suerte.
Por otra parte, la desaparición de la SRN
significará en la práctica la finalización
del Plan de Reconstrucción Nacional, aún y cuando
este no habría alcanzado los objetivos que se trazaron al
momento de su diseño en 1992.
Una revisión de las labores del FIS y la SRN pueden
ayudar a comprender las posibles implicaciones de su
sustitución por una Corporación de Municipalidades,
la cual en principio podría ser positiva siempre y cuando
se orienten los recursos a la promoción del desarrollo
social de las comunidades.
De acuerdo al gobierno, el principal objetivo del FIS es la
atención de las "necesidades sociales apremiantes de los
grupos más vulnerables por medio del financiamiento de
proyectos focalizados"; aunque para ello este no cuenta con
ninguna asignación estatal permanente pues, como se
mencionó, depende fundamentalmente del financiamiento
exterior. Pese al mandamiento impuesto por el mismo gobierno al
FIS, llama poderosamente la atención que al revisar su
presupuesto y la composición de sus programas no se
percibe que se esté avanzando en la satisfacción
de las "necesidades sociales apremiantes".
Hasta el año pasado, el FIS habría ejecutado
un gasto anual promedio de 86.87 colones por cada habitante pobre
residente en el país, y su presupuesto total representaba
menos de la quinta parte del presupuesto de los Ministerios de
Educación y Salud. Considerando que algunos estudios
estiman en cuando menos 750 colones el gasto por habitante
necesario para compensar efectivamente los efectos negativos del
ajuste en un año, el FIS es un esfuerzo claramente
insuficiente para alcanzar el objetivo propuesto.
Además de las limitaciones presupuestarias del FIS,
la compensación social enfrenta problemas adicionales
derivados de la asignación de prioridades según
tipos de proyectos. La composición del presupuesto del
FIS, según tipo de proyecto, revela la existencia de
proyectos que no necesariamente responden a las necesidades
más urgentes. Los tipos de proyectos ejecutados por el FIS
son: educación, salud, electrificación, agua
potable, alcantarillado, cocinas mejoradas, letrinas y
reforestación. De estos proyectos es el área de
educación la que ha recibido mayor atención al
absorber cerca de un 50% del total del presupuesto; en cambio,
el área de salud ha recibido apenas un 8.4%, mientras que
otras áreas tales como la letrinización y proyectos
"no especificados" han recibido un 19.5% y un 8.7%,
respectivamente. Además de lo anterior, es importante
agregar que los presupuestos erogados por el FIS están
fundamentalmente destinados al desarrollo de infraestructura para
educación y salud, más que a la prestación
de estos servicios sociales básicos.
Similar política ha seguido la SRN la cual, como se
mencionó, fue la encargada de ejecutar el Plan de
Reconstrucción Nacional con una duración de 5
años (1992-1996), y que, desde su creación,
contemplaba que un 67.83% del total de su presupuesto
sería destinado para la reconstrucción de la
infraestructura destruida o dañada por el conflicto. Sin
embargo, entre los objetivos también se contaba la
promoción del desarrollo de las zonas afectadas por el
conflicto y la satisfacción de las necesidades
básicas de la población aunque, lamentablemente,
con mucho menor presupuesto.
La Corporación de Municipalidades, por otra parte,
tendría la siguientes características: sus
objetivos serían de desarrollo y no de
compensación, su dirección estaría compuesta
por sectores beneficiarios y con capacidad productiva (empresa
privada, alcaldes y gobierno central), no sería una
institución descentralizada y, finalmente,
recibiría aportes provenientes de la empresa privada. Esta
última característica resulta confusa al considerar
la trayectoria de las instituciones que se vienen a sustituir,
pues los proyectos desarrollados por ambas instancias no
están diseñados para ofrecer utilidades, lo cual
es condición necesaria para el involucramiento de la
iniciativa privada. En todo caso, el gobierno ha proyectado la
contratación de nuevos empréstitos para impulsar
el funcionamiento de la Corporación de Municipalidades.
La creación de esta última representa el
cierre de la etapa de compensación social desarrollada
durante la presente década y tiene como principal
implicación la descentralización en la
utilización de los fondos de la cooperación
internacional destinados a la compensación social y al
desarrollo de la infraestructura.
Probablemente, el principal logro que podría
obtenerse de una descentralización de los proyectos del
FIS y la SRN sería la incorporación de las
necesidades específicas de cada municipio en la etapa de
diseño y ejecución de los mismos; aunque aún
se desconocen los mecanismos específicos de gestión
que tendría el nuevo ente, por lo cual no es clara la
forma en que se integrarán las municipalidades y la
empresa privada.
Aunque oficialmente se afirme que se está por cerrar
la etapa de compensación social, es innegable que las
condiciones de vida de la mayoría de la población
han continuado empeorando a lo largo de toda la década,
pese a que se ha dado fuerte crecimiento económico y flujo
de asistencia financiera internacional para los programas
sociales. Adicionalmente, al eliminar la SRN también se
estaría dando por cerrada la ejecución del Plan de
Reconstrucción Nacional antes de su expiración
formal, y sin que se conozcan sus resultados finales.
Una política que realmente tenga como objetivo el
estímulo del desarrollo social requiere, cuando menos,
incrementar el presupuesto de las instituciones encargadas de la
compensación social y reorientar los destinos de los
fondos hacia la prestación de servicios de
educación y salud y no tanto en la construcción de
infraestructura, tal como ha sido la tendencia durante la
presente década.
¨Avanzamos hacia la democratización de los medios de
comunicación?
De unos meses hacia acá, un grupo de periodistas,
académicos y escritores relacionados con los medios de
comunicación (radio, televisión y prensa) se han
dado a la tarea de abrir el debate sobre la
democratización de los espacios y medios comunicativos
en el país. Tanto los más críticos -
quienes señalan la intolerancia hacia los medios con
enfoques informativos independientes y la radical
banalización de los contenidos- como los más
optimistas o más cercanos a las posturas
gubernamentales -quienes afirman que la democratización
de las comunicaciones coincide con la posibilidad de que las
más variadas posiciones ideológicas puedan ahora
acceder a las páginas editoriales de los
periódicos y revistas y a los espacios de la
televisión y la radio- coinciden, algunos a
regañadientes, en que la instauración de la
democracia en los medios es apenas incipiente, endeble.
Si se realiza una comparación entre las
características de los medios durante la guerra y la
situación de éstos luego de su
finalización, es claro que se han operado importantes
avances en materia de libertad de expresión,
participación y tolerancia hacia las más
diversas opiniones. El problema se da cuando estos avances e
ideales democráticos se traducen en burda
ramplonería y el enfoque serio, crítico e
independiente se ve condenado al ostracismo por parte de los
anunciantes y el gobierno. Ciertamente, hay libertad de
expresión, pero el precio que deben de pagar los medios
que no se apegan a ejercer este derecho de manera inocua es la
inanición y la quiebra económica.
Una muestra, entre otras posibles, de lo mucho que falta
por andar en el terreno de la democracia comunicativa la
constituye la persecución de que han sido objeto las
radios comunales, o llamadas también þradios piratasþ.
El principal argumento que se usó en contra de ellas
fue que, al utilizar frecuencias de manera no autorizada,
éstas interferían con la señal de las
radios establecidas legalmente. Aunque la posibilidad de
interferir la señal era poco o nula, si se tiene en
cuenta la escasa potencia de los aparatos de
transmisión que se utilizaban, la PNC procedió,
por orden de ANTEL, a confiscar los equipos. Hasta la fecha,
después de ácidas discusiones entre la
Asociación de Radios y Programas Participativos de El
Salvador (ARPAS) y los funcionarios de ANTEL, no se ha podido
llegar todavía a un acuerdo que regularice la
situación de las radios.
Analizando la problemática, no puede afirmarse que
la decisión de ANTEL de sacar del aire a las þradios
piratasþ haya obedecido a un interés de hacer valer los
estatutos sobre el uso legal de las frecuencias (mismo que
tendría como objetivo el impedir la
sobresaturación del espacio y evitar mutuas
interferencias) ni de imponer un marco de justa competencia
entre las radiodifusoras, ya que -como ya se dijo- ni las
radios comunitarias poseían tanto alcance y potencia
como para saturar o bloquear otras transmisiones ni, por la
índole de sus programaciones, representaban
ningún tipo de competencia para las radios puramente
comerciales. Entonces vale preguntarse, ¨cuál era el
objetivo se clausurar radios que prestaban más bien un
importante servicio social para las comunidades de
áreas principalmente rurales? Es innegable las radios
funcionaban de manera ilegal, pero por la forma en que se ha
procedido en contra de ellas no puede afirmarse que se
penalizó esta ilegalidad, sino más bien el hecho
de que sus programaciones estaban fuera de los cánones
aceptados por el gobierno y la lógica empresarial.
Además, es muy posible que se haya visto en la radios
comunitarias un potencial crítico, en el cual, fuera
del academicismo y la politiquería, se expresara
francamente el sentir y las necesidades de los radioescuchas,
cosa que es poco frecuente en el país pese a la
publicitada apertura de los medios.
Recientemente, la polémica por la
regulación de las frecuencias y el papel del Estado en
ello ha vuelto a abrirse. En esta ocasión el conflicto
se centra en la þPropuesta provisional de régimen
especial para radio y televisiónþ, que se incluye
dentro de la nueva Ley de telecomunicaciones, la cual fue
presentada a la Asamblea Legislativa el 9 de agosto. En tal
documento, son los artículos 140, 141 y 145 los que han
generado la inconformidad de las radiodifusoras. En los dos
primeros se dicta que þla explotación del espectro
radioeléctrico para la prestación de servicios
de radiodifusión sonora de libre recepción y
servicios de radiodifusión de televisión (...)
causará derechos cuyo importeþ se pagarán
anualmente conforme a la potencia y frecuencia que se
utilicen para transmitir (en radio el pago va desde los 1200
hasta los 36000 colones; en televisión, desde 8000
hasta 80000 colones). En el último se afirma que þel
Presidente de la República tendrá derecho a
convocar a todas las estaciones de radio y televisión a
cadena nacional de radio y televisiónþ por razones de
guerras, perturbaciones de orden social, calamidades naturales
o þun mensaje de interés nacionalþ. Se agrega que þla
negativa de un concesionario de transmitir la cadena nacional,
le hará acreedor de sanciones graves para la primera
vez y segunda vez; y muy graves para la tercera vez o
másþ.
En lo que respecta al pago anual de un importe, es obvio
que ello pondrá en mayor apuros económicos a
aquellas radiodifusoras que prestan un servicio no comercial
(tómese en cuenta que la ley no hace discernimiento
entre servicios comerciales o no), es decir, las radios
comunitarias o de servicio social, puesto que sus entradas
económicas son reducidas o inexistentes.
Originariamente, se había pensado que el monto del pago
anual del þderechoþ de transmisión fuera de un 5 por
ciento sobre el total de las facturaciones en concepto de
venta de espacios comerciales y publicitarios. Este sistema
hubiera permitido una gravación más equitativa,
ya que habría existido una correspondencia entre los
ingresos obtenidos y el impuesto a pagar: una empresa con
mayor número de anunciantes pagaría más
que una con pocos espacios publicitarios. Pero debido a
conversaciones entre los directivos de ASDER
(asociación que agrupa a las mayores radiodifusoras del
país) y ANTEL, se optó por el modelo de
gravación que entrará en vigencia de ser
aprobado por la Asamblea.
En lo que se refiere a la obligatoriedad de acatar la
cadena nacional es evidente que con ello se atenta no
sólo contra la democratización de los medios de
comunicación, sino también contra la libertad de
los individuos de optar entre los mensajes que desea escuchar
y los que no. El hecho de que el gobierno vaya a tener el
poder de convocar a cadena nacional amparándose en
poseer un þmensaje de interés nacionalþ, es una abierta
posibilidad para llevar a cabo campañas veladas de
publicidad política y partidista. No sería
descabellado esperar que de aprobarse este artículo el
gobierno actual, de cara a las elecciones, lo utilizará
para ensalzar su gestión y resaltar los þlogrosþ
económicos alcanzados, cosa que ya ha sucedido en
anteriores ocasiones. Por otra parte, la imposición de
þgraves sancionesþ a aquellos medios que no acaten la
ordenanza de la cadena da al traste con la libre
determinación empresarial que se dice estar impulsando.
Pues, ¨dónde queda entonces la capacidad de un medio
para estar al margen de las posiciones gubernamentales?
¨Dónde queda la libertad del consumidor de optar por el
þproductoþ que más llena sus expectativas?
En definitiva, estas nuevas medidas, y las que
anteriormente se han tomado en contra de las radios
comunitarias, desfundamentan y vuelven risible la
afirmación de que la democracia se está haciendo
presente en los medios de comunicación. Sí
existe la suficiente democracia como para que el amarillismo y
el sensacionalismo acaparen los principales espacios de los
medios, pero no en la suficiente medida para que un medio
pueda deslindarse de la lógica empresarial y
gubernamental, para que un televidente, un radioescucha o una
radiodifusora decidan por sí mismos si un þmensaje de
interés nacionalþ es verdaderamente tal.
El veto y la interpelación legislativa
Oscar Martínez Peñate
Departamento de Sociología
Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas"
Acerca del veto legislativo
El veto legislativo consiste en la moción de
censura del plenario hacia un ministro del gobierno u otro
funcionario público, debido a faltas graves, actos que
riñen con sus funciones, con el ordenamiento
jurídico del país o con la ética.
También el veto se aplica a las decisiones e
iniciativas administrativas, aplicación de leyes,
elaboración de reglamentos; aquí lo que procede
es la anulación o detener las decisiones de
algún ministro u otro funcionario público a
excepción de los miembros del Poder Judicial.
La censura presupone la "caída" o la renuncia
irrevocable del ministro o funcionario público, con la
cual queda inhabilitado para desempeñar cargos
públicos mientras dure el mismo mandato presidencial.
En El Salvador, no existe la moción de censura; la
Constitución Política limita a los diputados
sólo a recomendar al Presidente de la República
la destitución del funcionario público, lo que
significa que si quiere el mandatario puede o no acatar la
recomendación. El Art.131, numeral 37, llama a la
Asamblea Legislativa de El Salvador únicamente a
"recomendar a la Presidencia de la República la
destitución de los Ministros de Estado, o a los
organismos correspondientes; la de los funcionarios de
Instituciones Oficiales Autónomas cuando así lo
estime conveniente, como resultado de la investigación
de sus comisiones especiales o de la interpelación, en
su caso. La resolución de la Asamblea será
vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad
pública o de inteligencia de Estado por causa de graves
violaciones de los Derechos Humanos".
No obstante, el 12 de diciembre de 1995, los dirigentes
de los partidos, Movimiento de Renovación Social
Cristiano (MRSC), Movimiento de Unidad (MU) y del FMLN,
exigieron la renuncia del gabinete del Presidente Armando
Calderón Sol, como resultado de una evaluación
que realizaron sobre la gestión gubernamental,
la cual fue calificada como "desastrosa" y "negativa" para los
intereses del pueblo. Los dirigentes políticos pidieron
al gobierno, como una medida para que se administren sanamente
los fondos públicos, pedir a los miembros del gabinete
que renuncien inmediatamente, ya que indicaron que los
actuales responden a los intereses del partido oficial (Co-
Latino, 12-12-95).
Esta exigencia fue ignorada por los ministros y por el
propio Presidente Calderón Sol, pero si hubiera tenido
asidero constitucional y, la decisión se hubiera tomado
en el pleno legislativo, el gabinete ministerial hubiera
forzosamente dimitido de forma colectiva y los nuevos
ministros lhubieran tenido que tratar de rectificar la
conducción del Ejecutivo. De igual manera, los
desaciertos y obstáculos encontrados por los nuevos
ministros hubieran sido objeto del conocimiento y debate
público.
La censura colectiva del gabinete de gobierno es una de
las características del sistema de gobierno
parlamentario; no obstante, algunos sistemas de gobierno
presidencialista han adoptado la moción de censura o
veto legislativo de forma individual.
El voto de censura se encuentra contemplado en algunas
Constituciones Políticas de países de
América Latina; por ejemplo, en la Constitución
de Uruguay de 1966, en la Constitución de Ecuador de
1979, en la Constitución del Perú de 1980 y en
la Constitución de Colombia de 1991 (Carlos Balemlli,
1994).
Sin embargo, esta medida de control del legislativo es
controversial debido a que si el partido oficial constituye
mayoría simple o absoluta en la Asamblea Legislativa y,
éste partido encubre o tiene como norma la
corrupción, lo más probable es que la
moción de censura no sea aprobada y, en caso extremo,
hasta se le puede otorgar un voto de apoyo o respaldo al
ministro o funcionario en cuestión. Así, en este
escenario, el objetivo del veto legislativo se revierte.
Empero, esta situación le podría ocasionar un
costo político en las próximas elecciones al
partido gobernante.
Por otro lado, si la oposición obtiene la
mayoría simple o absoluta en la Asamblea, y
actúa de manera irresponsable, puede utilizar la
moción de censura como un instrumento para causarle
daño al Ejecutivo, por ejemplo, par desprestigiar a
algún ministro o funcionario público o para
restarle simpatías entre la población al partido
que dirige el gobierno. En este caso la oposición
estaría contribuyendo a desestabilizar al gobierno y
podría provocar una situación de
ingobernabilidad.
En ambos escenarios, se podría dar una incorrecta
utilización de la moción de censura, pero si la
Asamblea Legislativa es democrática y transparente,
quiere decir que tendrá las puertas abiertas en todas
las sesiones de las comisiones y del plenario, para que los
medios de comunicación y sociedad civil en general se
enteren de lo que realmente pasa en el parlamento, lo que
permitirá que la población no pueda ser presa
fácil de la demagogia de los políticos en cuanto
a la utilización del veto legislativo.
La moción de censura en todo caso se podría
interpretar como un elemento disuasivo, para contener la
corrupción, arbitrariedades, injusticias, etc.;
asimismo, asegura en cierta medida un acercamiento y
colaboración coordinada entre las comisiones
legislativas y los ministerios del gobierno.
Interpelaciones a los funcionarios públicos
La Asamblea Legislativa tienen el derecho no sólo
de hacerles antejuicio a los funcionarios públicos,
sino que también de interpelarlos. "En el Derecho
Político de los países de régimen
democrático, la interpelación es la facultad que
tienen las Cámaras Legislativas para requerir de un
ministro que informe acerca de ciertos actos de gobierno o
para que aclare aspectos de la política en general.
Según Duguit, representa el medio más eficaz de
ejercer el Poder Legislativo su control sobre el Poder
Ejecutivo" (Manuel Ossorio, 1984).
Las interpelaciones, por lo general, conllevan la
exposición de explicación o informe sobre un
tema o problema previamente señalado por la Asamblea
Legislativa, lo que da lugar a un período de preguntas
al funcionario por parte de los diputados, después a un
debate parlamentario que puede desembocar en una
sanción legislativa. Esta última puede consistir
en una moción de censura o, en el mejor de los casos,
en la aclaración del problema, sin necesidad de llegar
a tomar alguna medida punitiva.
En El Salvador, según la Constitución
Política en el Art.131, numeral 34, una de las
atribuciones de la Asamblea Legislativa es: "interpelar a los
ministros o encargados del despacho y a los presidentes de
Instituciones Oficiales Autónomas". Asimismo
encontramos también en el Art.165 que: "los ministros o
Encargados del despacho y Presidentes de Instituciones
Oficiales Autónomas deberán concurrir a la
Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se
les hicieren. Los funcionarios llamados a interpelación
que sin justa causa se negaren a concurrir, quedarán
por el mismo hecho, depuestos de sus cargos".
En el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa de
El Salvador, la interpelación se encuentra regulada en
el capítulo VII, de los artículos 56 hasta el
58. Tanto en la Constitución Política como en el
Reglamento en mención no se contempla la moción
de censura con su respectiva "caída" o dimisión
irrevocable y forzosa de los funcionarios públicos que
hayan dañado el interés público o
privado, igualmente causado perjuicio contra los bienes del
Estado.
Según el diputado Jorge Villarcorta, en nuestro
país, "un problema grave en la función de
legislar es la cultura política que hace por ejemplo
que los diputados no se atrevan a cuestionar al señor
Ministro de Defensa, que no piensen, que no hablen y que
sólo repitan lo que el Ministro dice".
La Asamblea Legislativa por haber sido un instrumento
para legitimar la dominación de los "presidentes" que
ha tenido El Salvador; no existe experiencia acumulada acerca
de los interrogatorios, audiencias, interpelaciones, declarar
la inhabilidad del presidente, realizar antejuicios, etc.
A lo anterior se suman siglos de autoritarismo y terror
impuesto nuestra sociedad por los grupos de poder
económico, político militar cuscatleca por la
oligarquía y los militares. Por estas razones, entre
otras, es que se puede notar que algunos diputados
todavía tienen el temor de cuestionar a los ministros y
en especial al Ministro de la Defensa, porque hasta hace
aproximadamente cinco años eso equivalía a ser
encarcelado, torturado, desaparecido, perseguido o asesinado.
"En sistemas presidencialistas menos estables, la legislatura
no tiene verdadera capacidad para controlar la acción
de los presidentes o de los burócratas militares y
civiles. Cuando trata de hacerlo puede perjudicar su
supervivencia institucional al mismo tiempo que la seguridad
política y personal de sus miembros. Como resultado de
ello se producen frecuentes abusos de poder, los ciudadanos
pierden el respeto por sus instituciones políticas y se
incrementa la probabilidad de la inestabilidad" (Michael Meze,
1995).
Medios de comunicación y transición
política (I)
El proceso judicial en contra del periodista Francisco
Valencia, Director de Co-Latino, por una demanda de
difamación en perjuicio de un subcomisionado de la PNC;
los reiterados llamamientos del gobierno a la prensa para que
þdeje de transmitir noticias negativas sobre el paísþ,
a los que se ha sumado el Arzobispo y alguna empresa que se
dedica a la educación; las denuncias de algunos
periodistas sobre las presiones y el acoso del que han sido
víctimas por parte de la PNC; y el intento del gobierno
por gravar las transmisiones radiales y televisivas, han
puesto nuevamente el tema de la libertad de la prensa sobre el
tapete de la discusión pública nacional.
Ciertamente, muchos sectores del país -y aún la
Sociedad Interamericana de Prensa- han visto tales sucesos
como un riesgo para el ejercicio libre de los medios de
comunicación, en un contexto en el cual aún
persisten dudas sobre la capacidad y la tolerancia de los
líderes nacionales para garantizar las libertades
ciudadanas; tales temores han dominado la esencia del debate
sobre la prensa en este país y han conducido, con
unanimidad, al problema de la libertad de expresión en
los medios.
Sin embargo, muy raras veces el debate sobre los medios
de comunicación en estos períodos de latencia
pre-electoral se ha centrado en el papel que juegan o que han
jugado los Medios en el proceso de transición que, con
más pena que gloria, vive la sociedad
salvadoreña en la actualidad. El interés de este
comentario no es, por tanto, reflexionar sobre los peligros
que enfrenta la prensa libre, sino muy brevemente apuntar
ideas sobre el papel que ésta ha jugado en el
período de transición (para este efecto se
hará uso indistinto de los términos prensa y
medios de comunicación). Y es que un análisis
serio sobre la práctica de la prensa en este
país, mostraría sin duda que aún falta
cierto trecho, aunque cada vez menos largo, para lograr que la
prensa, en su conjunto, sea aceptablemente independiente.
Pero el mismo análisis no podría negar la
influencia y el poder que la prensa y los medios de
comunicación han adquirido y siguen obteniendo en esta
fase de transición política.
La primera idea a exponer es que la institución
nacional que más se ha beneficiado del proceso que
condujo a los Acuerdos de paz no ha sido los partidos
políticos, ni siquiera aquéllos que legitimaron
su presencia en el sistema político a través de
los Acuerdos; tampoco los mejores beneficiados han sido el
gobierno ni las nuevas instituciones como la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o
la Policía Nacional Civil; quizás ni siquiera la
población, según el sentimiento expresado en los
sondeos opinión pública. La institución
más favorecida con el proceso de pacificación ha
sido los medios de comunicación. Con los Acuerdos, la
prensa obtuvo la legitimación y las garantías
formales para continuar con una práctica distinta,
menos vinculada a la historia oficial, la cual ya había
comenzado con innumerables dificultades a mediados de los
ochenta y en plena guerra. La firma de la paz permitió
que los medios de comunicación dejaran de dirigir sus
cámaras, sus micrófonos y sus máquinas de
escribir -o computadoras- a los intereses de los grupos de
poder político para enfocarlos con más
frecuencia en los intereses de la gente común, que, a
final de cuentas, es también el mercado. Esto ha
provocado que a esta alturas de la transición, la
prensa -la televisión, la radio y los
periódicos, con un lugar destacado la
televisión- cuente con los mayores niveles de
confianza por parte de la población. Efectivamente,
los sondeos de opinión pública realizados por el
IUDOP durante 1995 mostraron que los Medios y en especial la
televisión obtenían los mayores niveles de
confianza popular, sólo superados por la
Procuraduría de Derechos Humanos, y muy por encima del
gobierno, los partidos políticos y la Asamblea
Legislativa. Una encuesta realizada en julio del presente
año y que será dada a conocer en los
próximos días revela que tal tendencia se
mantiene, ampliando más aún la separación
entre la confianza que los ciudadanos manifiestan hacia los
Medios y la que expresan por el gobierno.
Lo anterior lleva al segundo punto de reflexión de
este breve comentario. De manera indirecta, pero más
eficazmente que las instituciones políticas, la prensa
ha sido la responsable de conducir la transición y ha
tomado, no sin ser conciente de ello, funciones que
tradicionalmente corresponden a las instituciones del Estado y
a los partidos políticos. En los últimos
años, la radio, los periódicos y la
televisión, en un esfuerzo por aumentar su audiencia,
se han dedicado a canalizar y a resolver demandas de la
población y ésta ha constatado con cierta
admiración cómo el llevar una denuncia a un
periódico o a una estación de radio o
televisión puede ser más efectivo que llevar la
queja a la institución gubernamental competente. Por
ejemplo, una ama de casa comentó a un encuestador del
IUDOP, cómo tras dirigirse insistentemente y sin
resultados a ANDA por cobros indebidos en una zona donde el
agua llega una vez por semana, decidió llamar a un
canal de televisión, el cual investigó el caso y
produjo un reportaje, cuyo efecto inmediato fue el cese de los
cobros indebidos por parte de la institución
gubernamental. Casos como ése abundan en los relatos
de la gente común y ayudan a explicar la actitud
favorable de los salvadoreños hacia los Medios. Sin
embargo, el papel que ha jugado la prensa en la
conducción del proceso no se explica por el simple
servicio social, sino por el efecto que la acción
logra. Los salvadoreños aprehenden que un
periódico o un canal de televisión puede
responder mejor a sus intereses y preocupaciones que el
diputado representante de su departamento y del partido por el
que votó o inclusive que el alcalde de su localidad, a
quienes perciben enfrascados en luchas de poder que el
ciudadano no entiende ni le interesan. Así, la
población llega a encontrar más
representatividad en el carácter de la prensa, en la
medida en que se ocupa de los problemas nacionales, que en la
misma clase política.
Lo anterior ha alimentado otro ejercicio de la prensa que
a la vez complementa su papel predominante en la
dinámica política salvadoreña, esto es,
la definición de la agenda de debate público.
Atenta a los intereses y preocupaciones de la gente por
razones de audiencia y, claro está, de mercado, la
prensa ha jugado un papel fundamental en la definición
de los temas de discusión pública, lo cual ha
hecho no sin notables excesos y obvias omisiones en varias
oportunidades. Esto ha logrado que asuntos como la
corrupción en las carteras del Estado, los abusos de la
Policía Nacional Civil, las medidas para combatir la
delincuencia o la crisis en los partidos políticos,
hayan sido los puntos centrales de la discusión
pública, aún a pesar del desagrado de los
propios protagonistas y del recelo del gobierno. Y es que
frente a una administración nacional que se ha
caracterizado por una conducta vacilante y errática en
la mayor parte de sus deberes y por una actitud reactiva hacia
los viejos problemas nacionales, la prensa ha ocupado un podio
desde el cual lidera buena parte de los asuntos a ser tratados
nacionalmente.
Así, el debate sobre la libertad de prensa debe
tomar lugar teniendo presente el papel que están
jugando los Medios en el proceso salvadoreño. En otras
palabras, discutir sobre el nivel de la libertad de prensa que
existe en el país pasa por entender el rol que
está jugando y el poder que ha adquirido. Al hacerlo se
podría descubrir que un problema igualmente serio como
las restricciones a la libertad de expresión por parte
del Estado se da cuando algunos medios de comunicación
siguen con la práctica de autocensurarse en el momento
en que sus intereses no concuerdan con los de su audiencia. Y,
de tener un papel vigilante y moralmente activo en ciertos
temas, pasan a ignorar sospechosamente otros.
Cuidado con las malas "juntas"...
Parece que, desde hace muchos años, los elevados
niveles de violencia se instalaron en todo el territorio
nacional y a estas alturas no hay muestras de que estén
disminuyendo. Primero fue por razones políticas;
después por la guerra y ahora por la delincuencia, en
parte común pero sobre todo organizada. Es en medio esa
realidad que, durante los últimos meses, las y los
pobladores de la zona occidental --quizás un poco menos
afectados en el pasado-- ahora están recibiendo una
enorme cantidad de golpes. A la inmensa mayoría de las
personas les resulta imposible vivir tranquilas en esa
región y son muchas las que prefieren abandonar sus
casas, sus pertenencias y sus afectos --como en las peores
épocas de la confrontación bélica-- con
tal de salvarse.
En particular, es en Sonsonate donde la ola de brutalidad
ha cobrado más víctimas; y dentro del
departamento, es Izalco el municipio cuya situación se
ha vuelto verdaderamente insoportable. Ahí opera un
temible grupo de sujetos conocidos como la banda de "los ex
combatientes". Sólo en lo que va del año, son 22
muertes las que constituyen el condenable recuento
periodístico del terror y la sangre que han producido
estos criminales, los cuales actúan con tales grados de
cinismo e impunidad que no les importa realizar sus
fechorías a plena luz del día.
A raíz del estado de total indefensión en
que se encuentra la población, generado por
delincuentes que se amparan en la falta de seguridad, sectores
de ésta han hecho múltiples llamados al gobierno
central para que tome cartas en el asunto. Sin embargo, es
claro que la situación no ofrece señales de
mejoría; al contrario, a medida que pasa el tiempo se
ha vuelto más crítica. Hasta ahora, las
respuestas brindadas por las autoridades se han caracterizado
por ser aisladas, incoherentes. Entre ellas se encuentran los
ya permanentes "patrullajes conjuntos" del "Plan
Guardián" y las medidas incluidas en otros planes no
conocidos ni discutidos públicamente --como el "2000"--
junto a las leyes que dicen resolver el problema con acciones
de "emergencia" y las llamadas "juntas de vecinos".
Ciertamente, la población necesita y exige con
urgencia que se elimine del país el accionar de estos
grupos que atentan contra la tranquilidad de las familias
salvadoreñas. Pero cabe preguntarse si el gobierno,
pretendiendo o pretextando resolver un mal, con esas "juntas"
no estará creando un mecanismo que --a la larga--
resultará mucho más dañino para la
población: ¨no se estará ante la posibilidad de
engendrar algo demasiado peligroso? ¨no nos estaremos,
después, lamentando por no haber buscado otras
soluciones? ¨no existen salidas diferentes y mejores, o es que
no se quieren hallar?
No es raro que a la gente le surjan dudas cuando se
anuncian iniciativas como éstas. La historia reciente
de nuestro país nos ha dejado muchas lecciones que no
podemos ni debemos hacer de lado cuando se proclama ante el
mundo que, ahora sí, se intenta construir un
país distinto. Una de las enseñanzas más
costosas que nos brinda el doloroso trayecto del pueblo
salvadoreño en su afán por vivir en paz, se
encuentra en las experiencias vividas cuando --a partir de
los años sesenta-- se creó la
Organización Democrática Nacionalista, conocida
como ORDEN.
Esta estructura paramilitar, fundada y alentada por el
general José Alberto Medrano, desapareció
formalmente el 7 de noviembre de 1979 mediante decreto oficial
de la Junta Revolucionaria de Gobierno. En palabras del
fallecido militar, cuya trayectoria debería ser de
todas y todos conocida, "su creación obedeció a
la necesidad de divulgar entre los campesinos y trabajadores
del campo la ideología democrática, para oponer
un valladar a los intentos comunistas de provocar la
subversión en el medio rural".
Quienes nos esforzamos por impedir que nos roben o nos
cambien la historia, conocemos la responsabilidad de ORDEN en
el desencadenamiento de la guerra debido a su importante
contribución para el cierre de los espacios de
participación política y el control autoritario
de la población, mediante los atropellos a la dignidad
humana que se cometieron desde esa estructura. Y no lo decimos
nosotros. En su momento fue expresado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión
Internacional de Juristas y Amnistía Internacional,
para citar sólo algunos de los prestigiados organismos
internacionales --intergubernamentales y no gubernamentales--
que se pronunciaron contra esa organización por ser un
mecanismo terrorista para el ejercicio del poder. Eso es algo
que no debe repetirse en El Salvador.
Pero no sólo porque existe la posibilidad de vivir
nuevamente esa nefasta experiencia, es que advertimos sobre el
peligro de las "juntas de vecinos". Hay otras razones que nos
mueven a hacerlo y no son precisamente teóricas;
hablamos de hechos concretos y muy actuales. El 28 de junio de
1996, en el municipio de Tacuba, fue capturado el señor
Alfonso Castro Herrera, presidente de la "junta de vecinos" de
esa localidad, junto a otras cuatro personas. La
detención se realizó, de manera tramposa, cuando
el alcalde convocó a una reunión extraordinaria
de dicha "junta" en el local de la Policía Nacional
Civil (PNC) para "discutir sobre la señalización
de las carreteras". El señor Castro Herrera y el resto
del grupo fueron acusados de "atentado, desacato y abuso de
los lugares públicos", luego de que la mayoría
de la gente en esa localidad se ha negado a pagar los recibos
de la Asociación Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA).
"Tacuba --dicen los pobladores del lugar-- es el
último municipio del país, ubicado al occidente
del departamento de Ahuachapán. Semiaislado debido a la
curvosa y pésima carretera, rodeado de cantones y
caseríos, fue el escenario de una rebelión
civil, cuando la población decidió administrar
el agua". ¨Serán estas expresiones de
participación ciudadana los "movimientos subversivos"
que, al igual que el general Medrano con ORDEN, ahora se
intenta neutralizar mediante las "juntas de vecinos"? Porque,
hay que insistir: utilizando un engaño --la
reunión extraordinaria a la cual asistiría la
responsable nacional de esas "juntas"-- se logró
detener al señor Castro Herrera y a las otras cuatro
personas. Ahora, cuando alguien le pregunta a la gente de
Tacuba si quiere "andar en esas juntas", la respuesta es una
clara y contundente negativa.
No se debe dejar de mencionar otro hecho que llama
poderosamente la atención y que, al menos, genera
ciertas inquietudes. El jueves 25 de enero de 1996, en horas
de la mañana, fue secuestrado en Apaneca,
Ahuachapán, el anterior jefe de la llamada
división de juntas de vecinos del Ministerio de
Seguridad Pública, Mario Arnulfo Eguizábal. Tres
individuos armados que se conducían en un
vehículo con vidrios "polarizados" se lo llevaron y su
cadáver fue encontrado a las ocho de la noche del mismo
día, en las playas de Acajutla. Descartado el robo,
surge la pregunta: ¨qué se esconde tras este asesinato?
¨disputas de poder o insubordinación? No lo sabemos
pero el caso debería ser investigado con diligencia,
esclarecido de manera satisfactoria y conocido
públicamente su resultado.
No obstante los hechos anteriores y el mal precedente que
significan para las "nuevas" instancias oficiales, el
señor ministro de seguridad pública --de cuya
cartera dependen-- sostiene que con su creación en
todos los departamentos del país, proyectada para
finales del año en curso, se pretende brindar
"facilidades a los pobladores de esos lugares, en el sentido
de mejorar los canales de comunicación con las
autoridades gubernamentales encargadas de impulsar las obras
comunitarias". El ministro Hugo Barrera asegura que con ellas,
precisamente en Ahuachapán se han alcanzado logros
positivos para las comunidades; según dice, a
través de las "juntas" se ha gestionado el nombramiento
de profesores para las escuelas abandonadas, la
colocación de puestos policiales, la
construcción de canchas deportivas y --ojo-- la
señalización de carreteras.
Lo sucedido en Tacuba produce, con justificada
razón, dudas sobre la forma cómo serán
manejados estos grupos y los fines para los cuales se
destinarán. En este caso, una reunión de la
"junta de vecinos" de la localidad fue utilizada como un medio
para intimidar a la comunidad y tratar de impedir su
participación activa en la resolución de los
problemas que le afectan. Si eso está sucediendo ahora
que comienzan, ¨qué pasará después,
cuando el ambiente político se caliente con las cada
vez más cercanas elecciones locales y del Parlamento?
¨quién nos garantiza que sólo servirán
para lo que el ministro Barrera ha dicho? Además, ¨por
qué deben existir estas estructuras dentro del
Ministerio de Seguridad Pública si lo que se persigue
con ellas es el mejoramiento comunitario y si, a lo largo y
ancho del país, ya existen muchas directivas comunales
o de otras expresiones organizadas, que son independientes?
Recordemos que el doctor José Antonio
Rodríguez Porth, en su calidad de candidato a la
presidencia de la República por el Partido Popular
Salvadoreño y refiriéndose a ORDEN, en diciembre
de 1971 afirmó lo siguiente: "Siendo una
organización apolítica, y más bien de
naturaleza cívico-cultural, será desnaturalizar
su propia existencia si se le utiliza con finalidades
meramente políticas, tal como está ocurriendo en
la actualidad, en que las máximas autoridades del
partido oficial pretenden capitalizar la fuerza de la
organización como fuente segura de votos, identificando
a ORDEN con el PCN (Partido de Conciliación Nacional)".
En nuestro país, es cierto que existe un grave
problema de inseguridad que afecta a la mayoría de la
población; pero no por ello vamos a correr semejantes
riesgos, a provocar situaciones más peligrosas y a
desandar el corto camino recorrido en la
democratización de la sociedad. Lo que realmente se
necesita es reforzar urgentemente la PNC para se convierta en
un instrumento eficaz al servicio de la comunidad,
contribuyendo así a garantizar su protección.
Eso se logrará, principalmente, con la
depuración de los malos elementos que la integran,
estén donde estén, junto a la
erradicación de los vicios que ya la aquejan.
También se requiere --en el combate a la
impunidad-- del honesto y eficiente funcionamiento de la
Fiscalía General de la República en la
investigación del delito. Ya el doctor Manuel
Córdoba, titular de esa institución,
pidió tiempo para mostrar que sí existe
disposición de lograr ese objetivo y hasta la fecha se
han observado algunas señales alentadoras en ese
sentido. Ni hablar de la necesidad obvia de lo que aún
es una aspiración: que exista un órgano Judicial
capaz y honesto, que aplique pronta y cumplida justicia sin
hacer ningún tipo de distinción.
Pero, sobre todo, se requiere de una población
activa que entienda bien cuáles son las actuales reglas
del juego, después de todo lo sucedido en El Salvador;
una población que cuente con las herramientas para
enfrentar y superar cualquier tipo de obstáculos, sean
éstos gubernamentales o no; una población que
sepa que la PNC y las demás instituciones estatales
están para servirle y no al revés; una
población que se organiza de manera independiente para
utilizar todas esas instituciones en defensa de sus derechos y
libertades fundamentales. Sólo así, vamos a
construir un país seguro a todo nivel.