© 1996 UCA Editores
año 17
numero 720
agosto 7
1996
ISSN 0259-9864
Izquierda y democracia
Las memorias de la labores de los ministerios de Economía y
Hacienda
Entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Tránsito
La coyuntura actual en Costa Rica
Funciones de la Asamblea Legislativa
Pobreza: un fenómeno que no es natural
Izquierda y democracia
La democracia sigue siendo el nudo gordiano de la izquierda
latinoamericana y, por supuesto, de nuestra izquierda. Mientras no
lo corte, no sólo no logrará desatarse de las amarras
autoritarias heredadas del estalinismo, sino que continuará
desempeñando su papel de perdedora en las urnas, sin poder
recuperar las ricas experiencias de movilización y
organización popular propias de décadas pasadas. Algo
propio de la izquierda ha sido saberse mover con relativa soltura
en la democracia directa, pero con enormes dificultades en la
democracia arepresentativa, lo cual la ha llevado a perder claridad
acerca de la conexión existente entre ambos procesos
democráticos. La idea que ha predominado es que cuanto
más directa es la democracia mejor es para los intereses
populares.
De cualquier modo, es ineludible reconocer los límites
de la democracia directa. Ella es indispesable, por ejemplo, en los
procesos de autogestión industrial. En cambio, la democracia
directa en el sistema judicial sería sumamente
contraproducente. Para llevarlo al extremo: es completamente
diferente un comité de gestión cooperativa que un
comité de linchamiento. Una cosa es una asamblea de
estudiantes y otra de orden muy distinto es un tribunal popular: la
simpatía que despierta la primera no debe ocultar los
peligros de una justicia sometida al delirio de una minoría
constituida en poder directo. Este es precisamente el problema de
la democracia directa: visto desde una perspectiva global se trata,
en el fondo, de minorías que ejercen el poder directo, pues
una asamblea sindical o el congreso de un determinado partido
agrupan a un pequeño segmento de la población y no al
conjunto de ella, por más que la propaganda diga lo
contrario. Y cuando el "control popular" de las asambleas rebasa
con sus decisiones los límites de sus condiciones de vida y
trabajo, para determinar la vida y trabajo de otros sectores de la
sociedad, entonces surgen las dificultades, en las cuales destacan
la ineficiencia y el despotismo.
De aquí, pues, que la apuesta de la izquierda por la
democracia directa deba de ser balanceada por formas
democráticas indirectas y representativas, las cuales
ciertamente no le son ajenas a la izquierda. El problema es que las
banderas de lucha civil por la democracia política han sido
asumidas, sin que la izquierda haga algo por evitarlo, por la
derecha. Más aún, la izquierda ha desgastado su
caudal en vanos esfuerzos por traducir demandas democráticas
en programas y proyectos destinados a ofrecer a los sectores
populares una alternativa de política socio-
económica. Con ello, ha dilapidado un capital
histórico acomulado; ha rebajado la política a la
economía, y ha reducido la democracia a la queja.
Sin duda, los desajustes económicos han contribuido a
ello: la izquierda ha creído que en momentos de grave
deterioro socio-económico es oportuno enarbolar como bandera
principal un programa de alternativas económicas para
ofrecer a los sectores populares un salida a su difícil
situación. Sin embargo, la medicina ofrecida por la
izquierda ha sido poco eficaz y la gente ha desconfiado de los
curanderos rojos que ofrecen salidas milagrosas.
Adicionalmente, la izquierda parece estar fundamentalmente
preocupada por lograr su unidad, para fusionarse
orgánicamente en torno a un programa. Ha desdeñado la
lucha por impulsar una nueva cultura política
democrática, para dedicarse a las añejas tareas de
construir un partido y un programa. La izquierda se consume
haciendo política hacia adentro en detrimento de una
política expansiva y extrovertida. Es decir, la izquierda
sufre de un curioso narcisismo político: no deja de mirarse
a sí misma, de autocriticarse, de autoalabarse, de definirse
siempre en relación consigo misma, de contemplar la historia
de sus derrotas y de sus mártires, de lamentar su
condición y exaltar su futuro.
Esta izquierda autoorganizada y autounificada prefiere
reunirse en foros y congresos que publicar una revista, gusta
más de los estatutos que de un buen libro, aprueba las
concertaciones controladas, pero evade zambullirse en la vida
cotidiana de la gente. Así, es comprensible que no se
emplíe su horizonte electoral: los dirigentes parecen
más interesados en captar y reorganizar militantes o
"dirigentes naturales" ya convencidos, que en ganar nuevos votos
para sus partidos. La formación de clientelas parece ser la
estrategia electoral de la izquierda; el voto cautivo de sus
militantes su principal recurso y el populismo de sus dirigentes el
modus operandi de su práctica política.
La izquierda salvadoreña hizo de la unidad un mito que
le resultó caro. A la larga, la tan publicitada unidad
político-militar conseguida durante la guerrsa civil se
resquebrajó en la postguerra. Sin embargo, el interior del
FMLN -la única izquierda que queda en el país, al
decir de sus dirigentes- la unidad sigue siendo la idea fuerza de
la organización. En virtud de ese mito -y de otros que se
fraguaron en torno al FMLN- es que la izquierda del país es
incapaz de ver hacia el futuro y de abrirse hacia la sociedad. Es
decir, nuestra izquierda tiene la mirada en el pasado, en las
glorias, sacrificios, fracasos y triunfos de la época
heróica. Tiene también puesta la mirada en sí
misma; en su propio fortalecimiento, en la organicidad y coherencia
entre sus militantes. Su propia autoncomprensión -"somos la
única izquierda"- se traduce en la exclusión de
quienes no se confiesan partidarios de esa filiación
político-ideológica.
En otras palabras, la izquierda salvadoreña -el FMLN-
se autoimpone enormes obstáculos como alternativa
política de alcance nacional. Porque para ser tal tiene que
ser vista por los electores como capaz de representar los intereses
de la mayor parte de los ciudadanos, y no sólo de aquellos
que están vinculados orgánicamente al partido.
Mientras el FMLN se siga percibiendo y siga funcionando como un
partido de cuadros no va a convertirse en una alternativa
política nacional, al igual que no lo es ARENA y no lo
fueron en su tiempo el PCN ni el PDC. Asimismo, mientras el FMLN
siga concibiéndose y funcionando como un partido de cuadros,
el populismo lo va a perseguir como un fantasma, con todos los
peligros -chantaje, corrupción, compromisos y prebendas- que
ello trae consigo.
Las memorias de la labores de los ministerios de
Economía y Hacienda
Durante el último año, ha sido innegable una
relativa desmejoría del ámbito económico, no
sólo por la reducción de la tasa de crecimiento, sino
también por la notable desconcertación en torno a las
medidas de política económica. Sin embargo, diversas
fuentes gubernamentales sostienen que las perspectivas de
crecimiento aún son buenas y que no existen presiones sobre
las grandes variables macroeconómicas.
La Memoria de Labores 1995-96 del Ministerio de
Economía y del Ministerio de Hacienda sostienen esta
visión al momento de evaluar la política comercial,
el comercio y la inversión y la situación de las
finanzas públicas. Sin embargo, aunque ambos aseguran haber
contribuido a la estabilidad macroeconómica al mismo tiempo
aceptan que durante el último año se han registrado
mayores desbalances.
Esto es en parte resultado del inicio del proceso de
"modernización" del Estado, la cual ha comprendido reformas
en la estructura organizativa estatal. El cierre o la fusión
de diversas instituciones de gobierno, entre ellas el Ministerio de
Planificación, ha debilitado la capacidad del Estado para
orientar las políticas de desarrollo más allá
del simple crecimiento económico con estabilidad. Pese a que
el discurso oficial acepta la importancia de que el Estado promueva
el desarrollo social, en la práctica éste más
bien parece querer retirarse de este ámbito.
En las siguientes líneas se argumenta que los ramos de
economía y hacienda no están desempeñando el
papel de orientadores del desarrollo económico, sino
más bien están dedicados enteramente a tratar de
sostener, con magros o nulos resultados, la estabilidad
macroeconómica.
Los esfuerzos para lograr la estabilización
De acuerdo al Ministerio de Economía, el comportamiento
de la balanza comercial durante el año anterior
habría mostrado una clara tendencia hacia el crecimiento de
su déficit, producto de un incremento de las importaciones
mayor que el registrado por las exportaciones. La política
comercial desarrollada por el Ministerio de Economía se
habría concentrado, entre otras cosas, en la búsqueda
de nuevos socios comerciales, en el desarrollo de negociaciones
regionales y extraregionales y al impulso del proceso de
desgravación arancelaria. En algunos casos se ha propuesto
el libre comercio con países como Guatemala, Honduras,
México y Panamá.
Para promover las exportaciones el Ministerio de
Economía habría realizado gestiones para incrementar
la presencia del país en ferias internacionales, incrementar
la comunicación y, más importante que lo anterior, la
implementación del Programa de Mejoramiento de la
Competitividad de El Salvador. Este programa contemplaría
acciones en los campos de capacitación empresarial para la
modernización, promoción-fomento de inversiones y
exportaciones, agilización de trámites y, finalmente,
promoción del país hacia el exterior.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda habría
concentrado sus esfuerzos principalmente en el mantenimiento del
equilibrio macroeconómico, para lo cual "se debió
adoptar importantes medidas tributarias, que incluyeron cambio de
bases y tasas impositivas, al tiempo que se profundizó los
esfuerzos administrativos para mejorar la recaudación".
En esa línea se habría logrado un importante
incremento en los ingresos corrientes, especialmente por el
incremento de las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), lo cual compensó e incluso superó la
reducción de los ingresos tributarios por efecto de la
desgravación arancelaria. Así, se establece que "Del
total de ingresos, los tributarios representaron el 92.9 por
ciento, cuatro puntos porcentuales más que el año
anterior"
Por su parte, el gasto total experimentó un incremento
superior al de los ingresos, debido a un incremento de los egresos
corrientes en sueldos y salarios, bienes y servicios y
transferencias al sector privado.
Como resultado del comportamiento de ingresos y gastos, el
saldo de las finanzas públicas pasó de un
superávit de 1,100.1 millones de colones en el
período junio 1994-mayo 1995 a un déficit de 833.1
millones de colones para el período junio 1995-mayo 1996.
Los vacíos de las políticas
Las memorias recién reseñadas dan cuenta de dos
variables macroeconómicas (balanza comercial y el
déficit fiscal) sin considerar otros elementos como el
crecimiento de la producción y los precios. Estos dos
elementos, al igual que el tipo de cambio externo, dependen mucho
del manejo que el Banco Central de Reserva haga del crédito
y de los flujos monetarios.
Aún considerando sus limitaciones, puede notarse que la
capacidad de acción de estas instituciones es bastante
limitado; basta con observar que ambas reportaron empeoramientos en
el ámbito macroeconómico a su cargo. Como se
mencionó arriba, los resultados obtenidos por estas
dependencias estatales serían: una profundización del
déficit de la balanza comercial y un resurgimiento del
déficit en las finanzas públicas; dos de los
sempiternos problemas de la economía salvadoreña.
Evidentemente, las gestiones de los mencionados ministerios
han sido insuficientes para responder siquiera a los requerimientos
de la estabilidad macroeconómica, aunque por diversas
razones.
En el caso de la balanza comercial, es claro que la
política seguida por le Ministerio de Economía otorga
mayor importancia a la búsqueda del libre comercio,
descuidando así el aspecto de la promoción de las
exportaciones. El sector agropecuario y el sector industrial no
resultarán favorecidos de un proceso de
liberalización del comercio debido a su retraso
tecnológico y administrativo; el Programa de Mejoramiento de
la Competitividad de El Salvador aunque es una importante
iniciativa para estimular el crecimiento de las exportaciones
aún es incipiente y no ha tenido ningún impacto en el
comportamiento de las exportaciones.
Las finanzas públicas, por otra parte, vienen siendo
manejadas con criterios claramente expansivos, aún a costa
de una estructura tributaria más regresiva, que a final de
cuentas es incapaz de evitar el déficit fiscal; el
incremento del IVA ha sido la muestra más reciente de ello.
Para mayo de 1996, un 49.8% de los ingresos tributarios
provenían de la recaudación del IVA, lo cual aunque
compensó la reducción experimentada por los impuestos
a las importaciones, no evitó que se registrara un elevado
déficit fiscal.
De este modo, la reforma del sistema tributario habría
mostrado en el último año su incapacidad para
solventar el desequilibrio de las finanzas públicas; lo cual
es muy cuestionable considerando que ha colocado la mayor carga
tributaria sobre los sectores de menores ingresos, precisamente
aquellos que más deberían favorecerse del gasto
público.
Modernización y desarrollo
Los informes del ramo económico-social del gobierno han
perdido mucho con la desaparición del Ministerio de
Planificación, pues este, además de presentar una
visión integral de la situación
macroeconómica, también presentaba los resultados de
la política social del gobierno en términos de
reducción de la pobreza.
De esta forma la modernización del Estado, pese a
perseguir el desarrollo social como fin último, está
restando importancia a la lucha por la reducción de la
pobreza y, peor aún, no está logrando mantener la
estabilidad de las finanzas públicas comprometiendo mucho
más las posibilidades de incrementar el gasto social a
niveles adecuados para reducir la pobreza.
En este nuevo escenario, debe enfatizarse en la necesidad de
que el gobierno cuando menos cumpla con los ofrecimientos de su
Plan de Desarrollo Social, pues de lo contrario el crecimiento
económico continuará siendo insuficiente para
estimular el desarrollo social. Entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Tránsito
Innegablemente la cuestión del ordenamiento vial ha
venido cobrando cada vez mayor fuerza y ha pasado a ocupar el
puesto de una de las más urgentes tareas a ser resueltas.
La evidente insuficiencia de las arterias capitalinas para
sustentar el galopante aumento de los automotores, la falta de
lineamientos universales de conducción en ellas y el caos
del servicio público de transporte, entre otros, son
muestras inequívocas de esta urgencia. Con la finalidad de
solventar el problema fue decretado a finales del año
pasado, el decreto 477, con el que se sustituyó el arcaico
Reglamento General de Tránsito de 1946 por la Ley de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial. En su
momento, la Ley y el nuevo Reglamento de Tránsito que le
acompaña despertaron agrias discusiones entre las
autoridades del Viceministerio de Transporte, los empresarios de
transporte público, los usuarios de éste y el
público en general. Las controversias hallaban su origen
en la novedad de las exigencias del reglamento y las multas que
se aplicarían en el caso de que éstas no fueran
acatadas. La pregunta de fondo era y continua siendo, ¨es
realista aplicar una ley con innegables y modernos avances en un
país con escacez de recursos materiales y una total
ausencia de cultura y educación vial? ¨contarían
las autoridades encargadas del transporte con los suficientes
recursos administrativos, humanos y materiales para llevar a buen
término una ley que promete cambios estructurales y no
sólamente cosméticos?
Pese a la oposición de algunos sectores, en especial
del sector de los empresarios de autobuses, el Reglamento de
Tránsito, parte de él, entró en vigencia
desde el primero de julio de este año, siendo
acompañado previamente de una amplia labor de
señalización de las principales arterias del
país, de un reordenamiento del sentido de
circulación de algunas de ellas y de una
readecuación de las paradas de autobuses en las zonas de
mayor congestioamiento vehicular. Ciertamente el Viceministerio
de Transporte ha mostrado con su decisión y continuo
avance en la aplicación de la nueva ley que ella se
hará real pese a todo, sin embargo existen puntos que por
no haber sido tomado debidamente en cuenta o por su
ambigüedad hacen dudar de la funcionalidad y aplicabilidad
de la ley en su conjunto. Ellos son, principalmente: a) la falta
de una previa campaña de educación vial; y b) la
ambigüedad en el trato que se les da a los buses y los
microbuses.
Educación vial
Como ya antes habíamos señalado, entre otras
cosas (Proceso, 694), el éxito del proyecto de
ordenamiento vial depende fundamentalmente de dos elementos: una
base material (los costos de poner a tono a las arterias, los
automotores privados y de servicio público con las nuevas
exigencias) y una base cultural (el conocimiento expreso de los
ciudadanos de las normas a acatar y una actitud de estos a
hacerlo). Si se considera que hasta el 12 de julio, once
días después de la puesta en vigencia del
reglamento, el viceministro de transporte, Julio Valdivieso,
anunciaba el inicio de una campaña de difusión en
la que se concientizaría e informaría de las nuevas
disposiciones para luego, a partir de agosto, divulgar las
restricciones y las multas a los infractores, es claro que se ha
iniciado con el pie izquierdo, pues ¨cómo esperar que se
acaten normativas que se desconocen? ¨cómo contar con la
amenaza del castigo que hace cumplir la ley cuando no hay certeza
explícita de quién y de qué manera se
convierte en infractor de ella? Así al problema que
representa el disponer de un número no despreciable de
agentes policiales para vigilar el cumplimiento de la ley y que
los ciudadanos lo hagan únicamente cuando uno de ellos
esté presente para llamarle la atención o multarle,
se agrega la ignorancia de las normativas. Si la falta de la
educación vial representa ya un grave problema -agravado
por el hecho de que la Ley no fue sometida a discusión
pública-, ya que el motorista y el peaton no
dispondrán de los criterios para intentar conducirse de
manera ordenada, representará un problema mayor para el
Estado el disponer de una estructura administrativa lo
suficientemente eficiente como para no entraparse con la ingente
cantidad de multas y confiscaciones de automotores que por
consecuencia será razonable esperar. Con esto el nuevo
reglamento más que imponer orden magnificaría el
caos administrativo ya existente. Desde el principio, y en un
punto esencial, se ha cometido un grave error.
Renovación y requisitos de las unidades de transporte
En el transcurso de los ya atávicos conflictos entre
los propietarios de autobuses, microbuses y el gobierno se ha
hecho manifiesta la debilidad de este último para hacer
imponer el orden frente a la obstinación de los primeros
por hacer valer sus intereses. La validez que pudo haber tenido
en su inicio la denuncia de los empresarios de autobuses de estar
expuestos al ejercicio de una þcompetencia deslealþ por parte de
los microbuses que mermaba peligrosamente sus ganacias, ha
desaparecido por completo cuando pese a los esfuerzos de las
autoridades pertinentes -con todo y lo erráticos que se
quiera-, e incluso los mismos microbuseros, por ordenar y
legalizar esta situación los buseros continuan usando este
pretexto para negarse a acatar las ordenanzas emanadas del
Viceministerio de Transporte. Al parecer, el gobierno ha dado
más importancia a la capacidad de intimidación de
los gremios de autobuses que a la necesidad de aplicarles mano
dura con el fin de beneficiar a los usuarios. Esta debilidad
gubernamental, de una u otra manera, ha sabido colarse hasta el
nuevo reglamento. Ciertamente éste dispone de serias
sanciones para los autobuses que se conduzcan de manera
irresponsable (alta velocidad, bajar a los usuarios en lugares no
indicados, música estridente, irrespeto a los pasajeros),
pero no es del todo claro en un punto modular para la seguridad
de los usuarios: los requisitos en el modelo y el año
autorizados para circular. La franca oposición mostrada
por los propietarios de autobuses a que se estipulara como
obligatorio que las unidades fueran de þmodelo recienteþ (se
habló de modelos a partir del año 86) hizo que no
se designara un año en concreto y que ello quedara para
posterior discusión, cosa que hasta la fecha no se ha
realizado y que ha permitido que unidades francamente obsoletas
sigan brindando servicio. Se paso, entonces, a centrar la
atención en los requisitos de espacio y capacidad de los
buses y microbuses, especialmente de los segundos. Ello pese a
que el número de unidades nuevas o renovadas es más
grande en el sector de los microbuses que en el de los autobuses
(según la Asociación de Distribuidores de
Vehículos, desde 1991 se han vendido 5 mil 200 microbuses
destinados al transporte de pasajeros). Este trato, de cierta
manera preferencial cuando no puede afirmarse tajantemente la
superioridad de un servicio sobre el otro, no da pie para afirmar
que el perenne conflicto entre buseros y microbuseros vaya a ser
resuelto, sino, al contrario, avivado aún más.
En conclusión, estos dos puntos flacos muestran que
pese a lo visionario y a las buenas intenciones del nuevo
Reglamento
el problema del ordenamiento vial está todavía
lejos de encontrar la inmediata solución de la que dicen
disponer las autoridades del Viceministerio de Transporte. Se ha
tendido más bien a creer que la drasticidad y el
endurecimiento de las sanciones y las normativas resuelven por
sí mismas el problema, dejándose de lado sus
causas. Aun cuando se contara con los suficientes efectivos
policiales para vigilar el cumplimiento de la ley, aun cuando los
propietarios de automotores dispusieran de los suficientes
recursos para satisfacer los nuevos requerimientos y conducirse
de manera segura, aun cuando la infraestructura vial fuera
óptima, todo esfuerzo es vano si no se ha se ha realizado
la tarea de introyectar en cada ciudadano las normas y los
reglamentos para conducirse de manera segura en las redes viales
del país.
La coyuntura actual en Costa Rica
La actual coyuntura por la que transita Costa Rica no es
ciertamente nada bonancible. Prueba de ello son los
acontecimientos ocurridos recientemente, entre los que destacan
los siguientes: en primer lugar, las notorias divergencias
existentes entre la fracción del Partido Liberación
nacional (PLN) y el ejecutivo. Ello ha sido evidenciado en las
constantes declaraciones hechas por parte de los diputados de la
bancada del partido oficial en relación al actual manejo
en materia de política económica que desarrolla el
presidente Figueres. Más concretamente, el día 22
de julio, los diputados del PLN, Luis Gerardo Villanueva y
Edelberto Castilblanco, hicieron manifiesto que la
fracción legislativa de la que forman parte no tiene claro
qué es lo que el Ejecutivo pretende hacer con el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), institución encargada
de la energía y las telecomunicaciones. De allí que
se puede concluir que los 28 congresistas del partido en el poder
esperan mayor transparencia de parte del gobierno durante este
proceso de cambio. Asimismo, quedó evidenciado que, como
fracción, se oponen a la privatización o venta del
patrimonio en cuestión. En esta misma línea, se
manifestaron y dejaron claro que velarían porque la
apertura de la entidad mencionada -a las alianzas
estratégicas y las coinversiones- no signifique perder el
control que se ejerce en la prestación de los servicios
que brinda.
En contraste con lo expresado anteriormente, el Presidente
del Directorio Ejecutivo del PLN, Rolando Araya, afirmó
que el planteamiento oficial sobre este asunto ha sido claro,
añadiendo que la cúpula del partido no era ajena a
tales medidas y que, en una reunión celebrada, "hace como
mes y medio", con René castro, Ministro de Ambiente y
Energía; y Roberto Dobles, Presidente Ejecutivo del ICE,
les fueron dadas a conocer.
Como puede verse, existe una contradicción abierta
entre los miembros del partido en el poder, en lo referente a las
medidas que implementa la administración de Figueres en
materia de privatización. Por lo demás, el Poder
Ejecutivo realizó, el sábado 20, una reunión
con la cúpula del PLN y sus diputados, en la finca La
Lucha, ubicada en San Cristóbal de Desamparados. En tal
oportunidad, se tenía en la agenda como punto a discutir
la tranformación del ICE. Sin embargo, el punto no fue
abordado por falta de tiempo, por lo que ha quedado pendiente de
ser discutido en un próximo encuentro a celebrarse el 6 de
agosto.
Con todo, es importante señalar que el problema no
está solamente en que el gobierno de Figueres dialogue con
la cúpula del partido y sus diputados, sino que, visto
desde una perspectiva más democrática, es urgente
que dialogue con el pueblo. Justamente, porque el manejo de las
instituciones públicas no solo es responsabilidad de los
gobiernos en turno, sino también le corresponde a las
mayorías populares pronunciarse para hacer saber que es lo
mejor para el país. Y este debe ser un criterio que debe
tener prioridad en materia de política económica, y
no solo lo que conviene al país para integrarse a la
globalización a la que asiste la región
centroamericana en la súltimas décadas.
En segundo lugar, la coyuntura estuvo marcada por los
severos ajustes que enfrentan las familias de clase media y alta
del Area Metropolitana con el fin de enfrentar el incremento en
el costo de la vida durante el primer semestre de este
año, según lo reveló una encuesta elaborada
por el Instituto de Estudios Sociales en Población
(IDESPO), de la Universidad Nacional (UNA), titulada "La
actuación del Gobierno y su impacto sobre la vida
cotidiana de los costarricenses". Según lo revela dicho
estudio, un 91,1 por ciento de los ticos que habitan el Area
Metropolitana han tenido que reducir gastos con el fin de salir
adelante ante el incremento en el costo de la vida. Afirma la
encuesta que el aumento inflacionario acumulado a junio del
presente año fue de 6,83 por ciento. La consulta fue
efectuada telefónicamente, con una muestra de 305 personas
que representan a los habitantes de clase media y alta, cuyas
edades oscilan entre los 18 y 70 años. Asimismo, se debe
destacar que en diciembre de 1995, el IDESPO había
realizado una investigación similar, aunque en esta nueva
investigación se registran ajustes más graves por
parte de la población.
El estudio de diciembre del año pasado reportó
un 77,4 por ciento que hizo ajustes en la alimentación,
durante el presente año lo ha tenido que hacer el 85,2 por
ciento, lo cual implica que se ha dado un incremento de 7,8 por
ciento. En el rubro de transporte los sacrificios realizados
fueron los que tuvieron el mayor crecimiento: en diciembre de
1995 un 38,3 por ciento hicieron ajustes, seis meses
después lo ha hecho un 79,1 por ciento, lo que representa
un aumento de 40,3 por ciento según lo revela dicho
estudio.
En el rubro de educación, el año de 1995
registró un 28,9 por ciento que hicieron ajuste, seis
meses después lo ha hecho un 54,7 por ciento, lo que
representa un aumento de 25,8 por ciento. En esta misma
línea, un 8,9 por ciento de la muestra sacó a sus
hijos de escuelas privadas para transferirlos a las
públicas con la finalidad de disminuir gastos en este
rubro.
El estudio antes citado muestra una vez más, la
actual situación que se viene desarrollando sobre el
panorama costarricense en los últimos meses y, por
consiguiente, los derroteros por los que se encamina Costa Rica
en lo que resta del año en curso. Es decir, que de
continuar por el mismo rumbo que recorre hasta este día
este país centroamericano, no puede esperarse que las
condiciones de vida, que se han venido deteriorando en los
últimos años, puedan mejorarse, sino todo lo
contrario. Si se hacen los esfuerzos necesarios y oportunos para
corregir las actuales situaciones que aquejan a las grandes
mayorías de este país, indudablemente que se
estará a tiempo de rescatar lo mejor que a este pueblo se
le puede dar. De no ser así, se estaría ante una
oportunidad histórica perdida, precisamente porque si
pudiendo corregirse el rumbo hasta hoy recorrido no se hace.
En tercer lugar, estuvo la llegada del huracán
César, que el pasado 27 de julio hizo su aparición
en territorio costarricense y cuyo paso dejó cuantiosos
daños entre los que se registran: más de 30 muertos
y un similar número de desaparecidos; más de 50
puentes destruidos o en malas condiciones; cerca de 571.367
afectados sobre todo en el área sur del territorio de
Costa Rica; alrededor de 20.000 millones de colones en
daños según cálculos conservadores. Sumado
esto a la crisis por la que atraviesa este país, puede
decirse que la actual situación que vive los
costarricenses no es la mejor, ni mucho menos la que se puede
esperar y desear. Pese a todo lo antes apuntado, cuando al
gobierno de los Estados Unidos se le solicitó la ayuda de
helicópteros, tanto para labores de rescate como para
transporte de alimentación, equipo médico a las
áreas afectadas por este fenómeno natural, ante tal
petición, dicho país respondió que
cobraría a Costa Rica 7 mil dólares la hora por el
alquiler de cada uno de los aparatos. Cabe hacer la siguiente
reflexión ante la respuesta dada por los Estados Unidos:
¨por qué cobrar tan alta suma a un país que
está enfrentando una situación de emergencia como
la que ha vivido costa Rica por los daños causados?, si en
otro tipo de circunstancias este país ha utilizado los
recursos de nuestra región para llevar a cabo operaciones
encubiertas.
Funciones de la Asamblea Legislativa
Oscar Martínez Peñate
Departamento de Sociología
Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas"
La Asamblea Legislativa tiene funciones que le son propias, y es
la ejecución u omisión de éstas las que le
definen su idoneidad o disfuncionamiento y el nivel interno de
desarrollo de la institución.
CUADRO No.1
ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES
DEL PODER LEGISLATIVO
Llamar a los ministros a las
comisiones legislativas y a las
plenarias para que brinden
información
Interpelar e interrogar a los
ministros
Conceder permiso al presidente
del país para viajar al
extranjero
Declarar estado de sitio y
declaración de guerra
Otorgar distinciones
honoríficas,
títulos de reconocimiento
y gratificaciones, etc.
Otorgar concesiones y autorizar
privatizaciones
Elección del ministro de
defensa y otorgar los grados de
ascenso de los oficiales de la
fuerza armada
Aumentos del precio de los
servicios públicos
Recibir y analizar las memorias
anuales de labores de los
miembros del Ejecutivo
Declarar la inhabilidad del
presidente
Ratificación de tratados
Legislar y controlar la
aplicación de las leyes y
de sus respectivos reglamentos
Otorgar indultos y
amnistías
Representativa
Nombramiento de embajadores y
otros cargos diplomáticos
Aprobación de los impuesto
municipales y otros Emitir moción de censura
(veto legislativo)
Responsabilidad penal de los
ministros
Conceder autorización al
Ejecutivo para contratar
créditos
Revisión constitucional
Conceder o negar permiso a
nacionales para que acepten
cargos diplomáticos que
deban ser ejercidos en el
país
Elección de algunos
funcionarios públicos
Aprobación del
presupuesto general de la
nación
Crear comisiones de
investigación
específicas
Las comisiones legislativas y el plenario tienen el derecho
de llamar a los ministros u otros funcionarios públicos
con excepción de los miembros del Poder Judicial, de igual
forma a particulares para que presenten informes o respondan
preguntas de interés para los diputados, con lo cual los
parlamentarios ampliaran su visión sobre determinados
asuntos de trascendencia nacional, lo que les permitirá
emitir dictámenes con la mayor información posible
sobre determinados proyectos de ley.
Tanto los funcionarios públicos como los particulares
que no se presentasen al llamado de las comisiones o del plenario
o no enviasen la información solicitada en el tiempo
requerido, igualmente si se presentasen y diesen
información falsa o tergiversada serán objeto se
sanciones por parte de la Asamblea Legislativa lo que conlleva el
establecimiento de acciones judiciales que serán
tramitadas en los tribunales.
CUADRO No.2
SOLICITUD DE INFORMES A FUNCIONARIOS PúBLICOS Y A
PARTICULARES
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA
RICA REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL
SALVADOR Art.111
Las comisiones permanentes y especiales, por medio
de sus presidentes, y los diputados, en forma
personal, podrán solicitar toda clase de
informes a las instituciones del Estado.
Dichas solicitudes deberán ser atendidas
con prontitud y de manera prioritaria por las
instituciones y los funcionarios requeridos.
Art.112
Corresponde al Presidente de la
Comisión, previa moción aprobada al
efecto, requerir la presencia de aquellos
funcionarios y particulares cuya comparecencia en
la comisión se considere necesaria para la
decisión del asunto que se discute, con el
propósito de que sean interrogados por los
diputados.
Toda persona deberá asistir al ser
convocada, salvo justa causa, y, en caso de
renuencia, será conducida por la Fuerza
Pública. La persona citada podrá
asistir acompañada de un abogado, y negarse
a declarar en los casos en que así la
faculte la Constitución o la ley, y cuando
se trate de asuntos diplomáticos,
jurisdiccionales o militares pendientes.
El Presidente de la Comisión
tomará juramento a las personas que
asistieren, conforme con el Código de
Procedimientos Penales. En caso de que faltare a
la verdad, se aplicarán sanciones previstas
en el Código Penal, de acuerdo con las
disposiciones generales del Código de
Procedimientos Penales. Art.14
Cuando las Comisiones estimen conveniente,
por razones de la importancia de los temas a
tratar, podrán llamar a su seno a cualquier
persona o funcionario, con el objeto de que la
ilustre o auxilie en sus trabajos. Asimismo,
reclamar de los otros órganos del Gobierno
y solicitar de instituciones privadas por medio de
la Junta Directiva, cuantos informes y documentos
sean necesarios.
FUENTE: ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, Reglamento de la Asamblea Legislativa, San José,
Investigaciones Jurídicas, 1995, pp.60-61
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPúBLICA DE EL SALVADOR, Reglamento interior de la Asamblea
Legislativa, San Salvador, S.p.i., 1983, p.7.
En el caso de El Salvador, no existe reglamentación
ni sanciones para garantizar que los funcionarios públicos
envíen la información solicitada por los diputados
en el tiempo estipulado; de igual manera no hay dispositivos
jurídicos para sancionarlos por mentir o tergiversar la
información que les soliciten las comisiones permanentes
ni el plenario. Según el diputado Eugenio Chicas,
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social:
Continuamente se solicita información, nada
menos de nuestra comisión hemos solicitado a
distintas instituciones del Estado, Ministerio de
Trabajo por ejemplo, desde la Comisión de
Trabajo al Ministerio de Trabajo, al Seguro Social a
los jueces, por ejemplo, pero esa información,
en algunos funcionarios es ágil y la
envían, muchos funcionarios no la
envían o la envían con mucho retraso
cosa que luego ya no es útil o la
información es incompleta (Entrevista, 1995).
Por otro lado, los funcionarios públicos, a
excepción de los miembros del Poder Judicial, pueden
presentarse cuando lo consideren conveniente, con la previa
aprobación de la comisión o del plenario.
Tendrán derecho a voz pero no a voto y observarán
las mismas reglas sobre los deberes y derechos de los diputados
estipulados en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa,
con excepción del voto, para que defiendan y promuevan sus
planes y programas de trabajo de sus respectivas instituciones,
con el propósito de tratar de lograr apoyo legislativo de
las acciones del Ejecutivo. En El Salvador, esta situación
tampoco se encuentra regulada ni el Reglamento Interior de la
Asamblea ni en la Constitución Política.
En este mismo sentido, en algunos países los
ministros y algunos funcionarios públicos tienen la
obligación de presentar cada año la memoria anual
de labores, que consiste en un recuento de las actividades
realizadas por su ministerio o institución, con el fin de
que los diputados y la población conozca lo que se ha
hecho en la gestión pública.
Al respecto la Constitución Política de El
Salvador en el Art.18 solamente dice: "recibir el informe de
labores que deben rendir el Ejecutivo por medio de sus Ministros,
y aprobarlo o desaprobarlo". Y en el Art.131, numeral 36, expresa
que la Asamblea debe: "recibir el informe de labores que debe
rendir el Fiscal General de la República, el Procurador
General de la República, el Procurador para la Defensa de
los Derechos Humanos, el Presidente de la Corte de Cuentas de la
República y el Presidente del Banco Central de Reserva de
El Salvador".
Las comisiones legislativas en otros países estudian
y analizan la memoria o memorias pertinentes a la labor que
desarrollan y confrontan la ejecución de la ley del
presupuesto y las otras leyes y reglamentos respectivos al
ministerio o institución; de esta forma también se
enteran de la actividad gubernamental, lo que les permitire
emitir opinión al respecto y, en caso de encontrar
anomalías, se forman comisiones o subcomisiones especiales
de investigación.
Pobreza: un fenómeno que no es natural
"Que triste se oye la lluvia, en los techos de
cartón; que lejos pasa la esperanza, en las casas de
cartón..." Hace más de dos décadas sonaba
esta tonada en los oídos frescos de José Domingo
Aldana, Carlos Humberto Hernández, Reynaldo Hasbún
Jiménez, Carlos Fonseca Mancía, Napoleón
Orlando Calderón y Sergio Antonio Cabrera. Estos
jóvenes þcuyo paradero se desconoce desde el 30 de julio
de 1975þ junto a otras y otros estudiantes universitarios que
murieron o fueron detenidos ese día, abonaron con su
sacrifico el doloroso trayecto del pueblo salvadoreño en
su prolongada lucha por vivir en una sociedad verdaderamente
justa y respetuosa de los derechos humanos. No obstante todo lo
sucedido a lo largo de esos años, aún siguen siendo
muy grandes los obstáculos que impiden lograr ese
objetivo.
"La violencia tiene hace tiempo carta de ciudadanía
en El Salvador. Está siempre latente en una
situación de tensa injusticia, de ofensiva desigualdad, de
mínimos vitales anormalmente bajos para las
mayorías rurales y urbanas". Quien piense que este
diagnóstico de nuestra sociedad salió de las
oficinas que instaló la observación internacional
en el país o de algún instituto de
investigación nacional, está equivocado; mucho
menos, proviene del los despachos gubernamentales desde los
cuales þconsciente o inconscientementeþ las cosas se ven de
manera muy diferente. Ese retrato tan actual de nuestra realidad
es una verdad dicha hace veintiún años, cuando el
Consejo Superior Universitario de la Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas" se pronunció a
raíz de los hechos sangrientos de aquel 30 de julio. Por
eso, insistimos, los obstáculos siguen siendo grandes al
igual que los peligros que se ciernen sobre el futuro nacional.
Y eso se comprueba con lo que sucedió hace unos
días: doce víctimas mortales, cientos de "champas"
en peligro de terminar soterradas, y sus habitantes ante el
dilema de tener que abandonarlas y perder sus escasas
pertenencias o quedarse para morir entre el lodo y las piedras...
Fue este el panorama al que se enfrentaron miles y miles de
personas en El Salvador, cuando la tormenta tropical llamada
"César" o "Douglas" se paseó por el territorio
nacional durante dos días, a partir del domingo 28 de
julio en la tarde. Lo mismo sucedió durante esos
días en el resto de Centroamérica, principalmente
en Nicaragua y Costa Rica; lo mismo sucedió también
en 1974, cuando fue el huracán "Fifí" el que
asoló la región.
Frente a este cuadro, surge la pregunta: ¨cuál es el
denominador común que más destaca de estas
situaciones que se repiten, año con año, en
nuestras latitudes? Pues, sin duda, la pobreza de la gente que
siempre resulta víctima de las inclemencias del tiempo o
de otros fenómenos naturales que afectan a nuestras
tierras, como los movimientos telúricos o las
sequías frecuentes. Es esa la realidad que debe ser
atendida con urgencia para evitar tragedias como las que,
nuevamente, ahora estamos lamentando; y, para ello, hay que
llamar las cosas por su nombre.
No fueron ni "César" ni "Douglas" los responsables de
tanto dolor, sino esa pobreza en la que viven sumidas cientos de
miles de familias que þaunque por ahora desaparezcan las nubes de
lluvia en el cieloþ siguen viviendo dentro de una sociedad oscura
por la injusticia que en ella prevalece y que las excluye de lo
más elemental para poder vivir dignamente. Es ese y no
otro el nublado horizonte que, por ahora, siguen teniendo ante
sus vidas y las de su descendencia.
"Miles de vidas de salvadoreños están colgadas
de cuatro hilos que cualquier acontecimiento un poco anormal
puede romper para siempre", decía el editorial de la
Revista ECA hace veintidós años tras el paso del
"Fifí". "El Salvador þse dijo entoncesþ vive
permanentemente en estado de emergencia" y al salir el sol, luego
de la tormenta, "ha puesto muy en claro que la situación
no puede ya más seguir así".
Y ante estos cuadros que se repiten afectando la
tranquilidad, la seguridad y la vida de cientos de miles de
personas, no se deben seguir poniendo "parches". No es, por
ejemplo, el Comité de Emergencia Nacional el que va a
resolver tales situaciones que trascienden lo coyuntural y se han
vuelto permanentes, pues esa institución sólo
alcanza a "tapar las goteras" de una país cuyas
estructuras se vuelven cada vez más débiles y
peligrosas; pero más irresponsable es pretender cambiar la
realidad con las grandes y millonarias campañas oficiales
de propaganda que þprobablemente pensando en las próximas
eleccionesþ alardean de un "desarrollo local" que no se ve, sobre
todo cuando la tormenta de la pobreza arrecia sin piedad
afectando a la mayoría de la población.
Ahora, como en otras dolorosas ocasiones, se culpará
a los "fenómenos naturales" o a la "gente necia" que
insiste en ocupar lugares de "alto riesgo" para construir
ahí sus remedos de vivienda. Ello, con el fin de evadir
responsabilidades y tranquilizar las conciencias de aquellas
personas que aún las tienen realmente activas, pero que no
alcanzan a ver la verdadera raíz del problema. Para no
seguir dando "palos de ciego", hay repartir bien las culpas y
cobrar mejor las facturas a quien verdaderamente corresponda.
"Al César lo que es del César" o a "Douglas"
lo que le toca: simplemente una tormenta tropical de considerable
fuerza, pero hasta ahí; a "Dios lo que es de Dios" y no
más, pues es muy cómodo pero peligroso decir "ni
modo, son los designios del Señor", cuando no es
así. Entonces, lo que debemos hacer es asumir de una vez
por todas que el problema fundamental se encuentra en una
sociedad injusta en la que continúan existiendo techos y
casas de cartón, como la prueba más evidente de lo
frágil que sigue siendo la paz en El Salvador.
"Agua que no has de beber..."
En El Salvador, sostiene el Centro para la Defensa del
Consumidor, "no todas las aguas envasadas son aptas para el
consumo humano". Esa es la conclusión a la cual
llegó recientemente la citada institución,
después de haber realizado una investigación sobre
la calidad de las aguas envasadas que se venden dentro del
área metropolitana del país. Ya antes, entre 1994 y
1995, el mismo CDC þque es como se conoce a dicho Centroþ
había realizado otro análisis sobre la calidad del
agua potable servida por la Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Al difundirse los resultados del último de los
estudios mencionado, la gente que pudo conocerlos no quedó
muy animada para seguir consumiendo el agua de la empresa que þal
menos en teoríaþ todavía es de "servicio
público". Tras eso, quienes pudieron hacerlo decidieron
que era mejor comprar del "agua envasada" que comercializan en el
país algunas empresas privadas, confiando en que
así estaban garantizando su salud y la de su familia. Y
era lógico pensar de esa forma, pues la engañosa
propaganda lanzada a través de los medios de
difusión masivas e incluso la misma presentación de
los productos están diseñadas para que el
público crea eso.
Pero el CDC, consciente de su compromiso con el pueblo
salvadoreño, decidió hacer otra
investigación seria para verificar si esa opción
þla del agua envasadaþ "cumplía con las normas y
estandarice que rigen la producción y
comercialización de este producto". Y no se imaginan las
sorpresas que encontraron sus especialistas, después de
examinar þdurante cuatro mesesþ 146 muestras adquiridas en
tiendas, mercados, supermercados y estaciones de servicio.
Uno de los aspectos más importantes del estudio
desarrollado por el CDC en dichas muestras, es el del
análisis microbiológico realizado durante el mismo.
Con éste se logró determinar que las diversas aguas
que compramos diariamente, después de escuchar maravillas
sobre su "pureza", contienen diversos tipos de bacterias que las
convierten en productos "no aptos para el consumo humano".
Además, el CDC afirma que con ese análisis se pudo
demostrar que los controles de calidad existentes en el
país þesos que deberían servir para garantizar
procesos de producción realmente higiénicosþ "no
están siendo supervisados por las autoridades competentes"
debido, entre otras cosas, a "la falta de inspección del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social".
La anterior es la institución estatal responsable de
verificar si los productos que se ofrecen al público se
encuentran debidamente registrados y cumplen con las exigencias
establecidas en el Código de Salud. ¨Nos creerá
Usted si le decimos que de las diez marcas de "agua envasada" que
incluyó el CDC en su estudio, sólo tres poseen
registro sanitario?
Bueno, pero como no se trata únicamente de criticar
sino también de proponer, el CDC ha presentado algunas
propuestas que deberían ser consideradas con seriedad y
responsabilidad. Al gobierno, le recomienda que sólo
permita comercializar productos debidamente registrados y que
dicte una ley para regular todo el proceso de producción
de "aguas purificadas y envasadas", cuyo cumplimiento real
deberá ser vigilado por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.
A las empresas productoras les aconseja þentre otras cosasþ
revisar en forma periódica los procesos de manufactura,
los filtros y su mantenimiento; desinfectar inmediatamente todo y
esterilizar bien los envases retornables; descartar
definitivamente la presentación del agua en bolsas
plásticas y capacitar a su personal sobre medidas
higiénicas y la importancia de la salud.
Finalmente, para disminuir la contaminación del agua
en la casa þconociendo la mala calidad de la que nos ofrece ANDA
y la mayoría de empresas privadas que la comercializanþ el
CDC sugiere a las y los consumidores instalar un filtro, tratar
el agua con cloro, hervirla y dejarla enfriar en un lugar limpio
para que se oxigene nuevamente y, así, poder beberla.
Porque las otras, mientras sigan así de contaminadas,
mejor dejarlas correr...