© 1996 UCA Editores
año 17
número 719
julio 24
1996
ISSN 0259-9864
El laberinto gubernamental
Cuatro propuestas de desarrollo económico-social
Reflexiones en torno al VI Foro de Sao Paulo
Centroamérica: deterioro en la calidad de vida
De la autonomía a la coordinación de los tres
poderes del Estado
La FGR funcionó, ¨lo hará el sistema?
Discurso del ex presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo (II)
El laberinto gubernamental
Uno de los señalamientos más corrientes que
se hace al gobierno actual es su falta de coherencia. En los
últimos días una serie de contradicciones
públicas entre los diversos altos funcionarios
gubernamentales sobre asuntos de vital importancia para el
país confirma esa impresión generalizada de
inconsistencia y de falta de dirección. Estas
contradicciones no pasarían de ser una simple curiosidad
de un gobierno centroamericano si no reflejasen confusión
sobre algunas decisiones que afectan negativamente a la
mayoría de la ciudadanía.
El Comisionado Presidencial para la Modernización del
Estado declaró que se suprimiría el impuesto sobre
la renta, lo cual fue contradicho por los ministros de hacienda
y economía, quienes explicaron que se harían
algunas modificaciones en la tributación para favorecer
la producción nacional, pero que no se estaba pensando en
suprimir el impuesto en cuestión. Y agregaron que
quizás el Comisionado estaba pensando a muy largo plazo.
Pareciera, pues, que este último funcionario o no sabe de
lo que habla o desconoce lo que piensan los otros dos ministros
y, en cualquier caso, no hay claridad sobre los planes
económicos gubernamentales.
El Ministro de Obras Públicas anunció que
entregarían la administración de las autopistas a
empresas privadas, las cuales, a cambio, cobrarían peajes
por sus servicios. No hace mucho, el gobierno suprimió los
peajes y aumentó el valor de la matrícula de los
vehículos. Dicho incremento se justificó diciendo
que financiaría el mantenimiento de las vías
terrestres. Por lo que se ve, el costo de la matrícula
seguirá siendo elevado y, además, habrá que
pagar peajes. Tal vez mejore el estado de las carreteras y se
ahorre en el mantenimiento de los vehículos.
El gobierno dice estar empeñado en reducir el
tamaño del Estado y, en particular, la ingerencia de
éste en la vida nacional; pero el Ministro del Interior
insiste en controlar a las organizaciones no gubernamentales so
pretexto de evitar el lavado de dólares, como si
éste fuera el problema principal de estas organizaciones.
En realidad, con esta nueva ley, además de violar varios
artículos constitucionales, como el que garantiza el
derecho a la asociación, muestra la intolerancia
gubernamental ante la organización independiente.
Pareciera, pues, que la privatización no es un principio
universal. Así, mientras por un lado se promueve la
participación ciudadana, por el otro, sólo se
favorece aquella que depende del gobierno o del partido oficial.
Al comenzar su gestión, el presidente de ANTEL hizo
gran alarde de la suciedad que la corrupción había
dejado en la institución y del esfuerzo que debería
hacer para limpiarla. Sin embargo, la directiva que preside
concedió licitaciones millonarias muy cuestionables. Es
decir, el elefante del presidente actual de ANTEL sigue
produciendo suciedad en abundancia sin que nadie lo impida hasta
ahora. Asimismo, la millonaria campaña gubernamental para
convencer a la ciudadanía de las bondades de la
privatización, llamada eufemísticamente þaperturaþ,
afirma que el costo de los servicios públicos será
menor. Sin embargo, las tarifas domésticas de ANTEL ya se
han elevado sustancialmente. Si esto es ahora, qué
será después, cuando ANTEL esté en manos
privadas, las cuales buscarán el lucro ante todo.
Mientras el gobierno dice promover la apertura para atraer
la inversión y el turismo, el Ministerio del Interior
dificulta la obtención de visados y permisos para residir
en el país. Los obstáculos para ingresar y residir
en El Salvador son tan complicados y restrictivos como los de
cualquier país totalitario o bajo amenaza. A ello se suma,
además, la ineficiencia con la que dicho ministerio
tramita los documentos. No obstante las restricciones,
todavía se falsifican pasaportes salvadoreños.
El Presidente Calderón Sol se enorgullece de la
independencia de los poderes del Estado, pero se olvida de que
tal independencia es posible porque, previamente, el poder
ejecutivo y sus aliados en la asamblea legislativa se reparten
los cargos, asegurándose que los funcionarios que los
ocupan respondan a los términos de la alianza
política que hace posible el reparto. Es decir, los altos
funcionarios responden primero a los intereses de su partido que
a los de la nación. De esta manera, el ministerio
público queda sometido a intereses ajenos y, entre otras
cosas, los funcionarios y los políticos oficiales pueden
continuar gozando de impunidad. Cuando esto no es suficiente, se
emite una ley, como la que permite un trato privilegiado a los
alcaldes.
Finalmente, el Presidente Calderón Sol aseguró
rotundamente que en el país había libertad de
expresión, pero se le olvidó que quienes hablan
fuera de los esquemas preestablecidos por el discurso oficial son
amenazados de muerte por organizaciones clandestinas que su
gobierno no investiga ni persigue. Asimismo, pasó por alto
la existencia de monopolios de la comunicación, que
deciden que espacios se abren y a quién se permite hacer
uso de ellos.
Estas son algunas de las contradicciones más
flagrantes de los funcionarios públicos, en los
últimos días. Sin duda, en todo ello hay mucho de
política, es decir, de engaños, de olvidos
interesados y de medias verdades. Se trata de recursos para no
enfrentar la realidad de la vida nacional y así evitar
reclamos o protestas. De esta manera, los políticos
gubernamentales piensan poder sobrevivir sin mayores sobresaltos
en el puesto que ocupan, pero al mismo tiempo socaban la
credibilidad y la confianza de la población a la que dicen
servir y para la que afirman trabajar, y al mismo tiempo
entorpecen la llamada modernización del Estado, en la que
dicen estar empeñados.
Cuatro propuestas de desarrollo económico-social
Una de las características más notables de
la reciente coyuntura ha sido la difusión de una
diversidad de propuestas de desarrollo económico y
social. Además de la propuesta presentada recientemente
por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)
(Proceso, 716), durante los últimos meses se han
conocido las propuestas del partido Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). A
principios de 1994, y con motivo del inicio del mandato de un
nuevo gobierno, la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES) presentó
también su propuesta de desarrollo, de la cual muchos
aspectos son retomados por las propuestas que le siguieron
(Proceso, 605).
Llama la atención que las cuatro propuestas
coinciden en puntos básicos referentes al crecimiento
económico y la reducción de la pobreza, pese a
provenir de inspiraciones políticas diferentes; ello
denota un mayor acercamiento entre discursos políticos
tradicionalmente antagónicos, que podría allanar
el camino para la adopción de un programa de gobierno
de consenso.
No se trata de decir, empero, que existe convergencia
total de las propuestas de desarrollo, pues en realidad
existen diferencias en lo que toca a los medios propuestos
para alcanzar los grandes objetivos de la política
económica y social. Por ejemplo, para el FMLN y FUNDE
aún es importante, por ejemplo, recurrir a los
controles de precios para proteger los ingresos reales de las
familias; mientras que para FUSADES y la ANEP los controles de
precios no existen dentro de una estrategia de desarrollo.
El punto donde se encuentran las mayores divergencias es
el de la definición del papel que debe jugar el Estado
en la economía y en el desarrollo social. Aunque en la
actualidad las posturas neoliberales han puesto de moda las
políticas de reducción del Estado, ni siquiera
FUSADES o la ANEP aceptan un desmantelamiento total del Estado
y, por el contrario, proponen un papel activo de éste
en la promoción del desarrollo social; la diferencia
radica en el ámbito en el cual se permitirá el
ejercicio de su función social.
A continuación se muestran, en términos
generales, los planteamientos principales hechos por las
diferentes propuestas tratando de mostrar algunos objetivos
comunes de política, para luego mostrar las diferentes
concepciones del papel del Estado que pueden percibirse entre
ellas.
Contenido de las propuestas
La propuesta de FUSADES se fundamenta en dos aspectos
centrales: el crecimiento económico y la
disminución de la pobreza. De acuerdo a esta propuesta,
para lograr el crecimiento económico sería de
vital importancia fomentar el retorno de la inversión,
la estabilidad económica y el ahorro interno
(especialmente el ahorro público). ANEP presentó
una propuesta de desarrollo en términos similares,
aunque más amplia en otros aspectos como la
democratización y la protección del medio
ambiente. Según la ANEP, con la adopción de
algunas medidas de política económica, el
desarrollo podría ser alcanzado de un "solo salto", de
aprovecharse las nuevas condiciones que ofrece la
economía mundial.
Sin duda, ambas propuestas se destacan por colocar el
mayor énfasis en la promoción del ahorro interno
y del crecimiento económico; la atención de los
desequilibrios sociales por parte del Estado es considerada
sólo si no compromete los objetivos de estabilidad
económica.
Las propuestas del FMLN y de FUNDE también
consideran la importancia de estimular el crecimiento
económico y de desarrollar una política social,
con la diferencia que además contemplan otras medidas
para garantizar mejorías en las condiciones de vida de
los pobres. Entre las medidas de FUNDE para alcanzar el
desarrollo se encuentran políticas de
redistribución de activos, desarrollo social, seguridad
ambiental y fortalecimiento administrativo del Estado.
El documento del FMLN no es tan preciso para definir las
políticas que, a su juicio, generan desarrollo, pero
puede notarse énfasis en aspectos como el crecimiento
económico, el progreso social y la
democratización. Puede percibirse un ideal de Estado
"redistribuidor del ingreso" y, a diferencia de las restantes
propuestas, no insiste en el incremento del ahorro interno
como un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo
sostenible, limitándose a destacar la importancia del
crecimiento de los sectores agropecuario e industrial.
Las diferencias en el enfoque del papel del Estado
Pese a que las cuatro instituciones coinciden claramente
en la necesidad de estimular el crecimiento económico a
través del ahorro interno y en base a los sectores
agropecuario e industrial, difieren grandemente en lo que
respecta a los destinatarios de una posible bonanza
económica.
Evidentemente, las propuestas de ANEP y de FUSADES, al
perseguir exclusivamente el crecimiento económico y
reducir las funciones del Estado al desarrollo de una
política de compensación social, presuponen que
los mayores beneficiarios del proceso de desarrollo
serán los empresarios. Dadas las limitaciones para
incrementar el gasto público, la política social
en estas propuesta estaría destinada al fracaso.
La propuesta de FUNDE considera diferentes formas en que
el Estado debe intervenir para garantizar el desarrollo
social. Además de las políticas sociales, se
asigna al Estado un papel en aspectos como la
protección ambiental, la distribución de los
activos provenientes de la privatización y el
fortalecimiento administrativo del Estado. Por su parte, el
FMLN considera la adopción de políticas socio-
económicas y ambientales para garantizar el desarrollo
social. Esta particularidad distingue sus propuestas de las de
FUSADES y ANEP, ya que la mismas están diseñadas
no en función del crecimiento sino del bienestar
social.
Consideraciones
Desde la iniciativa de FUSADES sin duda se han operado
importantes avances en la formulación de propuestas de
desarrollo, tanto porque se han incluido las principales
problemáticas como porque se ha arribado a un primer
nivel de acercamiento entre las mismas. La inclusión
del tema del medio ambiente y la ampliación de la
discusión sobre el papel del Estado en el desarrollo
social han surgido como nuevos elementos anteriormente
ignorados o tratados muy brevemente en propuestas de
desarrollo anteriores.
Por otro lado, la mayor parte de los planteamientos
coinciden en la necesidad de fomentar el ahorro interno y de
orientar el crecimiento hacia los sectores agropecuario e
industrial, en buena medida debido a la creciente
terciarización que experimenta la economía. No
parece haber mayores diferencias en lo tocante al tipo de
crecimiento que se desea.
El punto donde aún resta por discutir es el
tocante al del papel del Estado en la economía y en el
desarrollo social. Es aquí donde se encuentran algunas
de las mayores diferencias entre las propuestas de desarrollo
que examinamos. Es difícil aceptar que el sólo
hecho de fomentar el crecimiento del agro y de la industria
conducirá a mayores niveles de empleo y de gasto y
desarrollo social. Es innegable la necesidad de crear un
Estado que oriente el crecimiento económico hacia el
desarrollo social, pues está históricamente
demostrado que no son sinónimos. En este contexto es
importante avanzar en la formulación de alternativas
viables para el financiamiento del desarrollo social.
Los aportes de las propuestas de desarrollo muestran que
en la actualidad existen mayores posibilidades de avanzar
hacia un programa de gobierno de amplia aceptación y
basado en los requerimientos del desarrollo sostenible. El
gobierno está en la obligación de rectificar
muchas de sus políticas, pues estas explican en buena
medida los problemas que persiguen atacar las propuestas de
desarrollo analizadas (destrucción ambiental,
proliferación de la pobreza, terciarización
económica, etc.).
Sin lugar a dudas, la diversidad de propuestas evidencia
que amplios sectores de la vida nacional consideran que el
desarrollo sostenible no se alcanzará a partir de la
política económica y social del actual gobierno.
Reflexiones en torno al VI Foro de Sao Paulo
En días recientes se ha percibido, a través
de los distintos medios de comunicación, un cierto
malestar de la izquierda (entiéndase el FMLN) por las
críticas que ha estado recibiendo, tanto de las
organizaciones sociales que constituyen sus bases como
también de los sectores críticos que observan su
actuación en la vida política del país, a
raíz de su desempeño en el proceso de
transición democrática. Las críticas se
centrarían en la pobreza propositiva del þfrenteþ ante
las medidas económicas implementadas por el gobierno
Calderón Sol, su alejamiento del sentir e intereses de
las clases que dice representar y su actitud de supuesta
indolencia ante la situación general del país,
misma que actualmente se caracteriza por un empeoramiento de
las condiciones de vida de las grandes mayorías.
Según han expresado en diversas ocasiones algunos
representantes del FMLN, las críticas además de
infundadas, ya que este partido político estaría
realizando su labor con el máximo empeño que
permite los recursos de los que dispone, olvidan el papel
histórico de la izquierda en los procesos socio-
políticos de El Salvador y Latinoamérica; papel
profundamente activo, entregado y dinamizador a favor de los
sectores tradicionalmente excluídos y marginados.
Aunque muchas de las críticas podrían ser
objeto de debate, algo que el FMLN no puede negar es su
debilidad práctica e ideológica como fuerza de
oposición en la arena política, producto de la
falta de renovación de los lineamientos desde los
cuales se orientarían sus propuestas de cambio. Los
vacíos y generalizaciones vagas de la propuesta
presentada por este partido meses atrás serían
muestras evidentes y palpables de esta debilidad; debilidad
que se eleva por encima de la mera crítica y se muestra
como un hecho comprobable. En este contexto, donde se juega la
viabilidad y continuidad del partido FMLN como fuerza
política coherente, digna de crédito ante el
electorado, la necesidad de reencontrarse con sus bases y
reencontrar un plan unitario y viable desde el cual orientar
su oposición al gobierno se vuele prioridad. En este
sentido, su participación como anfitrión en el
VI encuentro del Foro de Sao Paulo se prestaría como
una buena oportunidad para ello.
El Foro de Sao Paulo
El Foro de Sao Paulo es una organización que
agrupa a 112 movimientos y partidos políticos de
izquierda del área de América Latina y el
Caribe, los cuales se reunen año con año para
dialogar y sumar experiencias con dos objetivos generales: a)
la formulación de alternativas viables para confrontar
la crisis resultante del fallo del neoliberalismo (y los
efectos de la globalización); y b) crear nuevas
alianzas y situaciones de diálogo entre los movimientos
sociales y los partidos políticos de izquierda para
promover un nuevo tipo de comunicación entre las
sociedades de América Latina y el Caribe con el
propósito de fortalecer el cambio democrático.
La organización habría surgido en 1990 en
Sao Paulo, Brasil, þinspirada por las ideales de democracia,
revolución y socialismo que han estado presentes a
través de la historia del continenteþ. Algunos de los
supuesto del Foro son: a) latinoamérica y el Caribe son
regiones con una historia interconectada. La crisis por la que
ahora pasa cada región se origina por causas similares.
Por ello la solución a los problemas debe ser una,
ligada a un destino común; b) la naturaleza del nuevo
orden mundial urge la integración de las democracias a
través de alianzas políticas, económicas
y sociales sólidas entre los pueblos, los partidos y
los gobiernos de la región; c) el modelo neoliberal ha
generado más pobreza, ha destruido los sectores
productivos locales y ha devastado el medio ambiente, por el
enriquecimiento exorbitante de una elite financiera y sus
aliados comerciales.
Las reuniones anuales del Foro tendrían la
intención de þconvertir las palabras en acción,
mediante la formulación práctica de resoluciones
que puedan ser utilizadas para llevar adelante las causas de
la izquierdaþ. La sexta reunión, a partir de su
fundación, se llevará a cabo en El Salvador del
26 al 28 de julio de este año. Precediéndole una
serie de seminarios-taller donde se abordarán temas
como el papel y la situación de la cultura nacional, el
rol de la mujer en la sociedad, el medio ambiente y la
política (en concreto temas relacionados con el
parlamentarismo y la municipalidad). Estos tendrían
como finalidad presentar puntos formales a tener en cuenta
durante la realización del Foro, el cual, en
definitiva, pretende hallar respuestas unificadas que permitan
realizar una acción coherente frente a los retos y
desafíos que presenta la globalización y el
neoliberalismo.
Consideraciones
En primer lugar, del hecho que El Salvador sea la sede
del VI encuentro no puede seguirse que el papel del FMLN en el
mismo sea más que el de uno de sus participantes. El
poder de convocatoria y la fuerza política de dicha
institución no se mostrará, ni se muestra, en la
realización del Foro aquí en El Salvador (pues
bien pudo tener otro país como anfitrión), sino
en la lúcida y acertada participación que en
él haga. De las lecciones que la izquierda nacional
aprehenda y de la capacidad de ponerlas en práctica
para llevar a cabo una gestión política
coherente, dependerá el éxito o fracaso que para
la izquierda nacional represente el Foro. Así, el VI
encuentro es más atinado entenderlo como una brillante
oportunidad para consolidar y aunar fuerzas, que como un logro
real y acabado del FMLN.
En segundo lugar, la realización del Foro
será útil en la medida en que el hecho de la
globalización y sus efectos locales sea desubjetivizado
y abordado desde una óptica objetiva que deje a un lado
la retórica y la diabolización del actual
proceso histórico. Sólo en tanto que la
globalización pueda ser vista como el hecho que es, es
decir, entendida a cabalidad en sus procesos y efectos,
podrán hallarse soluciones y respuestas viables que
inicien el camino del cambio esperado por las mayorías
desposeídas. La participación en el Foro,
entonces, deberá estar orientada más a entender
aquello contra lo que se lucha que a participar con las
visceras y el voluntarismo revolucionario.
Finalmente, que el gobierno Calderón Sol haya
permitido que el país sea sede del evento no es muestra
inmediata de la apertura democrática y la tolerancia
(tómense en cuenta las torpes y autoritarias amenazas
de deportación ante cualquier signo de actividad
política desestabilizadora realizadas por el Ministro
del Interior) de las cuales pretende hacer gala. Ellas se
mostrarán tanto como luego de finalizado el Foro se
acepten y se pongan en práctica las soluciones
alternativas que presente la oposición, y cuando se
abandone la tendencia a marginarla de las decisiones
trascendentales para el país.
Centroamérica: deterioro en la calidad de
vida
En el último informe que dio a conocer el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se analiza la
situación de 174 naciones y establece una
clasificación en función del Indice de
Desarrollo Humano (IDH), que depende de tres variables que
son: esperanza de vida, nivel de educación y de renta
ponderada.
Dentro de los países que se incluyen entre los 57
países con un desarrollo elevado se encuentran
Argentina, que ocupa la posición número 30;
Costa Rica, 31; Uruguay, 32; Chile, 33; Panamá, 43;
Venezuela, 44; México, 48; y Colombia, 49. Más
atrás, y dentro del grupo de un desarrollo medio, se
sitúan Brasil, con la posición número 58;
Ecuador, 64; Cuba, 79; Paraguay, 85; República
Dominicana, 87; Perú, 91; Bolivia, 111; Guatemala, 112;
Honduras, 114; El Salvador, 115; y Nicaragua, 117. Fuera de
ambos grupos queda Haití que, con la posición
145, está entre los 48 países menos
desarrollados del mundo.
El desarrollo humano se puede alcanzar cuando las
personas están en condiciones de acceder a aquello que
es necesario poder alcanzar un nivel de vida satisfactorio.
Asimismo, según los datos disponibles, que corresponden
a 1993, la esperanza de vida en las naciones centroamericanas
es, en Guatemala, de 65,1 años, por debajo del nivel de
los países de desarrollo medio (67 años) y muy
inferior a la media para toda la región latinoamericana
y caribeña (71,2 años). A diferencia de la
anterior, la esperanza de vida en Nicaragua es de 67,1
años y de los hondureños es de 67,9 años,
ligeramente por encima del nivel de los países de
desarrollo medio, pero inferior al de toda la región
latinoamericana. Por su parte, la de Panamá es de 72,9
años, cerca de la media para los países con un
desarrollo alto, que es de 73,8 años. Entre los logros
costarricenses figura una esperanza de vida de 76,4
años, la cual es superior no sólo a la de toda
la región, sino también a la media de los
países con mayor desarrollo humano (73,8 años).
El índice más bajo dentro de América
Latina lo tiene Bolivia, con una esperanza de vida de 59,7
años.
Según el informe del PNUD, en el campo de la
educación -en lo que respecta a los índices de
alfabetización de adultos-Guatemala posee el más
bajo de toda la región, con sólo un 54,6 por
ciento de los adultos, frente a Uruguay que tiene el 97 por
ciento, el más alto de la zona, siendo la media
latinoamericana del 85,9 por ciento. Nicaragua cuenta con un
65 por ciento; Honduras con un 71,4 por ciento, con lo que
supera los índices de Guatemala, Nicaragua y El
Salvador. Por su parte, Panamá supera a Honduras con un
90 por ciento, y este país es rebasado por Costa Rica
que tiene el 94,5 por ciento, siendo inferior a los de
Argentina, Uruguay, Cuba y Chile, que oscilan entre el 96 y
94,7 por ciento.
En el nivel de escolaridad global (que incluye todos los
niveles) Nicaragua posee el 61 por ciento, mayor que el de
Guatemala (45 por ciento) y El Salvador (54 por ciento) y
similar al de Honduras. Mientras que Costa Rica y
Panamá alcanzan 68 y 69 por ciento, respecivamente.
Sobre el PIB real percápita, Panamá
alcanzó los 5,890 dólares -el más alto de
Centroamérica-, seguido por Costa Rica con 5,680
dólares. Pero dentro de la región es Chile el
país con mayor nivel -8,900 dólares-, mientras
que, en el mundo, el país con PIB real por habitante
más elevado es Luxemburgo con 25,390 dólares.
Consideraciones
Los datos aportados por el informe del PNUD nos muestran
la situación actual en la que se encuentran los
países del istmo. Según esos datos, la calidad
de vida de que gozan los habitantes de estos países no
son las más optimas ni apuntan a mejorarse
sustancialmente, sino que más bien propenden a
deteriorarse cada día más. Y ello porque los
proyectos que hasta ahora impulsan los gobiernos de la
región, lejos de invertir más en el desarrollo
humano, han disminuido el gasto que antes destinaban para el
bienestar social. Más aún, los mismos
funcionarios de las instituciones financieras internacionales
que ponderan los grandes logros en el campo
macroeconómico han reconocido que éste no ha
sido en beneficio de las grandes mayorías, sino por el
contrario ha llevado a un mayor empobrecimiento y, por ende, a
un deterioro en la calidad de vida de los 30 millones de
habitantes. De lo que sí se puede estar seguro es que
el crecimiento económico antes admitido ha
traído consigo una gran concentración de la
riqueza en pocas manos y, con ello, un gran obstáculo
para avanzar hacia una democracia económica y social.
De la autonomía a la coordinación de
los tres poderes del Estado
Oscar Martínez Peñate
Departamento de Sociología
Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas"
Una de las característica del Estado de derecho se
fundamenta en la separación orgánica,
independencia y autonomía de los tres poderes del
Estado, lo que permite que haya equilibrio entre ellos para
poder realizar, así, la función de
supervisión y control recíproco. Asimismo, ello
permite contrarrestar el surgimiento del autoritarismo,
dictadura o tiranía, al delimitar mutuamente las
funciones de los poderes del Estado, los cuales son conocidos
como "frenos y contrapesos" (checks and balances): el
Legislativo elabora las leyes; el Ejecutivo ejecuta las leyes;
y el Judicial vigila la correcta elaboración,
ejecución y el fiel cumplimiento de las leyes. El
sistema de "frenos y contrapesos" garantiza el equilibrio de
los tres poderes del Estado, que los msmos desarrollen su
respectivo trabajo de forma horizontal y que ninguno de ellos
prime sobre el otro, o se encuentren subordinados de forma
jerárquica.
En este mismo orden, para que la Asamblea Legislativa
posea independencia en relación con los otros dos
poderes, se requiere que la misma esté constituida por
diputados que hayan sido elegidos en elecciones
democráticas al interior de sus propios partidos,
igualmente que hayan sido elegidos por el cuerpo electoral en
elecciones nacionales democráticas y que cada uno de
ellos desempeñe en la Asamblea Legislativa el rol de
representar los intereses de la nación.
La Asamblea Legislativa, por ser independiente, puede
cumplir sus labores y funciones sin interferencias,
imposiciones o condicionamientos. La independencia faculta
también a la Asamblea a ser democrática en su
entorno interno y externo.
Al considerar al Poder Legislativo como el primer poder,
se le está situando en la cúspide de la
pirámide. Aquí el problema que se plantea es
cuál de los dos poderes restantes se encuentran
exactamente debajo.
Durante la época de la guerra fría y el
bipolarismo, la comunidad socialista le daba supremacía
al poder legislativo, por el carácter representativo,
soberano y por ser la institución que elabora la ley
que rige las relaciones sociales y de producción en el
Estado. Este planteamiento nos puede conducir a concluir que
las dictaduras del "socialismo real" provenían no de la
concentración del poder en el Ejecutivo sino en el
Legislativo, pero hay que aclarar que el poder Legislativo era
monopolio exclusivo de los partidos comunistas, al igual que
el poder Ejecutivo. Entonces, ¨la dictadura era del poder
Legislativo, Ejecutivo o de partido político?.
En los países democráticos, cuando el
partido oficial tiene la mayoría de diputados en la
Asamblea Legislativa, no representa un peligro, porque se
parte del hecho de que el partido es democrático y vela
por el interés nacional, pero el problema surge cuando
el partido no es democrático y vela únicamente
por los intereses de un solo sector económico, social,
político o étnico. Esta situación se
traduce en la imposición autoritaria y afecta
negativamente al sistema político democrático,
porque el ejecutivo se convertirá en un dictador,
primero, sobre la Asamblea Legislativa y si éste
partido es reelegido por varios períodos para gobernar
el país, se convertirá, en segundo
término, en un dictador sobre el Poder Judicial y, en
tercer término, será un autoritarismo
institucionalizado que prevalecerá por un considerable
período.
Al convertirse el poder Judicial en guardián de un
solo interés al servicio de un partido político,
clase social, sector económico, la ley será
injusta y la corrupción adquirirá el rango de
política de Estado.
Al institucionalizarse el autoritarismo sucede que,
además de tener el Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa
y al poder Judicial a su servicio, de la misma manera
tendrá a la Fiscalía General, a la Corte de
Cuentas, a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la
Procuraduría General, al Tribunal Supremo Electoral,
etc. La norma es la legalización de la arbitrariedad y
la politización del poder Judicial.
En este escenario, el autoritarismo institucionalizado se
vuelve legal, porque paralelamente en la medida en que se
consolide creará todo el contexto jurídico que
lo legalice. Es decir, legal será la
distribución injusta de la riqueza y la
concentración de la misma en un reducido número
de oligarcas y empresas multinacionales; igualmente lo
será la venta y destrucción del Estado, la
inexistencia de una previsión y seguridad social, etc.
La Constitución Política se puede convertir ya
sea en un objeto decorativo o en un instrumento para
justificar las inequidades, injusticias y desigualdades.
En este mismo sentido, en el mensaje del Presidente
Armando Calderón Sol, con motivo del CLXXIV Aniversario
de "nuestra independencia patria", el 15 de septiembre de
1995, afirmó que "ahora la institucionalidad de la
república y el estado de derecho están
plenamente garantizados por una verdadera independencia de los
poderes públicos" (LPG, 25-09-1995). No obstante, ARENA
ha convertido a la Asamblea Legislativa en un apéndice
del Ejecutivo, para lo cual se vale de que son mayoría
en la Asamblea, también porque cuenta con el "apoyo" de
los diputados miembros de los partidos "satélites" de
ARENA, es decir, del PD, PCN, PDC.
Según la Constitución Política de El
Salvador, en el art.86: "los órganos del Gobierno lo
ejercerán independientemente dentro de las respectivas
atribuciones y competencias que establecen esta
Constitución y las Leyes". En este mismo
artículo, más adelante, se dice que: "los
órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo,
el Ejecutivo y el Judicial".
En palabras de Roberto Viera, "uno de los males que se ha
mantenido durante años y sigue igual o peor en la
Asamblea, es el de no contar con un interés
homogéneo frente a la actuación del Gobierno,
fundamentalmente porque la representación mayoritaria
adopta un carácter gubernamental en todas sus
actuaciones, impidiendo con ello ejercer una actuación
verdaderamente independiente y desdiciendo del carácter
parlamentario del órgano Legislativo; con dicha actitud
la 'función de control político' no pasa de ser
un mero enunciado, una simple aspiración constitucional
irrealizable" (LPG, 25-09-95).
Por otro lado, cuando se habla de división de
poderes da la impresión de un esquema teórico o
ideológico de naturaleza rígida e inflexible,
donde se interpreta que no hay vasos comunicantes entre los
tres poderes del Estado.
La división de poderes fue un valioso aporte
teórico que surgió como una respuesta concreta y
viable a la situación política, social y
económica de algunos países de Europa,
particularmente del Reino Unido y Francia, por lo que,
actualmente, no podemos continuar dándole la misma
interpretación sin tomar en cuenta los avances, cambios
y modificaciones prevalecientes.
Cuando hablamos de división de poderes,
presuponemos la interdependencia, interrelación,
coordinación y colaboración que se da entre los
poderes del Estado, para lograr juntos cada vez más el
buen funcionamiento y perfección del sistema
político democrático. La Constitución
Política de El Salvador en el Art.86 establece que los
tres poderes "colaborarán entre sí en el
ejercicio de las funciones públicas", pero se queda
corta al no especificar para qué.
La FGR funcionó, ¨lo hará el sistema?
Las agujas de los relojes estaban por marcar las seis de
la mañana del martes 23 de julio cuando, después
de más de veinte horas, finalizó la vista
pública instalada el día anterior por el juzgado
quinto de lo Penal de San Salvador contra los imputados
José Raúl Argueta Rivas, conocido también
como Santos Linares Luna, y Pedro Antonio Sánchez
Guerrero. El primero se encontraba ahí, procesado por
los delitos de asesinato y falsedad material; el segundo,
únicamente por el de asesinato. Así, pues, tras
esa larga y agotadora jornada, se había completado de
manera exitosa la primera etapa de un gran esfuerzo por lograr
que la justicia empiece a brillar en nuestro país y se
instale de una vez por todas sobre la oscura sombra de la
impunidad que þpor mucho tiempoþ ha protegido a los
criminales.
En efecto, ese día se obtuvo un veredicto
condenatorio contra el imputado Argueta Rivas þel individuo
que disparó contra la humanidad de Ramón
Mauricio García Prieto Giralt el 10 de junio de 1994þ
y, además, con toda claridad se dijo en el recinto
judicial que en nuestro país, no obstante tantos y tan
valiosos esfuerzos hechos por la población y la
comunidad internacional, continúan presentes y
más peligrosas que antes esas frías maquinarias
de muerte que se activan cuando alguien, por cualquier
razón y con algún tipo de poder, decide
utilizarlas para eliminar personas.
Tres defensores particulares, cuatro miembros de la
Fiscalía General de la República (FGR), once
ciudadanos para elegir entre ellos a los cinco que
integrarían el tribunal de conciencia, familiares y
amigos de los imputados así como los padres y la viuda
de la víctima se dieron cita desde las nueve y treinta
de la mañana del día 22 de julio, con el objeto
de estar presentes en el jurado que tendría lugar ese
día.
Entrada restringida para el público y presencia de
agentes de seguridad durante el transcurso de todo el evento;
numerosos medios de difusión masiva a la caza de las
declaraciones frescas y otro tipo de información; cinco
horas para cada parte en la primera vuelta de los debates y
tres para la segunda, caso de que ésta tuviera lugar;
un jurado oculto tras las cortinas e imputados presentes, de
espaldas a las y los espectadores, fueron algunas de las
condiciones especiales que envolvieron un acontecimiento
esperado sobre todo por aquellas personas directa o
indirectamente involucradas; acontecimiento que además,
a mediano y largo plazo, puede y debe resultar beneficioso
para todo el país.
Tras una tediosa y prolongada lectura de los pasajes
más importantes del proceso y luego de haber hecho
constar en acta la ampliación de su declaración
que voluntariamente solicitó rendir Argueta Rivas, el
principal implicado en el asesinato, a las cinco con cuarenta
minutos dieron inició las intervenciones de las partes,
siendo el primer turno para los agentes del Ministerio
Público y el segundo þdesde luegoþ para la defensa de
los imputados. Cabe destacar que con su intervención,
el imputado Argueta Rivas dejó en evidencia elementos
considerablemente importantes y además útiles
para la acusación más que para la defensa.
Por parte de la Fiscalía, la atención
prioritaria se centró en establecer la
participación y consecuente responsabilidad penal del
imputado Argueta Rivas, mientras que por el lado de la defensa
los esfuerzos estuvieron orientados a obtener un fallo
absolutorio en favor del imputado Sánchez Guerrero,
argumentando þno sin razónþ lo débil de la
prueba en cuanto a su participación en los hechos.
Quienes pudimos presenciar la vista pública tuvimos la
oportunidad de conocer a una Fiscalía más
profesional y acertada en sus afirmaciones, no preocupada tan
sólo en explotar la sensibilidad de los miembros del
jurado sino también en demostrar de manera
técnica, clara y contundente, los elementos de prueba
incorporados en el proceso y sobre los cuales había que
pronunciarse.
En ese sentido y como una importante innovación
para el esclarecimiento de otros hechos delictivos, la FGR
mostró al jurado un video en el que se encontraba
debidamente registrada la espontánea declaración
que Carlos Romero Alfaro, alias "Zaldaña", rindiera en
marzo del año en curso ante los medios de
difusión después de ser extraditado y tras haber
sido presentado ante autoridad competente por su presunta
participación en la muerte de Darol Francisco Velis
Castellanos, dirigente del Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN).
"Zaldaña" þaquel nefasto ex miembro de la
Policía Nacional Civil (PNC) que formó parte de
su División de Investigación Criminal (DIC)þ
sostuvo en ese entonces que era Argueta Rivas la persona que
lo había involucrado en la muerte de Velis Castellanos.
¨Por qué? Pues porque, según "Zaldaña",
a su persona le correspondió conducir la
investigación para el esclarecimiento de los hechos que
culminaron con el asesinato de García Prieto y fue
él quien puso a Argueta Rivas en manos de la justicia.
La presentación del video asombró aún
más pues dicho criminal, en la ampliación de su
declaración que þpara bien de la justiciaþ
decidió hacer ante el tribunal de conciencia,
también declaró algo similar a lo que
había expresado su supuesto captor: que él
þArgueta Rivasþ se encontraba en esa situación, fruto
de una venganza de "Zaldaña" por haberlo
señalado como el responsable de la ejecución del
dirigente político del FMLN en octubre de 1993.
Además, en el jurado del lunes 22 y martes 23 de
julio quedó establecida la presunta
participación de "Zaldaña" en la
ejecución del señor García Prieto, tal
como lo expresó Argueta Rivas, y la Fiscalía
argumentó þen algún momento de su
exposiciónþ que ambos criminales se habían
molestado entre sí por un mal reparto del dinero que le
fue arrebatado a la víctima. Vale la pena aclarar que
en ningún momento de la investigación judicial y
policial sobre el caso García Prieto, consta
oficialmente que a "Zaldaña" se le haya asignado
diligencia alguna; si lo hizo, fue para manipular las pruebas,
destruir evidencias e impedir el esclarecimiento total del
caso para, así, encubrir su participación y la
de aquel o aquellos que contrataron sus servicios para la
acción criminal en contra de la familia García
Prieto Giralt.
Y es aquí donde se advierte lo trascendental del
caso que nos ocupa: al igual que en la matanza de los
sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras hace casi siete
años, en este ocasión también se
dejó clara evidencia de que en hechos delictivos de
este tipo y tras los sujetos como Argueta Rivas y
"Zaldaña" þsimples piezas que ejecutan materialmente la
acción por dineroþ se encuentran él o los
autores intelectuales que hasta ahora ha resultado imposible
procesar, por su posición de poder y por la impunidad
de la cual se sirven para presentarse ante la sociedad como
personas respetables. Fruto de la terca e inquebrantable
presión de la familia García Prieto se pudo
identificar y procesar al autor material de la
desaparición violenta de Ramón Mauricio; fruto,
además, de la valiosa y valiente intervención de
los fiscales específicos se pudo evitar que ese
individuo saliera a seguir cometiendo actos irreparables.
Pero aún queda otro reto mayor para la familia, la
FGR y la sociedad entera: llegar hasta él o los que
cobardemente ordenaron la ejecución, hasta lograr
sentarlos en el banquillo de los acusados para que paguen por
sus culpas y, de esa forma, hacer más fácil la
gran tarea de edificar un país realmente diferente,
donde la vida y la justicia para todas las personas se
encuentren siempre en el lugar más privilegiado.
Son esos tenebrosos personajes y no otros los que se
encuentran patrocinando y/o utilizando las bandas del crimen
organizado; bandas que siguen operando en el país sin
mayores problemas, mientras la población indefensa
permanece sumida en el temor y la indefensión. Son esos
los tenebrosos personajes que, hasta la fecha, solamente se
han preocupado de pagar un abogado que defienda al o los
sicarios que contratan, cuando por diferencias entre ellos o
por otro tipo de circunstancias éstos son detenidos y
colocados ante la justicia. La inquietud por identificar a los
autores intelectuales de hechos como éstos y la
necesidad de esforzarnos por lograrlo han quedado sentadas
tras esta singular vista pública.
Otro elemento importante que de nuevo quedó
evidenciado y que se encuentra íntimamente relacionado
con el anterior, es el de que al haber logrado procesar
þaunque por ahora en casos diferentesþ a ex miembros de la
extinta Policía Nacional, "informantes", "agentes
encubiertos" o miembros de la DIC se demuestra que en la PNC
permanecen sujetos indeseables, contaminados por los males de
los antiguos y represivos cuerpos de seguridad que El Salvador
conoció.
Mientras sujetos de esa calaña permanezcan en la
institución policial o en otras estructuras oficiales
de inteligencia, civiles o militares, utilizando sus cargos
para mantener contacto con sicarios y ponerlos al servicio de
individuos poderosos que þpor su grado militar o el
tamaño de su cuenta bancariaþ ordenan se siga matando
en este país, los crímenes que éstos
últimos ordenen y que aquellos ejecuten directa
indirectamente continuarán impunes, nuestro país
seguirá muy mal y las cosas se volverán cada vez
más peligrosas.
Pese a todas las dificultades existentes y los
obstáculos en el camino, algo se logró avanzar
en esta oportunidad cuando en sus intervenciones los agentes
de la Fiscalía se atrevieron a señalar que los
casos Velis, García Prieto y Kalberg-Cromeyer se
encuentran íntimamente relacionados o tras ellos,
acaso, se encuentran autores intelectuales que provienen del
mismo sector. Por ahora, queda esperar la vista pública
del caso Velis y confiar en que la FGR haga un buen uso de lo
que ya en ésta vista pública se dijo y,
aún más, se hizo constar en acta.
Otra lección no menos importante que nos ha dejado
este caso se deriva de la actuación de la principal
testigo, señora Carmen Estrada ahora viuda de
García Prieto, cuando al ser interrogada por el
tribunal de conciencia durante la vista pública sobre
la participación del imputado Sánchez Guerrero
en el asesinato de su esposo, ésta respondió con
un no rotundo. En el trabajo que desarrolla la Oficina de
Asistencia Legal del IDHUCA, a menudo nos encontramos con
personas afectadas por la delincuencia, con calidad de
ofendidos en los procesos penales, que llamadas a efectuar
reconocimientos en rueda de reos o a declarar, aún y no
estando seguras de la participación del sujeto que se
les presenta o que es procesado, con el fin de que alguien
pague por el daño que les han ocasionado, lo acusan. En
este caso, de haber respondido que sí a la pregunta de
las y los miembros del jurado, la testigo habría
prácticamente condenado a Sánchez Guerrera. La
historia, para suerte de este imputado, fue diferente.
El resultado de la vista pública, ya fue conocido
a través de los medios masivos de difusión: se
pronunció veredicto condenatorio para Argueta Rivas por
los delitos de asesinato y falsedad material, por un lado, y
absolutorio para el imputado Sánchez Guerrero, por el
otro. Sin embargo, creemos que no todo ha de terminar
aquí sino más bien, a partir de lo ocurrido, la
lucha por llegar a los responsables últimos y evitar
que exista y se mantenga en El Salvador el crimen organizado
debe asumirse con buenas luces y mayor empeño. Nos
sumamos sin embargo a lo que manifestara la familia
García Prieto en la mañana del 23 de julio, tras
conocer el veredicto del tribunal de conciencia: ahora hay que
ver si el sistema de impartición de justicia en el
país coadyuva verdaderamente para el logro de este
objetivo. La lucha, pues, apenas empieza.
Transcribimos a continuación el discurso del ex
presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, ofrecida en
ocasión de la primera reunión del Movimiento
Nacional para la Soberanía de Cuscatlán,
sostenida el día 2 de julio en el local de ATCEL.
Discurso del ex presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo (II)
Fíjense cómo, de esta manera, los que
pueden tener una fábrica de luz eléctrica y una
fábrica de llamadas de teléfono, hace más
negocio que cualquier fábrica de jabón, o si se
quiere de cerveza. Las grandes inversiones que se están
programando en el mundo son las inversiones en servicios.
A todo esto se ha unido un importante adelanto
tecnolígico, que se constituye en una cortina de humo,
que tapa muchas cosas. Les voy a contar parte del cuento de mi
Costa Rica y cualquier repetición de lo que digo de
Costa Rica que pase aquí no es mera casualidad, es la
política internacional aplicada por igual a todos
nuestros países. El objetivo del Gobierno de Costa Rica
es llevar a cabo una política económica que
impulse la mayor participación del sector privado en
las inversiones de infraestructura del país;
generación de energía, teléfonos,
carreteras, muelles; las telecomunicaciones se constituyen en
la principal actividad económica, donde el sector
privado pretende incursionar sacando a través de su
ingenio las más insospechadas conclusiones para
estrategias que puedan estar en manos del poder
político. Comprar los servicios de generación y
de telecomunicaciones en el caso concreto de Costa Rica,
comprar el Instituto Costarricense de Electricidad, (ICE) al
cual se le han venido creando una serie de factores que lo
desprestigian; ¨cómo lo hacen? muy fácil, la
oficina del ICE que da información sobre números
telefónicos que todavía no están en los
directorios telefónicos que en Costa Rica son muchos
por que aumentan rápidamente y es uno de los
números especiales que más usa el pueblo de
Costa Rica; pues se le quitó el 80% del personal, ahora
cuando llamo tengo que quedar allí casi leyendo el
periódico mientras me atienden, por supuesto que me
enfurezco cuando me están dando tan mal servicio y con
esa mala imágen del servicio la gente empieza a decir,
esto no sirve, que lo privaticen y convierten así al
pueblo en cómplice impulsador de la
privatización.
En este momento en el Insttituto Costarricense de
Electricidad (ICE), tenemos 141.7 millones de minutos de
llamadas de Estados Unidos a Costa Rica, en tanto que de
llamadas de Costa Rica a Estados Unidos solamente se computan
35 millones. Quiere decir que en un año ellos nos
tienen que pagar el valor de 86 millones de minutos ya que los
hemos llamado menos.
El valor de esa diferencia, generó el ICE en 1995,
25 millones de dólares de ganancia, se estima que la
proyección de llamadas de este año nos
dará 36 millones de dólares.
Sin embargo, de conformidad con los técnicos de
los organismos internacionales, para que Costa Rica pueda
seguir creciendo en ese volumen de millones de llamadas cada
año, tiene que instalar un equipo complementario; el
argumento es que el gobierno no tiene dinero, necesita que se
lo den, pero los organismos financieros internacionales dicen
a Costa Rica; ustedes ya no pueden endeudarse más, vean
ustedes que trama. Costa Rica necesita dinero, pero como no
tiene chance de endeudarse más, entonces debe invitar a
un socio que llega y dice que para poder reestablecer ese
sistema necesita, perdonen los términos
técnicos; una estación terrena estandar
eléctrica y un controlador de docientas terminales, un
SPC para docientas terminales, 10 estaciones remotas SPC y el
control de supervición. Cuando nos dicen eso nos
ponemos nosotros los del Consejo Nacional de Defensa de la
Institucionalidad a hacer números, vamos a ver que es
eso y nos ponemos a investigar que estas cosas de lenguaje tan
complicado, tienen un costo total a 5 millones 500 mil
dólares: entonces viene el socio y dice, yo pongo esa
plata, compren ese equipo y me dan el uso de funcionamiento y
los clientes son ATT e ITT; entonces yo pongo los 5 millones y
medio y ustedes me dan el negocio, que significa 36 millones
de dólares por año.
Primera sugerencia, averiguense como andan las cosas por
acá, porque para esto no son suficientes las palabras,
cuando en Costa Rica me dicen los periodistas que
porqué estoy en contra de la privatización yo
les digo, que los técnicos me han dicho que no necesita
una estación terrena nueva, sino que con tales y tales
aditamentos puedo poner a funcionar mayor capacidad de la que
ya tengo. El periodista que sabe menos que yo,
lógicamente no le queda más que ira a averiguar
con los que saben y comprueba que lo que nosotros les dijimos
no era descabellado. Está claro de lo que estoy
señalando y perdónenme que se los diga: hay que
saber detalles, no podemos volver al cuanto aquel de que
Colón venía aquí y le cambiaba por oro
los pedacillos de vidrio a la gente. Eso es lo que nos
están ofreciendo. Porque los que recibían el
pedacillo de vidrio no tenían ni la menor ide a de lo
que valían ni el oro ni el vidrio. Bueno pero
aquí nos están diciendo que son ellos los que
pueden venir a poner las nuevas estaciones terrenas
teconlógicamente desarrolladas, para que tengamos
comunicación con el mundo porque si no nos quedamos en
la retaguardia, sin ninguna posibilidad de estar en la punta
del desarrollo de las comunicaciones.
Hoy en la mañana, leyendo El Diario de Hoy , me
encontré esta noticia; cotizarán
telefónica del Perú en Estados Unidos, en todas
partes se están cocinando las mismas abas y el primer
párrafo de esta noticia dice lo siguiente: "Perú
culminará la colocación más grande de
acciones de la compañía de la telefónica
del Perú, controlada por telefónica de
España; yo que ando metido detrás de estas
cosas, lo se hace mucho tiempo; la Telefónica de
España no es privada, pertenece al Gobierno
Español. O sea que la tal privatización del
estado es puero cuento, un gran negocio. Lo que en realidad
está haciendo Perú es venderle a la Empresa
Española Estatal, la Empresa Estatal Peruana, que es
una forma de mancillar directamente la soberanía y de
regresar al año 1492; ya no se trata de inversionistas
individuales, se trata de una empresa de otro país que
viene a hacer negocios adueñándose de la empresa
en ese caso del Perú. En Costa Rica están
tratando de negociar el mismo sistema con una empresa que se
llama Hidroterreno, pero es también estatal de la
provincia de Québec, en el Canadá.
Voy a terminar diciéndoles tres cosas:
número uno, la agresión es de tal naturaleza que
solo se puede explicar por la ignorancia de los agredidos, ¨no
se fijan en lo que les estoy diciendo?, les estoy diciendo
ignorantes, porque somos ignorantes, por que no nos hemos
puesto a investigar ni un minuto que es lo que está
pasando y dejamos que unos sabios nos vengan a decir desde
afuera que es lo que tenemos que hacer y cuando nos dan un
planteamiento, no tenemos respuesta para el.
Segunda cosa, hemos perdido el sentimiento de amor por
aquello que es nuestro y tenemos tal grado de complejo y
prejuicio que estamos convencidos de que no podemos hacer nada
si no son extranjeros. El Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial cuando vienen acá, vienen vestidos de San
Nicolás. Y les van a decir a ustedes lo mismo que nos
están diciendo a nosotros; cuando los sistemas
estén modernizados, con este equipo, la llamada va a
costar ya no 1.60 de dólar por minuto sino 1.20, pero
la inversión que hemos hecho es de millones.
He tenido la pena de ver la semana anterior a los
Presidentes de Centroamérica con papel y lápiz,
tomando apuntes de las clases que les daba un señor que
vino de los Estados Unidos a enseñarles lo que era el
Neoliberalismo. Como chiquitos de escuela, los junta a todos,
antes era de uno en uno, hoy ya ni eso, los junta a todos en
Managua o San José para darles clase, todos juntos a
recibir la lección como chicos de escuela.
La defensa de la soberanía solamente tiene una
cara, la cara de la decisión de hacerlo, no hay ninguna
garantía de triunfo pero si hay una garantía de
triunfo pero si hay una garantía de que en el momento
en el cual demos la lucha vamos a tener tranquilidad de
conciencia y la satisfacción de haber cumplido con
nuestro deber. De lo contrario nos quedaremos sentados
esperando los acontecimientos y al final del cuento vamos a
terminar con un collar de cuencas de vidrio a cambio de
nuestras riquezas.
ASAMBLEA ENDURECERA PENAS. Legisladores de ARENA, FMLN, PDC,
PD, PRSC, MU y PCN, que integran la Comisión de
Legislación de la Asamblea Legislativa, acordqron el
23.07 incrementar los años de cárcel para una
diversidad de delitos. Según reveló el diputado
Miguel Espinal Lazo, se originó un debate en torno al
homicidio agravado y el secuestro, el primero con una pena de
30 años, y el segundo con una pena de 15 a 20
años, pronunciándose los legisladores en que la
pena sea incrementada a 30 años. A su vez, no descartan
revisar las desapariciones forzozas que son reflejo del pasado
y que puedan tener alguna connotación, no sólo
por la parte militar sino policial, y merecen ser castigadas
con todo rigor, "porque no es posible que una autoridad
promueva o cometa un delito", sentenció el legislador.
En opinión del diputado Marcos Valladares,
después de estudiar el Código Penal
retomarán la revisión del Código Procesal
Penal para impedir el garantismo que ofrece a los delincuentes
y adaptarlo a la realidad. Walter Araujo, Presidente de la
Comisión de Legislación, ha hecho énfasis
en el exceso de garantías de los códigos penales
y se ha pronunciado por defender las garantías de la
persona humana, pero enfatizó que de ese cumplimiento
no se exageren otros derechos en los procedimientos penales.
La Comisión de Legislación tampoco desestima el
problema carcelario y desde ese punto de vista cree que los
delitos no deben castigarse únicamente con
cárcel, por lo que se revisarán las diferentes
medidas cautelares que se pueden negociar dependiendo del
delito cometido (LPG 24.07 p.3-a). APRUEBAN LEY. Los diputados de la Asamblea Legislativa
aprobaron el 18.07 por unanimidad la Ley de la Carrera
Policial, que regulará lo relativo a ingreso,
promociones, ascensos y los aspectos de terminación de
la carrera policial del personal administrativo,
técnico, policial y de servicio a la
institución. Asimismo, se modifican los requisitos de
los aspirantes a policías, como la edad mínima
de 18 a 22 años con un nivel académico de
bachillerato para los aspirantes. La normativa aprobada define
algunas prestaciones vinculadas con la capacitación,
becas, salarios, seguros de vida, permisos y otras
contempladas en el Código de Trabajo. La ley
también se refiere a las sanciones administrativas que
pueden aplicarse y se crea el registro de personal policial.
En la actualidad, los ingresos a la Policía se
establecen en los niveles básico, ejecutivo y superior;
en el primero están los agentes; en el segundo, los
inspectores, y en el último los subcomisionados. Todos
se diferencian por el mando en jerarquía y salario
ganado. El artículo 27 establece que un policía
del nivel básico que quiera optar al nivel inmediato
superior deberá permanecer en su cargo por más
de dos años, los del nivel ejecutivo se agrega un
año más de permanencia en su categoría.
Además ningún efectivo podrá ascender a
un nuevo cargo hasta que no hayan transcurrido cuatro
años. El Tribunal de Ingreso y Ascenso
seleccionará a los aspirantes que reúnan los
requisitos para ascender de categoría y los
seleccionados se someterán a una serie de cursos que
tendrán un período definido. El subdirector de
Operaciones de la PNC, Rolando García, aseguró
que la nueva normativa permitirá a todo policía
ir escalando puestos paulatinamente de acuerdo a su capacidad
y experiencia (LPG 20.07 p.14-a y LPG 19.07 p.8-a).