© 1996 UCA Editores
año 17
número 714
junio 19 1996
ISSN 0259-9864
De pruebas y testigos
Peligrosas tendencias hacia el desequilibrio macroeconómico
Difícil situación de los recursos naturales: el
problema del agua
Avances y limitaciones de la Integración Centroamericana
Sondeo nacional sobre la percepción
infantil hacia los agentes de seguridad pública
Otra bomba de tiempo
De pruebas y testigos
La Policía Nacional Civil tiene varios casos abiertos
donde se comprueba la falta de investigación. En aquellos
casos donde aparecen policías como sospechosos, lo
único que parece interesarle es la exoneración de
tales agentes. Esto se puede comprobar en uno de estos casos,
ocurrido a comienzos del año pasado. La víctima es un
joven estudiante, cuyo cadáver apareció en un
barranco, en Los Planes de Renderos, y los sospechosos, seis
policías destacados en Panchimalco.
El director de la Policía Nacional Civil respira
tranquilo porque no existen pruebas ni testigos que incriminen a
sus subalternos. Por otro lado, éstos pasaron la prueba del
polígrafo que, con todo y ser muy inexacta, los
exoneraría de toda responsabilidad. Pareciera, pues, que
como no hay pruebas ni testigos, tampoco habría crimen o,
dicho de otra manera, como los principales sospechosos no han
podido ser incriminados hasta ahora, la policía no puede
hacer otra cosa que esperar a que el caso se olvide como tantos
otros. La policía no muestra interés mayor en
esclarecer el crimen toda vez que ha podido librar de la justicia
a los agentes acusados.
Es comúnmente aceptado que a la policía le
corresponde una función bastante más activa en la
investigación del crimen. Ninguna policía seria se
sienta a esperar a que las pruebas y los testigos aparezcan, sino
que los busca de forma activa. Obviamente, ni el criminal se
presentará por voluntad propia a declarar ni las pruebas le
caerán sobre el escritorio al director de la policía
o, para el caso, al ministerio público, que también
está obligado a investigar el crimen.
Lo menos que pudiera hacer el ministerio público y la
policía es aclarar las circunstancias del asesinato. Para el
Ministro de Seguridad, la causa de la muerte fueron golpes fuertes
producidos en una caída libre de once metros. El informe
forense apunta a que la víctima fue atropellada y lanzada al
barranco donde fue encontrada por el impacto. Según la
Fiscalía, el asesinato ocurrió en un sitio diferente
a donde fue encontrado el cadáver. La Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos afirma que el
cadáver presentaba traumatismos que ocasionaron fracturas
causadas en vida. La familia insiste en que se trata de un
asesinato y en que la víctima mostraba señales de
tortura.
De todas estas versiones, las más probables son las dos
últimas. En cualquier caso, lo menos que se debe hacer ante
versiones tan diferentes es establecer las circunstancias del
asesinato. Con semejantes deficiencias de la policía, de los
forenses y de la fiscalía no es extraño que no haya
pruebas. La confusión da buen resultado cuando se quiere
evitar el esclarecimiento del crimen, práctica en la cual
los funcionarios públicos demuestran ser maestros.
Nadie debe extrañarse tampoco por la ausencia de
testigos. Las garantías personales que ofrece el director de
la policía no tienen ninguna credibilidad después del
tratamiento que dio a la testigo de las actividades de la sombra
negra en San Miguel. Al igual que en el pasado, la testigo se
volvió acusada, en lugar de agradecer su testimonio y
brindarle protección fue discriminada y hostigada hasta el
punto de obligarla a abandonar la Policía Nacional Civil y
el país.
Caso similar parece ser el del agente de la Unidad de
Mantenimiento del Orden que acusa a dos colegas de haber asesinado
a otros dos agentes, cuyos cadáveres fueron encontrados al
borde de una carretera, y de haber herido gravemente a un tercero.
El testigo ha sido tratado como enfermo mental e intentaron
impedirle declarar ante los medios de comunicación. Mientras
tanto, en oriente, la policía le negó a una madre
información sobre las circunstancias en que murió su
hijo, también policía. Un funcionario que permite o
incluso participa de estos atropellos no debiera esperar la
colaboración de testigos. En realidad, no está
interesado en encontrar testigos que señalen a los
criminales.
Por eso, las revelaciones sobre el presunto grupo de
universitarios que habría colocado las dos bombas dirigidas
contra un ex presidente han sido recibidas con escepticismo. Pese
a las explicaciones de la policía y a la supuesta evidencia
que vincularía a los estudiantes con las bombas, el
resultado de la investigación no convence. Hace poco, la
misma policía anunció un plan terrorista para evitar
la privatización de ANTEL. Según dicho plan,
habría tomas de edificios y rehenes, protestas y paros
violentos. Sus protagonistas serían el FMLN y los
sindicatos. Pero casi inmediatamente después de hecho el
anuncio, la policía comenzó a recular, advirtiendo
que carecía de pistas, que se trataba de información
no confirmada. En lugar de investigar, la policía parece
preferir la guerra psicológica, dedicándose a una
actividad más propia de las agencias de inteligencia.
Así, en lugar de informar y aclarar, la policía
tergiversa y confunde.
La no investigación del crimen por parte de la
policía y del ministerio público es la mejor
garantía para la proliferación de la impunidad. Del
ministerio público y del sistema judicial no se puede
esperar gran cosa de momento, pues no han sido debidamente
depurados y las leyes no han sido convenientemente reformadas; pero
de la policía podríamos esperar mucho más en
cuanto a investigación y credibilidad.
Peligrosas tendencias hacia el desequilibrio
macroeconómico
Una de las tendencias económicas más notables de
los últimos meses ha sido la disminución de las tasas
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), especialmente por
las reacciones que ello ha suscitado en los círculos
empresariales y políticos, pues en realidad existen otras
tendencias negativas. La atención puesta en el
comportamiento del PIB ha desviado la atención de otras
variables macroeconómicas que también dan cuenta del
"estado de salud" de la economía, tales como la balanza
comercial, los precios, balance de las finanzas públicas y
tasas de interés.
Después de casi media década de crecimiento
económico aún pueden detectarse los mismas
desequilibrios que impulsaron al primer gobierno del partido
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a desarrollar un plan de
"estabilización y ajuste económico". Hasta ahora los
grandes desequilibrios han podido ser sobrellevados sin mayores
traumatismos por el intenso flujo de recursos externos; y ello
porque las medidas de política económica
implementadas desde 1989 han mostrado una clara inefectividad para
consolidar la estabilización de los precios y reducir los
déficits de los sectores externo y público.
Adicionalmente, el comportamiento del sistema financiero se ha
convertido en un freno para la inversión debido al
incremento de las tasas de interés.
A continuación se busca argumentar que, además
de los menores niveles de crecimiento, los indicadores
económicos de corto plazo ofrecidos por el Banco Central de
Reserva (BCR) evidencian la permanencia de la tendencia hacia los
desequilibrio macroeconómicos. Para ello, se revisa el
comportamiento de la producción, precios, sector externo,
sector público y sector monetario-financiero.
Hasta el mes de marzo de 1996, el Indice de Volumen de la
Actividad Económica (IVAE) (base 1990=100) habría
alcanzado un nivel de 154.9 lo cual implicaría un incremento
de 4.5% en relación al mismo mes del 1995. Este nivel de
crecimiento sería inferior al experimentado entre los meses
marzo/1994 y marzo/1995 cuando este alcanzó un nivel de
7.4%. Los sectores económicos que han experimentado los
mayores niveles de crecimiento son, en su orden: financiero,
transporte, agropecuario y electricidad; en cambio los sectores
manufactura, comercio y construcción han experimentado
severas contracciones en su tasa de crecimiento.
El comportamiento de los precios hasta el mes de abril
mostraría una relativa estabilización en
relación a los últimos meses de 1994, cuando se
registró un rebrote inflacionario. Es así que para el
mes de abril/96 se registró una inflación de 0.4%,
mientras que para marzo/95 y marzo/94 se reportaron niveles de 0.6
y 0.9 por ciento, respectivamente.
En lo tocante a la balanza comercial, datos del BCR dan cuenta
que hasta el mes de abril de 1996 se había alcanzado un
nivel de exportaciones de 617.7 millones de dólares,
mientras que las importaciones alcanzaron los 1,053.4 millones de
dólares, lo cual implicaría que el déficit de
la balanza comercial habría alcanzado los 435.7 millones de
dólares. Aún así, entre abril/95 y abril/96 se
ha reportado una disminución del 2.9% en el déficit
de la balanza comercial atribuible principalmente a una
disminución en el ritmo de crecimiento de las importaciones
y un leve incremento de las exportaciones.
El sector que habría mostrado mayor capacidad de
generación de exportaciones ha sido la maquila, pues esta
generó cerca de un 70% del incremento de las exportaciones
entre el período en estudio. Sin embargo, al mismo tiempo
estimuló un incremento de las importaciones equivalente a
cerca de un 40% de sus importaciones. La composición de las
importaciones, por otra parte, muestra una reducción de la
participación de los bienes de consumo y de los bienes de
capital acompañada de un incremento de las importaciones de
bienes intermedios y de maquila.
El déficit en las finanzas públicas, por su
parte, aún permanecía para el mes de abril pasado
cuando alcanzaba un nivel de 328.8 millones de colones, a
diferencia del mismo mes de 1995 cuando se reportó un
superávit de 30.3 millones de colones. La evolución
de los gastos durante el primer cuatrimestre del año es lo
que explica el incremento del déficit, ya que éstos
se han incrementado en 29.7% entre abril 1995 y abril 1996, lo cual
fue suficiente para superar el crecimiento absoluto de los
ingresos. Cabe señalar que los ingresos fiscales han
experimentado un crecimiento apreciable durante los últimos
meses, principalmente por efecto del incremento de las
recaudaciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto
sobre la Renta.
En el campo monetario y financiero ha sido el incremento de
las tasas de interés activas el elemento que más
destaca al examinar el comportamiento de las variables monetarias.
Asimismo, es digno de mencionar la disminución experimentada
por las tasas de crecimiento del crédito. Por ejemplo, entre
mayo de 1995 y mayo de 1996 las tasas de interés activa a
mediano plazo (aplicables a préstamos) pasaron de 20.16% a
24.35%; es decir, un incremento absoluto de 4.19 puntos
porcentuales. Por su parte, las tasas pasivas a 180 días
(pagadas a los depósitos de ahorro) pasaron de 12.94 a 13.96
para un incremento absoluto de 1.02 puntos porcentuales.
Evidentemente, lo anterior se ha traducido no sólo en un
mayor costo del dinero, sino también en un incremento de la
diferencia entre tasas activas y pasivas (4.17 unidades) y de los
márgenes de utilidad de los intermediarios financieros.
Por otra parte, el crédito otorgado por bancos y
financieras se expandió a una tasa menor a la observada para
períodos previos. Entre abril de 1994 y abril de 1995, el
crédito se expandió en un 34.7%, mientras que -entre
el último mes y el de abril de 1996- lo hizo en sólo
14.6%. Esta situación es resultado de las restricciones
monetarias impuestas por el gobierno desde mediados del año
pasado y que se han prolongado aún para los primeros meses
de 1996.
La información anterior muestra que una
evaluación de la economía arroja graves
cuestionamientos en prácticamente todos los ámbitos.
El crecimiento económico se ha visto limitado por la
reducción de la actividad de los sectores comercio y
construcción; sin embargo, ha sido el descollante
comportamiento del sector financiero el que ha atenuado las
presiones hacia la disminución en la tasa de crecimiento. La
reducción del crédito, aunque ha contenido la
inflación, está estrangulando el crecimiento
económico de los sectores productivos (agropecuario y
manufacturero), al igual que las elevadas tasas de interés
cobradas por las instituciones financieras.
El déficit en la balanza comercial, aunque se redujo
levemente, continua presentándose como uno de los problemas
de política económica más difíciles de
resolver por la baja capacidad de respuesta de las exportaciones.
La maquila tiene un papel ambivalente en la balanza comercial, pues
aunque genera exportaciones también genera importaciones que
reducen su efecto final sobre la reducción del
déficit comercial, mientras que las exportaciones
tradicionales y no tradiciones muestran bajos niveles de
crecimiento.
Pese a la retórica oficial, puede notarse que el
déficit fiscal aún presenta niveles suficientes para
ser considerado al momento de diseñar la política
económica. Esto es así por la continua
expansión del gasto que practica el gobierno, pese a que el
control del gasto público figura como uno de sus principales
objetivos en materia de política fiscal.
En general, el panorama coyuntural de la economía
podría caracterizarse por una reducción del
crecimiento económico aparejado a una permanencia de los
desequilibrios fiscales y de la balanza comercial. Ello llama
nuevamente la atención sobre la dependencia de los recursos
externos y de la inefectividad de los programas de
"estabilización y ajuste" implementados desde 1989.
Difícil situación de los recursos naturales: el
problema del agua
Durante mucho tiempo se ha pretendido ignorar, por parte de
los gobiernos de turno y la población en general, el
problema del medio ambiente en nuestro país, y los efectos
reales que este puede originar y ya está originando. A falta
de una preocupación sincera y global por proteger los
escasos recursos que todavía quedan, no se diga por un
afán de recuperar los que aún no se han perdido
irreversiblemente, existe la falsa idea de que el desastre
ecológico es una realidad por venir -por ello asunto de las
futuras generaciones-, y no algo que deba ser enfrentado ahora.
El problema ambiental es una realidad actual, cuyas
repercusiones alcanzan no sólo a las generaciones venideras,
sino también a las actuales. Sirvan de muestra de la
magnitud del problema los siguientes datos: cada año
desaparecen aproximadamente 4 mil 500 hectáreas de bosque
producto de la urbanización y la tala de árboles con
fines comerciales, agrícolas y de uso doméstico
(tómese en cuenta que la tasa de reforestación ronda
las 560 hectáreas por año, de las cual menos del 60
por ciento fructifica); en tan sólo 40 años se
generó el 67 por ciento de la deforestación del
país; únicamente un 12 por ciento de El Salvador
posee cobertura boscosa, de la cual, según el Programa
Salvadoreño de Investigación sobre el Desarrollo y el
Medio Ambiente, habría que restar un 6 por ciento compuesto
por vegetación arbustiva y cultivos de café; se
estima que en 26 años la población total del
país se duplicará, en 8 las zonas boscosas
habrán desaparecido y antes del 2020 los mantos
acuíferos se agotarán.
Los efectos que acompañan a esta realidad ambiental son
muchos, pero centrémonos ahora en uno en especial: la
escasez del agua. Como es evidente, la calidad y la cantidad de
agua con que se cuenta para suplir el servicio depende directamente
de la preservación de la vegetación y las
áreas boscosas, el caudal y la pureza de los ríos y
la precipitación pluvial de la estación de lluvia de
todos los años. Si a los datos de deforestación ya
presentados se añade el hecho de que más del 60 por
ciento de los ríos del país han sido declarados
"muertos" (sin posibilidad alguna de explotación) o poseen
un elevado grado de contaminación, es evidente que la
situación ha pasado hace mucho tiempo de ser preocupante a
ser gravísima y desastrosa. Muestra de ello es el hecho del
permanente estado de racionamiento del servicio de agua potable que
experimentan gran parte de los salvadoreños. Contrario a las
declaraciones de ANDA, la escasez del líquido
obedecería más al acelerado agotamiento y
contaminación de sus fuentes naturales, que a problemas
técnicos y de conexión. Puesto que de no ser
así, tendría ANDA que explicar cómo es que
supuestas tareas de reconexión y mantenimiento que exigen la
suspensión temporal del servicio hacen casi permanente la
falta de un servicio ininterrumpido en la mayoría de barrios
y colonias de clase media y baja. El intento de justificar la mala
calidad del servicio de agua potable desde aspectos puramente
técnicos y económicos (superables de una forma u otra
a corto o mediano plazo) estaría obviando la causa
más estructural del problema, por ello la más
difícil y cara de solventar.
No hace falta ser alarmista, la realidad ya lo es en
suficiente grado, para prever los dramáticos efectos
sociales que el próximo agotamiento de los mantos
acuíferos traerá consigo. Como un posible adelanto de
ellos basta recordar el violento enfrentamiento entre la
Policía Nacional Civil y un grupo de pobladores del
municipio de San Ramón, Cuscatlán, que se
oponían a que el manantial de su lugar de residencia fuera
utilizado por ANDA para abastecer a cuatro poblaciones vecinas. El
resultado de la situación: un antimotín lesionado,
tres pobladores arrestados y cerca de una docena de ellos afectados
por los gases lacrimógenos; su origen: la obcecada
determinación de un grupo de pobladores de no compartir con
nadie un recurso de por sí escaso. Muestra de que esta
situación no es un caso aislado, sino la
generalización de un problema, es que las disputas en torno
a la posesión y derecho de uso de los manantiales de agua
potable son cada vez más frecuentes (véanse los casos
del "Pescadito de Oro" en Sonsonate y el de la usurpación de
la Zona de Recarga El Playón).
Como se ha visto, el problema ambiental, lejos de ser algo que
aguarda amenazador en un futuro lejano, es una realidad a la cual
tuvo que habérsele buscado solución hace mucho tiempo
atrás. El olvido y el desinterés por sanearla
empiezan a dar sombríos frutos. La hora cero del medio
ambiente en El Salvador, y con ella la de los salvadoreños,
está a punto de llegar. Su retraso, o cuando menos la
disminución de la magnitud de sus consecuencias,
dependerá de la implementación de un plan global y
técnicamente acertado de reforestación y
protección de los recursos naturales; de la
aprobación sin postergaciones de una Ley Ambiental que
responda realmente y sin matizaciones a la situación del
país; y de una inversión seria, por parte del
gobierno y la empresa privada, en el medio ambiente
salvadoreño, es decir, en la viabilidad del país.
Avances y limitaciones de la Integración
Centroamericana
El camino de la Integración Centroamericana constituye
uno de los procesos de mayor duración en la historia de
América Latina. Pero no es nuestro interés
remontarnos a los primeros encuentros efectuados en aras de la
integración del istmo, sino que el mismo se centra en
señalar lo acontecido en los últimos años,
para analizar los avances experimentados hasta nuestros días
y, al mismo tiempo, señalar las limitaciones o puntos
pendientes que debe realizar Centroamérica en su camino
hacia la integración.
Algunos analistas han llamado la "Nueva Integración" al
esfuerzo realizado por los países centroamericanos en los
últimos años. Justamente, a partir de 1990, se inicia
un nuevo tipo de integración regional. Por lo demás,
la integración, según ha afirmado la CEPAL, va
"más allá de los temas puramente económicos,
como lo revela la constitución del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), encargado de coordinar
los diversos componentes (económico, político, social
y cultural)".
Avances y limitaciones
Entre los avances que ha experimentado el área
centroamericana cabe destacar los siguientes: a) en el campo de las
importaciones, las mismas pasan de $ 4,291 millones en 1990 a $
6,213 millones en 1994. Por su parte, se incrementó el
volumen de las exportaciones dentro de la región del Mercado
Común Centroamericano: de $ 798 millones en 1990 a $ 1,463
millones en 1994; y b) en 1993 las exportaciones dentro de la
región llegaron a representar el 24% del total de
exportaciones de nuestros países.
Otro de los avances experimentados por la región ha
sido la firma del Tratado sobre Seguridad Democrática en
Centroamérica, firmado en Tegucigalpa, en 1995, con claros
reparos de Costa Rica y Panamá, que abogaron por reducir las
fuerzas armadas y los presupuestos militares. Asimismo, pese a los
esfuerzos que se han venido realizando en materia de seguridad y
que apunta a considerar a la región como un lugar donde
imperen la paz, libertad, democracia, desarrollo y el respeto a los
derechos humanos, cabe destacar que todavía falta mucho oir
hacer para que desaparezcan ciertas prácticas en donde
existe abuso de poder y actos de corrupción, al igual que
actos violatorios de los derechos humanos por parte de las
autoridades. A ello se añade un clima de inseguridad
ciudadana que refleja la incompetencia de los gobiernos para
combatir la delincuencia y el crimen organizado.
En lo que se refiere a las limitaciones del proceso de
integración, es importante señalar que, pese a que se
firmó un acuerdo en la Cumbre de Tuxtla Gutiérrez I,
en enero de 1991, y que la fecha establecida para alcanzar las
metas previstas fue el 31 de diciembre de 1996, las mismas distan
mucho de haber sido alcanzadas, y nada garantiza su cumplimiento en
el futuro inmediato. Incluso se distorsionó el
espíritu de Tuxtla I, cuando se posibilitó que
algunos países negociaran bilateralmente; este fue el caso,
por ejemplo, Costa Rica, que suscribió un tratado con
México desde el 1 de enero de 1995.
Otro punto pendiente que es también una limitante en
materia de integración es lo referente al comercio dentro de
la región y las exportaciones a terceros países que
enfrentan graves problemas en las aduanas, lo que demanda una
interconexión vial, integración de puertos y la
modernización de las aduanas con normas más o menos
armonizadas. Actualmente, en lo que atañe a transporte, la
región centroamericana se encuentra en una gran desventaja,
precisamente porque -en comparación con otras regiones- se
encuentra por debajo de los estándares mundiales. Con
respecto a los problemas de aduanas, se debe buscar armonizar los
sistemas centroamericanos con los mejores del mundo, justo porque
en nuestras aduanas se tardan entre ocho horas y dos días
para dejar pasar a un furgón, mientras que en otros
países dicho trámite se hace en menor tiempo.
Centroamérica se encuentra con otro gran reto a
realizar: este consiste en la mejor manera de orientar la
integración de modo que la misma apunte hacia la
conservación ecológica. Este ha sido un compromiso
firmado por los presidentes de la región en lo que se
llamó La Alianza para el Desarrollo Sostenible, acordada en
Managua, en 1994. Empero, hasta este momento, no se está
dando respuesta a tal problema de manera eficiente. Asimismo, en la
XX Reunión de la Comisión Centroamericana de Ambiente
y Desarrollo (CCAD), celebrada en Panamá y que
concluyó el pasado 14 de junio, organismos de
cooperación internacional como la Unión Europea (UE),
Holanda, países escandinavos, México y Estados Unidos
darían a Centroamérica unos 400,000,000 millones de
dólares en los próximos tres años para
programas de conservación de la biodiversidad. Mientras
tanto, el gobierno mexicano comunicó su decisión de
ofrecer al istmo el 20% de la factura petrolera que paga a ese
país para proyectos de conservación ambiental. Estas
ayudas se invertirán en la conservación de bosques a
través de un "corredor biológico" que se
extenderá desde México hasta Panamá. Y,
según afirmó el Ministro de Ambiente y Energía
de Costa Rica, René Castro, se pretende que esta área
cubra una superficie de dos millones de hectáreas.
Pese a lo apuntado, es importante señalar que los
esfuerzos anteriores no son suficientes para solucionar el problema
de la conservación del medio ambiente, sino que se debe
tomar conciencia y medidas en torno a la contaminación que
genera la basura, el plástico y otros materiales que no son
biodegradables, los cuales están ocasionando enfermedades
respiratorias a la población expuesta al humo.
Adicionalmente, la producción y contaminación de la
basura tiende a afectar los mantos acuíferos; y esa
contaminación en su gran mayoría es provocada por las
grandes fábricas que forman parte del sector industrial.
Además de la necesidad de ejercer un control sobre la
fábricas que producen desechos tóxicos, es inexorable
regular el desmedido crecimiento de la construcción de
viviendas que se ha llevado consigo gran parte de los bosques o
áreas que pudieran haberse considerado como reserva
ecológica.
Para terminar, en el camino de la integración
centroamericana no debe olvidarse la lucha contra la
erradicación de la pobreza que crece cada día
más en la región. Justamente, porque la
solución que se ha impuesto a los países nuestros no
es la mejor ni mucho menos apunta a solucionar las causas que
originaron los conflictos armados en el área es que es
necesario corregir el actual rumbo por el que éstos caminan.
Según el estudio titulado Pobreza en el Istmo
Centroamericano: perspectivas de las mujeres, con la
excepción de Costa Rica, más del 70% de la
población centroamericana vive en la indigencia. El total de
pobres representa un 88% en El Salvador, un 82% en Guatemala, un
79% en Honduras y un 69% en Nicaragua. Más aún,
Guatemala y El Salvador en conjunto, representan el 60% de la
población pobre de Centroamérica (Proceso, 701). Esto
debe de llevar a una reflexión seria a gobernantes,
políticos y empresarios, porque los países de la
región lejos de resolver su situación en la que se
encuentran y encaminarse hacia un desarrollo sostenible, se
encaminan hacia una agudización de la pobreza, la cual
continuará expandiendo sus fronteras y generando más
conflictos sociales.
Sondeo nacional sobre la percepción
infantil hacia los agentes de seguridad pública
Al 46.9 por ciento de los niños salvadoreños le
gustaría que los policías o agentes de la seguridad
pública fueran amables, según revela un sondeo de
opinión realizado por el Instituto Universitario de
Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad
Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), a
pedido de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, a través de la Procuraduría Adjunta de la
Niñez y asesorado y financiado por R„dda Barnen de Suecia.
La pesquisa, la primera de su clase en El Salvador, fue realizada
con el objeto de conocer la forma en que los menores
salvadoreños perciben a los agentes de policía y el
modelo ideal del agente que ellos quisieran para la sociedad
salvadoreña. La investigación de campo se
efectuó entre los meses de enero y marzo de 1996, con una
muestra nacional de 1,202 menores entre 7 y 18 años de edad,
con un error muestral de más/menos cuatro por ciento. La
encuesta reveló además que a los niños
salvadoreños les gustaría también que los
policías fueran tranquilos, respetuosos, capaces y serios,
entre otras cualidades.
Los resultados del primer sondeo nacional infantil mostraron
que difícilmente se puede hablar de una percepción
única y coherente para todos o, al menos, la mayoría
de los menores salvadoreños, pues cada uno ve al oficial de
la seguridad pública desde las posibilidades que le permite
su desarrollo y desde su particular posición en la sociedad.
Así, se tiene que los niños que viven con sus
familias proyectan una visión a veces difusa, a veces
incoherente, pero bastante positiva acerca de los policías;
por el contrario, el grupo de menores que vive en la calle y los
menores recluidos en centros de re-educación (éstos
dentro del grupo de niños institucionalizados) se destacaron
por un elevado nivel de coherencia en sus respuestas y por una
marcada actitud de rechazo hacia los oficiales de la seguridad
pública. Algo parecido, pero con menos intensidad,
sucedió cuando se examinaron las visiones que tienen los
niños en función de la edad: los niños de
menor edad presentaron una percepción más difusa y
menos basada en contactos directos, más basada en lo que
sería el ideal del policía; en cambio, los
adolescentes revelaron una imagen menos difusa y más apegada
a ciertas experiencias directas o socializadas.
Sin embargo, el análisis del sondeo arrojó que
en términos del modelo ideal del agente de policía,
la mayoría de niños -sean éstos
institucionalizados, que viven en la calle, con sus familias,
escolares o adolescentes- comparten, de manera general, una
visión muy parecida y coherente de lo que quieren que sea un
agente de la policía salvadoreña.
A continuación, se presentan los modelos de
percepción de los niños sobre los agentes de
policía. Están basados en un análisis y en un
proceso de abstracción de los resultados más
importantes del sondeo. Estos modelos agrupan sectores de la
población que comparten ciertos patrones de respuestas
básicas a la hora de describir a un policía; no son
tipologías rígidas y absolutas, sencillamente
muestran las características que son más comunes para
ciertos sectores infantiles.
La visión de los niños de sectores altos y medios
De manera general, para los menores que pertenecen a los
sectores alto y medios, los agentes de seguridad pública son
buenos, trabajadores, inteligentes y valientes; para algunos, lo
anterior se complementa con ser contentos, amables y justos; para
otros, se complementa con ciertas características negativas:
enojados, injustos y pesados. La mayoría de estos
niños nunca ha hablado con un policía pero les
gustaría hacerlo esencialmente para conocerlos. Son personas
que pueden inspirar seguridad, deseo de saludarlos o indiferencia;
la mayoría de los niños lo ven como alguien que puede
brindar protección. La mayor parte de los menores de estos
sectores afirma que nunca ha visto a los policías haciendo
cosas indebidas, y tampoco ha visto cuando arrestan a una persona
o detienen a un menor de edad.
Aquellos que sí han presenciado un arresto o la captura
de un menor, los han visto registrando al detenido o
golpeándolo. Algunos niños afirmaron que
permitirían que un policía entrara a su casa si
llegara a investigar o existiera algún problema; pero otros,
sobre todo de los niveles más acomodados, no los
dejarían entrar por ser desconocidos. No desearían
que un familiar fuera policía porque los agentes corren
peligro al desempeñar su trabajo. Los niños de estos
sectores se sienten a gusto con policías de ambos sexos.
La visión de los niños institucionalizados, de
familias obreras, marginales y rurales
En general, para estos menores, los agentes de seguridad son
buenos, trabajadores, inteligentes y valientes; para unos
contentos, amables y justos; mientras que para otros enojados,
pesados e injustos. Son personas que para unos inspiran seguridad,
a otros no les provocan nada y a otros les inspira alegría.
Brindan protección; a unos les provoca saludarlos y a otros
platicar con ellos. La mayoría de estos niños no ha
visto a los agentes haciendo cosas indebidas; buena parte de este
tipo de niños no ha visto cuando arrestan a una persona
adulta o a un niño, pero entre los que han visto, unos dicen
que los registran y otros que les pegan. Según los menores,
son personas en las que se puede confiar, por lo tanto,
permitirían que un agente entrara a su casa.
Algunos sí desearían que un familiar fuera
policía porque así darían mayor seguridad,
pero a otros no les agrada la idea sobre todo porque consideran que
los agentes corren peligro.
La mayoría no han hablado con un policía, pero
les gustaría hablar con uno de ellos esencialmente para
conocerlos y otros porque consideran que son buenos. Los
niños de estos sectores se sienten más a gusto con
policías del sexo femenino.
La visión de los niños de la calle
La visión de este tipo de infantes es particularmente
distinta al resto. En general, para los niños de la calle,
los agentes de la policía son enojados, malos, pesados e
injustos; pero al mismo tiempo los catalogan de trabajadores,
inteligentes y valientes. Son personas que en ciertas
circunstancias pueden proteger; pero por lo general inspiran miedo
y deseos de huir. Suelen hacer cosas indebidas: maltratan
físicamente; golpean a las personas adultas y a los
niños cuando los arrestan o detienen.
No son personas de confianza para que entren a una vivienda
porque son peligrosos. Tampoco desearían que un familiar
fuera policía porque los agentes son personas desagradables.
La mayor parte de estos niños ha hablado con un
policía y a una parte de ellos les gustaría hablar
con un agente para conocerlo mejor, pero a otros no les
gustaría conversar con uno de ellos porque son enojados y no
muy agradables.
Los menores de la calle expresaron una preferencia marcada
hacia los agentes del sexo femenino. Si deben lidiar con un
policía prefieren que sea mujer porque ellas los tratan
mejor y, por tanto, se sienten más a gusto.
La visión de los niños de 7 a 12 años
Para los niños y niñas de 7 a 12 años los
agentes de seguridad son contentos, buenos, trabajadores, amables,
inteligentes, valientes y justos; para algunos de los entrevistados
los agentes son de aspecto serio y para otros de aspecto alegre.
Definidos como personas que provocan deseos de saludarlos y que
despiertan interés por platicar con ellos, los
policías inspiran seguridad y alegría entre los
entrevistados de menor edad.
La mayoría de niños pequeños definen a
los agentes de policía como personas que brindan
protección. La mayor parte de este grupo de niños no
ha hablado con un policía, pero sí les
gustaría hablar con uno de ellos, sobre todo para conocerlos
y porque son personas buenas.
Son muy pocos los menores que caen dentro de este grupo de
edad que han observado a un policía arrestando a un adulto
o a un menores de edad.
La visión de los menores de 13 a 18 años
Los agentes son para algunos adolescentes de aspecto serio y
para otros de aspecto amable. Son personas que a muchos les
provocan deseos de saludarlos y a otros les son indiferentes.
Inspiran seguridad a unos y son los adecuados para brindar
protección.
Este grupo de menores no suele hablar con un policía,
pero sí les gustaría hablar con uno de ellos. Algunos
menores nunca han visto a un policía arrestando a otro
menor, otros han visto que cuando les arrestan les pegan y otros
dicen que los registran.
En general, para los niños y niñas de 13 a 18
años los agentes de seguridad son trabajadores,
inteligentes, valientes; pero mientras que para unos son contentos,
buenos, amables, justos, para otros son enojados, malos, pesados e
injustos.
_______________________________________________________________
El policía ideal
debe ser una persona amable, que trate bien a la gente; con
muy buena formación escolar o académica. Deben
conocer los derechos de las gentes y las leyes; su labor
esencial debe ser capturar a los ladrones, cuidar y proteger.
Su medio de transporte es la patrulla y deben usar como
instrumento de trabajo un arma de fuego: fusil o pistola. Para
una buena parte de niños y niñas deben haber
más hombres policías, pero para otros deben
haber de ambos.
(gráfico)
Otra bomba de tiempo
Nuevamente, la nunca resuelta y muy crítica
situación carcelaria en el país ha vuelto a ser
noticia y ha puesto de manifiesto la imperante necesidad de adoptar
medidas urgentes para solucionarla de fondo. De lo contrario, se
podrán revivir aquellas escenas que hace más de dos
años nos impactaron: personas masacradas, despedazadas entre
sí y sus cadáveres lanzados a los camiones que los
conducirían a la fosa del cementerio. Eso fue lo que
sucedió en el penal de San Francisco Gotera, departamento de
Morazán, el 18 de noviembre de 1993; el resultado de esa
acción brutal: veintisiete muertos y más de treinta
heridos. Ese cuadro u otros peores podrían repetirse en
estos días o en el futuro inmediato, de no adoptarse las
medidas adecuadas para solucionar la problemática del
sistema penitenciario que, en 1994, fue declarado en "estado de
emergencia" por la división de derechos humanos de la
Misión de Observadores de la Organización de las
Naciones (ONUSAL).
Desde hace unas semanas, los reclusos que se encuentran en el
penal de Santa Ana amenazaron con realizar acciones de protesta
para buscar salida a su situación; entre ellas, destacan una
huelga de hambre y el impulso de la llamada "ruleta de la muerte".
De esta forma, nuestro país sigue siendo un potencial
productor de materia prima para favorecer el morboso
sensacionalismo de "primer impacto" que explotan los medios y, por
ello, no nos deberá resultar extraño que þen
cualquier momentoþ aquellos noticieros "amarillistas" de
televisión nacionales e internacionales, junto a algunos
espacios en la prensa escrita y la radio, vuelven a bombardearnos
con lujo de macabros detalles al presentarnos el sorteo diario
entre los internos para ahorcar a uno de ellos en la puerta de una
celda y las escenas fatales de su ejecución. Esa
terrorífica lotería también habría
iniciado ya de no haber intervenido en forma directa la procuradora
para la defensa de los derechos humanos, doctora Victoria Marina
Velázquez de Avilés.
Por el momento, son 790 reos de ese penal y varios de sus
familiares los que se encuentran en huelga de hambre desde el
pasado lunes 17 de junio; según explica el presidente de
este movimiento de protesta y ex miembro de la fenecida
Policía de Hacienda, Abraham Paniagua, de no resolverse sus
demandas la huelga de hambre finalizará el 30 de junio y la
"ruleta" comenzará el primer día de julio, para lo
cual ya están seleccionadas las primeras víctimas. La
suspensión de esta última y extrema medida obedece a
los deseos de negociar que dicen tener los internos, quienes
expresaron a la señora procuradora sus principales
exigencias: agilizar sus procesos judiciales y mejorar las
condiciones de vida en que se encuentran, sobre todo en lo que toca
al hacinamiento y la mala alimentación. La doctora de
Avilés ofreció trasladar esas inquietudes a las
autoridades competentes y tratar de que éstas se acerquen al
penal.
¨Llegará a feliz término la valiente y atrevida
gestión de la señora procuradora? No lo sabemos pero
deseamos que así sea. Lo que sí sabemos es que los
síntomas de esta grave "enfermedad" que aqueja a la sociedad
salvadoreña no son nuevos, pues estas y otras acciones de
las personas privadas de su libertad en El Salvador se realizan
desde hace mucho tiempo; sin embargo, no se ha hecho nada concreto
y efectivo por superar esta alarmante situación. Un ejemplo
de ello lo encontramos en el documento que presentó, el 15
de marzo de 1990, la desaparecida Comisión Revisora de la
Legislación Salvadoreña (CORELESAL); dicho documento
þdenominado "Estudio diagnóstico del sistema penitenciario
en El Salvador"þ contenía una descripción detallada
de las principales deficiencias detectadas y una serie de
recomendaciones puntuales que nunca se atendieron. Ahora, frente a
las amenazas de los reclusos en el penal santaneco þcomo antes y en
el último momentoþ algunos funcionarios están
poniendo el "grito en el cielo", lanzando "patadas de ahogado" para
buscar un remedio inmediato y superficial otras rebeliones y la
muerte escandalosa al interior de esos centros mal llamados de
"readaptación".
El problema es que siempre, en casos como éste, en el
gobierno nadie asume la responsabilidad que le corresponde y todos
prefieren, simplemente, culparse mutuamente cuando lo deseable
sería hacer un esfuerzo común por encontrar
fórmulas sólidas y duraderas para enfrentar estas
situaciones; por el contrario, como es costumbre, en el mejor de
los casos sólo se adquieren compromisos formales para buscar
salidas coyunturales e inmediatistas, olvidándose de atacar
las causas profundas de las situaciones. De esa forma, se deja
abierta la posibilidad real de que vuelva a explotar la
insatisfacción.
En el discurso de su segundo año de gobierno, el
presidente Calderón Sol no hizo alusión alguna a la
problemática carcelaria del país; únicamente
dijo que el Ejecutivo había "creado nuevos mecanismos de
cooperación interinstitucional, a fin de que el sistema
nacional de justicia adquiera un mayor grado de eficiencia".
Palabras vacías del mandatario que no le dicen nada a
quienes siguen siendo víctimas del retraso en la
tramitación de sus procesos judiciales, la falta de
información sobre los mismos y el abandono en esos lugares
de encierro inhumano. Y tendría mucho que decir pues esta
situación ha puesto en el "banquillo de los acusados" al
Ministerio de Justicia, a la Dirección de Centros Penales y
a la Asamblea Legislativa, por no tomar en serio las demandas de
las y los reclusos.
Desde hace varios años, son muchas las llamadas de
atención que han lanzado tanto esa población privada
de su libertad -la mayoría sin haber sido condenada- como la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los
observadores internacionales, exigiendo tomar de inmediato las
medidas pertinentes para evitar nuevas explosiones. Mientras tanto,
los sectores gubernamentales simplemente se dedican a aprobar una
"Ley transitoria de emergencia contra la delincuencia y el crimen
organizado" que sólo está agravando el panorama; a
proponer la transformación de antiguos destacamentos
militares y escuelas en centros penales; y a reclutar más
personal para la vigilancia armada de las y los detenidos.
Soluciones cosméticas éstas que se encuentran
muy lejos de resolver la crisis en las cárceles pues no dan
una respuesta acertada a lo que en realidad está sucediendo,
al no atacar las causas de la realidad de esos sitios que þhasta
ahora y desde hace muchoþ siguen siendo importantes focos de
violencia en sus diversas manifestaciones: la que se vive
cotidianamente entre las mismas personas detenidas, la que se
ejerce por los vigilantes contra de ellas y los familiares que las
visitan, la que se produce cuando se rebelan para protestar por las
condiciones en que se encuentran y la que generan al salir,
desadaptadas y sin oportunidades para insertarse en una sociedad
que las rechaza.
Son pocos los días que faltan para que se empiecen a
cumplir las amenazas de los reclusos en Santa Ana; es necesario
que, antes de ese plazo fatal, se haga algo de lo que no se ha
hecho durante los años anteriores para solucionar esta grave
situación; de lo contrario, se seguirá manteniendo
vivo y creciendo un factor de inestabilidad social que
permanentemente contribuye a seguir poniendo en duda nuestra
frágil "democracia". Como dijimos en diciembre de 1993, a
raíz de los acontecimientos en el penal de San Francisco
Gotera, si volvemos a dar vuelta a la página "para
olvidarnos de estos hechos y del inhumano sistema penitenciario del
país, no será mucho el tiempo que deberá
transcurrir para volver a lamentar acontecimientos de este tipo"
(Proceso, 590).
Cuidado con las cortinas de humo en la PNC
Hace unos días llegó a nuestro país el
subsecretario de Asuntos Políticos de la ONU, señor
Alvaro de Soto, para verificar el estado de los compromisos
derivados de los acuerdos de paz que aún están
pendientes. Por lo visto, el funcionario viene en un momento muy
oportuno, pues en los últimos meses, se produjeron algunos
sucesos que provocaron inquietud entre la población
salvadoreña. Tal es el caso de las bombas que explotaron en
una zona residencial y en el local de una compañía de
seguros, así como el incremento de la inseguridad ciudadana,
la agudización de la crisis penitenciaria y las continuas
críticas que se hacen al accionar de la Policía
Nacional Civil (PNC).
Lo anterior pone en evidencia lo acertado de muchas de las
observaciones hechas por los observadores internacionales en su
informe especial presentado en septiembre de 1995. Al parecer,
nuestro país no debería dejar de ser observado por la
Organización de las Naciones Unidas en el corto plazo,
mientras se sigan dando situaciones que revelan la existencia de
conductas del pasado que se resisten a desaparecer, lo que pone en
peligro los avances conseguidos hasta la fecha y se presenta como
una señal de alerta que debe ser considerada seriamente,
para evitar que la violencia irracional e incontrolable vuelva a
instalarse entre las y los salvadoreños.
Sin duda, nuestro proceso de paz es muy frágil como
para que no veamos con preocupación esos hechos. Pero la
situación alcanza niveles de gravedad, cuando se empieza a
sospechar que miembros de la PNC aparecen involucrados en casos de
violación a los derechos humanos y la población
común cree que es cierto, tal como ha sucedido con la muerte
de un miembro de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UNO) de la
misma policía, de un estudiante de la Academia de Seguridad
Pública y de un menor de edad el pasado 9 de junio. Esos
tres cadáveres, tendidos al lado de la carretera,
sólo evocaban aquellos trágicos años cuando
los "escuadrones de la muerte" se paseaban por todo el país,
actuando como dueños y señores de la vida y la
integridad física de una población inerme e indefensa
ante tales atropellos.
Durante los primeros días después de
transcurrido el triple crimen, hecho condenable a todas luces, se
conoció que un agente de esa unidad especializada de la PNC
había involucrado a dos sargentos de la institución
en las muertes; pero las autoridades policiales más altas,
en lugar de investigar el caso, de inmediato se dedicaron a
desacreditar la versión del subordinado al punto de llegar
a señalar al denunciante como una persona desquiciada,
esquizofrénica; ese atrevido "diagnóstico" lo
lanzaron a rodar sin ser profesionales especializados en salud
mental, cuando lo indicado era indagar con profundidad los hechos
y þcon los elementos de juicio suficientesþ descartar o no la
participación de miembros de la institución.
Ahora, después de unos días en los que
permaneció desaparecido, el agente que se atrevió a
declarar lo anterior ya fue presentado ante la opinión
pública pidiendo perdón a sus jefes y diciendo que se
equivocó. Cierto o no, el problema es que la gente ya le
cuesta, cada vez más, creer y tiende a inclinarse mejor a
pensar que son "montajes" de aquellos que antes se fabricaban para
esconder los males oficiales. Tal como actuaron en este caso los
mandos de la PNC, lo único que se logró es aumentar
las dudas de la población en torno al sostenimiento de
actitudes que intentan encubrir a los responsables de los hechos y
así poner en tela de juicio, aún más, la
credibilidad de la policía entera.
Con la visita del señor de Soto se espera que
situaciones como las descritas, en las que se ha infringido la ley
y se han cometido otras incorrecciones, se evalúen con
seriedad. También es deseable esperar que el Consejo
Nacional de Seguridad Pública reciba un impulso para
analizar el desempeño del personal de la PNC y, de esa
forma, por el bien de todas las y los salvadoreños, se
empiece a contribuir en la superación definitiva de
conductas institucionales inadecuadas que fomentan la impunidad.
Si bien es cierto no se debe hacer señalamientos sin
base y de manera irresponsable desde la sociedad civil, es
todavía más importante que las altas autoridades
policiales y de seguridad pública tomen cartas en estos
asuntos con responsabilidad y sean prudentes y objetivos al momento
de hacer sus declaraciones, procurando no olvidar que el nacimiento
de la PNC se dio por la desconfianza que existía en los
anteriores cuerpos que reprimieron y asesinaron sin recibir
castigo. De no enmendar el rumbo, no será extraño que
el día de mañana se empiecen a escuchar voces
pidiendo la desaparición del actual cuerpo de seguridad.
Aún es tiempo de modificar los comportamientos de las
cúpulas y las bases de la PNC en un esfuerzo por ser
transparentes y servir, de verdad, a una población que
todavía quiere creer que en este país þdespués
de tanto sacrificioþ existe algo bueno.
PRESUNTOS TERRORISTAS. Luego de la captura de cuatro sujetos
realizada el 15.06, las autoridades están convencidas que
descubrieron un violento plan de desestabilización del
Estado encabezado por antiguos miembros del Partido
Demócrata. A los detenidos se les identificó como
Remo Elmer Torres, posible explosivista, Ricardo Nuñez
(cooperador intelectual), Zaír Antonio Gálvez
(operador) y Félix Boanerges "Chino Vietnam" (operador). A
ellos se les atribuye el estallido de un coche-bomba en la
residencial Santa Elena y la explosión de una bomba en SISA.
Los detenidos formarían parte de un grupo extremista
denominado "Voz Popular Revolucionaria del Pueblo", según lo
confirmó el 16.06 el subdirector de operaciones de la PNC,
Rolando García. Las investigaciones y detenciones las
dirigieron miembros de la División de Investigación
Criminal (DIC) y el Departamento del Crimen Organizado (DICO). Las
autoridades no descartaron que en las próximas horas se
produzcan nuevas detenciones, entre ellas, la de un
catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de
El Salvador. Un fiscal del caso manifestó que gracias a la
colaboración de dos testigos claves se pudo descubrir el
plan de desestabilización contra el Estado. "Uno de ellos es
testigo presencial de un hecho y el otro es una persona que
tenía conocimiento de los atentados debido a que
pertenecía a la organización y conocía todos
los movimientos". El fiscal manifestó que la
organización tenía una serie de planes para continuar
con los atentados los cuales serían realizados en forma
gradual. "Los primeros señalados fueron los cuatro
implicados, aunque hay más personas involucradas", sostuvo.
El grupo terrorista había programado otro atentado
dinamitero en contra de una empresa multinacional de prestigio, una
institución del Estado y Casa Presidencial (DH 17.06 p.16). REACCIONES ANTE CAPTURAS. El diputado del FMLN, Miguel
Sáenz, considera que es práctica común que
funcionarios de gobierno y ARENA traten de involucrar a la ex-
guerrilla en atentados terroristas. "Rechazamos cualquier
vínculo. Estamos en contra de esos atentados; por la
democratización del país nos movemos en un escenario
político", enfatizó. Sobre uno de los detenidos quien
afirma haber sido miembro del ERP, Sáenz señala que
aunque el sujeto haya formado parte de la guerrilla, no da derecho
a crear lazos entre el terrorista y el ahora partido
político. El obispo auxiliar de San Salvador,
Monseñor Gregorio Rosa Chávez, se mostró
insatisfecho con los resultados de la investigación de los
atentados. "Hacen falta datos objetivos en la investigación
que se está realizando para que hechos tan graves como estos
no queden en el misterio y no perjudiquen el proceso de paz",
afirmó. Por su parte, Ronal Umaña, Secretario General
del PDC, ve con recelo las capturas de los supuestos responsables
de actos de terrorismo. "Me parece ridículo que sean ellos.
Los panfletos son de demasiado tiempo atrás", afirmó.
La tenencia de explosivos, como el C-4 encontrado en las viviendas
de los detenidos, no es sinónimo de terrorista, porque
muchos delincuentes comunes los poseen. "La conclusión de la
policía ha sido muy a la ligera", expresó
Umaña. Mientras tanto, el diputado de Convergencia
Democrática, Jorge Villacorta, tiene sus reservas sobre las
acusaciones de terrorismo impugnadas contra los detenidos. "La
misma policía dice que es la primera captura",
afirmó. "En todo caso la violencia terrorista no tiene
justificación en el actual marco de desarrollo" (DH 17.06
p.17). PD RECHAZA VINCULO. El Partido Demócrata no descartó,
el 17.06, iniciar un juicio en contra de cuatro estudiantes de la
Universidad de El Salvador que han tratado de involucrar al PD en
dos atentados dinamiteros, afectando el nombre del partido y el
caudal electoral que puedan tener, reveló el dirigente Juan
Ramón Medrano. Asimismo, la vicepresidenta de la Asamblea
Legislativa y diputada del PD, Ana Guadalupe Martínez,
rechazó toda vinculación con los estudiantes de
Derecho capturados, asegurando que nunca fueron ex combatientes ni
han estado vinculados al trabajo del Partido Demócrata, ya
que se retiraron cuando comenzó el debate con el FMLN. "Se
quedaron en la línea radical", dijo. El FMLN, también
rechazó cualquier vínculo con los detenidos, y llama
la atención al coordinador general del FMLN, Salvador
Sánchez Cerén, la actitud de desviar la
investigación de fondo, demandando de la PNC profundizar en
los hechos y descubrir a los autores intelectuales. Fuentes del PD
reconocieron que Félix Boanerges -uno de los capturados-
tuvo alguna participación armada, al igual que Ricardo
Nuñez, e intentaron ingresar al partido, pero cuando les
explicaron que la lucha se había terminado y en adelante le
apostarían a la paz, se alejaron y al interior de la
Universidad de El Salvador, se convirtieron en los principales
detractores de la institución partidaria. Para el ex
presidente Alfredo Cristiani, los atentados dinamiteros cerca de su
residencia y en el edificio SISA, podrían estar dirigidos en
su contra; sin embargo, negó que esto sea producto de
divisiones al interior de ARENA o consecuencia de que el gobierno
que presidió no investigó el crimen organizado.
"Siempre he sostenido que en ARENA hay diferencias de
opinión. Pero no llegan a divisiones como ha ocurrido en
otros partidos", destacó el ex mandatario (LPG 18.06 p.9-a). SOSTIENEN INOCENCIA. Los cuatro estudiantes universitarios,
acusados de los atentados dinamiteros, se declararon inocentes y
consideraron que las acusaciones podrían derivarse del
Partido Demócrata, con cuyos integrantes han tenido
diferencias políticas. Los detenidos coincidieron en la
falta de pruebas en su contra; así como rechazaron que un
abogado o catedrático de la Universidad, se encuentre
detrás de ellos. "Este es un mensaje para los jueces y
fiscales que no se dejen impresionar por ese tipo de chantaje, y
creo que es una irresponsabilidad de la policía al no tener
pruebas e ir a leerme ciertos derechos que supuestamente
están amparados en la Ley de Emergencia", dijo
Núñez. Félix Boanerges Pérez se
declaró inocente al igual que sus compañeros,
agregando que en las noches de los atentados se encontraba en la
Universidad; a su vez, consideró que el caso se está
politizando, ya que la Policía está tratando de
buscar a quien culpar, sin prueba alguna, y las autoridades no
castigan a los culpables. Pérez aseguró que el
explosivo plástico C-4 encontrado en su casa fue colocado
por un agente de la DICO. La Fiscalía General de la
república afirmó tener pruebas contundentes que
incriminan a los capturados, por lo que fueron trasladados a los
penales de Sensuntepeque, Ilobasco, Quezaltepeque y Jucuapa.
Mientras tanto, el 18.06 grupos estudiantiles de la UES se
presentaron a la Juzgado Primero de lo Penal para manifestar el
apoyo a los capturados, a quienes consideran inocentes. De igual
forma, familiares de uno de los detenidos sostuvieron que la
División de Investigación del Crimen Organizado
(DICO) allanó sus viviendas y realizó las capturas
sin presentar órdenes judiciales que ampararan la
acción (LPG 18.06 p.9-a y DH 19.06 p.2). RATIFICARAN REFORMA. Después de reunirse con el
Subsecretario General para Asuntos Políticos de la ONU,
Alvaro de Soto, dirigentes de los partidos ARENA, FMLN y PD
(Partido Demócrata), señalaron el 18.06 que se
había llegado a un "acuerdo condensado" para la
aprobación y ratificación de las reformas a la
Constitución previstas en los Acuerdos de Paz. De Soto,
quien se encuentra en el país para verificar el cumplimiento
de los Acuerdos, propuso a los dirigentes de los partidos
políticos una nueva opción para el Artículo
12, que había generado un impasse en el Congreso. Ana
Guadalupe Martínez, diputada del PD, dijo que con la
reformulación del Artículo 12, que introduce la
declaración extrajudicial como prueba judicial, se
había resuelto el principal problema de las reformas
constitucionales. En la reunión con De Soto se revisaron
además las reformas electorales, la Ley de la Carrera
Policial, el proceso de transferencia de tierras, los asentamientos
humanos y el fondo de lisiados de guerra. Sobre las reformas
electorales, los del FMLN dijeron que esperan que sean aprobadas y
ratificadas en julio. Respecto de la transferencia de tierra, un
dirigente del FMLN indicó que se tiene que resolver la
inscripción de las escrituras en el registro. Por su parte,
el delegado de las Naciones Unidas manifestó que existe una
excelente disponibilidad del Gobierno por cumplir los Acuerdos
pendientes a la brevedad posible. De Soto, quien se reunió
en Casa presidencial con el Presidente, Armando Calderón
Sol, expresó que con el apoyo del gobierno y de los
demás órganos como la Asamblea, los Acuerdos van a
caminar bien (DH 19.06 p.4).