© 1996 UCA Editores
año 17
Número 712
junio 5 1996
ISNN 0259-9864
Los dos países del discurso presidencial
Balance político del segundo año de Calderón
Sol
Las medidas de política económica anunciadas por
Calderón Sol
Polémica licitación en ANTEL (II)
Los salvadoreños evalúan los dos años de
Calderón Sol
Dos años sin gobierno
Nuestro balance de otro año más (I)
Los dos países del discurso presidencial
Al menos una cosa buena tuvo el discurso del Presidente
Calderón sobre el segundo año de su
gestión y es que reconoció que la
situación general del país no es buena, que las
medidas económicas adoptadas no han arrojado los
resultados esperados y que, por lo tanto, es necesario
retrasar algunas de las ya decididas y adoptar otras nuevas.
Aunque no reconoció la existencia de una
recesión económica, sí aceptó que
desde hace algunos meses la economía experimenta
problemas serios. Más aún, dijo estar
preocupado por las amas de casa, los empleados y trabajadores
de bajos ingresos y por los desempleados. A todos los
llamó hermanos varias veces.
Es bueno reconocer que los resultados económicos
no son los esperados, porque es el punto de partida para
introducir cambios. Otra cosa es que las doce medidas
propuestas por el presidente sean las adecuadas para corregir
el deterioro alarmante de las condiciones de vida de la
mayoría de la población. Este reconocimiento
oficial es más importante porque hasta ahora el
gabinete económico y el partido oficial negaban que la
vida fuese más difícil en 1996 que en 1994.
No obstante, el gobierno no tiene claridad sobre la
realidad del país ni, por consiguiente, sobre las
políticas adecuadas para resolver sus problemas
más graves. El discurso presidencial es una muestra
más de esta confusión, que predomina en los
altos círculos gubernamentales. El presidente
Calderón abrió su discurso reconociendo que los
resultados de la economía no eran los esperados y
añadió que pensaba mucho en sus hermanos sin
voz, en los medianos y los pequeños empresarios y
sobre todo en los pobres. Pero sorpresivamente, en el cuerpo
del discurso, al describir los logros más relevantes
de su gobierno, dijo, sin ningún reparo, que las
condiciones de vida de la población habían
mejorado en los dos últimos años. Estas
contradicciones son preocupantes, porque si no hay claridad
en el diagnóstico, tampoco la podrá haber en
los correctivos.
Y es que en el discurso presidencial predomina la
ideología sobre la objetividad. El texto tiene una
parte central que, sin duda, fue elaborada independientemente
de la parte introductoria, donde se reconoce que las cosas no
van bien, y de la parte final, donde se anuncian doce medidas
para corregir la dirección de la economía. El
cuerpo del discurso pertenece a la retórica
tradicional con la cual se suelen describir alegremente los
logros gubernamentales, pero sin relacionarlos o
contrastarlos con la realidad. En esta ocasión, el
presidente Calderón señaló
cuántas viviendas había construido y
cuántos chorros había inaugurado, pero no dijo
nada sobre cuántas viviendas faltan para resolver el
problema habitacional ni sobre la escasez de agua que cada
día se vuelve más aguda. En su largo recorrido
por los tópicos de esta clase de discurso tampoco dijo
nada sobre el medio ambiente, el transporte, la
energía, la corrupción, el crimen organizado,
el terrorismo, la impunidad y la polarización social.
Estos silencios gubernamentales son muy elocuentes, sobre
todo si se contrastan con los propósitos del primer
discurso.
Pareciera, pues, que la sección introductoria y
la final fueron añadidas a última hora o
quizás fueron redactadas por personas diferentes y
nadie se molestó en leer el texto completo para velar
por su coherencia. En efecto, en el cuerpo central, el
presidente Calderón habló del país de
las maravillas, que sólo existe en los deseos y las
ilusiones de los ideólogos de su gobierno. En las
otras dos secciones, intentó hablar de El Salvador
real. Pero aún así, el presidente no
tocó ningún tema conflictivo,
concentrándose únicamente en los logros que
podían ser aplaudidos por su público, pero con
ello le ocultó la realidad a la nación de la
cual es mandatario.
No es extraño, entonces, que la atención
se centre en las doce medidas propuestas. Las gremiales de la
gran empresa privada las han recibido con beneplácito,
evidenciando así qué sectores serán
beneficiados en primer lugar. El contenido de las medidas
revela también que el sector privado no está
preparado para la competencia ni para el mercado libre. En
otras palabras, no es eficiente. Cabe, entonces, preguntarse
con qué solvencia acusa al sector público de
ineficiente. Más preocupante es que las medidas no
atacan los problemas estructurales de la economía,
sino que más bien se orientan a remediar algunos
efectos negativos, quizás debido a su carácter
inmediatista e improvisado. Desde otra perspectiva, su bondad
habrá que juzgarla desde la generación de
empleo y el aumento de la productividad.
Ante las críticas que llovieron sobre su
gobierno, el presidente Calderón apeló al
veredicto popular. Una encuesta de opinión
pública del IUDOP revela ese veredicto. En
términos generales, el juicio de la población
sigue siendo negativo. Aunque la valoración parece
haber mejorado levemente en relación con la del
año anterior, en conjunto, se continúan
señalando más fracasos que éxitos. Es
más, pareciera que la población critica con
mayor intensidad la conducción de la economía.
Por eso, la mayoría piensa que el país no va
por buen camino y piden al gobierno acciones concretas en el
campo económico y en el combate contra la
delincuencia.
El Presidente Calderón pidió objetividad
a la prensa, temeroso de que sus informes alejen a los
inversionistas y no atraigan el turismo. Por objetividad
aquí se entiende compartir y difundir la visión
ideal que el gobierno tiene sobre el estado del país.
El problema es que la visión gubernamental no se apega
a la realidad y se alimenta de ilusiones falsas. Por lo
tanto, la imagen que se quiere proyectar con fines
propagandísticos es también falsa. Sólo
mejorando la realidad se puede proyectar una imagen objetiva
del país.
Todos debemos trabajar por el bien común de El
Salvador, pero el ejemplo lo deben dar el presidente de la
república y su gobierno. Como todo buen hermano, el
presidente Calderón debiera mostrarse más
cercano a sus otros hermanos, sin mostrar preferencias por
aquellos que tienen más poder, y debiera ser mucho
más generoso ante sus necesidades ingentes.
Balance político del segundo año de
Calderón Sol
El desempeño político del gobierno del
Presidente Calderón Sol durante el segundo año
de su gestión se ha caracterizado por acentuar las
tendencias y los rasgos de grave ineficiencia gubernamental
y de severa perdida de legitimidad ya evidenciados claramente
desde su primer año de administración (Proceso,
663-664). Ha habido, en este sentido, una peligrosa y
consistente continuidad en aquellas acciones gubernamentales
negativas que justifican la perdida del apoyo y la confianza
ciudadana en virtud de la errática conducción
de la sociedad por parte del ejecutivo.
A lo largo del segundo año de la
administración de Calderón Sol, en efecto, el
ámbito político presenta en sus puntos
fundamentales el panorama siguiente:
a. Un obsesivo empeño del Ejecutivo por dar por
finalizado el proceso de ejecución de los Acuerdos de
Paz aún y cuando Naciones Unidas ha certificado que
todavía existen importantes compromisos incumplidos en
las áreas de seguridad pública, derechos
humanos, sistema judicial y en materia económico-
social (Proceso, 706 y 708).
b. Un desbordante problema de criminalidad y
delincuencia - tanto común como organizada- que no ha
podido ser enfrentado hasta la fecha con medidas eficaces y
apegadas a una legítima normatividad jurídica
democrática (Proceso 702).
c. Una evidente marcha a la deriva de la nación
manifestada en la recurrencia de la ineficiencia
administrativa, ambigˆedad, indefinición,
precipitación y contradicción en la
formulación de las políticas de gobierno.
d. Una profundización de la crisis de los
partidos políticos y del sistema de partidos que
finalmente parece haber alcanzado a ARENA, el actual partido
en el gobierno, al hacerse públicas las profundas
diferencias internas entre los distintos grupos que integran
a dicho partido (Proceso, 707).
e. Un peligroso resurgimiento de la violencia
política a manos de organizaciones clandestinas
paramilitares que nos recuerdan la tradición
escuadronera y violenta de la derecha nacional (Proceso,
711).
f. Y, finalmente, un injustificable manejo discrecional
del poder legislativo por parte de la mayoría
parlamentaria de ARENA expresado en la promulgación de
leyes que suponen una clara involución en el terreno
de la reformas jurídicas impulsadas por el acuerdo de
paz (Proceso, 702 y 710).
Ni uno sólo de estos puntos medulares se
recogió, sin embargo, en el texto del informe
leído por el Presidente Calderón Sol ante la
Asamblea Legislativa para dar cuenta del desempeño
gubernamental en el período de tiempo analizado. De
hecho, en el apartado político del discurso,
únicamente se hizo una vaga y retórica
referencia al marco de transición política por
el que atraviesa el país junto a un breve recuento de
los relativos avances en cada una de las áreas
pendientes de cumplimiento del Acuerdo de Paz. Además,
el tono del discurso fue marcadamente acrítico y se
quiso presentar como éxitos de la gestión
política un proceso guiado más por la inercia
de las reformas institucionales impulsadas por el Acuerdo de
Paz que por la decidida voluntad del ejecutivo para
profundizar el marco de convivencia democrática.
En realidad, como hemos mostrado en varias ocasiones,
dichas reformas han sido obstaculizadas muchas veces desde el
seno mismo del poder ejecutivo. Es decir, la reforma
política general -electoral, judicial, etc- ha
registrado algunos avances importantes en contra y a pesar de
la voluntad gubernamental. Pero estos avances todavía
son insuficientes para transformar verdaderamente de manera
democrática a nuestro régimen político.
Sin duda, es en la actual coyuntura en donde esta pesando
tanto ese déficit democrático dado que la
expresión y el respeto al pluralismo, aún no
garantizado plenamente en nuestro país, ofrece
importantes ventajas a la hora de resolver los graves
problemas nacionales sobre la base de un procedimiento
concertado.
Y, es que, en efecto, la principal objeción
unánimemente formulada (tanto por analistas
independientes como por opositores político y
representantes de las diversos estamentos sociales) contra el
desempeño político de la actual
administración arenera ha radicado en la falta de
definición de una visión estratégica de
nación por parte del Ejecutivo. Es decir, de una
política gubernamental coherente y dinámica que
establezca las prioridades nacionales en los ámbitos
económico, social y político junto a los
respectivos mecanismos para alcanzarlas.
El cientista social Héctor Dada afirma al
respecto: "el peor flanco del actual gobierno es su
incapacidad o falta de voluntad par llevar adelante lo que
pacta". "Eso es lo que hace pensar [sostiene Dada] que el
gobierno siempre actúa como un apaga incendios, que no
tiene políticas para enfrentar las
problemáticas de manera global". Por su parte, el
influyente escritor David Escobar Galindo cree que en sus dos
años de gestión nunca ha estado claro el
proyecto económico que el gobierno ha querido
desarrollar. "Hay como intuiciones pero no hay definiciones
hacia donde se quiere ir. Por eso hay incertidumbre", explica
Escobar Galindo.
A ello se debe, justamente, que la lectura del informe
presidencial haya despertado extensas y justificadas
expectativas. Sobre todo, por parte del gran empresariado
nacional, se esperaba de dicho discurso al menos la
formulación de algunas medidas económicas de
emergencia destinadas a rescatar el país del
desaceleramiento tal y como en de hecho sucedió (para
un primer comentario sobre esa propuesta gubernamental
véase la historia económica en el presente
número de Proceso). Más allá del
significado y de la viabilidad objetiva de las medidas
anunciadas, lo cierto es que el poder Ejecutivo enfrenta en
este terreno de la convocatoria nacional y de la
dirección política un desafío
impostergable.
De esta suerte, en una de las pocas partes del discurso
presidencial -por encima de la retórica y del
triunfalismo cosmético que lo caracterizo- donde se
evidencio un eco de honestidad el Presidente
manifestó: "este día me permito invitar a cada
uno de ustedes a que, sin pérdida de tiempo, unamos
nuestros esfuerzos para diseñar una estrategia
nacional a largo plazo, que nos lleve al desarrollo de una
visión conjunta, para que entremos al tercer siglo de
la fundación de nuestra patria, habiendo salido del
círculo de pobreza, e incorporándonos al grupo
de los países desarrollados del mundo".
Resulta comprensible, por supuesto, entender que esa
tarea política urgente de conducción concertada
del país que se le exige al Presidente ofrezca mayores
dificultades de las que a simple vista podrían
sospecharse. Hacer entrar en razón a los distintos
grupos de interés en torno a un programa de
prioridades y metas de alcance y vocación nacional no
es una empresa fácil. No obstante, se trata de un reto
impostergable e ineludible. Sí el Presidente es
incapaz de realizar esa tarea otros, sin duda, lo
harán y quizás lleguen al extremo de valerse de
mecanismos autoritarios y excluyentes.
Las medidas de política económica
anunciadas
por Calderón Sol
El discurso de segundo aniversario del Presidente
Armando Calderón Sol reveló, pese al optimismo
del que está cargado, que existen suficientes
argumentos para rectificar los lineamientos de la
política gubernamental. De hecho, al mismo tiempo que
el Presidente calificaba de "fuerte y saludable" la
economía del país, aceptaba que el costo de la
vida había llegado a niveles que ocasionan "una
natural preocupación" que, sin embargo, no será
satisfecha con las medidas ofrecidas.
Es en el campo de la política económica
donde pueden notarse los mayores cuestionamientos y
revisiones de las programas de gobierno. Los sectores
empresariales son los que se han mostrado en desacuerdo con
las medidas del gobierno, por considerarlas de corte
"recesivo", y son quienes han presionado a través de
los medios de comunicación por la adopción de
medidas emergentes para estimular la producción.
Posturas planteadas por gremiales como la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) parecen haber sido
retomadas en este nuevo replanteamiento de la política
económica. A nivel de política social, en
cambio, las implicaciones del nuevo planteamiento
presidencial no son tan profundas, y no sugieren que se
registrarán cambios sustanciales en el esquema de
política social implementado hasta ahora.
A juzgar por las reacciones posteriores, parece que el
discurso de segundo aniversario de gobierno ha llenado las
expectativas de los sectores empresariales, e inclusive ha
generado reacciones positivas de parte de miembros de
partidos políticos de oposición. En este
contexto vale la pena revisar las implicaciones de la
propuesta presidencial no sólo sobre las condiciones
de crecimiento o de estabilidad económica, sino
también sobre las problemáticas social y
ambiental. Para lo anterior es necesario considerar algunas
de los posibles cuellos de botella del proceso de desarrollo
en El Salvador, así como las medidas más
importantes que se proponen en el mencionado discurso y
cuáles serán sus posibles efectos sobre la
marcha del proceso de desarrollo.
Algunas obstáculos para el desarrollo
Durante las últimas décadas se ha
generalizado a nivel mundial la visión del "desarrollo
sostenible", el cual comprende, entre sus principales
objetivos, la satisfacción de las necesidades
básicas de la población y utilización
racional de los recursos naturales y del medio ambiente. Son
estos elementos los que han mostrado los mayores limites para
el desarrollo económico; en el caso de El Salvador
ello resulta especialmente claro. Pese a décadas de
crecimiento económico, en el momento actual,
más de un 60% de la población se encuentra bajo
niveles de pobreza mientras que, de acuerdo a
diagnósticos gubernamentales, la situación de
los recursos naturales y del medio ambiente es una de las
más críticas de los países
latinoamericanos.
Sin embargo, de acuerdo al diagnóstico de las
gremiales empresariales, los problemas más notables
que actualmente enfrenta el país serían de
menor envergadura, pues estos se limitarían
fundamentalmente a un supuesto proceso de
"desaceleración" económica que estaría
afectando sus niveles de producción y de ingreso.
Algunas de las quejas puntuales de los empresarios son los
siguientes: drástica reducción en las ventas de
vehículos, electrodomésticos, viviendas y
otros; despido de personal, cierre de restaurantes y
almacenes; inaccesabilidad a créditos y altas tasas de
interés; baja en la rentabilidad y competencia
desleal; acoso fiscal, pago de IVA en el sector agropecuario
e incrementos en los servicios básicos.
En esta coyuntura de segundo aniversario de gobierno, el
sector laboral, por su parte, ha tenido mucha menor presencia
en los medios de comunicación social. Empero, algunas
organizaciones laborales y populares han reprobado la
gestión gubernamental. Posturas como la de los
trabajadores estatales ponen de relieve que el gobierno ha
continuado con los procesos de "privatización,
modernización y globalización de una forma que
daña a la mayoría de los trabajadores".
Las nuevas medidas gubernamentales
Las medidas anunciadas por el gobierno están
relacionadas, entre otros, con aspectos de política
tributaria, crediticia y de inversión pública
(en infraestructura y en recursos humanos); además se
perciben también medidas que tienen que ver con
políticas sectoriales destinadas a estimular la
producción.
En los aspectos tributarios se contemplan medidas que
pretenden, fundamentalmente, reducir la carga tributaria de
los sectores empresariales y mantener la protección de
las empresas nacionales (exención del IVA a las
importaciones de bienes de capital, eliminación de los
impuestos a las ganancias de capital, retraso de la
desgravación arancelaria y reintegro del 6% a las
exportaciones no tradicionales). En el aspecto crediticio,
el interés principal se centraría en la
"promoción de la liquidez en el sistema financiero,
para incrementar el crédito productivo y facilitar el
proceso de reducción de tasas de interés,
comisiones y cobros de servicios bancarios"; además se
persigue impulsar el crecimiento del crédito a la
micro y pequeña empresa.
En lo tocante a la inversión pública,
destaca el anuncio de un programa de construcción de
infraestructura y de desarrollo de programas sociales y de la
adopción de una política que oriente los fondos
provenientes de la privatización de las empresas del
Estado hacia proyectos de infraestructura y de
promoción social. Por su parte, las políticas
sectoriales -que persiguen impulsar la inversión en
los sectores productivos- consisten en un Plan Nacional de
Reactivación Agropecuaria, un Programa Nacional de
Competitividad y la promoción en el exterior del
país como destino de inversión productiva.
No cabe duda que las medidas anunciadas responden a los
señalamientos hechos por el sector empresarial, pues
la intención principal que se percibe en las mismas es
la de alcanzar mayores niveles de crecimiento
económico (cierre de empresas, baja de ventas, aumento
del crédito) y de reducir la carga tributaria (pago de
IVA, acoso fiscal). Las problemáticas de la
satisfacción de las necesidades básicas y de la
protección del medio ambiente, que son trascendentales
para impulsar un proceso de desarrollo, no aparecen dentro de
las doce líneas de política anunciadas por el
gobierno.
Lo que cabría esperar de un modelo de crecimiento
como el planteado implicaría mayor crecimiento
económico aunque a costa de mayores niveles de
inflación por los mayores niveles de otorgamiento del
crédito. Nada garantiza en este modelo que sus
beneficios también alcanzarán a los sectores
trabajadores, a lo sumo el gobierno ofrece incrementar
(levemente) los fondos para programas sociales.
Consideraciones
El discurso del presidente ofrece una serie de medidas
que responden a las necesidades de los sectores
empresariales, y en ese sentido denotan una elevada capacidad
de incidencia política de los mismos. La propuesta del
sector laboral (afectado por los despidos en el sector
público, la caída en el empleo, la
inflación, los bajos salarios, etc.) no tiene tanta
difusión pública y, aunque la tuviera, no
contaría con el suficiente respaldo político
para ser considerada dentro de medidas emergentes de
política económica como las conocidas
recientemente.
La propuesta de desarrollo implícita en el
discurso oficial pretende estimular el crecimiento
económico como un medio infalible para alcanzar el
desarrollo, ignorando que la historia demuestra que el
crecimiento económico no es sinónimo de
desarrollo e incluso puede implicar profundización de
la pobreza y deterioro ambiental.
Las políticas gubernamentales están en
función de la clase empresarial porque ésta
tiene más recursos de presión política
que el sector laboral. Por ello se impone como una necesidad
el que los programas de desarrollo también persigan
incrementar el poder político de los sectores
trabajadores para mejorar su capacidad de incidencia en la
formulación de las políticas del desarrollo.
Polémica licitación en ANTEL (II)
Como lo apuntamos en la primera parte de este
análisis (Proceso, 710), la agria polémica que
gira en torno a la adjudicación de la
licitación de la elaboración y mercadeo de los
directorios telefónicos ha sido tal en virtud de la
explícita participación de El Diario de Hoy y
La Prensa Gráfica en la interpretación y
defensa/ataque de los puntos centrales que culminaron en la
decisión de adjudicar la licitación a
Cartotécnica Centroamericana.
Es por ello que la dificultad de aclarar este preciso
proceso de adjudicación al interior del gobierno -
procesos que permanentemente se han caracterizado por su
oscuridad y arbitraria discrecionalidad- se ve aumentada. La
participación de los dos matutinos del país,
misma que ha sido realizada desde un presunto interés
por brindar una información objetiva que descubra la
"verdad" de los hechos, más que ayudar a clarificar
una circunstancia de por sí compleja, la ha dotado,
con su continua emisión de juicios de dudosa
imparcialidad, de un carácter engañoso y de
superlativa confusión.
Si bien la activa y obstinada labor de El Diario de Hoy
en la defensa de la posición de la
compañía Trejos Hermanos halla su
explicación en el hecho de que el Grupo Altamirano
Madriz (dueños y fundadores de este rotativo)
entró en asociación con aquella para
comercializar los directorios telefónicos, no son
igual de evidentes las motivaciones que habrían
llevado a que La Prensa Gráfica haya hecho suyo el
defender la legalidad de la decisión tomada por la
Junta de Directores de ANTEL y, por ende, la
adjudicación a favor de Cartotécnica
Centroamericana. Aunque es claro que el presente
análisis no pretende desentrañar el leit motiv
-ya sea político o económico- que hace que los
dos rotativos matutinos del país se enfrenten entre
sí, es de importancia resaltar algo ya sabido: el
afán que mueve a dar cubrimiento a cierto tipo de
hechos está, en la mayoría de ocasiones,
alejado de la búsqueda de veracidad y objetividad.
En lo que respecta a El Diario de Hoy, el interés
que rige su involucramiento en el asunto es notorio: se
abandona la labor periodística para utilizar el peso
y la capacidad comunicativa de la institución en la
defensa de los intereses económicos de sus
dueños y fundadores; en el caso de La Prensa
Gráfica, no habiendo en apariencia más
ligazón directa con el proceso de licitación
que la mera tarea de informar, el ataque directo contra su
contraparte informativo y la enconada defensa de la
decisión tomada por ANTEL no puede deberse más
que a razones de marketing: se fustiga, mediante la defensa
de la posición contraria, la parcialidad mostrada por
El Diario de Hoy con el fin de restarle la imagen y la
confianza que en él podrían haber depositado
los lectores, pasando así a ocupar en la conciencia
colectiva, por oposición, el puesto de "el medio de
mayor objetividad en el país" -como referente de esta
estrategia de marketing puede revisarse la pugna que estas
dos instituciones mantuvieron en torno a quien de ellas era
el diario de mayor circulación en El Salvador.
Dicho lo anterior, y considerando que el punto de
partida obligatorio para el análisis de la
licitación es lo que de ella ha sido publicado por los
dos anteriores rotativos, un análisis de la
problemática deberá, más que realizar
afirmaciones tajantes, plantear interrogantes que por su
apertura den pistas para entender el proceso de la
licitación.
Para analizar el proceso, que arranca desde la
aprobación de las bases de la licitación, el 24
de julio de 1995, y que ha culminado, provisionalmente, el 7
de mayo de este año, con la orden de la Corte Suprema
de Justicia de suspender temporalmente la adjudicación
a Cartotécnica Centroamericana, es necesario revisar
los argumentos que sustentan los puntos polémicos de
la licitación: la primera adjudicación a favor
de Trejos Hermanos y su posterior revocación, y la
nueva adjudicación, a partir de una
reevaluación, a favor de Cartotécnica.
Como es posible observar en la cronología de los
hechos presentada en el análisis anteriormente citado,
la compañía Trejos Hermanos resultó
ganadora de la licitación a pesar de que en la
evaluación que había sido llevada a cabo por
técnicos de ANTEL había obtenido el tercer
lugar en puntajes, quedando por abajo de Cartotécnica
que obtuvo el primer lugar. Las razones que adujeron los
directivos de ANTEL y la compañía ganadora para
fundamentar tal decisión fueron las siguientes: a) se
detectaron cierto tipo de anomalías en la
evaluación que pusieron en duda la veracidad de la
misma; los porcentajes obtenidos no eran congruentes con la
capacidad y experiencia real de las empresas, puesto que
Cartotécnica, que estaba en primer lugar, no
tendría ninguna experiencia en la elaboración
y mercadeo de directorios telefónicos,
condición que sí parecía llenar Trejos
Hermanos; b) la decisión de la Junta de Directores de
ANTEL estaría subordinada únicamente al
cumplimiento de las bases de concurso por parte de las
compañías participantes y al cabal cumplimiento
de los objetivos perseguidos con la licitación; por
ello, el no atender a la evaluación y adjudicar la
licitación a Trejos Hermanos era totalmente
válido y legalmente correcto.
Ante lo anterior, Cartotécnica Centroamericana
habría presentado una carta de protesta que
habría llevado -aún no está del todo
claro si ello fue realmente la razón- a la
anulación de la adjudicación anterior y a pedir
una reevaluación que, habiendo arrojado los mismos
resultados de la primera, fundamentó adjudicar la
licitación a esta compañía. La
polémica y las contradicciones arrancarían
desde este momento, siendo las argumentaciones presentadas
por las partes las siguientes: a) según ANTEL, el 22
de septiembre de 1995 se había enviado a todos los
participantes de la licitación una circular en la que
se comunicaba que la Junta Directiva tenía la potestad
de revocar una decisión tomada, siempre y cuando que
ésta no hubiera sido previamente rectificada. En este
sentido, ANTEL tenía todo el derecho de anular la
adjudicación primera y señalar a
Cartotécnica como el nuevo y único ganador; b)
respaldando aún más lo anterior, al no existir
un reglamento interno de ANTEL que contemple los procesos de
licitaciones y al ser válido todo aquello que una ley
explícita no prohíbe, por homologación
de los reglamentos de otras instituciones, eran válido
los pasos de "acuerdo-ratificación" que como
"costumbre administrativa" ya se habían seguido antes;
c) las evaluaciones estuvieron siempre apegadas a las bases
de la licitación; el recurrir a una segunda, cosa en
que los participantes estuvieron de acuerdo, se hizo con el
único propósito de despejar dudas y llevar a
cabo un proceso "cristalino".
Por parte de Cartotécnica Centroamericana y La
Prensa Gráfica, los argumentos de mayor peso son los
que siguen: a) pese a que el respaldo por parte de el Grupo
Altamirano Madriz y GTE Directories (una de las empresas
más grande del mundo en la publicación de
directorios) pudo inclinar la balanza en un primer momento a
favor de Trejos Hermanos, su participación en la
elaboración de los directorios no estaba debidamente
registrada en la oferta presentada por esta
compañía, por lo cual no contaba con un
respaldo legalmente registrado; b) la participación de
Trejos Hermanos en la licitación estuvo plagada, desde
su inicio, de irregularidades, entre ellas: la
compañía no contaba con informes fidedignos y
certificados acerca de su situación financiera; la
validez de la fianza de sostenimiento había expirado
desde el 6 de noviembre de 1995; no se habían
presentado certificados de experiencia comercial
autenticados; y, finalmente, la empresa no había
garantizado imprimir los directorios en suelo
salvadoreño. Habrían sido estas irregularidades
las que determinaron que Trejos Hermanos obtuviera el tercer
lugar en la evaluación y Cartotécnica
Centroamericana el primero.
Trejos Hermanos y El Diario de Hoy, por otro lado,
afirmaron: a) habría un parentesco entre Juan
José Daboub y un importante accionista de
Cartotécnica Centroamericana que habría llevado
a que en un segundo momento se hubiera adjudicado la
licitación a esta compañía; b)
Cartotécnica jamás habría
comercializado, editado, imprimido o distribuido directorio
telefónico alguno, por lo que su alta
calificación obtenida era fruto del amañamiento
de las bases de licitación en la evaluación; c)
los técnicos extranjeros contratados para la segunda
evaluación no tenían ningún tipo de
experiencia en la tarea que se les encomendó;
además, Trejos Hermanos nunca consintió en
realizar una segunda evaluación por considerar ser los
ganadores legales; d) Trejos Hermanos no tendría
ningún problema financiero y, por el contrario, goza
del respaldo de importantes firmas relacionadas con la
publicidad y la elaboración de directorios; e) la
revocación de la primera adjudicación por parte
de la Junta Directiva de ANTEL sería absolutamente
ilegal, ya que ello no está contemplado en la ley de
ANTEL; cualquier afirmación de la existencia de una
circular en la que esto se notificaba era, por tanto,
totalmente falsa.
Expuestos brevemente los argumentos de las partes, es
obligatorio plantearse ciertas interrogantes: ¨cómo se
explica la contradicción en la que cae ANTEL al
afirmar, primero, que puede obviar el proceso de
evaluación por su corrupción para tomar una
decisión y, después, ceñirse a él
para adjudicar la licitación a otra
compañía? De ser cierto lo señalado por
Cartotécnica, ¨cómo pudo permitirse la
participación en la licitación a una
compañía que violaba muchas de las condiciones
establecidas para entrar a concurso? ¨Qué es lo que
lleva a la Corte Suprema de Justicia a emitir un fallo a
favor de Hermanos Trejos, si existe documentación que
valida la decisión de ANTEL? En definitiva,
sólo una cosa puede explicar la arbitrariedad en las
decisiones tomadas: al cambiar de manos la
administración de ANTEL variaron significativamente
los criterios a partir de los cuales se había manejado
el asunto, es esto y no otra cosa lo que marcó la
licitación desde su inicio.
Los salvadoreños evalúan los dos
años de gobierno de Calderón Sol
El 36.1 por ciento de los salvadoreños califica
de mala o muy mala la actuación del presidente Armando
Calderón Sol en sus dos años de gestión
al frente del gobierno, según revela el último
sondeo del Instituto Universitario de Opinión
Pública, de la Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas". La pesquisa,
realizada con el objeto de conocer cómo evalúan
los ciudadanos el trabajo del actual gobierno, se
efectuó entre el 25 y el 30 de mayo del presente
año, con una muestra nacional de 1,212 adultos a nivel
nacional y con un error muestral de más o menos cuatro
por ciento. La encuesta revela también que el 28.9 por
ciento considera que el trabajo del mandatario ha sido bueno
o muy bueno, mientras que el 30.4 por ciento calificó
como regular el desempeño del Presidente.
Como ya es costumbre, la consulta pidió
además a los salvadoreños que, en una escala
del 0 al 10, asignaran una nota al gobierno por su trabajo
general en estos dos años, los entrevistados
contestaron calificando con un promedio de 5.12 puntos a la
segunda administración del partido ARENA. Los
promedios de calificación por sector
socioeconómico muestran que la administración
de Calderón Sol está peor evaluada entre los
sectores medio-bajo y marginal.
Lo positivo
A los ciudadanos salvadoreños se les
preguntó si han notado cambios positivos en el
país durante estos dos años de gobierno de
Armando Calderón Sol; los resultados revelan que 46 de
cada 100 ciudadanos consideran que sí ha habido
cambios positivos en este lapso de tiempo, mientras que casi
51 de esos 100 piensan que no han habido transformaciones
positivas en el país con el actual gobierno. Las
personas de los sectores alto y medio-alto y que residen en
el oriente del país son las más dispuestas a
identificar transformaciones positivas desde la toma de
posesión del actual gobierno.
A todas las personas abordadas se les pidió que
identificaran el principal logro del gobierno en estos dos
años de gestión. Los logros identificados
fueron muy diversos, pero no todos los ciudadanos pudieron
identificarlos: el 30.9 por ciento dijo que el gobierno no
tiene logro alguno, mientras que el 17.6 por ciento se
abstuvo de responder a la pregunta. Así, los aspectos
reconocidos como méritos del gobierno son: el arreglo
de las calles y parques (16.7 por ciento), el cumplimiento de
los Acuerdos de Paz (8.2 por ciento) y el mejoramiento en los
servicios públicos (7.3 por ciento), entre otras
respuestas.
Lo negativo
En el otro lado de la moneda, al calificar al gobierno
de manera negativa, los salvadoreños mostraron un
nivel de acuerdo mucho mayor. El 71.2 por ciento de los
ciudadanos afirmó que sí han habido cambios
negativos en el país desde que entró la actual
administración, mientras que el 25.3 por ciento
sostuvo que no han habido aspectos de deterioro.
Según los resultados del sondeo, los fracasos
atribuidos al gobierno de Calderón en estos dos
años se concentran en la situación
económica y en la crisis de seguridad pública.
El 28.2 por ciento piensa que el principal fallo del
Ejecutivo es la inflación, el 19.4 por ciento sostiene
que el gobierno no ha sido capaz de detener la delincuencia
y el 10.4 por ciento cree que el mayor fracaso del gobierno
es la falta de empleo, entre otros errores.
El gobierno y los problemas del país
A los salvadoreños se les preguntó sobre
los esfuerzos del gobierno para resolver los principales
problemas que enfrenta el país en la actualidad: la
delincuencia, la economía y la corrupción. De
acuerdo a los resultados, aproximadamente dos de cada tres
ciudadanos piensa que el gobierno no está resolviendo
efectivamente los problemas de corrupción y
delincuencia, pero cuando se trata de la cuestión
económica, la opinión se vuelve aún
más crítica: ocho de cada diez
salvadoreños consideran que la actual
administración no está resolviendo el problema
económico del país.
De hecho, el sondeo en su conjunto revela que el aspecto
más criticado del trabajo del gobierno sigue siendo la
gestión económica. Para el 61.6 por ciento de
los consultados, la situación económica del
país ha empeorado desde que tomó
posesión el actual gobierno de ARENA; mientras que
para el 22.9 por ciento, las condiciones económicas de
El Salvador siguen igual que antes, y sólo el 12.8 por
ciento afirma que están mejor. A nivel de
economía familiar, los salvadoreños afirmaron
que sus condiciones financieras siguen igual (44.6 por
ciento) o peor (44.2 por ciento) y sólo el 10.3 por
ciento admitió que su economía particular ha
mejorado desde la entrada del actual gobierno.
Preguntados sobre el grupo más beneficiado por el
Ejecutivo, el 42.8 por ciento de los salvadoreños
señaló a los más ricos como el grupo
más beneficiado por la administración de
Calderón Sol, en tanto que el 18.7 por ciento
afirmó que todos los salvadoreños han sido
favorecidos por el actual gobierno y el 14.3 por ciento dijo
que los mayores beneficiados han sido "ellos mismos".
El sondeo preguntó a los ciudadanos sobre la
política de privatización de las empresas
públicas que lleva a cabo el gobierno en la
actualidad. De acuerdo a las respuestas de los consultados,
más de la mitad está en desacuerdo con la
privatización de las empresas del Estado, mientras que
una cuarta parte se encuentra a favor y el resto no tiene una
opinión formada al respecto.
Por otro lado, la encuesta aprovechó para
preguntar la opinión de los salvadoreños sobre
el fuero de los alcaldes y funcionarios municipales, aprobado
recientemente por la Asamblea Legislativa. Aunque casi la
cuarta parte de la población no estaba enterada de
dicha ley, más de la mitad de los ciudadanos se
manifestó en contra del fuero para los alcaldes y
sólo el 17 por ciento se mostró a favor.
Cumplimiento de promesas
A dos años de gobierno, el 66.3 por ciento de los
encuestados considera que el gobierno de Armando
Calderón Sol no está cumpliendo con las
promesas formuladas durante la campaña electoral del
94, mientras que el 24.8 por ciento afirma que sí
está cumpliendo y el 9 por ciento se abstiene de dar
su opinión sobre el tema. Sin embargo, en esta
ocasión, más de la mitad de los consultados (el
52.2 por ciento) dijo que la segunda administración de
ARENA ha tenido el tiempo suficiente para cumplir con lo
prometido, mientras que el 40 por ciento insiste en que hay
que darle más tiempo.
La opinión sobre el rumbo del país
Luego de dos años de trabajo del gobierno de
Calderón, a los ciudadanos de este país se les
preguntó si El Salvador va por un buen camino o si el
país necesita un cambio. La mayoría de los
salvadoreños, el 77.4 por ciento, piensa que este
país necesita un cambio, sólo el 17 por ciento
cree que El Salvador va por un buen camino.
En este sentido, se pidió a los entrevistados que
identificaran la principal tarea que a juicio de ellos debe
desarrollar el gobierno de Armando Calderón Sol en el
próximo año de gestión. Las tareas
mencionadas por los salvadoreños fueron muy variadas
y muchas de ellas se concentraron en temas económicos;
entre las más citadas están: el combate a la
delincuencia (21.7 por ciento), la creación de fuentes
de trabajo (20 por ciento), combatir la pobreza y ayudar a
los pobres (12.7 por ciento), el control de los precios (10.7
por ciento), diseñar políticas
económicas (10.5 por ciento), entre otras tareas.
En resumen, la opinión de los salvadoreños
sobre los dos años de gobierno de Armando
Calderón Sol sigue siendo bastante negativa. Aunque en
comparación con la evaluación de hace un
año, las opiniones parecen haber mejorado muy
levemente, la valoración en conjunto sigue
señalando más fracasos que éxitos. Es
más, pareciera que la población critica con
mayor intensidad la manera en que se está conduciendo
económicamente el país en estos dos
años. En este contexto se explica porqué la
mayoría de la población piensa que el
país no va por un buen camino y que pidan al gobierno
acciones en el campo económico y en el ya permanente
problema de la delincuencia. Así, el gobierno de
Calderón Sol continúa siendo mal visto por la
mayoría de los ciudadanos.
Dos años sin gobierno
El primero de junio, el Presidente Calderón Sol
leyó un discurso a la nación, en ocasión
del segundo aniversario de su mandato presidencial. Como
siempre, la retórica y la demagogia no faltaron. Si se
hechó de menos, sin embargo, una necesaria dosis de
autocrítica que todo gobierno que se respete a sí
mismo y a los ciudadanos que dice representar debería
hacer prevalecer. También hizo falta realismo en los
redactores del discurso presidencial, lo cual salta a la vista
sin mayor esfuerzo: en el marco de un acelerado empobrecimiento
de los sectores populares y el rebrote de prácticas
terroristas en el seno de los grupos de derecha, sostener que
el país ve avanzando en el fortalecimiento de las
instituciones democráticas o que existe un compromiso
por parte del gobierno en fortalecer el desarrollo social son
afirmaciones que no poseen sustento en la realidad.
En verdad, es bien poco lo que Calderón Sol puede
ofrecer como frutos positivos en sus dos años de
gestión. Quizás esto explique porqué la
necesidad de recurrir a la demagogia y la retórica, al
igual que el temor de ser mínimamente autocrítico
con un desempeño a todas luces ineficiente y
débil. Siendo realistas, en los dos últimos
años, El Salvador ha ido a la deriva. El gobierno de
Calderón Sol ha sido incapaz de formular una estrategia
de desarrollo económico y social mínimamente
coherente con la necesidades del país.
El gobierno se ha visto sometido a las presiones de los
grupos empresariales más poderosos -en fuerte pugna
entre sí-, lo cual se ha traducido en improvisaciones y
cambios de marcha en la conducción de la
economía. Asimismo, en la pugna existente entre los
grupos empresariales ha predominado el sector financiero, el
cual ha logrado ampararse bajo la sombra del Estado, dejando a
la zaga a los sectores agropecuario e industrial. Mientras los
grupos financieros van devorando la economía del
país, los sectores populares han resentido durante estos
dos años el impacto de las medidas neoliberales que,
desordenadamente, ha ido implementando el gobierno. Como
resultado de ello, las bases para alcanzar un desarrollo
económico y social con equidad no sólo no se han
establecido, sino que las posibilidades de que dichas bases se
establezcan son cada vez más remotas.
Puesto más crudamente, durante los dos años
de gestión de Calderón sol los pobres de El
Salvador se ha hecho más pobres, el que nace pobre sigue
estando condenado a morir pobre y nuevos pobres se ha sumado a
los miles de salvadoreños que, día a día,
tienen que luchar por sobrevivir miserablemente.
En resumen, en los dos últimos El Salvador ha
carecido de una dirección clara como nación. El
país ha ido a la deriva, dando giros inesperados de un
lado hacia otro, sometido a los intereses particulares que han
logrado imponerse en el seno del equipo asesor de
Calderón Sol. Es decir, han sido dos años en los
que el país ha estado en manos de un grupo de poder sin
capacidad de gobernar.
Lo triste es que -!vaya costos de la democracia-
todavía le quedan tres años de gestión a
Calderón Sol y su equipo de asesores. Serán tres
largos años que se perderán para el país;
tres años en los que se pospondrán decisiones que
ya no pueden postergarse; tres años que los
salvadoreños no podemos darnos el lujo de desaprovechar,
pero que lamentablemente serán desperdiciados.
Nuestro balance de otro año más (I)
En caso de que Usted haya quedado satisfecho con el
discurso presidencial leído ante las y los diputados,
reunidos en sesión solemne el pasado 1 de junio para
conocer el balance de la labor que dice haber desarrollado el
doctor Armando Calderón Sol durante su segundo
año de gestión y enterarse de lo que sigue en
adelante, nos haría un gran favor si se anima a
explicarnos qué razones tiene para sentirse así.
Porque a nosotros, al menos desde la perspectiva de la
situación en que se encuentra el nivel de respeto a los
derechos humanos en el país y las acciones prioritarias
que consideramos deben adoptarse para garantizar la estabilidad
social, esa intervención no nos aportó mayor
cosa; y es que ni siquiera en el marco de los vacíos
recursos retóricos y demagógicos utilizados
siempre en estas ocasiones þaunque ahora quizás con
menos "calidad" que en otrasþ nos pudo brindar algunas luces
sobre estos temas, pese a que por múltiples y muy
importantes causas no podían ni debían ser
tratados tan a la ligera.
En lo que toca a los derechos económicos, sociales
y culturales þsalud, vivienda digna, educación, trabajo
y seguridad social, entre otrosþ así como en el campo de
los aún llamados "nuevos derechos" y de aquellos que
tienen que ver de manera especial con la niñez y la
mujer, el señor presidente los abordó al
presentar datos parciales y muy puntuales de su gestión
que, desde nuestra óptica, no son argumentos
sólidos para asegurar þcomo lo hizoþ que se han
"alcanzado logros importantes" en el área social y que
éstos deben interpretarse como "un mejoramiento de la
calidad de vida de la población".
Así lo dijo el mandatario y corresponde a las
personas entendidas en cada una de esas materias aportar
elementos para comprobar si þpor ejemploþ es cierto que la
situación de la infancia no se continúa
deteriorando, pese a la notable y creciente permanencia de
niñas y niños en la calle que se drogan,
prostituyen, piden o exigen limosna, no reciben
educación, deambulan integrando peligrosas "maras" y son
víctimas de abusos por parte de las autoridades. Las y
los especialistas þpor citar otro ejemploþ nos deben aclarar si
las miserables intentos de vivienda que abundan en San Salvador
y sus alrededores, así como en otras ciudades
importantes del país, son el símbolo de una
"mejor calidad de vida" y si sus moradores se encuentran frente
a la posibilidad de vislumbrar un "nuevo amanecer", distinto a
aquel que le tocó sufrir a más de 150 familias
después de haber sido desalojadas brutalmente por
elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) el 10 de
abril, siempre dentro del segundo año del actual
gobierno.
De nuestra parte, con gusto reconoceríamos esos
logros pero þhasta ahoraþ la necia realidad se empeña en
ofrecernos un panorama distinto al que se percibe en el
idílico discurso oficial; panorama que no favorece en
nada a los sectores extremadamente pobres, pobres y a la "clase
media" del país, fruto de una política
económica gestada quién sabe dónde (¨o
si?) e impulsada desde Casa Presidencial. En el marco de la
imposición de ese modelo y a pesar de que ahora,
después del fin de la guerra, muchas y muchos presumen
de la independencia de los tres órganos del Estado, al
menos en este tema la bancada "arenera" en el Parlamento y sus
necesarias comparsas, según sea el caso, han bailado al
ritmo que les han marcado desde el Ejecutivo.
Para muestra, dos botones: el segundo año de
gobierno del doctor Calderón Sol se estrenó con
la aprobación þel 8 de junio de 1994þ de un incremento
drástico al impuesto del valor agregado (IVA), pese a
una enorme y muy diversa oposición; posteriormente, se
aprobó el decreto 471 y decenas de miles de personas
tuvieron que abandonar sus puestos dentro de la
administración pública, en medio de un acelerado
procedimiento que generó protestas sociales y cuyos
costos sociales þindependientemente de que aún no se
alcancen a percibir en toda su dimensiónþ pueden
resultar bastante peligrosos. Y aquí es donde debemos
insistir en nuestra insatisfacción principal sobre el
balance hecho por el señor presidente: la manera
insuficiente y poco seria de abordar el tema de los derechos
humanos. Veamos por qué.
Que el mandatario afirme que "la situación
macroeconómica se mantiene fuerte y saludable" no nos
consuela pues þcomo sostiene la ex ministra de
Planificación, Mirna Liévano de Márquesþ
"esto es muy difícil de asimilar si las personas no
están sintiendo que tienen perspectivas de progreso". Y
dentro del actual panorama económico y social en el que
vive la mayor parte de salvadoreñas y
salvadoreños þese cuadro que intentamos ilustrar antes
con algunos ejemplosþ no es posible observar el surgimiento de
esas perspectivas a las que se refiere la señora de
Marques. Hasta el mismo presidente, en algún momento de
su discurso de aniversario y curándose en salud, dijo
que "en los meses recientes el ritmo de la economía se
ha vuelto más lento, y aunque estamos lejos de una
recesión económica, es innegable que, el costo de
la vida ha ocasionado una natural preocupación, tanto al
gobierno como a los distintos sectores de la sociedad".
Eso lo dice quien encabeza desde la administración
pública una "cruzada" para imponerle al pueblo
salvadoreño un modelo económico que está
incrementando la concentración de riqueza; tal
imposición quizás sea aún más
peligrosa aquí que en otras partes, pues en nuestro
país þsin un verdadero desarrollo político
enmarcado dentro de los principios de un Estado de Derecho
participativoþ ésta puede propiciar abusos de poder,
fomentar la corrupción y favorecer la impunidad. Sobre
todo cuando lo que se ha logrado hasta el momento en lo que
respecta al surgimiento o la renovación de las
instituciones estatales responsables de garantizar la
convivencia social pacífica es þsin dudaþ fruto de la
presión internacional y no de una voluntad, real y
concertada, de todos los sectores nacionales. Y es aquí
donde encuentra mayor sentido el mal sabor que nos dejó
la alocución presidencial, transmitida
extrañamente por cadena nacional de radio y
televisión hasta el día siguiente de haber tenido
lugar.
Nuestra realidad no es muy alentadora. La lógica y
la historia nacional nos demuestran que de la misma pueden
derivarse situaciones de violencia muy peligrosas, muchas de
las cuales las hemos vivido durante el segundo año del
gobierno presidido por el doctor Calderón Sol y las
seguiremos padeciendo de no adoptarse las medidas adecuadas
para fortalecer las instituciones del Estado encargadas de
canalizar las demandas de la población, de ubicar las
causas que originan malestares sociales y de buscar soluciones
racionales para superar los problemas más graves que
afectan a la Nación.
Los niveles de inseguridad personal se han vuelto
intolerables en un territorio donde, según cifras
oficiales, en 1995 murieron violenta e intencionadamente casi
8 mil personas. Ello, fruto de la delincuencia "común"
y de la "especial" þcrimen organizado de aquellos que trafican
algo, "escuadrones de la muerte" en alquiler o que trabajan por
iniciativa privada, y grupos armados de ambos bandos con una
gran experiencia acumulada durante la guerraþ operando sin que
tengan que enfrentar obstáculos realmente serios para
ello. Pero, además, esa violencia también se ha
expresado de otra forma que puede llegar a ser igualmente
peligrosa: la represión institucional y desproporcionada
a los sectores sociales que se manifiestan públicamente
en demanda de mejores condiciones de vida.
De ahí la gran responsabilidad que tiene el actual
gobierno, en el sentido de asegurar en el presente y para el
futuro el sostenimiento de una paz estable y duradera, basada
en el respeto irrestricto a los derechos humanos de toda la
población. Pero parece que la actual
administración no puede o no quiere poner el necesario
interés para tal fin, en la medida que no asume
responsablemente la tarea de contribuir en forma eficaz para
darle cabal cumplimiento a los acuerdos de paz y a garantizar
el buen funcionamiento de la PNC, la consolidación de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDH) y el afianzamiento de una administración de
justicia confiable. Tanto del discurso presidencial como de la
realidad es que sacamos esa conclusión.
En su intervención ante la Asamblea Legislativa el
1 de junio, el mandatario se refirió a la
"inquebrantable voluntad política" que tiene para
cumplir esos compromisos, independientemente de los costos
económicos y la complejidad que þsegún dijoþ ello
representa. Bueno, pues, aclaremos las cosas con dos ejemplos.
No sería oneroso darle cumplimiento al cuarto grupo de
recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad, en lo
relativo al tema de la reconciliación nacional: no
habría que hacer mayor inversión para reconocer
públicamente la honorabilidad de las víctimas de
la violencia, para reconocer su sacrificio con la
construcción de un monumento, para decretar un
día dedicado a recordarlas y para organizar un foro
público de discusión sobre la verdad.
Quizás, porque fueron muchas las víctimas,
habría que invertir bastante dinero en reparar
materialmente el daño que se les causó a ellas y
a sus familiares; sin embargo þademás de ser algo justo
e indispensableþ la misma Comisión de la Verdad
sugirió formas para hacerlo sin que ello significase
mayor carga para el Estado salvadoreño. Como ven, para
darle cumplimiento a todo esto que es un compromiso de las
partes y un paso necesario para alcanzar la
reconciliación, los costos no son tan elevados a menos
que las sumas y restas se sigan haciendo con la calculadora
política en la mano.
Y si de complejidades vamos a hablar para el cumplimiento
de los acuerdos de paz, veamos otro ejemplo: las reformas
legislativas para mejorar la administración de justicia,
requieran o no de cambios a la Constitución. Dichas
reformas þfruto de las recomendaciones hechas por la
Comisión de la Verdad, por el Grupo Conjunto para la
Investigación de los Grupos Armados Ilegales con
Motivación Política y por la verificación
internacional en el paísþ aún no se han
producido. ¨Por qué en este caso, al presidente le
resulta tan "complejo" negociar con su partido la
aprobación de dichas medidas en la Asamblea? ¨por
qué, para avanzar en este sentido, no se utilizan los
mismos medios que se emplearon para aprobar el aumento al IVA
y el decreto 471, fruto del tristemente célebre y ya
roto "Pacto de San Andrés"? ¨tiene ese compromiso
político coyuntural þfirmado sólo entre un
partido, el oficial, y un grupo que aspiraba a serloþ mayor
peso y valor para el actual presidente, que aquellos acuerdos
que pusieron fin al conflicto armado y que fueron signados por
su antecesor en su calidad de jefe de Estado?