© 1996 UCA Editores
año 16
número 711
mayo 29 1996
ISSN 0259-2864
Dos años malos
Recrudece la violencia política
La estrategia gubernamental hacia el sector agropecuario
El paro de los empresarios del transporte
Un nuevo paro en la zona oriental
Panamá: entre la impunidad y la justicia
¨Cómo enfrentar los problemas?
Dos años malos
Los dos primeros años del segundo gobierno de ARENA
han resultado malos para el país. El gobierno no
sólo no ha cumplido con las metas que él mismo se
puso, sino que la situación general de la población
es peor ahora que hace dos años. Ni el hombre ni la mujer
salvadoreños se encuentran en el centro de la
práctica política ni el desarrollo social es una
prioridad, ni siquiera el desarrollo económico, en
términos neoliberales, está garantizado. Peor
aún, persiste la falta de dirección en la
política gubernamental a raíz de las divisiones
internas de ARENA.
Los logros más destacados en estos dos años
son la estabilidad macroeconómica, conseguida cumpliendo
fielmente los dictados de los organismos internacionales y por
la cual la población está pagando un costo
sumamente elevado no compensado, y la reforma educativa, que se
esfuerza por extender la cobertura y mejorar la calidad de la
educación. También se puede considerar un logro la
conformación de la Policía Nacional Civil que, con
vacilaciones, se esfuerza por responder a su mandato, derivado
de los acuerdos de paz. Por lo demás, el gobierno actual
se encuentra entrampado.
La estabilidad macroeconómica está siendo
seriamente cuestionada por la falta de productividad y por la
extensión y profundización de la pobreza. Hay
señales bastante claras de que la economía no
está respondiendo a las expectativas neoliberales. El
dinero se ha vuelto escaso y caro. El desempleo es
señalado por la opinión pública como la
causa primera de la delincuencia común. Los comerciantes
se quejan de desaceleración o contracción. Otros
proponen privatizar cuanto antes las comunicaciones y la
energía eléctrica como la gran solución.
Mientras tanto, los directores de la economía nacional
tratan de calmar los ánimos de unos y otros, asegurando
sin convencimiento que todo marcha bien y que las dificultades
son pasajeras. Pero el índice del crecimiento
económico tiende a la baja implacablemente.
El desarrollo social tuvo mucha importancia en el discurso
oficial, pero ya ha caído en desuso, incluso a este nivel.
Por lo que toca al presupuesto, la cantidad asignada al
área es menor que la de 1995, cerrando la posibilidad de
representar el 50 por ciento al final de mandato del gobierno
actual, tal como lo prometió su presidente. Sólo
en educación se notan avances prometedores. Las
enfermedades contagiosas que se habían dado por
erradicadas han vuelto a causa de la pobreza generalizada. La
atención sanitaria sigue siendo deficiente, pese a los
esfuerzos del ministro por mejorar su imagen. Decenas de miles
de familias carecen de techo y muchas ni siquiera tienen donde
aponsentarse. El medio ambiente se degrada cada vez más,
sin que el gobierno tenga ideas sobre cómo detener su
deterioro.
El país no puede andar bien socialmente si la riqueza
nacional se concentra cada vez más en muy pocas manos,
aquellas que se apoderaron de la banca. Lo que sobre a estos
grandes capitales es poco para atender las necesidades cada vez
mayores de la inmensa mayoría de la población. En
estas condiciones, la paz social sigue siendo una meta imposible.
De ahí que la única respuesta gubernamental ante
la protesta social sea la represión.
El diálogo gubernamental con los partidos
políticos y con otros sectores sociales es un recurso que
únicamente se usa cuando el presidente de la
república necesita su respaldo, pero de él no se
siguen discusiones para buscar solución estructural a los
graves problemas nacionales. El presidente de la república
no sólo no oye a la oposición, sino que se permite
despreciarla en público. Sólo presta
atención a las necesidades de su partido y del reducido
grupo que lo apoya. Mientras tanto, ARENA cierra
rápidamente los espacios abiertos por los acuerdos de paz
para discutir ampliamente los problemas nacionales. La
transición se encamina no hacia la democratización,
sino hacia un autoritarismo de corte mexicano.
El final de la guerra se hace sentir en todos los
ámbitos de la vida nacional, pero sin alcanzar los
objetivos democratizadores de los acuerdos de paz. En este
sentido, se perdió una oportunidad histórica para
repensar y modernizar el país, desde una perspectiva
democrática. La responsabilidad mayor es de la derecha,
pero también la debilidad de la izquierda tiene su parte.
Desde octubre del año pasado, el gobierno quería
deshacerse de la misión verificadora de Naciones Unidas,
pero ésta decidió quedarse ante la falta de
cumplimiento de compromisos importantes.
La corrupción, la violencia del crimen común
y organizado, y la impunidad son realidades que han llegado para
quedarse y con las que, lamentablemente, hay que aprender a
convivir. El gobierno actual, pese a sus promesas, ha demostrado
carecer de voluntad política para enfrentar estas lacras
sociales. Todavía no ha puesto en la cárcel a un
sólo de los grandes responsables de la corrupción,
del crimen organizado o de la impunidad, al contrario, los deja
escapar y, como si esto fuera poco, les proporciona
garantías legales.
Dos años después de haber asumido el poder del
Estado, el gobierno actual no sólo no ha resuelto ninguno
de los problemas graves que aquejan a la población, sino
que éstos han empeorado. En realidad, es poco lo que ha
hecho por el bien del país. La coyuntura del segundo
aniversario expresa bien los problemas estructurales: subida de
los precios del pan y los frijoles, paro del transporte
público, el hijo de un alto funcionario del gobierno
anterior y un sacerdote secuestrados, amenaza de inundaciones,
cólera y otras enfermedades, división en el partido
oficial, un escuadrón de la muerte en Berlín, una
bomba en una empresa del ex presidente Cristiani. En tan malas
circunstancias, ni siquiera el apoyo incondicional de la
arquidiócesis de San Salvador puede ayudar a mejorar la
imagen del gobierno y mucho menos a que revise y cambie de rumbo
por el bien común.
Recrudece la violencia política
Un segundo atentado dinamitero dirigido contra las
instalaciones de la compañía Seguros e Inversiones
(SISA), la noche del 23 de mayo, ha puesto finalmente en estado
de alerta a las principales estructuras gubernamentales y ha
motivado una intensa actividad política al interior de los
principales grupos dirigentes del país (políticos,
empresarios, etc.). Tal atentado ocurre casi exactamente un mes
después de que un coche bomba fue hecho explotar en las
cercanías de la residencia del ex-presidente Alfredo
Cristiani (Proceso, 707) quién es en la actualidad el
principal accionista de la empresa aseguradora siniestrada y una
de las cabezas visibles del grupo de influyentes empresarios que
controlan el manejo de la banca y las finanzas en el país.
A estos atentados explosivos quizá podrían
también sumarse otros dos hechos un poco más
confusos y oscuros -el reciente robo de casi cuatrocientos mil
dólares en la residencia de la madre del ex-presidente y
la sospechosa caída de un helicóptero propiedad de
una de sus empresas hace un par de meses atrás- que
indicarían una sistemática campaña de
intimidación y acoso contra el ex-mandatario, en
particular, y, en general, contra el grupo empresarial que
lidera. En este sentido, el Ministro del Interior, Mario Acosta
Oertel, declaró a la prensa que "aquí hay grupos,
gente interesada en que el proceso (de paz y
reconciliación) no funcione y que buscan alejar al
expresidente Alfredo Cristiani de las actividades
políticas y que se retire de la actividad empresarial".
Naturalmente, las implicaciones de esa presunta
campaña de intimidación y acoso transciende la mera
intencionalidad personalizada o de facción de sus
ejecutores. Como en todo caso de recurso extremo a mecanismos de
violencia política, los atentados dinamiteros han venido
a estremecer la incipiente institucionalidad democrática
del país. Por ello, este segundo atentado a movilizado a
las principales estructuras gubernamentales conscientes al fin
de que tolerar el accionar de grupos y/o facciones clandestinas
y autónomas con motivaciones políticas constituye
la vía más expedida de perdida de legitimidad y,
por ende, del rompimiento de cualquier ordenamiento
sociopolítico. Ello significa que si bien para el gobierno
resultara a todas luces sumamente incómodo reconocer la
ya inocultable existencia de serias fisuras y divisiones al
interior de los principales grupos representados dentro del
partido ARENA; hacerse del ojo pacho frente a las mismas y
minimizar los actos de rivalidades de las facciones enfrentadas
supone la caída en una inaceptable situación de
anarquía social o el preámbulo para un regreso al
autoritarismo.
En efecto, a diferencia del anterior atentado explosivo que
no motivo ninguna actuación especial por parte del poder
ejecutivo, en el presente atentado el gobierno convocó con
carácter de urgente sendas reuniones extraordinarias en
la sede de Casa Presidencial. La primera fue sostenida con
representantes de los principales partidos políticos de
oposición al término de la cual fue suscrito un
decidido pronunciamiento en contra de "los actos terroristas que
en días recientes se han perpetrado, poniendo en serio
peligro el proceso de paz". La segunda reunión, en cambio,
tuvo lugar con los líderes de las principales gremiales
empresariales y se manejo con un tono similar.
La condena en contra del atentado ha sido, pues,
unánime. Representantes de los sectores sociales,
económicos, políticos e, incluso, eclesiales se
pronunciaron contra la escalada de violencia política
vivida en las últimas semanas. De hecho, en declaraciones
a la prensa y en un mensaje a la nación, pronunciado la
noche del 24 de mayo, el Presidente Calderón Sol
manifestó que "vamos a poner todo el peso de la ley sobre
los autores intelectuales y materiales de estos hechos...
Todavía quedan grupos que no entienden que con violencia
y terrorismo no se resuelven los problemas".
Sin embargo, la defensa de la incipiente institucionalidad
democrática exige resultados efectivos. En tal sentido,
todos los incidentes relacionados con el auge de la violencia
política deberían ser investigados exhaustivamente
y los responsables intelectuales y materiales deberían
poder ser capturados y enjuiciados. Unicamente de esa manera las
"fuerzas disociadoras, que quieren levantar cabeza,
(podrían ser) controladas y desarticuladas".
Queda por ver entonces si la voluntad política
gubernamental es capaz de alcanzar resultados confiables en un
corto plazo. El Presidente Calderón Sol también
anunció que expertos norteamericanos del FBI
colaborarían con los técnicos en explosivos de la
Policía Nacional Civil (PNC). Pero ello, después
de todo, no es garantía de un rápido avance en las
investigaciones. Recordemos, por ejemplo, que otros casos de
violencia terrorista como el atentado contra la sede de
FENASTRAS, en octubre de 1989, a pesar de contar con el apoyo de
peritos extranjeros nunca pudo esclarecerse satisfactoriamente.
Por otra parte, la declaraciones de los principales jefes
policiales del país no permiten abrigar mayores
expectativas al respecto aunque dicho caso ponga particularmente
a prueba la capacidad investigadora de la PNC. En efecto, el
ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, ha declarado
en este sentido que "estamos claros que éste es el segundo
acontecimiento negativo que se da en este sentido. Esto lleva
bastante tiempo y para poder concretar acciones tenemos que estar
absolutamente convencidos y seguros de que las pistas que hemos
estado siguiendo son precisamente las que relacionan a las
personas que han cometido estos hechos".
Sin embargo, no debería ser difícil
identificar al menos el lugar de procedencia y la
fisonomía general del grupo o facción que se
encuentra tras los atentados explosivos. Las investigaciones
realizadas tanto por la Comisión de la Verdad como por
parte del Grupo Conjunto constituyen un buen punto de partida
para desentrañar de una buena vez por todas el oscuro
mundo y la naturaleza de los integrantes de los grupos
clandestinos paramilitares con motivación política.
También es cierto que es un secreto a voces, más
allá de la validez del compromiso informal entre los
partidos para no acusarse mutuamente, que la fuente del actual
ciclo de violencia política proviene del seno de la
derecha nacional habida cuenta de la tradición violenta
y escuadronera del partido ARENA.
Por otra parte, no resulta gratuito que las diferencias de
intereses dentro de los principales grupos del partido en el
gobierno estén alcanzando esas inaceptables cuotas de
violencia política en razón de la severa crisis de
eficacia y descredito que a lo largo de los dos años del
mandato del Presidente Calderón Sol ha arrastrado la
actual administración. De hecho, si algo parece estar
ganando un rápido consenso entre los analistas del
desempeño político es que, por las razones que
sean, el gobierno ha sido incapaz hasta la fecha de
diseñar y proponer un modelo viable de desarrollo y de
convivencia social en donde se encuentren integrados los
múltiples intereses de los diversos actores nacionales.
Al fallar el gobierno en cumplir con esa crucial función
organizadora y concertadora, la sociedad salvadoreña puede
verse condenada a un nuevo ciclo de descomposición social,
violencia política y de predominio de la fuerza.
La estrategia gubernamental hacia el sector agropecuario
En medio de peticiones del sector empresarial para adoptar
un "plan de emergencia" para revertir el proceso de
desaceleración económica, el gobierno ha anunciado
un nuevo plan diseñado para impulsar la producción
del sector agropecuario. A la condonación de la deuda
agraria anunciada a principios de mayo (Proceso, 708), se han
sumado nuevas iniciativas anunciadas por autoridades del Banco
de Fomento Agropecuario (BFA) y del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, entre otros.
Parece que existe consenso en torno a la necesidad que tiene
el sector agropecuario de contar con una política
sectorial para impulsar su actividad productiva. Asimismo, se
acepta que éste se encuentra fuertemente ligado a las
señales enviadas a través de la política
macroeconómica, como por ejemplo la política
cambiaria, la política monetario-crediticia y la
política arancelaria. Los programas de ajuste
implementados en El Salvador han evidenciado que, en la
práctica, la política cambiaria ha tenido poco que
ver con la producción agropecuaria tanto de exportaciones
como de granos básicos. En cambio, la política
monetaria-crediticia está fuertemente vinculada con la
inversión y la producción en el agro; y, por su
parte, la política arancelaria determina el nivel de
protección de los productores nacionales frente a las
importaciones agropecuarias la cual por cierto se proyecta
disminuir en los próximos meses.
En las siguientes líneas se persigue emitir una
valoración preliminar de la estrategia gubernamental hacia
el agro anunciada para este año, considerando algunas de
las variables que afectan la actividad del sector agropecuario.
Los planes gubernamentales
Ante las exigencias empresariales de adoptar medidas de
emergencia para reactivar a los sectores productivos, el gobierno
ha respondido anunciando planes para agilizar el otorgamiento de
créditos para el sector agropecuario. De acuerdo al
discurso oficial, las perspectivas para el próximo
año son buenas de cara a las "favorables condiciones del
nuevo invierno y mejores expectativas de los precios
internacionales de cereales, granos básicos y nuestros
productos de exportación".
De esta suerte el gobierno ha anunciado la creación
de una línea crediticia a través del Banco de
Fomento Agropecuario (BFA) con la cual se pretende financiar la
producción de granos básicos a tasas de
interés del 12%, las cuales son sensiblemente inferiores
a las imperantes en el sistema financiero privado.
Adicionalmente, se ha anunciado la emisión de un nuevo
instrumento financiero denominado "Certificado de Depósito
a Plazo Agropecuario" (CEDEAGRO), con el cual se pretende hacer
llegar recursos a las instituciones financieras privadas para que
estas, a su vez, los coloquen como créditos de avío
e inversión.
Por otra parte, para garantizar el crédito a los
pequeños agricultores se habría creado un fondo de
garantía para avalar créditos para el cultivo de
granos básicos y también para las cooperativas del
sector reformado y para los afectados por el conflicto.
Aún resta por ver los resultados de esta estrategia;
empero puede adelantarse que no es tan ambiciosa como el gobierno
pretende hacer creer, pues el BFA cubre sólo un
pequeño porcentaje de los créditos agropecuarios,
mientras que los fondos de garantía no modifican
sensiblemente la inaccesibilidad al crédito para los
sectores de menores ingresos. Como se trata de argumentar a
continuación, en realidad existen otros factores (internos
y externos) con mayor incidencia en la producción
agropecuaria.
Algunos determinantes de las agroexportaciones
Las exportaciones tradicionales como el café dependen
fundamentalmente del comportamiento del mercado internacional,
ya que en este se determinan tanto el nivel de su demanda como
su precio. Los instrumentos de política
macroeconómica no provocan efectos notables sobre el valor
de las exportaciones de café; en cambio las exportaciones
no tradicionales sí pueden verse afectadas por una
modificación del tipo de cambio, aunque solamente de forma
temporal.
Algunos estudios establecen que ante procesos de
devaluación de la moneda, como el ocurrido en 1986,
podrían experimentarse mejorías en los niveles de
exportaciones no tradicionales, pero posteriormente ello
podría ser contrarrestado por los altos niveles
inflacionarios que se desatan con la devaluación.
Recientemente, las exportaciones no tradicionales han
experimentado un crecimiento limitado, en relación al de
las importaciones en un contexto de estabilización del
tipo de cambio y de reducción del crédito hacia el
sector agropecuario.
En lo tocante a las exportaciones tradicionales, cabe
destacar que actualmente el comportamiento de los precios del
café ha determinado que el valor de las exportaciones
tradicionales experimente un comportamiento errático, sin
que existan perspectivas de estabilización en el corto
plazo.
Granos básicos y política económica
Históricamente la producción de granos
básicos ha sido la fuente de ingresos y alimentos de las
familias campesinas que no pueden incorporarse plenamente a la
agricultura de exportación. Los granos básicos se
producen para el consumo interno y en la mayoría de casos
para el autoconsumo y consecuentemente no existen exportaciones
de los mismos.
Dado que los granos básicos se comercializan
esencialmente en el mercado interno, la producción es
más sensible al nivel de precios internos que al del tipo
de cambio. La política de precios al productor
desarrollada por el Estado ha perseguido mantener los precios
bajos mediante la importación de granos básicos a
precios bajos y/o con aranceles preferenciales. Así, una
política destinada a favorecer a los consumidores de
granos básicos ha provocado que la producción de
los éstos no sea rentable, con lo cual la misma se
está limitando cada vez más al ámbito del
autoconsumo campesino.
Existen contradicciones entre la promoción de la
producción de granos básicos y el ingreso real de
los sectores consumidores, pues mayores precios la productor
pueden implicar mayor rentabilidad y mayores niveles de
producción, pero al mismo tiempo significan mayores
niveles de inflación y reducción de los ingresos
reales de las familias. Ante esta disyuntiva el gobierno ha
optado por una política de contención de los
precios.
Consideraciones
Las perspectivas de estimular una recuperación del
sector agropecuario parecen depender fundamentalmente de los
mercados internacionales de las exportaciones tradicionales, de
la competitividad de las exportaciones no tradicionales y de los
precios internos de los granos básicos. La estrategia
gubernamental busca, fundamentalmente, incidir sobre la
política crediticia hacia el sector agropecuario dejando
sin tratamiento otras dimensiones más complejas de la
problemática tales como el bajo nivel de crecimiento de
las agroexportaciones y los bajos niveles de precios al productor
de granos básicos. Sumado a ello, se están
ignorando las repercusiones negativas que sobre la
producción agropecuaria tendrá el programa de
desgravación arancelaria que se ejecutará de forma
unilateral en los próximos meses.
No se trata de decir que la asignación del
crédito no sea una condición importante para el
desarrollo agropecuario; sin embargo, debe señalarse que
en los últimos años han surgido nuevos
condicionamientos relacionados con los mercados internacionales
y las recientes políticas de estabilización
económica que necesitan ser incorporados a la estrategia
de reactivación del sector agropecuario.
El paro de los empresarios del transporte
Este lunes 27 de mayo, a raíz de la convocatoria de
la Asociación de Empresarios de Autobuses
Salvadoreños (AEAS) y la Asociación de Empresarios
del Transporte de Pasajeros (ATP), fue llevado a cabo, por
segunda vez en lo que va del año, un paro de labores a
nivel nacional del servicio de transporte público de
autobuses. La medida respondía, según los
transportistas, a la falta de seriedad e interés que
había mostrado la Comisión de Alto Nivel por
resolver las exigencias presentadas por ellos desde hacía
más de año y medio.
A diferencia del primer paro realizado en la segunda
quincena de febrero, éste contaba con el apoyo de las dos
asociaciones de transporte, las cuales antes había actuado
sin previo acuerdo e incluso habían entrado en
contradicciones en el momento de justificar su accionar, y,
durante su vigencia, no ocurrió ningún
enfrentamiento entre la PNC y los buseros o cobradores. Por lo
demás, los hechos que han caracterizado tanto a la
anterior como a esta nueva manifestación de los
transportistas se han mantenido tal cual: señalamientos
y recriminaciones mutuos entre el gobierno y los transportistas,
falta de consenso entre las partes en el cómo solucionar
las exigencias planteadas y una clara utilización de la
necesidad de transporte de la mayoría de los
salvadoreños para sustentar y afirmar las propias
posiciones en torno al problema.
Antecedentes del paro de transporte
El problema del transporte público, y ello es claro,
no es nuevo (Proceso, 645, 664, 682 y 699). Sus orígenes
arrancan desde un buen tiempo atrás. En este sentido, este
nuevo paro no es nada más que la expresión de un
proceso que no da señas de concluir satisfactoriamente
para las tres partes involucradas: el gobierno, los empresarios
y los usuarios del servicio de transporte público. Es por
ello que, tal y como han expresado las dependencias
gubernamentales de transporte, la acción no soluciona la
situación, sino que la complica y la alarga aún
más.
Una de las motivaciones que llevaron al paro de febrero de
este año fue la existencia y proliferación de
"líneas piratas" de microbuses y pick up, las cuales,
funcionando en las líneas ya preestablecidas para los
autobuses, realizarían una competencia desleal. A
raíz del paro, la Comisión de Alto Nivel, ahora con
la participación del gremio de microbuseros, y el
Viceministerio de Transporte Terrestre se comprometieron a
realizar un control exhaustivo de los microbuses; el que
consistiría en censar el número de microbuses que
prestaban servicio irregular y entregar placas especiales a
aquellos que quisieran normalizar su situación. Esta
medida permitiría a la PNC distinguir, controlar y
sancionar a los microbuses que no hubieran legalizado su servicio
y permiso de línea. Por otro lado, los transportistas
volvieron a hacer hincapié en que los acuerdos a los que
se había llegado con anterioridad con la Comisión
no habían sido cumplidos. Estos acuerdos se
correspondían con una serie de exigencias que el gobierno
debía cumplir para solucionar la "crisis económica"
por la que estaría atravesando el gremio de transportistas
y alejar así la posibilidad de un nuevo incremento en el
pasaje. Es válido recordar que las exigencias planteadas
eran: facilitar líneas de crédito blandas para la
adquisición de unidades y repuestos, la
continuación en el subsidio del diesel y la
exoneración de aranceles de importación y su
respectivo IVA.
De lo anterior, hasta la fecha del paro de este mes
únicamente se había alcanzado a cumplir, y con
graves deficiencias, el control de las "unidades piratas": para
el 16 de mayo solamente habían sido entregadas mil 600
placas, de tres mil 165 unidades registradas. El atraso en el
entrega se debía, según el Ministerio de Hacienda,
a la falta de actualización de los listados entregados por
el Viceministerio de Transporte, los cuales no incluían
a las unidades viejas que estaban en proceso de ser sustituidas
por otras nuevas. Por su lado, el director general de Transporte
Terrestre, Tito Rubio, afirmaba que esta dependencia se
veían imposibilitada de establecer cuáles eran los
problemas que determinaban que no se pudieran entregar las placas
porque el Ministerio de Hacienda no les habían hecho
llegar los listados. Es decir, hasta el 15 de junio, luego de dos
meses de haberse acordado controlar la "competencia desleal", los
listados necesarios para entregar las placas especiales no
habían llegado a las manos de los encargados de tal tarea
y, más aún, su falta de actualización no
permitía la penalización por parte de la PNC, pues
no era posible distinguir entre las unidades legales y las
ilegales.
Es así como, desde principios del mes de mayo, era
notable la falta de organización para hacer cumplir los
acuerdos a los que había llegado la Comisión. A
esto se añadían las constantes acusaciones, por
parte de los transportistas, de una "falta de voluntad
política para resolver los problemas del transporte"; ante
lo cual éstos empezaban a sugerir la posibilidad de tomar
acciones de hecho, como las que ya antes se habían
realizado, de no
desentramparse las negociaciones.
Sorprendentemente, y pese a que eran los transportistas los
que hasta ese momento consideraban el aumento del pasaje como la
última medida a tomar para arreglar su situación,
el gobierno propuso a los transportistas, en dos ocasiones (el
7 y 19 de mayo), el liberalizar el precio de las tarifas para
solventar su "crisis" y hacer avanzar las negociaciones
bilaterales. En su momento esta sugerencia fue rechazada por el
gremio argumentándose que lo que el gobierno buscaba con
ello era descargar toda su responsabilidad en los empresarios y
volver al "pueblo" en contra suya. A tal respecto, el presidente
de AEAS, Genaro Ramírez, afirmaba que "ellos [el gobierno]
siempre han estado liberalizados...siempre han cobrado lo que han
querido; hay que evaluar la posición socioeconómica
de la población para tomar este tipo de medidas".
Añadiendo después que al liberalizarse las tarifas
los aumentos rondarían por el orden del 300 por ciento,
por lo cual "lo único que pretende el Gobierno es
enfrentarnos con los usuarios".
Como respuesta, el Ministro de Economía, Eduardo
Zablah, negó tajantemente que el gobierno hubiera
propuesto tal cosa. A la vez que afirmaba que las negociaciones
no se encontraban estancadas y que como muestra de ello se
había presentado ante la Asamblea Legislativa una
propuesta de desgravación arancelaria para la
importación de unidades. En lo que tocaba a la
asignación de líneas de créditos blandos,
Zablah señaló que el Estado no estaba en la
capacidad de financiarlas y que la petición de los
transportistas de ser exonerados del pago del IVA era imposible
de realizar. Además, el ministro afirmó que la
propuesta de subsidiar el diesel para las unidades se encontraba
en proceso de discusión, no encontrándose mayor
obstáculo en ello.
Al margen de las acusaciones y del estado de las
negociaciones, la eminencia del paro fue tomando forma a partir
de una serie de comunicados publicados por AEAS en los que se
acusaba a figuras políticas afiliadas al partido ARENA de
estar utilizando su poder político para otorgar permisos
de línea de manera fraudulenta y permitir la
circulación de unidades ilegales. En los comunicados se
retaba a las autoridades competentes y al propio Presidente
Calderón Sol a solucionar la situación, pues de lo
contrario se optaría por un paro de labores. Entraba en
juego así un elemento hasta entonces no considerado: la
corrupción y el manejo político del problema.
Al no haberse encontrado una solución a los puntos
ya señalados, el gremio de empresarios transportistas
cumplieron su amenaza y realizaron el paro que habían
anunciado. Las reflexiones que se desprenden de la
situación son, entonces, las siguientes: a) la
irresponsable sugerencia de liberalizar las tarifas hecha por el
gobierno y la renuencia de los empresarios a seguir dialogando
y optar por un paro son muestras de que en último
término se han obviado las repercusiones que tiene el
problema para el sector de la población que hace uso del
servicio de transporte; por ello, lo determinante en el problema
no ha sido el interés por no perjudicar a los usuarios,
sino la obstinación de no ceder ante las exigencias e
intereses de la parte contraria; b) la arrogancia mostrada por
el gobierno y los empresarios al afirmar, luego del paro, que los
únicos afectado han sido los usuarios y no ellos, da a
demostrar que se está muy lejos de solucionar la
problemática, y que en tanto uno de las partes no ceda la
situación continuará indefinidamente; c) los hechos
dejan claro que "el pueblo salvadoreño" es sólo la
excusa para no continuar en la negociación cuando
así conviene a una de las partes y la "medida de
presión" idónea para desentranparla y avanzar hacia
la consecución de objetivos -ya sean económicos o
políticos- ajenos al sentir de ese "pueblo" al que se
recurre discursivamente.
Un nuevo paro en la zona oriental
La realización de un nuevo paro en la zona oriental,
esta vez por motivos económicos, sacó a la luz de
nuevo el controvertido problema de la evasión tributaria;
sin embargo, a diferencia de la última vez en que el mismo
problema salió a la luz pública, los
pequeños empresarios no encontraron eco ni en las grandes
filiales de comercio de la zona ni en las esferas
gubernamentales, poniendo en tela de juicio la pretendida firme
convicción del gobierno por desarrollar una
fiscalización tributaria transparente.
El 22 de mayo pasado, un grupo de comerciantes y
microempresarios de San Miguel cerraron sus negocios como medida
de protesta por lo que ellos consideran "acoso fiscal" de parte
del Ministerio de Hacienda. El paro fue programado por el
Comité pro Desarrollo Económico y Social de la Zona
Oriental que, al parecer, agrupa a medianos, pequeños y
micro empresarios de San Miguel. Según el Presidente del
comité organizador, Raúl Lazo, la finalidad del
paro era protestar por una serie de medidas intimidatorias por
parte de los fiscalizadores del Ministerio de Hacienda, quienes
se presentarían a los establecimientos comerciales,
acompañados de agentes de la PNC, con el único
propósito de revisar si los libros contables de las
empresas se hayan en orden. Más aún, según
Lazo, los fiscalizadores habrían hecho saber a los
comerciantes que, les gustase o no, tendrían que pagar
impuestos hasta con multas.
Paralelo al paro, el comité desarrolló una
manifestación, para protestar por el alza de hasta en un
800 por ciento en el cobro de servicios eléctricos y la
falta de créditos accesibles, aduciendo que, a pesar de
la existencia de una línea crediticia de 300 millones de
colones en el Banco de Fomento Agropecuario, las tasas de
interés son sumamente elevadas. Lo grave de todo ello,
dijeron los organizadores del paro, es que ni Hacienda ni el
Presidente Calderón Sol aclaran la situación y se
unen, por inercia, al "acoso".
Las reacciones no se hicieron esperar. Así, mientras
que para los comerciantes y microempresarios que respaldaron el
paro el éxito del mismo había sido "total", las
autoridades locales y empresarios que no lo apoyaron, como fue
el caso de los directivos de la filial de la Cámara de
Comercio e Industria de San Miguel, aseguraron que el mismo fue
un fracaso, calificándolo de show montado por gente de "a
saber qué partido político con intereses
particulares".
De igual forma, el Ministerio de Hacienda negó que
la visita de los auditores fiscales tuviese el propósito
de intimidar a los contribuyentes, aclarando que las mismas
están enmarcadas en un plan de Asesoría y Censo
Fiscal, que busca que los contribuyentes ordenen su
información fiscal para evitarles atrasos a la hora de
pagar sus impuestos.
El mismo Presidente de la República, Armando
Calderón Sol, insistió en que el Ministerio de
Hacienda no está imponiendo multas ni efectuando acciones
de acoso fiscal contra los empresarios migueleños, sino
que únicamente realiza un censo para que los
contribuyentes puedan inscribirse y pagar el IVA, agregando que
el acoso fiscal es un argumento de los que no quieren pagar
impuestos. Para Calderón Sol, "el que tiene más,
va a pagar más, porque El Salvador no puede vivir sin
impuestos".
Aparentemente, todo parece ser producto de un mal entendido
entre los asesores tributarios del Ministerio de Hacienda,
quienes realizan con rigurosidad un plan de asesoría para
una efectiva recaudación de impuestos, y los
contribuyentes no acostumbrados a tal rigurosidad. De aquí
que el acoso fiscal se limitaría a ser un pretexto
inventado por éstos para no pagar impuestos.
Sin embargo, hay poca claridad incluso en los sectores
empresariales más poderosos y en el gobierno acerca de
cuándo deben entenderse las políticas fiscales como
acoso y cuando no, pues cuando en noviembre del año pasado
-cuando los presidentes de ANEP, ASI, FUSADES y Cámara de
Comercio e Industria se quejaron por las supuestas
arbitrariedades y "modalidad persecutoria" por parte de los
inspectores de la Dirección General de Impuestos Internos-
tanto el ministro de Hacienda como Calderón Sol admitieron
la necesidad de "flexibilizar la aplicación de las leyes
tributarias" y "cambiar la filosofía de la ley, que asume
que si no se cumple con las formalidades, hay una
evasión".
Así como el señor Presidente tiene claro que
El Salvador no puede vivir sin impuestos, también es
necesario que la población tenga claras las
políticas para la recaudación de los mismos. Porque
en definitiva de la firmeza y transparencia con que se aplique
la misma a todos los sectores de la sociedad población,
dependerá la responsabilidad con que los mismos se
encontrarán dispuestos a cumplir con su obligación
tributaria.
Panamá: entre la impunidad y la justicia
Durante el presente mes de mayo, Panamá se ha visto
sacudida por una serie de acontecimientos que han causado revuelo
en la vida política de ese país. En efecto, en los
últimos días el Partido Revolucionario
Democrático (PRD) ha presentado a la Asamblea Legislativa
un proyecto de ley de amnistía que, según
destacaron fuentes de prensa, incluye una lista de 951 nombres
de personas que ocuparon cargos durante el régimen del
general Manuel Antonio Noriega, entre ellos aparecen los actuales
ministros de Vivienda, Francisco Sánchez Cárdenas,
y Salud, Aída de Rivera; el Presidente de la Asamblea
Legislativa, Carlos Alvarado; varios ex ministros y doce
oficiales del Estado Mayor de Noriega; así como más
de una decena de diputados actualmente en ejercicio de sus
cargos.
Ante la propuesta del PRD, se suscitaron una serie de
reacciones, como fue el caso de la protesta que organizaron los
estudiantes de la estatal Universidad de Panamá, quienes
cerraron una de las principales avenidas del campus universitario
con el propósito de denunciar un proyecto de ley que
beneficiaría a quienes han violado los derechos humanos
en el pasado. Pese a los llamados de parte de las autoridades
universitarias y policiales para desalojar la avenida, los
manifestantes declararon, el martes 21, como indefinido el cierre
de la calle. Ante lo cual, los agentes antimotines respondieron
dispersando violentamente a los estudiantes con gases
lacrimógenos. Por su parte, los manifestantes se
refugiaron en las instalaciones universitarias desde donde
permanecieron apostados, lanzando piedras y otros objetos contra
los policías antidisturbios.
Los incidentes dejaron como saldo a un policía
herido, seis estudiantes detenidos, entre los que figura uno de
sus principales dirigentes, Arturo Trelles, y la
suspensión de las clases en dicho centro de estudios.
Mientras tanto, la Presidenta del Centro de Investigaciones de
los Derechos Humanos en Panamá, Otilia Tejeira,
aseguró ese mismo día que aunque todavía se
está estudiando la ley de amnistía la
institución que ella preside presentará una demanda
de inconstitucionalidad.
Por su parte, el Presidente, Ernesto Pérez
Balladares, aseguró, el 27, que "vetará la ley de
amnistía si en ella se incluyen personas condenadas por
delitos como homicidios y peculados en contra del Estado".
Asimismo, enfatizó que él "respeta la
separación de poderes y que la Asamblea Legislativa
sabrá lo que hace... cuando reciba [la ley para su
sanción] decidiré si la veto, pero reitero que si
en la misma hay aprobada amnistía para condenados por
homicidios o peculados, la veto, sino la podría aprobar".
Ante lo grave de la situación, la subdirectora de
Human Rights Watch, Ana Manuel, recordó que cualquier
Estado puede decretar amnistías. Empero, en una entrevista
desde Washington, explicó que en una carta recién
enviada al Congreso panameño llamó la
atención de los diputados sobre este principio
básico. Pero reiteró en que "el derecho
internacional de los derechos humanos pone ciertas limitaciones"
para decretar amnistías o indultos, en especial cuando se
trata de graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales,
torturas y desapariciones forzadas.
La activista de los derechos humanos señaló que en
América Latina se registraron graves violaciones a los
derechos humanos y luego se decretaron amnistías "para
perdonar a los que cometieron esos abusos".
Consideraciones
El mandatario Pérez Balladares no debe hacer caso
omiso de lo que la oposición política ha expresado
en torno al proyecto de ley que su partido abandera. Es necesario
y urgente que se revise cuidadosamente la ley de amnistía
antes de ser aprobada. No sólo por el rechazo de que la
misma ha sido objeto, sino también por las consecuencias
que se podrían seguir de la misma en orden a debilitar el
Estado de derecho aún incipiente en Panamá.
Por lo demás, debe considerarse que de ser aprobada
una ley de esa naturaleza se estaría socavando la
posibilidad de reconciliación del pueblo panameño.
Es decir, con la misma se estaría favoreciendo la
impunidad, no haciendo justicia a quienes fueron víctimas
de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron
durante el régimen del general Noriega. En otras palabras,
un Estado no puede perdonar a los que han violado derechos
humanos fundamentales si antes no lo han hecho las
víctimas, que son las únicas que poseen la
autoridad moral para perdonar a quienes violentaron su dignidad
como seres humanos. Al tener presente lo anterior, se
estaría haciendo algo distinto a lo hecho en El Salvador,
donde se aprobó una ley de amnistía que
favoreció la impunidad de los militares que habían
cometido los más horrendos crímenes de guerra.
¨Cómo enfrentar los problemas?
En El Salvador, para nadie resulta extraño que la
delincuencia es uno de los problemas más graves que afecta
a todos los sectores sociales. Para nadie es un secreto,
también, que en los últimos cuatro años tal
fenómeno ha aumentando día a día, no
obstante en casi todos los niveles e instancias de la sociedad
se organicen reuniones y otro tipo de eventos para insistir sobre
lo perjudicial que es y la urgencia de enfrentarla con
éxito; por ahora, parece que no hay capacidad para
combatir eficazmente este fenómeno demasiado complejo y
así eliminarlo de raíz. En una de las encuestas
realizadas recientemente por el Instituto de Opinión
Pública de la UCA (IUDOP), la delincuencia resulta ser uno
de los problemas que más preocupa a la sociedad
salvadoreña y, además, el que desean sea resuelto
a la mayor brevedad posible.
En efecto, vemos cómo þtras la finalización
de los enfrentamientos militares entre los ejércitos
gubernamental y guerrilleroþ ahora crece con más
intensidad este fenómeno ya que, aunque no puede
atribuirse únicamente a eso, la desmovilización de
los grupos armados contribuyó en buena medida a la
agudización del problema, puesto que no se
garantizó una reinserción adecuada de los ex
combatientes de ambos bandos a la "vida productiva". Aun siendo
una realidad obvia de nuestros días, poco o nada se ha
hecho para analizarla con seriedad y buscarle salidas atinadas,
al menos desde los sectores oficiales; para cortar
definitivamente sus verdaderas raíces y no dedicarse
sólo a quebrar sus ramas.
Y es que, como alternativa de solución, aquellos que
tienen en sus manos el destino de nuestro país concentran
todos sus "esfuerzos" en la aprobación apresurada de
reformas legislativas y nuevas leyes temporales,
únicamente para salir "bien librados" en un momento
coyuntural determinado por sus intereses políticos
propagandísticos, olvidándose en muchos casos de
las disposiciones constitucionales y de la normativa
internacional. Con ello, lo único que se ha logrado þlejos
de terminar con la delincuenciaþ es agudizar otros problemas no
menos graves; por ejemplo: el hacinamiento en las
cárceles, probablemente incrementado con la recién
aprobada "Ley de emergencia nacional para enfrentar la
delincuencia y el crimen organizado", respecto de la cual se han
interpuesto ya algunos recursos de inconstitucionalidad.
No obstante dicha ley secundaria, la realidad y la
experiencia de nuestra Oficina de Asistencia Legal (OAL-IDHUCA)
nos muestran que el problema delincuencial persiste y se agrava
todavía más. Y es que el único resultado
palpable de esta "ley de emergencia" ha sido el aumento de
violaciones a los derechos humanos, principalmente en materia del
debido proceso, pues sus progenitores han creído actuar
apegados a Derecho únicamente por haber cumplido con las
formalidades para la elaboración de ley que establece
nuestra Constitución en su artículo 133 y
siguientes. Sin embargo, parecen no entender lo que dispone el
144, también constitucional; éste sostiene que: "la
ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado
vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado
y la ley, prevalecerá el tratado".
Como anotamos antes, esa ley þvigente "transitoriamente"
sólo por dos años!þ agrava la crisis penitenciaria
que se vive en nuestro país desde mucho tiempo, pues su
espíritu es el de enviar a la cárcel la mayor
cantidad posible de sospechosos de haber incurrido en
algún ilícito. Dos ejemplos de ello: la
eliminación de la excarcelación para aquella
persona acusada de cometer el delito de amenazas agravadas, por
un lado; por el otro, la imposibilidad de gozar de una
suspensión condicional de la ejecución de la pena
para alguien condenado a prisión menor de tres años
por el delito de cohecho pasivo impropio. Aunado a esto, tenemos
que convivir día a día con una deficiente
impartición de justicia a todo nivel, en gran parte
producto de la mala o pésima formación
académica de muchos jueces, secretarios y resolutores.
El panorama es difícil: "ley de emergencia nacional"
aprobada por el Parlamento y aplicada por los tribunales de
justicia; violaciones evidentes al debido proceso judicial;
inseguridad ciudadana; y, por último, hacinamiento en
nuestros "centros de readaptación", mal llamado así
pues ninguno de los que existen en el país llena los
requisitos mínimos que las leyes internacionales exigen
al respecto. Sin embargo, desde la OAL-IDHUCA creemos firmemente
que hay mucho por hacer al respecto y así tratar de
revertir la situación; no estamos dispuestos a quedarnos
observando resignados tan deplorable cuadro.
En esa línea, la primera iniciativa para atacar el
hacinamiento en las cárceles ya fue lanzada y proviene de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ): la orientación de
aplicar una serie de medidas cautelares que permitan la
excarcelación de personas, cuando éstas se
consideren presuntas responsables de los llamados "delitos
menores" (Proceso, 709). Dicha iniciativa fue acordada por las
y los magistrados con el objeto de aliviar el problema carcelario
y, de paso, disminuir los costos económicos del Estado en
esta materia. Lo que desea la CSJ es que las y los jueces
apliquen þvía jurisprudenciaþ una disposición
internacional vigente para nuestro país relacionada con
la materia: el artículo 9.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Eso debería darse sin
necesidad de una orientación expresa de la Corte;
más bien tendría que surgir por iniciativa de las
y los jueces, a partir de su conocimiento del derecho
internacional y su aplicación constitucional en el derecho
interno.
De acuerdo al doctor Mario Solano, miembro de la Sala de lo
Constitucional, la recomendación de excarcelar los
"delitos menores" no requerirá de reforma legal alguna o
de la aprobación de una nueva ley. En tal sentido, el
doctor Solano manifestó hace unos días a un
matutino de circulación nacional lo siguiente: "debido a
que las resoluciones de los tribunales son interpretaciones de
la ley, el juez no necesita crear nuevas disposiciones... De lo
que se trata es de aplicar la normativa de los tratados
internacionales que hasta ahora no los han aplicado".
Pareciera, entonces, que la CSJ dio luz verde a las y los
jueces para que apliquen sin temor las disposiciones
internacionales, contrario a lo observado cuando la ley de
emergencia nacional fue aprobada por la Asamblea Legislativa.
Sería conducente que se explique por qué no se
utiliza el mismo razonamiento para impulsar la aplicación
de los tratados sin ningún temor, no obstante ya ser una
obligación constitucional, cuando los jueces se enfrenten
a la "ley de emergencia" antes aludida. Con ello, los jueces de
lo penal estarían dejando de aplicar adecuadamente dicha
ley sin el temor de pagar luego ningún tipo de factura.
Ahora bien, consideramos que si en esta oportunidad hay
voluntad de parte de los máximos encargados del
órgano Judicial por acatar algo que recomendó la
división de derechos humanos de ONUSAL hace tiempo,
sería atinado sugerir a nuestros jueces que además
apliquen lo referente al derecho de toda persona "a ser juzgada
dentro de un plazo razonable", que se establece en los
artículos 9.3 y el 14.3 c) del mismo Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y en el 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior,
porque hay jurisprudencia de la CSJ al aplicar dichas
disposiciones cuando resolvió un habeas corpus ordenando
liberar a una persona detenida durante cinco años, por
considerar que ese tiempo excedía los límites
razonables a que hacen referencia los tratados.
La iniciativa, pues, está bien; sin embargo, no se
debe dejar de considerar la posibilidad de que la
aplicación del internamiento como excepción y la
libertad como la regla general quedaría a
discreción del juez, lo cual þen las condiciones actuales
de nuestra administración de justiciaþ puede tener sus
riesgos. Ahora, a la CSJ y al Consejo Nacional de la Judicatura
les corresponde permanecer vigilantes y asegurar que la
aplicación de las medidas cautelares se dé sin
exclusiones antojadizas o de manera arbitraria. En ese sentido,
hay que ayudar al máximo tribunal para que se
continúe en la misma línea a fin de lograr que las
y los jueces apliquen los tratados internacionales, como
constitucionalmente es debido.
Lastimosamente, estos avances positivos pero parciales se
pueden ver truncados cuando se observa que en nuestra realidad
no existe una verdadera "política criminal" y no se
adoptan medidas eficaces para atacar de raíz las causas
que generan más pobreza. En vista de ello, nos encontramos
con diversidad de críticas a la forma de abordar toda esta
problemática social y jurídica por parte de las
autoridades gubernamentales; una de ellas es la que hiciera
recientemente el diputado Dagoberto Gutiérrez, quien
manifestó que nos encontramos en un "círculo
vicioso" y dentro de una dinámica contradictoria al
enfrentar el problema de la delincuencia, pues mientras la Corte
toma la decisión de favorecer con excarcelamientos u otras
medidas que impidan la reclusión de los procesados para
reducir la presión en los centros penales, la Asamblea
aprueba la "ley de emergencia" que tiende, como uno de sus
efectos inmediatos, a aumentar el número de personas
detenidas.
La opinión del diputado Gutiérrez y la nuestra
no son antojadizas y subjetivas; todo lo contrario, responden a
la realidad estructural salvadoreña y a la experiencia
cotidiana en materia de impartición de justicia. Y es que
una verdadera "política criminal" þsegún el jurista
Alberto Binder Barzizza, profesor de la Escuela de
Capacitación Judicial cuyos alumnos se encuentran
involucrados directamente en la materia cuestionadaþ consiste en
un conjunto de decisiones las cuales constituyen actos de
voluntad de determinados sujetos sociales, relativos al uso de
los instrumentos de coerción penal. Comprende en
consecuencia, el conjunto de decisiones relativas a los
instrumentos, reglas, estrategias y objetivos que regulan la
coerción penal.
En el anterior sentido, y como conclusión, hemos de
entender que en todo esfuerzo por combatir realmente la
delincuencia, la retardación de justicia, las violaciones
al debido proceso judicial y administrativo, entre otras cosas,
han de estar involucrados þarmónica y necesariamenteþ el
órgano Ejecutivo mediante el Ministerio de Justicia, el
órgano Legislativo y, desde luego, el órgano
Judicial, atendiendo todos a una misma priorización de
objetivos y, consecuentemente, sugiriendo y poniendo en
práctica medidas afines y complementarias pero nunca
excluyentes o contradictorias. Todo ello, desde luego, respetando
los límites impuestos por la Constitución y el
ordenamiento internacional aceptado por el Estado. A lo anterior,
sin duda, deben sumar un ingrediente vital: la
participación de la población en la solución
de estos graves problemas pues ella, en definitiva, será
la que resulte beneficiada o dañada de su
actuación. RATIFICA FUERO. El Presidente de la República, Armando
Calderón Sol, aseguró el 23.05 que el decreto que
la Asamblea Legislativa aprobó para dar trato especial a
los alcaldes que se vean involucrados en procesos judiciales, no
violenta la Constitución de la República, al tiempo
que llamó "cerdos políticos" a los políticos
de izquierda que aseguran que si él no veta el decreto
amparará la impunidad. Sin embargo, un comunicado enviado
a La Prensa Gráfica por la Secretaría de
Información pretendió aclarar que el Presidente no
había dicho "cerdos políticos", sino "pseudo
políticos". "Estamos claros en que hay que juzgar al que
violente la ley, sea quien sea -dijo el Presidente-, pero tampoco
vamos a prestarnos a un juego, intriga y suciedad
política, pues hay muchos cerdos políticos, y esto
es el accionar pasado sin ética política", dijo.
"El hecho que haya una ley que garantice los procedimientos, para
evitar denuncias falsas y problemas a los alcaldes, no significa
que quedarán en la impunidad; por el contrario, se asegura
que un tribunal que tenga madurez y sensatez pueda juzgar la
actuación de los alcaldes". Calderón Sol sostuvo
que los jefes municipales, como otros funcionarios de
elección popular, están expuestos a difamaciones,
calumnias y maniobras políticas, por lo que muchos
ciudadanos idóneos para los cargos se abstienen de
participar en la política. Respecto a la huelga que
realizó un centenar de pequeños y medianos
empresarios de San Miguel, Calderón Sol indicó que
la acción fue "un total y absoluto fracaso", y
lamentó que aún "haya sectores que politizando
estas situaciones pretendan provocar desobediencia civil". "Les
advierto que pueden hacer paros, pueden cerrar su tienda, pero
van a pagar los impuestos, porque en El Salvador hay leyes que
respetar, compromisos superiores, como el beneficio del pueblo
que demanda educación, salud, seguridad, policía",
expresó (LPG 24.05 p.6-a). REALIZAN PARO. Los buseros de la Asociación de Empresarios
de Autobuses Salvadoreños (AEAS) y de la Asociación
de Empresarios de Transporte de Pasajeros (ATP se enfrascaron con
las autoridades gubernamentales de Transporte, el 25.04, en un
nuevo conflicto, alejando la posibilidad de ofrecer una
solución al paro de buses. Los dirigentes de AEAS y ATP
se mantuvieron firmes en no poner a circular sus unidades el
27.04, argumentando falta de voluntad de las autoridades que
participan en la Comisión de Alto Nivel, para solucionar
lo que ellos llaman "competencia desleal" por parte de microbuses
y pick ups. El Viceministro de Transporte, Julio Valdivieso,
aseguró no encontrar razones al paro de transporte, pues
señaló que de nueve puntos presentados por los
empresarios, sólo queda por resolver la eliminación
del IVA. A su vez, añadió que durante la
última semana de mayo estudiarán si vale la pena
seguir con la Comisión de Alto Nivel, pues
consideró que con decisiones unilaterales de los
transportistas se pierden los logros alcanzados durante varios
meses. El funcionario advirtió que se descontará
el diesel subsidiado por el día no trabajado y se
suspenderán los permisos de línea a los
propietarios de unidades que no circulen, mientras se estudia la
aplicación de otras sanciones dependiendo de la naturaleza
del paro. Por su parte, los transportista pidieron
"comprensión" a la población por la medida
adoptada, la cual, argumentaron, se debe al desinterés
mostrado por las autoridades en la solución a sus
peticiones (LPG 26.05 p.2-a). BOMBA EN SISA. La explosión de una bomba
dañó el 23.05 el edificio de Seguros e Inversiones
(SISA), compañía cuyo accionista mayoritario es el
ex presidente Alfredo Félix Cristiani. El 25.05 un coche-
bomba había sido detonado en la Urbanización Santa
Elena, en Antiguo Cuscatlán, en las cercanías de
la residencia del ex mandatario. El estallido, que no produjo
daños personales, ocurrió aproximadamente a las
8:20 de la noche, en medio de una serie de llamadas
anónimas a la PNC, alertando sobre la colocación
de otros explosivos en distintos puntos de la capital, así
como en las ciudades de Santa Ana y Ahuachapán. En la
fachada del edificio, en la esquina sur oriente del mismo,
quedó un boquete de aproximadamente dos metros cuadrados.
Los daños alcanzaron, asimismo, las oficinas de los pisos
superiores, incluyendo la cuarta planta. El director de la PNC,
Rodrigo Avila, calificó la detonación como una
acción "terrorista", señalando que investigaciones
preliminares establecían que la explosión
había sido producida con TNT o explosivo plástico.
Técnicos en explosivos señalaron que posiblemente
se trató de una carga "dirigida", es decir, activada a
control remoto. Al momento de la explosión se encontraban
dos personas en el interior de las instalaciones, las cuales
resultaron ilesas. Empleados de una gasolinera contigua al
edificio de SISA indicaron que no observaron ningún
movimiento sospechoso, ni tampoco observaron a ningún
vehículo o persona alejarse apresuradamente de la zona.
Al lugar se hicieron presentes directivos y ejecutivos de la
firma; la diputada presidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria
Salguero Gross, también llegó al lugar, pero
ninguno dio declaraciones a la prensa (LPG 24.05 p.3-a). INVESTIGAN ATENTADO. El Ministro de Seguridad, Hugo Barrera,
prometió esclarecer los atentados terroristas perpetrados,
en SISA, y el coche bomba de Santa Elena. El funcionario fue de
la opinión que no están dirigidos al ex-Presidente
Cristiani sino a crear problemas al Gobierno para que no tenga
posibilidades de ganar en las próximas elecciones. Sobre
el hecho manifestó que las investigaciones
continúan en manos de personal técnico y
científico, pero aún así se podría
pedir apoyo de otras instituciones que lleven al esclarecimiento
de la situación. Explicó que ambos atentados, por
las apariencias, podrían tener relación, pero
serán las investigaciones las que determinarán si
existe alguna conexión. Con relación a que
estén dirigidos al ex-mandatario, el Ministro Barrera
manifestó que Cristiani ha cumplido una misión
histórica en este país y su trabajo durante su
mandato fue maravilloso para El Salvador, por lo que no
tendría sentido que ambos atentados estuvieran dirigidos
hacia él. De igual forma, el Ministro del Interior, Mario
Acosta, negó que la explosión, tenga
relación con problemas internos en el partido ARENA. "Esto
sería como que nosotros comenzáramos a decir que
ésto lo ha hecho el FMLN, no podemos ser irresponsables,
son acciones de gente que quiere causar problemas al interior de
ARENA", manifestó el funcionario. Según Acosta,
aquí hay grupos, gente interesada en que el proceso de paz
no funcione y que buscan alejar al ex-presidente Alfredo
Cristiani de las actividades políticas y que se retire de
la actividad empresarial (EM 25.05 p.3 y p.4).