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Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1176
Enero 11, 2006
ISSN 0259-9864

Índice

Editorial: ¿Una PNC de ARENA?

Política: La campaña electoral a principios de 2006

Economía: Retrocesos en la libertad económica de El Salvador

Sociedad: Seguridad ciudadana en la encrucijada

Derechos Humanos: Los derechos humanos en el 2005 (II) 

Editorial

¿Una PNC de ARENA?

Las festividades de navidad y año nuevo no permitieron prestar la debida atención a un hecho verdaderamente preocupante sucedido el pasado mes de diciembre: el nombramiento de Rodrigo Ávila como director, por segunda ocasión, de la Policía Nacional Civil (PNC). Los medios de comunicación, como en tantas otras oportunidades, le han seguido el juego al gobierno de turno, promocionando la imagen de Ávila como el salvador de una institución que, en su oportunidad, él mismo —tras los pasos de Mauricio Sandoval— contribuyó a debilitar. Alabar las presuntas destrezas de “Atila” no pasaría de ser una broma de mal gusto si no fuera por el significado de fondo de su llegada a la institución policial.

Para entender ese significado, hay que recordar que cuando Ávila fue nombrado por primera vez como director de la PNC, su identificación con ARENA estaba poco definida, o por lo menos, así lo parecía ante la opinión pública. Obviamente, su dependencia de la presidencia de la República —al igual que sucedió con anteriores directores de la policía— daba pie a sospechar de su autonomía, pero no permitía ser concluyentes acerca de un sometimiento de la institución, a partir de los compromisos políticos de su director, al gobierno y al partido ARENA. Cuando Ávila dejó la policía, a más de alguno le tomó por sorpresa su vinculación posterior con ARENA, misma que lo catapultó a la Asamblea Legislativa como diputado por ese partido.

Retrospectivamente, aspectos importantes del desempeño policial en la época de Ávila adquirieron sentido: el debilitamiento interno de la PNC, la inoperancia de la inspectoría general, la proliferación de grupos criminales en su seno y la poca determinación en el combate del crimen organizado, salvo cuando se trató de delitos que, como los secuestros, afectaban a sectores empresariales cercanos a ARENA. En el país, la situación de violencia se había agravado, la impunidad campeaba por doquier y las agencias de seguridad privada habían proliferado como hongos, beneficiándose —al igual que las empresas vendedoras de armas— de la violencia social prevaleciente. Es decir, Ávila, por más que llevara por pseudónimo “Atila”, no había hecho bien su trabajo: ni era temido por los criminales, ni contaba con un cuerpo de policía aguerrido dispuesto a los mayores sacrificios. La explicación última de su pobre desempeño como jefe policial no había que buscarla tanto en sus pocas luces intelectuales —aunque quizás algo de eso haya habido—, sino en los intereses políticos y económicos que condicionaban su desempeño.

Ricardo Meneses, quien llegó después de Ávila, no lo hizo mejor que éste, sino más bien al contrario: los problemas dejados por Ávila se mantuvieron y agravaron hasta niveles francamente preocupantes. Meneses, sin embargo, no ha sido una pobre víctima de las circunstancias, pues hizo lo suyo para que la Policía Nacional Civil se hiciera más débil e inefectiva en el combate de la criminalidad. Con Meneses vale aquello de que mal paga el diablo a quien bien le sirve: se plegó a la visión policial de Saca, la situación de violencia se agravó más y terminó convirtiéndose en el chivo expiatorio del actual gobierno.

A alguien había que culpar de lo mal que el gobierno ha manejado el problema de la violencia; el elegido fue Meneses. A alguien había que elegir como el salvador: el elegido ha sido Ávila, a quien se pretende dotar de un aura de eficiencia inmerecida. Si la primera vez llegó a la policía como una persona cuyas afinidades políticas no eran evidentes, ahora llega como un arenero declarado. En otras palabras, con él, ARENA se ha tomado la policía; con él, la policía pasa a depender, más que del gobierno o del presidente, de un partido. Se está a un paso, pues, de la politización abierta de una institución creada, no para servir a ningún partido o grupo de poder particular, sino a la sociedad en su conjunto.

No hay garantía alguna de que Ávila no va a poner a la policía al servicio de ARENA y los suyos en las altas esferas empresariales. La sola posibilidad de que ello pudiera suceder es suficiente motivo para oponerse a su nombramiento y para mirar con preocupación el futuro inmediato de la institución policial. Más aún, lo que está en juego es lo poco que se ha logrado en materia de democratización y de respeto a los derechos humanos. Una policía en manos de la derecha podría encaminar al país por la senda ya conocida de los abusos de poder y la violencia institucional.

Definitivamente, la elección de Ávila como jefe policial es una mala elección, no sólo porque su desempeño dejó mucho que desear en la primera oportunidad, sino porque su militancia en ARENA compromete y condiciona su papel al frente de una institución que, por definición, debe ser apolítica, es decir, no partidaria. Con su decisión, el presidente Saca le ha prestado un flaco favor a la incipiente democracia salvadoreña. Si fue a propósito, qué mal anda en su compromiso con el bien común y el Estado de derecho, que son sus principales responsabilidades como presidente de los salvadoreños y salvadoreñas. Si fue sin querer, bien haría en ir pensando la forma de revocar la decisión tomada y en explorar, esta vez sí en forma concertada con los distintos sectores sociales, nombres de personas más idóneas para el cargo de jefe de la policía.

De todos modos, si el presidente Saca no revierte la decisión que ha tomado, habrá que lidiar con un miembro de ARENA en la PNC. Lo peor que puede hacerse es dejarlo que maneje a la policía como organismo de su partido. Por tanto, se impone la vigilancia ciudadana más estricta y celosa en torno a su desempeño. Por su parte, la próxima Asamblea Legislativa deberá seguirle los pasos a Ávila y, ante cualquier desatino, no dudar en obligarlo a rendir cuentas ante la sociedad. No se sabe cómo va a ser la composición de la Asamblea después de marzo, pero la oposición al menos deberá hacer ruido —si estuviera imposibilitada para hacer cosas más sustantivas— cada vez que Ávila falle en sus obligaciones constitucionales.

Él podrá ser todo lo que quiera de ARENA, pero la PNC no es patrimonio de su partido, sino de la sociedad salvadoreña. Si Ávila quiere desempeñar medianamente bien su papel, con un mínimo de decencia y de honestidad, no debe olvidar eso.

G

Política

La campaña electoral a principios de 2006

Los partidos políticos recibieron al año nuevo haciendo campaña proselitista. Evidentemente, a medida que se acerque el mes de marzo, esta campaña se irá haciendo más intensa. Con todo, es posible afirmar que la campaña no se presenta como algo sustancialmente diferente a las coyunturas electorales anteriores. Basta, en este sentido, examinar tanto las propuestas partidarias como la composición de sus candidaturas.

Las propuestas de los partidos
Toda coyuntura electoral es un tiempo adecuado para que los partidos y los candidatos contendientes expongan al electorado cuáles son sus propuestas de solución a los problemas más acuciantes. Según lo que se aprecia en la encuesta que divulgó a fines del año pasado el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), los dos problemas principales son la situación económica y la seguridad pública. Por ejemplo, un 63.3% de las personas consultadas afirmó que la pobreza aumentó durante el año anterior, mientras que el 50.4% es de la idea que la situación económica empeorará durante 2006. Una percepción similar existe sobre la seguridad pública. Un 57.2% aseguró que el problema delincuencial empeoró.

En lo esencial, los partidos políticos han enfocado sus mensajes hacia estos problemas. ARENA, como es costumbre, enfatiza más el problema de la seguridad pública, mientras que el FMLN, siguiendo sus propios patrones, se enfoca más hacia la situación económica.

En lo que respecta a la campaña de ARENA, centrada en la seguridad pública, es importante anotar los movimientos en el seno de la Policía Nacional Civil (PNC), en particular, el relevo de Ricardo Meneses por Rodrigo Ávila en su jefatura. Aunque estos cambios buscan asegurar el control del partido gobernante en la corporación policial, también siguen una lógica electoral. En el periódico electrónico El Faro, se afirma que el nuevo jefe de la policía “explicó que ‘en un plazo de tres años, que conjuga una serie de cosas que tiene que ver con la operatividad de la institución en general’, puede reducir a 6 la cifra de homicidios que se registran a diario en el país.” Tres años es justamente el período de funciones tanto de la legislatura entrante como de los gobiernos municipales. También es el tiempo que le resta a la actual administración.

Llama la atención que en la plataforma legislativa de ARENA se prometa pasar el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) bajo la dirección de la PNC. El partido oficial buscaría, así, aumentar las funciones de la corporacion policial. El argumento es que el CAM hace uso excesivo de la fuerza para enfrentar las protestas de los vendedores callejeros. Lo que no se dice es que durante estas protestas, la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC no ha intervenido para evitar que las protestas se tornen violentas y para refrenar las agresiones de los vendedores contra agentes del CAM.

Una policía que acumula más funciones y más atribuciones —en este caso, el resguardo del patrimonio municipal, que es competencia del CAM— también acumula más poder y está, por lo tanto, más propensa al abuso de autoridad. Por otro lado, la propuesta de subordinar al CAM a la policía puede interpretarse también como un intento por restarle autonomía a los gobiernos municipales. La propuesta de ARENA es elemental: más mano dura y más atribuciones para la policía.

En lo que respecta al FMLN, su campaña se ha centrado en los problemas económicos. La propaganda del partido de izquierda insiste en que el costo de la vida se ha disparado con la política económica arenera, en particular, a través de la dolarización. La alternativa que se presenta raya en lo simplista: si el mal es la dolarización, basta con volver a la circulación del colón.

A este respecto, es importante citar las declaraciones de Juan Héctor Vidal, economista que ha sido dirigente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Según Vidal, la dolarización es “la peor estupidez que se cometió” en materia de política económica. En un alarde de franqueza, el empresario declaró al periódico Co Latino que la dolarización “respondía a los intereses de un sector privilegiado. Es por ello que esta imposición no fue discutida para crear un consenso y fue vendida como una propuesta que mejoraría la situación financiera de los salvadoreños”. El dirigente de ANEP criticó la propuesta efemelenista de volver a poner en circulación el colón, pues se trata de “pataletas que debieron haberse hecho antes” (Co Latino, 11.01.06). La gran empresa privada tampoco hizo mayor cosa para impedir la dolarización, pero lo cierto es que es necesario presentar una alternativa mejor fundamentada para solucionar los problemas generados por el cambio de moneda. Parece ser que al FMLN le falta realismo económico en sus propuestas.

El partido ARENA también deja mucho que desear a este respecto. Por ejemplo, el aspirante arenero a la alcaldía capitalina, Rodrigo Samayoa, promete que, de llegar a ser electo, se darán mejores servicios municipales sin elevar los impuestos. Esta promesa es bastante irresponsable, porque el mantenimiento de la infraestructura municipal, por ejemplo, requiere mucha inversión monetaria. Una muestra más del nuevo populismo arenero.

En suma, los dos partidos mayoritarios conocen cuáles son los problemas que preocupan más a los salvadoreños, pero no son capaces de proponer alternativas viables. En lo que respecta al partido ARENA, tras el fracaso de la “mano dura”, no ha sido capaz de cambiar a un enfoque integral para enfrentar el problema de la delincuencia. Ha preferido hacer un cambio de caras, pero no de estrategias. El FMLN, por su parte, tampoco ha logrado ir más allá de las grandes declaraciones que suele hacer. No ha podido diseñar concienzudamente una propuesta económica en la que no se parta tanto de lo que se desea hacer, sino de lo que es posible hacer para resolver los problemas socio-económicos del país. No basta con decir que “nací con el colón, viví con el colón y moriré con el colón”, o “quiero de vuelta mi colón”, como dice la propaganda para resarcir el daño que las políticas areneras le han hecho a la economía del país.

G

Economía

Retrocesos en la libertad económica de El Salvador

En 2006, el país presenta un mayor puntaje en el índice de libertad económica (ILE). El ILE es un indicador construido por la Heritage Foundation y se utiliza para evaluar los avances en materia económica e institucional que propician el mejor desarrollo de los mercados. El criterio para la evaluación se fundamente en la premisa del liberalismo económico que sostiene que el Estado no debe intervenir en la actividad del mercado. Cuando esto sucede, se daría una distorsión en los precios, junto a fuertes desequilibrios entre la oferta y la demanda, así como también la falta de incentivos a la inversión para los empresarios. De acuerdo a esta concepción, para lograr el desarrollo económico es necesario un mayor protagonismo del mercado y reducir el papel del Estado.

El ILE observa el comportamiento de cincuenta variables. Estas variables se agrupan para formar diez factores determinantes de la libertad económica: política comercial, carga impositiva del gobierno, intervención del gobierno en la economía, política monetaria, flujos de capital e inversión extranjera directa; actividad bancaria y financiera, salarios y precios, derechos de propiedad, regulaciones y actividades del mercado informal. El ILE es el promedio de los factores. El puntaje que proporciona el ILE se encuentra en una escala del uno al cinco. El valor más alto implica una excesiva intervención del Estado en la economía, mientras que el valor mínimo se refiere al establecimiento de mercados competitivos.

En este año, el país se ubica en la trigésimo cuarta posición a escala mundial y es el cuarto en América Latina y el Caribe. Con un puntaje de 2.35, El Salvador es clasificado como un país “mayormente libre”. El indicador aumentó con respecto al puntaje logrado el año pasado —los mayores puntajes están asociados al deterioro de condiciones institucionales. En 2005, el ILE fue de 2.20, acercándose más a la clasificación de “libre”. Es decir, que, entre 2005 y 2006, el indicador aumentó en 0.15, con lo cual los avances en libertad económica no fueron significativos. De hecho, al observar el comportamiento del ILE en los últimos años, se puede notar que el obtenido esta última vez es alto con respecto a todos los años del nuevo siglo. Sólo en 2003 el país tuvo un puntaje similar al de 2006.

Observando el comportamiento de los diez factores, se destaca que el puntaje es bajo en materia de política comercial y de intervención del gobierno en la economía y política monetaria. En la evaluación de la carga impositiva del gobierno, los flujos de capital e inversión extranjera, actividad bancaria y financiera, salarios y precios, los derechos de propiedad y regulaciones, los puntajes no sufrieron cambio. Sólo el factor de análisis del mercado informal presentó una mejoría.

El apartado dedicado a analizar la situación de la libertad económica en el país comienza afirmando lo siguiente: “a pesar de los problemas en la seguridad que ocasionan las pandillas, los delitos transnacionales y los secuestros, El Salvador continúa disfrutando de un gobierno democrático estable, un crecimiento económico modesto y una disminución en el índice de pobreza”. Esto significa que, en el panorama económico internacional, el país se reconoce por el ambiente de inseguridad. Esta inseguridad, de acuerdo al informe, se debería exclusivamente a la responsabilidad del Órgano Judicial, pero no dice nada acerca del rol del Ejecutivo. El informe añade: “los bajos niveles promedio de educación de los trabajadores y la ineficacia del sistema judicial son los puntos negativos del crecimiento económico... si los líderes salvadoreños desean continuar atrayendo a la inversión extranjera, el sistema judicial tendrá que mostrar avances en la lucha contra el delito y brindar respaldo al arbitraje comercial”.

En esta consideración, los miembros de la Heritage Foundation olvidan que la implementación de medidas para facilitar la entrada de inversión extranjera puede generar daños a la actividad económica informal.

Los países en vías de desarrollo se caracterizan por tener una fuerte economía informal debido a que la actividad económica formal no es suficientemente capaz para absorber toda la oferta de mano de obra local. Por ello, las personas sin empleos o negocios formales, deben obtener sus ingresos mediante actividades informales que lindan en algunos aspectos con la ilegalidad: el comercio de bienes “pirateados” —es decir, copias de menor calidad de otros que se transan en el mercado formal—, la falta de un sistema contable formal que determine claramente las utilidades para el pago de impuestos, la celebración de contratos verbales sin documentos de respaldo, el trabajo informal que involucra la carencia de las prestaciones sociales que caracterizan a la formalidad, etc. Si el sistema judicial debe velar por el fiel cumplimiento de las leyes comerciales, habrá un momento en que ello entrará en fuerte contradicción con los intereses de los trabajadores del sector informal.

Los inicios de este problema se dejan ver en la situación que están atravesando los productores y comerciantes de discos y videos piratas. Debido a la entrada en vigencia del CAFTA, muchos vendedores temen ser afectados por las leyes contra la piratería y de protección a la propiedad intelectual que incluye el convenio. Por esta razón, muchos de ellos ya se encuentran presionando al Ejecutivo para que presente alternativas de solución que tomen en cuenta sus necesidades.

G

Sociedad

Seguridad ciudadana en la encrucijada

CLa seguridad ciudadana, la violencia y la delincuencia son temas que ameritan mayor atención durante el 2006. Ni los planes estatales orientados a la reducción de homicidios ni el debate generado por algunos sectores nacionales han incidido positivamente en la disminución de los índices de violencia y la mejora en la situación de la seguridad ciudadana. El año pasado cerró con cifras alarmantes, planes gubernamentales errados y una mayor percepción de inseguridad entre la mayoría de salvadoreños. El 2006 inicia con nuevo director policial y, al parecer, un cambio de enfoque en el Ejecutivo; pero esto no es suficiente para que se den avances concretos en la materia.

Repunte de la violencia
La definición de la agenda social que marcará el 2006 conduce, ineludiblemente, al tema de la violencia y la seguridad ciudadana. Hay otros temas vitales como la educación, la salud, la gestión de riesgos y el empleo, pero no hay duda que la inseguridad de los salvadoreños se impone a la mirada del observador más acucioso. El año pasado culminó con los datos y estadísticas más alarmantes en el último lustro. La prensa salvadoreña ha hecho eco de algunos manejados por la policía: 3, 697 homicidios; un promedio de 10 asesinatos por día; y 66, 503 detenciones por diversas causas, entre otros. El número de detenciones únicamente fue superado en el 2004, cuando Flores todavía se hallaba en su frenética caza de cualquier sospechoso de ser pandillero o delincuente.

La percepción sobre la inseguridad ha sido igualmente alta entre los salvadoreños durante el año recién finalizado. Según el último sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), más de la mitad de las personas encuestadas (el 57.2%) percibe que la criminalidad aumentó durante el 2005. Grandes medios de comunicación, como La Prensa Gráfica y algunos canales de televisión, han asumido como tema prioritario la prevención de la violencia, siguiendo esa percepción generalizada entre la ciudadanía. Pese a dicha percepción, el 82.9% de los encuestados por el IUDOP dijo respaldar los planes “Súper Mano Dura” y “Mano Amiga”, implementados por el gobierno de Elías Antonio Saca. Ni el repunte de homicidios ni la percepción de inseguridad han podido con la bien orquestada campaña de imagen del presidente.

A mediados de 2005 se conoció otro dato espeluznante: según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los costos económicos de la violencia en El Salvador habrían alcanzado en el 2003 un monto total de 1,717 millones de dólares, equivalente al 11.5% del PIB de ese año, a la recaudación tributaria total y a más del doble de la asignación presupuestaria de Educación y Salud. Es decir, anualmente la violencia le cobra al país un monto superior al de los terremotos de 2001, que ascendió a 1,600 millones de dólares. Ciertamente, la violencia golpea a los salvadoreños, no sólo cegando vidas, sino también limitando posibilidades de desarrollo al drenar importantes recursos que podrían ser orientados a otros rubros como educación, salud o vivienda.

Como quiera que sea, los alarmantes datos y estadísticas debieran ser la antesala para que la sociedad salvadoreña asumiera, en su conjunto y con las competencias definidas, el tema de la insostenible violencia. Pero quienes deben salir más interpelados son las mismas autoridades policiales y de Gobernación, que han tomado el tema de la seguridad como moneda de cambio electoral: a más detenciones, más votos. Esta situación conduce a la responsabilidad directa de los políticos y la política.

G

Derechos Humanos

Los derechos humanos en el 2005 (II)

II. Funcionamiento de las instituciones
Al hacer esta evaluación, se debe considerar que tanto la protección como el cumplimiento de los derechos humanos dependen del desempeño de la administración pública. Por eso, catorce años después del fin de la guerra y del inicio de un proceso tendiente a construir y consolidar una institucionalidad democrática e independiente, resultan preocupantes los escasos progresos de las entidades creadas o recreadas en el camino y la preocupante marcha atrás de los mismos. Esto puede atribuirse, en parte, a la elección de quienes las dirigen con base en criterios particulares y no en su capacidad.

Salvo algunas excepciones, en el período observado, la actuación de los funcionarios y las funcionarias a cargo de entidades estatales claves para avanzar en la dirección antes señalada, respondieron a intereses de grupos particulares y no a los de la colectividad. No honraron, entonces, su compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la cual sitúa —en su primer artículo— “a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”.
La mayoría de la población salvadoreña enfrentó en el 2005 las consecuencias negativas de la inseguridad, la precariedad económica y la vulnerabilidad ambiental. Eso es algo cierto, como también lo es que la existencia de una organización estatal fuerte y respetuosa de la ley pudo haber disminuido —en buena medida— los efectos deplorables de esos males.

De ahí el necesario examen de la labor desarrollada por las instituciones encargadas de defender los derechos humanos. Por su mandato constitucional y la influencia que su quehacer tiene para bien o para mal en la confianza de la gente, este conjunto de entidades es considerado fundamental en el esfuerzo por alcanzar lo que hoy en día sigue siendo una aspiración no cumplida en el país: una convivencia social democrática y pacífica, sobre la base de la verdad y la justicia.

1. Fiscalía General de la República (FGR)
Las y los fiscales deben ser “personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas”. Esas cualidades esenciales quedaron establecidas en el primer artículo del documento denominado “Directrices sobre la función de los fiscales”, adoptado el 7 de septiembre de 1990 en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba. Tales características morales y profesionales están determinadas en función del papel que debe desempeñar esta institución en la sociedad y de las atribuciones que, para ello, se le han asignado.

En El Salvador, la FGR tiene a su cargo —entre otras— la dirección funcional del delito y el monopolio de la acción penal. Si se observa con atención, una actuación adecuada en el cumplimiento de ambas obligaciones es vital para enfrentar con algún grado de éxito el fenómeno de la violencia e inseguridad que abate a la sociedad; también lo es para garantizar la reparación del daño a las innumerables personas afectadas por la delincuencia. De ahí el especial cuidado que debe existir al momento de nombrar fiscal a una persona, empezando por quien la dirige. Ya sea por falta de moralidad o competencia notorias, en cualquier nivel de la estructura se pueden desviar o detener investigaciones; también se puede impedir que un delincuente sea sometido a la justicia y cumpla la pena correspondiente. En ambos casos, el alto precio de la impunidad lo pagan las víctimas directas y la sociedad entera.

Según datos propios, en el 2005 la Fiscalía atendió de forma prioritaria los delitos de homicidio, lesiones, hurto y robo. Pese a no contar con datos definitivos, la institución reportó que entre enero y noviembre abrió 3,445 expedientes por homicidio; asimismo, recibió más de 19,000 denuncias por lesiones y 16,924 por robo y hurto. Esa cantidad de denuncias, que no son todos los hechos ocurridos en el país durante el año, debe confrontarse con los casos investigados y —por lo menos— presentados en los juzgados de Paz. Esto permite evaluar, en parte, el desempeño de la Fiscalía.

Según la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dichos juzgados reportaron 4,705 audiencias iniciales realizadas; esto refleja que la inmensa mayoría de hechos continúan en la etapa de “investigación” fiscal o no se está haciendo nada al respecto. Otro dato: según la memoria de labores de la FGR correspondiente al período 2004-2005, ésta recibió 22,250 denuncias de las cuales sólo llegaron a vista pública 3,079; es decir, el 13% del total.

El rendimiento anual de la FGR debe medirse, también, a partir de algunos casos relevantes. En ese sentido, se debe subrayar la falta de voluntad para investigar —entre otras— la responsabilidad intelectual en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989; la ejecución de los hermanos Carías —Guillermo, de 29 años y Federico, de 12—, en noviembre del 2000; así como la violación y el asesinato de la niña Katya Miranda el 4 de abril de 1999.

Sus responsables continúan impunes, pese a las innumerables gestiones realizadas por las familias de las víctimas y el IDHUCA. Tanto en estos como en otros crímenes, se sigue careciendo del necesario “empuje fiscal” para esclarecer los hechos y ventilarlos judicialmente. En ese marco, también cabe destacar lo relativo al asesinato del dirigente sindical estadounidense de origen salvadoreño, Gilberto Soto. De tal escenario se desprende algo elemental: si no hay interés para resolver casos de trascendencia social, mucho menos lo habrá para aquellos que no cuentan con la presión mediática o en los que las víctimas —por la razón que sea— no reclaman el respeto de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Otro caso engavetado por la Fiscalía es el de las hermanas Serrano Cruz, por el cual fue condenado por primera vez el Estado salvadoreño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El entonces Fiscal General de la República, Belisario Artiga, en lugar de investigar de forma imparcial se dedicó a encubrir la desaparición; dicha actitud persistió aun después de la citada condena, en la cual se estableció esa obligación que sigue sin cumplirse.

También vale la pena mencionar, al menos, las graves deficiencias en el combate a la corrupción. En lo relativo al caso de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), es cuestionable el mal mensaje lanzado por la FGR al beneficiar como testigo al “cerebro” del fraude. Al anterior se agregan los casos del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) y del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador (INDES), como algunos de los puntos oscuros de la gestión fiscal. Además, la falta de capacidad técnica de la FGR continuó evidenciándose en el mal manejo de la escena del delito; eso ha impedido avanzar en el proceso judicial del Caso Soto, por citar uno entre tantos ejemplos.

Durante el 2005, se impulsó un significativo esfuerzo ciudadano para fortalecer la institución en el marco de la elección del Fiscal General. Habrá que esperar algunos frutos del mismo en el 2006, dado que la Asamblea Legislativa no eligió en tiempo a la persona que asumirá la conducción de la FGR, en lugar de Belisario Artiga. En ese marco, como ya se apuntó, el IDHUCA presentó a la actual legislatura varias propuestas; entre ellas, destaca un procedimiento participativo y transparente para garantizar la elección de alguien competente, independiente y comprometido con las principales demandas de la población; también propuso reformas constitucionales, legales y administrativas para mejorar la capacidad de investigación y funcionamiento fiscal, así como la coordinación interinstitucional.

Aunque ese Órgano se mostró aparentemente “abierto” a dichas propuestas, lo cierto es que —en medio de acusaciones entre las fracciones parlamentarias— se violó la Constitución al no realizar dicha elección y mantener en el cargo al Romero Barahona, anterior Fiscal General adjunto. Al respecto, en noviembre del 2005, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó un recurso de inconstitucionalidad por la interpretación auténtica de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual permite semejante anomalía.

2. Policía Nacional Civil (PNC)
Cuando Saca asumió la Presidencia de la República, ratificó a Ricardo Meneses como Director General de la PNC. Al examinar la actuación de la corporación policial durante el 2005, se debe pedir cuentas al titular del Órgano ejecutivo por esa determinación. Meneses, lejos de cumplir con la función de brindar seguridad a la sociedad y contribuir a la reducción de la violencia, se dedicó a perseguir y encarcelar pandilleros a cualquier costo; quizás por las 66,503 capturas en el año analizado, se catalogó como “un policía operativo”.

El problema de fondo de la PNC desde su creación hace más de trece años, cuando en junio de 1992 se acordó integrarla con un 40% de elementos provenientes de la represiva Policía Nacional y la desmontada guerrilla; el 60% restante se debía constituir con civiles que no tuvieron participación directa en el conflicto armado. Para ello, se diseñó un mecanismo de selección del personal. A la PNC también se incorporarían la Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico (UEA) y la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD), ambas parte de la Policía Nacional en proceso de extinción.

La Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) presentó, el 15 de julio de 1994, un informe sobre las irregularidades detectadas en la PNC y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Se criticaron aspectos relacionados con la incorporación de la UEA y la CIHD, así como su funcionamiento como parte de la nueva Policía; de igual forma hubo señalamientos a la asignación de cargos en la PNC. Acerca de la ANSP, se habló de anomalías en lo relativo a. cuerpo docente, planes de estudio, reclutamiento y selección, régimen disciplinario, monitoreo y Consejo Académico.

Con todo, no se garantizaron los resultados esperados y continuaron ciertas pautas de comportamiento que —a la larga— terminaron minando la institución; de ahí que buena parte de la “nueva” policía terminara contaminada por vicios que debían ser superados con su creación. ¿Qué podía esperarse de elementos graduados durante la guerra en la Escuela Militar “Gerardo Barrios” o en el Centro Técnico de Instrucción Policial controlado por la Fuerza Armada de El Salvador, formados en prácticas represivas y de combate? El FMLN toleró y aceptó esas irregularidades a cambio de presentar aspirantes que tampoco cumplieron con los nuevos requisitos, según un informe de la Oficina de Washington sobre Latinoamérica (Washington Office on Latin América, WOLA) presentado en 1996.

En teoría, la PNC tiene dos funciones básicas: brindar seguridad a la ciudadanía y ser un ente auxiliar de la FGR en la investigación del delito; sin embargo, la realidad da cuenta de un trabajo deficiente pues a pesar de la ejecución de diversos y muy publicitados planes, así como las decenas de miles de capturas que realiza, la delincuencia y la violencia persisten. Quien hasta diciembre del 2005 fue Viceministro de Seguridad Ciudadana y luego pasó a ocupar la Dirección General de la PNC, Rodrigo Ávila, impulsó la creación de la División Antihomicidios con una asignación de 141 agentes y siete fiscales, sin lograr reducir esos hechos.

Otro gran desatino fue el registro de casas con el objeto de arrestar supuestos delincuentes. Tras advertir a la población que debía colaborar, pues de no hacerlo se solicitaría la autorización judicial respectiva, en los medios de difusión masiva se pudieron observar escenas de agentes policiales rompiendo puertas y encañonando a infantes para realizar las detenciones. Penoso fue el resultado de tales operativos; pese a las más de 60,000 capturas, los homicidios continuaron y los centros penales siguieron atiborrándose de gente.

Dentro de todo, el mayor déficit de la PNC es su politización. El 2005 fue un año previo a elecciones municipales y legislativas; eso explica, mas no justifica, que el gobierno la haya utilizado para alcanzar votos en lugar de fortalecer las capacidades de su personal en la de investigación del delito y el respeto a los derechos humanos. Desde el acompañamiento a víctimas, el IDHUCA constató en algunos casos que una sola persona del Laboratorio Científico del Delito realiza tres funciones en el manejo de la escena del crimen: de planimetría, toma de fotografías y levantamiento de evidencias; esta labor, para ser productiva, requiere al menos de tres especialistas diferentes. Tampoco se trabajó en la elaboración de planes preventivos coordinados con otras entidades, ni en mejorar las condiciones laborales de las y los agentes.

3. Procuraduría General de la República (PGR)
A esta institución le corresponde cumplir tareas vitales para asegurar una adecuada impartición de justicia. De su buen trabajo depende —entre otros asuntos— que los trabajadores y las trabajadoras reclaman y reciban sus indemnizaciones por despidos injustos, que las madres y padres resuelvan sus conflictos familiares, que las personas procesadas penalmente tengan garantizado su derecho a un debido proceso y que los derechos, tanto de la infancia como de la adolescencia, sean respetados y protegidos.

El IDHUCA recibió diversas quejas de los servicios que la PGR presta. A pesar de que ésta, bajo el mando de Miguel Ángel Cardoza se sometió a un proceso de reestructuración para mejorar la calidad de sus servicios, algunos problemas siguieron vigentes y se mantienen durante la actual administración, encabezada por Marcos Gregorio Sánchez Trejo; aún se pierden expedientes, no se brinda información, hay retardo en el trámite de casos y se evidencian deficiencias serias en las defensas técnicas. Durante el año examinado, destacaron, además, tres problemas que reclaman con urgencia su solución.

En primer lugar, se observan graves fallas en materia laboral. Las trabajadoras y los trabajadores, por falta de información, no demandan a sus patronos durante el plazo legal establecido para hacer efectivo este derecho —sesenta días— o son disuadidos por el mismo personal de la PGR; eso, en el fondo, es denegación de justicia. En segundo lugar, preocupa que la institución no resuelva la forma desigual en que presta el servicio de asistencia legal por conflictos familiares, ya que la ley sólo permite representar a una de las partes. Si bien es cierto que unas pocas universidades prestan servicios gratuitos en este ámbito, éstos son limitados en cobertura y apenas atienden una parte mínima de las demandas. Aunque se trate de un dilema, la PGR no analiza o no propone salidas —jurídicas o administrativas— para atender a quienes resultan excluidos por ese proceder. En tercer lugar, muchas de las defensas penales que realiza se limitan al cumplimiento de las formalidades. Eso es preocupante, sobre todo si se consideran los fallos en la investigación del delito por parte de la FGR y la PNC; si éstos no son advertidos por quienes ejercen la defensoría pública, la situación se vuelve aún más complicada.

4. Órgano Judicial
Dentro del conjunto de la institucionalidad examinada, éste se encarga de impartir justicia y controlar la constitucionalidad de los actos realizados por los otros órganos del Estado. Lo integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el conjunto de tribunales en el país; esa separación debe considerarse al momento de evaluar su desempeño.

Las debilidades más visibles en este período fueron la mora judicial, así como la mala distribución del trabajo y su parcialidad. Esas fallas afectan toda la estructura. Ejemplos en cada ámbito. La Sala de lo Constitucional ha tardado más de un año en analizar la inconstitucionalidad del nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. En 172 juzgados sólo se trabaja dos días y medio a la semana según datos del Consejo Nacional de la Judicatura, mientras otros están saturados de trabajo y algunos han colapsado; lo que es más grave cuando está en juego la libertad de las personas. La desigual impartición de justicia es palpable al comparar dos casos: con celeridad inusual, la Sala de lo Constitucional anuló una orden de detención contra dos periodistas de El Diario de Hoy, en tanto que el habeas corpus a favor del mayor Adrián Meléndez lo emitió pocos días antes que éste cumpliera el mes de arresto ilegal ordenado por el general Otto Romero, Ministro de la Defensa Nacional.

Estas situaciones y otras también cuestionables deberían resolverse mediante un trabajo coordinado con el Consejo Nacional de la Judicatura y la aprobación de una nueva Ley Procesal Constitucional, que establezca plazos para brindar “pronta y cumplida justicia”. No obstante, la permanencia de ambas flaquezas revela que no interesa resolverlas.

La justicia desempeña un papel vital en el combate a la corrupción. La CSJ cuenta con una Sección de Probidad encargada, entre otros asuntos, de impedir el enriquecimiento ilícito dentro de la administración pública. Años atrás, dicha Sección contribuyó a desenmascarar el desfalco en la ANDA. Este antecedente se consigna ante el retroceso sufrido durante el 2005, al atreverse a investigar el patrimonio de Francisco Flores y otros funcionarios de su gobierno, incluida su esposa. La —¿honorable?— Corte quitó a la Sección de Probidad la potestad de solicitar informes financieros como respuesta oficial a la petición de ciertos bancos, entre los cuales se encontraba uno presidido por alguien que también era objeto de fiscalización. La cuestionable decisión fue clave para impedir posibles actos de corrupción.

Durante el año examinado se advirtió que algunas y algunos jueces, sobre todo de Paz, rechazaron actuaciones arbitrarias de otras entidades oficiales; así, parte de la judicatura continuó siendo garante de la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Se debe reconocer su valor e independencia frente al Órgano Ejecutivo, especialmente cuando éste insinuó que los fallos judiciales eran parte de una campaña de desestabilización de la izquierda. Estas irresponsables acusaciones son producto del buen tino judicial, que rechazó actuaciones fiscales y policiales deficientes.

Esto dejó el año pasado: una Corte Suprema de Justicia que sigue sin estar a la altura de su mandato constitucional y de las atribuciones que del mismo se derivan, muy sensible a la crítica pero insensible con las víctimas de la injusticia e improductiva al momento de generar jurisprudencia tendiente a garantizar la vigencia de los derechos constitucionales.

5. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
Esta institución tuvo que velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, como ya es costumbre, en condiciones limitadas. Así, tuvo que realizar su labor anual con un presupuesto que apenas cubrió los salarios de su personal. Si el interés en determinados fines se midiera por el apoyo financiero recibido por las instituciones con mayor responsabilidad para alcanzarlos, esta sería una prueba más del poco o nulo interés del Estado salvadoreño por los derechos humanos de la población.

Además de esa enorme carencia involuntaria, a la Procuraduría se le dificultó su trabajo debido a la resistencia de las instancias que vigila y la actitud irrespetuosa contra su titular por parte de miembros del Partido ARENA y ciertos funcionarios públicos. Quizá el hecho más grave que ocurrió en el 2005, cuando la PNC detuvo a dos funcionarios y un motorista de la PDDH. ¿Cómo fue posible? Cuando el Director de Migración decidió expulsar del país al médico ecuatoriano Pedro Banchón, por presumir que éste había violado la ley al realizar actividades aparentemente políticas, la Procuraduría fue informada de la captura y tomó cartas en el asunto: en cumplimiento de sus funciones, representantes de la misma ingresaron al Aeropuerto Internacional de Comalapa para intervenir en una acción aparentemente ilegal, pues el detenido fue conducido a la terminal aérea en un vehículo sin distintivos oficiales. En ese escenario, los agentes policiales detuvieron a los empleados de la PDDH.

Con arbitrariedad, se atropelló a estas personas que intentaban cumplir su misión constitucional; de esa forma se envió un mal mensaje a la población y se socavó de nuevo la precaria institucionalidad del país, al colocar la autoridad policial por encima de la PDDH y su papel fiscalizador de la acción estatal. Lejos de deducir responsabilidades por semejante abuso, la fracción de ARENA “amenazó” a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, con su destitución. Tampoco la Asamblea Legislativa hizo nada para reparar el daño, pese a estar facultada para interpelar al Órgano Ejecutivo; sólo se limitó a una discusión estéril para acerca de la naturaleza de las instalaciones portuarias —si es pública o privada— y las medidas de seguridad “imprescindibles” para protegerlas del terrorismo.

Otra muestra de la falta de respeto a la Procuraduría es la indiferencia de otras entidades estatales ante sus resoluciones. En el 2005 se pronunció, por ejemplo, cuestionando el proceder de la PNC y FGR en la investigación del crimen del sindicalista Gilberto Soto. A la fecha ninguna de esas instituciones ha rectificado su actuar; al contrario, desde la Fiscalía se amenazó con procesar a los funcionarios de la PDDH que denunciaron la aplicación de torturas a los imputados.

En conclusión, el año transcurrió mal para esta institución constitucional por la doble moral del accionar estatal. Los hechos descritos indican que, mientras el gobierno se vanaglorió en diversos foros locales e internacionales de la existencia de la PDDH como uno de los logros más importantes en el “nuevo” El Salvador, en la práctica no la apoyó con presupuesto ni la respetó en el cumplimiento de sus funciones.

6. Dirección General de Centros Penales
El problema penitenciario en el país es, sin discusión, uno de los más graves y complejos. Se caracteriza por las condiciones infrahumanas en las que se alberga a la población reclusa, los amotinamientos, las huelgas de hambre, las fugas de presos, la violencia, las muertes de internos y la “militarización” de la mayoría de reclusorios. Frente a lo que es un verdadero caos, surge la duda sobre quién controla esa parte de la institucionalidad.

Pese a que el 2005 inició con muchas expectativas sobre mejoras prometidas por las autoridades de Gobernación, en especial por las instalaciones y condiciones de vida dignas, lo cierto es que nada de ello se tradujo en medidas positivas concretas. Las que si lograron realizarse fueron las concernientes al control carcelario, pero con pocos resultados efectivos.

Esa situación fue aprovechada por la población reclusa, que logró organizarse y asumir una buena cuota de poder al interior de las prisiones. Para muestra están las acciones realizadas a lo largo del periodo que se comenta: evitaron ser censados, no ingresaron durante varias semanas a sus celdas, amenazaron la estabilidad del sistema de justicia al provocar la suspensión de cientos de audiencias programadas y provocaron hechos sangrientos, como el asesinato de Margarita Parada Grimaldi que conmovió a la sociedad por la saña con que se ejecutó.

Esta situación de extrema gravedad no debió sorprender a nadie. La Unidad de Análisis Legislativo de la Asamblea y la PDDH ya habían anunciado que el hacinamiento y la falta de recursos para la rehabilitación de los reos, estaban a punto de generar un problema de amplias proporciones dentro del sistema penitenciario.

Pero la reacción de las autoridades agravó el panorama. El Ministro de Gobernación se pronunció sobre la huelga de hambre de los internos del Centro Penal “La Esperanza”, conocido como Mariona; al respecto dijo: “Si ellos no quieren comer, hay una gran cantidad de orfanatorios que están esperando esa comida” Esa actitud de confrontación, caracterizó las posiciones gubernamentales y desnudó su incapacidad para resolver conflictos, alejándose del mandato constitucional de organizar los centros penitenciarios en función de la readaptación de los delincuentes. Lejos de ello, prefirió reformar el Código Procesal Penal para que ningún juez dejara en libertad a los huelguistas; con ese proceder, de nuevo pretendió manipular la legislación a su conveniencia en lugar de adecuarla al interés social.

En septiembre del 2005 se trasladó a varios reos al Centro de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, creado para albergar a reclusos de “alta peligrosidad”. Esta decisión provocó una huelga al interior del Penal de Mariona, porque los internos consideraron que dos de ellos —Riley Serrano y Ricardo Monge— no debían ser clasificados como peligrosos. Las autoridades penitenciarias argumentaron que Serrano preparaba un plan de fuga, pero nunca presentaron pruebas de eso. Además de los traslados, los reos protestaron por las condiciones en que se encuentran. El IDHUCA participó, por invitación de la Jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente, en una reunión con representantes de los presos de Zacatecoluca quienes expusieron sus necesidades y demandas.

Así, el año terminó con más amenazas de motines y fugas, con el relevo sin fundamento del Director de Centros Penales —Ástor Escalante— y con el nombramiento de un abogado penalista sin experiencia en el tema. Hizo falta mayor apertura oficial frente a las peticiones de las personas recluidas, tal como sucedió con la participación del IDHUCA y la PDDH en Mariona al finalizar el año. La actuación de su actual Director, debería ser un ejemplo para otros; de lo contrario, la situación llegará al punto que afectará a las personas que están al otro lado de los muros carcelarios.

7. Tribunal Supremo Electoral
En julio de 2004 cambiaron los integrantes del Tribunal Supremo Electoral, pero continuó el desorden y el manoseo institucional de siempre. En ese marco ocurrió algo que, en cualquier país que se respete, hubiera sido motivo de escándalo con consecuencias graves: la Asamblea Legislativa violó impunemente, de nuevo, la Constitución al nombrar a Julio Moreno Niños, representante del Partido de Conciliación Nacional (PCN), como magistrado del TSE.

Aunque el Tribunal cuenta con un representante del FMLN y dos de la CSJ, eso no ha significado problema alguna para que ARENA y el PCN hagan de las suyas. En agosto cambiaron las reglas del juego, al aprobar ciertas reformas para poder tomar decisiones relevantes en la materia con el voto de tres magistrados, mientras que antes se exigían cuatro. Una vez más, esos cambios se hicieron contrariando la Constitución, pues se alteró la integración de los organismos encargados de facilitar y administrar el voto. Pese a que los institutos políticos afectados solicitaron el veto del presidente Saca, las reformas fueron aprobadas y aplicadas.

Una reiterada deficiencia de este ente es su falta de capacidad para hacer respetar la Constitución y el Código Electoral, especialmente ante las campañas de propaganda ilegales. Asimismo, es grave la politización de sus decisiones; para muestra, está la oferta de inscribir al Frente Democrático Revolucionario (FDR), a cambio de sus votos legislativos a favor de la reelección de Belisario Artiga en la FGR.

Conclusión
Al revisar la situación de los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones estatales durante el 2005, se debe insistir en lo que —desde hace un tiempo— sigue siendo una agenda pendiente por el bien común. Es imprescindible, entre otras cuestiones, alcanzar un desarrollo económico cuyos frutos sean distribuidos con equidad entre la sociedad; superar la práctica nociva de utilizar el fenómeno de la violencia y la inseguridad, en función de intereses electorales; lograr que las oportunidades tantas veces prometidas, sean una realidad para que la gente pueda vivir dignamente sin separase de sus familias y abandonar el territorio nacional; elaborar con urgencia planes de prevención y mitigación para reducir los efectos negativos de los fenómenos naturales.

Las anteriores y otras más son lecciones elementales que en El Salvador aún no terminan de aprenderse, en buena medida por culpa de la mala conducción del país. Ingenua o deliberadamente, dentro y fuera de éste se ha cometido un grave error: asegurar que el fin de la guerra y el cumplimiento formal de algunos compromisos contenidos en los acuerdos de paz eran la solución de todos los males. Ni el silencio de los fusiles ni la simple existencia de instituciones aparentemente distintas a las del pasado, garantizan de la vigencia plena de un verdadero y necesario Estado de Derecho.

La Constitución exige de la función pública un inequívoco compromiso con la persona humana. Sin embargo, la débil institucionalidad y su manipulación para favorecer grupos particulares —políticos, económicos o de otro tipo— revelan la distancia entre esa obligación y la realidad. Sin duda, el análisis del desempeño estatal debe ser ampliado y discutido, tanto en lo local como en lo nacional, para decidirse por su fortalecimiento mediante la elección de personas idóneas e independientes para ocupar cargos de dirección; el impulso de reformas constitucionales, legales y administrativas pertinentes; la adjudicación de recursos suficientes para enfrentar las prioridades de la nación; la ubicación de deficiencias en materia de acceso a la justicia, seguridad pública y tratamiento de víctimas para capacitar al personal; y el combate enérgico de la impunidad.

La realidad exige de manera apremiante que la población salvadoreña tome conciencia de su principal desafío: construir un importante contrapeso social que —desde la defensa de los derechos humanos— sea capaz de presionar a los poderes económicos y políticos para que trabajen en beneficio de las mayorías populares. Dadas las lecciones del 2005, corresponde apelar a que la ciudadanía participe en la vida pública nacional más allá del voto. Las promesas vagas, el incumplimiento reiterado de compromisos y las tantas mentiras durante el año analizado son suficientes para avanzar con decisión, de una vez por todas, en esa tarea.

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