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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1169
Noviembre 9, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Fanatismo político
Política: Sobre la elección del nuevo Fiscal General de la República
Economía: La cumbre de la discordia: IV Cumbre de las Américas
Sociedad: ¿Quién asume los costos sociales de Stan y el Ilamatepec?
Regional: IV Cumbre de las Américas: entre Fox y Kirchner, una ruptura, dos caminos
Derechos Humanos: El martirio de Elba, Celina y los jesuitas
Documento: Notas preliminares sobre efectos de Stan y la erupción del volcán Ilamatepec en El Salvador
Fanatismo político
Según Manuel Seco, en su Diccionario del español actual, el fanático es el partidario exaltado e intransigente de una persona o de una doctrina. Por su parte, el fanatismo es definido, en el mismo diccionario, como la condición o actitud del fanático. Así las cosas, el fanatismo político vendría a ser una actitud exaltada e intransigente a favor de un partido o doctrina política. A esta noción hay que añadirle otras características: al fanatismo político también le es consustancial la demonización del adversario, el maniqueísmo, la intolerancia y la agresividad, es decir, la intención práctica de dañar —cuando no, de destruir— a quienes profesan ideas políticas distintas. De este modo, el fanatismo político —aunque no sólo el político— es sumamente peligroso no sólo para que la democracia funcione, sino también para una convivencia civilizada y pacífica entre los ciudadanos.
En El Salvador, el fanatismo político ha sido una constante histórica, por lo
menos desde la independencia hasta nuestros días. Ha habido momentos —por
ejemplo el cierre de los años setenta y la década de los años ochenta del siglo
XX— en los cuales fue particularmente virulento. Después de la firma de los
Acuerdos de Paz, aunque por lo general latente, no ha dejado de aflorar, no sólo
en coyunturas electorales, sino en momentos en los cuales algún tipo de
conflictividad social ha aparecido en el horizonte. La coyuntura electoral que
culminó en marzo del año pasado, con la elección de Elías Antonio Saca como
presidente de la República, fue ejemplar al respecto: el fanatismo de derecha
—no sin dejar de verse acompañado por un fanatismo de izquierda— sacó a relucir
sus peores vicios de intransigencia anticomunista, a la cual sólo le faltó, para
estar completa, la persecución y el asesinato de los adversarios políticos.
En la actual coyuntura política —en la práctica, abiertamente electoral—, el
fanatismo político ya ha comenzado a medrar en la conciencia y el imaginario
ciudadanos. La verdad, viene haciendo de las suyas desde hace unos meses atrás.
Se trata de un fanatismo que, aunque es abanderado predominantemente desde la
derecha –desde sus portavoces más fanáticos—, no es patrimonio de ella, sino que
—al igual que en el pasado— tiene su réplica en la oposición de izquierda,
concretamente en el FMLN —en determinados militantes o simpatizantes—.
En ambos casos, el fanatismo actual hunde sus raíces en un fanatismo más antiguo,
nacido antes y durante la guerra civil. Sin duda, hay novedades; pero los
estigmas fundamentales —tanto los que van de la derecha fanática hacia el FMLN
(y sus presuntos aliados) como de los fanáticos del FMLN hacia la derecha (y sus
presuntos aliados)— son los mismos de antaño: capitalistas, explotadores y
ladrones los primeros, comunistas, enemigos de la patria y totalitarios los
segundos. La novedad es que, ahora, a los primeros se les añade el calificativo
de neoliberales, en tanto que a los segundos ya no se les asocia con el
expansionismo cubano (detrás del cual estaba el expansionismo de la desaparecida
URSS), sino con los desplantes de Hugo Chávez al gobierno de George W. Bush y
sus iniciativas contra el ALCA.
Otra característica compartida por los fanáticos de la derecha y la izquierda,
que tampoco es nueva, es la que divide la realidad en buenos y malos. Desde la
perspectiva de los fanáticos de la derecha, todo lo que se hace desde ARENA es
bueno —no sólo positivo—; en contrapartida, todo lo que hace el FMLN es malo —y
no sólo negativo—.Sobre todo, la maldad del FMLN sale a relucir cuando critica a
ARENA o cuando se opone a decisiones tomadas por el gobierno de Saca. Por
extensión, son buenos todos los que apoyan a ARENA y al gobierno de Saca y son
malos todos los que, aunque no sean miembros del FMLN, critican y se oponen a
ellos. Y es que, según los fanáticos de la derecha, esta maldad intrínseca del
FMLN también queda en evidencia cuando se examina la historia reciente del país,
sobre todo la época de la guerra civil.
En su lectura, la guerra fue desencadenada por el FMLN, la destrucción fue obra
suya, el sufrimiento y el dolor de esos años son de su exclusiva responsabilidad.
La otra cara de la moneda es la bondad de la derecha y sus aliados (escuadrones
de la muerte, militares); gracias ellos El Salvador fue “salvado” de las garras
del mal. Para los fanáticos de derecha, los asesinatos y las masacres
perpetrados por escuadrones de la muerte y el ejército no cuentan; tampoco
cuentan la destrucción de cultivos y viviendas —junto con el éxodo forzado de
miles de familias— provocados por los bombardeos y la estrategia de tierra
arrasada auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, en los primeros años de
la guerra.
Para los fanáticos de izquierda, sucede todo lo contrario. Del gobierno y de
ARENA, a priori, no cabe esperar algún tipo de bondad. Cualquier cosa que
prometan (o hagan) debe condenarse irremediablemente y sin contemplación. No hay
que esperar a tener evidencias de lo nocivo o pernicioso de lo prometido; esas
evidencias son innecesarias, pues de antemano se sabe que nada bueno puede salir
del gobierno y de ARENA. Esperar por las pruebas, considerar que, por prudencia,
es recomendable tomarlas en cuenta para juzgar a cualquier actor político, es
leído, cuando se trata de ARENA y del gobierno, como un síntoma de complicidad
con ambos y, en general, con la derecha. Para el fanático de izquierda, la única
garantía de que no se está en complicidad con la derecha es la condena
irremediable y por principio a todo lo que venga de ella. Y esta actitud vale
—al igual que en el presente— también para el pasado reciente: la guerra, los
crímenes y la destrucción fue culpa exclusiva de la derecha. No cuentan ni las
ambiciones políticas de las cúpulas guerrilleras ni los crímenes ordenados por
ellas. No cuenta tampoco su autoritarismo ni su intolerancia.
En suma, tanto el fanatismo de derecha como el de izquierda hacen gala del lema
“o estás conmigo, o estás en contra mía”, el cual aplican a quienes no se
pliegan a sus posturas fanáticas. En el caso del fanatismo de derecha, son
enemigos de ARENA todos aquellos que no ven al FMLN como un enemigo. En sentido
inverso, para los fanáticos de izquierda, quienes no ven al gobierno y a ARENA
como fuente de los peores males no pueden menos que ser amigos de la derecha y
enemigos del FMLN. En uno y otro caso, a los enemigos hay que tratarlos como
tales: en la postguerra, el ultraje, la denigración y la amenaza velada se han
convertido —a falta de una opción más drástica— en el recurso preferido de los
fanáticos de uno y otro bando. Para ellos, la democracia —la poca democracia que
hay en el país—constituye una de las peores abominaciones. Y ello porque los
obliga a convivir —les guste o no— con los tan denostados enemigos.
Sobre la elección del nuevo Fiscal General de la República
El país acaba de salir de una coyuntura dominada por los desastres socio-naturales y ha entrado a otra, en la que la campaña electoral comienza a tomar relieve. De esta forma, los elementos mencionados se realzan mediáticamente y copan la atención pública, dejando de lado otros problemas quizás más graves. Uno de estos problemas es la elección del nuevo Fiscal General de la República (FGR).
La persona que encabeza la Fiscalía General tiene, por mandato constitucional,
la misión de promover la pronta justicia a favor de las víctimas y el
fortalecimiento de la legalidad en el país. Así, el Fiscal debe promover, ya sea
de oficio, o respondiendo a una petición de la parte afectada, la acción de la
justicia, dirigiendo la investigación del delito y promoviendo la acción penal
pertinente. Además, y esto es de suma importancia subrayarlo, tiene a su cargo
la tarea de apoyar y salvaguardar a las víctimas de cualquier delito, de tal
forma que no sufran represalias por parte de los victimarios.
En una sociedad auténticamente democrática, el Fiscal General se convierte en el
valedor de los derechos de la ciudadanía. También lo hace el Procurador de
Derechos Humanos (conocido en otros países como Defensor Público u ombudsman),
pero en una dimensión distinta. Este último es, como la denominación del cargo
lo indica, el garante de la vigencia de los derechos humanos en una sociedad
determinada, mientras que el Fiscal General será el responsable de garantizar la
justicia para la ciudadanía. El fortalecimiento de las instituciones creadas
para representar a la población ante los poderes políticos debería estar
acompañado de una ciudadanía consciente de sus derechos y con capacidad de
movilización para la defensa de los mismos.
Estas funciones lucen bien en teoría, pero el problema es cómo ponerlas en
práctica. En gran medida, el que un funcionario electo para dirigir la Fiscalía
cumpla o no con su mandato es algo que tiene que ver con su perfil personal,
ético y profesional. Otro elemento relevante es la independencia. Si el
Procurador es un funcionario que no debe favores a los partidos políticos, puede
actuar con mayor libertad. Es distinto cuando el funcionario se siente obligado
a retribuir de alguna forma a los partidos que lo apadrinaron en su elección.
En El Salvador, el procedimiento para elegir al Fiscal General garantiza
únicamente la subordinación del nuevo funcionario a los intereses del poder. Al
ser producto de una negociación entre partidos políticos, no se busca tanto la
idoneidad o la honestidad del nuevo funcionario, sino su aptitud para defender
determinados intereses: los del gran capital y los del poder político.
El perfil del nuevo Fiscal
La Constitución establece las características que debe llenar cualquier persona
que aspire a dirigir la FGR. En ellas se establece, entre otras cosas, que el
titular deberá ser un profesional de las ciencias jurídicas y que haya “servido
en la judicatura de primera instancia durante seis años”, o que haya sido
autorizado para el ejercicio de la abogacía ocho años antes de la elección. Esto
llenaría el perfil profesional del Fiscal. En lo que respecta al perfil ético
del mismo, se establece que el funcionario sea “de moralidad y competencia
notorias”.
A este respecto, la ley no entra en mayores detalles sobre cómo constatar el
grado de moralidad y competencia del nuevo Fiscal General. En la legislación
hondureña, para el caso, se exige una serie de requisitos probatorios de la
idoneidad para el cargo: los estudios realizados, las publicaciones y
reconocimientos, el ejercicio de la docencia, entre otros. En el caso de El
Salvador, no se establecen parámetros para constatar la idoneidad del aspirante
al cargo.
Lo mismo ocurre con respecto a la moralidad. No se exigen solvencias de
Hacienda, de la Corte de Cuentas ni de las procuradurías General de la República
y de Derechos Humanos. Probidad, honestidad e intachabilidad, tres
características que pueden definir la “moralidad notoria”, son tres raseros que
pueden ser perfectamente constatables. Al no establecer estos parámetros, es
fácil que cualquiera que llene los requisitos de edad y de profesión jurídica
entre en la carrera por la Fiscalía. Le faltará contar con el favor del partido
en el poder para culminar exitosamente sus pretensiones.
Esto último mina la independencia con la que el Fiscal debe actuar. Durante su
desempeño, es obvio que entrará en contradicción con los sectores poderosos,
pues muchas veces tendrá que escoger entre hacer justicia o proteger sus
intereses.
En este sentido, como lo señalan las directrices sobre la función de los
fiscales, dictadas por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, los Estados deben garantizar “que los
fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas,
hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en
responsabilidad civil, penal o de otra índole”. De lo contrario, sólo queda
optar entre el soborno y la pared. Eso fue lo que le ocurrió en 1980 al
procurador Mario Zamora Rivas. Como se puso de parte de las víctimas, el Estado
salvadoreño hizo todo menos garantizar que ejerciera sus funciones sin
intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas ni riesgo
injustificado. Zamora fue asesinado por grupos paramilitares y su caso está
registrado en el informe de la Comisión de la Verdad.
Un balance sobre la gestión de Artiga
Es menester ilustrar algunas características de la gestión del actual titular de
la Fiscalía, Belisario Artiga, para constatar hasta qué punto se ha logrado
cumplir con la misión establecida para el Fiscal. En pocas palabras, el titular
de la FGR debe garantizar la justicia para las víctimas. ¿Ha cumplido Artiga con
esa misión?
Al entrar en funciones, el actual Fiscal anunció que tomaría como cosa propia
algunos casos emblemáticos que quedaron en la impunidad: el de los sacerdotes
jesuitas asesinados en 1989 y el de la niña Katya Miranda. Sin embargo, el
funcionario defraudó las expectativas. Artiga se negó a reabrir el primer caso.
En lo que respecta al homicidio de Katya Miranda, tampoco se obtuvieron mayores
progresos. Así, a lo largo de su gestión, se juntaron varios fracasos: el caso
de la estafa FINSEPRO-INSEPRO, donde se terminó sobreseyendo a Roberto Mathies
Hill, principal implicado; el del desfalco en la FEDEFUT; el caso Guth-Zapata,
en el que se implica al general retirado Mauricio Ernesto Vargas; el del
espionaje telefónico, entre muchos otros.
Esta semana se conoció que el partido ARENA apoya, en principio, la reelección
de Artiga en la Fiscalía. Esta noticia coincide con las declaraciones del
presidente Saca, quien afirmó que necesita una Asamblea Legislativa que “lo deje
gobernar”, sin discutir mayormente las órdenes del Ejecutivo. Puede leerse
fácilmente la voluntad de ARENA de ganar un poder total a través del control de
distintas instancias. Con un Ejecutivo, un Legislativo y una Fiscalía en manos
del partido oficial, aparte de su predominio en el campo económico y mediático,
se está al borde del totalitarismo.
La cumbre de la discordia: IV Cumbre de las Américas
La semana pasada se llevó a cabo en Mar del Plata, Argentina, la “IV Cumbre de las Américas”, bajo el lema: “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”. En el cónclave se dieron cita los presidentes de 34 países del Hemisferio para buscar soluciones al problema del desempleo en la región. Algunos mandatarios asistieron con el interés principal de reactivar el proceso de creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Este punto, aunque no se encontraba en la agenda oficial de la cumbre, fue abordado por el presidente de México, Vicente Fox, y secundado por los mandatarios de EEUU, Canadá y 24 países latinoamericanos. En contra de la moción se mostraron los países del MERCOSUR y Venezuela. Al cierre de la cumbre se redactó la Declaración de Mar del Plata que registró las posiciones encontradas sobre el tema del ALCA.
¿Quién asume los costos sociales de Stan y el Ilamatepec?
Ya se sabe que la tormenta tropical Stan y la erupción del volcán Ilamatepec ocasionaron pérdidas económicas y daños por un monto total de por lo menos 355.6 millones de dólares, es decir, poco menos de la cuarta parte del impacto económico de los terremotos del 2001, que alcanzó la cifra de 1,600 millones de dólares. Más allá de las cifras, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), encargada de presentar el estudio técnico, estima que el impacto es más social que económico, ya que los rubros más afectados son la vivienda y la infraestructura, seguidos por los sectores productivos. Stan y la erupción del Ilamatepec, concluyen los técnicos de la CEPAL, limitarán los avances en desarrollo humano. Pero, más allá de las cifras y estimaciones, ¿quién asume los costos sociales del desastre?
IV Cumbre de las Américas: entre Fox y Kirchner, una ruptura, dos caminos
Por si no hubiese quedado suficientemente claro que lo que se produjo en la IV Cumbre de las Américas fue una ruptura entre las naciones del hemisferio americano, constituyendo así dos grandes bloques político-económicos, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, quien lideró la postura de uno de dichos bloques, lo enfatizó en conferencia de prensa luego de concluida. Esto en respuesta a las declaraciones públicas de Vicente Fox, presidente de México y líder del “otro bloque”.
Un poco sorpresivamente fue Fox, y no Bush mismo, la punta de lanza del Área de
Libre Comercio, ALCA, en la reunión de los mandatarios de las Américas. Lo hizo
con tanto ímpetu que no ocultó su malestar ante la postura opuesta. Fox fue el
único presidente que no aplaudió el discurso de inauguración de Kirchner. Tras
un periodo de ambigüedades y de intereses encontrados entre el Sur y el Norte,
Fox parece haberse decidido final y firmemente por el Norte. Y es que por la
manera en que al final se desarrolló la Cumbre, no quedó mucho espacio para
posturas ambiguas. Aún así, en lo económico, Fox no se cerró las puertas. Dejó
claro que su deseo es incorporarse al Mercosur en 2006.
El martirio de Elba, Celina y los jesuitas
En el marco del XVI aniversario de la matanza en la Universidad, el IDHUCA desarrolló el II Seminario regional sobre víctimas y justicia: “Margaret Popkin”, con el propósito de que las personas participantes evaluaran las acciones del Estado, las víctimas, los medios de comunicación y las organizaciones sociales en el fortalecimiento de la justicia y el combate a la impunidad. Estas reflexiones se hicieron a partir de cuatro casos ejemplarizantes: el asesinato de Juan Humberto Sánchez en Honduras, el de Myrna Mack Chang en Guatemala, la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz en El Salvador y el ya citado de la UCA.
A excepción del último, en el resto ya brilló la luz de la justicia negada en un
primer momento dentro de los ámbitos internos, pero otorgada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Dichas condenas emitidas por este organismo
han marcado un precedente positivo en lo relativo a la protección de los
derechos humanos y son, en la práctica, pasos positivos en el camino hacia la
democratización de la región.
Mientras los gobiernos de Guatemala y Honduras aceptaron las condenas de la
citada Corte, el salvadoreño ha mantenido una férrea postura negándose a
investigar semejantes crímenes cometidos durante la época de la represión
política y el conflicto armado. El actual Presidente de la República, al igual
que sus predecesores, se ha escudado en frases mediante las cuales se define a
sí mismo como alguien que gobierna para el futuro y no para el pasado; como él,
otros funcionarios. Sin embargo, realmente ¿se han cerrado correctamente las
heridas? ¿Se puede gobernar el mañana sin tomar en cuenta el ayer? No se puede
asegurar que las viejas lesiones sanaron ya, ni que las malas curaciones de las
mismas a la larga sean beneficiosas para la sociedad; además, es difícil
gobernar para un futuro mejor si no se considera sobre qué bases se está
trabajando.
En el caso de la UCA, se han tenido que vencer un sinnúmero de obstáculos
generados por el mismo Estado salvadoreño; éste, en su momento trató de limitar
el la investigación y el juzgamiento a los autores materiales del crimen,
quienes en su mayoría fueron exonerados en la vista pública realizada en
septiembre de 1991. Los únicos dos condenados y recluidos en la prisión,
salieron libres con la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz
aprobada el 20 de marzo de 1993.
Al tener información sobre los autores intelectuales de los asesinatos de los
sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, se solicitó al Fiscal General de la
República iniciar las actuaciones respectivas. El actual titular de la
institución, Belisario Artiga, en principio dijo que se abstenía de investigar
por encontrarse vigente la amnistía y que esperaría hasta que la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolviera una demanda de
inconstitucionalidad que había recibido. Y lo hizo en contra de la misma
Constitución de la República, que le obliga a dirigir la investigación del
delito y promover la acción penal de oficio o a petición de parte. Al
pronunciarse la Sala de lo Constitucional sobre la vigencia de la referida ley,
el Fiscal solicitó a un tribunal la aplicación de la prescripción y la amnistía
en el caso, tratando de cerrar a toda costa la posibilidad de juzgar a los
criminales.
El Órgano Judicial, a través del Juzgado Tercero de Paz, emitió la sentencia
manifestando que no amnistiaba a los imputados pero que el delito había
prescrito; eso fue ratificado por los tribunales superiores que conocieron luego,
producto de varios recursos impulsados por las víctimas a fin de revertir la
resolución. Frente a la subjetividad con que se ventilaban dichas peticiones, se
presentó una demanda de amparo a la Sala de lo Constitucional; ésta tardó más de
dos años para resolver en contra de las víctimas. Emitió una resolución de
amparo sin fundamentos jurídicos, ni lógicos.
La posición oficial de no investigar y hacer hasta lo imposible para evitar el
juicio de los autores intelectuales de la masacre en la UCA, responde a una
política de protección a favor de los victimarios la cual se ha aplicado con el
paso de los años, contando con la complicidad de varios funcionarios como el
actual Fiscal General. En el afán de plantar barreras a la justicia, se pisotean
los derechos de las víctimas manipulando a conveniencia la Constitución de la
República y haciendo que instituciones como la Fiscalía, al momento de ejercer
sus funciones, se conviertan en entes selectivos y elitistas a favor de los
criminales.
Por eso se necesita que las personas que dirijan los organismos estatales
encargados de proteger los derechos humanos, estén comprometidas con el pueblo
salvadoreño y no con los intereses de sectores particulares de poder económico,
político o de cualquier otro tipo. Su elección debe basarse en la idoneidad,
medida a través de un proceso objetivo y transparente; no sobre la base del
compadrazgo o los compromisos e intereses partidistas.
Ante esta reiterada negativa a investigar y juzgar a todos los responsables de
los hechos en la UCA, los representante de las víctimas acudieron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por segunda ocasión; antes también se
hizo y el Estado salvadoreño fue señalado por ésta como responsable de la
violación de varios derechos fundamentales, incluido el derecho a la verdad.
Voceros del gobierno, aún empeñado en salvaguardar los intereses de los
victimarios, manifestaron que la denuncia es producto de la inconformidad de la
Compañía de Jesús ante las resoluciones adversas a sus reclamos; a la vez
justificaron el atraso en la emisión de la sentencia de amparo expresando que el
tiempo transcurrido se encontraba dentro de un “plazo razonable”. Ambos
argumentos falaces son esgrimidos para seguir evadiendo la verdad y justicia.
Por el momento, se está esperando que la Comisión Interamericana se pronuncie
sobre la admisión de la nueva demanda; de resultar positiva la gestión, se
abriría una puerta en el laberinto de impunidad que prevalece en el país. El
proceso es largo, pero hay que librar la batalla para que otras víctimas no
pierdan la esperanza de obtener justicia. El Estado salvadoreño, en el caso de
mantener la política de impunidad impulsada desde la vigencia de la Ley de
Amnistía, poco a poco se irá sumergiendo en un mar de condenas internacionales
por violaciones de derechos humanos, como ha ocurrido con el caso de las
hermanas Serrano Cruz.
En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue firme al exigir un
resarcimiento pecuniario, así como la creación de una comisión de búsqueda de
niñas y niños desaparecidos durante la guerra, la designación de un día nacional
para estas víctimas y la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana,
entre otras medidas que tiene que cumplir. Pero la verdadera prueba de fuego lo
constituye la obligación de investigar y juzgar a los responsables de la
desaparición de las hermanas Serrano Cruz. Así se le tomará la medida al
gobierno de Antonio Saca; tanto en el caso señalado como en el de la UCA,
demostrará si realmente tiene la voluntad de hacer las cosas correctamente o si
se empeña en la necedad de no enjuiciar a los perpetradores de graves
violaciones de derechos humanos.
A 16 años del asesinato de Elba, Celina y los jesuitas, su legado de enseñanza
continúa dando frutos; su muerte, lejos de representar dolor y temor, impulsa a
las personas a seguir adelante en la lucha por el respeto de los derechos
humanos como lo hiciera Margaret Popkin, antigua subdirectora del IDHUCA, quien
dedicó su vida a esa hermosa y necesaria causa. Por eso, se decidió honrar la
herencia de Maggi con la realización del Seminario que llevó su nombre.
Notas preliminares sobre efectos de Stan y la erupción del volcán Ilamatepec en El Salvador
Presentamos a continuación el documento titulado Notas preliminares sobre efectos de Stan y la erupción del volcán Ilamatepec en El Salvador, presentado por la comisión especial de la CEPAL a las autoridades salvadoreñas, el pasado 4 de noviembre de 2005.
Notas preliminares sobre efectos de Stan y la erupción del volcán Ilamatepec en El Salvador
De un impacto económico de 355.6 millones de dólares, las mayores las sufre el
sector privado. Sectorialmente, es en la vivienda donde se aprecia el mayor
impacto, sobre todo en pérdidas. El impacto en la agricultura, por los daños
habidos tiene impacto en pérdidas de producción, ingreso, etc. de significación,
afectando a productores privados, pero que requiere de apoyo del sector público,
sobre todo en los medianos y pequeños. Ello tiene consecuencias sobre el
comercio y la agroindustria.
En la infraestructura, segundo sector golpeado por el evento, es en la de
transporte y comunicaciones donde se produce el mayor daño. Las pérdidas en el
sector de transporte fueron relativamente menores en la medida que la red vial
del país permitió tener rutas alternas para el movimiento de carga y personas
entre las zonas afectadas y el resto del país.
En la infraestructura de agua y saneamiento hay daños que requieren su pronta
rehabilitación para garantizar abasto de agua adecuado para la población y
evitar problemas de salud así como proveer los demás servicios esenciales
asociados.
En el sector de la electricidad, la mayor captación de agua en las represas
permite tener una mejor capacidad productiva con efectos positivos. Las pérdidas
en el sector de la educación y cultura afectaron la conclusión del ciclo escolar
con una pérdida neta a los alumnos y docentes y en la cultura con pérdida
patrimonial en bienes culturales y religiosos.
El impacto ambiental implica una importante pérdida de acervo. Se trata de daños
que agravan la fragilidad ambiental y elevan el riesgo frente a este tipo de
eventos que, sin ser extremos, ocasionan un impacto negativo en el bienestar de
la sociedad y rezagan el alcance de niveles de crecimiento y desarrollo.
Si bien el impacto no tendrá un peso significativo en el producto interno bruto
y su crecimiento, los daños sí representan un porcentaje significativo de la
formación bruta de capital de la economía. Ello puede, sin embargo, tener en los
próximos año y medio o dos años, una presión sobre los recursos de inversión en
construcción y, dinamizando relativamente el sector, tener un efecto
relativamente positivo pero compitiendo con otras inversiones productivas o de
mejora del acervo que se verán postergadas.
El impacto social, el mayor en términos cuantitativos, tiene a su vez un impacto
cualitativo sobre los distintos grupos poblacionales, en particular los más
vulnerables: la población rural, las mujeres campesinas y pequeños comerciantes,
en cuya economía “de patio” el daño y las pérdidas es poco visible pero con
consecuencias negativas sobre su bienestar.
El impacto social agravará tendencias ya presentes en la economía que frenen el
avance en la mejora de los índices de desarrollo humano, eleven la dependencia
de los ingresos de las remesas y lleven a consecuencias negativas sobre el
tejido social: migración, marginación y presión social que afecten la seguridad
ciudadana.
Los proyectos de inversión, a realizarse a partir de una estrategia de
reconstrucción que consensuar las necesidades de la comunidad, en el corto plazo
habrán de restituir capacidad productiva e ingresos, en particular en los
sectores más vulnerables: mujeres, pequeños agricultores y comerciantes.
Urgencia de corto y mediano plazo reviste la reconstrucción de la
infraestructura de transporte y servicios esenciales, en particular agua y
saneamiento.
Si bien la necesidad de gestión del riesgo es reconocida desde tiempo atrás —dadas
las múltiples amenazas que tiene el país tanto en lo hidrometeorológico como en
lo sísmico y geológico-vulcanológico, se requiere en este aspecto generar
políticas más sólidas y duraderas de gestión y reducción del riesgo.
Aspectos de ámbito regional y supra-nacional como la gestión de cuencas que
ahora hicieron evidente su vulnerabilidad e inadecuada operación, obligan a
pensar en un ámbito más amplio, considerando la relación sistémica entre
ambiente y riesgo.
En esa perspectiva regional la necesidad de movilizar a mediano y largo plazo
recursos de inversión significativos, superiores al monto aparente de los daños
al medio ambiente, pero inferiores al impacto del riesgo cristalizado en este
desastre, requiere de una mayor atención a instrumentos de política, marcos
regulatorios y jurídicos, e instrumentos económicos de gestión ambiental y
reducción del riesgo.
La creación de mercados de servicios ambientales (de agua, de paisaje para el
turismo, de captura de CO2 y el avance en procesos de producción limpia) como
forma de elevar los recursos financieros y la participación empresarial parece
una prioridad de una renovada agenda de desarrollo y crecimiento en la que el
país ha de avanzar no solo en competitividad y productividad, sino también en
equidad y participación de toda la comunidad. Ello parece clave para un proceso
de desarrollo más sostenible, menos vulnerable y con mayores posibilidades de
crecimiento a tasas consistentemente positivas sin desequilibrios
macroeconómicos.
Mirando hacia delante de cara al evento ocurrido, de manera esquemática puede
decirse.
a) Stan fue un evento relativamente “extremo” dado que se suma a fenómeno
estacional de lluvias.
b) La respuesta en la emergencia facilitada por preparación previa.
c) Fue un fenómeno complejo por suma de eventos climático y volcánico.
d) Tiene efectos negativos sociales más que económicos.
Por ello se hace evidente la necesidad de promover procesos de desarrollo
sostenible, con mercados de bienes ambientales y de instrumentos de gestión del
riesgo, considerando los procesos de adaptación a la variabilidad y cambio
climático.
Con ese contexto se consideran así las prioridades y secuencia del proceso de
reconstrucción:
a) Reconstrucción tiene al menos tres dimensiones en el corto, mediano y largo
plazo
b) Rehabilitación inmediata con énfasis en restitución de capacidad productiva (evitar
pérdidas mayores en producción que impliquen una caída de ingreso y bienestar en
población vulnerable afectada)
c) Restitución de vivienda —temporal y definitiva— para cerrar etapa de
emergencia en alberques, asociada a recuperación de ingreso, con uso de
programas de micro crédito. (Corto a mediano plazo, conforme a capacidad de
absorción y ejecución, en proceso descentralizado y participativo)
d) Reparación infraestructura vial al tiempo que se rehabilita temporalmente red
vial para permitir salida de producción al mercado. (Corto y mediano plazo,
conforme a capacidad de ejecución)
e) Rehabilitación y reconstrucción de sistemas de monitoreo y alerta temprana
afectados: programas de concienciación y prevención con la comunidad y creciente
responsabilidad de sociedad civil y sector privado.
f) Mejoramiento de gestión ambiental y programas integrales de manejo de cuencas
(a mediano y largo plazo) enmarcados en estrategias sociales que generen
ingresos por servicios ambientales a nivel de la comunidad: progresiva
reconversión productiva a procesos más sostenibles.
g) Incluir la dimensión regional (mesoamericana) de la gestión del riesgo (a
mediano y largo plazo), en torno a bio-sistemas y cuencas: necesidad de mapas
mesoamericanos de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, con una visión de
multiamenazas.
h) Generar instrumentos regionales (mesoamericanos) de gestión y transferencia
del riesgo (a mediano y largo plazo): aseguramiento, mecanismos compensatorios,
bonos y otros derivados que generen recursos para la prevención, mitigación y
reducción del riesgo.
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