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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1168
Noviembre 2, 2005
ISSN 0259-9864

Índice

Editorial: Enfoque equivocado

Política: Arranca otra campaña viciada

Economía: Red Solidaria: ¿un programa de atención a la pobreza?

Sociedad: Desarrollo sin exclusión

Regional: A propósito de la Cumbre de las Américas: un vistazo a la acción exterior regional

Derechos Humanos: Un año después: otra muerte impune

Editorial

Enfoque equivocado

La debilidad de la institucionalidad del país preocupa a los sectores más abiertos de la gran empresa privada, porque cuestiona la eficacia de la democracia y podría estar preparando el camino para formas de gobierno poco democráticas. Al mismo tiempo, reconocen la existencia de un descontento creciente con la actual forma de gobierno democrática. Estos temores tienen fundamento. La UCA y otras instituciones nacionales detectaron, tanto la debilidad institucional como ese descontento, desde hace ya varios años. Pero tuvo que venir un especialista español —porque ante estos grupos tan exclusivos de la derecha, el académico extranjero tiene más credenciales que el nacional— a decirles lo que aquí ya se sabía, no para que cayeran en la cuenta de la crítica situación política. En consecuencia, para hacer conciencia en las elites sobre la crisis y sus consecuencias negativas, esos sectores se dedican ahora a organizar talleres sobre institucionalidad. Estos descubrimientos los han llevado a ampliar sus intereses del campo económico al de la política, algo inconcebible hace unos pocos años. Al fin parecen comenzar a darse cuenta de que sus planes económicos no pueden arrojar los resultados proyectados, cuando predominan la inseguridad ciudadana, jurídica y medioambiental, cuando el sistema judicial es venal e ineficiente y cuando las instituciones estatales son ineficaces. Así, pues, les preocupa sobremanera que después de más de quince años de reformas económicas, el país no crezca, tal como estaba previsto, que el desempleo sea cada vez mayor y que el bienestar social sea una meta cada vez más lejana. Les preocupa también que después de más de una década de democracia, la institucionalidad que debiera concretar sus principios y teorías, en lugar de fortalecerse, se debilita. Una debilidad que, irónicamente, está patente en la reversión de papeles. Ahora resulta que los atemorizados no son los delincuentes, pese al endurecimiento constante de la legislación, sino los testigos, a quienes el gobierno de ARENA no puede garantizarles su seguridad personal. O en la poca capacidad de las dependencias del poder ejecutivo para invertir los montos asignados anualmente por el presupuesto nacional. O en el aumento de la cantidad de salvadoreños que busca la forma de abandonar el país —la mitad de la población, en estos momentos.

La conciencia adquirida sobre este grave problema es ya un paso, en la dirección correcta; pero estos sectores tan influyentes en el gobierno de ARENA, todavía no se atreven a emplazarlo en público por aquellas decisiones que ahondan aún más esa debilidad, como la reelección del Fiscal General y del presidente de la Corte de Cuentas. El Fiscal General actual no ha demostrado su independencia del gobierno de ARENA, tampoco ha sido eficaz a la hora de acusar a los indiciados en los tribunales, ni dirige con acierto la investigación del delito. De hecho, en muchos casos, renuncia a presentar acusación formal por mera incapacidad. Un funcionario con semejante incompetencia nunca hubiera sido reelegido, en una democracia medianamente solvente. Ni siquiera hubiera sido elegido una primera vez. El presidente de la Corte de Cuentas tampoco es independiente del gobierno de ARENA, los pocos controles que ejerce tienen un alcance muy limitado. Sus investigaciones y acusaciones obedecen a motivaciones políticas y no a criterios de probidad. En los muchos años que lleva al frente de la institución, ésta no ha podido hacer mella en la corrupción predominante en los gobiernos de ARENA. En la misma línea se encuentra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la autonomía de su dependencia encargada de supervisar la probidad de los altos funcionarios.

Estas decisiones y otras similares no son simples equivocaciones del gobierno de ARENA, el cual, en último término, tiene el control político sobre ellas; tampoco es falta de conocimiento de la clase de funcionario que coloca al frente de las instituciones públicas. Son decisiones conscientes, por lo tanto, asumidas con plena responsabilidad. Esto significa que la debilidad estatal que obstaculiza un gobierno eficaz y honrado, no se debe a falta de una voluntad política clara, por parte de ARENA y sus partidos aliados. Al contrario, la han buscado de manera expresa. Y esto es lo que los intelectuales de la gran empresa privada parecen soslayar en sus análisis. Ni siquiera el experto salmantino se atreve a profundizar en las entrañas del poder y presenta la debilidad institucional como un fenómeno sin raíces y sin historia. Ir más allá de las apariencias no es complicado, en este caso. Se puede comenzar preguntando qué sectores son los más beneficiados con esa debilidad. La respuesta tampoco es difícil, los grandes capitalistas, que se han apoderado del Estado y lo han puesto a su servicio exclusivo. Tanto que los mismos empresarios hablan del “secuestro” del Estado por el gran capital. A sus propietarios no les conviene, de ninguna manera, que el sistema judicial funcione, ni que las actuaciones de los funcionarios públicos sean controladas por instancias independientes, porque entonces saldrían a la luz pública las formas ilegales que les permiten acumular grandes ganancias.

El último paso en esta dirección, el cual apunta a garantizar la permanencia de ARENA en el gobierno, es la centralización de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral en los partidos de derecha, sus aliados incondicionales. Unas reformas improvisadas en la legislación electoral, han convertido a ARENA en árbitro absoluto de las elecciones. Es normal que al encontrarse en desventaja, el FMLN levante su voz de protesta. Pero no tiene solvencia política, ni tampoco ética, para ello, porque cuando percibe una amenaza a su propia hegemonía, como la conformación de una tercera opción a los dos partidos grandes, se alía, sin titubear, con sus adversarios de ARENA y de la derecha.

Los intelectuales de la derecha con preocupaciones democráticas, tal vez genuinas, no se atreven a enfrentarse con los grandes capitales, ni tampoco con ARENA. En lugar de ello, prefieren las divagaciones y encargan a un experto de fuera lanzar alusiones abstractas o indirectas. Ninguno de los que dice estar preocupado por la debilidad institucional se aventurará a levantar su voz en el próximo encuentro anual de la gran empresa privada con el gobierno de ARENA. Este foro, al cual dan tanta relevancia, debiera convertirse en el espacio idóneo para ventilar estas preocupaciones, en una discusión franca y abierta. Pero, en el fondo, ni ARENA, ni el gran capital están interesados en un gobierno con una institucionalidad fuerte y sana. Esta actitud y el temor de quienes tienen inquietudes legítimas hacen que los planteamientos de los pensadores de la derecha no vayan a ninguna parte. Tampoco los señalamientos por el retroceso experimentado en el desarrollo humano. Ni siquiera las proyecciones sobre el crecimiento económico deseable. En pocas palabras, la institucionalidad democrática no tiene futuro, al menos mientras el poder real esté en manos de los grandes capitales. En estas circunstancias, cualquier proyecto orientado a fortalecerla está condenado al fracaso de antemano. El fortalecimiento institucional del gobierno salvadoreño pasa inexorablemente por la pérdida del miedo al poder económico y político y por la liberación del Estado de sus “secuestradores” del gran capital.

G

Política

Arranca otra campaña viciada

Si la ciudadanía salvadoreña buscara lecciones de educación cívica en las campañas electorales, habría que recomendarle que busque otro camino. Entre las campañas electorales de los años ochenta y las de ahora han cambiado algunas cosas. Por lo menos, los candidatos no aparecen en televisión a punto de llegar a los puños. Pero el oportunismo político sigue siendo el mismo, aunque algunas caras hayan variado.

Una de las triquiñuelas más típicas es comenzar la campaña de facto antes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haga la inauguración oficial. Esto, en la creencia de que quien pega primero, pega dos veces. El gobernante partido ARENA ya comenzó a hacer lo propio. Ha llenado las calles de San Salvador —bastión de la izquierda desde hace varios años, para consternación suya— con fotografías de su candidato y banderas tricolor. Por su parte, la comuna capitalina ha procedido a quitar dicha propaganda, la cual, según personeros de ARENA, no es campaña electoral anticipada, por cuanto las banderas de su partido no aparecen con la cruz que invita a votar. ¿Se tratará de sutilezas que el electorado ni la oposición comprenden, o, simplemente, que se quiere insultar la inteligencia de la ciudadanía?

Otra forma de hacer campaña por adelantado se dio, lamentablemente, en los días de las inundaciones. Algunos de los candidatos oficialistas se dieron una vuelta por las comunidades damnificadas, vestidos con chalecos de su partido político. Por otro lado, los municipios administrados por la izquierda no recibían ayuda por parte del gobierno central, como para hacerle entender al electorado lo que pasa por no votar por ARENA.

Lo alarmante es que el TSE no ha puesto freno a la campaña anticipada de ARENA. La institución encargada de garantizar la limpieza de los comicios tiene muchas dificultades para cumplir con su misión, pues no es una entidad autónoma de los partidos políticos. Sus magistrados pertenecen a los partidos que obtienen mayor cantidad de votos en cada elección. Por lo tanto, no es razonable esperar que actúen en contra de sus propios intereses. El único precedente digno que el organismo sentó (que fue la sentencia en contra del ciudadano Rafael Menjívar por difamar al diputado efemelenista Schafik Handal, prestando su nombre para campos pagados), se está diluyendo en el juego de las apelaciones.

Al TSE le pasa lo mismo que a la Corte de Cuentas. Son organismos que, por su índole, deberían funcionar como instrumentos para que la ciudadanía pida cuentas: en el caso de la Corte, sobre el manejo del dinero público; en el caso del TSE, acerca de la limpieza de las elecciones. No obstante, son parte del botín que se reparten entre sí los partidos políticos.

Difamaciones
El lunes 31 de octubre, la alcaldesa de Apopa por el FMLN, Luz Estrella Rodríguez, acudió ante los tribunales para demandar a un activista del partido ARENA por elaborar un volante difamatorio contra su persona. El volante, que presenta una caricatura hecha por el arenero Moisés Torres, acusa de forma anónima a la edil por apropiarse ilícitamente de fondos municipales.

A lo largo de su historia, la caricatura ha sido el instrumento de la crítica social de los pueblos. A través de ella, se han desenmascarado injusticias y se ha puesto en evidencia la ineptitud de los poderosos. Muchas veces, ha sido el medio de expresión de poblaciones amordazadas. En los grandes periódicos del mundo, la caricatura hace las veces de una nota editorial. En el caso del volante dibujado por Moisés Torres, la caricatura se ha utilizado como herramienta difamatoria, puesto que se lanzan acusaciones sin una firma responsable. Eso, aparte del hecho que se trata de una sátira al servicio del poder.

La acusación de corrupción en contra de Torres tiene toda la tipología de la difamación. Se lanzan imputaciones de manera anónima (o casi anónima, pues todo el mundo conoce a sus responsables) y sin presentar pruebas. Cuatro individuos repartieron los volantes el pasado 7 de enero en el centro de Apopa. Esta vez, no iban identificados con las banderas tricolores. Pero estaban haciendo campaña.

Las encuestas
Un papel estratégico en las campañas electorales lo juegan las encuestas de opinión pública. Esta semana, los dos principales periódicos matutinos han difundido los resultados de sendas encuestas en las que, tanto el presidente Saca, como la forma de gobernar del partido ARENA gozarían de la aprobación mayoritaria de la población. Destaca, por ejemplo, el que, según las encuestas, la “población cree que el país va por el rumbo correcto”.

Las encuestas destacan las cualidades personales del presidente Saca quien resulta ser el mejor mandatario evaluado en dieciséis años de gestiones areneras. Es cierto que, frente a un Francisco Flores con un marcado talante autoritario, el actual mandatario destaca por su accesibilidad. Pero —y quizás esto es lo que las interpretaciones triunfalistas de las encuestas no enfocan— no se trata tanto de las virtudes personales de los funcionarios públicos, sino del proyecto de país que estos representan. Por mucho que el presidente Saca proyecte la imagen de un mandatario “cercano a la gente”, como reza el lema oficialista, y por mucho que Schafik Handal siga siendo un personaje impopular, lo cierto es que la economía sigue siendo el talón de Aquiles de los gobiernos de ARENA.

Una cosa distinta, además, es afirmar que el mandatario goza del 60% de aprobación, que detallar cómo se consiguió este resultado: sumando el 21% de los encuestados que afirman que la gestión gubernamental está “muy bien” a los que la califican como “algo bien”, que ascienden al 39%. Entre “muy bien” y “algo bien”, hay una diferencia de matices bastante clara. Habría que ver si acaso este “algo bien” no equivaldrá a “regular” (que alcanza el 17% de las respuestas).

En la misma edición en la que El Diario de Hoy difundía los resultados de la encuesta hecha por la firma CID-Gallup, que afirman que la población piensa que El Salvador va por buen camino, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) afirmaba otra cosa: “El Salvador debe hacer un alto en el camino, y esforzarse por crecer a tasas del 5 por ciento anual, para mejorar el índice de desarrollo humano del país” (EDH, 01.11.05, p. 25). Según el gremio empresarial, “esto pasa por realizar mejoras en aspectos tales como saneamiento, rescate de barrios de San Salvador, conectividad entre municipios y electrificación”. Se trata, en otras palabras, de hacer una inversión mayor en desarrollo social. Llaman la atención, a este respecto, las palabras del presidente de la ANEP, Federico Colorado, quien considera que el país ya cuenta con los recursos necesarios para aumentar sus niveles de desarrollo humano: “sólo es ponerle voluntad política, de que estemos claros, y unamos esfuerzos para que esas metas se cumplan”. Lo que falta es voluntad política. Pero el ambiente de las campañas electorales no se centra en discutir a fondo esos problemas, ni tampoco en ser una instancia de búsqueda de consensos políticos para beneficio de la sociedad. Así que lo más probable es que estos objetivos duerman el sueño de los justos durante los próximos meses.

Reforzando el monopolio arenero
Las reformas al funcionamiento interno del TSE refuerzan una tendencia a monopolizar al organismo a favor del partido ARENA. Estas reformas permiten tomar decisiones por mayoría simple, con lo cual bastarán los votos de ARENA y el PCN, tanto en las juntas electorales como entre magistrados para inclinar la balanza a favor de los intereses oficialistas y de sus compañeros de viaje.

Por otra parte, hay un marcado interés por detener otro peligro potencial para los intereses de ARENA. Se trata del surgimiento de nuevos proyectos de izquierda. En las elecciones pasadas, el partido Centro Democrático Unido (CDU), no alcanzó el mínimo de votos requerido para evitar su cancelación. Tampoco lo lograron la Democracia Cristiana, ni el Partido de Conciliación Nacional (PCN), pero este último obtuvo su “resurrección” gracias a los buenos servicios prestados a ARENA. Los despojos del PDC se mueven todavía en el ambiente político en medio del oportunismo que los ha caracterizado. En el caso del CDU, este último se presentaba como una alternativa para captar los votos de aquellos sectores de izquierda no afines al FMLN.

En un análisis simplista, muchos afirman que la aparición de nuevos partidos izquierdistas sólo beneficia a ARENA, pues serían menos votos para el FMLN. Sin embargo, en una sociedad democrática es imposible que sólo haya una alternativa de izquierdas, puesto que la izquierda salvadoreña dista de ser algo homogéneo. Ni siquiera el FMLN mismo ha sido un partido unificado internamente. Contar con un abanico amplio de opciones de izquierda podría ayudar a captar a aquellos sectores que se niegan a votar. Por supuesto que habría que trabajar en una coalición electoral en la que se reúnan los distintos matices de la izquierda, reviviendo, quizás, el espíritu con el que surgió, en los años ochenta, el Frente Democrático Revolucionario (FDR): una agrupación de partidos políticos socialdemócratas, socialcristianos y cercanos al Partido Comunista, junto a sindicatos, universidades y organizaciones populares.

Con algo semejante, el partido ARENA temblaría en las elecciones. Pero sabe que la izquierda salvadoreña está sumamente dividida. Se quiere curar en salud al evitar que el nuevo partido político, llamado también FDR, logre participar en los próximos comicios. El FMLN es miope al no ver más allá de las viejas rencillas con los dirigentes del nuevo partido, otrora correligionarios suyos. Permitir que surjan nuevas alineaciones de izquierda o de centroizquierda es una forma de ir debilitando a partidos como el PCN: partidos cuyos dirigentes saben que ya no son opción política y que sólo sirven para poner a disposición sus votos legislativos para quienes detentan el poder. Pero el FMLN sigue pensando que quien se aleja de sus filas lo hace sólo por traición.

Así las cosas, las elecciones municipales y legislativas del año entrante sólo permiten esperar una campaña con lo peor de la política local. En otras palabras, será una nueva oportunidad desperdiciada de utilizar los procedimientos democráticos para cambiar las cosas en el país.

G

Economía

Red Solidaria: ¿un programa de atención a la pobreza?

El gobierno empezó a ejecutar, la semana pasada, el programa Red Solidaria. El presidente Saca, junto con la coordinadora del área social de su gabinete, Cecilia Gallardo de Cano, visitaron el municipio de Torola, Morazán, para dar la primera transferencia de dinero en efectivo a las familias que se encuentran en situación de extrema pobreza. Con dicha transferencia, el gobierno espera que las madres “cabezas de familia” se comprometan en tres puntos con respecto a sus hijos: enviarlos a la escuela para elevar el nivel de educación, llevarlos a consulta médica para una mejoría en la salud, y asistir a charlas sobre nutrición en las unidades de salud u hospitales para que experimenten retrasos en la talla y peso conforme a su edad.

En Torola, el total de las transferencias ascendió a 15,420 dólares. Este dinero se repartió entre 465 familias en sobres que contenían entre treinta y cuarenta dólares en efectivo. Las transferencias se realizarán cada dos meses durante tres años y están sujetas a que las familias beneficiadas cumplan los compromisos establecidos por el gobierno.

En 2005, el gobierno espera atender 15 municipios del país, contando con un millón de dólares. Para 2006 se espera implementar Red Solidaria en otros 17 municipios. En total, entre 2005 y 2006, se estarían dando las “transferencias monetarias condicionadas” a los 32 municipios más pobres del país. Entre los años 2007 y 2009 se atenderá a los sesenta y ocho municipios restantes que se encuentran en una mejor situación socioeconómica. Al finalizar Red Solidaria, el gobierno espera haber atendido las necesidades de 100 mil familias (800 mil personas) de los 100 municipios más pobres del país. La suma de todas las transferencias a las familias beneficiadas por el programa es de 13 millones de dólares.

¿Qué es Red Solidaria?
Red Solidaria tiene como finalidad elevar el nivel de vida de las familias que se encuentran en extrema pobreza. Tal como lo ha expresado Cecilia Gallardo de Cano en el espacio Encuentros El Faro, Red Solidaria “no es un programa de combate a la pobreza, este es un programa de atención a la pobreza”. En este sentido, Red Solidaria se debe entender como un esfuerzo gubernamental para mejorar algunos indicadores sociales, sin que esto implique necesariamente la erradicación de la pobreza.

En el documento Programa social de atención a las familias en extrema pobreza de El Salvador: Red Solidaria, se describe claramente la visión gubernamental: “los esfuerzos realizados en los últimos 15 años en términos de combate a la pobreza han arrojado resultados positivos; sin embargo, aún existen grandes retos y desafíos que debemos atender; si bien los índices de pobreza han disminuido considerablemente, todavía se refleja una brecha en el área rural”. En otras palabras, el gobierno considera que el modelo económico implantado a inicios de los noventa ha sido efectivo en el combate de la pobreza, pero, debido a que las zonas rurales siguen siendo pobres, se decide crear el programa Red Solidaria.

El documento destaca que el poco avance en la lucha contra la pobreza en los últimos años se debe a dos razones fundamentales: un menor ritmo de crecimiento económico que se traduce en el incremento de 0.76% del PIB per cápita entre 1996 y 2003, y los pocos avances en una mejor distribución del ingreso.

Sobre la base de lo anterior, no se debe entender el programa gubernamental como un reconocimiento de la inefectividad del modelo económico en contra de la erradicación de la pobreza. Al contrario, desde la perspectiva gubernamental, el modelo ha sido efectivo y la necesidad de implementar Red Solidaria es para dar un tratamiento más focalizado a las familias de las zonas rurales. El documento no aborda las raíces estructurales de la pobreza en el país y aunque menciona los problemas del bajo crecimiento económico y la falta de una mejor distribución del ingreso no considera detenidamente ambos aspectos de la realidad nacional.

Una visión alternativa sobre Red Solidaria
Red Solidaria es un programa que busca legitimar el modelo económico neoliberal. ¿Por qué? Por que desde esa concepción, el desarrollo y el progreso de la sociedad –que implica el desaparecimiento de la pobreza— se puede lograr de manera efectiva mediante el funcionamiento del libre mercado. Más detalladamente, Red Solidaria es un esfuerzo gubernamental por acercar a los más pobres del país a los procesos de mercado. ¿Cómo? Mediante un incremento en los niveles de salud, educación y nutrición se está formando, de cara al futuro, una fuerza de trabajo con mejores oportunidades de ofrecerse e insertase en el mercado laboral. Es decir, de esta manera se inicia un proceso incipiente de creación de “capital humano” que, en el futuro deberá insertarse en el mercado. Se trata de acercar a los pobres a los procesos de mercado, para que una vez insertos en él, puedan lograr una mejora socioeconómica.

Esta concepción encubre que una de las razones fundamentales de la persistencia de la pobreza en el país, ha sido el excesivo énfasis en los procesos de asignación de recursos a través del “libre mercado”. En realidad no existe la competencia perfecta sobre la que se basa la concepción del “libre mercado”. En los países subdesarrollados donde los costes de transacción son muy altos no pueden aparecer mercado eficientes. De esta manera se encubre que el mismo modelo económico genera pobreza y reparto desigual de la riqueza el país.

En el mismo documento citado anteriormente se destaca que los problemas del bajo crecimiento económico y la falta de una mejor distribución del ingreso son elementos que impiden el avance en la lucha contra la pobreza. Pero ante esos hallazgos, el gobierno no cuestiona las razones por las que no crece la economía, ni por qué se concentra cada vez más el ingreso. Las respuestas a estas interrogantes pasan por aceptar que el problema de la pobreza es inherente al funcionamiento del modelo económico, que sólo un cambio de modelo es el que puede mejorar la situación socioeconómica, no sólo de las familias más pobres del país, sino también de todos los salvadoreños. También pasa por reconocer que el modelo económico ha funcionado en beneficio de pocos y en detrimento de muchos; que el modelo, en su estructura, tiende a marginar a grandes grupos sociales. Quizás el mejor ejemplo es la estructura tributaria del país: se basa fundamentalmente en impuestos indirectos que dañan al grueso de persona de bajos ingresos y los impuestos directos — que se obtienen de las rentas y utilidades empresariales, entre otros – cumplen un papel complementario.

Con lo expresado anteriormente, no se busca descalificar la iniciativa gubernamental para mejorar la condición socioeconómica de las familias más pobres del país, pero si se busca dejar en claro que un análisis parcial del problema puede conllevar a esfuerzos que no solucionen el problema de raíz. Esta bien elevar el nivel de educación, salud y nutrición de los más pobres, pero más allá de eso, se debe reconocer que es necesario realizar cambios fundamentales al modelo económico.

También, a manera de ejemplo, es interesante considerar a una gran cantidad de jóvenes que tienen todos los atributos que Red Solidaria promueve en la población beneficiaria del programa: altos niveles de educación, salud, nutrición, acceso a agua potable, energía eléctrica, internet, etc. Son los miles de jóvenes recién graduados de las universidades que no encuentran empleo y deciden emigrar a los EEUU. Ellos tienen todos los recursos y todas las características que impulsa Red Solidaria, pero eso sirve poco en un país donde el modelo económico no permite una mejor vida para todos. El gobierno debe reconsiderar el problema de la pobreza. Debe reconocer que el empobrecimiento de la población depende del modelo económico.

G

Sociedad

Desarrollo sin exclusión

La Carretera Longitudinal del Norte ha puesto a soñar al gobierno salvadoreño y a la Comisión Nacional de Desarrollo, principales impulsores de ese ambicioso proyecto. El entusiasmo parece haber crecido desde que la prensa dio a conocer que El Salvador usaría la presentación de ese proyecto para calificar en la llamada Cuenta del Reto del Milenio, un fondo de $450 millones que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido a países en desarrollo. De acuerdo a sus promotores, dicho proyecto persigue potenciar el desarrollo de la zona más pobre y marginal de El Salvador, atravesando los departamentos de Chalatenango, Cabañas y Morazán y la zona norte de Santa Ana y San Miguel, para terminar en Puerto Cutuco, La Unión.

La Cuenta del Milenio
El presidente estadounidense, George W. Bush, anunciò por primera vez la Cuenta del Reto del Milenio en la pasada Cumbre de Monterrey sobre Financiamiento para el Desarrollo por el presidente estadounidense, George W. Bush. De acuerdo a la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), dicho fondo financia iniciativas para mejorar las economías y niveles de vida en países en desarrollo calificados, recompensando las decisiones correctas de políticas que apoyen el desarrollo económico y reduzcan la pobreza entre esos países.

La calificación no es automática pues parte de “un conjunto de criterios claros, concretos y objetivos” para evaluar los avances entre los países, según el mandatario norteamericano. Por tanto, la Cuenta del Reto del Milenio reconoce que la asistencia al desarrollo económico puede tener éxito únicamente si está unida a políticas que Estados Unidos considere correctas en los países en desarrollo.

En consecuencia, los fondos serán distribuidos a países en desarrollo que demuestren “un firme compromiso” con respecto a los siguientes criterios. En primer lugar, buena administración, que supone extirpar la corrupción, defender los derechos humanos y cumplir los preceptos de la ley. En segundo lugar, un compromiso probado para aumentar la inversión en educación, atención a la salud y vacunación, situaciones que, de acuerdo a USAID dan como resultado ciudadanos sanos y formados que se convierten en agentes del desarrollo. Finalmente, se considera el compromiso en políticas económicas correctas que fomentan la formación de empresas y las actividades empresariales, lo que supone más mercados libres, políticas presupuestarias sostenibles y un fuerte apoyo a las actividades empresariales individuales.

A mediados de octubre, la prensa salvadoreña divulgó la inclusión del país entre los concursantes a calificar en la Cuenta del Reto del Milenio, destacando que la competencia se reducía a siete países en el mundo y que se incluía a El Salvador pese a tener un nivel de desarrollo medio bajo. Pero lo más llamativo de la noticia fue la consideración de competir con la bandera de la Carretera Longitudinal del Norte, un ambicioso proyecto pensado desde la década de los años cincuenta y que busca conectar mediante un corredor económico los departamentos de la zona norte del país. El gobierno espera obtener de Estados Unidos al menos $200 millones para echar a andar dicho proyecto.

G

Regional

A propósito de la Cumbre de las Américas:
un vistazo a la acción exterior regional

Bajo el lema de “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”, se está llevando a cabo esta semana la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina. Los principales temas tratados son la creación de trabajo para enfrentar la pobreza; el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas como motor del crecimiento; y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Esta cumbre se ha convertido en un importante, y a la vez controversial, foro político. Por un lado, las Américas, sus gobiernos y ciudadanos, están a la espera de los acuerdos a los que se llegarán, los cuales quedarán plasmados en un documento final este viernes 4 de noviembre. Por otro lado, medios de comunicación y público en general, ya sea por morbo o por real interés, están a la expectativa de la magnitud de las manifestaciones de resistencia y crítica hacia la Cumbre por parte de amplios sectores de la sociedad civil, y en especial hacia la presencia del presidente estadounidense George W. Bush, quien en las últimas semanas no está gozando precisamente de los más altos niveles de aceptación popular, ni siquiera en su propio país.

Algunos editorialistas de diversos periódicos suramericanos coinciden en que uno de los puntos más conflictivos es de qué manera aparecerá mencionada el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el documento final de la Cumbre. Por un lado, Estados Unidos busca impulsarlo, y, por el otro, naciones como Uruguay, Brasil, Argentina y Venezuela manifiestan sus reservas, en diferentes intensidades.

Asimismo, el analista Nelson Kunningham, del centro Kissinger McClarty Associates, consultado por periodistas de la Agencia Francesa de Prensa (AFP) considera que es poco probable un avance del ALCA en esta Cumbre, ya que, “el ALCA es rehén de las negociaciones de Doha y de los resultados de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Hong Kong en diciembre próximo”. Las negociaciones de Doha fomentan la participación de los países en desarrollo en el sistema multilateral de comercio.

Otro de los puntos álgidos de la Cumbre se trata del acuerdo al que lleguen el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, y su homólogo estadounidense. A última hora, Kirchner anunció que solicitaría la intervención de Estados Unidos para que desbloquee políticamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo del cual desea una refinanciación de la deuda. Kirchner no quiere que dicho acuerdo con el FMI incluya compromisos políticos o económicos. Sin embargo, se prevé que Washington podría exigir por su intervención: una mención al ALCA en el documento final de la Cumbre, adoptar una política para aislar al presidente venezolano Hugo Chávez y unirse a su lucha “antiterrorista” y “contra el narcolavado”.

G

Derechos Humanos

Un año después: otra muerte impune

El 5 de noviembre del 2004, José Gilberto Soto fue asesinado en la colonia Saravia ubicada en la ciudad de Usulután. La víctima era un salvadoreño que hace treinta años migró y se radicó en Nueva York; luego obtuvo la ciudadanía estadounidense y al momento de su muerte era líder de uno de los sindicatos más importantes en ese país y el mundo. Sus raíces estaban en El Salvador, con su familia y amigos de infancia. Precisamente su muerte ocurrió cuando visitaba a sus seres queridos. Soto había aprovechado el viaje a la región para darle seguimiento al trabajo organizativo que realizaba con camioneros salvadoreños, nicaragüenses y hondureños desde hacía cuatro años.

A doce meses del crimen, el recuento de lo que se ha hecho por las autoridades salvadoreñas no es para presumir: una investigación plagada de errores, incompleta y en la que se acusa a policías y fiscales de coaccionar e intimidar a testigos, junto a un proceso penal declarado en reserva por el Juzgado Segundo de Instrucción de Usulután. Del otro lado, la Internacional Brotherhood of Teamsters (IBT), ha ofrecido entregar 75,000 dólares a quien brinde información que permita aclarar su asesinato y reparar en parte el daño a una familia que sospecha, con sobrada razón, que algo se le oculta.

Los fallos de la policía comenzaron el mismo día que a Gilberto le quitaron la vida. Muestra de la deficiente formación de los agentes, éstos olvidaron proteger de inmediato la escena del crimen; no la custodiaron y, para colmo, la alteraron moviendo evidencia. En dos palabras: la contaminaron. Pero no bastó con esto. La inspección del lugar se realizó cinco horas después del asesinato. ¿Cómo podía encontrarse evidencia científica útil para esclarecer los hechos con todos estos yerros cometidos? En medio de un clima de desconfianza hacia las autoridades, como sucede en El Salvador, semejantes errores desincentivan la participación de posibles testigos. Probablemente por todo lo anterior eso y por la presión que se comenzó a hacer desde fuera del país, la regional policial de Usulután fue sustituida en el caso por la División Elite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil (PNC).

Tan grande fue el recelo inicial hacia el sistema de justicia salvadoreño, que setenta y dos congresistas estadounidenses pidieron al gobierno de su país que presionara al salvadoreño para resolver este asesinato. Esa preocupación no era infundada, pues el sistema de justicia en el país reiteradamente ha sido señalado como ineficiente y corrupto por el propio Departamento de Estado de la administración de George W. Bush.

Los grupos que pujaban para que se resolviera el caso tenían tanta fuerza que podían poner en peligro la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América (TLC-CA); por eso, cuando el canciller Francisco Laínez se reunió con una delegación de dirigentes sindicales que exigían explicaciones sobre lo que se hacía acá para esclarecer el crimen, éste se apresuró a señalar que ninguna hipótesis investigativa había sido descartada. En cambio, el Ministro de Gobernación afirmó que las denuncias de motivaciones políticas tenían como objetivo afectar la aprobación del TLC-CA; de ahí que haya afirmado que sólo habían dos opciones: rencillas familiares o delincuencia “común”.

Pero más allá de la posición de René Figueroa, había otra versión más. Se planteó la posibilidad de que el homicidio de Gilberto estuviera relacionado con el trabajo que realizaría en Centroamérica, pero el jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCCO) de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, también descartó esa posibilidad; aseveró que se habían realizado las indagaciones en ese sentido, pero que sólo se encontraron con rumores sin fundamento que no podían ser judicializados.

Curiosamente, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señaló como deficiente la investigación fiscal que se basaba en “fuentes confidenciales” o “testigos sin rostros”. ¿Acaso eso no podría ser considerado también “rumores sin fundamento”? ¿Por qué esos sí se investigan y se descartan otras posibilidades? También llama la atención que con tantos errores en las primeras diligencias del caso, en sólo un mes los fiscales lo desenmarañaron y capturaron tanto a sus supuestos autores materiales e intelectuales. Más aún, confirmaron que la opción investigativa que siempre habían sostenido era la cierta. La supuesta eficacia fue tal, que hasta encontraron en el sitio del crimen el proyectil disparado pese a que ya habían pasado 26 días desde el homicidio.

Según la tesis aprobada por los fiscales, Alba Maritza Ortiz —esposa de Soto— planificó todo motivada por los malos tratos que le propinaba éste, quien según los “investigadores” poseía un récord policial por violencia en la familia. Por eso, la suegra del asesinado contrató a los sicarios y el “premio” sería el cobro de un seguro de vida por $ 250,000 que poseía el sindicalista. Todo parecía lógico, hasta que hubo cosas que no cuadraron:
En primer lugar, el tal seguro de vida no era por la cantidad que reportaban las autoridades salvadoreñas, sino por $ 50,000; además sus beneficiarios eran dos hijas y un hijo de Gilberto de un matrimonio anterior, y no su esposa; finalmente, el historial “delictivo” de Soto se reducía a una condena por posesión de cocaína y tres acusaciones por violencia en la familia, en las que fue declarado inocente. Retorcieron, pues, la realidad para que tuvieran sentido las detenciones y lo hicieron llevándose de encuentro a la víctima y sus familiares.

Como en el cuento de “Juanito y el lobo”, es difícil creerle a quien falsea los hechos objetivos. Por eso, lo menos que se podría hacer es investigar los señalamientos de la PDDH, en el sentido de que hubo inducción y probablemente coacción hacia los testigos para inculpar a los acusados, tal como lo afirmó el que se le otorgó el criterio de oportunidad, Luis N., frente al Juez Avileo Martínez.

Según la PDDH, en el proceso judicial fue incorporada el acta de reconocimiento en rueda de personas en la que participaron los testigos y se registro la declaración de Luis N., quien entre otras afirmaciones sostuvo que: “(…) el tres de diciembre lo capturaron, después le acumularon el homicidio pero él nunca ha visto nada ni a nadie, lo torturaron y lo llevaron a la laguna del Jocotal, conoció el lugar porque habían unos talleres que había visitado, la Fiscalía lo obligó a decir todo lo que dijo, el fiscal que está presente en la diligencia (Allan Hernández) le dio un papel para que se lo aprendiera, el cual entrega al señor Juez; se hace constar que dicho papel contiene la confesión extrajudicial del testigo...”

Estos señalamientos hacia el fiscal del caso, de ser ciertos, representarían una grave violación a los derechos de los acusados y a las garantías del debido proceso; asimismo, serían un impedimento para el conocimiento de la verdad sobre este crimen. Por eso es importante presentar pruebas que confirmen o desestimen las acusaciones.

En conclusión, este caso plantea nuevamente la necesidad de mejorar las instituciones del sistema nacional de protección de los derechos humanos; es decir, la FGR, la PNC, la PDDH y el Órgano Judicial. Es inadmisible que no realicen un trabajo coordinado, eficaz y eficiente; es inaceptable que no tomen en cuenta elementales principios investigativos y que se enfrenten entre sí, en una lucha de acusaciones, mientras la delincuencia y el crimen organizado arrebatan más vidas. El grave problema del elevado número de homicidios en el país no se superará fabricando culpables a cualquier precio, ni con propaganda barata.

Se deben fortalecer los organismos estatales, capacitar al personal para que realice sus labores técnicas y trate bien a las víctimas, cambiar a los funcionarios que no sean capaces de dirigir las instituciones y que no den muestras de objetividad e independencia de grupos interesados en obstaculizar la justicia; es imprescindible también aprobar la ley y el presupuesto para proteger víctimas e incrementar la capacidad de obtener pruebas científicas.

En este caso en particular, es necesario considerar todas las posibilidades y tomarse en serio la tarea de confirmarlas o desecharlas. Además, se requiere investigar si se han dado las anomalías durante las diligencias del caso, que aparecen señaladas en los informes de la PDDH sobre el asesinato de Gilberto Soto. Por el bien de la sociedad y por respeto a las víctimas y sus familiares, semejantes fallos no pueden ni deben tolerarse más

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