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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1166
Octubre 19, 2005
ISSN 0259-9864

Índice

Editorial: Interpretaciones erradas

Política: Argucias y fanatismo preelectorales

Economía: Fondos para la reconstrucción

Sociedad: Transparencia y rendición de cuentas en situaciones de desastre

Regional: Gobierno y empresa privada, ¿realmente solidarios?

Derechos Humanos: Oportunidad para extirpar el cáncer institucional

Comentario: “Lo mismo y los mismos”. Las víctimas de octubre (I)

Editorial

Interpretaciones erradas

Dios y la naturaleza serían los responsables de la tragedia nacional, según el gobierno de ARENA. Dios, por crear de manera imperfecta, pues habría creado un país en una zona de alto riesgo, sometida a terremotos, inundaciones, huracanes y erupciones. Rodeados de volcanes y montañas, a sus habitantes no les habría quedado otra alternativa que construir en sus faldas o a la orilla de quebradas y ríos, lo cual hace que su vida sea todavía más vulnerable. La naturaleza, por su lado, cumpliría el papel asignado por Dios y castigaría a los pobladores de forma inmisericorde. Es así cómo, según esta interpretación errada, el país vive bajo amenaza constante y, en consecuencia, se debe acostumbrar a convivir con el riesgo, de tal manera que el país entero sería un inmenso refugio de damnificados. Por la cuenta que le trae, el gobierno de ARENA rechaza con insistencia toda averiguación para establecer responsabilidades. Según él, no hay responsables de la tragedia actual. Es el viejo argumento que se esfuerza por escabullir la rendición de cuentas. Todos somos responsables; por lo tanto, nadie es responsable. Como la guerra fue cuestión de todos, nadie es responsable; como todos nos matamos, nadie tiene que dar cuentas de los crímenes contra la humanidad. En síntesis, mejor no pedir responsabilidades y resignarnos a la suerte que nos habría tocado.

Es bastante común responsabilizar a Dios de las catástrofes, pero es errado. La creación no es enemiga, ni adversaria de la humanidad. Es ésta la que, con sus acciones, la convierte en una amenaza. Por lo tanto, es inaceptable afirmar, tal como lo hace el presidente Saca, que “los salvadoreños hemos sido creados en la adversidad”. Los únicos que hemos convertido el medio donde vivimos en adverso, somos nosotros mismos, aunque unos más que otros. Achacar a Dios esta responsabilidad, es ocultar la irresponsabilidad con la que se han construido urbanizaciones, centros comerciales y vías de comunicación, una explicación que el gobierno de ARENA evita, cada vez que es cuestionado. La misma debilidad institucional, evidente en la ausencia de ordenamiento territorial y del desarrollo urbano, también responsabilidad gubernamental, es otro factor que explica lo sucedido. Los gobiernos de ARENA han mirado con indiferencia el surgimiento de núcleos de poder informal, los cuales han sustituido la organización social y jurídica del Estado. La debilidad institucional es responsabilidad del poder ejecutivo, con su presidente a la cabeza, de los otros poderes, de los gobiernos locales y de algunas empresas constructoras, cuyas prácticas no son controladas, ni sancionadas por el sistema, cuando ocurren muertes y causan perjuicios, sobre lo cual hay responsabilidades asumidas.

Miles de familias salvadoreñas viven en zonas de alto riesgo, no por voluntad de Dios, sino porque no tienen alternativa. La vivienda segura y accesible les ha sido negada. No son sujetas de crédito, ni los programas de vivienda del gobierno las tienen entre sus destinatarios. Sus miembros no tienen empleo permanente y si lo tienen, sus ingresos a duras penas les permiten adquirir lo más indispensable. Las pocas pertenencias que han logrado reunir, ha sido con mucho sacrificio. Por eso, se niegan a abandonar sus viviendas. Saben bien que si pierden lo poco que poseen, no tendrán apoyo de nadie para reponerlo. Su pérdida significa más miseria. Es fácil ordenar la evacuación, pero para quien no tiene a dónde ir, es muy difícil aceptarla. Estas familias no viven en estas condiciones por voluntad propia o por negligencia, sino porque han sido forzadas a ello con mecanismos diversos.

Sin duda, la mano de Dios es poderosa, pero no necesita poner a prueba a los seres humanos para comprobar su capacidad o su habilidad en el esfuerzo por superarlas, tal como supone el presidente Saca. La relación de Dios con el ser humano no es un concurso de pruebas con premios para los más fuertes o más hábiles. Dios, por ser poderoso, pero, sobre todo, por ser bondadoso y compasivo, no necesita poner a prueba a nadie para saber lo que hay en el fondo de su corazón. Lo sabe sin necesidad de prueba alguna. Ahora bien, ofrece muchas oportunidades al ser humano para rectificar y hacer su voluntad. Aparte que lo que hay en el fondo del corazón humano, se pone de manifiesto en las actitudes hacia los demás y hacia la naturaleza. El desprecio a la vida humana y a la creación es evidente, sin necesidad de una catástrofe como la recién pasada. No es Dios el que ha organizado mal la creación, somos los seres humanos los que la hemos desordenado, llevados por la ambición de poder y de riqueza.

Tampoco es cierto que los salvadoreños hayamos superado siempre esas pruebas, supuestamente impuestas por Dios, tal como sostiene el presidente Saca, en un vano afán por dar una falsa esperanza. Prueba de ello es el descuido de los gobiernos de ARENA ante los diversos riesgos y amenazas. Dejaron sin concluir las obras de mitigación, después de los terremotos de 2001; y omitieron otras. Prueba de ello es el abandono en que está la población, cuya esperanza está puesta en la emigración al norte, porque en la tierra que la vio nacer le niegan el espacio para vivir con dignidad. El mayor desafío que el país tiene planteado, pero sobre todo sus dirigentes políticos y económicos, es hacerlo habitable de tal manera que sus habitantes no prefieran huir de él a vivir en él, en el riesgo y la miseria.

El presidente Saca asegura que “no puede estar tranquilo ante las necesidades de la gente”. Pero estas necesidades han estado ahí desde que asumió la dirección del gobierno, cuando hizo las promesas de la campaña electoral y desde que ARENA monopolizó el poder. Si en el tiempo que lleva como mandatario se hubiera acercado a la población y hubiera entablado un diálogo humano —y no publicitario— con ella, tal como lo prometió, hubiera descubierto esas necesidades y tal vez se hubiera ocupado de ellas y hubiera ordenado a su gobierno, tal como gusta hacerlo, adoptar las medidas del caso para prevenir y evitar tantas pérdidas y tanto sufrimiento. Si realmente hubiera visto los rostros adoloridos de la población, su gestión hubiera adquirido otro rumbo. Eso de que el suyo es “un gobierno con sentido humano” es un decir, que forma parte de la campaña publicitaria permanente en la cual se mantiene para ocultar con la imagen la dura realidad nacional. Un verdadero sentido humano hubiera llevado a su gobierno a proporcionar seguridad social y medioambiental a la ciudadanía. Aunque nunca es tarde para “darle dignidad a las personas”.

El discurso presidencial sobre las inundaciones concluye con un llamado a la solidaridad, pero el pueblo salvadoreño no necesita de esta clase de llamamientos. Ya es bastante solidario cuando se enfrenta con esta clase de tragedias, tal como la ha demostrado en numerosas ocasiones. Su generosidad es grande. Lo que el pueblo salvadoreño necesita, y se le está negando de forma sistemática, es medios para institucionalizar esa solidaridad y así garantizar la vida y el medioambiente. Lo que el pueblo salvadoreño necesita es fortalecer la organización local y comunitaria y establecer mecanismos para compartir. La colaboración principal no debe pedirla el presidente Saca a quienes tiran la basura a las quebradas, porque no tienen dónde depositarla y porque carecen de educación elemental; sino que debe pedirla a los responsables de la enorme desigualdad económica del país.

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Política

Argucias y fanatismo preelectorales

El FMLN denunció a principios de esta semana lo que dio en llamar “estado de excepción electoral”. Se trata de una serie de reformas electorales aprobadas por ARENA, el PCN y el PDC para restarle, según el partido de izquierda, incidencia a la oposición en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las reformas posibilitan que el órgano electoral tome decisiones por mayoría simple —es decir, con tres de los cinco votos—, en vez de hacerlo por voto calificado. Esto permite que, en materia de licitaciones, el partido ARENA imponga su voluntad, contando con los votos de los magistrados electorales del PCN y el de la Corte Suprema de Justicia, Mario Salamanca.

De igual manera, las reformas reparten cuotas de 20% en las Juntas Receptoras de Votos, Juntas Electorales Departa-mentales y Juntas Electorales Municipales. Así, estas cuotas quedan en manos de los miembros de ARENA, el FMLN, el PDC y el PCN. El restante 20% se reparte entre los partidos nuevos. Como afirma el magistrado del FMLN, Eugenio Chicas, esto permite que las decisiones se tomen entre la alianza del partido oficial con los democristianos y pecenistas.

ARENA justifica estas reformas aduciendo que agiliza las decisiones del órgano electoral. Es cierto, las agiliza, pero a beneficio del partido en el poder. Establece un mecanismo que fácilmente puede propiciar fraudes en las próximas elecciones que, por lo visto, no prometen ser ejemplares.

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Economía

Fondos para la reconstrucción

El ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, dio a conocer los cambios que sufrirá el Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Las variaciones obedecen a una readecuación de los ingresos y gastos para hacer frente a la reconstrucción del país después de las inundaciones de septiembre. También, para lo que resta de 2005, habrá importantes modificaciones para enfrentar las tareas de reconstrucción en el corto plazo. En ambos casos, el gobierno canalizará el dinero de préstamos que estaban destinados para otras actividades. En total, para obras de reconstrucción programadas para 2005 y 2006 se cuenta con 134 millones de dólares.

De acuerdo al titular, los empréstitos ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, sólo falta que los diputados avalen el nuevo destino de los fondos. La primera vez que los parlamentarios votaron por la aprobación de los créditos era para objetivos distintos a los que ahora apunta la cartera de Hacienda. Gran parte de los fondos estaba destinado para la construcción nuevas carreteras, sin embargo, por los daños de las lluvias, este dinero se utilizará en obras de reconstrucción y mitigación de riesgos, entre otras.

En el tiempo que resta de 2005, el gobierno espera gastar alrededor de 70 millones de dólares. De ese dinero, $38.8 millones serán para la construcción de sistemas de drenaje, bóvedas y taludes. También se gastará $10 millones para iniciar la primera fase de reconstrucción de viviendas para los afectados. En el corto plazo se piensa destinar 10.7 y 8.5 millones de dólares para el drenaje del lago de Ilopango y obras de mitigación en la colonia “Las Colinas” en Santa Tecla. Finalmente, se cuenta con 950 mil dólares para censar a las personas afectadas y sus pérdidas materiales. Parte de este último monto también estará destinado al diseño de drenajes y bóvedas.

En 2006, continuarán las obras de reconstrucción y mitigación de riesgos en el país. Para ese año se contará con 63.5 millones de dólares. Este monto se repartirá prácticamente en las mismas actividades realizadas en 2005. Algunas de ellas serían: $12.6 millones para drenajes, bóvedas y taludes; 20 millones para continuar con la construcción de viviendas; 800 mil dólares para diseños de drenajes, bóvedas y taludes.

Días atrás, el presidente Elías Antonio Saca dijo que para la reconstrucción se necesitaría 230 millones de dólares. Sin embargo, entre 2005 y 2006 sólo se gastará un poco más de la mitad de dicho monto. En este sentido, el ministro de Hacienda dijo que espera que el dinero restante se obtenga mediante la ayuda internacional.

G

Sociedad

Transparencia y rendición de cuentas en situaciones de desastre

Un medio de prensa escrita se empecina en hacer públicas unas supuestas irregularidades en la administración del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA). Tras sucesivas entregas, dicho medio ha dedicado sendas páginas para ilustrar las presuntas arbitrariedades cometidas por la administración de esa entidad del Estado al haber tratado de impedir que una empresa privada concursara en una licitación pública. Ese medio inicia su serie de “entregas” justamente cuando varias organizaciones de la sociedad civil demandan del Estado salvadoreño, especialmente del poder Ejecutivo, una política coherente de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo después del desastre que siguió al paso de la tormenta tropical Stan.

No es que la investigación periodística aludida sea irrelevante. En un país como El Salvador, cuyo Estado no está acostumbrado a rendir cuentas voluntariamente ante los ciudadanos, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental como vigilantes de la gestión pública. En ese sentido, la investigación de los medios es siempre relevante. Pero habría que definir prioridades: cualquiera en su sano juicio entendería que, en estos días, es prioritario exigirle cuentas al Estado sobre el manejo de la emergencia suscitada por Stan y la erupción del volcán de Santa Ana. En otras palabras, ¿cuál ha sido el papel del Ejecutivo y de las alcaldías en el manejo de la emergencia? ¿estuvo la reacción gubernamental a la altura de las exigencias que imponía la situación de desastre? ¿ha brindado el Estado la suficiente y pertinente información que sirva de guía a la población para enfrentar la emergencia? ¿se ha canalizado transparentemente la ayuda proveniente del exterior y de los mismos salvadoreños? Sobre estas cuestiones no ha dicho mayor cosa los medios de comunicación salvadoreños.

Desviando la atención
Es curioso, porque cada vez que se ven cuestionados importantes funcionarios o ex funcionarios gubernamentales, los medios emprenden campañas contra otros agentes o funcionarios de menor relevancia que los primeros, como queriendo desviar la atención del grueso de la opinión pública, que a fin de cuentas se queda con lo que dicen los medios.

Curioso, porque cuando se desató el escándalo por una reforma aprobada por una mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para restarle atribuciones a su sección de Probidad –justamente cuando habían sido señalados altos ex funcionarios de la administración de Francisco Flores— uno de los principales medios de prensa escrita la emprendieron en contra del ex director del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Enrique Molins. La estrategia periodística fue la misma: sucesivas entregas en las primeras páginas del medio. Con dicha cortina de humo, los ex funcionarios cuestionados, entre ellos la ex ministra de Relaciones Exteriores, María Brizuela de Ávila, podrían estar seguros de que, al menos los salvadoreños de a pie, no cuestionarían su preciada honorabilidad. Tampoco se haría mayor escándalo entre las instituciones del Estado encargadas de investigar posibles actos deshonestos en el manejo de la cosa pública, como la Fiscalía General, la Corte de Cuentas de la República y la misma Corte Suprema de Justicia, todas ya prevenidas de no hacerlo.

Un medio sí se atrevió a seguir con las investigaciones y se quejó de recibir presiones de parte de los mismos ex funcionarios señalados para que desistieran en su tarea fiscalizadora. En efecto, el periódico digital El Faro continuó investigando y denunciando las arbitrariedades cometidas por los mismos magistrados de la Corte y las presiones ejercidas por las personas cuestionadas. Ningún otro medio lo secundó. La historia parece ser la misma, ahora que diversos organismos de la sociedad civil le reclaman al Estado un manejo más transparente de la emergencia y, en general, de toda la gestión pública.

El Ejecutivo ha vendido la idea de que el manejo de la emergencia es totalmente transparente. Para ello, ha asegurado que la Corte de Cuentas vigila el proceso, además de la misma empresa privada, como si el ente contralor del Estado gozara de credibilidad entre los salvadoreños y como si muchos sectores nacionales no reprocharan a los grandes empresarios ser los principales causantes del deterioro ambiental que incrementa el impacto de los fenómenos naturales que recurrentemente suceden en El Salvador. Pretender que la Corte de Cuentas y la empresa privada garantizarán un manejo transparente de la emergencia es partir de un presupuesto falso: la credibilidad y el respaldo moral de ambas instituciones.

Ahora que el Ejecutivo se halla en la mira de la sociedad civil –situación totalmente normal en una sociedad democrática—, los medios se han inventado el cuento de CONCULTURA, una entidad de rango más modesto que, pese a sus limitaciones financieras, ha procurado hacer una gestión decorosa. Para nadie es un secreto que el apoyo a la cultura desde el Estado en El Salvador es casi nulo. No es casualidad que el actual presidente de esa entidad, Federico Hernández, mientras fungiera como diputado dentro de la fracción oficial, escapara de la ortodoxia arenera y se atreviera a cuestionar algunas votaciones de su partido.

Si antes fueron los deportes, ahora hay que hacerlo con la cultura, parecen razonar los que desvían la atención pública cuando algunos sectores comienzan a cuestionar a las verdaderas argollas del poder político y económico del país.

Necesidad de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas
Toda sociedad que se precie de ser democrática acepta dentro de su gestión pública el ejercicio de la rendición de cuentas y la transparencia, en su doble vertiente: los obligados a hacerlo y los obligados a exigirlo; dicho en otros términos, gobernantes y gobernados cumplen su papel. Pero en El Salvador, pese a los pomposos y grandilocuentes discursos oficiales dictados en los foros internacionales, la realidad es otra.

Por un lado, desde el Estado y las formas de gobierno se ha enraizado la cultura del secretismo. Salvo algunos tímidos intentos de cambio, la regla es evadir cualquier esfuerzo de rendir cuentas cabales a los ciudadanos. Para ello, muchos funcionarios irresponsables han tejido una compleja y compacta red que les permita continuar gozando de los privilegios que perciben de la cosa pública sin tener que rendir cuentas a nadie. Ejemplo de ello es la misma Corte de Cuentas, entidad clave del Estado que se halla tomada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), instituto que recuerda los más tristemente célebres casos de corrupción gubernamental, descalabros, argucias y fraudes electorales para perdurar en el poder. Son los famosos “tiempos de conciliación” que todavía añoran quienes se beneficiaron de ellos. Así como la Corte de Cuentas, la Fiscalía aplica criterios políticos para investigar. Ni se diga del desprestigio de la Corte Suprema.

Por otro lado, dentro de la ciudadanía tampoco se ha hecho mucho por cambiar las cosas. Los mecanismos de control y de vigilancia ciudadana son casi neutros. No hay una cultura de fiscalización y, cuando la hay, son sólo iniciativas aisladas que no alcanzan a articularse en un esfuerzo sostenido y consistente que incida en la toma de decisiones políticas. En resumidas cuentas, los grupos de presión, salvo algunas contadas excepciones, no logran articular sus demandas, lo cual sumado a la cultura del secretismo vuelve difícil la tarea de hacer realidad en El Salvador una verdadera política de rendición de cuentas y transparencia.

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Sociedad

Gobierno y empresa privada, ¿realmente solidarios?

Existen coyunturas que las élites aprovechan para orientar a la opinión pública a su favor. Son períodos en que los espacios informativos se saturan con palabras clave, convirtiéndose en “verdades incuestionables” sobre las acciones o cualidades de dichas élites, cuando la línea que las separa tiende a difuminarse. Nada más fácil de llevar a cabo en países en donde cierta observación de Noam Chomsky resulta coincidente con la realidad. “¿Cómo controla la élite a los medios de comunicación?”, preguntó un estudiante al intelectual norteamericano. “¿Cómo controla a la General Motors? La pregunta no tiene sentido. La élite no tiene que controlar lo que le pertenece”, respondió.

Guatemala y El Salvador han sido los países centroamericanos más afectados por las lluvias de Stan. En El Salvador, además, se produjo simultáneamente la erupción del Ilamatepec. Estas eventualidades han servido al gobierno y la empresa privada para destacar, en los medios de comunicación, su “heroísmo”, “eficiencia”, “honestidad”, “transparencia” y, sobre todo, su pretendida “solidaridad”. La cobertura mediática contrasta duramente con la realidad que enfrentan en carne propia los afectados, como efecto directo de la exclusión a la que han sido empujados por el mismo gobierno y la gran empresa privada.

Una de las palabras más repetidas de la cobertura en algunos medios ha sido solidaridad. La ligereza y el cinismo con que ARENA, en su versión gubernamental y privada, hace uso de dicha palabra, no dejan de provocar reacciones emocionales o intelectuales en las personas para quienes dicho término significa algo diferente a la postura “oficial”.

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Derechos Humanos

Oportunidad para extirpar el cáncer institucional

“Sin tregua”. Ese fue el ofrecimiento oficial para enfrentar el grave problema de los asesinatos y la violencia en general. Sin embargo, las cifras recientes demuestran que —al igual que otras— esa batalla contra la criminalidad la está perdiendo el gobierno. Dichos datos confirman la tendencia establecida desde el inicio del año en curso, que apuntaba a un aumento constante de las muertes violentas en el país. En enero, la Policía Nacional Civil (PNC) contabilizó 290 homicidios, que constituían un incremento superior al cincuenta por ciento respecto al mismo mes durante el 2004. Pero lo que han ido mostrando los números con el paso del tiempo, es más alarmante. En sólo nueve meses han muerto casi la misma cantidad de personas que durante todo el año anterior y la cifra sigue creciendo. Pero el fenómeno no puede abordarse sólo desde la frialdad de los números; eso sería un irrespeto para quienes pierden familiares y amigos en ese marco. Quienes a diario fallecen así, no son un dato estadístico más sino víctimas de un país mal conducido en lo económico, social, político, cultural e institucional que debe ser transformado para evitar una tragedia mayor.

Lo que está ocurriendo responde a muchas causas sobre las cuales se debe proceder con urgencia desplegando acciones de corto, mediano y largo plazo que, en su mayoría, ya fueron identificadas hasta la saciedad. Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, entre las últimas se debe apostar más a la prevención; también a la generación de oportunidades de desarrollo, para mejorar el nivel de vida de la población como elemento importante de una estrategia tendiente a reducir los niveles de violencia.

Pero en lo inmediato, existe una oportunidad preciosa para avanzar en el combate a la delincuencia que exige la transformación de las instituciones encargadas de perseguir el delito y hacer justicia. La población no confía en que éstas resolverán los crímenes y castigarán a los criminales. Contrario a lo que sucede cuando uno mira una película de detectives, en la que se sabe que al final los policías y fiscales encontrarán las pruebas necesarias para determinar quién fue el asesino, acá la gente tiene la certeza de que el asesino saldrá de la cárcel en un par de días y se vengará de quienes declararon en su contra. En el país no imperan la ley y el orden sino la impunidad y el miedo; en buena medida por la ineficacia institucional.

Esta inoperancia oficial en la persecución del delito hace que la población se niegue a testificar para no convertirse en la próxima víctima. Por eso, de nada sirve que se coloquen afiches o carteles con los nombres de los “más buscados”, al estilo del “viejo oeste”; mientras sea evidente que colaborar con la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) pondrá en riesgo la propia vida y la de la familia, nadie o casi nadie se atreverá a denunciar o brindar información que ayude a esclarecer los homicidios o a encontrar a los prófugos. Es, pues, necesario y urgente que se apruebe la Ley de Protección a Víctimas y Testigos para contribuir a garantizarle seguridad a quienes declaren en un proceso penal y faciliten así el trabajo policial y fiscal.

Pero se debe ir más allá de las transfor-maciones normativas. Se requiere además de un cambio de visión radical. No es posible que el planteamiento de los casos se fundamente sólo en la declaración de un testigo. El salto a dar en la lucha contra la impunidad reclama que policías y fiscales adquieran la capacidad para investigar y fundamentar los procesos penales en pruebas científicas y no en testimonios o criterios de oportunidad, en los que unos criminales delatan otros secuaces. Esta ausencia de pruebas científicas provoca que buena parte de los procesados queden en libertad, aunque un alto porcentaje sea culpable. Asimismo, se debe profundizar la capacitación en el adecuado manejo de la escena del crimen y que no se cometan errores imperdonables como romper la cadena de custodia de la prueba, permitir que se éstas contaminen, no tomar nombres de testigos y dejar evidencia abandonada, entre otros.

No obstante lo grave de la situación, la FGR y la PNC se “lavan las manos” descargando en los jueces y las juezas la responsabilidad. Ellas y ellos, dicen, son responsables de que los asesinos salgan libres; sin embargo, lo que ocurre es que la judicatura sólo cumple con su trabajo de valorar las pruebas que les presentan y determinar —sobre esa base— si existen elementos suficientes para encarcelar a una persona. La lógica de la justicia es así: alguien imparcial determina la culpabilidad pero con elementos que así lo demuestren; entonces, el problema está en quienes recopilan la información. Otra forma de evadir la culpa es argumentar que las leyes son “garantistas” y favorecen a los criminales; son leyes “suizas”, afirman. Lo cierto es que debe existir un marco mínimo que asegure un proceso transparente, cuyo resultado sea justo. Estas garantías de las cuales reniegan policías y fiscales, están presentes en todos los sistemas jurídicos de los países democráticos donde impera un verdadero Estado de Derecho.

Por todo lo anterior, es importante y trascendental la elección del nuevo Fiscal General que ya se discute en la Asamblea Legislativa. La dirección de esta importante institución del sistema nacional de derechos humanos ya no puede seguir con una conducción incompetente. Durante los últimos seis años se puede hacer un largo listado de desaciertos por parte de esta institución. Desde la pérdida de los casos más emblemáticos hasta la incapacidad para dirigir la investigación de los hechos. Ya lo dejaba claro el fiscal a cargo del equipo que se encargará, exclusivamente, de investigar los homicidios; éste, Daniel Domínguez, afirmó a un medio escrito que en la mayoría de los casos no tienen un “mínimo indicio para formular una hipótesis”

Durante la administración de Belisario Artiga se puede enumerar el “olvido” del asesinato y violación de Katya Miranda; la perdida de casos como el de “FINSEPRO-INSEPRO”, la Federación Salvadoreña de Fútbol y el de Nelson García, entre otros; la prescripción del caso García Prieto, sin que se investigara la autoría intelectual en el asesinato; así como la indiferencia frente al caso de los hermanos Carías, asesinados en la colonia La Cima; y la negativa expresa para indagar en el caso Jesuitas.

Con base en esta experiencia y la de Peñate Polanco al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es que se afirma la necesidad de cambiar la forma en que se eligen a estos funcionarios. Hay que tomarse en serio el perfil que plantea la Constitución y buscar la forma de comprobar que lo establecido en la misma se cumple en la persona que resulte elegida. Esa es la preciosa oportunidad para acometer con éxito a la delincuencia y reducir los niveles de impunidad, a la cual se hizo referencia antes.

También es importante que exista una mayor participación de la sociedad y las organizaciones sociales al momento de presentar postulaciones. Sin perder de vista que la elección de estos funcionarios de segundo grado la realizan los diputados y las diputadas, en medio de negociaciones políticas, es necesario garantizar que las candidaturas sometidas a su consideración sean de personas técnicamente capaces y con características personales de moralidad e idoneidad notorias que les permitan actuar con independencia.

La propuesta para mejorar las condiciones institucionales y comenzar a superar el grave problema de la violencia en todas sus manifestaciones, debe ser integral y sistémica. Por tanto, tiene que considerar a todos los organismos involucrados en la administración de justicia como un sistema; si uno de ellos falla, lo que haya ganado otro se perderá. Por eso, no sólo debe valorarse bajo estos criterios la elección del Fiscal General sino la de todos los demás funcionarios de segundo grado y algunos nombramientos que sólo requieren mayoría simple o los efectúa el titular del Órgano Ejecutivo.

Ahora falta ver si el aparente interés mostrado por la Asamblea Legislativa se traduce en las mejores decisiones, que lleven a resolver el problema o si sólo se está trabajando en función ganar votos en el próximo evento electoral. He ahí uno de los compromisos más grandes de los partidos políticos que la integran. Deben asumir que la institucionalidad del país en estas materias padece de un cáncer; su deber es extirparlo antes de que se convierta en una metástasis insalvable.

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Comentario

“Lo mismo y los mismos”.
Las víctimas de octubre (I)

En El Salvador siempre hay mártires que recordar. Ahora nos acercamos a los de la UCA en noviembre, a las cuatro religiosas norteamericanas en diciembre y a los innumerables mártires de siempre. Pero este mes de octubre ha traído otras víctimas, producto de la naturaleza —tormenta y erupción de un volcán— y de la iniquidad de los humanos. En San Marcos toda una familia, los papás y tres niños, murió soterrada. El comentario que se oyó fue lacónico y certero: “no los ha matado la naturaleza, sino la pobreza”.

Sobre estas víctimas y sus responsables, sobre lo que nos exigen y también sobre lo que nos ofrecen —si nos abrimos al misterio de la vida— queremos hacer unas breves reflexiones.

1. “Siempre lo mismo y los mismos”. El pueblo crucificado
Las escenas de sufrimiento y crueldad son sobrecogedoras, y la magnitud es escalofriante. Los muertos son más de setenta, los damnificados, de una u otra forma, pasan de 70,000, y los daños materiales pueden ser lo equivalente a tres o cuatro veces el presupuesto nacional. La catástrofe se extiende a México y Nicaragua, y sobre todo a Guatemala. El poblado de Panabaj ha sido declarado camposanto: unas 3,000 personas murieron soterradas. “Una aldea maya yace bajo 12 metros de lodo”, decía la noticia. Al escribir estas líneas ha ocurrido el terremoto en Cachemira: 30,000 víctimas y dos millones y medio de damnificados.

Ante esto, nuestra primera reflexión es la siguiente. Estas terribles realidades no nos ofrecen nada que no hayamos visto antes. Con matices distintos, dicen lo de siempre: en su inmensísima mayoría, las víctimas siempre son los pobres. Las catástrofes muestran la pobreza de nuestro mundo, y, a su vez, esa pobreza es, en buena parte, causante de las catástrofes y de sus consecuencias. A ello nos hemos acostumbrado con naturalidad, para que la psicología, la insensiblidad o la mala conciencia de los seres humanos pueda convivir con la catástrofe. Sin palabras, se viene a decir: “es normal que ellos, los pobres, sufran, pues así son las cosas. Anormal sería que nosotros, los que no somos pobres, suframos este tipo de desgracias”.

Los que sufren en las inundaciones, terremotos y erupción de volcanes —como ahora el de Santa Ana—, los que no tienen trabajo o son despedidos, los mojados y los expulsados de Estados Unidos, los que pierden sus casitas y pertenencias, los que ven morir a sus hijos o a sus padres, son siempre los mismos, los pobres. Y con frecuencia son mayoría los más débiles de entre ellos: niños, mujeres y ancianos. Lo mismo ocurría en tiempo de represión y guerra: la mayoría de los torturados, desaparecidos, muertos, eran pobres. Hace falta un Roque Dalton para poder cantar bien esa letanía.

De manera precisa lo decía Ellacuría. Lo que caracteriza a nuestro país es el “pueblo crucificado”. Y añadía dos cosas, a cuál más fuerte y lúcida. Una es que a ese pueblo le arrebatan “la vida”, lo más fundamental y básico. Y la otra es que ese signo que nos caracteriza es “siempre” el pueblo crucificado. Ya lo hemos dicho: con matices y excepciones, terremotos, inundaciones, derrumbes —antes, torturas, muertes, desaparecimientos— siempre se ceban en los mismos, los pobres. Y siempre producen lo mismo, muerte o cercanía a la muerte. Esto produce indignación —aunque hoy en día ya no parece estar muy bien visto el indignarse, aunque los poderosos toleren lamentos y llamadas, entre convencidas y rutinarias, a la solidaridad. Y menos existe la indignación cuando se repite, como en nuestro país, que las cosas van bien, o que van por buen camino. Pero además de indignar, la catástrofe hace pensar.

Se ofrece globalización como promesa firme y cierta de salvación, pero esta globalización, en contradicción flagrante con el concepto y la formulación, cuando ocurren las grandes tragedias, sigue siendo absolutamente selectiva: siempre en contra de los pobres, nunca —o rara vez— en contra de los ricos. Durante el tsunami sorprendió ver sufrir a europeos y norteamericanos, pero no sorprendió que sufrieran los pobres de Asia. Y durante el Katrina no sorprendió que los ricos abandonaran Nueva Orleans en jets privados, ni sorprendió que otros hicieran largas colas para conseguir gasolina en las carreteras. Ni que otros muchos, personas de raza negra, hombres y mujeres, siguieran entre inundaciones en el casco pobre de la ciudad. Es la estratificación natural de la sociedad. El “lugar natural”, que decía Aristóteles, de los pobres es la pobreza.

Ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni el G-8, ni los que proclaman el reto del milenio son capaces de pensar y decidirse en serio por una globalización real de la vida. No se trata de que todos sufran, sino de que nadie sufra.

Lo que ocurre estos días es escándalo de lesa humanidad. Nelson Mandela, en el marco de la presentación del último informe de Naciones Unidas, ha dicho que la inmensa pobreza y la obscena desigualdad son flagelos de esta época tan espantosos como el apartheid o la esclavitud lo fueron en épocas anteriores. Y Eduardo Galeano, llegado a nuestro país en medio de las inundaciones, ha dicho: “espero que sirvan al menos para subrayar que debemos de dejar de llamarlas catástrofes naturales. Sí, son catástrofes, pero son el resultado del sistema de poder que ha enviado al clima al manicomio”.

2. “¿La opción por los ricos?”. El pecado del mundo
Si la tragedia no es mero producto de catástrofes naturales y si la letanía de “lo mismo y los mismos” no es casualidad, algo sigue estando muy mal en nuestro país. Antes se le llamaba pecado estructural. Los cristianos hablaban de “pecado del mundo”, citaban a los profetas de Israel, a Jesús de Nazaret y la carta de un airado Santiago. Ahora ya no se estila mucho ese lenguaje, ni siquiera en las iglesias. Y el mundo democrático occidental, por una parte laico y secular, con todo derecho, no acaba de encontrar —y no sé si le interesa— palabras equivalentes que expresen la tragedia y la responsabilidad. Y menos si le salpican a él. Por eso habla de “los menos favorecidos”, “países en vías de desarrollo”. Eufemismos.

La tragedia de estos días muestra, una vez más, la injusticia estructural en el país. Antes de la tragedia, siguiendo una práctica secular, seguía sin protegerse adecuadamente las carreteras al construirlas, ni se cuidaba la construcción, muy vulnerable, de los sectores más pobres. Y todo ello es más escandaloso, cuando no se ha impedido que los millonarios deforesten y construyan sus casas a su antojo. Las promesas de prevención han sido papel mojado.

Ahora, ante la tragedia hay que preguntarse cuánto han sufrido unos y cuánto dinero han ganado otros, edificando en zonas prohibidas por la ley o por la conciencia. ¿Y qué hacen los responsables para impedirlo? ¿Dónde queda la opción por los pobres —por los “más pobres”, que decía sin inmutarse el presidente Cristiani? Las catástrofes muestran lo que todo el mundo sabe. La opción de los que configuran el país va en la otra dirección: es, en directo, la opción por los que tienen dinero y por lo que da dinero. Optar por los pobres puede responder a algún vago sentimiento ético o a una estrategia para que la situación siga favoreciendo a los ricos. Pero no hay opción, no se piensa en los pobres antes que en los ricos al configurar el país.

Esto es de siempre y tiene raíces estructurales. Ahora, sin embargo, con las catástrofes afloran otros males coyunturales, que son también recurrentes. Ciertamente no es fácil dar a conocer la verdad de todo lo ocurrido, pero los miembros del gobierno no parecen estar preparados para informar. Es una expresión de irresponsabilidad gubernamental. Y mucho menos se quiere dar a conocer la verdad de las causas de lo ocurrido, pues entonces saldrían a relucir responsables y culpables.

Lo fácil es disimular, eximir de responsabilidades, exagerar lo que se ha hecho para paliar la catástrofe, prometer transparencia, o simplemente callar, no decir la verdad. Todo ello para que autoridades, políticos y adinerados queden bien. Es el encubrimiento de la realidad, práctica tan usada por el presidente Bush, hasta que los féretros aparecen en televisión y la realidad se hace inocultable. Entre nosotros no debiera extrañar la desvergüenza de no decir verdad. Todavía, veinticinco años después, los gobiernos no dicen la verdad sobre el asesinato de Monseñor Romero, aunque la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas ya emitió su juicio hace doce años. Y por otra parte se alaba públicamente y sin escrúpulos a responsables de escuadrones de la muerte.

También aparece la inmoralidad de la propaganda partidista. El partido en el poder capitaliza la tragedia en su favor. En televisión se ofrecen en cadena —privada— microprogramas del partido ARENA, de cinco a diez minutos, en los que aparecen sus candidatos a alcaldes y a diputados repartiendo ropa, camisetas…

Aparece la prepotencia de algunos grandes del capital, fotografiados en los periódicos, entregando cheques para los damnificados. Ignoran lo que decía Jesús: “que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda.
Y aparece la deshumanización de la industria de los medios. Algunos de ellos se disputan la “primicia” de la noticia, la foto del cadáver de una niñita rescatada. El éxito profesional, el ranking, interesa más que comunicar el dolor de la gente y sus sentimientos.

Sin embargo, aun con mucho en su contra, la verdad se ha vuelto a abrir paso: en los clamores de la gente que sufre, en personas sensatas que se preguntan con incredulidad cómo es posible tener un país así. A la entrada de la YSUCA, recogiendo y organizando ayuda de emergencia, un sacerdote de Sonsonate, lo dijo muy bien. “En el día a día pasa desapercibida, pero ésta es la verdad del país: la pobreza”.

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