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Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1152
Julio 6, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Sin autoridad y sin ley
Política: ¿Cómo contribuir a mitigar el dolor africano?
Economía: La situación agrícola en Centroamérica
Sociedad: Exigencias poco consecuentes
Sociedad: Abandono del Centro Histórico de San Salvador
Derechos Humanos: Desastres, ¿naturales?
Sin autoridad y sin ley
La respuesta del gobierno de Saca a la última exigencia de los empresarios del transporte público es confusa. Es discutible si esta confusión obedece a la improvisación gubernamental o es buscada para escapar de una trampa que él mismo se puso. Lo indiscutible es la confusión, lo cual no augura nada bueno para el país. A la demanda de los empresarios de elevar la tarifa de forma unilateral, la primera oferta del gobierno fue, al parecer, subsidiar una determinada cantidad de usuarios del servicio. Fuera de la mesa de negociación, el gobierno agregó como condición la firma de un contrato, a lo cual los empresarios siempre se han opuesto, pues no aceptan compromisos de ninguna clase. No hay manera de aclarar este primer estadio de la confusión, porque las partes no firmaron ningún acuerdo, que recogiera las obligaciones de cada una.
La situación empeoró cuando el gobierno de ARENA anunció que el subsidio sería
otorgado por galón de combustible y durante un año, mientras los empresarios
sustituían el diesel por gas licuado u otro combustible alternativo. Aun cuando
el gobierno insiste en que esta segunda propuesta es la misma de la mesa de
negociación, no parece ser así. A menos que la prensa haya reproducido mal las
declaraciones de las partes que negociaron el arreglo inicial. Pero, como no
existe ningún documento escrito, es imposible comprobar de qué lado está la
verdad y hay razones para dudar de la honestidad de empresarios y funcionarios.
Lo más probable es que, después de haber hecho la contrapropuesta a la elevación
de la tarifa, el gobierno de Saca haya hecho números y haya caído en la cuenta
que tal subsidio era insostenible. De hecho, aún desconoce de donde obtendrá los
fondos para subsidiar a unas empresas que, por el otro lado, son a todas luces
muy poco eficientes.
La improvisación gubernamental se manifiesta en la condición de temporalidad del
subsidio ofrecido. Pues no es fácil pasar de un combustible derivado del
petróleo a otro alternativo. En este caso, tampoco hay números, ni existen
proveedores para abastecer al parque de unidades del transporte público; lo
único que hay son proyectos vagos. Tal vez sea una forma de ganar tiempo,
mientras el precio internacional del combustible baja y así regresar al estado
de cosas anterior. La confusión aumenta cuando el gobierno ofrece a cambio de su
propuesta, tolerar la circulación de vehículos que ya debieran haber sido
convertidos en chatarra. De esta manera, negocia la seguridad del usuario con
total tranquilidad. La postura del aliado tradicional de ARENA debilita más la
posición del gobierno. Los diputados proponen suspender el cobro del impuesto
del valor agregado y el especial sobre la adquisición de combustible a las
empresas del transporte público. El FMLN no ha dejado pasar la oportunidad y
secunda esta propuesta o el subsidio directo por usuario, con lo cual piensa que
favorece a la población, pero, en realidad, apoya los intereses de unos
empresarios oportunistas. La propuesta de estos últimos de pedir subida del
salario mínimo para que el usuario pueda pagar esta nueva alza del costo de la
vida es una desfachatez. Lo racional es trabajar para encontrar una solución
integral y sostenible y no colocar un simple parche.
Aunque no está autorizada, la subida de la tarifa es un hecho. Y si no se le
pone remedio, no será modificada, aun cuando el presidente Saca no la autorice.
A este desafío, el gobierno reacciona con la promesa de hacer caer sobre los
rebeldes el peso de la ley, pero la ley no tiene peso, porque aquél no tiene
poder para cumplir con esa promesa y es dudoso que incluso tenga voluntad
política para cumplirla. Prueba de ello es que, a mediados de 2003, el gobierno
de ARENA perdonó a los empresarios del transporte público más de 800 mil multas,
equivalentes a más de 20 millones de dólares. Desde entonces hasta ahora, esos
empresarios deben al fisco más de cien mil dólares, en concepto de multas no
pagadas. Pese a ello, sus empresas operan con total normalidad, sin que el
gobierno imponga su autoridad. Las multas no los atemorizan, pues, saben que no
tendrán que pagarlas, ni habrá autoridad que se los pueda exigir. Así, pues, la
ley y el peso que pueda tener son de poca ayuda. De hecho, el país tiene muchas
leyes, pero ninguna de ellas, ni todas juntas, tiene peso, porque el gobierno es
débil, pues no tiene poder, tampoco recursos para aplicar la legislación que él
mismo decreta. Su actitud ante la desafiante postura de los empresarios del
transporte público es similar a la que adopta ante los grandes empresarios. El
peso de la ley sólo cae sobre los desamparados. Esto significa que, si no
alcanzan un acuerdo, el cual tendrá que ser más del gusto de los empresarios del
transporte público que del gobierno, la subida de la tarifa se mantendrá y su
monto será el que los empresarios decidan.
El gobierno de Saca insiste en continuar el diálogo, pero los empresarios no
están en plan de continuar las conversaciones. Ante la debilidad gubernamental,
han optado por medir fuerzas con el gobierno de Saca. La oferta de éste no les
agrada y el gobierno no tiene alternativa. Para los empresarios, la elevación de
la tarifa no es negociable; para el gobierno tampoco lo es el subsidio ofrecido.
En estos términos, no hay agenda sobre la cual dialogar. Mientras tanto, el
gobierno hace llamados a los usuarios del servicio para que no paguen el aumento
y denuncien el abuso. Invita al usuario a no hacer uso del servicio, si no le
cobran la tarifa autorizada; pero no exhorta a los empleadores a mostrar
comprensión con aquellos que se presenten tarde o no pueda llegar a trabajar.
Denunciar el abuso es inútil, porque no hay acción gubernamental ejemplar que
sancione al abusador y estimule a la ciudadanía a adoptar una posición más
crítica y exigente. Prueba de ello es la continuidad de abusos en los otros
servicios públicos privatizados.
La peor parte se la lleva el gobierno de Saca, el cual, más allá de sus
aparentes posturas firmes, no tiene alternativa. Por lo tanto, está a merced de
los empresarios del transporte público. Estos lo saben muy bien y sacan partido.
Ni el gobierno, ni ARENA se pueden permitir una elevación de la tarifa del
transporte público, en un año preelectoral. El desgaste podría hacer que su
posición en las preferencias electorales se tambaleara. Su gran debilidad es que
no tienen alternativa. Y el problema es tan complejo que no es posible, ni
razonable, improvisar. De ahí que opten por subsidiar una empresa privada
ineficiente, en contra de sus principios neoliberales más venerados. La otra
cuestión es que tampoco sabe bien de dónde sacar los millones del subsidio. Ni
siquiera tienen claridad sobre su monto, ni sobre cómo aplicarlo. Quizá la
actitud de estos empresarios no sea la correcta, tal como señalan las gremiales
de la gran empresa privada; pero, entonces, tampoco es correcta la
desconsiderada e inexplicable alza de la factura de energía eléctrica, ni los
abusos de las empresas de las telecomunicaciones, sólo para citar dos áreas
donde el abuso y el descontrol son comunes. Es cínico exigir a unos lo que no se
exige a todos los que forman parte de la empresa privada, porque tan empresarios
son los del transporte público como los agremiados en esas poderosas
organizaciones. Por lo tanto, no hay que caer en el error de condenar de forma
precipitada las desconsideraciones del empresario del transporte público, porque
su actitud es idéntica a la de los grandes empresarios. Todos ellos piensan
primero en su lucro personal, pues para eso, precisamente, han establecido sus
empresas, y muy secundariamente en sus obligaciones fiscales, laborales y
sociales. El gran empresario goza de la misma impunidad que el del transporte.
Ambos sacan provecho de la ausencia de autoridad.
¿Cómo contribuir a mitigar el dolor africano?
En el marco de la celebración de la cumbre de Gran Bretaña del G-8 —la cita anual de los ocho países más ricos del planeta—, se han organizado una serie de conciertos internacionales, conocida como Live 8, para reclamar la anulación de la deuda de los países más pobres de Africa. Estas manifestaciones musicales alrededor del mundo han reunido a decenas de miles de personas que deseaban hacer escuchar su voz para terminar con la injusticia social, económica y política de la cual el continente es víctima. El lema ha sido: solidaridad con Africa para erradicar la pobreza y las enfermedades.
La situación agrícola en Centroamérica
El sector agrícola cumple un papel importante en el funcionamiento de la economía. Produce alimentos y materias primas que sirven de insumo para la producción de mercancías en industrias y manufacturas. El agro es el primer eslabón en la cadena productiva y el estancamiento de este sector puede derivar también en una ralentización de la actividad económica nacional, causando falta de empleo en las zonas rurales donde se concentra la actividad agrícola. Cuando esto sucede, la industria nacional puede llegar a depender considera-blemente de los insumos importados. Si el aparato agrícola no se reactiva, la importación de alimentos y materias primas puede consolidarse con el tiempo y permitir la ampliación del déficit de la balanza comercial.
Exigencias poco consecuentes
El presidente salvadoreño Elías Antonio Saca realizó una visita a España el mes pasado. Durante la misma, se reunió con el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para proponerle un canje parcial de la deuda de El Salvador con España a cambio de inversión educativa. Según el presidente, el manda-tario español estuvo de acuerdo con esta propuesta.
Abandono del Centro Histórico de San Salvador
Desde hace algunas semanas, los grandes empresarios salvadoreños han levantado su voz para poner freno al supuesto abandono del Centro Histórico de San Salvador por parte de las actuales autoridades municipales, pese a que aquéllos han sido los primeros en abandonarlo. Primero protestó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); luego, desde un análisis más ponderado, intervino la Cámara de Comercio. Lo cierto es que los empresarios se muestran preocupados por un asunto en el cual, pese a su voz crítica, no pueden alegar inocencia.
Desastres, ¿naturales?
Otra vez la tragedia enlutó a la sociedad salvadoreña. La causa: esa eterna vulnerabilidad en que sobrevive tanta gente en el país; vulnerabilidad que, por comodidad o conveniencia, pretenden cubrir echándole la culpa a las fuerzas de la naturaleza cuando hay una desgracia como la que acaba de pasar. En efecto, las fuertes lluvias que azotaron a El Salvador el fin de semana del 25 y 26 de junio cobraron las vidas de, al menos, treinta y siete personas en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad. Fallecieron, en su mayoría, al ahogarse en el torrente crecido de diversos ríos. Estas víctimas nos hicieron volver, en menos de dos meses, a una dura realidad luego de que el Órgano Ejecutivo —durante la segunda quincena del pasado mayo— celebraba su actuación frente a la amenaza de “Adrián”, que en unas horas pasó de terrible huracán a temporal. Entonces, el alarde oficial era uno: con este gobierno, las desgracias por no prevenir desastres comenzaban a ser algo del pasado. Hoy —de nuevo— se constata que no existe verdadera prevención, que se repitieron los descuidos de siempre y que la “pobrería” sigue poniendo las víctimas cuando algo así ocurre.
Cada año mueren salvadoreños y salvadoreñas por fenómenos climáticos como el
ocurrido los últimos días de junio. También anualmente, sólo durante lo que dura
el novenario de las personas fallecidas, se debate cómo prevenirlos. Después, el
olvido oficial sin llegar nunca a definir y ejecutar una política estatal
integral que dé paso a la ejecución de planes concretos eficaces.
Hay, al menos, tres situaciones que influyen negativamente cuando acontecen
eventos como el mencionado o como los terremotos del 2001. La primera:
deficiente coordinación y comunicación entre las instituciones; la segunda:
carencia de leyes y fondos suficientes para mejorar la infraestructura necesaria
ante estos fenómenos; la tercera: las condiciones de pobreza en que vive una
parte significativa de la población salvadoreña.
Lo anterior debe insertarse en un problema estructural: el desprecio por los
derechos sociales y económicos de las personas. Tiene que ver, pues, con la
organización social y política salvadoreña que afecta su calidad de vida. La
forma en que se conduce al país en los ámbitos mencionados, sin voluntad real
para promover y garantizar el desarrollo humano, es lo que algunos han
denominado “violencia estructural” que afecta en serio a los sectores más
vulnerables. Esto incluye las muertes como consecuencia de la pobreza y las
condiciones infrahumanas en el área laboral. Según Philipe Bourgois e Ignacio
Martín-Baró, este tipo de violencia se fundamenta en estructuras de libre
comercio desiguales, expresadas en un mercado de explotación y monopolización de
los servicios.
De las tres situaciones negativas arriba mencionadas, el Comité de Emergencia
Nacional (COEN) y el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) son —en
principio— los organismos que deben manejar estas crisis y, dentro de las mismas,
los recursos para ayudar a la población. Pero casi nunca lo logran; a veces, por
falta de infraestructura y medios. Por eso, varias alcaldías y comunidades han
establecido comités de vigilancia locales, provistos de radios de largo alcance
u otros métodos menos avanzados para pedir auxilio en casos de emergencia.
Así se han creado algunas redes de comunicación entre los actores locales y
nacionales. Pero estas iniciativas funcionan sólo si las comunidades y las
alcaldías tienen acceso a medios para comunicarse y poseen recursos que les
permitan crear y sostener comités de emergencia. Para todo eso se requiere un
marco normativo que regule este tipo de coordinaciones, tal como aparece
contemplado en el proyecto de “Ley de Prevención de Desastres”. Y acá surge la
segunda situación negativa antes citada. Dicha ley permanece estancada desde el
2001 en la Asamblea Legislativa; ya pasaron, entonces, varios inviernos en los
que pudo haber ayudado a evitar el incremento de víctimas. Pero no. Continúa en
la Asamblea Legislativa, dentro de los archivos de la Comisión de Legislación y
Puntos Constitu-cionales pese a que la misma propiciaría crear una red de
comunicación oficial entre el COEN y el SNET, con todos los departamentos del
país y las comunidades dentro de los mismos. De igual manera, por mandato legal
se destinarían los fondos necesarios para enfrentar este tipo de emergencias.
Es importante notar que con un marco jurídico adecuado, recursos económicos
suficientes y redes de comunicación e infraestructura que incluyan la
participación ciudadana, se pueden evitar muchas muertes causadas por los
fenómenos naturales. En los Estados Unidos, Europa y otros países existen
programas y se destinan recursos para minimizar estas tragedias y ayudar a la
población a reconstruir sus hogares. Pero en El Salvador no; los políticos
parecen jugar con las vidas humanas en función de sus intereses. Los partidos a
los que pertenecen maniobran pensando en sí mismos, antes que en el bien común;
éste exige, entre otras cosas, aprobar tan importante ley preventiva.
La tercera situación referida tiene que ver con el gran contraste que existe en
lo relativo a la distribución de ingresos. Según el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), El Salvador se encuentra en el lugar 105 de un total
de 175 países al analizar la situación de pobreza; el 21.4% de la población
sobrevive con menos de un dólar al día y el 45% con menos de dos; además, el
95.8% del salario es recibido por el 30% de la población.
A lo anterior debe añadirse la voracidad de la actual conducción económica, que
arranca desde hace más de quince años y no con el actual gobierno; ésta ha
provocado que el país sea el más deforestado de América. Por eso, cuando llueve
con cierta intensidad y soplan fuertes vientos no hay árboles ni otros recursos
naturales suficientes para mitigar el impacto. Mientras tanto, el gran capital
continúa construyendo centros comerciales —verdaderas “moles”— con tiendas
exclusivas que sólo se ven en Nueva York, París y otras ciudades similares.
Además, se construyen edificios y mansiones en la capital mientras muchas
comunidades viven en la miseria. Estos son sólo algunos ejemplos de esa
“violencia estructural” que explican, en parte, por qué acá se producen tantas
víctimas cuando ocurren fenómenos climá-ticos o telúricos de gran envergadura.
En realidad, no se quiere aprender de las lecciones pasadas. La muerte de casi
cuarenta personas en una semana debido a la lluvia es un acontecimiento
lamentable. Pero de igual forma se debe deplorar que no se reconozca lo que hay
detrás de esas muertes, como causa fundamental: los serios problemas de pobreza
y la falta de demo-cracia generados por la dicotomía de la estructura social
salvadoreña.
La actual administración del Ejecutivo, encabezada por Elías Antonio Saca,
anunció hace cinco meses el lanzamiento de un programa contra la pobreza. El
propósito del mismo: reducir diez puntos este mal para el 2015, con el supuesto
beneficio de 230,000 familias en estado de extrema pobreza. Pero, al igual que
otros programas oficiales, no se tienen los recursos para financiarlo y no se
sabe cómo se obtendrán. La situación de exclusión social y el desequilibrio de
poder en El Salvador, son violaciones severas a los derechos humanos que no
admiten continuar siendo enfrentadas de esa forma. Éstas sólo podrán ser
encaradas y superadas con éxito cuando el pueblo se organice, participe y cree
espacios reales de poder alternativos. Entonces, quizás, los políticos aprendan
la lección y los gobiernos —más allá de los lemas publicitarios de campaña—
comiencen a tomarse en serio eso del “sentido humano” en la gestión de la cosa
pública y dejen de ser un desastre para el bien común. Ojalá no sea demasiado
tarde.
Universidad de El Salvador condena enérgicamente
agresión a estudiantes y violación a la autonomía universitaria
A continuación, presentamos un
pronunciamiento de las autoridades de la Universidad de El Salvador, con
relación a los disturbios que tuvieron lugar el pasado 6 de julio en las
inmediaciones del centro de estudios superiores.
Universidad de El Salvador condena enérgicamente
agresión a estudiantes y violación a la autonomía universitaria
El día 6 de julio en horas de la mañana, estudiantes de secundaria
pertenecientes a institutos nacionales decidieron manifes-tarse en contra del
aumento al transporte público frente a la entrada principal de la Universidad de
El Salvador. La protesta, que se hacía sin violentar a nadie, consistía en
interceptar los buses para hacer conciencia sobre el impacto negativo de dicho
aumento para la economía familiar.
Aproximadamente a las 10:30 a.m., agentes de la Unidad de Mantenimiento del
Orden (UMO) se hicieron presentes violentando acuerdos previos de los
manifestantes con la Policía Nacional Civil (PNC) para permitirles manifestarse,
ignorando incluso los llamados de algunos docentes de educación media para
respetar la protesta pacífica. La UMO, sin ninguna justificación, atacó a los
manifestantes, haciendo uso excesivo de la fuerza, utilizando balas de goma,
gases lacrimó-genos y golpes. Ante la agresión, los estudiantes se defendieron
con piedras y ladrillos, retirándose hacia el campus central de la Universidad
de El Salvador, hasta donde los persiguió la UMO, que continuó disparando,
agrediendo adicionalmente a docentes, trabajadores y estudiantes de la
Universidad de El Salvador y dañando el patrimonio universitario.
El aumento al pasaje es una medida que afecta sensiblemente a la población,
especialmente a las clases más humildes, empujándolas a mayores niveles de
pobreza.
La protesta y la reacción desproporcio-nada son un reflejo de la crítica y
explosiva situación social por la que atraviesa el país y para la cual es
urgente la implementación de medidas orientadas a redistribuir más justamente la
riqueza y a reducir las inequidades que agobian a la población, de tal manera
que experimente un respiro a su precaria situación socio-económica.
La Universidad de El Salvador:
1. Se solidariza con el creciente rechazo al aumento al pasaje del transporte
público.
2. Condena la agresión de la UMO a estudiantes mayores de edad que protestaban
pacíficamente.
3. Condena la flagrante violación a la autonomía universitaria expresada en la
agresión indiscriminada a miembros de la comunidad universitaria y el daño a su
patrimonio.
4. Llama a las instituciones educativas y a la sociedad en general, a
solidari-zarse y a pronunciarse sobre estos hechos.
María Isabel Rodríguez, Rectora.
Universidad de El Salvador
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