Un final elocuente

Violencia política

El 4 de mayo, la Fiscalía General de la República presentó un requerimiento formal con solicitud de detención provisional en contra del dirigente del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social (STISSS), Ricardo Monge, y sus demás compañeros, arrestados durante los desórdenes producidos en el marco de la marcha de los trabajadores en contra de la política gubernamental en la institución. Sobre la naturaleza de la solicitud de la Fiscalía, no hay mucha novedad que comentar. Los responsables de esta institución no saben otra cosa que pedir cárcel para los acusados, independientemente de la naturaleza y gravedad de los delitos cometidos.

Tampoco hay novedad alguna en el hecho de que los representantes fiscales hayan dicho que cuentan con un testigo clave, cuyas declaraciones —se afirma— serían suficientes para condenar a los acusados. De nueva cuenta, esta institución del ministerio público no sabe conducir una investigación donde no haya testigos presenciales (sin importar que sean testigos cabales o pseudo testigos), en quienes suele hacer descansar la robustez de sus pruebas. De modo que las alegaciones de los responsables fiscales no son un camino fiable para hacerse una idea de lo que ocurrió aquel jueves fatídico en que se enfrentaron policías y manifestantes en pleno centro de la capital salvadoreñas, después que algunos enmascarados se parapetaron en la Catedral metropolitana de San Salvador.

La unión de los grandes, la desunión de los pequeños

El primero de mayo, la Unión Europea extendió sus fronteras, incrementando su superficie en un 25% y su población en un 20%. Un total de 450 millones de personas se encuentran ahora dentro de sus límites, convirtiéndola —en términos poblacionales— en el mercado único más grande del mundo; aunque todavía, en términos estrictamente económicos, el bloque más poderoso es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A los quince países que conformaban la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suecia) se les han agregado diez, siendo estos: la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia.

El eterno problema del agua

El tema del agua siempre tendrá vigencia en El Salvador. Con una disponibilidad de ese recurso sumamente limitada y con una gestión poco eficiente, debiera ser una cuestión de primera importancia en la agenda nacional. No obstante, el desconocimiento sobre el tema, la escasa capacidad institucional de quienes gestionan ese recurso y el déficit de cobertura en las zonas rurales del país contrasta con la importancia que merece. Más allá de lo coyuntural, el agua debiera ser un asunto de Estado, sobre el cual ya deberían estarse tomando medidas concretas para mejorar su gestión.

La cuestionable liberación de Irak

Periodista: Señor presidente, usted fue a Irak como parte de su proyecto en el Medio Oriente y para incentivar la democracia en ese lugar. ¿Hasta qué punto usted está dispuesto a ir más lejos para incentivar la democracia? ¿Veremos en el futuro mayores acciones en contra de otros países para incentivar la democracia en ellos, como Siria y...

Presidente Bush: No, yo pienso... Yo pienso que es... Ante todo, usted tiene que entender, señor, que las opciones militares son siempre mi última opción, no la primera, y que podemos promover la libertad sin hacer uso de los militares.

(Entrevista del presidente George W. Bush con la cadena televisiva Al Arabiya, el 5 de mayo de 2004)

Las últimas revelaciones que se han filtrado a la prensa sobre la guerra en Irak demuestran un panorama distinto al de las versiones oficiales. Una foto, tomada subrepticiamente en las bases militares norteamericanas, mostraba una habitación llena de féretros con la bandera de las barras y las estrellas, lo cual plantea que los costos humanos también los están pagando los jóvenes estadounidenses destacados en Irak.

Tormenta de ARENA

La decisión de enviar militares salvadoreños a Irak en una supuesta “misión humanitaria” provocó, desde que se hizo efectiva, una polvareda de opiniones y críticas sobre la validez o inconveniencia de la misma. Hoy, cuando más arrecia el conflicto interno en aquel país y cuando desgraciadamente el Batallón Cuscatlán cuenta con un caído entre sus filas y varios lesionados, los anteriores nubarrones se convirtieron en una verdadera “tormenta de ARENA”. Hay quienes opinan que la tempestad desatada por el Partido oficial, tiene un propósito primordial: devolver el antiguo protagonismo a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Es ese un rol que en épocas todavía recientes disfrutó y benefició al poder económico y político en nuestro país, y que quizás necesite para enfrentar posibles protestas sociales.

Los hechos que sirven para fundamentar tal argumento son múltiples y variados. Entre otros destaca que inmediatamente después de que la noticia de la muerte de Natividad Méndez Ramos se hizo pública, el agonizante gobierno de Francisco Flores y su instituto político pretendieron justificar la continuidad de la participación de tropas salvadoreñas en Nayaf, apelando al honor nacional y el orgullo patrio. El uso de estos términos nos trasladó de nuevo al siglo pasado. Estos conceptos, que ingenuamente muchas personas e instituciones creyeron superados, eran los que habitualmente se ocupaban para justificar hechos aberrantes de violencia. En el otro extremo, el principal partido opositor —el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)— continuó dando “palos de ciego” en medio de sus disputas e indefiniciones internas.

De entonces a la fecha, las críticas de unos y los reproches de otros han servido como cortina de humo sobre el objetivo antes referido. El debate sobre la decisión política a adoptar gira alrededor de dos posiciones: continuar en Irak o salir de éste, como ya lo hicieron varios de los países que apoyaron la mal llamada “coalición internacional”. Sin embargo, las discusiones no han estado a la altura de algo tan trascendental, como es la primera participación de la FAES en una misión internacional después de los acuerdos de paz.

Lejos ha quedado la posibilidad de realizar una discusión seria sobre el apoyo que nuestro país debería prestar a esa “coalición internacional”. La oficialidad salvadoreña ve como punto de honor su posición, mientras observa como una simple huida la otra. Por ello, consideramos necesario revelar ciertas actitudes de algunos funcionarios públicos e “institutos” que —ignorando el derecho internacional— optaron por la arenga social frente a la situación.

En primer lugar, reprobamos la labor del actual Ministro de la Defensa Nacional, Juan Antonio Martínez Varela. Centralizar y ocultar información sobre el verdadero estado del conflicto Irakuí y la suerte de nuestros compatriotas en esas tierras, evidencian que sus actitudes son propias de un militar y no las de un funcionario público que desempeña un cargo estrictamente civil. Ese quehacer, además, se aleja por completo de los principios doctrinarios que —para la Fuerza Armada de El Salvador— se estipularon en el Acuerdo de Chapultepec.

En segundo lugar, mientras acá continúa el bloqueo informativo, la prensa extranjera difundió ampliamente los malos tratos y las torturas a prisioneros de la resistencia civil Irakuí. Según denuncian esos medios independientes, empresas de paramilitares contratadas por las fuerzas invasoras y de ocupación —léase de la “coalición internacional”— cometieron recientemente “abusos delictivos sádicos, ostensibles y gratuitos”. Más aún, Amnistía Internacional reveló recientemente que las fotografías sobre malos tratos a algunos detenidos en Irak son sólo “la punta del iceberg” y que “las tropas de ocupación torturan desde hace meses”. Tal es la presión sobre la administración de George W. Bush, que ya ofreció disculpas públicas y obligó a altos funcionarios de sus fuerzas armadas a pedir perdón por tales hechos.

Las preguntas surgen al instante: ¿Es esa la misión que calificaron como “humanitaria”, en la que Flores se comprometió a participar con tropas que son las únicas de Latinoamérica que en este instante continúan involucradas? Y si los prisioneros sometidos a dichas torturas son calificados como “de guerra”, ¿en qué labores de solidaridad y cooperación está ayudando el Batallón Cuscatlán? ¿Pediría perdón el Ministro Martínez Varela si algún soldado salvadoreño resulta implicado en actos semejantes? A estas alturas no nos van a hacer creer que la situación en Irak, por mucho que quieran decirle “pacificación” a la “ocupación”, no es la de un auténtico conflicto bélico entre la resistencia y los invasores.

Por eso resulta hipócrita la “condena” de este alto funcionario salvadoreño a los actos de tortura conocidos recientemente, pues en realidad desde que inició la agresión bélica contra el pueblo Irakuí —con bombardeos indiscriminados y otro tipo de ataques que causaron, sobre todo, enormes daños a la población civil— se violaron tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Y sus tropas son parte de esa condenable embestida criminal, independientemente de que se quieran disfrazar los acontecimientos. Además, para ser sincera y auténtica, tal condena debería ir seguida de la renuncia a semejante “coalición internacional”.

No cabe duda que, ante este panorama, se debe insistir en la manipulación y el maquillaje que se está aplicando sobre información que es pública. Un ejemplo de eso se encuentra en lo que, poco a poco, va saliendo a luz sobre los sucesos acontecidos aquel fatídico 4 de abril cuando falleció el joven soldado Natividad Méndez Ramos. Ese goteo informativo ha permitido retocar algunos hechos, para aumentar así su trascendencia mediática. Hoy, además de Méndez como víctima caída en la arena del desierto Irakuí y por culpa de la ARENA de acá, ha surgido otra “celebridad”: el cabo Samuel Toloza, encumbrado como héroe nacional viviente por ser el “primero en sacar el cuchillo”. Es tal la apología de éste, que ocupó la primera plana de El Diario de Hoy mostrando a la cámara —orgulloso como nadie— el puñal ensangrentado como prueba de su valor. ¿Valor o un desesperado instinto de conservación que se activó tras quedarse sin municiones? ¡Además de mal pagados, mal armados los pobres!

La raíz de nuestro cuestionamiento se encuentra en que la “colaboración” cuscatleca brindada a los Estados Unidos de América, significa que nuestro país participa en la agresión al pueblo Irakuí. Y esto, según el derecho internacional humanitario —es decir, el “derecho de las guerras”— constituye un acto arbitrario e ilegal que podría ser conocido por el Tribunal Penal Internacional. De ahí que debamos relacionar lo anterior con la reciente ratificación legislativa del convenio de inmunidad que Francisco Flores firmó con su “amigo” George Bush, quien por cierto no lo apoyó en su intento por ser Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según dicho acuerdo, ambos países no entregarán al mencionado Tribunal —cuando los reclame para enjuiciarlos— a militares o civiles estadounidenses y salvadoreños que residan en sus territorios y que sean responsables de crímenes de guerra, actos de genocidio o crímenes contra la humanidad. Eso es un nuevo TLC: “tratado de libertad para criminales”.

No cabe duda que los hechos mencionados y otros están siendo aprovechados para magnificar a la institución castrense. No le basta a sus autoridades pretender nombrar “héroes nacionales” a los integrantes de esa “misión humanitaria”. No. Ya instalaron un salón especial en el museo militar, exponiendo prendas personales de Natividad Méndez Ramos; eso, pese a que su madre se opuso a la celebración de un espectacular funeral para su hijo. Pero además, el gobierno de Flores y la FAES no pierden tiempo ni oportunidad. El viernes 7 de mayo celebrarán con bombos y platillos el día del soldado; asimismo, el jueves 6 trasladarán los restos del general Manuel José Arce, fundador del ejército salvadoreño. De nuevo, estamos viendo hasta en la sopa a “los hombres de verde olivo”

Con esas actitudes, muestra de la evidente centralización y manipulación de las noticias, se pretende lavar la imagen que mucha gente tiene de la FAES y que no ha sido superada con el fin de la guerra. Sin embargo, no es por el camino de la “sacralización” de los soldados en Irak que se logrará tal objetivo; tampoco calificando como “traidores” a quienes muestran disconformidad ante el envío de soldados salvadoreños a aquel país. La Fuerza Armada de El Salvador será bien vista por toda la población cuando se reconcilie con sus víctimas del pasado y contribuya al esclarecimiento de crímenes de la posguerra, como el de Ramón Mauricio García Prieto Giralt y Katya Natalia Miranda Jiménez; cuando sus máximas autoridades no violenten el Estado de Derecho y se acate la legalidad internacional. Mientras tanto, ir a Irak nos seguirá dando ira.

El triste “no” a la Corte Penal Internacional

La Prensa Gráfica nos transmite la esperada noticia: “El Salvador da inmunidad a EUA ante corte mundial. Asamblea ratifica convenio pedido por Washington”. (30.05.04, p. 32) Da pena ver la foto en que los diputados de ARENA y el PCN levantan la mano para emitir su voto patriótico en defensa de la ‘soberanía nacional’. El gobierno de Francisco Flores se despide con el último o penúltimo acto de vasallaje ante el Gobierno de George W. Bush, porque aún queda decir “sí” al TLC con Estados Unidos. Triste pero esperada noticia una vez que nuestro gobierno dio su visto bueno a la anunciada invasión de Irak, hecha por G. W. Bush, en sus discursos del 6 y 16 de marzo 2003, discursos plagados de falacias y mentiras y guerra decidida por ‘la coalición’ contra el parecer del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ECA 2003; pp. 390-397).

Este pacto tiene su historia dentro de Estados Unidos. Bill Clinton firmó el último día de su gobierno los acuerdos que establecían la creación de la Corte Penal Internacional (CPI). Cuando G. W. Bush toma posesión de la Casa Blanca, invalidó la firma de este tratado y buscó una garantía de inmunidad ante la Corte, no sólo para los soldados estadounidenses sino para todos los ciudadanos de su país. “Bush considera que la Corte Penal puede ser una herramienta de persecución política contra soldados y civiles estadounidenses. Bush tampoco quiere comprometerse a entregar a la Corte a ciudadanos extranjeros acusados de crímenes de guerra. Con la oposición de la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU sólo aceptó una cláusula de inmunidad por un año, que hace sólo tres semanas se amplió por un segundo año”. (El País, 02.07.03) Cláusula que no es de extrañar si recordamos que los Estatutos de la CPI han sido ratificados por 90 países de los 191 miembros de Naciones Unidas; sólo cinco países de los quince miembros del Consejo de Seguridad los han ratificado y de las cinco potencias con ‘poder de veto’ no los han ratificado Estados Unidos, Rusia y China (Realidad 2004, p.15)

El Departamento de Estado norteamericano comunicó el primero de julio de 2003 que se suspende la ayuda militar a 35 países que no han firmado el acuerdo de no extradición de ciudadanos norteamericanos ante la Corte Penal Internacional. En agosto de 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó “la ley de protección del personal militar”, extendida ahora a todos los residentes norteamericanos, según la cual no serían entregados a la CPI de La Haya, en caso de ser acusados de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad. La razón es que temen la persecución política motivada por un sentimiento antiamericano creciente a escala mundial. En febrero de 2003, Norman Birbaum, profesor emérito de Georgetown, dijo: “Estados Unidos ya ha transgredido el derecho internacional con el trato dado a los prisioneros que ha hecho en Afganistán o que han sido capturados por gobiernos aliados en otras partes” (ECA, 2003; p. 394). Da la triste casualidad de que al día siguiente en que los patriotas diputados de ARENA y PCN aprueban la ‘soberana inmunidad’, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica presentan algunas fotos sobre el trato inhumano que soldados de Estados Unidos e Inglaterra han estado aplicando a prisioneros Irakuíes (ver las ediciones del primero de mayo de 2004). En recuadro aparecen Tony Blair y G. W.Bush lamentando, con extrañeza, que esos tratos no son propios de las tropas de la coalición. A la inmoralidad se suma la hipocresía.

El Gobierno de los Estados Unidos ha buscado acuerdos de inmunidad con cada gobierno para forzar la firma del llamado artículo 98, con sólo unas pocas excepciones: “el Congreso permite que ni los miembros de la OTAN, ni los aliados estratégicos tengan que rebajarse a firmar ese acuerdo con Washington”. Nuestra ministra de Relaciones Exteriores, María Brizuela de Ávila, se apresuró a suscribir este convenio con la embajadora de Estados Unidos, Rose Likins, con una postdata ‘de buena voluntad’: el convenio establece “que las partes han expresado su intención de investigar y enjuiciar a sus nacionales que hayan cometido delitos de genocidio, de lesa humanidad y de guerra”. Esta postdata nos da la esperanza de que algún día se siente en el banquillo de los acusados a Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, John Ashcroft, Ariel Sharon…

Entre los gobiernos a los cuales Estados Unidos negó la ayuda militar se hallan catorce de América Latina: Antigua, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú, San Vicente y Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Este unilateralismo de Washington “está generando profundas divergencias entre los europeos favorables al refuerzo del sistema internacional y la administración Bush, que ha hecho de la CPI un signo de replanteamiento del unilateralismo clásico”. La organización Human Rigths envió una nota a Colin Powell, denunciando la “presión” de la diplomacia norteamericana sobre algunos países más débiles o más dependientes económicamente de Washington. Esta campaña va a ser contraproducente, porque genera “amargura y resentimiento” contra EEUU.

El Premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, ha celebrado el primer aniversario de la Corte Penal Internacional: “Espero que la perspectiva de ver próximamente a autores de genocidio rendir cuentas ante la comunidad internacional será un duro mensaje a los Estados Unidos sobre los efectos del derecho y de una acción concertada a nivel internacional”. El juez español Baltasar Garzón manifestó su convicción de que “un día u otro, países como Estados Unidos comprenderán que la mejor opción para la paz es la CPI, y vendrán a unirse”. (Le Monde, 02.07.03) Feliz profecía, si hay un cambio de gobierno.

Nuestros diputados de ARENA y de la ‘coalición’, tan preocupados por dejar aprobado el decreto de Ética en la Administración Pública, no han tenido tiempo de seguir las últimas noticias que motivaron la invasión de Irak. Los inspectores de Naciones Unidas, encabezados por Hans Blix, no habían encontrado armas de destrucción masiva en Irak y el 7 de marzo 2003 pidieron más tiempo para la investigación. David Kay, responsable de la misión de 1.400 especialistas de Estados Unidos e Inglaterra, enviados en junio 2003, renuncia a su cargo el pasado mes de enero, afirmando que no había tal programa de producción de armas destructivas. Paul O’Neil, primer Secretario del Tesoro del gobierno Bush, afirma que “la caída del presidente de Irak, Saddam Hussein, era prioridad de la presidencia. Estas afirmaciones de dan en enero de 2001, ocho meses antes de los atentados del 11 septiembre. Paul O’Neil tuvo acceso a un documento, calificado de secreto: “un plan para Irak después de Saddam”, discutido desde enero 2001. La Casa Blanca anunciaba planes de despliegue de fuerzas de paz, tribunales de guerra y también la distribución de las riquezas petroleras Irakuíes”. O’Neil confiesa que en dicho informe no había pruebas de armas de destrucción masiva. El mismo Colin Powell ha admitido que “la presencia de armas de destrucción masiva es una cuestión abierta” (Realidad, 2004; pp. 29-32).

Damos nuestro más sentido pésame a los diputados del CDU, FMLN y a los tres miembros del PDC por la vergüenza que habrán sentido ante los 45 votos que muestran la ignorancia, el vasallaje remunerado y la ruda moralidad de los compañeros del legislativo: “Mano dura dentro y mano blanda fuera”.

Colaboración de Francisco Javier Ibisate, Departamento de Economía de la UCA.