Flores el supremo

El Salvador en la comunidad internacional

Como última noticia internacional relevante para el país, se sabe que el gobierno ha logrado una acreditación para que El Salvador pueda participar en misiones de paz de la ONU. La administración de Francisco Flores logra, así, reconocimiento para el país. En la tónica del reciente discurso del mandatario ante la Asamblea General de la ONU, algunos medios de prensa nacional destacan que lo anterior reafirma la imagen positiva de El Salvador en el mundo. Sería un premio a la experiencia salvadoreña en materias de procesos de paz, a la sólida institucionalidad democrática y el supuesto proceso de profesionalidad exitoso que experimentó las fuerzas armadas nacionales luego de la firma de los Acuerdos de Paz.

El estado de la salud de los salvadoreños

Durante todo el año, la población salvadoreña se ha visto afectada por diversas enfermedades. Los hospitales y clínicas de la red publica se han visto abarrotados por esta causa. Lo llamativo del caso es que las enfermedades que atacan a los salvadoreños resultan ser las mismas cada año. Esto lleva a pensar que el Gobierno de la República aún no tiene programas de salud que encaren esta realidad con eficiencia.

El TLC EEUU-Centroamérica: cada vez más estéril y peligroso

Durante el presente año, las negociaciones del tratado de libre comercio de EEUU con Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés) parecen estarse acercando a una encrucijada. Del 20 al 25 de octubre se llevó a cabo la octava ronda de negociaciones en Houston, Estados Unidos, con resultados magros para los sectores productivos del istmo centroamericano. Las negociaciones de la mayoría de los bienes clasificados en la categoría de “sensibles” por ambas partes, se han postergado hasta la última ronda de negociación. Sin embargo, el problema es que los aspectos a resolver en esta fase del tratado, tendrán efectos colaterales posiblemente irreversibles en el futuro para los tejidos productivos de Centroamérica.

Educación, ¿asunto prioritario?

A juzgar por la cobertura de los medios informativos, el tema de la educación ha pasado repentinamente a ser prioridad de los principales candidatos presidenciales en la actual contienda preelectoral. Elías Antonio Saca, Schafik Handal y Héctor Silva, invitados a un foro organizado por una universidad capitalina, coincidieron recientemente en que debe incrementarse la inversión pública en educación, si el país quiere obtener resultados satisfactorios en ese rubro en el mediano plazo. Al menos formalmente, los candidatos coinciden en que el tema educativo es crucial para alcanzar el desarrollo social, económico y político del país. Sin embargo, tratándose el primer encuentro público entre los candidatos, celebrado a poco más de cuatro meses de los comicios presidenciales, es demasiado pronto para asegurarse de la importancia que los partidos políticos darán a ese rubro en el marco de sus ofertas programáticas.

Elecciones y violencia política en Guatemala

Las elecciones pueden y deben verse como un termómetro de los alcances de las prácticas democráticas en un país. Ciertamente, son un momento de la formalidad de la democracia, pero un momento importante. Una de las cosas que se pone a prueba es la voluntad de los grupos hegemónicos a ceder espacios de poder. En condiciones ideales, los grupos hegemónicos no considerarían a la llamada “alternabilidad en el poder” un hecho traumático. En la práctica de la mayoría de sociedades centroamericanas, la mera posibilidad de hacer concesiones en los espacios de poder —ya no se diga consumar esa “alternancia”— no solamente resulta traumática para esos grupos hegemónicos, sino que sus reacciones suelen ser altamente violentas. Este es el caso de Guatemala ante las próximas elecciones generales programadas para fines del corriente año.

Los berrinches de Sol Bang

Lo positivo del fin de la guerra, la desaparición de los antiguos cuerpos de seguridad y la creación de algunas instituciones —entre otras cosas— no encuentra correspondencia en las actitudes del poder político y económico nacional; en este ámbito es muy poco o quizás nada lo que ha cambiado. Eso lo afirmamos con base a hechos objetivos. Pese a los numerosos esfuerzos realizados desde Casa Presidencial y el dinero que se gasta para maquillar la realidad, ese “liderazgo” se encarga de echar por tierra —sin vergüenzas de ningún tipo— lo que pretende presentar como grandes logros del “proceso salvadoreño”. La última prueba de eso se encuentra en la actual postura de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), condenada por las descargas de agua realizadas desde la Central Hidroeléctrica “15 de septiembre” que anegaron tierras de la zona e incrementaron los estragos causados por el huracán Mitch, a su paso por el país.

El próximo viernes 31 de octubre se cumplirán cinco años del suceso y sus catastróficas consecuencias, producto de la fuerza de la naturaleza y la torpeza humana. Los más altos responsables de la CEL fueron denunciados por estos hechos en los tribunales correspondientes y se siguió el respectivo proceso judicial. Finalmente, se estableció la culpa de sus directores ejecutivos que fueron condenados a reparar los daños causados. Pero, para nuestra sorpresa, hoy esos funcionarios se niegan a cumplir la condena judicial. Los acusados alegan en su defensa que, con la decisión que tomaron hace cinco años, evitaron males mayores. Lo anterior ha sido cuestionado y desestimado por las autoridades judiciales, lo que obliga a los directivos de la CEL a respetar el fallo.

Entre los condenados se encuentra Guillermo Sol Bang, presidente de la Compañía; éste, pese a la sentencia, se resiste a responder como es debido. Para evitar cumplir con la justicia, ha iniciado, junto al resto de sus colegas, una costosa campaña mediática. Frente a la imposibilidad de cambiar la decisión del tribunal, la opción tomada por Sol Bang es la de organizar un juicio paralelo en la prensa para que el público condene a quien resolvió en su contra. Esa actitud nos recuerda mucho el estilo de Francisco Flores, quien desde la Presidencia de la República está presionando con todo al Órgano Judicial para que —contra la Constitución y diversos tratados internacionales, que son leyes internas— apliquen lo imposible: su “Ley Antimaras”.

La campaña de Sol Bang y la CEL, decíamos, incluye la publicación de “campos pagados” en los principales medios de difusión escritos —pagados, obviamente, con el dinero de la gente— mediante los cuales se difama a los tribunales que conocieron el caso. Los responsables “claman al cielo” preguntándose: “¿Dónde está la administración de justicia?”; además, cuestionan con una indignación poco usual: “¿Quién juzga a los juzgadores?”

En realidad, estas conductas no tienen por qué sorprendernos, pues provienen precisamente de alguien acostumbrado a proceder así, por ostentar uno de los “apellidos” que destaca entre los integrantes del bloque hegemónico empresarial del país; además, este señor conserva su cuota de poder político tras haber sido miembro —en varias ocasiones— del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Esas muestras claras de irrespeto a las decisiones judiciales cuando les resultan inconvenientes, son propias de aquellos a los que poco les importa vivir en democracia o dictadura. Eso, en realidad, a ellos no les afecta. Lo único que les interesa y motiva es seguir percibiendo enormes ganancias; por tanto, estarán conformes con el gobierno de turno que les permita seguir enriqueciéndose a costa de la mayoría de la población. Tal es el desprecio del actual presidente de la CEL hacia las “reglas del juego”, que el tribunal que conoce el caso le ha retenido su pasaporte para evitar que se fugue y debe presentarse ante el Juez cada quince días.

El que este funcionario del gobierno “arenero” —quien dicho sea de paso, es la persona con el sueldo más alto en todo el aparato estatal— no quiera cumplir con lo que los tribunales de justicia de nuestro país ordenan, es producto de la soberbia; pero también es fruto del accionar permanente de aquellos grupos que manejan los hilos negros de la impunidad en el país. Porque en El Salvador siguen existiendo personas con el poder suficiente para permitirse el lujo de despreciar la justicia y recordarnos así que, lastimosamente, ésta no es igual para todos en países como el nuestro.

Sol Bang y los otros directivos de la CEL, pretenden mantener vigente la interpretación práctica y antojadiza de un principio fundamental sobre el cual se sostiene un Estado de Derecho. Dicho principio aparece en el artículo 3 de nuestra Constitución, formulado de la siguiente manera: “Todas las personas son iguales ante la ley”. En cambio, la regla no escrita pero ejercitada sobre todo por el poder de facto salvadoreño es la de defender el Estado de Derecho hasta donde convenga —para que unos pocos mantengan sus privilegios— y criticarlo cuando perjudique sus intereses, hasta el punto de violar sin rubor sus principios y normas. Por eso, en coherencia con lo planteado al inicio de esta reflexión, en El Salvador de la posguerra cambiaron algunas cosas en la forma, pero casi nada o nada en el fondo; eso se comprueba cuando la justicia llama a la puerta de los poderosos, sin la fuerza suficiente para imponer el respeto de su espada y equilibrar la balanza.

Según se observa, a estos personajes y a los grupos que pertenecen no les basta con impedir que las víctimas del pasado y del presente —junto a sus familiares— sean atendidas eficazmente por las instituciones encargadas de investigar los delitos y castigar a los culpables, sino que también quieren que los funcionarios judiciales resuelvan siempre a su favor. Así, el ciudadano común y corriente tiene que soportar que sus casos permanezcan sin “moverse” o ser testigo directo de la prepotencia de los delincuentes que —al no estar conformes con un fallo— hacen gala de su poder e insolencia tratando de someter la justicia. Por eso es habitual que, en su mayoría, las muertes que diariamente acontecen en nuestro país queden en el olvido: porque la impunidad se impone sobre las espaldas de las personas y los sectores más débiles.

¿Por qué la CEL no paga? En resumen, ésta sostiene que no se realizó una correcta valoración de los daños ocasionados por las descargas que su presidente —como máximo responsable— autorizó realizar desde la Central Hidroeléctrica “15 de septiembre”. Como lo que debe pagar tiene que salir de su bolsillo, Sol Bang no está de acuerdo y encaprichado se niega a pagar. Lo que todavía no alcanzamos a comprender es cómo este personaje no ha pedido a sus abogados que lo asesoren bien. ¿O será que la actitud que ha adoptado es fruto de lo que éstos le aconsejan? ¿Cómo permiten que continúe con semejante campaña publicitaria, sin explicarle que las valoraciones las debió haber hecho en el momento procesal oportuno y no después? Ahora lo único que puede hacer es callar y cumplir.

Pese a tener en su contra decisiones judiciales, incluso hasta de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una de las pocas argumentaciones que Sol Bang y sus colegas defienden públicamente con pretendida solidez tiene que ver con lo siguiente: que es “responsabilidad del Funcionario Público defender los intereses del Estado agotando las instancias de la ley”. Por favor, ahora insultan la inteligencia de la gente pretendiendo que ésta crea que la CEL vela por el bien común. Si en serio defienden la ley y la constitucionalidad, tendrán que acatar la sentencia judicial.

Al ver cómo el presidente de la CEL desafía al sistema desobedeciéndolo, ¿por qué el resto de la gente debe respetarlo? ¿Quién es él para menospreciar así a la justicia? ¿Acaso es diferente? Él no es ninguna autoridad judicial; por tanto, no puede interpretar las leyes ni las decisiones judiciales; su única responsabilidad es obedecerlas. Pero no; acostumbrados a hacer lo que quieren, los de su talla convierten sus molestias en monumentales berrinches. Más le valdría comenzar a respetar las reglas del juego establecidas; podría empezar por obedecer lo que manda el artículo 235 de la Constitución: “Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes”.