Trayectoria del FMLN

La corrupción en el contexto pre-electoral

Una lectura desapasionada de los periódicos de los últimos días deja la sensación de que la corrupción es un problema de tanta envergadura, que amenaza los mismos cimientos de la incipiente democracia salvadoreña. En este sentido, la nota de 4.5 que le dio la institución Probidad al país escondería una realidad bastante preocupante. Al mismo tiempo que la Fiscalía hace declaraciones más espectaculares sobre la supuesta fortuna amasada por Carlos Perla, ex director de ANDA, El Diario de Hoy recuerda que también la izquierda malversa fondos públicos en las alcaldías que tiene bajo su gobierno. Y, asimismo, en los últimos días, se ha sabido que la Corte Suprema de Justicia ha fallado en su tarea de sancionar a Perla por sus presuntos actos de corrupción. En las líneas que siguen, se plantean algunas reflexiones generales sobre el tema de la corrupción en El Salvador y la manera en la que ella se ha abordado.

Las remesas y el desarrollo en El Salvador

Miles de dólares arriban al país mensualmente en concepto de remesas. Este flujo financiero es producto del trabajo que cientos de miles de salvadoreños realizan en el extranjero. Esos compatriotas han buscado mejores perspectivas de vida en el exterior, al reconocer que no existen verdaderas posibilidades de desarrollo en su país de origen. Cada vez es mayor el volumen de las remesas que entran al país, pero también son más los salvadoreños que dejan su patria en busca de mejores horizontes para sus familias. Así las cosas, las familias pueden llegar a aumentar sus ingresos, pero a costa de la separación familiar, lo cual a la postre tiene importantes repercusiones sociales.

La necesidad de una Economía Solidaria para El Salvador

La necesidad de un cambio estructural en la estrategia de desarrollo de El Salvador se presenta, ahora más que nunca, como una responsabilidad ineludible del Estado. Para entender la realidad económica del país, resulta clave aclarar que la economía de la nación se orienta bajo un modo de producir, distribuir y consumir propio del sistema capitalista.

El Salvador en el Año Internacional del Agua Dulce

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el 2003 Año Internacional del Agua Dulce, dada la importancia de este recurso para satisfacer las necesidades humanas básicas, la salud, la producción de alimentos, la energía y el mantenimiento de los ecosistemas regionales y mundiales. En el caso de El Salvador —en donde no ha habido mucho eco de esta celebración mundial—, la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene desde 2001 que persiste un gran déficit en el acceso al agua en la población rural, especialmente entre la mujer y la niñez; además de la precariedad de los sistemas rurales y la falta de apoyo institucional que los hagan viables. Asimismo, existe un grave deterioro hídrico debido a la fuerte contaminación y a la sobreexplotación de los acuíferos, junto a un débil aparato institucional que dé seguimiento al estado de la calidad del agua y a las políticas orientadas al combate de la contaminación.

El dilema de Honduras

Además de las dificultades que se avizoran en la negociación del TLC con EEUU, quizá el hecho más relevante es la visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Honduras, visita que tiene por objetivo firmar una carta de entendimiento con el gobierno de aquel país. En otras palabras, el FMI llega a Tegucigalpa a poner las cosas en claro en lo que se refiere a su programa de política económica hacia la nación centroamericana.

Las medidas del FMI, diseñadas supuestamente a sacar a los países tercermundistas de la pobreza, no han sido especialmente bienvenidas en Honduras. Las pasadas negociaciones entre el gobierno de Ricardo Maduro y el FMI, que tuvieron lugar en mayo pasado, fueron ocasión de protestas multitudinarias en las calles de Tegucigalpa y en varias carreteras del interior del país. ¿El motivo? El FMI había ofrecido 350 millones de dólares en calidad de crédito, a cambio de reducir plazas en el magisterio y la salud pública. Las protestas fueron reprimidas por la policía y arrojaron un saldo de veinticinco personas heridas, entre agentes policiales y manifestantes, así como siete personas capturadas.

Autoritarismo y separación de poderes

La polémica alrededor del Plan Mano Dura ha crecido en intensidad. Desde su aprobación, el pasado 11 de octubre, el debate en torno a su aplicación o no por parte de algunos jueces ya ha generado acalorados enfrentamientos entre los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, y el de la República, Francisco Flores. Este último expresó el martes pasado su descontento porque —“dice”— que algunos jueces no terminan de aplicar su Ley Antimaras, dejando en libertad finalmente a los pandilleros, quienes —según él— regresan a las calles todavía más violentos. Es decir, que Flores está acusando directamente a los jueces del fracaso del Plan Mano Dura y, en definitiva, de que todavía existan altos niveles de violencia social en el país.

Obviamente, los afectados por acusaciones tan graves no han tardado mucho en dar respuesta. Tal ha sido el enojo de la judicatura, que hasta el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia salió de su cubículo —en el que se había escondido para no dar cuenta del caso ANDA— para regañar a Flores advirtiéndole que: “todas las autoridades, aún el presidente de la República, están obligadas a acatar los fallos judiciales”. Esto al parecer, ha calado hondo en el Presidente de la República.

Ante la firme postura mantenida por diferentes miembros, de todos los niveles, del Órgano Judicial, que han manifestado públicamente su rotunda oposición a una ley como esta, Francisco Flores ha replicado sacando su “caja de lustre”, para ofrecernos su lado más autoritario y beligerante. “Vamos a luchar hasta superar todos los obstáculos que nos ponen los políticos y los jueces que protegen a estos criminales”

Señor presidente: ¿Acaso sus palabras son una amenaza para todas aquellas personas que discrepan o se oponen a “su” plan? ¿Acaso cree usted que la Constitución y las leyes son un verdadero obstáculo para la puesta en práctica de la “Ley Antimaras”? ¿O pretende pasar por encima de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia?

Alguien le tendrá que aclarar, señor presidente, que el hecho de que usted esté ocupando el sillón presidencial, no significa que pueda hacer todo lo que quiera y en la forma que quiera. A lo mejor tendrá que solicitarle a sus asesores que le vuelvan a explicar cuáles son las fundaciones del Estado de Derecho y de la democracia, pues es obvio que hay una regla básica, que forma parte de la organización política de los países desde hace mucho tiempo y que usted no entiende: la existencia de la separación de poderes. Es decir, que en la Asamblea Legislativa los diputados y diputadas se encarguen de hacer las leyes; que usted se responsabilice en aplicarlas y en gobernar diligentemente; y que los jueces dictamen el grado de incumplimiento que en concreto, han realizado las personas o grupos respecto de estas leyes. Eso sí, hay que tener muy claro también que cada uno de ellos realizará estas actividades con independencia —sin que los otros dos le digan cómo lo tiene que hacer—, pero respetando siempre los límites que marca la Constitución. Si tras cuatro años de vivir en Casa Presidencial, Flores no ha comprendido todo eso, no somos nosotros los que tenemos que pagar los platos rotos de su desastrosa formación política.

Pero lo que sí no podemos tolerar es que, se autonombre vocero de las familias que han sido víctimas de las maras delincuenciales, y basarse en ello para supuestamente “aconsejar” a los jueces que apliquen la Ley Antimaras. Bien debería saber que no se puede pretender aparentar lo que no se es. Y esa es otra cosa que le tienen que explicar sus asesores: que existen marcadas diferencias entre el significado de los verbos ser, estar y parecer.

Puede ser que el presidente esté poniendo sus mayores esfuerzos por que este plan tenga éxito a cualquier precio. Pero, ni por asomo puede considerársele un defensor de las víctimas más indefensas, como lo fue Monseñor Romero, ni tampoco se acerca a parecerlo. Por tanto, resulta altamente cuestionable que ahora quiera salir en defensa de los que sufren los embates de las maras y de otras muchas víctimas de la violencia social cuando, precisamente en sus cuatro años de mandato no ha dado muestras serias de querer enfrentar el problema delincuencial y como aderezo, ha sido uno de los artífices de la impunidad en el país. O, ¿acaso no es reirse de las víctimas decir que los delitos cometidos por los miembros de su partido político durante la guerra deben quedar en el olvido? ¿Acaso no cree que esta gente sabe que usted no es una persona de palabra ni de fiar? El mejor consejo que podemos darle es que se limite a lo que le corresponde: prevenir la delincuencia, detener a los delincuentes y presentar a los tribunales las pruebas legítimas de un delito, que vayan más allá de la portación de un tatuaje.

Sin embargo, todo parece indicar que el primer mandatario seguirá empeñado en no dar su brazo a torcer. Para defender su postura y no ser él el único que reciba críticas ha vuelto a formar un “comité de expertos”, es decir, de amigos y allegados, para que le apoyen en esta su presunta cruzada contra la delincuencia juvenil organizada. El “quinteto” está integrado por los “hombres fuertes” del presidente. Ellos son Francisco Bertrand Galindo, el antes ministro de Gobernación y ahora secretario de asuntos jurídicos y legislativos de la Presidencia; Conrado López Andreu, el actual ministro de Gobernación; Juan José Daboub, quien funge como ministro de Hacienda y Secretario Técnico; Juan Antonio Martínez Varela, ministro de la Defensa Nacional; y Ricardo Meneses, Director de la Policía Nacional Civil. Esta comisión especial del Ejecutivo tuvo su primera comparecencia el pasado martes 21, ofreciendo una muestra del autoristarismo y la soberbia con que están dispuestos a imponer su plan. Allí “pidieron” públicamente, a los administradores de justicia, evitar el “prejuzgamiento” de la normativa especial —de la Ley Antimaras— y, a la Asamblea Legislativa, que apruebe las reformas pertinentes a las leyes “garantistas”.

El tono de la rueda de prensa aumentó conforme iban interviniendo cada uno de ellos. Bertrand Galindo, consideró que se necesita una contrareforma a las leyes que han beneficiado a los delincuentes en el país en los últimos 10 años. Es decir, que reconoce que el trabajo que él hizo por confeccionar la Ley Antimaras está mal hecho, porque a la semana de su puesta en vigor asume como mal necesario la implementación de nuevos arreglos. Lo que sorprende es que afirme y admita públicamente que lo hecho por los sucesivos gobiernos de ARENA, en materia de seguridad pública, ha servido únicamente para incrementar la impunidad de los victimarios y la cantidad de víctimas fallecidas.

Pero la intervención más amenazante fue la del ministro de Hacienda, quien se refirió a la posibilidad de que los menores que cometan delitos graves puedan ser procesados como adultos. Daboub afirmó que, por parte del Gobierno, “existe toda la disposición para renunciar a los tratados que se tuviesen que renunciar para atender la situación que, en este momento, es sumamente crítica”. Bueno, acá conviene aplicar el dicho: “zapatero a tus zapatos”, ya que es claro que el trabajo y la especialidad de Daboub son los números y no las leyes. El problema es que el gobierno ha dejado que le estalle en las manos el problema de la delincuencia, y esto ha sido por negligencia, cuando no por malicia. Por eso, cuando finalmente se deciden a actuar lo hacen tarde y mal.

Es indignante que, los miembros del gabinete del candidato a la presidencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), se planteen —como una de las posibles medidas efectivas para imponer su plan— la ocurrencia de renunciar y dar marcha atrás en los avances que han supuesto la suscripción de los tratados internacionales que hoy forman parte de nuestras leyes. Además, supondría un enorme retroceso para nuestro Estado de derecho. Consciente del gravísimo error producido con el exabrupto del “tinterillo” Daboub, Galindo intentó suavizar sus palabras considerando que no hay necesidad de renunciar a estos porque “la ley —Antimaras— tiene base constitucional y los jueces deben aplicarla”. A cada cual peor.
La cereza del pastel la puso el director de la Policía Nacional Civil. Según Ricardo Meneses, más del noventa por ciento de los mareros que son capturados están siendo liberados. La policía ha capturado hasta la fecha a 3867 de ellos, pero sólo 387 continúan procesados. “No importa cuantas veces salgan libres”, asegura Meneses, para quien “las veces que sean necesarias por los delitos que están cometiendo los vamos a procesar”, sin importarle si en esos procedimientos sus subordinados cumplen con lo que las leyes les ordenan. Según las resoluciones judiciales, la forma en que los agentes de la PNC proceden a la captura y remisión de pandilleros a los tribunales termina por ser un procedimiento inaplicable, que permite la puesta en libertad inmediata por falta de pruebas legítimas. Eso sí, para que puedan enmendar sus errores, se les ha otorgado una partida presupuestaria extra de dos millones de dólares, para una “mejor implementación” de la segunda parte del plan; y se ha dotado de un armamento más sofisticado tanto a la Policía como al Ejército. No hay dinero para salud ni educación, pero sí para el “plan mano dura”. Menos mal, que en números sí es experto el flamante Ministro de Hacienda.