Derecha malinchista

Los consejeros internacionales
de ARENA

El partido que se ufana de su nacionalismo tiene unas costumbres bastante curiosas que se alejan notoriamente de su credo político. ARENA y sus portavoces en la prensa nacional no toman en serio consideraciones políticas, económicas o sociales sobre su desempeño si no provienen del exterior, por parte de “analistas” que ellos mismos se encargan de anunciar con bombos y platillos, alabando sus supuestos conocimientos incomparables de la realidad nacional. Curiosamente, las convicciones nacionalistas de los dirigentes areneros son tan débiles, que no alcanzan para dejar en manos de sus analistas locales su percepción de la realidad nacional.

¿Un cambio en las directrices
del comercio mundial?

En septiembre se llevará a cabo la reunión de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El cónclave tiene un carácter especial, ya que del mismo se derivarán consecuencias sumamente importantes para el desarrollo del comercio global en el nuevo siglo. En él participará un grupo de países desarrollados que buscan impulsar y profundizar el modelo de comercio que ha caracterizado el intercambio entre los países en los últimos años. También se hará presente una buena parte de países en vías de desarrollo, cuyos portavoces consideran necesario efectuar cambios profundos en el modelo de comercio mundial actual.

La séptima ronda
de negociaciones del TLC

El camino hacia el tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica se está tornando cada vez más difícil. Las rondas de negociaciones que se han dado hasta la fecha han seguido una tónica de desorganización y falta de unidad por parte de los países centroamericanos. Esto ha sido así, precisamente a la hora de abordar el tema de los productos sensibles que se espera exportar desde la región. Por otro lado, las fisuras mostradas por el Istmo han sido aprovechadas inteligentemente por su contraparte estadounidense, exigiendo cada vez más concesiones en cada ronda que se produce. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿cuáles son los peligros que acechan a Centroamérica? ¿Qué arriesga El Salvador hasta este punto de las negociaciones?

La falacia de la prisa

Tres prácticas peligrosas acompañan al actual debate surgido a propósito de la puesta en marcha del Plan “Mano dura” del presidente Francisco Flores y la Ley Antimaras que pretende darle sustento jurídico. La primera consiste en esconderse tras la urgencia de atender un complejo problema como lo son las pandillas juveniles en El Salvador, para impulsar y defender una medida represiva y a la postre ineficaz; paralelamente, ceñirse a una ley discutible desde todo punto de vista y exigir su pronta aprobación. Esta puede ser llamada la falacia de la prisa.

Política y negocios en Costa Rica

El tema de la financiación de los partidos políticos en Costa Rica está causando incomodidades en diversos sectores de ese país. Poco después de que salieran a la luz los cuantiosos donativos que el presidente Abel Pacheco (Partido Unión Social Cristiana, PUSC, en el gobierno) recibiera para su campaña, sin que estos se declararan ante las autoridades electorales, se denunciaron irregularidades en el fideicomiso que el opositor Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata), creara para sufragar los gastos de la campaña de su candidato, Rolando Araya.

Análisis de la “Ley antimaras”

Conscientes de la gravedad de la situación —a la que se ha llegado por deficiencias que no vienen al caso abordar en este breve comentario— y animados por el sincero afán de encontrar soluciones verdaderas y perdurables a la problemática, luego de un estudio profundo de la “Ley Anti Maras”, concluimos que la misma es innecesaria, inconveniente e inconstitucional. Pero a la vez, en el documento elaborado al respecto —que hicimos público en el reciente “Primer Foro Taller sobre la Ley Antimaras”, organizado por la Asamblea Legislativa— se proponen reformas puntuales al Código Penal y a la Ley del Menor Infractor; reformas que, sin violentar la Constitución ni la legislación internacional correspondiente, por un lado procuran la persecución firme de las actividades de lictivas en las que incurran miembros de dichas pandillas y, por el otro, dimensionan en su justo valor los derechos de las víctimas que —en muchas ocasiones— son los más olvidados por quienes elaboran, proponen y aprueban las leyes.

No obstante lo anterior, queremos dejar constancia de que ninguna reforma en la parte represiva del delito podrá encarar con éxito este fenómeno nacional de enorme gravedad, si no se impulsan otro tipo de medidas de carácter social, económico, educativo, cultural, recreativo y psicológico, que estén dirigidas a fortalecer la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente. En tal sentido, se deben rescatar los esfuerzos realizados desde hace más de dos años para consensuar la Ley de la Juventud, dentro de la cual se incluyen políticas e instituciones que facilitan y propician la incorporación de estos jóvenes, generando un verdadero proceso de desarrollo y productividad. Tampoco se puede obviar el anteproyecto de la Ley del Voluntariado, cuyo eje fundamental es la juventud.

En ese marco, es claro que el calvario vivido por muchos y muchas jóvenes en el país —previo a integrar una pandilla— no los exonera de responsabilidad penal cuando quebrantan la ley. En esto hay que ser muy claros; máxime si sus manifestaciones de violencia son muy graves y sus víctimas alcanzan a un importante segmento poblacional. Lo que debe quedar bien establecido y entendido es que las medidas coercitivas —sin lugar a dudas, absolutamente necesarias para enfrentar y disminuir los daños que ocasionan algunos miembros de “maras”— no tendrán el impacto esperado si no se activan otras disposiciones eficaces dirigidas a enfrentar los factores que posibilitan la existencia de estos grupos.

Respecto al mencionado análisis realizado, cabe señalar los siguientes aspectos. En la situación que aquí se examina, debe destacarse que dentro de la proyectada “Ley Anti Maras” —inserta en la ejecución del Plan “Mano dura” y punto de honor del Presidente Francisco Flores— es posible detectar contradicciones e incluso infracciones de mandatos constitucionales. Para el caso, la normativa propuesta define el concepto de “mara” valiéndose de una serie de elementos que, por una parte, repiten conductas ya tipificadas en el Código Penal (lo relativo a las asociaciones ilícitas, por ejemplo); a la vez, adolece de graves carencias en la redacción de los delitos contenidos en esta ley, lo que infringe los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Los ejemplos son numerosos, pero ofrecemos sólo algunos de ellos.

Al “señalar segmentos de territorio como propio” o el marcar el cuerpo “con cicatrices o tatuajes”, de aprobarse la ley tal cual la presentó Flores, puede dar lugar a que se sancione a todas aquellas personas que materialmente coincidan con las descripciones mencionadas pero que, sin embargo, se encuentren ajenas a la actividad delincuencial. Otro ejemplo de los errores de la ley lo constituye el pretender sancionar, sin distinción, a todo aquel que porte piedras u objetos contundentes. Con ello, se podría llevar a la cárcel a los que trabajan para pedreras o a los que lleven una piedra para colocarla en la llanta trasera de su vehículo para evitar que éste descienda en una pendiente; o, peor aún, a los que lleven libros gruesos, leña, sillas, hierro o ladrillos de construcción, pues son objetos contundentes y estaría prohibido portarlos. Únicamente estaríamos autorizados para llevar agua en bolsas y objetos elaborados con “durapax”, si esta ley entrara en vigor.

La Ley “Antimaras” se critica con fundamentada razón. Por ejemplo: establece en su artículo 30 que los agentes policiales se encargarían de promover la acusación penal y de alegar argumentos en los juicios ante los tribunales; o los abogados del Director General del cuerpo. Con ello, en las salas de jurados del país los agentes policiales harían el papel de fiscales o abogados, y seríamos el primer país del mundo en que los litigantes no tendrían el título de abogados, sino que bastaría con que posean un uniforme azul negro, una placa, una gorra y una pistola, como credenciales para ser profesionales de las Ciencias Jurídicas. ¿Cómo pretenden que los diversos sectores aceptemos que los policías sean abogados de la noche a la mañana? ¿Se sentirá satisfecha la población de saber que desde el momento que entre en vigencia la ley, los escritos jurídicos y los alegatos orales estarán a cargo del mismo agente de policía que también da instrucciones de tránsito cuando no funcionan los semáforos? Esas son algunas de las cosas que se le critican a la “Ley Anti Maras” y por las cuales se considera que la misma es inconveniente para el Estado de Derecho del país.

Todo esto nos lleva a concluir con una premisa fundamental: el Derecho Penal es sólo uno de los componentes —y quizás el menos efectivo— para enfrentar el fenómeno del delito. Esto es así, porque la normativa punitiva es el “derecho del fracaso”; es decir, aquel que interviene cuando todo lo demás ya falló. Por eso, el hecho de que autoridades gubernamentales estén depositando sus esperanzas en detener la criminalidad mediante la mayor penalización de conductas y el agravamiento de las penas, es una ingenuidad sospechosa de su parte o un premeditado y malicioso engaño para la población. No obstante, se debe reconocer que el problema delincuencial que generan miembros de las pandillas conocidas como “maras“, es grave y debe ser atendido con urgencia; por tal motivo, a continuación resumimos algunas de las reformas puntuales al Código Penal y a la Ley del Menor Infractor, como parte de una estrategia integral que debería consensuarse y ser impulsada en serio para enfrentar con éxito esta manifestación del fenómeno criminal en El Salvador.

En lo que toca al Código Penal, proponemos la reforma del vigente artículo 345, relativo al delito de Asociaciones Ilícitas. Dicho artículo quedaría redactado y aprobado de la siguiente manera: “El que tomare parte en una agrupación, organización o asociación que se reúna y actúe para agredir o amenazar a terceras personas, lesionar la integridad física o atentar contra la vida de las personas, dañar los bienes públicos o privados, ocasionar alteración grave del orden público o para cometer cualquier delito, será sancionado con prisión de dos a ocho años. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones correspondientes en que se incurriera por la consumación de otros delitos. Los dirigentes, cabecillas, jefes o promotores serán sacionados con prisión de seis a doce años” A todas luces, esta redacción es más severa que la propuesta dentro de la llamada “Ley Anti Maras”

Pero, además, al revisar la Ley del Menor Infractor y constrastarla con los índices de violencia generados por personas menores de 18 años, se advierte en ella que los intereses de las víctimas se encuentran poco atendidos; así las cosas, sería de justicia y equidad procurarle a éstas mayores derechos y alternativas. Eso no significa que sea pertinente habilitar a las y los menores para ser juzgados como adultos. Debe quedar bien claro: lo que se propone son algunos ajustes que se consideran necesarios a esta ley, con el objeto de fortalecer los derechos de las víctimas y de una sociedad que, sin lugar a dudas, está siendo afectada —entre varios problemas más, fruto de una inadecuada conducción del país durante la posguerra— por la delincuencia juvenil. En ese marco, no dejamos de lado la primordialidad de la función educativa de las medidas de internamiento para los menores; lo que proponemos es añadir cierto carácter de justicia para las víctimas y de protección para la sociedad, recomendando para ello —entre otras cosas— el incremento de su duración.

En definitiva, lo que queremos es que se alcance el equilibrio necesario, que resulta muy bien establecido por Baltasar Garzón, Juez de la Audiencia Nacional de España, en el discurso que ofreció para la clausura del “Primer Congreso Iberoamericano contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo”, el pasado 21 de agosto. El magistrado señaló: “El legislador y las instituciones tenemos unos límites marcados por la Constitución y el Estado de Derecho. La cuestión es cómo determinar una serie de normas que hagan compatible los intereses de la persona investigada y los de la so ciedad que necesita de investigación exitosa”.