PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 24
número 1059-1060
agosto 13, 2003
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: El irresuelto problema de las maras

Política: Manipulación política de un problema social

Economía: El presupuesto nacional y las pandillas

Sociedad: La sociedad del miedo

Derechos Humanos: Cuatro mitos sobre las pandillas (I)

 
 
Editorial


El irresuelto problema de las maras

 

El gobierno del presidente Francisco Flores ha decidido enfrentar el problema de las maras con la simple y pura fuerza. Atrás han quedado los esfuerzos por buscar soluciones más integrales a los desafíos planteados por la juventud marginal del país, de la cual las maras constituyen la parte más llamativa y conflictiva. La fuerza y la violencia imponen sus fueros ahí donde han fracasado el diálogo y la razón: tal es lo que le ha sucedido al gobierno de Flores, que recurre a la coerción porque se ha quedado sin argumentos para lidiar con un problema social que se le ha escapado de las manos.


Los voceros del gobierno pretenden dar legitimidad a algo que no la tiene, es decir, al uso de la violencia estatal contra un segmento de la población al que sistemáticamente se ha desatendido. Para ello, están siguiendo la vieja estrategia de demonizar a quienes están en el punto de mira de la coerción estatal. La propaganda gubernamental contra las maras sólo recuerda la realizada en las décadas de los años setenta y ochenta contra los “comunistas asesinos y terroristas”, desde la cual se creó un clima destinado a justificar los asesinatos, desapariciones y torturas de cualquiera que profesara ideas y opciones distintas a las avaladas por el poder de turno. La lógica es simple, pero efectiva: se suprime la dignidad humana del “enemigo” —endilgándole las peores perversiones—, para luego tratarlo como se merece, es decir, como algo menos que una bestia salvaje, contra la cual se debe (y se puede) proceder sin ninguna contemplación.
El discurso del gobierno es, pues, simple: los “enemigos” del gobierno son las maras. Se trata de un enemigo de alta peligrosidad: los miembros de las maras son asesinos, delincuentes y terroristas. Además, se trata de un enemigo numeroso, pues, según voceros del gobierno, son alrededor de treinta mil jóvenes los integrantes de esas pandillas. ¿Qué hacer ante semejante “amenaza”? Para Flores y los suyos, la respuesta es clara como el agua: aplicar la fuerza y la violencia del Estado, sin contemplaciones de ninguna especie.
Ciertamente, Flores y sus asesores no están solos en esta cruzada contra las maras. No han faltado quienes, desde fuera del gobierno, han clamado por medidas más drásticas —como por ejemplo, la pena de muerte— contra sus miembros. Algún editorialista o comentarista de la prensa de derecha ha hecho ver que, en su opinión, las maras son una avanzada del FMLN, al igual que en su momento lo fueron organizaciones de estudiantes de secundaria como el MERS. Tampoco han faltado quienes, no sin sorna, han desestimado planteamientos sociológicos y económicos que se han esforzado por entender el problema de las maras de una forma más integral, esto es, como un problema que no es ajeno a la situación de exclusión socio-económica en que vive una buena parte de la juventud salvadoreña. Estas voces no sólo le hacen el juego al gobierno, sino que contribuyen a crear un clima de opinión que fomenta la intolerancia, los abusos de autoridad y la prepotencia.


En sociedades segmentadas como la salvadoreña, los grupos sociales marginales son siempre los que se llevan la peor parte de todo. Son los que tienen menos oportunidades económicas, educativas y culturales; son los que viven en peores condiciones y los que desarrollan los hábitos morales más precarios. Pobreza material y pobreza moral: esa es la realidad cotidiana de los marginados salvadoreños. Entre la población joven de El Salvador hay un segmento que vive en condiciones de marginalidad extremas, no por decisión propia, sino en razón del ordenamiento socioeconómico vigente. Esta es la cantera de las maras. Obviamente, no todos los jóvenes en condiciones de marginalidad extrema son integrantes de maras. Muchos de ellos sobreviven sin violentar la legalidad prevaleciente, pero al borde de la misma. Otros muchos, sin tatuarse ni estar integrados en pandillas, hacen lo que pueden —dentro y fuera de la legalidad— para conseguir el sustento diario. Para otros, en fin, la mara es una opción de vida, con todos los riesgos que ello conlleva.


Ningún joven marginal está condenado irremediablemente a ser parte de una pandilla juvenil. Creer tal cosa es absurdo. Pero también lo es no tomar en cuenta que la mara es una de las pocas opciones de vida que tiene quien se ha criado en barrios y colonias marginales, rodeado de miseria y sin esperanza alguna de que su futuro pueda cambiar. Si se repara en sus otras opciones, no son mejores: limpiar parabrisas, vender dulces en la calle, acarrear bultos en el mercado o esperar a que una persona de buena voluntad le ofrezca algún trabajo temporal de lo que sea. Para quienes gustan de la tranquilidad a cualquier precio —conservadores de todos los colores y sabores— lo peor que pueden hacer los jóvenes marginales es andar en pandillas, tatuados del cuerpo y haciendo graffitti en las paredes. Esa anomalía —esa ruptura de la normalidad— los incomoda, porque les hace sentir que algo fuera de su control está sucediendo en los barrios y colonias donde viven los más pobres de los pobres.


Para quienes la existencia de grupos sociales marginales es algo natural, todo estaría bien con los jóvenes que integran las maras si no hicieran tanto ruido, si no se hicieran tatuajes, si no violaran las leyes, robaran o se mataran entre ellos, es decir, si aceptaran su situación de exclusión social con resignación y pasividad. Su rebeldía —una rebeldía apolítica, marcada por la violencia insensata contra ellos mismos y contra una sociedad que los rechaza— no puede ser tolerada, porque pone de manifiesto una grave fisura en el tejido social y porque desafía la tranquilidad de los poderosos, cuyos niveles de bienestar y consumo les impiden caer en la cuenta de lo que significa no contar con lo básico para sobrevivir día a día.


Ser joven y marginado social, económica y culturalmente no implica, mecánicamente, ser de una mara. Pero sí es una de las condiciones para ello. Ciertamente, los jóvenes marginales pueden adscribirse o no a una pandilla, pero ésta es una de las posibilidades que tienen para realizar (o frustrar) su vida. Ofrecerles otras posibilidades de realización personal y grupal es un desafío de primera importancia, si lo que se pretende es resolver el problema de forma integral. Crear esas posibilidades no es sencillo ni barato. Es más rentable políticamente perseguirlos y encarcelarlos, es decir, hacerlos objeto de la violencia estatal. Esta es la apuesta del gobierno de Flores y del partido ARENA: obtener réditos electorales a partir de los “éxitos” que se puedan cosechar de la represión estatal sobre un sector de la sociedad.

G

 

Política


Manipulación política de un problema social

 

El presidente Francisco Flores anunció, en un espectáculo para la prensa, el martes 22 del pasado mes de julio, un plan para combatir a las pandillas juveniles —conocidas como “maras”— que operan El Salvador. Como era de esperarse, el anuncio dio paso a una serie de reacciones en las que, una vez más, se han cristalizado las opiniones y objetivos contrarios que animan a los diversos actores de la vida política nacional. El partido ARENA no perdió la oportunidad para reiterar a los incrédulos su respaldo total al plan de Flores. Además, sus voceros se toman la libertad de resucitar su vieja cruzada a favor de la instauración de la pena de muerte para los considerados “antisociales”.


La izquierda, por su parte, fijó posición en torno a una iniciativa que considera de corte populista, cuyo propósito no va más allá de la necesidad de ganar votos en las próximas elecciones. Para los líderes del FMLN, el plan “Mano dura” de Flores no ofrece una solución definitiva a la problemática de las pandillas juveniles. Además, pretende revivir un esquema autoritario, ya probado en el pasado y que dejó recuerdos amargos al país. Lo peor, por otro lado, según la izquierda, es que este plan renuncia a la idea de buscar la integración social de los jóvenes.


Algunos actores de la sociedad civil, en cambio, han presentado un análisis más detenido de la problemática. Éstos reconocen el flagelo de las pandillas para la población más pobre del país. Sin embargo, se cuestionan acerca de la decisión del presidente que privilegia un enfoque policíaco para un problema de carácter eminentemente social. Además, se recalca que dada la amplitud que ha alcanzado la delincuencia juvenil, difícilmente se podrá solucionar sin un plan de envergadura en que estén involucradas muchas más instituciones que las que se prevé en el plan gubernamental. Además, la idea de una ley especial de aplicación temporal a un tema tan serio, es otro motivo que despierta sospechas sobre la verdadera intención del presidente Flores.


Para muchos, además, este sorpresivo Plan evidencia de manera clara el fracaso gubernamental en el enfrentamiento del problema de la delincuencia juvenil y, más en general, de la violencia social. Los múltiples discursos de Flores acerca de la necesidad de resolver el problema de la violencia en el país no han aportado resultados concretos. En esta materia, sus cuatro años en Casa Presidencial han sido totalmente desaprovechados. La “Alianza por la seguridad”, uno de los pilares de las propuestas de gobierno de Flores, cuando recién iniciaba su mandato, ha derivado en un burdo intento represivo, cuyo objetivo primordial es crear la sensación de eficacia ante una población frustrada y desesperada no sólo por la delincuencia, sino por la pobreza, el desempleo, los incrementos impositivos y la incompetencia de las autoridades para responder a sus demandas.


Por otro lado, los términos en que está formulado el proyecto de ley del Presidente deja mucho que desear sobre los pretendidos avances democráticos y de respeto a la libertad de las personas que proclaman muchos dirigentes políticos areneros. Además, el Plan “Mano dura” contra las pandillas, en algunos pasajes, impulsa claramente un proyecto de apartheid social en El Salvador. Si bien no sorprende que los sectores afines al gobierno manifiesten su deseo de terminar con los excluidos vía el encarcelamiento o el exterminio, roza lo absurdo cuando pretenden “considerar como asociación ilícita denominada mara o pandilla aquella agrupación de personas que actúen para alterar el orden público o atentar contra el decoro y las buenas costumbres o que se marquen el cuerpo con cicatrices o tatuajes”.


Una iniciativa de ley de una tonalidad tan ambigua da la sensación que el gobierno de Flores está decidido a perseguir a todos los pobres de El Salvador, sobre todo cuando protesten públicamente por sus inhumanas condiciones de vida. Curiosa manera, sin duda, de comprender su misión un partido que se autodenomina el abanderado de las libertades ciudadanas. Sin embargo, su propuesta de combate a la delincuencia estigmatiza a una categoría de los salvadoreños, la juventud marginal. Además, en una actitud que riñe con la legalidad constitucional, decide exterminar o encarcelar a los pandilleros en vez de enfrentar el desafío social que significa su constante aumento en número. Flores pretende establecer un estado policía, en la mejor tradición de los gobiernos militares autoritarios, como medida de enfrentamiento a los problemas de exclusión social de grandes sectores de la población.


Los dirigentes areneros no se toman la mínima molestia en considerar las posibles fallas judiciales de su plan. La idea de llevar a la cárcel a ciertas personas con argumentos basados tan sólo en su apariencia física o en sus opciones culturales riñe con las leyes más elementales sobre los derechos humanos. El artículo 12 de la Constitución consagra este derecho, sustentado asimismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.


Las autoridades judiciales han dado una muestra de comprensión de la trascendencia del asunto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, recalcó la necesidad de una discusión en profundidad de todos los actores de la sociedad para encontrar la mejor manera de enfrentar el problema de la delincuencia juvenil. Muchos jueces del país han advertido sobre el carácter ilegal de la iniciativa presidencial y del ilícito que cometen los policías al apresar sin fundamento alguno a ciudadanos salvadoreños de quienes se pretende criminalizar su forma de vestir, hablar, comportarse o marcarse su cuerpo —que es, dicho sea de paso, la propiedad por excelencia de cada ser humano—.

Aristas políticas de la cuestión
Las acusaciones de la oposición acerca del carácter puramente electoral del proyecto presidencial habían sido rechazadas por miembros de ARENA y el responsable gubernamental del Consejo Nacional de Seguridad, Salvador Samayoa. Si bien éste reconoció que el plan tenía algunos problemas, consideró descabellada la acusación según la cual se trataba de una maniobra política para captar votos en las siguientes elecciones. Samayoa invitó a los legisladores de la oposición a una discusión profunda del asunto para aportar respuestas tangibles al sufrimiento de la población.


Sin embargo, un documento divulgado por la prensa en que los dirigentes de ARENA invitan a sus funcionarios a ponerse en orden de combate para ganar votos en base a las simpatías que va a aportar la lucha contra las maras, contradice totalmente al funcionario en cuestión. Un documento interno del partido oficial ve en el “Plan Antimaras” una verdadera oportunidad política. “La iniciativa “Mano Dura” —reza el documento— y su respaldo por el 95% de los votantes significa una oportunidad inmediata para que el Partido se vincule con un tema ganador. El gran respaldo por esta iniciativa permitirá al Partido llegar en las mejores condiciones a los votantes de todos los partidos”.


Y, para que sea efectiva esta oportunidad, el documento del COENA pide que se involucren en la lucha todas las instancias del partido. Se les imponen unas metas específicas: “recolección de firmas ciudadanas, de personas residentes en los lugares en donde se ejecuta el Plan Mano Dura para: agradecer al presidente por el plan y solicitar la permanencia de la FAES y PNC en esas comunidades y pedirle a la Asamblea Legislativa la aprobación de las reformas legales presentadas por el Presidente”. Todas estas acciones, según los dirigentes areneros, se sitúan en la línea de llegar en mejores condiciones en las próximas elecciones. Esto arroja luces sobre las intenciones electorales que lleva el proyecto de represión en contra de las pandillas juveniles.


Ahora bien, conviene hacer algunas reflexiones sobre la “politización” del plan en contra de las pandillas impulsado por Flores y su partido. En primer lugar, no es extraño que el partido oficial haya ideado un plan para llamar la atención de la población en un contexto pre-electoral. Desde que se conocieron los resultados de las elecciones de marzo pasado, el presidente Flores se ha venido moviendo en esta línea. Los anuncios de medidas para mejorar la economía familiar como la publicitada reducción en el precio de la energía eléctrica, el pretendido aumento del salario mínimo, entre otras, iban en este sentido. Además, antes de que el tema de la delincuencia se volviera otro motivo de ataques en contra de ARENA, era previsible que las autoridades gubernamentales tratasen de revertir la situación.


Sin embargo, otro comentario merece la instrumentalización que han hecho los dirigentes areneros de la policía y del ejército, en su afán de conseguir votos. Desde que se dieron a conocer las intenciones del presidente de lanzar su ofensiva en contra de las maras, los policías y las autoridades militares han aparecido en los espacios mediáticos para defender la postura gubernamental. El Director de la policía y sus comisionados se han convertido en unos ministros más del gobierno de Flores. No han parado de defender lo que consideran necesario para responder al flagelo de las maras. Los voceros del gobierno llegaron a calificar de irresponsable o de estar a favor de los delincuentes a quienes se oponen a su plan de corte autoritario.


Toda la parafernalia que ha acompañado el Plan “Mano dura” se ha hecho pasando por encima de las leyes del país. La Asamblea Legislativa ha sido vilipendiada por cuantos ministros se hayan referido al tema. Los delegados del presidente se olvidaron de todos los preceptos constitucionales que consagran la independencia de los poderes del Estado. A los diputados de oposición los pintaron como unos irresponsables, defensores de los delincuentes en contra de los ciudadanos honrados. Lo que se ha visto en este tema debe llamar la atención acerca del problema tan debatido de la consolidación de la democracia en el país. Uno de los principios del diseño institucional que se ha adoptado —cuyos orígenes remontan al principio de separación de los poderes estatales de Montesquieu—, reconoce precisamente al Órgano Legislativo la facultad de controlar al Ejecutivo. Este tópico, además, está en perfecta armonía con el espíritu y la letra de la Carta Magna salvadoreña, que consagra la independencia y rol preponderante del parlamento. Algo que los ministros de Flores le han negado, bajo el insostenible argumento del carácter presidencialista del sistema de gobierno salvadoreño.


El enésimo enfrentamiento que ha surgido entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la problemática de las maras sugiere la idea de seguir profundizando en la consolidación de la democracia salvadoreña. Especialmente en la línea del fortalecimiento de la independencia de las instituciones, es necesario reflexionar sobre una reforma constitucional que consagre la posibilidad de destitución efectiva de los ministros, tal como ya existe en el caso de los jefes de seguridad pública o de inteligencia del Estado, cuando aquéllos se rebelen contra la autoridad de los legisladores.

G

 

Economía


El presupuesto nacional y las pandillas

 

En los últimos días, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa encaminado a eliminar la presencia de las maras en el país. A pesar de que dicha ley aún no ha sido aprobada, el sistema de seguridad pública está realizando una serie de operativos de búsqueda, que involucra acciones conjuntas de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, con la finalidad de capturar a la mayor cantidad de pandilleros que se encuentren en la vía pública.


En torno al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, se han desatado una serie de reacciones de varios expertos en materia judicial que expresan que tal ley contiene una gama de defectos que la vuelven inconstitucional. Con todo, entre las consideraciones en torno al tema, se ha olvidado señalar los posibles costos económicos en que puede incurrir el Estado para desarrollar totalmente la actividad policial, judicial y de encarcelamiento de los pandilleros. En otras palabras, además de las muchas disgresiones jurídicas que se han vertido en torno al asunto, es necesario hacer las respectivas consideraciones económicas, ya que es con el dinero que recauda el Estado con el cual se dará vida a esta política.
Los costos para desarrollar y volver efectivo el Plan “Mano dura” incrementarán obviamente los gastos del gobierno destinados a tres áreas fundamentales: gastos en materia policial, judicial y carcelaria. Al realizar una consideración somera sobre esto, se debe partir del hecho que la ley tiene como fin ideal desarticular a todas las pandillas de las áreas rurales y urbanas y, con ello, poner a todos sus integrantes en las cárceles. Obviamente entre ambos puntos, capturar y poner en la cárcel, se debe hacer uso del sistema judicial, donde se han de juzgar, con la nueva ley, a los integrantes de pandillas.


Según los datos oficiales, el número de pandilleros asciende a un estimado de 20 mil personas. Esto implica que el gobierno, si desea implementar una medida lo suficientemente efectiva, deberá destinar buena parte de recursos para capturar, juzgar y encarcelar a estos jóvenes. En este sentido, la pregunta que aflora es ¿cuánto desembolsara el Estado para lleva a cabo dicha acción? Para aproximarse a una respuesta, hay que notar que la implementación del Plan “Mano dura” será en términos generales exitosa si se logrará capturar, juzgar y encarcelar a todos los pandilleros del país en un año. Esto difícilmente será así, pero un ejercicio encaminado al cálculo de costos en esa dirección puede reflejar con cierta claridad los costos aproximados que tendrá el gobierno para implementar esta política pública.


Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el desembolso de recursos financieros con motivos de la actividad policial, el sistema judicial y penitenciario constituyen los mayores gastos en que incurre el Estado salvadoreño en la atención al problema de la violencia en general. Para 1995, alrededor de 280 millones de dólares se destinaron para estas actividades, representando aproximadamente un 5.0% del PIB de ese año. Para el tratamiento del problema de las maras es posible que el gobierno realice esfuerzos en dos direcciones: primero, se tratará de canalizar los recursos económicos ya existentes para “solucionar” el problema de las maras. Y segundo, se ingresarán nuevos recursos encaminados a la misma tareas.
Esto es de particular importancia, puesto que no solamente se habla de una readecuación de los recursos financieros enfocados en el problema de la violencia social, sino que se dará un incremento en los mismos para solventar el problema de los pandilleros. En este sentido, si se desea hacer efectivo el plan se hace necesario el concurso de nuevos agentes policiales, nuevos abogados y también mayores gastos en lo referente al sistema penitenciario. Acá no se considera aún parte de los gastos que han de efectuarse en la Fuerza Armada. Hay que recordar que esta entidad también forma parte de la estrategia gubernamental y que tiene un presupuesto aparte en el Estado.


En materia de seguridad pública, se tiene que en años recientes, entre 2000 y 2001, el gobierno ha gastado, de acuerdo al presupuesto de la nación, un aproximado de 146.5 millones de dólares únicamente en la canalización de los esfuerzos de proveer el servicio de seguridad a la ciudadanía. Para el mismo período, la PNC logró realizar 35,801 detenciones a nivel nacional. Esto implica que cada una de esas detenciones costó al Estado un aproximado de 4 mil dólares. Esta cifra parece ser bastante elevada. Sin embargo, un vistazo al presupuesto del Estado nos dice que los gastos en que incurre el gobierno en materia de seguridad pública son los más altos de los que se efectúan en relación con los gastos judiciales y de encarcelamiento. Obviamente, hay que considerar todos los desembolsos de recursos en diferentes operativos que involucran transporte, muchos agentes policiales, sus respectivas remuneraciones, su indumentaria en cuanto a ropa, calzado y armas, y obviamente su alimentación durante su trabajo, entre otros.


En materia judicial, y para el caso de las maras, es importante considerar el concurso de tres instituciones del Estado durante el proceso de identificación, detención, enjuiciamiento y, si procede, encarcelamiento. El Órgano Judicial, que será el que juzgará al individuo en el debido proceso. La Fiscalía General de la República, quién participará como defensora de los intereses de la sociedad. Finalmente, tomando en cuenta que los jóvenes pandilleros son personas de escasos recursos, la Procuraduría General de la República tendrá el compromiso de dar asistencia legal en beneficio de los mismos. Un estimado arroja que todo el proceso judicial de una persona en el país puede ascender aproximadamente a 2,888 dólares. En este caso se deben considerar los gastos de recursos físicos y honorarios de los diferentes integrantes del proceso penal.


Finalmente, si la persona es considerada culpable, deberá ir a la cárcel. En el caso de los pandilleros, ese es el propósito esencial de la ley antimaras. Para lograr un aproximado de los costos que incurre el Estado en el mantenimiento de la población interna de los centros penales deben considerarse el monto que se destina en la cuenta del Ministerio de Gobernación referente al confinamiento y readaptación y el total de personas internas en los centros penales. Entre 2001 y 2002, se dedicó un total de 16.4 millones de dólares a esa cuenta y la población interna en las cárcles, durante el mismo período, ascendió a 10,476 reos. De acá se desprende que el costo de mantener a un reo ronda los 1,565 dólares anuales. Esta cifra podrá contrastar mucho con las anteriores, sobre todo si se considera que es el gasto del gobierno en una persona durante un año. Sin embargo, hay que señalar que el sistema penitenciario es la unidad del Estado que recibe menos montos en comparación con la seguridad publica y el sistema judicial. Además, hay que tomar en cuenta las precarias condiciones en que se encuentran los reos: cuentan con una deficiente infraestructura y tienen una pésima dieta alimenticia.


Considerando de una manera unificada los gastos unitarios en materia de seguridad pública, sistema judicial y sistema penitenciario, se tiene un monto aproximado de 8.5 mil dólares per cápita. En otras palabras, esto cuesta al Estado durante un año capturar, juzgar y encarcelar a una persona. Para comprender esta cifra, se deben considerar todos los esfuerzos y gastos realizados por el gobierno en la consecución de ese objetivo.


Sobre la base de lo anterior, eso significa que capturar, juzgar y encarcelar por un año a 20,000 pandilleros costará un aproximado de 170 millones de dólares. En términos macroeconómicos, si la ley en contra de las maras se hubiera aprobado a final de 2001 y hubiese entrado en vigencia en 2002, hubiese representado 6.79% del presupuesto del Estado en 2002. En términos del PIB, hubiera representado el 1.19% de 2002. Este drenaje de recursos, de salirse el gobierno con la suya, afectará al presupuesto nacional durante el siguiente año. Y a medida que la guerra contra las maras se prolongue, en esa medida se incrementarán sus costos económicos, a expensas, claro está, de la misma sociedad que pagará de nuevo por los desatinos gubernamentales.

G

 

Sociedad


La sociedad del miedo

 


Si de ganar las próximas elecciones presidenciales se trata, —y siguiendo la línea de argumentación de un comunicado girado recientemente a los alcaldes y directivos departamentales areneros—, los dos principales partidos políticos salvadoreños han presentado sus respectivos “temas ganadores”. En la cruzada para retener la presidencia de la República y con el miedo de ceder el poder, el presidente Francisco Flores y el partido que le llevó a Casa Presidencial, ARENA, han encontrado el suyo: el combate frontal a las maras.


Para ello, durante las últimas semanas y antes de que acabe su mandato, Flores ha implementado el llamado Plan “Mano Dura”, que ya ha producido la captura de varios cientos de pandilleros en el Área Metropolitana de San Salvador, con el beneplácito de gran parte de la población. Similar a su par hondureño, el plan del presidente Flores se sustenta en una Ley Antimaras, cuyo anteproyecto ha sido presentado recientemente a la Asamblea Legislativa, complementándolo con una serie de reformas penales que permitan, entre otras cosas, juzgar a menores de edad como adultos.


ARENA ha contrapuesto artificialmente su discurso antimaras al conocido intento de la oposición política y de algunas organizaciones de la sociedad civil por dotar de mayores capacidades financieras y administrativas a las municipalidades. La oposición, con mayor insistencia el FMLN, lidera, con anterioridad a la presentación del citado plan gubernamental, una denodada lucha jurídica por el aumento del presupuesto a las 262 alcaldías del país. De este modo, el partido oficial, como uno de sus últimos intentos por conservar el despacho de Casa Presidencial, ha fabricado en la opinión pública un enfrentamiento entre el tema del combate a las maras —su “tema ganador”— y el aumento al presupuesto de las alcaldías.
Siguiendo esta lógica —perversa desde todo punto de vista—, quien favorezca el justo incremento presupuestario a las alcaldías del país estaría no sólo tolerando el operar criminal de las maras —en el caso de que sus conductas sean efectivamente delictivas—, sino que también serían cómplices de los delitos cometidos por aquéllas. Esa es la pretensión de la campaña sucia y tendenciosa del presidente Flores y quienes detrás suyo se aferran al poder.


Ahora resulta que el dinero insistentemente cabildeado por las municipalidades no permitirá que el gobierno le declare la guerra a las maras, ese grupo demonizado y marginado de la sociedad salvadoreña. Flores, pues, termina su gestión jugando doblemente sucio. Por un lado, le ha tendido la trampa al FMLN: este último aparecerá ante la opinión pública —sobre todo para los más ingenuos— como quien impide que se elimine uno de los “tumores” sociales más temidos por la población.


Por otro, utiliza irresponsablemente el miedo de los salvadoreños ante las maras para sacar provecho electoral. Defender en estos momentos la asignación del 8% del presupuesto de gastos de la nación a las alcaldías podría acarrearle a la oposición un coste político si la campaña gubernamental surte los efectos previstos por sus creadores.


¿Cuál es, pues, en estos momentos el tema de campaña ganador? En primer lugar, debe decirse desde ya que ambos partidos han reducido sus estrategias a meros “temas” de campaña, como la misma consigna de ARENA lo proclama. Más que ofertas de gobierno, entonces, se está dando primacía a la utilización de eslóganes publicitarios, llámense lucha contra las maras o combate a la corrupción. Se ha dado prioridad al uso de la fuerza sobre la racionalidad.


En segundo término, la cruzada arenera antimaras parece encontrar un terreno fértil: la añoranza autoritaria. Este sentimiento ha aflorado siempre en momentos trascendentales para la vida nacional. Desde los tiempos en que se introdujo el café a El Salvador, a finales del siglo XIX, hasta los años anteriores a los Acuerdos de paz, ha florecido bajo el ropaje del control y limpieza social, persecución política, racial e ideológica, represión militar o policial y, más recientemente, con el endurecimiento de las leyes y la instauración de la pena de muerte.


Algo de esto hay en la ley antimaras presentada por Francisco Flores, hombre deudor de esta tradición autoritaria. La represión estatal sobre los miembros de maras tatuados, mal vestidos o cualquier sospechoso a criterio de las autoridades, se ha dejado sentir desde el anuncio del citado plan, pese a que la normativa aún carece de vigencia. El plan se nutre también —y con ello el caudal de votos para la causa arenera— del miedo de los salvadoreños. El tema del combate a las maras por parte del gobierno —medida todo lo oportunista y desesperada que se quiera— amenaza con ganarle la partida a la oposición.


Está de más hacer referencia al temor que han sembrado las pandillas juveniles cuando sus acciones delictivas han cobrado las vidas, no sólo de sus mismos miembros, sino de las de cientos de personas inocentes. Sin lugar a dudas, la prensa de derecha ha contribuido a sobredimensionar un fenómeno que no es más que una arista del complejo problema de la delincuencia y la violencia en El Salvador. Reducir su complejidad al problema de las maras dice mucho de la miopía gubernamental y de su oportunismo político.


El hecho que circulen como moneda de cambio “temas ganadores” y no programas serios, integrales y responsables empobrece la incipiente cultura democrática salvadoreña. ARENA demuestra su agotamiento y su crisis de legitimidad al ofrecer más de lo mismo. Su creatividad se ha estancado. Sus hombres y mujeres pensantes parecen haber emigrado del partido desde hace tiempo y se ha impuesto la fuerza bruta que los conduce a reafirmar su vocación autoritaria y excluyente. El autoanálisis arenero que siguió a las pasadas elecciones no ha sido suficiente para botar viejos esquemas enquistados tras largos años de práctica.


La izquierda tampoco ha estado a la altura. Todavía no ha aclarado su discurso y sus promesas se desdibujan en el mar de la ambigüedad. Bien harían los efemelenistas en superar el esquema arenero de los “temas ganadores” y presentar un programa de gobierno lo suficientemente claro, serio y responsable. De lo contrario, caerán en la trampa tendida especialmente para ellos.


No obstante lo anterior, algunas preguntas quedan en el tintero: ¿acaso son posibles todavía las soluciones integrales a un problema tan complejo como la marginalidad juvenil cristalizada en las maras? ¿Tiene sentido aún hablar de problemas estructurales y soluciones sostenibles en el largo plazo?


El discurso gubernamental y de los sectores más conservadores rechaza cualquier solución integral. De ahí que se haya optado por perseguir durante 180 días a los pandilleros y capturar a quienes por discreción de las autoridades parezcan potenciales criminales. En el fondo, es el mismo esquema autoritario y excluyente que reclama lo que por años han detentado los grupos dominantes, máxime cuando tambalean sus privilegios ante la posibilidad de la alternancia política. De todos modos, quienes salen perdiendo con el Plan “Mano Dura” son los más pobres y uno que otro chiquillo de clase media.


El miedo de las clases dominantes a perder sus privilegios y el miedo de los salvadoreños pobres, indefensos ante la delincuencia y la criminalidad, alimentan los sentimientos y la añoranza autoritaria. Para la gente “decorosa y de buenas costumbres” la ley es una oportunidad de deshacerse de elementos que no pasan de ser molestos: los mareros no llegan a pintar graffitti a sus casas, resguardadas por altos muros; tampoco asaltan a sus hijos quienes no frecuentan las populosas colonias en donde operan las maras. A los más pobres, la mayoría de las veces en convivencia con los mismos pandilleros, el miedo les lleva a sacrificar hasta sus propios hijos, los hijos del miedo.

G

 

Derechos Humanos


Cuatro mitos sobre las pandillas (I)

 

El Plan “Mano dura”, fundamentalmente diseñado para combatir las maras o pandillas juveniles en el país, ha puesto en el tapete de la discusión pública ese complejo fenómeno sociológico centroamericano. En la actualidad, nadie pone en duda que el fenómeno de las pandillas juveniles constituye un problema serio en la vida social cotidiana del país. Más aún, a juzgar por el debate público que puede verse en los medios de comunicación, una parte de la población salvadoreña atribuye la problemática de la violencia o la delincuencia a la existencia y actividad de las pandillas juveniles.


De hecho, una investigación de opinión pública realizada por el IUDOP hace cinco años encontró que un poco más de la cuarta parte de la población adulta salvadoreña —mayores de 18 años— considera que el problema de las “maras” es el más urgente por atender en el combate de la criminalidad del país.


Buena parte de los salvadoreños considera a las llamadas maras como un problema fundamental de delincuencia y en tal sentido las soluciones que se reclaman van en la vía de reprimirla. El gobierno de Francisco Flores, en una campaña, que bien puede ser calificada como parte de una tendencia al “populismo punitivo”—muy de moda en Latinoamérica— ha lanzado un esfuerzo de represión tomando como eje un anteproyecto de ley dirigido a las pandillas juveniles. Sin embargo, en ninguna parte de ese plan se encuentra un empeño por atender las causas que generan el problema juvenil. En efecto, la mayor parte de declaraciones de los encargados de la seguridad pública del país buscan convencer a la gente de la necesidad de reprimir, eliminar y encarcelar a cualquier joven del cual se sospecha que pertenece a las maras.


Esto ha provocado que la discusión sobre las causas que están detrás del fenómeno no se encuentren en el debate público cotidiano y de los medios. En estas condiciones, traer a cuenta el debate sobre las causas de las pandillas juveniles en el país, y sobre todo, los mitos que rodean a ese tipo de organizaciones, resulta importante para reorientar la discusión pública y plantear una política nacional de seguridad que resulte efectiva frente al problema. Hay cuatro mitos, entre otros, que se suelen exponer como causantes del problema de las pandillas y por tanto como justificantes de muchas disposiciones del plan mano dura, esos son: primero, la raíz del problema son los deportados; segundo, la falta de valores en la familia es uno de los causantes de las pandillas; tercero, la motivación original del joven al integrar una mara es delinquir; y cuarto, el supuesto garantismo de las leyes penales actuales. Examinemos cada uno de esos mitos.

Los deportados son los responsables de las maras en el país
Uno de los argumentos que se suele oír sobre el origen de las pandillas tiene que ver con la importación de las mismas del exterior, en concreto del sur de California, en Estados Unidos. En esta línea se argumenta que el fenómeno de las pandillas es el resultado de la deportación y del regreso de miles de compatriotas jóvenes que se convirtieron en pandilleros y que, a su retorno, trajeron la violencia a las calles salvadoreñas. Como prueba de ello se ofrece el hecho de que las dos pandillas más grandes y que dominan la dinámica pandilleril local tienen sus raíces o sus orígenes en las calles del Este de Los Ángeles y que buena parte de su expresión se basa en la cultura sincrética de los hispanos en Estados Unidos. Además, se dice que el fenómeno se instaló en el país después de la firma de los Acuerdos de paz, en 1992, precisamente cuando se incrementó el número de salvadoreños que retornaban del exterior.


La verdad es que las investigaciones hechas sobre el tema muestran que el fenómeno no depende o no debe su génesis a la repatriación de los jóvenes salvadoreños. Ya en 1991, varios trabajos de investigación académica daban cuenta de la existencia de las pandillas como un problema serio en el país, el cual según los mismos data de los años setenta. Según tales trabajos, las pandillas estaban creciendo con rapidez y por su naturaleza violenta se estaban volviendo un peligro para los ciudadanos. De acuerdo con lo registrado hace más de doce años, la problemática de las pandillas estaba sometida a la dinámica de muchas pandillas juveniles, cuyo tamaño no iba más allá de los 50 jóvenes por agrupación y cuyo radio de acción de limitaba a ciertas zonas de la capital, como el centro y los barrios más pobres. Pandillas como la Mara Chancleta, Mara AC/DC, Mara Nosedice, Mara Gallo, Morazán, etcétera, eran las más populares entre las discusiones sobre el fenómeno, el cual mostraba desde entonces las características de violencia y solidaridad interna que caracteriza en la actualidad a ese tipo de agrupaciones.


En otras palabras, las pandillas o maras ya existían desde antes del retorno masivo de los compatriotas. Eso pone en evidencia, de paso, el hecho de que el problema de las pandillas juveniles no es reciente ni es sorpresivo. La magnitud que ha alcanzado el problema en la actualidad es en buena medida, producto de la negligencia de los anteriores gobiernos, tanto como del actual, en atender integralmente el problema. El hecho de que el gobierno se decida a combatir semejante problema a sólo siete meses de dejar el poder, levanta sospechas sobre sus propósitos electorales.
Pero volviendo al tema de la deportación, de acuerdo con los sondeos entre pandilleros realizados por el IUDOP, sólo aproximadamente el 11 por ciento de los jóvenes mareros que habitan en el Área Metropolitana de San Salvador, se incorporó en los Estados Unidos; más aún, el porcentaje de jóvenes integrados a pandillas que ha viajado a los Estados Unidos no supera al 17 por ciento. De tal forma que es muy poco probable que porque las pandillas que operan en El Salvador llevan el mismo nombre que aquéllas que se generaron en Los Ángeles, se pueda atribuir la génesis del fenómeno a la importación de los mareros. En lo que sí ha habido un impacto significativo de esa repatriación es en la importación de los estilos pandilleros.


El retorno de jóvenes que habían estado en pandillas en el exterior les otorgó un estatus de liderazgo frente a los pandilleros locales, quienes rápidamente adoptaron los usos y modas de los foráneos a su vida cotidiana. Es así que estos jóvenes, que fueron reconocidos como líderes, establecieron un derrotero que los demás comenzaron a seguir, abandonando sus pandillas antiguas para integrar las reputadas del extranjero. Esto explica el hecho de que la mayor parte de las pandillas o maras que existían al principio de la década (AC/DC, Gallo, etc.), no existan más sin que ello signifique la desaparición del fenómeno.


Sin embargo y a pesar de los cambios en las formas, en los nombres y en el tamaño de las pandillas, la dinámica básica de las mismas, caracterizada por la vinculación territorial, la solidaridad grupal, las actividades violentas y el consumo de drogas, no sufrió alteraciones fundamentales. Lo que sí sucedió es que con la reducción del número de pandillas a dos (MS y 18), se crearon las condiciones para una polarización en las interacciones entre las pandillas; al importar la identidad de tales pandillas, se importaron también los conflictos y los odios entre las mismas, y produjo la escalada de violencia y la guerra sin cuartel en las calles de San Salvador.


En tal sentido, el fenómeno de las pandillas ya existía en el país antes del suceso de la repatriación; de no ser por ésta, es probable que las expresiones de las maras se siguiesen desarrollando con el mismo semblante que presentaban en los ochenta e inicios de los noventa. Los “mareros” deportados y retornados lo que hicieron fue darle la expresión contemporánea, pero no son los responsables de originar el fenómeno en el país.

La falta de valores y la desintegración familiar
Muchas veces se suele atribuir el fenómeno de las maras a la influencia de la desintegración familiar sobre sus miembros más jóvenes. Esta tesis, frecuentemente sostenida en los espacios de opinión de la prensa escrita y electrónica, no sólo se asocia a la existencia de las pandillas sino también a la llamada “pérdida de valores” de la sociedad contemporánea. Al hacerlo, se vincula el surgimiento de las pandillas con la incapacidad de las familias desintegradas para transmitir los valores “adecuados” o “correctos” a los jóvenes. Se asume muchas veces que las madres solteras no son capaces de transmitir valores adecuados a sus hijos o que la ausencia del padre es, de suyo, un mal valor, sin importar la calidad del trato familiar.
Es posible que, dentro de los procesos de desintegración familiar, existan factores que puedan eventualmente conducir a unos jóvenes a integrarse a las pandillas. Sin embargo, los estudios realizados hasta ahora no ofrecen evidencia de que madre sola que cría a sus hijos transmite valores “erróneos”. Más bien, las investigaciones subrayan la importancia de las interacciones personales al interior del hogar, no tanto la presencia de todos los miembros de la familia ideal. En otras palabras, lo importante no es en lo fundamental contar con la familia ideal sino que los padres o encargados de los jóvenes mantengan una relación constante y saludable con sus jóvenes, aparte de un monitoreo constante de sus actividades.
Una familia debidamente integrada, pero cuyos padres ejercen niveles extremos de violencia en contra de sus hijos suele ser un predictor mucho más frecuente de jóvenes pandilleros que una madre o un padre solos que proveen afecto y comprensión dentro del hogar. Una investigación realizada también por el IUDOP encontró que los jóvenes cuyos padres suelen ser negligentes, esto es, que usualmente no saben dónde están sus hijos, qué están haciendo y con quién están, suelen tener un comportamiento más violento en el entorno escolar y fuera de él, que aquellos jóvenes que están siendo monitoreados por padres. En el caso de las pandillas, la dinámica parece ser muy parecida.


Una investigación realizada por la periodista canadiense sobre las pandillas salvadoreñas en Los Ángeles, señala que la necesidad de subsistencia entre los migrantes lleva a los responsables familiares a mantener dos o más trabajos simultáneamente, lo cual conlleva al virtual abandono del monitoreo parental sobre sus hijos y/o al control basado en métodos de violencia y de represión dentro del hogar; así, los jóvenes son dejados al libre albedrío y encuentran en la calle y en la pandilla, la familia que no suelen advertir en sus propios hogares, al tiempo que huyen de la violencia ejercida por aquellos mismos encargados de protegerlos.


Así, lo que cuenta es la calidad del tiempo que los tutores dedican a los jóvenes, esto es, la calidad de las interacciones personales entre las personas que forman una familia, tenga ésta la estructura que tenga. Lo anterior explica porqué no todos los jóvenes que sólo viven sólo con un responsable parental se vuelven pandilleros y por qué más de la cuarta parte de los pandilleros viven efectivamente con ambos padres, sin que la presencia de ambos haya evitado la integración pandilleril.


La desintegración familiar, la ausencia de un miembro importante de la familia, no parece ser el origen más preciso de la integración a las pandillas. Muchos pandilleros se integran a las pandillas porque en su familia no encuentran la atención, el afecto y el respeto que merecen como hijos en una etapa importante del desarrollo emocional de las personas; al no tenerlo en esos entornos, los jóvenes se ven más tentados a buscarlos en otros lados, especialmente en la calle con sus pares, a pesar del costo que ello tenga.


Eso no quiere decir que cierto tipo de consecuencias de la desintegración familiar, como el recargo de responsabilidades en una sola persona, no tengan un impacto en las condiciones que provocan la integración de los jóvenes a las pandillas. De hecho y como lo afirma un estudio llevado a cabo por UNICEF, la ausencia repentina y desde siempre, de un miembro de la familia como el padre, puede recargar las tareas parentales sobre la madre, quien debe encargarse de forma solitaria de todos los aspectos del sostenimiento del hogar; esto puede implicar el sacrificio del tiempo dedicado a las interacciones con los jóvenes —sobre todo en términos de calidad—, dejando a éstos fuera del monitoreo parental.


Al final, más importante que la constitución de una familia ideal, lo que pesa más en las condiciones que estimulan el ingreso a las pandillas es la ausencia de una interacción responsable y saludable entre los miembros de la familia, especialmente de cara a los jóvenes. En su lugar, muchos jóvenes —y esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres pandilleras— deben enfrentar ambientes extremadamente violentos en su propio hogar que les impulsan a buscar protección en la misma calle.


Mano dura con resultados blandos
Cuando la primera fase del Plan para combatir la delincuencia de las “maras” se encuentra a mitad de su implementación, ya observamos cuáles son las verdaderas intenciones gubernamentales que se esconden detrás del mismo y cuáles están siendo los resultados obtenidos. ¿El objetivo?: Si a comienzos de año el ex Director de la PNC, Mauricio Sandoval, intentó “limpiar” Soyapango de pandillas —obedeciendo las órdenes de su Partido ARENA—, con motivo de las elecciones para alcaldes y diputados; ahora, ante la posible alternancia política el año próximo en el sillón presidencial, los desesperados miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) quieren utilizar la misma “fórmula”, pero teniendo como campo de pruebas el “Gran San Salvador”


Por el momento —y en cuanto a los resultados se refiere— las cifras de las capturas parecen alcanzar el objetivo deseado, con la detención —hasta la fecha— de más de ochocientos sesenta y ocho pandilleros. La cifra “soñada” por Francisco Flores de las mil detenciones parece estar cerca alcanzarse, para poder transmitir a la población la imagen de que las labores policiales están causando un efecto inmediato. La complejidad del “combate a las maras” que se quiere enfrentar es más profunda de lo que a simple vista puede esperarse. Por irónico que parezca, el único éxito presentado hasta el momento —tras un descomunal operativo que ha movilizado a buena parte de los efectivos de la PNC, el ejército y de la Fiscalía General de la República— es el de haber podido alcanzar en algún municipio veinte días seguidos sin homicidio alguno.


Es decir, que quieren hacernos creer que el publicitado Plan ”Anti-Maras” está dando eficaces resultados. Algo que, a la luz de los datos objetivos, está alejado de la realidad. El esfuerzo de la PNC y la Fuerza Armada, por dar cobertura a las comunidades y municipios asediados por la criminalidad, se ve frustrado por tratarse este de un plan político alejado de la cruda realidad y de las leyes. Por ello, cuando los capturados han pasado de las bartolinas a las manos de la justicia, los jueces no han tenido más opción que absolverlos por la falta de pruebas y dejarlos libres.
Peor aún, la mayoría de los arrestados han sido detenidos ilegalmente, ya que lo han sido sólo por el simple hecho de “parecer sospechosos” a los ojos de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento las cifras resultan alarmantes: de cada diez “mareros” detenidos por haber cometido “presuntamente” algún delito, siete tienen que ser puestos en libertad. Esto no da más que una muestra de la ineficiente labor policial, en la que abunda más el voluntarismo político de sus altos dirigentes que la de querer realizar una verdadera labor profesional, exigente y respetuosa con la Constitución y las leyes.

Sobre el combate a la delincuencia de las maras
Ante el reciente impulso del plan “Mano dura”, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) expresa lo siguiente:
- Que la violencia e impunidad que ahogan a la sociedad salvadoreña, constituyen un fenómeno grave que desborda los límites de la tolerancia y coloca a sus víctimas en una situación de impotencia y frustración.


- Que la batalla real contra la delincuencia en todas sus manifestaciones requiere de un conjunto integral de medidas que incluye la represión del delito —con toda el peso de la ley— y el correcto funcionamiento institucional, pero también la prevención y la rehabilitación. Ese es el verdadero y único camino para superar la impunidad que desde hace años favorece todo tipo de violencia en nuestro país.


- Que para ello, la legislación nacional vigente —incluida la que específicamente protege los derechos humanos— brinda las herramientas necesarias; por tanto, no se necesita crear otras leyes especiales y temporales.


- Que para volver más ágil y efectiva la persecución del delito, se deben considerar medidas inmediatas como la revisión del funcionamiento institucional para sus necesarias correcciones, la protección de testigos y la reparación para las víctimas; hasta se pueden discutir ciertas reformas a la normativa penal o procesal penal, incluso en lo relativo a las penas, siempre y cuando estén técnicamente fundamentadas y sean parte de una estrategia más amplia e integral.


- Que el “ataque frontal a las maras” impulsado por el Órgano Ejecutivo, trata de esconder las notables deficiencias del plan gubernamental iniciado hace casi cuatro años: la llamada “Alianza por la Seguridad” cuyos promotores, durante ese largo período, no quisieron o no pudieron enfrentar en serio los actos delincuenciales cometidos por integrantes de esos grupos.


- Que el plan “Mano dura” no es una solución real del problema; es más bien, una salida populista coyuntural para hacerle creer a la población —mediante una costosa campaña publicitaria y la realización de redadas espectaculares— que la aprobación y aplicación de la ley de marras propuesta por el Órgano Ejecutivo asegurará la tranquilidad en las comunidades. Es pues un engaño, similar a otros anteriores, que más adelante descubrirán en toda su dimensión las mismas comunidades victimizadas. El verdadero objetivo que persigue dicho plan se menciona en un documento secreto del Partido ARENA, conocido por un error de sus autores, y que textualmente dice: “El gran respaldo por esta iniciativa permitirá al partido llegar en las mejores condiciones a los votantes de todos los partidos”. LA META: Posicionar a ARENA frente a la opinión pública nacional, como el Partido más duro contra la delincuencia”.


- Que en la normativa especial y temporal propuesta —llamada “Ley Anti Maras”— se incluyen como delitos algunas conductas ya contempladas en el Código Penal, tales como el robo y la extorsión; sólo que el Órgano Ejecutivo las llaman de otra manera y las sancionan con menos años de prisión. Eso desmiente la “dureza” de dicha ley.


- Que de manera irresponsable, el gobierno omite mencionar que los altos niveles de violencia y criminalidad en el país no se deben sólo a la existencia de pandillas. En buena medida, esa situación tiene que ver con su falta de voluntad para atacar esos males desde su raíz; es decir: combatiendo en serio la impunidad y la corrupción, mediante el correcto funcionamiento de las instituciones en el marco de un verdadero Estado de Derecho que trabaja por el bien común.


- Que en la iniciativa del Presidente del Órgano Ejecutivo, Francisco Flores, queda claro que no se pretende atacar al crimen organizado de “cuello blanco” o “ensangrentado”: el generado por los que violaron derechos humanos hasta hace unos años y por los que después de la guerra han cometido tantos y tan graves delitos, entre los cuales destacan las ejecuciones de Ramón Mauricio García Prieto, Lorena Saravia y los hermanos Carías, o las muertes producidas por jóvenes criminales con recursos económicos en sus “carreras de carros” y los robos millonarios al pueblo salvadoreño, realizados por funcionarios como Carlos Perla. A los delincuentes pobres se les golpea con “mano dura” y a los delincuentes con poder se les trata con “guante de seda”.


- Que la impunidad no fue superada con el fin de la guerra. Al contrario, se vio fortalecida con la Ley de Amnistía a la cual se refirió Francisco Flores como la “piedra angular de la paz”. Muchas conductas delictivas en la actualidad, tienen que ver con el alto nivel de tolerancia gubernamental hacia los criminales de guerra en nuestro pasado reciente. Esto último fue señalado hace unos días por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; según el Comité, la Ley de Amnistía “impide que se investigue y se sancione a todos los responsables de violaciones de derechos humanos, y que se proporcione reparación a las víctimas”.


- Que para hacer viable el país es necesario, de una vez por todas, enfrentar el problema de la impunidad con seriedad y firmeza: atacando decididamente las causas del delito, reprimiendo fuertemente sus efectos y aplicando la ley con toda su fuerza y sin importar la procedencia de los delincuentes, a quienes el Estado debe —por obligación constitucional— respetar sus derechos y propiciar su rehabilitación.


- Que el IDHUCA, al expresar sus observaciones sobre el plan “Mano dura” y proponer acciones más serias y responsables para enfrentar el fenómeno de la delincuencia cometida por integrantes de pandillas, no está contra el beneficio de la población salvadoreña. Por el contrario, de esa forma está confirmando su compromiso con tantas víctimas salvadoreñas que —además de sufrir por la violencia en el pasado y en el presente— han sido castigadas también con la mentira. Esa ha sido la trayectoria del IDHUCA desde que fue fundado hace dieciocho años por otra víctima, el Padre Segundo Montes: ser fiel a la verdad y trabajar en favor de la justicia plena y sin distinción.

San Salvador, 12 de agosto de 2003.

G

 


 


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