El cambio del FMLN

El centro se sofoca

Los partidos políticos llamados de centro —el CDU, el PDC e Iniciativa Ciudadana— están en una auténtica carrera contra el tiempo. A escasos meses de iniciarse la campaña electoral, aún no definen de qué manera van a afrontar el proceso electoral. Si bien la idea de una gran “coalición de centro” suena con frecuencia en los discursos de unos y otros dirigentes políticos, falta por determinar los contornos de esta alianza, su alcance y sus objetivos. El principal reto de los líderes de estas organizaciones políticas consiste en hacer más visible su proyecto y convencer a los electores salvadoreños de que son mejores que ARENA y el FMLN.

Déficit comercial y competitividad

El partido oficial se ha distinguido, desde 1989, por impulsar el proceso de apertura comercial. Éste registró inicialmente una baja abrupta en los techos arancelarios, lo que afectó a buena parte de los productores nacionales, otrora protegidos por el sistema arancelario del país. Desde ese entonces, han ingresado al país una excesiva cantidad de mercancías provenientes de otros países. Basta con asistir a un supermercado o a un centro comercial para observar la diversidad de nuevos productos que día a día arriban al mercado nacional.

Corrupción a flote

El ex presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Augusto Perla, escribió recientemente desde su “autoexilio” que se considera un “perseguido político”, en respuesta al citatorio que le hiciera la Asamblea Legislativa para que diera explicaciones sobre el cuestionado proyecto hídrico que firmara en 1998 con el empresario español Joaquín Alviz, entonces representante de un conglomerado de compañías españolas. Perla incluye en la lista de sus “perseguidores” a la Fiscalía General, a la Corte de Cuentas, a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia —instituciones que han emprendido investigaciones para determinar su responsabilidad penal— y a la actual dirección de ANDA. Como prueba de la cruzada de la que dice ser víctima, explica Perla, ni siquiera el presidente Francisco Flores le habría recibido en su despacho, a pesar de habérselo solicitado “en más de una docena de oportunidades”.

¿Política de intereses o política ideologizada?

Uno de los argumentos utilizados por EEUU, en la época de la llama “Guerra Fría”, para deslegitimar a los movimientos insurgentes era que éstos utilizaban métodos antidemocráticos, dada su ideología de marxista, para luchar por el poder del Estado. Las dictaduras y sus estrategias de contrainsurgencia se justificaban aduciendo que la izquierda jamás entraría al “juego democrático” de las elecciones para llegar al poder, sino que trataría de alcanzarlo por métodos violentos.

El lazo en casa del ahorcado

Hace unos días, la Ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país anunció que el gobierno al cual pertenece —el de Francisco Flores— se comprometió a participar durante un año en la misión de paz en Irak, de acuerdo a una disposición de la Organización de las Naciones Unidas, aunque el período podría prorrogarse por más tiempo. El ya bautizado como “Batallón Cuscatlán” es el contingente que integrará, junto con tropas de otros países, la mencionada misión; el mismo estará compuesto por 720 elementos de fuerzas especiales pertenecientes a la Fuerza Armada de El Salvador, los cuales se dividirán en dos grupos que permanecerán allá durante seis meses cada uno. María Eugenia Brizuela de Ávila, la Canciller, intentó justificar el envío de los militares al lejano oriente. En primer lugar, alegó razones de “solidaridad”; recordó, además, el apoyo que recibió El Salvador por parte de varios países tras la finalización de la guerra civil que duró doce años; y también dijo que la decisión tiene que ver con “la responsabilidad” que el país tiene, de cara al cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Veamos. ¿Qué razones de solidaridad justifican semejante envío, cuando ésta ha brillado por su ausencia durante las labores de reconstrucción en nuestro suelo después de los terremotos? ¿Es realmente un argumento sólido el que nuestro país recibiera ayuda extranjera ayer para tener que darla hoy, cuando los tres gobiernos “areneros” que han “conducido” la construcción de la supuesta “democracia” salvadoreña ni siquiera han empezado a atacar la injusta situación económica y social que afecta a tanta gente por acá?

¿A qué responsabilidad se refiere cuando habla del ”cumplimiento de compromisos internacionales”? ¿Serán los adquiridos por Flores, para que su “amigo” George W. Bush lo instale en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) a cambio de su incondicional entrega a todo nivel y en todo sentido? ¿Le habremos entendido mal y quizás haya querido decir, en realidad, el “incumplimiento de compromisos internacionales”, que es lo que constantemente hace este gobierno cuando se trata de respetar convenios y tratados, así como recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos a los que El Salvador pertenece?

La realidad nacional puede llamarse de cualquier forma, menos pacífica y segura. Por eso, ayudar a Irak en la reconstrucción de lo que Bush arrasó con sus bombardeos indiscriminados –pretextando buscar armas de destrucción masiva que nunca encontró– es “recordar el lazo en casa del ahorcado” o, como dice Mafalda, “hablar de Vietnam enfrente de Nixon”. Pero una cosa sí la tenemos muy clara: no cabe duda que los efectivos que el gobierno enviará a una situación de extremo riesgo van bien preparados, por haber enfrentado acá en el país emergencias derivadas de la ineficacia y la corrupción oficial.

¿Qué se esconde detrás de esta decisión? ¿Por qué, de la noche a la mañana, se ha pasado de ser un país con pocos recursos —dependiente de la ayuda internacional e irrespetuoso del derecho internacional de los derechos humanos— a convertirse en protagonista mundial de la “cruzada contra el terrorismo” y las consecuencias de ésta? El envío del contingente militar tiene relación con la presión estadounidense contra la Corte Penal Internacional. El nacimiento de este órgano de justicia supranacional que podrá juzgar a responsables de los delitos más aberrantes, supone un “estorbo” para quien se considera el amo del mundo. A fin de evitar que ciudadanos de su país se sienten en ese “banquillo” como acusados, la administración Bush forzó la firma de convenios bilaterales con otros Estados para lograr su inmunidad. En ese marco, Flores —“no en nuestro nombre”, como decía la campaña contra la agresión a Irak— se entregó de nuevo a su “amigo” en octubre del 2002. ¿Cómo lo consiguió? En otros países amenazó con retirar su “ayuda” militar; acá, ya sabemos cómo.

Además de la ambición de Flores por “dirigir” la OEA —léase, cumplir las órdenes de Bush en ese foro— parecería que las cúpulas militares nacionales quieren seguir “pesando” y en función de eso presionan al gobierno para que no firme ni ratifique el Estatuto de Roma, que lo vincularía a la Corte Penal Internacional. ¿Querrán curarse en salud de cara a un escenario futuro en el que, por las mismas razones de antes, pudieran verse como responsables de este tipo de crímenes?

Guatemala perjudica a Centroamérica
en el CAFTA

A estas alturas de las negociaciones del actual tratado de libre comercio (TLC) de Centroamérica con Estados Unidos, conocido como CAFTA (van cinco rondas de negociación de la nueve programadas), ya se ha puesto en claro quién toma realmente las decisiones en el acuerdo: Estados Unidos. Los países centroamericanos se han convertido en testigos mudos del proceso, sin capacidad de incidencia, y han admitido, implícitamente, la paternidad económica y política de EEUU en las condiciones negociadas. Estos mismos países parecen perdidos, dada su incapacidad de comprender que un tratado de libre comercio, debido a su envergadura y naturaleza, exige un esfuerzo mayor de coordinación entre sus contrapartes, para que se convierta en un pilar positivo de las respectivas estrategias de desarrollo que cada país centroamericano pretende impulsar.

La firma del acuerdo de inmunidad

Las instituciones y personas integrantes de la Coalición Salvadoreña por la Corte Penal Internacional, ante la firma del acuerdo de inmunidad entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos de América, INFORMAMOS AL PUEBLO SALVADOREÑO:

—Que, según declaraciones de la Canciller, Sra. Lic. María Eugenia Brizuela de Ávila, ambos gobiernos subscribieron el 25 de octubre del 2002 un convenio para impedir que ciudadanos salvadoreños y estadounidenses que se encuentren en estos dos países, sean juzgados por la Corte Penal Internacional como responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ante ese hecho, EXPRESAMOS:

a) Que entre las atribuciones constitucionales del Presidente de la República se encuentran las de “dirigir las relaciones exteriores” y “celebrar tratados internacionales, someterlos a la ratificación de la Asamblea Legislativa y vigilar su cumplimiento”.

b) Que dichas atribuciones deben cumplirse de forma congruente con el espíritu y la letra de nuestra Constitución, con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Eso significa que los tratados bilaterales o multilaterales que subscriba El Salvador con otros Estados, deberán someterse a principios tales como el de buena fe en el cumplimiento de los compromisos internacionales, el de respeto a la autodeterminación de los pueblos, y el de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales cuyo reconocimiento es universal.

c) Que el gobierno de El Salvador no puede comprometerse con un Estado particular a incumplir normas de derecho internacional, mediante un acto de su política exterior claramente dirigido a favorecer la impunidad por delitos contra los derechos humanos. Al hacerlo —aun cuando ello tuviere efectos futuros— se estaría convirtiendo en cómplice de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

d) Que la firma de un tratado bilateral de este tipo con los Estados Unidos de América constituye, por parte del gobierno del Presidente Francisco Flores, un acto que lesiona la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación del pueblo salvadoreño; además, es una acción irresponsable ante la comunidad internacional y un precedente negativo para la justicia, la seguridad y la paz en el mundo.

e) Que es absurdo e inconcebible que —sin siquiera haber firmado el Estatuto de Roma, que da vida a la Corte Penal Internacional— el gobierno del Presidente Flores se haya comprometido a no aplicar dicho instrumento y a proteger, de esa forma, a estadounidenses y salvadoreños que en el futuro puedan ser responsables de graves actos contra los derechos humanos.

f) Que es condenable e inaceptable que habiendo sido firmado el convenio en octubre del 2002, hasta ahora lo conozca el pueblo salvadoreño. Es probable que el Presidente Flores haya considerado “oportuno” hacerlo ahora, cuando todavía no alcanza su mayor nivel la coyuntura proselitista de cara a las próximas elecciones presidenciales en nuestro país.

g) Que el gobierno del Presidente Flores confirma, así, su nula voluntad política para combatir la impunidad mediante la aplicación del Estatuto de Roma y el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional. Su actuación revela, más bien, una servil actitud de sometimiento total a la nación más poderosa del planeta y un claro desprecio de la justicia para las víctimas; de esa manera, muestra que no le importa atropellar la dignidad de la humanidad entera si eso le sirve a sus intereses políticos personales o del grupo de poder que lo apoya.

Por todo lo anterior, en este día en el que se conmemora el primer aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, DEMANDAMOS a la Asamblea Legislativa el rechazo de la posición del Órgano Ejecutivo, negándose a ratificar dicho tratado bilateral firmado entre el actual gobierno salvadoreño y el de los Estados Unidos de América. Una decisión en tal sentido, contribuirá a prestigiar el trabajo de la actual legislatura que actúa en representación de la voluntad del pueblo entero, y se sumará con esto a los esfuerzos de los amplios sectores de la sociedad salvadoreña que se oponen a las políticas del Presidente Flores que irrespetan la dignidad de las víctimas y la soberanía nacional.

San Salvador, 1º de julio de 2003.