PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 23
número 1049
mayo 21, 2003
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: Sorpresas políticas

Política: ¿Un FMLN moderado?

Economía: La situación de la mujer en el mercado laboral

Economía: El Estado, el mercado y el desarrollo

Sociedad: Justicia en deuda

Regional: La confidencialidad en venta

Derechos Humanos: Tragedia migratoria

 

 
 
Editorial


Sorpresas políticas

 

Usualmente, la política salvadoreña suele moverse por senderos trillados; en virtud de ello, es relativamente fácil predecir por dónde se decantarán las alianzas partidarias, quiénes las promoverán y qué es lo que estará en juego, como botín, a la hora de establecer los arreglos correspondientes. Es indudable que bastante de esto hay en la dinámica partidaria suscitada en el país, después de las elecciones municipales y legislativas del 16 de marzo de 2003. Sin embargo, también existen señales de que, en cierto sentido, las cosas no están siendo como antes, tal como lo revela el acercamiento, al parecer bastante firme, entre el PCN y el FMLN, así como el “hermanamiento” —no se sabe si meramente coyuntural o no— entre el CDU y el PDC.


Hasta el 16 de marzo, era claro que ARENA podía contar casi incondicionalmente con el PCN para sacar adelante sus iniciativas legislativas. El posicionamiento firme de este último partido como tercera fuerza política en la Asamblea Legislativa, tras los resultados de las elecciones del 16 de marzo, no auguraba más que un afianzamiento del “bloque de derecha” que tan buenos resultados le ha dado a ARENA en el ámbito legislativo. Sólo como una posibilidad sumamente remota se barajó la hipótesis de que se estaría operando un distanciamiento entre ambos partidos; mucho menos probable —casi imposible— era esperar que el PCN estableciera algún tipo de alianza con el FMLN. Pues bien, ambas situaciones han cobrado visos de realidad, transcurridos menos de tres meses de las elecciones: el PCN y el FMLN parecen haber establecido un pacto bastante sólido, lo cual ha obligado a ARENA a buscar alianzas en primera instancia con el PDC y, más indirectamente, con el CDU. Entre tanto, estos dos últimos partidos se han acercado de un modo imprevisto, dando un valor inusitado a su reducida cuota de poder.


No se sabe qué tan duradero será el acercamiento entre el PCN y el FMLN. De sobra está decir que su alianza no pasa por los principios, sino que se trata de algo más pragmático. A ambos partidos, por razones distintas, les conviene debilitar a ARENA: al PCN, porque ello le permitiría, a futuro, erigirse como un partido alternativo de derecha; al FMLN, porque con ello vería sensiblemente aumentadas sus posibilidades de conquistar la presidencia de la república en las elecciones del 2004. Que se trate de una alianza pragmática no desdice en lo absoluto de su importancia, no sólo para los intereses específicamente partidarios de ambos institutos políticos, sino en vistas a resolver problemas gruesos del país. Es desde último punto de vista que el acercamiento PCN-FMLN debe ser enjuiciado por los ciudadanos, para no caer en condenas fáciles de una alianza que a muchos —de izquierda y de derecha— les parece una sinrazón.


Desde la izquierda, los críticos del acercamiento entre el PCN y el FMLN no dejan de insistir en lo peligroso que puede ser para la identidad efemelenista la “contaminación” de derecha que puede derivarse del contacto con los pecenistas, amén de los otros vicios —como su tendencia a la corrupción, su deslealtad y las ambiciones de sus dirigentes— que se achacan a estos últimos. Obviamente, ese riesgo existe, pero también puede darse lo contrario, es decir, que los pecenistas se contagien de izquierdismo, con todos los males que se suelen asociar a éste. De todos modos, no deja de ser infundado el temor de que el FMLN se “manche” por su alianza con el PCN; precisamente, eso obliga a los dirigentes del partido de izquierda a ser sumamente transparentes acerca del carácter de tal alianza, pero también obliga a sus bases —y, dentro de éstas, a sus militantes más críticos— a caer en la cuenta de lo necesario que es para su partido establecer una relación duradera con el PCN, si pretende convertirse en una alternativa sería de gobernabilidad.


Desde la derecha, sobran quienes no paran de recriminar al FMLN por haber establecido una alianza con el PCN similar a la establecida entre este último partido y ARENA. En concreto, los voceros de la derecha —descontentos con el viraje pecenista— insisten en que el FMLN, que antes criticó la alianza PCN-ARENA, está haciendo ahora algo semejante, dando lugar a la creación de un bloque legislativo que aritméticamente tiene la capacidad de imponer sus decisiones al segundo partido mayoritario —es decir, a ARENA—. Esta recriminación al FMLN es válida hasta cierto punto, específicamente, en lo que atañe a la aritmética política: por ahora, el FMLN se ha aliado al PCN, con lo cual ambos partidos conforman un bloque legislativo que suma 47 votos. Pero lo que la alianza PCN-FMLN puede hacer por los salvadoreños es cualitativamente distinto a lo que la hizo la alianza ARENA-PCN. Algo de esto ya se ha visto con un grave problema nacional, como lo es el de la crisis del sector salud: el pacto FMLN-PCN puso nuevamente el tema en la mesa de discusión y, de no haber sido por la renuencia del PDC, se hubiera superado el veto presidencial al decreto que permitía la reinstalación de los médicos despedidos, así como el pago de sus salarios atrasados.


Precisamente, es a lo cualititativo de la alianza PCN-FMLN a lo que se tiene que estar atento, en vez de centrar excesivamente la atención en el formalismo aritmético que, como tal, hace creer que la relación PCN-FMLN es (o será) similar a la mantenida hasta hace poco por el PCN y ARENA. Lo cuestionable de esta última alianza fue, en lo fundamental, que con ella se sacaron adelante una serie de medidas legislativas que sirvieron de soporte a un esquema de conducción económico social que se ha revelado nocivo para la mayor parte de salvadoreños. El problema no fue que ARENA buscara el apoyo correspondiente en el PCN, sino lo que se hizo con el mismo en materia económica y social. En este sentido, es poco razonable cuestionar al FMLN por buscar el apoyo que necesita en el PCN, ya que es totalmente legítimo que los efemelenistas busquen las alianzas que fortalezcan su proyecto político. Lo que sí habrá que vigilar es lo que se haga a partir de esa alianza, sobre todo si con ello se atenta contra los intereses de la mayoría de salvadoreños. Si sucede lo contrario, si la relación PCN-FMLN contribuye a resolver los graves problemas del país, las protestas y resquemores por el acercamiento entre ambos partidos no serán más que polvo en el viento...

G

 

Política


¿Un FMLN moderado?

 

Desde que se conocieron los resultados definitivos de las últimas elecciones para alcaldes y diputados en el país, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha iniciado un proceso un tanto inusual. No sólo siguió afirmando su deseo de encabezar una gran alianza que logre sacar a ARENA del poder ejecutivo en las próximas elecciones, sino que también, en la Asamblea Legislativa, ha realizado un pacto con el Partido de Conciliación Nacional (PCN) que ha dejado desconcertados a propios y extraños.

G

 

Economía


La situación de la mujer en el mercado laboral

 

Durante los últimos años, el acceso al empleo y las condiciones del mismo se han deteriorado considerablemente. Una buena parte de la población percibe que sus condiciones de vida ha experimentando un continuo deterioro comparado con otros años. Diariamente se escuchan las impresiones de muchos ciudadanos que muestran su malestar por el alto costo de la vida los elevados precios, la dificultad de acceso a los créditos y la disminución de sus salarios reales. Para la mujer salvadoreña, los aspectos anteriormente mencionados son una realidad cotidiana. Sin embargo, poseen una dimensión especial. Además de las precarias condiciones económicas que atraviesan, se debe tomar en cuenta la evidente discriminación laboral a favor de los hombres.

G

 

Economía


El Estado, el mercado y el desarrollo

 

Cuando el Estado y el mercado no cumplen con su función de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, se cierran las alternativas de supervivencia bajo el modelo económico imperante y la población no tiene más salida que buscar nuevas estrategias para asegurar su futuro. Esta búsqueda es dinámica y responde al instinto creativo del ser humano de dar respuesta a problemas que aparentemente no tienen solución, como lo sería la crisis económica que viven las mayorías pobres y desposeídas del país.

G

 

Sociedad


Justicia en deuda


La pronta y equitativa aplicación de la justicia en El Salvador es una imperiosa tarea que sigue siendo evadida, después de haber transcurrido más de diez años desde la firma de la paz. Una sociedad que aún no ha aprendido a dirimir sus conflictos por los cauces legales, dado que las instituciones instaladas para tales efectos no responden con la suficiente solvencia a las demandas más básicas de la población, no puede ser llamada justa ni democrática, como pretenden hacerlo algunos discursos demagógicos al uso. Sin ambages, es posible afirmar que, pese a los avances obtenidos en los últimos años, el Órgano Judicial salvadoreño aún adolece de los males de la corrupción, la ineficiencia y la injerencia política, lo cual se traduce en impunidad y mayor desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones pertinentes. Tal afirmación no parece ser gratuita, si se pasa revista a los últimos sucesos relacionados con la administración de la justicia en el país y a la interrelación de las instituciones que componen el sector.

G

 

Regional


La confidencialidad en venta

 

El Ministerio Público de Guatemala allanó y clausuró el pasado lunes el local de la empresa Infor.net, dedicada a la venta de información de personas y de empresas. En su página de Internet (www.infor.net), se ofrecía a las empresas “información fidedigna, completa y actualizada, de cómodo acceso y fácil interpretación, a bajo costo y alto valor que aumente oportunidades y reduzca el riesgo en sus operaciones”. A cambio de unos dólares, Infor.net ofrecía la posibilidad de tener acceso a fichas con datos de cualquier persona.

G

 

Derechos Humanos


Tragedia migratoria

 

El pasado jueves 15 de mayo, tanto la prensa nacional como la internacional dieron cuenta del hallazgo —por parte de autoridades estadounidenses— de un contenedor en Victoria, condado perteneciente al Estado de Texas, en el cual habían sido transportadas entre noventa y cien personas, aproximadamente. En el interior del mismo yacían los cadáveres de dieciocho de ellas, incluidos menores de edad. Todos ellos tenían una circunstancia en común: eran migrantes centroamericanos. Los sobrevivientes en estado más grave pudieron recibir atención médica, pero la mayoría de los ocupantes del contenedor de la muerte huyeron despavoridos del lugar. Según las noticias, el vehículo fue encontrado en horas de la madrugada tras haber sido abandonado en el lugar por los propios “coyotes” responsables de su traslado. Hasta el momento, solamente se ha podido detener a uno de los responsables directos de esta nueva tragedia migratoria.


Semejante hecho, escalofriante y condenable, revela las inhumanas condiciones a las que decenas de miles de mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos de Latinoamérica se someten –acaso de manera consciente— con tal de ingresar a la “tierra de las oportunidades” para vivir el “sueño americano”. Bien podríamos detenernos y hablar de la inhumanidad del conductor que llevaba a las decenas de personas sin ventilación alguna, expuestas a una deshidratación aguda y a una asfixia terminal; o podríamos juzgar a los padres que dejaron a sus hijos partir, exponiéndolos a tales condiciones de viaje; también podríamos elogiar a las autoridades por el hallazgo o detenernos a censurar la actuación de los cónsules salvadoreños, por su ausencia o por su falta de colaboración.


De cualquier manera, el lamentable hecho y sus consecuencias deben ser objeto de una evaluación, pero de manera aislada porque lo ocurrido tiene múltiples dimensiones. ¿Qué vamos a hacer para evitar que sucesos como el que ahora nos ocupa, se repitan en el futuro? Porque, si por desgracia una sola cosa hay clara en el tema migratorio, es que desgracias como ésta pueden volver a ocurrir. Sobre todo si seguimos pensando que la migración es exclusivamente un problema de los que se van a ir, de los que ya se fueron y de sus familiares.
Paradójicamente, la triste noticia coincidió con la de una reunión en Guatemala entre los negociadores de los países de la región centroamericana y de los Estados Unidos de América, alrededor de tratados de —¿libre?— comercio en Guatemala. Mientras las conversaciones avanzan y se estancan, vuelven a avanzar y se vuelven a estancar, lo único en lo que parece que ningún representante gubernamental quiere entrar a debatir con detenimiento son las graves consecuencias que la suscripción de tales tratados tendrán. Entre otras razones porque se está dejando fuera —intencionadamente, por supuesto— el tema migratorio sin querer aceptar que, si de por sí en la actualidad las migraciones son diarias y masivas, como consecuencia de la firma del tratado las personas sin documentos pero desesperadas por instalarse en aquél país del norte, se van a incrementar.


Pero, ¿por qué continúa emigrando tanta gente de nuestro país? La realidad de la migración salvadoreña —pese al discurso oficial que pregona las maravillas de nuestra sociedad y grita a los cuatro vientos que “aquí no pasa nada”— tiene lugar por la confluencia de un amplio grupo de inseguridades: inseguridad alimentaria, inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica, inseguridad laboral, inseguridad social, inseguridad en el funcionamiento adecuado de la institucionalidad del país, inseguridad en la protección de las autoridades ante la violación o el irrespeto de los derechos de la población y también —desde luego— inseguridad económica. Y por extraño que parezca, la suma de estas inseguridades constituye la tan publicitada “seguridad” macroeconómica que sin reparos y hasta con orgullo pregona el Presidente de la República, Francisco Flores.
Para colmo de males, la situación actual en cuanto al manejo de fronteras y aduanas se ha visto agravada —para la gente que emigra— por un hecho cercano de sobra conocido. A partir de los siempre condenables atentados del 11 de septiembre, el fenómeno migratorio pasó a formar parte de la agenda de seguridad nacional no sólo para el país que resultó ser el principal afectado –los Estados Unidos de América– sino también por los de esta región centroamericana. Por ello, cuando los gobiernos del área mezclaron los términos seguridad y migración, terminaron por adoptar un concepto de “seguridad” que esencialmente se centró en que las exigencias y las consecuencias, tanto para las migraciones legales como para las ilegales, serían hasta la fecha mucho más restringidas.


En el marco de una actitud que sólo puede calificarse como hipócrita, llama la atención los múltiples esfuerzos y el consenso logrado entre diversos Estados —incluido el nuestro— para emitir una severa condena por el delito de tráfico de personas. Nada es casualidad, sobre todo si descubrimos que detrás de esas “vestiduras rasgadas” lo que en realidad se encuentra es una novedosa opción para que los gobiernos de los países empobrecidos —por la voracidad de algunos poderosos— puedan acceder a fuertes donaciones.


¿Se hará una gestión adecuada de esos fondos? El caso salvadoreño nos lleva a imaginar que éstos se invertirán en campañas publicitarias, para demostrar la “sensibilidad” gubernamental y para hacernos creer que de verdad se está siendo solidario con las víctimas de los traficantes. Otro gallo nos cantaría si las autoridades dejaran de centrar sus esfuerzos y su presupuesto, en enmascarar su responsabilidad en la adopción de medidas que exponen a las trabajadoras y trabajadores a la explotación y el comercio. Otra realidad se plantearía para gente más vulnerables si “nuestros” representantes, que están dispuestos a proveer donaciones para la atención de las víctimas del tráfico, sustituyeran esta ayuda para presionar por una vigilancia fronteriza seria que —de una vez por todas— haga frente a las inseguridades que provocan la permanente expulsión de personas que ponen su vida en alto riesgo e incrementan el lucro inhumano de inescrupulosos “coyotes”.


Hace apenas unos meses, el 19 de febrero pasado, el Estado de El Salvador ratificó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. En ella se reconoce la situación de vulnerabilidad y las dificultades a las que frecuentemente se enfrenta las y los trabajadores migratorios, así como sus parientes en los estados de empleo; la desintegración de familias por causa de las migraciones; y también se plantea el problema de la migración irregular, así como la adopción de medidas adecuadas con el fin de eliminar estos movimientos, asegurando para ello la protección de derechos fundamentales. Que nuestro gobierno adopte instrumentos internacionales es siempre una novedad, sobre todo si los que firma y ratifica son en materia laboral.


Pero las contradicciones surgen al instante, y no hay que permitir el engaño ¿De qué nos sirve adoptar una convención como ésta si nuestro país, en la práctica, es de los que ofrece una de las peores protecciones jurídicas a las y los trabajadores? La hipocresía gubernamental nos ha llevado a ser, en la actualidad, el país centroamericano que menos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ha ratificado. ¿Qué sentido tiene entonces reconocer sólo la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, si los permanentes carecen también de sus derechos laborales más fundamentales?.

G

 


 


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